El Plan Renove, renueva una política errónea

Por Juan Bolívar Díaz

Por más vueltas que se le dé no hay manera de justificar que el Estado dominicano se embarque en estos momentos en un plan para importar vehículos, automóviles, minibuses, autobuses y hasta camiones, por un monto de 150 millones de dólares.

Se trata del llamado Plan Renove, originado en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y que al parecer le fuera expropiado por el gobierno central, en un extraordinario esfuerzo por participar en una operación que ya apunta al tráfico y la repartición política.

El asunto hizo escándalo esta semana cuando una agencia internacional informó que de los 500 millones de dólares que se buscan a través de los bonos soberanos, 300 serían destinados a importar vehículos. La publicación desató una reacción desproporcionada del presidente de la República, pero sirvió para aproximarnos a la realidad.

No serán financiados por los bonos soberanos, pero tendrán un aval del Estado y no serán -por ahora- tantos como 300 millones de dólares. El director del plan, el secretario de Estado sin cartera Ramón Emilio Jiménez Reyes, precisó que “en su primera fase el programa sólo contempla una partida de 150 millones de dólares”.

Casi nada, como si esa suma fuera poca cosa para un gobierno que anda desesperado buscando 500 millones de dólares aún a riesgo de endurecer en dos o tres años la carga de la deuda externa.

Sin que se haya ofrecido una información completa sobre el plan, se dice que habría una segunda etapa por otros 150 millones de dólares, lo que completaría los 300 que informó la agencia, aunque no sean por medio de los bonos soberanos.

Soberano es el aval que le dará el Estado a la compra de 5 mil vehículos que supuestamente pagarán los adquirientes, en la repetición de una política de otros gobiernos que ha costado cientos de millones de pesos al Estado y no ha resuelto nada. Sólo ha servido para promover el tráfico y la corrupción.

En este caso se contempla avalar hasta la compra de camiones, unos 150 a 85 mil dólares la unidad, renglón en el cual se irían 12 millones 750 mil dólares, que al 17 por uno significan 216 millones 650 mil pesos.

No se ve por qué razón tiene el Estado que avalar la compra de camiones a los miembros de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, una entidad poderosa, que puede asumir ese riesgo por cuenta propia. Incluso se creía que aquí sobraban los camiones, que son tantos que se pelean por las cargas de los puertos.

Se aducen los compromisos políticos contraidos en las campañas electorales, que en este caso parecen ser grandes, puesto que el líder de esa federación, Diógenes Castillo, ya tiene un premio en la dirección de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, donde se le acusó de nepotismo.

Desde cualquier punto de vista es un exceso el aval de 150 millones de dólares para traer más vehículos para las congestionadas calles de nuestras principales ciudades. Para elevar el déficit comercial dominicano y contraer deudas en divisas.

Pero nuestros gobiernos han sido débiles en materia de exoneraciones y financiamientos para vehículos, pese a lo cual el transporte urbano sigue siendo un verdadero desastre. Mil veces se ha descartado el sistema de concho, pero se le sigue incentivando.

Fracasaron las cooperativas de transporte promovidas por los gobiernos de Balaguer, fracasó el financiamiento de los taxis turísticos en el gobierno de Leonel Fernández, y la repartición de la primera partida de los 2 mil “taxis pollitos”, contratados con préstamo español de 29 millones de dólares, fue verdaderamente escandalosa.

Cientos de los taxis turísticos fueron traídos con préstamos de la banca privada, avalados por el gobierno. La mayoría de los beneficiarios no los pagaron y los vehículos pararon en manos de los bancos que no sabían qué hacer con ellos. Una parte terminaron siendo vendidos a empleados bancarios con facilidades. Este mismo gobierno tuvo que asumir el costo del aval no hace más que algunas semanas.

Los primeros vehículos del Plan Renove no han llegado al país, pero ya hay polémicas y denuncias de tráfico y favoritismos, provenientes de los mismos sectores envueltos originalmente en la transacción. Por ejemplo, la empresa brasileña Breica aduce que fue excluida de las compras después de calificar en un concurso.

Y los sindicalistas-transportistas Juan Hubieres y Ramón Pérez Figuereo no sólo han denunciado el Renove y acusan de falta de transparencia y manipulaciones, sino que ya volvieron a las protestas callejeras.

Ninguna garantía hay de que el Renove no será la repetición del pasado, los pollitos blancos, como proclamaba esta semana la revista Ahora. La distribución perredeista de vehículos y probablemente una fuente de tráfico de comisiones y corrupción.

Y tanto que se habló de los pollitos morados. Con razón no se pasó de simple escándalo. Un precedente justifica el siguiente. Aunque a decir verdad los primeros mil pollitos morados sólo costaron 14 millones y medio de dólares. Los blancos, sólo en su primera fase, se estipulan en 150 millones de dólares.-