Otro paquete de reformas pendientes

Por Juan Bolívar Díaz

            Durante su reciene viaje por el lejano oriente el presidente Hipólito Mejía anunció su disposición a proponer una ley para que el Poder Legislativo pueda ejercer controles sobre los actos del Ejecutivo, lo que estaría llamado a reducir el excesicvo presidencialismo que tantos abusos ha conllevado en la historia nacional.

            El ponderable propósito del primer mandatario pudo estar determinado por lo que ha visto en Japón, donde opera una democracia parlamentaria, la que por su naturaleza esencial tiene su centro de poder en el Congreso.

            Aquí en el régimen presidencialista que tenemos podría resultar dificultoso, y quizás hasta contradictorio, otorgar un control directo al Congreso sobre los actos del Poder Ejecutivo, pero sí sería conveniente un régimen de estricta rendición de cuentas, fortalecido por una serie de mecanismos legales, varios de los cuales han sido presentados en las cámaras legislativas, incluso por el actual gobernante..

            Desde hace muchos años se viene debatiendo en el país la necesidad de crear un cógido que prevenga la corrupción administrativa e incentive un uso racional y sujeto a estricto presupuesto de los recursos nacionales, lo que incluso ha figurado en los programas de gobierno que se presentan en las campañas electorales. Pero una vez en el poder, los gobernantes ha sido lentos cuando no indiferentes.

            Es que generalmente quienes llegan al poder creen que lo han logrado para siempre y que no pueden renunciar a la discrecionalidad y al uso de los recursos estatales para mantenerlo e incrementarlo, especialmente cuando es posible la reelección presidencial, recién restaurada en contradicción con los planteamientos históricos del Partido Revolucionario Dominicano.

            Por eso hay que celebrar la disposición reformisa expresada recientemente por el Presidente Mejía y alentarlo, a que comience promoviendo la aprobación de varias iniciativas de él sometiera al Congreso Nacional y que van quedando en el olvido.

            El mandatario y su partido disponen de una mayoría tan consistente en las cámaras legislativas, con el 90 por ciento del Senado y casi la mitad de los diputados, como dificilmente se repita en el futuro próximo.

            La creación de un código de control efectivo de la gestión administrativa pasaría fácilmente si los perredeístas gobernantes se lo proponen y sería saludado por una opinión pública cansada de los abusos del patrimonio nacional, del clientelismo que tantos recursos consume y del rentismo que se abona con el financiamiento privado de nuestras largas campañas electorales.

            El presidente y su partido podrían revalidar el papel reformista que los fundadores y principales sustentadores ideológicos del perredeismo confirieron a esa organización, y que es parte de las razones por las que ha tenido tan larga vigencia en la vida pública nacional. Tienen todavía oportunidad.

           Nos estamos refiriendo a los proyectos encaminados a reforzar y dar autonomía administrativa a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, así como a los que tienen como objeto la independencia del ministerio público, la creación de un fiscal nacional anticorrupción y a una más exigente ley general de presupuesto. Sobre esto último tomó iniciativa en su etapa de senadora la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch.

            También fue iniciativa del actual gobierno, a través del Departamento de Prevención de la Corrupción, un proyecto de ley que busca hacer funcional la declaración jurada de bienes que también duerme el sueño eterno en el Congreso Nacional.

            Lo mismo un anteproyecto para normar estrictamente las compras y contrataciones de servicios por parte del Estado, llamado a hacer transparente y obligatorios los concursos públicos, para reducir esa brecha a la corrupción administrativa y el enriquecimiento ilícito.

            En un paquete de seis anteproyectos depositados en el Congreso por el DEPRECO se incluye uno que crearía un código de ética del servidor público y otro sobre soborno transnacional.

            Tampoco debemos olvidar el proyecto para garantizar el libre acceso a la información de interés público, introducido al Senado en el período pasado, por el senador perredeista José Antonio Najri.

            En los anales de la antigua Comisión presidencial para Reforma y Modernización del Estado, y del actual Consejo Nacional para Reforma del Estado hay toda una biblioteca de anteproyectos encaminados a mejorar los controles públicos. Entre esos organismos y el DEPRECO han consumido muchos millones de pesos formulando anteproyectos que constituyen una bibliografía enorme.

            Las universidades y numerosas instituciones sociales también han hecho innumerables aportes.

            De manera que no hay que hacer demasiado esfuerzo ni perder tiempo para dar curso al propósito del Presidente Mejía. Urgen los controles. Ojalá que el propósito del presidente Mejía se convierta pronto en realidad. ¡Anímese don Hipólito, que ese podría ser uno de sus mayores legados!.-

La AMD tiene que revisar sus métodos

Por Juan Bolívar Díaz

            Más allá de una hipocresía bien generalizada, la sociedad es una suma de intereses, todos más o menos legítimos y los gremios y asociaciones están para defender y promover derechos e intereses de sus miembros. Pero es obvio que esa defensa y promoción tiene que guardar alguna proporción con los interes de los demás sectores, especialmente cuando son de la generalidad.

            Esta consideración viene a colación por la injustificada como inexplicable ausencia de la Asociación Médica Dominicana en el acto inicial del Sistema Dominicano de Seguridad Social y el paro de labores con que los médicos recibieron un acontecimiento de tanta significación y trascendencia.

            Desde hace tiempo la AMD, el gremio profesional más antiguo y sólido, viene dando olímpicas demostraciones de ignorancia del interés colectivo. Y sus dirigentes no tienen el menor cuidado de no exagerar en la defensa de sus intereses.

            La paralización de labores en la región suroeste en víspera de que se iniciara por ahí el nuevo servicio nacional de salud fue una exageración y desconsideración de cara a la opinión pública, y en nada ayuda a los legítimos derechos de los profesionales de la salud.

            La motivación puede ser discutible, pero la oportunidad no. Estaba fuera de toda proporción boicotear el inicio de su sistema tan complicado, que demandará tantos esfuerzos, tanta conciliación de intereses, que implicará una inversión mayúscula y que todos debemos evitar que genere frustraciones.

            Los médicos pudieran tener razón al demandar una mejor tarifa que la asignada por la Superintendencia de Salud. Pero podía desarrollar un programa de negociaciones y hasta de lucha que no implicara el radicalismo de parar los servicios cuando se iba a celebrar el inicio de la reforma.

            Más incomprensible cuando se escucha al doctor Bernardo Defilló asegurar que la tarifa fijada por servicios médicos es mejor que la que pagan las aseguradoras privadas. Por cierto que todavía se está a la espera de que los médicos paralicen siquiera una hora los servicios privados.

            A nombre de un supuesto rechazo a la privatización, los médicos exigieron y lograron mediatizaciones de la ley de seguridad social, algunas de las cuales conspiran contra el derecho de los usuarios a elegir libremente su prestadora de servicios. Pero lo consiguieron paralizando los servicios a los aseguradores públicos y a los hospitales donde acuden los pobres e indigentes.

            Durante años han defendido horarios privilegiados y actitudes irresponsables de quienes cobran sin trabajar, lo que perjudica los intereses de la mayoría de los médicos que se fajan en horarios extraordinarios.

            Ahora se percibe que la AMD rechaza el sistema de pago por servicios prestados, porque obligaría a muchos de sus miembros a trabajar para obtener los ingresos que les asegura un puesto en los organismos del Estado.

            Ocultan miserables planteamientos tras la supuesta defensa del interés publico. Pero indirectamente estimulan la privatización, al contribuir a descareditar los servicios de los hospitales públicos y del seguro estatal.

            Para colmo, cuando la AMD ha tenido que contratar servicios médicos para sus miembros, nio ha negociado con el IDSS ni mucho meos con la secretaría de Salud Pública, sino con aseguradores privados. Pero quiere mantener atados a los demás trabajadores a los servicios del Estado.

            Ahora que la eficiencia y la calidad de los servicios será determinante por la competencia que se ddesatará, el gremio médico está en la obligación de revisar sus métodos de lucha para abandonar la abusiva práctica de pararlizar los servicios como forma de chantaje ante los poderes públicos.

            Chantaje en doble sentido, por un lado porque la paralización indefinida afecta políticamente a los gobernantes de turno, y por el otro porque la cancelación no hace más que complicar los enfrentamientos.

            El pago de servicios prestados es de las ventajas que conllevara el nuevo sistema de salud. Así serán premiados los muchísimos médicos, especialmente los jóvenes, que trabajan horarios por encima de lo normal. Aquellos especialistas que cobran por pasar por los hospitales tendrán que ajustar su patrón de ejercicio profesional.

               Es una pena que dirigentes gremiales inteligentes y dedicados no puedan comprender que la saturación y el abuso de las paralizaciones corre en contra de la imagen y el buen nombre de su profesión. Tanto en los niveles pobres de la sociedad, que padecen las consecuencias, como ante los ojos más críticos.-

El complejo sistema de Seguridad Social

Por Juan Bolívar Díaz

               En la opinión pública nacional parece haber unanimidad de criterio en cuanto a la trascendencia de la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad social, y hay quienes creen que se trata de la más importante legislación en muchas décadas.

            El sistema está llamado no sólo a garantizar la unviersalidad de la asitencia médica, sino también a crear un mecanismo de pensiones para la invalidez y el retiro que garantice la subsistencia más allá de los accidentes y del tiempo que todo lo consume incluyendo las energías de los seres humanos.

            Por su naturaleza y alcances, por la suma de dinero que implicará como ahorro nacional, por involucrar la salud que es de los más apreciados atributos de la vida y por la multiplicidad de intereses que involucra, la ley de seguridad social es profundamente compleja.

            El texto mismo es una suma de concesiones y transacciones, que en algunos segmentos degenera en “parchos mal pegados”, fruto de años de discusiones. Fue un parto con forceps que se abrió paso por entre ambiciones, mezquindades y prejuicios.

            Su complejidad queda de manifiesto en el hecho de que será el primero de noviembre próximo cuando comenzará a regir apenas en el seguro familiar de salud, como primer paso. Para el año próximo se espera que entre en vigencia el sistema de pensiones. Aunque la ley fue promulgada el 18 de mayo del año pasado.

            Pero a 60 días del arraque del sistema de seguridad social ya se registra una crisis, que ha renovado con fuerza las pasiones y ambiciones que obstruyeron el proceso de aprobación.

            Ninguna posición radical ni encerrona contribuirá a que salga adelante el complejo sistema de seguridad social. Y si los sectores más directamente involucrados no hacen conciencia de ello, estaremos condenando a la criatura a una muerte prematura, antes de que pueda incorporarse suficientemente.

            El conflicto está centrado en la interpretación del artículo 165 de la ley, que fue de las concesiones que se le hicieron a las asociaciones de profesionales de la salud para que aceptaran el nacimiento del sistema. Y aunque parece un contrasentido negar a una parte de los dominicanos y dominicanas durante 5 años el derecho a escoger su prestadora de servicios de salud, eso fue lo que se pactó y debe ser cumplido.

            El problema se origina en que el indicado artículo es impreciso y pasible de doble interpetación como ha ocurrido. Establece: “Durante un período de cinco años a partir de la promulgación de la presente ley, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) conservará a todos los trabajadores privados que sesenta (60) días antes de entrar en vigencia la presente ley, sólo estuviesen afiliados al régimen del seguro social, más sus familiares”.

            Los gremios de la salud y los sindicalistas interpretan el artículo como si indicara 60 días antes de la promulgación de la ley, y sectores empresariales consideran que la ley no podía nacer estableciendo un plazo ya muerto, y que se refiere a su entrada en vigencia con el seguro familiar de salud.

            Asumiendo esto último el plazo concluiría este primero de septiembre, y muchos empresas, se dice que unas 150, han solicitado miles de desafiliaciones del IDSS para que sus trabajadores puedan elegir desde el principio una prestadora de servicios privados.

            Hay que advertir que esas desafiliaciones van en claro beneficio del interés de los trabajadores que casi todos prefieren la libre escogencia y las clínicas privadas a los hospitales del viejo seguro social.

            De ahí la reacción de los gremios de la salud. Reacción radical como la de paralizar sus servicios a los trabajadores el pasado jueves, con lo cual ratifican una de las debilidades de la pertenencia a esa prestadora de servicios. Los mismos médicos que trabajan en las clínicas privadas, a menudo en peores condiciones, jamás han paralizado allí sus servicios.

            Pueden tener razón los gremios en cuanto a que en el sector privado hay tendencias irrefrenables a la total privatización del sistema y que la incentivan a través de las desafiliaciones.

            Pero el diferendo puede ser superado con un poco de negociación y realismo. Como ha planteado el director del IDSS, doctor Willian Jana, asumiendo que las desafiliaciones llegaran al 20 por ciento de los más de 500 mil contribuyentes de esa prestadora de servicios. Todavía le quedarían 400 mil, que al extenderse a sus familiares (hijos, padres y dependientes directos) a un promedio de 3 por cada afiliado se convertirían en un millón 200 mil.

            En consecuencia, en vez de desaparecer el IDSS, como se aduce, estaría más que duplicando sus afliados. Y no faltan quienes cuestionen si estará en capacidad de prestar servicios eficientes a más de un millíon de personas, cuando no lo hace con medio millón.

            Hay demasiado emociones y dogmatismos envueltos en el conflicto. Ojalá que se haga un poco de luz y que en todos los sectores se auspicien posiciones más conciliatorias. Serán necesarias para que nazca el sistema de seguridad social. Y que concentren la atención en los aspectos fundamentales. Como en los recursos financieros y logísticos para que el seguro familiar pueda arrancar justamente dentro de dos meses.-

JCE: sin imposición ni repartición

Por Juan Bolívar Díaz

            El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pasará por una nueva prueba a partir de la próxima semana cuando el Senado de la República, en el que tendrá el 90 por ciento de las curules, se aboque a la importante tarea de elegir los jueces electorales para los próximos cuatro años.

            Esta vez no tendrá la justificación que sus opositores le dieron en 1998 para escoger los jueces titulares de la Junta Central Electoral (JCE) sin consultar a las demás fuerzas políticas ni a la sociedad civil.

            Hace 4 años la mayoría perredeísta se justificó en el hecho de que una alianza PLD-PRSC eligió los integrantes de la Cámara de Cuentas cuando concluía el anterior Congreso, aprovechando la mayoría que entonces hacían, y sin consultar con el partido blanco.

            Esa alianza también había hecho aprobar una ley de carrera judicial sin consenso y el gobierno del Partido de la Liberación Dominicano le acababa de “conquistar” diez diputados al PRD para impedirle dirigir la cámara baja.

            Así al llegar el 16 de agosto e instalarse el nuevo Conrgeso, el consenso y el diálogo interpatidario habían sido rotos por el gobierno peledeísta y sus aliados circunstanciales. No se podía impugnar a los perredeístas por utilizar su propia mayoría sin buscar consenso. Aunque pudieron haberlo hecho con la sociedad civil.

            Esta vez la situación es diferente. El gobierno está en manos del PRD y le corresponde dar ejemplo de concertación, más importante en el caso del arbitraje electoral. Mucho más ahora que se restableció la reelección en la Constitución de la República.

            Desde luego, una cosa es la consulta y otra que se pretenda que los perredeístas renuncien a su apabullante mayoría senatorial para dejar en manos de sus opositores la elección de los jueces electorales.

            No caben las posiciones radicales de ningún lado, sino la transigencia y la concertación, como debe predominar en todo género de arbitraje.

            Si el perredeísmo impone ahora los jueces electorales al margen de los demás participantes de los torneos democráticos, se podría crear una situación más difícil que la que siguió a la anterior elección y que originó un enfrentamiento entre el gobierno, el PLD y el PRSC por un lado, y el PRD y la JCE por otro.

            Debe recordarse que para superar la crisis hubo que aprobar una ley que aumentó provisionalmente el número de jueces a 7 para dar ingreso a otros dos que fueron propuestos por los dos partidos mayoritarios excluidos. Tal aumento fue sólo a la actual JCE, lo que significa que ahora sólo serán electos 5 jueces, a menos que vuelvan a modificar la ley.

            Y si se embarcaran en una modificación de la ley electoral, también debería hacerse por consenso entre los partidos, como la reforma de 1997 y como se ha hecho en todas las legislaciones importantes aprobadas en el país en los últimos 12 años.

            En tal caso los partidos deberían volver a considerar una reforma sustancial al sistema electoral, de manera que las funciones administrativas y normativas de las elecciones queden separadas de las contenciosas.

            En otras palabras, que como ocurre en México, Perú, Colombia y muchos otros países, un organismo ejecutivo sea el encargado de organizar las elecciones, integrados por diversidad de profesiones o especialidades, y funcione independientemente un tribunal electoral integrado por juristas.

Ambos podrían ser electos por el Congreso, o el administrativo por éste, y el contencioso por el Consejo Nacional de la Magistratura o por la Suprema Corte de Justicia.

Con esa reforma terminaría la actual situación en la que los integrantes de la JCE son jueces y partes a la vez. O sea, que organizan y norman el sistema electoral y deciden sobre recursos contra sus propias actuaciones.

En cualquier caso sería improcedente la imposición, como también la repartición, es decir que los partidos se distribuyan los jueces electorales. Lo mejor sería el concierto, el acuerdo entre las partes. Lo demanda la tranquilidad de la nación y la transparencia en una materia que como la electoral es fundamento de la legitimidad de los gobernantes.

Y dejo constancia que me cuento entre quienes consideran que los jueces electos hace cuatro años cumplieron honorablemente sus funciones, que organizaron dos procesos electorales limpios, en permanente consulta con los partidos reconocidos.

A ellos no se les pueden atribuir las irregularidades que se registraron en las elecciones de mayo pasado, sino a la persistente vocación por la trampería. Y cuando se les mostraron pruebas de irregularidades, actuaron con presteza anulando lo improcedente. Sin evadir el bulto y dieron ejemplo al respecto. Pero tampoco podían ir más lejos de las funciones de jueces, es decir de juzgar sobre pruebas.-

 

Dignifiquemos la función pública

Por Juan Bolívar Díaz

            Tres acontecimientos recientes parecen mostrar que el gobierno tiene que colocar entre sus prioridades un esfuerzo por dignificar la función pública, cuidándose de asimilar ese enorme ejército de vividores y traficantes de toda laya que medran en la política.

            Primero fue el sacudimiento. Un hombre fue muerto de 20 balazos en las inmediaciones de uno de los bares de moda de los pudientes, en lo que presentaba todas las evidencias de un ajuste de cuentas mafiosas. Luego se sabría que había sido ayudante civil del Presidente de la República y que además había sido previamente condenado por tráfico de drogas.

            La semana pasada fue el escándalo del cónsul en Cabo Haitiano, Radhamés García, involucrado él mismo en un tráfico ilegal de chinos al país, del que se viene hablando hace años, pero nunca tan bien documentado como ahora.

            El cónsul en persona se ocupó no solo de otorgar 16 visas irregulares, sin tener facultad para ello, sino que además acompañó a los orientales hasta su ingreso al país fuera del horario hábil para ello, “creyendo que eran inversionistas”, según su cándida explicación ante las cámaras de televisión.

            El tercer caso, recién denunciado el jueves 20 de junio, es todavía más patético. La Policía Nacional denunció que el director de la Policía Municipal del DN, Eddy Rafael Matos Molina, fue apresado y acusado de gestionar visas de Estados Unidos para 24 personas con documentos falsos.

            Se trata de un grupo de ciudadanos dotados de documentos que los hacian aparecer como miembros de la policía municipal, con carnés, certificaciones e invitaciones falsas para asistir a cursos en Houston, Texas, sobre manejo de armas peligrosas. Para darle más dramatismo al tráfico, los 24 fueron al consulado norteamericano vestidos con uniformes de la policía municipal.

            Desde luego, les habían cobrado por la gestuión de las visas y por los uniformes. Pero según la versión policial Matos Molina fue tan temerario que al enterarse de que el grupo estaba detenido y bajo investigación en el consulado, se presentó allí haciéndose pasar por coronel de la Policía Nacional, y reclamando que se los entregaran.

            El resto de la versión policial es sencillamanete increíble: dice que les entregaron a las 24 personas y que él procedió a despachar a 8 de ellas, cobrándoles tres mil quinientos y cuatro mil pesos a cada una.

            El informe policial se refiere superficialmente a los antecedentes del director de la Policía Municipal, diciendo que había permanecido un año y 9 meses como segundo teniente (se infiere que de la PN), siendo expulsado por mala conducta y habiendo acumulado 6 faltas, sin explicar la naturaleza de las mismas.

            Se comprende que el Partido Revolucionario Dominicano y su gobierno rinden culto al clientelismo y premian a los que “se fajaron en las campañas electorales”, pero también es justo que tengan algún cuidado de no degradar tanto las funciones públicas.

            Por de pronto parece injustificado que con tantos organismos investigativos y de seguridad como tiene el Estado, haya llegado a ser designado ayudante del Presidente de la República un convicto narcotraficante, o que un expulsado de la Policía por mala conducta sea quien dirija la policía municipal.

            Lo de los tráficos de los consulados viene de lejos y pasa por todos los gobiernos. Ya en el de Balaguer hubo una cónsul incriminada por tráfico de orientales en Hong Kong, cuando Leonel una por tráfico de visas en Colombia y dos en Haití. Recientemente en Argentina el tráfico de mujeres ha salpicado a la representación dominicana.

            Esos son los que estallan en escándalos públicos, porque los tráficos y negocios cotidianos de todos los géneros están a la orden del día y de la noche en los consulados dominicanos, centros de rápido enriquecimiento para quienes son destinados a ellos, especialmente a los establecidos en grandes ciudades y con muchos inmigrantes dominicanos.

            Algún esfuerzo, alguna instrucción especial deberá adoptar el gobierno para evitar que el servicio público se llene de todo género de traficantes. Es cuestión de cuidado, de establecer políticas preventivas. Porque, hasta prueba en contrario, ha de creerse que también muchísima gente honrada se faja en las campañas electorales y tienen méritos para desempeñar funciones públicas con dignidad.

            El asunto es evitar que sigan colándose los indignos. Y de sanciones, hasta las últimas consecuencias, mucho más allá de la cancelación del puesto.-

 

Transparencia en la Policía Nacional

Por Juan Bolívar Díaz

            El pasado miércoles viví una aleccionadora experiencia cuando pude participar en la reunión mensual del estado mayor de la Policía Nacional, presidido por su comandante el teniente general Jaime Marte Martínez.

            Allí se conocieron los informes de las operaciones del último mes de los diversos departamentos orgánicos y regionales de la Policía Nacional, y sus proyecciones para el próximo.

            No sólo se rindieron los informes y se discutieron, sino que a los periodistas invitados se nos permitió formular las preguntas que estimáramos pertinentes. Y se nos respondió.

            Allí nos enteramos de las amplias proyecciones en la profesionalización de la PN, con innumerables actividades académicas y seminarios junto a sectores diversos de la sociedad y la población, y en coordinación con otros organismos del Estado. Nos llamó la atención la preocupación por instruir a la PN en el seguimiento al grave problema de la violencia intrafamiliar.

            También que la PN haya firmado acuerdos interinstitucionales de colaboración con varias universidades y que haya instituído los buzones de sugerencias de la ciudadanía donde ya han encontrado más de dos mil quinientas informaciones valiosas, muchas de las cuales han permitido resolver importantes casos bajo investigación y adoptar medidas para mejorar el servicio policial.

            Entre las proyecciones presentadas por la jefatura de la PN resalta la creación del “Comité Consultivo de Seguridad Ciudadana para articular la participación de los ciudadanos en los diversos niveles de dirección de la institución”.

            Se conoció allí un informe sobre cada uno de los 77 casos afrontados por el departamento de Investigaciones Criminales en el último mes, todo ello en un ambiente dinámico de interacción y una mística impresionante, enarbolando consignas como la de “sin excesos, ni arbitrariedades ni debilidades”.

            En ese marco no debería sorprender que los muertos en “intercambios de disparos” se redujeran del promedio de 13 por mes, registrado en los últimos tres años, a 1 por mes en lo que va del 2002.

            Lo más relevante es que, contrario a lo que pregonan los defensores de la arbitrariedad, el autoritarismo y hasta los fusilamientos sumarios, la delincuencia en vez de dispararse está disminuyendo. Los homicidios se redujeron en un 26.5 por ciento en el primer cuatrimestre de este año cuando se registraron 285. Eso representa 103 menos que los 388 del mismo período del 2001.

            La actual jefatura de la PN ha anunciado también la reestructuración a fondo de los tribunales policiales, convertidos en maquinarias para garantizar la impunidad ante los peores abusos.

            Un informe sobre las actividades de esos tribunales muestra un impresionante récord de sentencias en los últimos cuatro años. En casos de homicidios, la primera instancia de “justicia policial” emitió 212 descargos y 4 condenas, entre 1998 y 2001. El de primera instancia de Santiago produjo 92 descargos y 2 condenas entre 1999 y 2001. En total 304 absoluciones y 6 condenas, que apenas promedian el 2 por ciento.

            Una ínfima proporción de esas sentencias fue recurrida en apelación. Se deduce del hecho de que la corte de apelación de justicia policial sómo emitió 4 sentencias en 1998, 5 en 1999, 8 al año siguiente y 14 en el 2001. Los casos de apelaciones fueron tan obvios que no quedó más remedio que la condena en segunda instancia: 22 contra sólo 9 descargos.

            Debemos mantener la demanda y la esperanza de que cese definitivamente ese prehistórico expediente de los tribunales policiales para hacer su “propia justicia” en materia criminal, y que en el futuro se limiten a conocer de las indisciplinas internas.

            La mística que rodea la gestión del general Marte Martínez no debe apagarse, como ocurrió a su antecesor que comenzó enderezando muchas cosas en la Policía Nacional y concluyó en el mayor de los descréditos. Merece ser alentada por la opinión pública y respaldada firmemente por todos los organismos públicos y privados.

            Queda todo por hacer en la PN, desde la reestructuración implícita en los proyectos de reforma conocidos en el Congreso, hasta la completa profesionalización y equipamiento, como garantía para prevenir y enfrentar la crminalidad, garantizando los derechos de todos los grupos, sectores e individuos integrantes de la sociedad.

            El hecho de que los egresados de la academia de formación de oficiales de la PN estén ahora en el poder, junto al general Marte Martínez, determina esa mística que se percibió en la reunión del miércoles. Elllos saben que tienen el gran desafío de transformar la institución sin permitir que la delincuencia avance. Pero también sin excesos ni arbitrariedades ni debilidades.-

 

La UASD que deja el Rector Rosado

Por Juan Bolívar Díaz

            Confieso que lo subestimé. Cuando lo ví llegar a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) hace tres años, con esa cara láguida como de “infeliz” y una mirada medio perdida, lo consideré una expresión más de la decadencia en que por tantos años venía resbalando la academia.

            No lo conocía y en la primera entrevista que le hice, me pareció un demagogo más. Como su formación profesional provenía del desaparecido campo socialista, tuve una razón adicional para creer que una vez más se trataba de “buche y pluma no más”. Se graduó de ingeniero mecánico en Kiev, la capital de Ucrania, con especialdiad en ingeniería de aviones.

            Pero estaba equivocado y debo admitirlo con entereza y rendirle reconocimiento al ingeniero Miguel Rosado, ahora que acaba de terminar su rectoría y cuando escucho que se retiró pidiendo la colaboración de todos para con su sucesor, el economista Porfirio García, a fin de que siga realizando los cambios que precisa la UASD.

            Miguel Rosado tuvo el valor y la entereza que le faltaron a tantos que vimos desfilar por la Rectoría de la UASD en los últimos 20 años prometiendo poner límite a los desbordamientos, despilfarros e irresponsabilidades.

            Humilde, como su orígen, demostró que se podía espantar el terror que una absoluta minoría de estudiantes y empleados vagos había impuesto en las aulas y campus universitarios para impedir toda reforma que enfrentara en sus raíces las trabas que impiden a la UASD acercarse siquiera al cumplimiento de su misión.

            Y en estos tres años se ejecutó una importante reforma del Estatuto Orgánico que dividió el hiperinflado claustro, redujo del 33 al 5 por ciento el peso de los estudiantes en la elección de las autoridades y reafirmó los valores académicos.

            La reducción del poder estudiantil era fundamental para poder realizar otras reformas, pues el mismo operaba como chantaje frente a toda intención de enderezar entuertos y servía de plataforma a la mediocridad profesoral trepadora de puestos académicos.

            Se llevó al nivel de maestría los requisitos para que los profesores pudieran optar por cargos académicos y se realizaron evaluaciones profesorales y se comenzó a publicar periódicamente las ausencias de los docentes.

            Se aplicó la evaluación y baja estudiantil, gracias a la cual entre 10 y 15 mil alumnos dejaron de consumir inútilmente millones de pesos del presupuesto nacional. Y se expulsó y sancionó el tigueraje con ropaje de agrupación estudiantil.

            Rosado, a puro coraje, limpió el campus de la UASD, eliminando el mercado público en que había sido convertido, por chiriperos y tarantineros de toda laya.

            Y como nota importante, salió vivo, sin quemarse, demostrando que cumplir el deber en la UASD no equivalía al suicidio, y sin tener que apelar a un ejército para que lo protegieran. Venció al terror y reivindicó la autoridad y los valores académicos.

            Desde luego, que todas esas reformas reclamaron más energías de las debidas, y consumieron un tiempo preciso. Por eso no fue posible emprender en tres años muchas otras transformaciones que requiere la Universidad.

            Ojalá que Porfirio García y las demás nuevas autoridades sigan el ejemplo de valor del Rector Rosado y su equipo, entre ellos relevantemente otro universitario humilde, el saliente vicerector académico Roberto Reyna. Y no solamente no permitan el retroceso que algunos temen, sino que sigan avanzando en el rescate institucional.

            En la UASD urge enfrentar la masificación que la ha llevado a 122 mil estudiantes, 2347 profesores y 2121 empleados. Los alumnos excesivamente concentrados en contabildiad, administración, informática, leyes y mercadeo.

            Es fundamental imponer una mayor cuota a la gran mayoría de los alumnos, que pueden pagarla y dejar becados a los que no. Pero se estima que la mitad trabaja y por lo tanto puede pagar mucho más que 6 pesos por crédito, equivalentes a un promedio de 90 pesos por semestre. Ello representa 15 pesos por mes, con lo que ya no se compra media botella de cerveza, aunque sí media cajetilla de cigarrillos.

            No solo para que pueda disponerse de mayores recursos con que solventar sus necesidades, sino especialmente para evitar la sobrepoblación que se mantiene allí ocupando espacios y provocando gastos sin dedicarse seriamente al estudio, inscribiendo y retirando materias. Cuando eso les cueste algo, muchos tendrán que decidir si estudian o no.

            Pero ya es tiempo de que la UASD rompa el mito del 5 por ciento del presupuesto, que ningún gobierno le ha dado ni le dará. El año pasado recibió 73 millones de pesos mensuales, aproximadamente el 1 por ciento del ingreso nacional. La proporción se mantiene en el 2002, con una asignación por mes de 82 millones.

            Esa suma no le alcanza ni para los gastos fijos. Registra un déficit mensual de 7 millones de pesos, y el nuevo rector dijo que las deudas andan sobre 384 millones.

            Con ese cuadro es un absurdo macondiano pretender que la UASD tiene que ser gratis cuando gran parte de sus alumnos tuvieron que pagar para conseguir la educación primaria y secundaria. Aún en los barrios más pobres muchos tienen que pagar 100 y 200 pesos mensuales en escuelitas de patio, pues el Estado ha sido incapaz de garantizar siquiera la educación elemental. Una fuerte proporción estudió en colegios con cuotas 50 y hasta 100 veces superior a la que pagan en la Universidad Autónoma.

            Miguel Rosado merece muchos reconocimientos. Pero hay que proclamar que apenas comenzó las transformaciones. Pero desbrozó el camino. Vamos a ver si el trecho abierto sirve para avanzar o para retroceder.-

Inamovibles si, vitalicios no

Por Juan Bolívar Díaz

             Una vez más está en debate el tema de la inamovilidad de los jueces, instituída en el párrafo 3 del artículo 63 de la Constitución de la República y ratificada por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional el artículo de la ley de carrera judicial que restauraba su elección cada cuatro años.

            La inamovilidad, que en este caso equivale a la institución de la carrera judicial, es una conquista de larga data en innumerables naciones del mundo. Aquí fue pregonada y debatida durante años, hasta que en 1994 José Francisco Peña Gómez se empeñó en incorporarla en la reforma constitucional que pactó con Joaquín Balaguer como salida a la crisis postelectoral de aquel año, cuando un fraude escándaloso le impidió el acceso a la Presidencia de la Nación.

            Junto a la separación de las elecciones congresionales y municipales de las presidenciales, la prohibición de la reelección presidencial y la institución del Consejo Nacional de la Magistratura constituyó un paquete de avances democráticos.

            Pero nomás fueron proclamadas las reformas, sectores aferrados al pasado, que jamás han creído en las instituciones democráticas, ni en la separación de poderes, comenzaron a conspirar para revocarlas.

            Ya sabemos que en 1998 el Congreso llegó a aprobar una ley de carrera judicial sin inamovilidad y que fue promulgada por el presidente Leonel Fernández. Instituciones de la Sociedad civil elevaron una instancia ante la Suprema Corte y consiguieron que declararan ese aspecto en contradicción con la Constitución, y por tanto nulo de pleno derecho.

            Pero la conspiración no se ha detenido. Nada más que ahora quienes encabezan el esfuerzo por revocar la inamovilidad judicial, como las otras reformas, son los que hace 4 años se oponían. Y los promotores de entonces son opositores de ahora, lo que muestra un ejercicio espléndidamente oportunista y sin principio de la política.

            Ahora hay un nuevo agravante, y es que los que se empeñan en revocar la inamovilidad judicial son los discípulos y herederos del que renunció prácticamente al poder a cambio de esas reformas políticas e institucionales.

            Tienen un solo factor de su lado, y es la decisión de la Suprema Corte en la que los jueces electos antes de la promulgación de la ley de carrera judicial, entre los que están todos los suscribientes de la sentencia, son declarados vitalicios.

            Ni la Constitución ni la ley de carrera judicial establecen jueces vitalicios. La ley indica que los jueces de primer nivel tienen opción para acogerse al retiro a los 60 años y obligación de hacerlo a los 65. Los intermedios, de cortes de apelación, a los 65 y 70 años respectivamente. Y los de la Suprema Corte pueden jubilarse desde los 70 y están obligados a hacerlo al cumplir 75.

            El asunto es que ellos mismos decidieron que como las leyes no tienen efecto retroactivo, no están obligados a retirarse a ninguna edad. Por lo tanto se han declarado vitalicios.

            Se puede discutir sin en materia de seguridad social y carreras públicas las leyes no tienen efectos inmediatos. Hay escuelas jurídicas que sostienen que sí, y en tal sentido se discute la sentencia de marras.

            Pero aún admitiendo la validez jurídica de esa interpretación, moral y políticamente luce inaceptable. Sobre todo cuando alimenta las argumentaciones y posiciones de quienes quieren confundir inamovible con vitalicio.

            Aun ratificando el carácter irrestroactivo de la ley, los jueces de la Suprema Corte tienen que anunciar que se acogen voluntariamente al retiro obligatorio al llegar a los 75 años. Y hacerlo como un ejemplo y un compromiso. Para que no se crea que legislaron en su provecho y para desarmar a los conspiradores. No hacerlo puede comportar un riesgo grande, porque más temprano que tarde en el Congreso lograrán liquidar no solo la vitalicidad sino también la inamovilidad.

            Los 13 jueces supremos electos en 1997 (los dos restantes fallecieron sobre los 75 años en el 2001) tienen que sobreponer el interés nacional y de la justicia a su voluntad personal. Para dos de ellos, Margarita Tavares y Hugo Alvarez Valencia, implica el retiro inmediato, pues hace rato pasaron de la edad límite para ejercer la función, que ya ejercieron dignamente durante más de 4 años.

            De los otros 11, ocho están sobre los sesenta años, y en promedio les quedarían entre 10 y 15 años de ejercicio. Y hay tres menores de 60 años, con promedio entre 15 y 20 años más en el cargo. Incluso hay una jueza que parece no haber llegado a los 50 años, a la que le quedarían más de 25 en funciones. Dicho sea de laso, en la página de internet de la Suprema Corte no se consignan las edades de los jueces.

            Como me cuento entre quienes han defendido firmemente la inamovilidad de los jueces y aprecio los avances impulsados por la actual Suprema Corte de Justicia, confío en que sus incumbentes aprecien con justicia esta apelación a sus conciencias y a su inteligencia y capacidad para entender la política. Sobre todo la que se se practica en nuestro país. Y que dicten sentencia.-