Por Juan Bolívar Díaz

          Entre importantes dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) circula el planteamiento de que la democracia es mayoría, con el que se trata de justificar que el segundo partido del sistema no tenga representación en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para la elección de tres jueces de la Suprema Corte de Justicia.

            Hasta a perredeistas ponderados y reflexivos se le ha escuchado justificar que el partido de gobierno se atribuya tres de los cuatros representantes del Congreso ante el CNM, dejando sin representación al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), “porque para eso tenemos mayoría y ni la constitución ni las leyes nos obligan”.

            Están olvidando, a conveniencia, que en la democracia tienen expresión también las minorías. Es más, sin su participación deviene la unanimidad o la uniformidad, la imposición y hasta la dictadura.

            Si hubo en el país en los últimos años un cultor de la representación proporcional, de la concertación y las negociaciones ese fue el líder perredeista José Francisco Peña Gómez. Es más, esa fue una de sus mayores prendas políticas, de las que más lo encumbraron en la conciencia nacional y en los escenarios internacionales.

            Desde la oposición el PRD reclamó con energía el derecho a la representación proporcional como esencia de la democracia. Y si muchas veces se la negaron o escamotearon, ello no da licencia ni justifica que ahora pretendan repetirlo desde el poder.

            Ni siquiera contra el PLD que conspiró contra la mayoría perredeista en la Cámara de Diputados y en la Liga Municipal Dominicana. Esas conspiraciones fueron de los peores errores del gobierno del doctor Leonel Fernández y de su partido. Y tuvieron un alto costo, en cuanto proyectaron arrebato, autoritarismo y falta de capacidad de negociación.

            La Constitución establece que el CNM se integra con el Presidente de la República, los presidentes de las dos cámaras legislativas y el de la Suprema Corte de Justicia y un miembro adicional de cada uno de estos tres organismos estatales, para un total de siete.

            Especifica que el miembro adicional del Senado y la Cámara de Diputados tiene que ser de un partido distinto al respectivo presidente. Obviamente, en base a la representación de las minorías, a la búsqueda de la pluralidad. Debió establecerse que fuera del segundo partido con mayor número de representantes, como se postula en el anteproyecto de reforma constitucional elaborado por la comisión especial designada por el Presidente Hipólito Mejía.

            No se discute la representación del Partido Reformista Social Cristiano en el CNM, puesto que la presidenta de la Cámara de Diputados, la reformista Rafaela Alburquerque, es miembra de pleno derecho. En razón de la mayoría, el miembro alterno en esa cámara debe ser un perredeista.

            Pero como el Presidente del Senado es perredeista, y el PLD tiene en esa cámara la segunda mayoría, cuatro senadores, es a uno de estos que corresponde el puesto alterno en el Consejo de la Magistratura.

            Plantearse escoger a un miembro de alguno de los partidos aliados del PRD, sea el de la Unidad Democrática o el de los Trabajadores Dominicanos, es emplear una triquiñuela para evadir el espíritu de la Constitución. No será ilegal o ilegítimo, pero absolutamente improcedente y hasta abusivo.

            De concretarse ese despojo la próxima semana cuando las cámaras deben escoger sus delegados ante el CNM, el PRD estará desconociendo la segunda mayoría en el Congreso. Peor aún cuando la tercera, integrada por los reformistas, estará representada en virtud del voto perredeista que la ha mantenido en la presidencia de la cámara baja.

            Sería un absurdo y un abuso, porque 49 diputados y 4 senadores son peledeistas, más del doble de los 17 diputados y 2 senadores reformistas. Y en los comicios presidenciales del año pasado, el PLD obtuvo, como partido, más votos que el PRSC.

            Sólo el profundo encono y el sectarismo que divide a perredeistas y peledeistas, aunque hay que admitir que estos últimos lo han cultivado en mayor grado, puede explicar, nunca justificar, la pretensión de dejar sin representación en el CNM a la segunda fuerza política.

            Como todavía hay tiempo, debemos albergar la esperanza de que se imponga la ponderación en un partido en el poder y que precisa de un clima constructivo de gobernabilidad para enfrentar los graves y grandes problemas nacionales, sobre todo en estos tiempos de recesión económica nacional e internacional. Un peledeista en el CNM será beneficioso para la democracia.

            Y si persisten en el sectarismo extremo y el arrase, en aras de una mayioría absoluta en el CNM pagarán el precio en términos políticos. Que se miren en el espejo del PLD y su gobierno. Por de pronto eso sólo servirá para elevar el clima de desconfianza y las incertidumbres presentes en el ámbito nacional.

Por Juan Bolívar Díaz

             La Cámara de Diputados se halla involucrada en un interesante proceso de consultas a la sociedad para proceder a escoger las ternas que ha de someter al Senado de la República para elegir al Defensor o Defensora del Pueblo, sus dos suplentes y cinco adjuntos o adjuntas.

            La ley que instituye esa figura jurídica fue aprobada en diciembre pasado y hace tres meses la presidenta de la Cámara, Rafaela Alburquerque, acogió la propuesta del movimiento cívico Participación Ciudadana, para que las instituciones y personas interesadas pudieran presentar candidaturas.

            Y se han presentado más de doscientos, según lo que ha trascendido, representando una gran cantera de donde pueden salir los responsables de que adquiera categoría en el país el Defensor o Defensora del Pueblo, Ombudsman o Comisionado de los derechos Humanos, como se le llama indistintamente.

            Los antecedentes de esta figura política y jurídica se remontan a dos siglos, partiendo desde Suecia y hace tiempo está enraizada en decenas de países del mundo, especialmente en gran parte de las Américas. De manera que aquí nos llega con atraso.

            Como parte del proceso de elección, la Cámara de Diputados, Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia y El Proyecto de Apoyo a Iniciativas Democráticas celebraron este fin de semana un interesante seminario con la participación de varios defensores del pueblo, de América Latina y de España.

            Cientos de asistentes pudieron conocer las valiosas experiencias acumuladas por este mecanismo institucional de promoción y defensa de los derechos humanos y de asistencia a la ciudadanía frente a los abusos, deficiencias y omisiones de los poderes públicos y los cada vez más complejos intereses de grandes corporaciones globalizadas.

            La periodista Ana María Romero de Campero, Defensora del Pueblo de Bolivia, expuso su experiencia estimándola vital para edificar un nuevo tipo de relaciones entre Estado y sociedad, para fortalecer el sistema de justicia y devolver a la ciudadanía la confianza y la credibilidad en un orden transparente y democrático que vaya más allá del voto.

            Considera que la defensoría puede influenciar en la construcción de una cultura democrática caracterizada por la recuperación de la dignidad ciudadana, la vigencia de la ley y el respeto a los derechos y las garantías constitucionales.

            “El papel del Defensor en democracia no consiste únicamente en ser un contrapeso a los abusos u omisiones del Estado, sino en ser un mecanismo de diálogo permanente entre los ciudadanos y la administración , para que ésta, a través de las distintas reparticiones que la conforman, cumpla su misión de gestora de los intereses públicos, sea respetuosa de la ley y protectora de los derechos de las personas”, nos dijo la boliviana.

            En plenitud de razones, no debería hacer falta la institución del Defensor del Pueblo, porque eso es lo que deberían ser todos los diputados y senadores, todos los fiscales y procuradores de cortes, todos los militares y policías y todos los funcionarios del Estado, especialmente los contralores General, de Electricidad, de Bancos y de Seguros, etc.

            Pero es la deficiencia acumulada, los déficits de la democracia y la debilidad de nuestras instituciones lo que ha justificado la creación de ese mecanismo formal de defensa de los derechos individuales y sociales.

            Aunque la ley 19-01, que lo crea, indica en su artículo 11 que “el Defensor del Pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno, ni participar en actividades de carácter político partidario”, hay dirigentes políticos que no ven otra alternativa que colar a uno de los suyos. Se llega a proclamar que esta ley es discriminatoria de los políticos.

            Si escogieran a un dirigente político para Defensor o Defensora del Pueblo, o para sus suplentes y adjuntos posiblemente se estará matando este proyecto democrático, pues sus actuaciones quedarían selladas por los sectarismos partidarios.

            Desde luego, en tal caso habría que esperar que los puestos administrativos y auxiliares y todos los profesionales que deberán trabajar allí estarían en función de los intereses de los partidos. Sería un ámbito gubernamental más hipertrofiado y sometido a las cuotas del clientelismo político.

            Por suerte, la mayoría de los legisladores parecen entender el sentido de esta institución democrática. Hemos de esperar unas excelentes elecciones. Y aún así será un gran desafío que salga adelante contra tantos atropellos que todavía se ven a los derechos individuales y sociales en una cultura nacional tan signada por el autoritarismo.-

Por Juan Bolívar Díaz

Están dadas todas las condiciones para que el Congreso Nacional apruebe definitivamente el proyecto de ley de seguridad social que viene discutiéndose en las cámaras legislativas desde hace dos más de dos años y medio.

            Se trata de uno de los proyectos de mayor proyección social en la historia de la República, que de por sí solo implicaría un golpe considerable contra la pobreza, en sus expresiones de desamparo ante las enfermedades, de los accidentes laborales y del paso inexorable del tiempo que reduce y aniquila las energías productivas.

            En círculos gubernamentales y congresionales se ha concertado en los últimos días para que el proyecto de seguridad social esté aprobado en la próxima semana, antes de que concluya el mes, como ofrenda para la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, que este año está adelantada en el país para la víspera, el lunes 30.

            Después de la aprobación se organizaría un acto de proclamación de inicio del proceso, que algunos sugieren sea el 10 de mayo, en el tercer aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez, uno de los políticos que más promovió la implantación de un régimen de seguridad social que beneficie a la inmensa gama de los trabajadores, obreros y del intelecto, profesionales y técnicos, empresarios formales e informales, grandes , medianos y pequeños.

            Todos los dominicanos conscientes deberían hacer un alto en el sectarismo y prepararse para el advenimiento de la seguridad social, llamada a garantizar una adecuada cobertura de salud, y contra accidentes y seguro de vejez al universo de la población.

            Sin duda, así como el parto ha sido largo y difícil, lo será también el proceso de creación e institucionalización. Complejo para cualquier sociedad, aún para las desarrolladas. Y mucho más para las que como la dominicana carecen de fortaleza institucional, de transparencia y eficiencia administrativa.

            Hay quienes creen que todavía somos incapaces de darnos una organización tan avanzada como la que representaría la seguridad social que está a punto de aprobarse, tras innumerables esfuerzos de concertaciones, negociaciones, transacciones y reformulaciones. Tantas que por momentos se cree que la criatura nacerá deformada o con taras imposible de superar. Los promotores más optimistas dicen que la prueba de la realidad determinará algunas reformas purificadoras, pero que mientras tanto hay que echar la mula al camino.

            Los orígenes del proyecto en discusión se pueden establecer en los principios de los años ochenta, cuando la doctora Ligia Leroux estuvo al frente del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y organizó una serie de discusiones “tripartitas” sobre las reformas que demandaba el inoperante organismo.

            Cuando a finales de esa década se realizó el Diálogo Tripartito que tuvo como escenario la sede capitalina de la Universidad Católica Madre y Maestra, el tema de la seguridad social volvió a resurgir. Como fruto de ello a fines de 1990 se aprobó la ampliación de los servicios del IDSS a los familiares de los asegurados, en una ley que el presidente Joaquín Balaguer ni siquiera intentó poner en vigencia.

            El asuntos fue objeto de los programas de gobierno y los debates en las campañas electorales de los años ochenta y noventa, especialmente por parte del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido de la Liberación Dominicana. Durante la campaña electoral de 1996 Peña Gómez y Leonel Fernández llegaron a proclamarlo como su principal objetivo en materia de política social. Jacinto Peynado lo hizo propio también.

            Por tal razón, en su primer año de gobierno, el presidente Fernández encargó a una comisión encabezada por su secretario de Trabajo, Rafael Alburquerque, la redacción de un proyecto de ley para reformular la seguridad social. El gobierno se debatió durante algún tiempo entre el tradicional sistema de reparto, y las nuevas corrientes privatizadoras implementadas en Sudamérica en los últimos años.

            La comisión Alburquerque se inclinó por los sistemas tradicionales. Pero el proyecto quedó durante meses en manos del indeciso Poder Ejecutivo, hasta que los legisladores frutos de los comicios congresionales de 1998 dieron los primeros pasos.

La doctora Milagros Ortiz Bosch sometió un proyecto limitado de estancias infantiles el 26 de agosto de 1998. El senador Rafael Abinader se lanzó el 2 de septiembre con un proyecto para crear el Instituto de Bienestar Social. Y 15 días después los senadores Ramón Alburquerque, Dagoberto Rodríguez, Iván Rondón, Darío Gómez, y José González Espinosa propusieron un proyecto integral de seguridad social.

El proyecto del presidente Leonel Fernández llegó finalmente al Senado el 1 de octubre de 1998 y con esas cuatro piezas, predominando la de los cinco senadores, se fue armando el rompecabezas que está a punto de ser descifrado, combinando las experiencias de reparto con las privatizadoras, los sistemas de países desarrollados con los del tercer mundo.

El proyecto se ha discutido hasta el infinito en decenas de vistas públicas y reuniones sectoriales, hasta ir aunando un difícil -y a veces agónico- consenso. Tomando en cuenta los intereses tan diversos de empleados y empleadores, de aseguradores privados, de profesionales y obreros, de suplidores de servicios médicos públicos y privados.

El resultado no será la obra particular de nadie. Tampoco será una obra maestra. Es una conjunción de intereses y visiones, y del juego democrático, sujeto a la prueba de la práctica y de la razón. Toma en cuenta a toda la población, aunque con el realismo de que la igualdad absoluta es una quimera que no pudo materializar ni el socialismo con todo el poder en sus manos, incluyendo el de una superpotencia militar durante 70 años.

Preparemonos para el parto de la seguridad social, con optimismo y renovada esperanza, venciendo un poco el fatalismo y el pesimismo que se registran en una sociedad en tránsito de reformulación y modernización, que avanza a pesar de sus tropiezos y de su terrible propensión a dar vueltas a la noria desgastando sus energías creadoras.-