Otro paquete de reformas pendientes

Por Juan Bolívar Díaz

            Durante su reciene viaje por el lejano oriente el presidente Hipólito Mejía anunció su disposición a proponer una ley para que el Poder Legislativo pueda ejercer controles sobre los actos del Ejecutivo, lo que estaría llamado a reducir el excesicvo presidencialismo que tantos abusos ha conllevado en la historia nacional.

            El ponderable propósito del primer mandatario pudo estar determinado por lo que ha visto en Japón, donde opera una democracia parlamentaria, la que por su naturaleza esencial tiene su centro de poder en el Congreso.

            Aquí en el régimen presidencialista que tenemos podría resultar dificultoso, y quizás hasta contradictorio, otorgar un control directo al Congreso sobre los actos del Poder Ejecutivo, pero sí sería conveniente un régimen de estricta rendición de cuentas, fortalecido por una serie de mecanismos legales, varios de los cuales han sido presentados en las cámaras legislativas, incluso por el actual gobernante..

            Desde hace muchos años se viene debatiendo en el país la necesidad de crear un cógido que prevenga la corrupción administrativa e incentive un uso racional y sujeto a estricto presupuesto de los recursos nacionales, lo que incluso ha figurado en los programas de gobierno que se presentan en las campañas electorales. Pero una vez en el poder, los gobernantes ha sido lentos cuando no indiferentes.

            Es que generalmente quienes llegan al poder creen que lo han logrado para siempre y que no pueden renunciar a la discrecionalidad y al uso de los recursos estatales para mantenerlo e incrementarlo, especialmente cuando es posible la reelección presidencial, recién restaurada en contradicción con los planteamientos históricos del Partido Revolucionario Dominicano.

            Por eso hay que celebrar la disposición reformisa expresada recientemente por el Presidente Mejía y alentarlo, a que comience promoviendo la aprobación de varias iniciativas de él sometiera al Congreso Nacional y que van quedando en el olvido.

            El mandatario y su partido disponen de una mayoría tan consistente en las cámaras legislativas, con el 90 por ciento del Senado y casi la mitad de los diputados, como dificilmente se repita en el futuro próximo.

            La creación de un código de control efectivo de la gestión administrativa pasaría fácilmente si los perredeístas gobernantes se lo proponen y sería saludado por una opinión pública cansada de los abusos del patrimonio nacional, del clientelismo que tantos recursos consume y del rentismo que se abona con el financiamiento privado de nuestras largas campañas electorales.

            El presidente y su partido podrían revalidar el papel reformista que los fundadores y principales sustentadores ideológicos del perredeismo confirieron a esa organización, y que es parte de las razones por las que ha tenido tan larga vigencia en la vida pública nacional. Tienen todavía oportunidad.

           Nos estamos refiriendo a los proyectos encaminados a reforzar y dar autonomía administrativa a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, así como a los que tienen como objeto la independencia del ministerio público, la creación de un fiscal nacional anticorrupción y a una más exigente ley general de presupuesto. Sobre esto último tomó iniciativa en su etapa de senadora la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch.

            También fue iniciativa del actual gobierno, a través del Departamento de Prevención de la Corrupción, un proyecto de ley que busca hacer funcional la declaración jurada de bienes que también duerme el sueño eterno en el Congreso Nacional.

            Lo mismo un anteproyecto para normar estrictamente las compras y contrataciones de servicios por parte del Estado, llamado a hacer transparente y obligatorios los concursos públicos, para reducir esa brecha a la corrupción administrativa y el enriquecimiento ilícito.

            En un paquete de seis anteproyectos depositados en el Congreso por el DEPRECO se incluye uno que crearía un código de ética del servidor público y otro sobre soborno transnacional.

            Tampoco debemos olvidar el proyecto para garantizar el libre acceso a la información de interés público, introducido al Senado en el período pasado, por el senador perredeista José Antonio Najri.

            En los anales de la antigua Comisión presidencial para Reforma y Modernización del Estado, y del actual Consejo Nacional para Reforma del Estado hay toda una biblioteca de anteproyectos encaminados a mejorar los controles públicos. Entre esos organismos y el DEPRECO han consumido muchos millones de pesos formulando anteproyectos que constituyen una bibliografía enorme.

            Las universidades y numerosas instituciones sociales también han hecho innumerables aportes.

            De manera que no hay que hacer demasiado esfuerzo ni perder tiempo para dar curso al propósito del Presidente Mejía. Urgen los controles. Ojalá que el propósito del presidente Mejía se convierta pronto en realidad. ¡Anímese don Hipólito, que ese podría ser uno de sus mayores legados!.-

Pónganle atención a Virgilio Bello

Por Juan Bolívar Díaz

               El doctor Virgilio Bello Rosa, Procurador General de la República, es de los funcionarios gubernamentales a quienes no se le han subido los humos a la cabeza y mantiene la humildad y la integridad moral que lo han caracterizado desde los años universitarios cuando comenzó a hacer vida pública en calidad de dirigente estudiantil.

            Los que conocen el recio carácter de Bello Rosa han apostado en todo momento a que pasará por el ejercicio gubernamental haciendo honor a los principios, sin olvidar las preocupaciones y planteamientos que lo motivaban desde sus años juveniles.

            Saben, también, que no perderá la frialdad para analizar el curso de la acción gubernamental y reconocer tropiezos y fracasos, más allá del servilismo y la incondicionalidad que caracteriza a los dependientes de los presidentes de la República.

            Durante más de dos años al frente de la Procuraduría General hemos visto a un Virgilio Bello Rosa enhiesto y recrecido, cuestionando actuaciones policiales y militares, defendiendo principios constitucionales, expresando insatisfacción con la marcha de la justicia, y respetando los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sin importar su categoría o condición política, económica o social.

            El pasado jueves 21 de noviembre, Bello Rosa no se arredró ante la sospechosa calificación de correccional que el fiscal del DN, Máximo Aristy Caraballo, otorgó al expediente sobre el escándalo que envuelve al coronel Pedro Julio Goico, al capitán-gerente bancario Alberto Torres Pezzoti y al sargento-empresario Pedro Díaz Ramos.

            El Procurador no sólo rechazó el calificativo, sino que concluyó en que con esa actuación el gobierno y el Ministerio Público pierden autoridad moral para proseguir la lucha contra la corrupción.

            Por demás, Virgilio Bello formuló una advertencia que debe ser bien tomada en cuenta por sus compañeros de partido y de gobierno. Dijo que “la historia nacional enseña que los gobiernos comienzan a dañarse en los dos últimos años, período en que nos encontramos del presente cuatrienio”.

            Y tiene razón el amigo Bello Rosa, sobre todo si se aplica a los gobiernos que sólo han durado cuatro años, como los de Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y Leonel Fernández Reyna.

            Se llega al poder con sinceros deseos de cambiar el curso de nuestra historia, de prevenir y sancionar la corrupción, pero en la medida en que van descubriendo las mieles del poder y avanzan hacia los finales, el eclecticismo y el pragmatismo van haciendo mella en los principios y abriendo campo al dejar hacer y dejar pasar.

            Los deseos de prolongación en el poder, o de acumular méritos para un posterior retorno, pautan la acción y la inversión gubernamental. En base a ello se permite la acumulación de bienes a costa del patrimonio nacional para disponer de futuro financiamiento, o se practica la tolerancia con los incondicionales.

            Si dividimos en dos mitades el gobierno del doctor Fernández Reyna podremos comprobar que en la primera mitad hubo mucho más apego a los viejos principios y a las preocupaciones morales. En la segunda predominó el pragmatismo salvaje.

            Virgilio Bello Rosa tiene que recordar muy bien lo distinto que fue el Antonio Guzmán de la primera mitad y cómo se fue confundiendo en la segunda hasta perderse en la nebulosa del poder, atrapado por un entorno que lo empujaba ciegamente al continuismo, sin considerar las condiciones obejtivas ni los compromisos políticos. Le costó caro a él y a la nación.

            El procurador General tuvo muy cerca del presidente Salvador Jorge Blanco y sabe perfectamente que en su primera mitad presidió un gobierno impoluto, austero, vigilante de los principios morales, pero en la segunda todo se relativizó en orden a la acumulación para el retorno futuro.

            Jorge Blanco no se embolsilló un solo peso del patrimonio público, pero permitió mucha corruptela en su entorno, sobre todo de parte de un puñado que le juraba incondicionalidad hasta la muerte. El, sin una sola propiedad adquirida al amparo del poder, concluyó terriblemente como el único mandatario condenado por corrupción, sólo, con la indiferencia de su partido y de muchos de los suyos propios.

            Los arquitectos, constructores y defensores de este gobierno deberían poner atención a las sabias expresiones de Virgilio Bello Rosa, puestas por escrito para que a nadie quedara duda de su responsabilidad.

            La advertencia es oportuna ahora que el gobierno comienza a embarrar su imagen, al compás de escándalos de corrupción, y cuando la prepotencia y la soberbia son la respuesta a los requerimientos de coherencia que se formulan en la opinión pública.

            Todavía hay tiempo para enderezar el rumbo y evitar la repetición de la constante histórica que conducen a los gobiernos más democráticos al desprestigio y el descalabro en la segunda mitad del cuatrienio.-

Dejemos algo libre de clientelismo

Por Juan Bolívar Díaz

            Es realmente fundamental el aporte que hacen los cientos de miles de dominicanos y dominicanas que en las últimas décadas han emigrado, liberando de presiones la caldera social y convirtiéndose luego en contribuyentes importantes de la economía nacional, en dimensión que este año podría pasar de los 2 mil millones de dólares.

            Como se trata de un aporte limpio, que no reclama nada incluído, a no ser la reciprocidad del cariño familiar, y si le sumamos las contribuciones directas en bienes como electrodomésticos, equipos y materiales, más la inversión en bienes raíces, es muy probable que sea tan importante como el turismo, que estaría aportando casi 3 mil millones de dólares.

            Sin embargo, gobiernos van y gobiernos vienen y esos dominicanos y dominicanas sólo son vistos como fuente de explotación en las campañas electorales y de extorsión en una voraz red consular que les cobra el triple del valor del pasaporte nacional y les exige cien dólares por la certificación de cualquier documento.

            En este gobierno se ha hablado de una Secretaría de Estado de Ultramar y aunque aún no está instituída por la ley, desde hace dos años tiene su titular cobrando y gastando a nombre de los emigrantes, sin que se pueda apreciar ningún resultado más allá de esa renta.

            Esta semana en su prolongado viaje por Estados Unidos, el Presidente Hipólito Mejía acaba de improvisar otro cargo clientelar, el de delegado presidencial en la comunidad de Nueva York. En el pasado gobierno hubo subsecretarios en esa ciduad y en Miami.

            En este como en aquellos casos se trata del pago de partidarios políticos. Como los cargos consulares, que en alta proporción han sido convertidos en mecanismos de financiamiento de activistas que devienen rápido en millonarios por el alto nivel de explotación a que someten a nuestros emigrantes.

            Siempre que hablamos de la comunidad en el exterior se piensa fundamentalmente en Nueva York y otras ciudades norteamericanas. Pero hace tiempo que son importantes los residentes en Puerto Rico, Venezuela y Europa, particularmente en España.

            En territorio español están asentados más de 60 mil nacionales, 72 por ciento mujeres, un 83 por ciento con estatus legal de inmigrantes, unos 8 mil nacionalizados, según las estadísticas reunidas por el Voluntariado de Madres Dominicanas en España (VOMADE), modelo de organización reconocida por el Estado español y cuyos servicios gratuitos ya se han extendido a otras colonias de inmigrantes, primero latinoamericanas y ahora también de Africa.

            Esos y esas inmigrantes comienzan a constituirse en una fuerza importante y los nacionalizados pueden hasta decidir elecciones en distritos municipales madrileños donde hay cierto equilibrio político-partidario, como Aluche, Prosperidad, Cuatro Caminos, Fuentelabrada y Alcabendas.

            Parece que la legislación española permite hasta el voto de los residentes extranjeros por más de diez años, siempre que se haga un tratado bilateral y de aplicación recíproca, lo que aumentaría la influencia de esa colonia de migrantes.

           En noviembre del año pasado se firmó un convenio con España para normar las migraciones dominicanas, en virtud del cual hace unos meses se envió el primer conitingente de 42 mujeres para trabajo doméstico.

            Hay testimonios de que fueron reclutadas por mecanismos partidarios y varias aseguran que tuvieron que pagar 20 mil pesos a un gobernador provincial para que las incluyeran en la cuota.

            Autoridades españolas comienzan a mostrar preocupación por ese tipo de reclutamiento. Además de que 4 ya retornaron al país, tras pasar trabajo, porque no reunían las capacidades para el oficio doméstico. Otras no tenían ni un primo o amigo en España. Fueron aisgnadas a Valladolid y Toledo, donde fueron presas de de la desadaptación y la desorientación.

            Hubo algunas que estaban tan lejos de la realidad que al llegar se hospedaron en hoteles, lo que causó sorpresas a las autoridades.

            Pronto el convenio será sometido a una seria prueba, porque antes de terminar el año tocará enviar un contingente grande de tres mil. Esta vez además del trabajo doméstico incluirá albañiles y agricultores.

            No debería ser demasiado pedir que ese reclutamiento se haga transparente, sin mecanismos partidarios, ni explotación, sin convertirlo en una nueva fuente de tráfico y corrupción. Que se incluya a verdaderos trabajadores con entrenamiento en esos oficios.

            Apelamos a la sensibilidad del secretario de Trabajo, doctor Milton Ray Guevara, para que se aplique con toda transparencia el convenio de inmigración a España, y al gobierno para que las oficinas consulares en España le presten asistencia a esos nuevos migrantes. Aunque para eso tengan también que cambiar algunos funcionarios y funcionarias consulares y diplomáticos no aptas para tal misión.-

Dignifiquemos la función pública

Por Juan Bolívar Díaz

            Tres acontecimientos recientes parecen mostrar que el gobierno tiene que colocar entre sus prioridades un esfuerzo por dignificar la función pública, cuidándose de asimilar ese enorme ejército de vividores y traficantes de toda laya que medran en la política.

            Primero fue el sacudimiento. Un hombre fue muerto de 20 balazos en las inmediaciones de uno de los bares de moda de los pudientes, en lo que presentaba todas las evidencias de un ajuste de cuentas mafiosas. Luego se sabría que había sido ayudante civil del Presidente de la República y que además había sido previamente condenado por tráfico de drogas.

            La semana pasada fue el escándalo del cónsul en Cabo Haitiano, Radhamés García, involucrado él mismo en un tráfico ilegal de chinos al país, del que se viene hablando hace años, pero nunca tan bien documentado como ahora.

            El cónsul en persona se ocupó no solo de otorgar 16 visas irregulares, sin tener facultad para ello, sino que además acompañó a los orientales hasta su ingreso al país fuera del horario hábil para ello, “creyendo que eran inversionistas”, según su cándida explicación ante las cámaras de televisión.

            El tercer caso, recién denunciado el jueves 20 de junio, es todavía más patético. La Policía Nacional denunció que el director de la Policía Municipal del DN, Eddy Rafael Matos Molina, fue apresado y acusado de gestionar visas de Estados Unidos para 24 personas con documentos falsos.

            Se trata de un grupo de ciudadanos dotados de documentos que los hacian aparecer como miembros de la policía municipal, con carnés, certificaciones e invitaciones falsas para asistir a cursos en Houston, Texas, sobre manejo de armas peligrosas. Para darle más dramatismo al tráfico, los 24 fueron al consulado norteamericano vestidos con uniformes de la policía municipal.

            Desde luego, les habían cobrado por la gestuión de las visas y por los uniformes. Pero según la versión policial Matos Molina fue tan temerario que al enterarse de que el grupo estaba detenido y bajo investigación en el consulado, se presentó allí haciéndose pasar por coronel de la Policía Nacional, y reclamando que se los entregaran.

            El resto de la versión policial es sencillamanete increíble: dice que les entregaron a las 24 personas y que él procedió a despachar a 8 de ellas, cobrándoles tres mil quinientos y cuatro mil pesos a cada una.

            El informe policial se refiere superficialmente a los antecedentes del director de la Policía Municipal, diciendo que había permanecido un año y 9 meses como segundo teniente (se infiere que de la PN), siendo expulsado por mala conducta y habiendo acumulado 6 faltas, sin explicar la naturaleza de las mismas.

            Se comprende que el Partido Revolucionario Dominicano y su gobierno rinden culto al clientelismo y premian a los que “se fajaron en las campañas electorales”, pero también es justo que tengan algún cuidado de no degradar tanto las funciones públicas.

            Por de pronto parece injustificado que con tantos organismos investigativos y de seguridad como tiene el Estado, haya llegado a ser designado ayudante del Presidente de la República un convicto narcotraficante, o que un expulsado de la Policía por mala conducta sea quien dirija la policía municipal.

            Lo de los tráficos de los consulados viene de lejos y pasa por todos los gobiernos. Ya en el de Balaguer hubo una cónsul incriminada por tráfico de orientales en Hong Kong, cuando Leonel una por tráfico de visas en Colombia y dos en Haití. Recientemente en Argentina el tráfico de mujeres ha salpicado a la representación dominicana.

            Esos son los que estallan en escándalos públicos, porque los tráficos y negocios cotidianos de todos los géneros están a la orden del día y de la noche en los consulados dominicanos, centros de rápido enriquecimiento para quienes son destinados a ellos, especialmente a los establecidos en grandes ciudades y con muchos inmigrantes dominicanos.

            Algún esfuerzo, alguna instrucción especial deberá adoptar el gobierno para evitar que el servicio público se llene de todo género de traficantes. Es cuestión de cuidado, de establecer políticas preventivas. Porque, hasta prueba en contrario, ha de creerse que también muchísima gente honrada se faja en las campañas electorales y tienen méritos para desempeñar funciones públicas con dignidad.

            El asunto es evitar que sigan colándose los indignos. Y de sanciones, hasta las últimas consecuencias, mucho más allá de la cancelación del puesto.-

 

Transparencia en la Policía Nacional

Por Juan Bolívar Díaz

            El pasado miércoles viví una aleccionadora experiencia cuando pude participar en la reunión mensual del estado mayor de la Policía Nacional, presidido por su comandante el teniente general Jaime Marte Martínez.

            Allí se conocieron los informes de las operaciones del último mes de los diversos departamentos orgánicos y regionales de la Policía Nacional, y sus proyecciones para el próximo.

            No sólo se rindieron los informes y se discutieron, sino que a los periodistas invitados se nos permitió formular las preguntas que estimáramos pertinentes. Y se nos respondió.

            Allí nos enteramos de las amplias proyecciones en la profesionalización de la PN, con innumerables actividades académicas y seminarios junto a sectores diversos de la sociedad y la población, y en coordinación con otros organismos del Estado. Nos llamó la atención la preocupación por instruir a la PN en el seguimiento al grave problema de la violencia intrafamiliar.

            También que la PN haya firmado acuerdos interinstitucionales de colaboración con varias universidades y que haya instituído los buzones de sugerencias de la ciudadanía donde ya han encontrado más de dos mil quinientas informaciones valiosas, muchas de las cuales han permitido resolver importantes casos bajo investigación y adoptar medidas para mejorar el servicio policial.

            Entre las proyecciones presentadas por la jefatura de la PN resalta la creación del “Comité Consultivo de Seguridad Ciudadana para articular la participación de los ciudadanos en los diversos niveles de dirección de la institución”.

            Se conoció allí un informe sobre cada uno de los 77 casos afrontados por el departamento de Investigaciones Criminales en el último mes, todo ello en un ambiente dinámico de interacción y una mística impresionante, enarbolando consignas como la de “sin excesos, ni arbitrariedades ni debilidades”.

            En ese marco no debería sorprender que los muertos en “intercambios de disparos” se redujeran del promedio de 13 por mes, registrado en los últimos tres años, a 1 por mes en lo que va del 2002.

            Lo más relevante es que, contrario a lo que pregonan los defensores de la arbitrariedad, el autoritarismo y hasta los fusilamientos sumarios, la delincuencia en vez de dispararse está disminuyendo. Los homicidios se redujeron en un 26.5 por ciento en el primer cuatrimestre de este año cuando se registraron 285. Eso representa 103 menos que los 388 del mismo período del 2001.

            La actual jefatura de la PN ha anunciado también la reestructuración a fondo de los tribunales policiales, convertidos en maquinarias para garantizar la impunidad ante los peores abusos.

            Un informe sobre las actividades de esos tribunales muestra un impresionante récord de sentencias en los últimos cuatro años. En casos de homicidios, la primera instancia de “justicia policial” emitió 212 descargos y 4 condenas, entre 1998 y 2001. El de primera instancia de Santiago produjo 92 descargos y 2 condenas entre 1999 y 2001. En total 304 absoluciones y 6 condenas, que apenas promedian el 2 por ciento.

            Una ínfima proporción de esas sentencias fue recurrida en apelación. Se deduce del hecho de que la corte de apelación de justicia policial sómo emitió 4 sentencias en 1998, 5 en 1999, 8 al año siguiente y 14 en el 2001. Los casos de apelaciones fueron tan obvios que no quedó más remedio que la condena en segunda instancia: 22 contra sólo 9 descargos.

            Debemos mantener la demanda y la esperanza de que cese definitivamente ese prehistórico expediente de los tribunales policiales para hacer su “propia justicia” en materia criminal, y que en el futuro se limiten a conocer de las indisciplinas internas.

            La mística que rodea la gestión del general Marte Martínez no debe apagarse, como ocurrió a su antecesor que comenzó enderezando muchas cosas en la Policía Nacional y concluyó en el mayor de los descréditos. Merece ser alentada por la opinión pública y respaldada firmemente por todos los organismos públicos y privados.

            Queda todo por hacer en la PN, desde la reestructuración implícita en los proyectos de reforma conocidos en el Congreso, hasta la completa profesionalización y equipamiento, como garantía para prevenir y enfrentar la crminalidad, garantizando los derechos de todos los grupos, sectores e individuos integrantes de la sociedad.

            El hecho de que los egresados de la academia de formación de oficiales de la PN estén ahora en el poder, junto al general Marte Martínez, determina esa mística que se percibió en la reunión del miércoles. Elllos saben que tienen el gran desafío de transformar la institución sin permitir que la delincuencia avance. Pero también sin excesos ni arbitrariedades ni debilidades.-

 

El negociazo de las visas dominicanas

Por Juan Bolívar Díaz

             Desde hace décadas uno de los negocios más lucrativos y vergonzosos que mantienen los administradores del Estado Dominicano es el de los visados para ingresar al país, objeto de numerosos escándalos, uno de los cuales está ocurriendo actualmente en Haití, donde hace tres años se registró lo mismo.

            Durante mucho tiempo los consulados de la nación se cuentan entre los puestos más cotizados por aquellos que se fajan en las campañas electorales o tienen la dicha de ser parientes y amigos de los gobernantes.

            Desde luego, hay consulados de tres, cuatro y hasta cinco estrellas. Aunque algunos han caíodo en la degradación cuando las urgencias del turismo nos obligan a eliminar el requisito del visado para ingresar al país. Si es en una nación con la que tenemos escaso intercambio comercial, aquello “no sirve”.

            Precisemos que los consulados de primera son aquellos donde hay una fuerte colonia dominicana a la que se explota cobrándole hasta 100 dólares por el sellado de cualquier documento. Tienen mucho tránsito de pasajeros hacia el país y al mismo tiempo intenso intercambio comercial. Es el caso de las oficinas consulares de Nueva York, Miami y San Juan de Puerto Rico.

            En la misma categoría entran otros consulados de naciones con las que tenemos un alto intercambio comercial, como Japón, Taiwán y Alemania, especialmente en las dos primeras donde todavía requerimos visas, justificable por el alto número de chinos y japoneses que rondan por el mundo. De cuatro estrellas serían los consulados en Haití, Boston, New Orleans y Hamburgo.

            En los inicios de los años noventa, un alto funcionario taiwanés nos contaba alarmando, cómo se abusaba con el cobro del visado a sus nacionales. En esos días venía una numerosa delegación de empresarios, unos cincuenta. Como se les cobraba hasta 200 dólares por la visa, se la ingeniaron para pedirla directamente a la cancillería dominicana, através de la valija diplomática de Taipey.

            Así se hizo, pero los chinos no contaban con la astucia dominicana. Como el embajador-cónsul virtualmente vivía en Santo Domingo, y tenía familiares en Taiwán que administraban el negocio, fue oportunamente enterado del inusual pedimento de visas. El hombre apresuró un viaje hacia el lejano oriente. Recogió en la cancillería todos los pasaportes de los chinos y se los llevó. Los visó él mismo y cobró como siempre.

            Son innumerables las fortunas que se han hecho con el tráfico de los consulados, a través de las visas, del sellado de documentos y de las históricas facturas comerciales, que en esencia prevalecen a pesar de un maquillaje operado en este gobierno, después de muchas promesas de eliminarlas.

            La cancillería y el gobierno generalmente se hacen de la vista gorda ante los excesos que alcanza el tráfico de visas. Hasta que de tiempo en tiempo estalla un escándalo. Como cuando una cónsul vendió millares de visas en el lejano oriente a personas que no calificaban. Entre los expedientes que recientemente evacuó el Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría General con recomendación de abrirle proceso judicial está el de una cónsul en Colombia del pasado gobierno.

            Cuando Silvio Herasme Peña era embajador en Haití hubo de solicitar la cancelación de dos de los tres cónsules dominicanos por graves irregularidades que involucraban la expedición de millares de visas. La esposa de un político fue cancelada, pero el otro era hermano de un ministro y alto dirigente del partido gobernante. Lo castigaron enviándolo a Mayaguez, Puerto Rico, para que prosiguiera la fiesta.

            Esta semana el diario Ultima Hora ha publicado un informe de la Cancillería dominicana revelador de que prosigue el negociazo con los visados en Haití, donde ahora los consulados son 5, para beneficiar a dos compañeros más.

            Según el informe, en los primeros tres meses del año los consulados en Haití emitieron 28 mil 182 visas, cifra que triplica la cuota que tenían asignadas. Como a cada haitiano le cobran 40 dólares por la visa, el total sería de un millón 127 mil 280 dólares. Al fisco nacinal se remite, vía cancillería, 10 dólares por visa, lo que implicaría 281 mil 820. Mientras los “servidores consulares” se embolsillarían 845 mil 460 dólares. Recuereden que eso fue sólo en tres meses.

            Más de la mitad de esa cantidad de visas se otorgan en dos de los cinco consulados, lo que implica que en esos, los cónsules están recibiendo más de 200 mil dólares trimestrales. A ese ritmo terminan el año con un millón de dólares de ingreso.

            Pero mientras ellos se enriquecen, el informe de la Cancillería indica que de los 28 mil 182 haitianos que ingresaron con visa en el trimestre, 16 mil 322, más de la mitad, no han salido del país.

             Toleramos y auspiciamos esos tráficos con los haitianos y al mismo tiempo se denuncia que ellos nos están invadiendo. Una explotación más, tan vulgar como la de la importación clandestina de manode obra barata, que no puede exigir ni protestar.

              Y aunque la cancillería está realizando una investigación, y posiblemente el doctor Hugo Tolentino concluya pidiendo destituciones, no hay razón para esperar algo más que lo ocurrido hace tres años, alguna cancelación, algún traslado y el reinicio del tráfico por los nuevos designados, tan pronto pasen algunos meses y se baje la guardia.

               Y luego los gobernantes se rasgan las vestiduras cuando el 80 por ciento de la población opina que hay corrupción.-