Por Juan Bolívar Díaz
Durante su reciene viaje por el lejano oriente el presidente Hipólito Mejía anunció su disposición a proponer una ley para que el Poder Legislativo pueda ejercer controles sobre los actos del Ejecutivo, lo que estaría llamado a reducir el excesicvo presidencialismo que tantos abusos ha conllevado en la historia nacional.
El ponderable propósito del primer mandatario pudo estar determinado por lo que ha visto en Japón, donde opera una democracia parlamentaria, la que por su naturaleza esencial tiene su centro de poder en el Congreso.
Aquí en el régimen presidencialista que tenemos podría resultar dificultoso, y quizás hasta contradictorio, otorgar un control directo al Congreso sobre los actos del Poder Ejecutivo, pero sí sería conveniente un régimen de estricta rendición de cuentas, fortalecido por una serie de mecanismos legales, varios de los cuales han sido presentados en las cámaras legislativas, incluso por el actual gobernante..
Desde hace muchos años se viene debatiendo en el país la necesidad de crear un cógido que prevenga la corrupción administrativa e incentive un uso racional y sujeto a estricto presupuesto de los recursos nacionales, lo que incluso ha figurado en los programas de gobierno que se presentan en las campañas electorales. Pero una vez en el poder, los gobernantes ha sido lentos cuando no indiferentes.
Es que generalmente quienes llegan al poder creen que lo han logrado para siempre y que no pueden renunciar a la discrecionalidad y al uso de los recursos estatales para mantenerlo e incrementarlo, especialmente cuando es posible la reelección presidencial, recién restaurada en contradicción con los planteamientos históricos del Partido Revolucionario Dominicano.
Por eso hay que celebrar la disposición reformisa expresada recientemente por el Presidente Mejía y alentarlo, a que comience promoviendo la aprobación de varias iniciativas de él sometiera al Congreso Nacional y que van quedando en el olvido.
El mandatario y su partido disponen de una mayoría tan consistente en las cámaras legislativas, con el 90 por ciento del Senado y casi la mitad de los diputados, como dificilmente se repita en el futuro próximo.
La creación de un código de control efectivo de la gestión administrativa pasaría fácilmente si los perredeístas gobernantes se lo proponen y sería saludado por una opinión pública cansada de los abusos del patrimonio nacional, del clientelismo que tantos recursos consume y del rentismo que se abona con el financiamiento privado de nuestras largas campañas electorales.
El presidente y su partido podrían revalidar el papel reformista que los fundadores y principales sustentadores ideológicos del perredeismo confirieron a esa organización, y que es parte de las razones por las que ha tenido tan larga vigencia en la vida pública nacional. Tienen todavía oportunidad.
Nos estamos refiriendo a los proyectos encaminados a reforzar y dar autonomía administrativa a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, así como a los que tienen como objeto la independencia del ministerio público, la creación de un fiscal nacional anticorrupción y a una más exigente ley general de presupuesto. Sobre esto último tomó iniciativa en su etapa de senadora la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch.
También fue iniciativa del actual gobierno, a través del Departamento de Prevención de la Corrupción, un proyecto de ley que busca hacer funcional la declaración jurada de bienes que también duerme el sueño eterno en el Congreso Nacional.
Lo mismo un anteproyecto para normar estrictamente las compras y contrataciones de servicios por parte del Estado, llamado a hacer transparente y obligatorios los concursos públicos, para reducir esa brecha a la corrupción administrativa y el enriquecimiento ilícito.
En un paquete de seis anteproyectos depositados en el Congreso por el DEPRECO se incluye uno que crearía un código de ética del servidor público y otro sobre soborno transnacional.
Tampoco debemos olvidar el proyecto para garantizar el libre acceso a la información de interés público, introducido al Senado en el período pasado, por el senador perredeista José Antonio Najri.
En los anales de la antigua Comisión presidencial para Reforma y Modernización del Estado, y del actual Consejo Nacional para Reforma del Estado hay toda una biblioteca de anteproyectos encaminados a mejorar los controles públicos. Entre esos organismos y el DEPRECO han consumido muchos millones de pesos formulando anteproyectos que constituyen una bibliografía enorme.
Las universidades y numerosas instituciones sociales también han hecho innumerables aportes.
De manera que no hay que hacer demasiado esfuerzo ni perder tiempo para dar curso al propósito del Presidente Mejía. Urgen los controles. Ojalá que el propósito del presidente Mejía se convierta pronto en realidad. ¡Anímese don Hipólito, que ese podría ser uno de sus mayores legados!.-