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Lo prioritario sigue siendo recuperar la confianza en las instituciones estatales

by Juan Bolívar Diaz Santana

Diez años después de su presentación en el Palacio Nacional, el “Informe Attalí”, sigue con plena vigencia, al proclamar que el primer paso para el desarrollo nacional es recuperar la confianza en las instituciones del Estado, lo que incluye a los partidos 

                                                Por Juan Bolívar  Díaz

            Ahora que el país pasa por una coyuntura de cambios, conviene desempolvar el informe de la comisión que presidió Jacques Attalí, por el cual el gobierno de Leonel Fernández pagó un millón de dólares para luego dejarlo archivado, de cuya presentación en el Palacio Nacional se cumple una década en noviembre próximo.

            Así como Danilo Medina recomienda a los peledeístas revisar por qué perdieron un poder que creían eterno, los líderes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados deberán ponderar por qué la sociedad les otorgo el poder sin olvidar el enorme crecimiento de la desconfianza en las instituciones estatales y sobre todo en los partidos

Tres informes relegados

            El Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, que presidió el destacado economista francés Jacques Attalí fue recibido con entusiasmo en diversos ámbitos de la sociedad, tras su presentación en un acto que presidió el presidente Leonel Fernández en noviembre del 2010. Contiene 7 iniciativas con 77 propuestas específicas para la década que concluye este año 2020. 

Si se revisan se puede comprobar que muy pocas fueron puestas en práctica  medianamente y el documento popularizado como “Informe Attalí”, se juntaría con otro, igualmente crítico publicado en julio del 2012, el “Reporte Harvard, Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana: Herramientas para el Desarrollo”. Ambos partieron del ponderado crecimiento económico que había registrado el país en las últimas cinco décadas, y apuntaban políticas para refundar el Estado y abrir puertas al desarrollo integral.

Se les dio mayor ponderación a esos dos estudios por el prestigio de sus responsables, pero dos años antes, el “Informe Nacional de Desarrollo Humano República Dominicana 2005”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo responsabilidad del ahora Ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, había documentado que el país era de los de mayor crecimiento económico a nivel mundial durante medio siglo, con promedio de 5%, pero también de los que más lo habían  desperdiciado para traducirlo en desarrollo humano sostenible, y también contenía decenas de recomendaciones, aún vigentes, “para una inserción mundial, incluyente y renovada”.

Las propuestas de Attalí

De las 7 iniciativas, con 77 propuestas específicas, el informe Attalí, que se apoyó en la colaboración de un notable grupo de dominicanos, privilegió como prioritaria la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, en una primera iniciativa en tres capítulos con 16 propuestas que mantienen absoluta actualidad: restaurar el contrato social, reforma del Estado y fortalecer el poder Judicial. Ahí están colocar las mujeres en el centro de desarrollo, reformar la Cámara de Cuentas y el financiamiento de los partidos para hacerlos transparentes, eliminar la práctica del barrilito, (clientelismo) imponer la transparencia en los contratos públicos, limitar el secreto bancario, reforzar la prensa y facilitar el acceso a la información, y aplicar la ley de presupuesto para una gestión por resultados. 

También formula propuestas que el presidente Luis Abinader trata ahora de desarchivar, como limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministerios, de las delegaciones diplomáticas y de las instituciones en general, eliminar las comisiones, consejos y direcciones sin funciones, racionalizar el organigrama del Estado reagrupando las instituciones similares, profesionalizar la función pública, luchar contra las violencias de las fuerzas del orden, y combatir la impunidad reforzando el sistema judicial.

Frente a las vulnerabilidades nacionales, el Informe Attalí planteó tres  opciones fundamentales, aumentar el endeudamiento del Estado, elevar la presión fiscal, ampliando la base e incrementando las tasas, y la tercera, que consideraba imprescindible y precedente a las dos anteriores, racionalizar el gasto público para devolver la confianza a los contribuyentes. “Para ello el Estado tiene que erigirse en un modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría útiles y beneficiosos para la sociedad”.

Aumentó la desconfianza

            Es obvio que los gobiernos del PLD no se colocaron nunca en los linderos del informe Attalí, y en vez de restringir la malversación la multiplicaron en todas las direcciones posibles, porque en los ocho años de Leonel Fernández, aunque hubo varias reformas tributarias y el de Danilo Medina comenzó con otra, el gasto creció dos veces por encima de los ingresos, para generar los permanentes déficits fiscales de la última década que conllevaron una duplicación de la deuda del Estado.

            En el mismo período se deterioró mucho más la confianza de la población en las instituciones estatales, como ha quedado patente en los diversos estudios internacionales y las encuestas nacionales. El acreditado Latinobarómetro registró en el 2018 que la confianza en los partidos políticos era apenas del 14%, del 20 en el Congreso, 21 en el Poder Judicial, y 22% en el gobierno. Y que la confianza en la democracia había caído del 65 al 44% entre el 2005 y 2018.  En marzo del 2019 un estudio del PNUD sobre calidad de la democracia en 24 países de América Latina, colocó a RD entre los 5 peores, dando positivo tan sólo en el 20% de los indicadores, para concluir en que eso “sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales de origen interno o externo”.

            En muchas otras mediciones internacionales quedó patente el descreimiento en la institucionalidad democrática, además en la calidad de los servicios de educación, salud, vivienda, electricidad y agua potable. El Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ha sido el más patente, dejando el país en los últimos 10 escalones entre 144 y 145 evaluados en la última década, en confianza en la justicia, la policía, congreso y gobierno, así como en malversación y desviación de los fondos públicos, en favoritismo de los funcionarios y hasta en ética empresarial.     

Una gran oportunidad

            Las perspectivas con que comienza el gobierno de Luis Abinader y el PRM ofrecen una oportunidad para revertir la desconfianza y establecer la prioridad para el desarrollo que consigna el Informe Attalí. El nuevo mandatario participó en casi todas las marchas verdes del 2017-18, sin buscar la primacía se quedó siempre entre la multitud y tuvo oportunidad de comprobar la profundidad del descontento frente a las instituciones estatales, particularmente por los niveles alcanzados por la corrupción y la impunidad. De ahí los compromisos consignados en sus lineamientos básicos y programa de gobierno.

            Un factor que puede contribuir a impulsar la recuperación es el hecho visible de que el nuevo gobierno agotará por lo menos su primer año administrando la triple crisis de salubridad, económica y social, cuya dimensión todavía es impredecible, y que para mantener el apoyo poblacional tendrá que avanzar en las reformas del Estado, que en vez de costar aportan. Pero aunque el presidente Abinader aparece firme en sus propósitos, no se percibe que los congresistas quieran hacer lo mismo, por ejemplo proscribiendo los barrilitos y repartos para concentrarse en sus funciones de legislar y fiscalizar los organismos del Estado. 

            Harían falta iniciativas legislativas para imponer austeridad en todas las instituciones estatales, incluyendo las autónomas y descentralizadas. En la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo duerme el sueño eterno el proyecto de reglamento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que procura poner límite al desbordamiento de sueldos, compensaciones, bonificaciones y pensiones en múltiples instituciones, incluyendo  autónomas y semiautónomas, promulgada hace 7 años, después de una década de estudios.      

El triste lamento de Danilo

             Todos los dirigentes políticos deberían escuchar con suma atención el triste lamento expresado esta semana por el expresidente Danilo Medina en una reunión con legisladores de su partido, que se escucha en una grabación filtrada a los medios de comunicación, donde pedía a todos que revisaran por qué la población no votó por ellos en los comicios de este año. Se quejó de que los peledeístas ya no se movían sin dinero de por medio, en la campaña electoral más cara de la historia del país. Que familias hasta a familias  con 4 miembros cobrando en el gobierno había que rogarles para que hicieran el trabajo político y que la población los observaba de lejos. 

            Por supuesto que Medina no asumió su responsabilidad en la derrota, por su insaciable ambición de poder que lo llevó a secuestrar las instituciones de su partido para imponer su absoluta voluntad pasando por encima de todos los dirigentes o manipulándolos con los recursos del Estado. Pero en su lamento hay un reconocimiento de que el PLD devino en un partido que no merecía la confianza de la sociedad.

            Ya la había previsto Temístocles Montás, uno de los más preclaros fundadores del PLD, en artículo publicado en HOY el 17 de enero del 2019, al describir una triple crisis que anquilosaba su partido. La primera orgánica, originada en las ambiciones que producían divisiones profundas que parecían irreconciliables, como se demostró meses más tarde. “La segunda es una crisis moral, por el predominio de los intereses personales por encima de los del partido” que condujeron a la adulteración de la democracia interna. Y también una crisis ideológica por la pérdida de la brújula de que los dotó su fundador, Juan Bosch.

            Temístocles concluía prediciendo el desastre: “Muchos dirigentes de nuestro partido han reducido el ejercicio de la política a un proyecto de Poder, pero sin tener claro un proyecto de sociedad. En áreas del Poder hemos terminado justificando lo que sea, se ha caído en el cinismo, el partido ha devenido en una aglomeración de personas sin preparación política e ideológica, que se mueven por un empleo en el gobierno. Se les ha dicho adiós a las ideas políticas”. Palabras que deben ponderar antes que sea tarde los dirigentes del PRM.- 

El PLD va a su Congreso sin claro liderazgo y acosado por la fuerte atracción de Leonel

by Juan Bolívar Diaz Santana

El mayor partido opositor enfrenta el desafío de renovar sus anquilosados organismos sin hacer una catarsis sobre su corrupción y dependiendo de la eficacia de las autoridades para documentarla y obtener las condenas demandadas por la sociedad.

Por Juan Bolívar Díaz

La incertidumbre es el signo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que enfrentaría por primera vez un congreso renovador de sus dirigentes sin un líder que lo unifique, y sin haber hecho una catarsis sobre su desguañangue en un ejercicio gubernamental que llegó a controlar casi absolutamente el Estado y gran parte de los organismos sociales.

El ahora principal partido de oposición está amenazado por el polo de atracción que representa su exlíder Leonel Fernández, mientras se teme que pasen factura los dirigentes relegados por el expresidente Danilo Medina cuando impuso la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, quien no pudo levantar vuelo ni para competir por el liderazgo del partido.

El desafío de su Congreso

La reunión del Comité Político del PLD del pasado domingo ratificó la convocatoria de su IX Congreso con el propósito de renovar sus dirigentes, tanto del Comité Ejecutivo Nacional como del Comité Político y los organismos intermedios, anquilosados durante los últimos 16 años que estuvo en el gobierno, con un poder tan absoluto que para muchos era insuperable hasta las aplastantes derrotas tanto en las elecciones municipales de marzo como en las presidenciales de julio.

El desafío no es poco para una organización que durante casi dos décadas mantuvo los mismos dirigentes nacionales, incluyendo presidente y secretario general, y que apenas realizó ampliaciones de la matrícula de sus organismos superiores, constituido en refugio de una casta de dirigentes que se llegaron a sentir por encima de la sociedad y proclamaban que el poder era para utilizarlo, que no se cedía y que se imponía por encima de todo.

La otra maquinaria disciplinada por el genio del profesor Juan Bosch devino en una corporación con dirigencia inamovible y la ambición de poder terminó por dividirla profundamente, con la partida en octubre, tras una traumática convención electiva, de Leonel Fernández, quien encarnó el mayor liderazgo tras el final del fundador, y que condujo a los peledeístas al disfrute del poder durante sus primeros tres períodos de gobierno.

El congreso que está programado para iniciarse con el próximo mes de octubre y culminar con el año, enfrenta el desafío de la renovación, sin el liderazgo y el arbitraje que encarnó Bosch y sin la fuerza de moderación que se derivaba del poder ejercido por tres períodos presidenciales de Leonel  y los últimos dos de Danilo Medina, en virtud de la “repartición de los cobrecitos” y un presidencialismo cada vez más pronunciado, pero que no pudo evitar la división.

¿Podrá Danilo sobrevivir?

La primera interrogante sobre el próximo congreso peledeísta gira en torno a si el expresidente Medina podrá retener el poder que ejerció casi omnímodamente en la organización durante sus ocho años de gobierno, tras sus fracasos políticos del último cuatrienio, al intentar una segunda reelección consecutiva, al haber impuesto un candidato presidencial sacado del bolsillo a costa de la división del partido y por el fracaso en las elecciones generales, tras asumir que él las ganaría, aún sin ser candidato.

El principal hándicap de Medina es que ha quedado con una prohibición constitucional de volver a ser candidato presidencial, tras agotar los dos períodos de orden constitucional, y no se vislumbra posibilidad de que pueda cambiarlo para el próximo torneo electoral, dado que necesitaría dos terceras partes del actual Congreso Nacional.

Medina es  un gran trabajador de la política, armador de juegos, pero carece del carisma necesario para entusiasmar a sus partidarios. Su liderazgo de los últimos años estaba fundamentado en el poder del Presidente de la República, repartidor de favores que llevó a extremos el clientelismo y la corrupción de sus partidarios, perfeccionando los mecanismos de cooptación del liderazgo social iniciado en los períodos de su antecesor Fernández.

El infortunio de Medina fue tan grande que su delfín Gonzalo Castillo, fue incapaz de levantar vuelo para ser una real opción presidencial, pero ni siquiera para quedar con posibilidad de disputar ahora el liderazgo del PLD, pues ha quedado con más enemigos dentro del partido, donde lo consideran un impostor, que en el resto de la sociedad, donde se le percibe con piedad, al considerarse que “fue un invento de Danilo”.    .         

Varias facturas pendientes

Danilo Medina tiene varias facturas pendientes de quienes dentro de su partido se sintieron “traicionados” o por lo menos relegados en la carrera por la candidatura presidencial, a quienes había incentivado a buscarla sobre la base de que él no aspiraría a un tercer período consecutivo. Varios de ellos corrieron durante par de años con las riendas tensas, dándose cuenta del doble juego del mandatario, que siguió pretendiendo continuar.

Pero fue peor cuando en julio del 2019 a Medina se le cerraron las posibilidades de la segunda reforma constitucional y entonces se sacó de la manga la precandidatura de Gonzalo Castillo, y la impuso por encima de los que llevaban años persiguiéndola, para lo cual utilizó todo el poder del Estado, nombrando promotores a los ministros y altos funcionarios y forzando el retiro de varios aspirantes con viejos méritos partidistas. Luego selló la división del PLD y su salida del poder, al extender la votación por varias horas, cuando los cómputos de la elección primaria otorgaban la candidatura presidencial al expresidente Fernández.

Por lo menos el secretario general Reinaldo Pared Pérez, con influyentes hermanos, y otros dos precandidatos, Carlos Amarante Baret, y Manuel Crespo expresaron públicamente su indignación por el abuso del Estado en la campaña interna. Pared dejó por escrito que “se han violado todas las normas de equidad y justicia”. Amarante: “se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar”. Otro de los influyentes, Temístocles Montás, que con Leonel y Danilo constituía una trilogía de herederos de Bosch, se conformó con que le dieran la presidencia del PLD, mientras Francisco Domínguez Brito guardaba discreto silencio. Ninguno de ellos puso entusiasmo por la candidatura de Gonzalo y se cree que no apostarán por el liderazgo de un Danilo Medina, a no ser que esperen heredarlo de dedo.        

El polo de Leonel Fernández

El futuro del PLD está signado por el polo de atracción que representa en sus militantes medios y de bases el expresidente Fernández, que los llevó al poder por los primeros tres períodos y los prolongó por otros dos al imponer en el 2012 a Danilo Medina utilizando todo el poder del Estado, con un déficit fiscal de todo el Estado ese año del 8% , y más de 150 mil millones de pesos sólo del gobierno central.

Leonel con su nuevo partido Fuerza del Pueblo (FP) sigue atrayendo dirigentes medios y de las bases del PLD, y casi todas las semanas recibe desertores, en la última juramentó a 20 presidentes de comité intermedios capitalinos, y al recuperar dos de los senadores del PLD electos, desplazó a este como segunda fuerza senatorial. Con la ventaja de que no tiene impedimento para optar por la candidatura presidencial en el 2024 y podría incubar una posibilidad de relevar al debutante Partido Revolucionario Moderno.

El líder de la FP tiene otra ventaja: que aunque fue impulsor de la degeneración del peledeísmo histórico, que Temístocles Montás documentó el 19 de enero del 2019 en crisis orgánica, moral e ideológica, quedó superado por los escándalos de la gestión de Danilo Medina, ahora primera opción para pagar las desproporciones del poder y sancionar la corrupción. Hasta tácticamente habría que concentrarse en los últimos dos períodos.  

Necesidad de una catarsis

Para cualquier analista es obvio que el PLD necesitaría una profunda catarsis primero para regenerarse internamente y escoger nuevo liderazgo, dejando atrás una legión de momias políticas, y segundo para recuperar crédito ante la sociedad. Ninguna de las dos resultarán fáciles después que durante años fue aniquilada toda criticidad y dependerá en gran medida de la capacidad de las nuevas autoridades para documentar  y sancionar la enorme corrupción denunciada.

Podría ser contraproducente el desafío del presidente del PLD, Temístocles Montás, para que las nuevas autoridades procesen sus denuncias de corrupción,  por lo que ya el líder de Alianza País, Guillermo Moreno, le recordó que él fue el único de los vinculados a los sobornos de Odebrecht que admitió, y por escrito, que había recibido financiamiento del agente de la constructora brasileña, Angel Rondón, para tres campañas electorales.

El desafío o la arrogancia son contraproducentes cuando hay tantos escándalos que pueden ser fácilmente documentados, por ejemplo el que ya fue tramitado el jueves al Ministerio Público, de los 1os 11 mil 500 millones de pesos en contratos para comprar asfalto repartidos nada menos que por Gonzalo Castillo, meses antes de asumir la candidatura presidencial peledeísta. Más imprudente porque la periodista Alicia Ortega  pudo documentar que violó la ley de Compras y Contrataciones, y José Rijo que se saltó la ley de presupuesto gastando diez veces lo establecido, y porque no resulta difícil rastrear los beneficiarios para encontrar vinculados. Tampoco será difícil demandar a Odebrecht que identifique los 28 seudónimos de los que, según documentó el consorcio internacional de periodistas de investigación, recibieron sobornos por 39 millones de dólares para la contratación de las plantas de Punta Catalina y otras obras del gobierno de Medina. La transnacional está obligada a identificarlos, por el acuerdo de lenidad de que fue beneficiaria. Y hay muchos casos más que originarían procesos judiciales con bastante fundamento.

Las nuevas autoridades no deberán inventar persecuciones ni apresurarse para caer en el vacío, pero están compelidas por la inmensa y sostenida demanda nacional, en gran medida generadora del cambio político de este año, de sanción a los que colocaron al país entre los líderes mundiales en corrupción y malversación, con decenas de denuncias públicas y según informes tan autorizados como los del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y los de Transparencia Internacional.-     

El Gobierno de Abinader entre el diálogo, la coherencia y la demanda de justicia

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Coherente con sus planteamientos programáticos, el presidente Abinader dialoga con todos los sectores, privilegiando la crisis sanitaria y económica, y plantea una JCE apartidista, mientras reitera que no habrá borrón y cuenta nueva con la corrupción

Al agotar su tercera semana de gestión el presidente Luis Abinader afianza la característica consultiva de su gobierno, especialmente para enfrentar la triple crisis de salubridad, económica y social, mientras ratifica su compromiso de no politizar los organismos de control del Estado, incluyendo a la Junta Central Electoral (JCE).

Al mismo tiempo, el mandatario insiste en que no auspiciará una política de borrón y cuenta nueva frente a los actos de corrupción, consciente de que la eficiencia de la justicia, como la reestructuración del Estado son fundamentales para la recuperación de la confianza en las instituciones nacionales y para mantener firme apoyo en circunstancias tan adversas.

Consultar y rendir cuentas
El presidente Luis Abinader profundizó esta semana el carácter dialogante de su gobierno con sus visitas a los principales líderes de los partidos de oposición, encabezada por los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Alianza País, las cuales tuvieron unánime apoyo de la opinión pública. Ya antes había hecho lo mismo con el Colegio Médico Dominicano y el Consejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde fue a llevar asistencia financiera para que pueda enfrentar las necesidades derivadas de la pandemia.

El nuevo mandatario ha dicho repetidas veces que realizará una gestión abierta a la consulta de los sectores organizados y de la ciudadanía y que también rendirá cuentas y responderá los cuestionamientos. En esta dirección se inscribieron los dos encuentros de total apertura realizados la semana anterior con directores de periódicos y de medios televisivos y radiofónicos, a los que prometió reuniones periódicas.

Abinader deja atrás una de las características de los gobiernos de sus antecesores Danilo Medina y Leonel Fernández, que no respondían cuestionamientos y evadían sistemáticamente los encuentros y preguntas de los medios informativos. Sus consultas se limitaron al alto empresariado y, ante la pandemia, Medina ni siquiera incluyó a los gremios de la salud.

Irónicamente, los dos ex presidentes, Medina y Fernández, fueron de los primeros consultados por Abinader, quienes expresaron respaldo a las disposiciones hasta ahora adoptadas contra el covid-19 y prometieron colaboración dentro de su responsabilidad crítica de opositores. Guillermo Moreno y Minou Tavárez Mirabal, de Alianza País también mostraron satisfacción por la apertura.

Siguen las incertidumbres
Dos semanas y media es muy poco tiempo para cualquier gestión, pero el nuevo gobierno ha proclamado como prioridad absoluta la lucha contra el covid-19 consciente no solo de su estragos sobre la salud, con casi 100 mil contagios y superando las 1,800 víctimas mortales, sino del incierto panorama económico y social, con cerca de un millón de nuevos desempleados definitivos y suspendidos.

La pandemia ha seguido expandiéndose, mientras las nuevas autoridades de salud agotaron sus primeros días buscando insumos para las pruebas requeridas, autorizando nuevos laboratorios para su procesamiento y recuperando el Laboratorio Nacional, que encontraron atascado por una demanda muy superior a su capacidad. Por igual declararon prioritaria la contratación de un millar de médicos y mil 500 enfermeras para suplir las necesidades de personal sanitario, afectado por cientos de contagios.

La aprobación de otro presupuesto suplementario por más de 200 mil millones de pesos adicionales, que aproxima el déficit fiscal a los 500 mil millones de pesos, ha sido otra de las duras tareas del naciente régimen, que todavía no tiene certeza de dónde conseguirá financiamiento. Mientas el Banco Central sinceraba el drama nacional al revelar que en el primer semestre del año la economía cayó 8.5%, después de años creciendo sobre 5%, más preocupante porque la parálisis económica comenzó a mediados del tercer mes del año.

Una JCE independiente

La coherencia del presidente Abinader también se manifestó esta semana sobre la elección de los integrantes de la JCE, que debe ser renovada en noviembre, al reiterar su garantía de que será un órgano independiente, igual que el Ministerio Público y los organismos judiciales y de control. Lo trató con los expresidentes Fernández y Medina, a quienes se acusa de haber politizado todos esos órganos, con dirigentes partidarios, aunque en la última elección de la JCE y el Tribunal Electoral mejoró su composición. Fernández apoyó la escogencia de independientes.

Tras su reunión con Guillermo Moreno, Abinader declaró a la prensa que “nuestra posición es llevar a la Junta Central Electoral personas totalmente independientes de partidos políticos y es uno de los mensajes que llevamos, vamos a continuar con las relaciones bilaterales, y el compromiso del PRM es también la total independencia de la justicia”.

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, explicó que aunque en su partido hay profesionales con suficiente capacidad para esa tarea, buscarán “personas con plena autonomía”. Probablemente se refería al dirigente perremeísta Eddy Olivares, quien tuvo un firme desempeño en la JCE durante dos períodos bajo la presidencia del exdirigentepeledeísta Roberto Rosario. Se le atribuye capacidad y responsabilidad para actuar con imparcialidad por lo que ha sido propuesto para presidir el órgano rector.

Pero la elección de un dirigente del PRM, conllevaría la integración de representantes de otros partidos, en un reparto político que la restaría independencia, por lo que ya Participación Ciudadana reiteró su rechazo. El movimiento cívico, al igual que la Finjus y otras entidades de la sociedad civil han abogado durante años por la despolitización de los órganos de control estatal. No es que aspiren a ángeles custodios, pero que no sean dirigentes de partidos, con conflictos de intereses, y en la sociedad abundan personas con el perfil adecuado, más después que la ley electoral estableció que no serán exclusivamente abogados.

El PRM tiene que ayudar
Como es normal en un país donde los altos sueldos y pensiones públicas a menudo superan los del sector privado, un partido que llega al poder puede perderse cuando su dirigencia y militancia se lanza tras los cargos y reproduce la cultura política de que el poder es para sacarle beneficios. Al PRM le corresponde darle un firme y sistemático apoyo a los empeños de su presidente por reestructurar la administración estatal, eliminando organismos inoperantes y fundiendo otros redundantes, así como tumbando cientos de botellas, directores, subdirectores, subadministradores y vicecónsules y supuestos diplomáticos.

La limpieza de las nóminas no solo permitirá ahorrar miles de millones de pesos, sino también evitar que siga creciendo el dispendio, porque si mantienen los políticos y familiares de los anteriores gobernantes, estarían obligados a colocar los propios, por elemental equidad. Es igual que el borrón, que se reproduciría en nueva corrupción. Eso no significa que se barra con todos los anteriores, sino con las botellas, los que cobran sin trabajar, y que respeten a quienes tengan méritos, incluso si son dirigentes políticos.

Nadie puede presumir que se trata de tareas fáciles ni que no se cometerán injusticias, pero este gobierno tiene por delante un panorama tan complejo que obliga a racionalizar el gasto público para mantener el respaldo de quienes lo eligieron buscando un cambio significativo. Y para reunir autoridad moral para reclamar mayores contribuciones de quienes pueden y deben. Para ello es necesario que no se pretenda cambiar de botellas ni mantener gastos privilegiados. Tienen que dar ejemplo renunciando a los barrilitos, y a las nominillas y los sueldos desproporcionados.-

Las iniciativas del Congreso deben corresponderse con la triple crisis

by Juan Bolívar Diaz Santana

El gobierno del presidente Luis Abinader empieza concentrando su atención en la triple crisis, de salud, económica y social, y el Congreso bajo control de su partido está obligado a seguirle los pasos, evadiendo distracciones controversiales  

Por Juan Bolívar Díaz

Con mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene que planificar su accionar para que se corresponda con las iniciativas del Poder Ejecutivo, concentrado en la prioridad de enfrentar la expansión  del coronavirus y sus críticas derivaciones económicas y sociales.

Los gestores de todo el gobierno tendrán que tener en cuenta las altas expectativas creadas en una ciudadanía consciente, con preponderancia de la clase media, que otorgó el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo al Partido Revolucionario Moderno (PRM) bajo el compromiso del “cambio verdadero”.

Un discurso inspirador

La opinión pública acogió a unanimidad el discurso inaugural del presidente Luis Abinader Corona, inspirador por su llamado a la unidad nacional para enfrentar la triple crisis de salud, económica y social, por sus énfasis en las transformaciones del Estado y la manera de dirigirlo, por la energía con que expresó la urgencia de revocar la corrupción y la impunidad, con una Procuraduría General independiente, a la altura de las expectativas.

A punto de cumplirse la primera semana aún resuenan en la población los discursos de Abinader y del nuevo presidente del Senado, Eduardo Estrella, resaltando que ambos alcanzaron las mayores ovaciones de la Asamblea Nacional, con muy pocos invitados aparte  de los diplomáticos y delegados extranjeros, cuando se refirieron al compromiso de preservar los bienes oficiales, sancionar la corrupción pasada o futura,  y rescatar las instituciones democráticas, con un gobierno transparente y en disposición de consultar y rendir cuentas.

Como era de esperarse por la crisis de salubridad, que conllevaba más de 1,400 fallecidos y de 84 mil contagiados, en plena expansión, el discurso y el inicio del gobierno han estado centrados en establecer una nueva estrategia para superarla en el menor tiempo posible,  reparar sus daños económicos y sociales y poder abordar reformas como las fiscales.

La primera semana no alcanzó para concluir las consultas y ponderaciones sobre la forma en que se iniciará el año escolar, pero sí para anunciar disposiciones contra el Covid-19, resaltando un incremento de 15 mil millones de pesos para la salubridad pública, la contratación de un millar de médicos adicionales, multiplicación de los laboratorios y las pruebas de detección del virus, la incorporación del Colegio Médico y de los ayuntamientos a las acciones gubernamentales y una próxima consulta a todo el liderazgo nacional, además de la extensión hasta diciembre de los programas sociales de emergencia. De esa forma respondió reclamos generalizados desde el inicio de la crisis.

Un gabinete brillante

            La designación de Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso como Procuradora General y Procuradora Adjunta, anunciada dos horas antes de la toma de posesión y las primeras juramentadas, fue la culminación de un gabinete caracterizado por la brillantez profesional y ética de casi todos los escogidos, aunque en un par de casos no parecían con buena ubicación, lo que disgustó a quienes aspiran a la perfección y alentó a los deseosos de encontrar las pifias de un manager que empezó con muy alto promedio de bateo, de carreras empujadas y anotadas.

            Resaltan las cualidades gerenciales del economista y empresario Abinader, que ha dejado amplia iniciativa a sus altos ejecutivos para armar sus propios equipos, que en muchos casos han sido constituidos con los mejores profesionales, muchos sin militancia partidista, y otros provenientes de la sociedad civil organizada, con frecuencia jóvenes y en su mayoría personas de edad media sin previo ejercicio gubernamental.  

            La designación de dos o tres miembros de mismas familias despertó críticas de quienes aspiran a la perfección de un sistema político que ha perdido confianza en grado extremo, pero exageradas al considerar, por ejemplo, que la designación del bien preparado  nieto del expresidente Hipólito Mejía, Juan Garrigó Mejía, como viceministro de gestión social, constituye nepotismo porque se madre es la alcaldesa capitalina. Tampoco lo es la designación, también como viceministra, de la abogada Dilia Leticia Jorge, hija del expresidente Jorge Blanco, porque su hermano, alto dirigente del PRM Orlando Jorge, es Ministro de Medio Ambiente. En el pasado gobierno había familias enteras, hasta con diez cargos públicos, comenzando por la  del mismo presidente de la República. Hasta ahora no se conoce de algún familiar directo de Abinader designado en su administración.

Desfase en el Congreso

            Donde hubo claro desfase fue en la Cámara de Diputados, cuando en la primera jornada del nuevo gobierno, su presidente Alfredo Pacheco se despachó anunciando la próxima aprobación del proyecto de Código Penal, sin las tres excepciones a la penalización del aborto, que se discuten desde su presentación por el presidente Danilo Medina en el 2016.         

Fue un error político comenzar poniendo sobre el tapete un proyecto tan polémico, que divide a la sociedad y distrae la atención al debut del gobierno y sus urgentes prioridades, más aún bajo el argumento de que sobre el tema no hubo consenso en las comisiones que lo consideraron en el pasado Congreso, justamente cuando iniciaba uno nuevo, y ahora bajo otro predominio político, precisamente del enunciante.

El traspié de Pacheco ocasionó que de inmediato la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, que agrupa 80 instituciones, especialmente de mujeres y el Foro Feminista le Salieran al frente, diciéndole que iba en dirección contraria a la “Resolución de la 19na. Sesión Ordinaria de la Dirección Ejecutiva del PRM, del 26 de julio de  2016, donde se aprobó apoyar las tres causales, que también están contenidas en el programa de gobierno”. Peor porque las mujeres no están satisfechas por su escasa participación en el nuevo gabinete. Al día siguiente Pacheco dio muestras de receptividad y enmendó el error, anunciando que el proyecto de Código Penal se va a una nueva comisión legislativa.

El desfase en el Senado fue la introducción de un proyecto de homenaje al expresidente Mejía, quien aún no anuncia su retiro de la actividad política, lo que pudiera ser válido en otras circunstancias, pero nada prioritario ante las grandes expectativas de cambio generadas por el presidente Abinader, que se definió como reformador del Estado.

Un gran reto del gobierno

            Tal vez por lo difícil que fue la ruta para poner fin al dominio peledeísta de  cuatro períodos consecutivos de gobierno y cinco de los últimos seis, las expectativas de cambio superan las reales posibilidades. Hay incluso quienes esperan transformaciones más allá del centrista programa del PRM y del mismo presidente Abinader. No es el caso del Centro Social Juan Montalvo, entidad promotora de derechos de los sacerdotes jesuitas, la que proclamó esta primera semana, que “el gobierno tiene el reto de no alejarse de los principales reclamos sociales”, sosteniendo que muchos electores votaron por un cambio, sobre todo hastiados de las desmesuras del gobierno del PLD.  . 

            La prestigiosa institución religiosa se refirió específicamente a la participación social, rendición de cuentas, eliminación de la corrupción y la impunidad, así como de las “bocinas en los medios de comunicación”, y particularmente al escándalo Odebrecht, estimándolo inconcluso, y a la independencia de la justicia, ya abonada por el presidente Abinader, que ha dado pasos también con el anuncio de eliminar organismos inoperantes y refundir duplicidades.  

            El Congreso está desafiado desde las instancias sociales, a eliminar sus programas de “asistencia social”, que no es facultad de los legisladores, los denominados barrilitos y cofrecitos, símbolo del clientelismo y la malversación. Eso debería ser de las primeras iniciativas de la mayoría perremeísta, después que el nuevo presidente del Senado, Eduardo Estrella, el funcionario electivo que alcanzó mayor proporción de votos con el respaldo de 16 partidos, anunció su decisión de renunciar a todos los privilegios del cargo. Los senadores reciben, en proporción a sus representados, hasta más de un millón de pesos mensuales, además del pago de hotel y de una oficina con cinco asistentes en la capital y otra con diez en las provincias, local y servicios, guardaespaldas, exoneraciones de vehículos y combustibles.

La herencia de cargos

            La Cámara de Diputados tiene ya una oportunidad para mandar señales de cambio, por la renuncia de tres de sus miembros recién electos, Nelson Arroyo, Olmedo Caba y Josefa Castillo, que dejaron sus curules para dirigir los Institutos de Telecomunicaciones, y Recursos Hidráulicos, así como la Superintendencia de Seguros. Se discute públicamente el rumor de que querrían continuar el frecuente nepotismo de dejar en herencia a cónyuges o hijos las curules, cuando lo democrático sería escoger los del propio partido que les siguieron en votación en sus  jurisdicciones.

            Desde la barrida electoral del 5 de julio se ha dicho que mientras contiene y revierte la crisis sanitaria y sus secuelas de graves precariedades económicas, el descomunal incremento del desempleo y la pobreza, el nuevo gobierno tendrá que afianzarse en las reformas del Estado, en la fortaleza de la institucionalidad democrática, el control de todo género de malversación, corrupción e  impunidad. El presidente Abinader es de los que lo ha planteado y comenzó a dar ejemplos que deben ser seguidos por su partido y particularmente por el Congreso Nacional, que por demás tiene muchos proyectos prioritarios pendientes. El mismo Pacheco señaló entre  ellos., el de Ley del Agua y Ley de Participación 
Social, los que en vez de dividir, unifican a la población.         

            No hay dudas de que el PRM está sometido a prueba, y si no comienza por las cosas que unifican al país, incluso pequeñas, y que suponen ahorro del escaso dinero público, será difícil que llegue a las grandes. Y no deben olvidar el origen de su poder, particularmente el apoyo de las clases medias y de los sectores ilustrados y grupos sociales que aspiran a un país mejor organizado, con menos desigualdades y de mayor decencia política y respeto por los electores.- 

Cambio político en las circunstancias más adversas de la historia nacional

by Juan Bolívar Diaz Santana

Ascienden por primera vez a la presidencia y vicepresidencia dos hijos de la etapa democrática de la República, y se produce una gran renovación del Congreso Nacional, con mayor participación de los jóvenes, aunque con retroceso en las mujeres

Por Juan Bolívar Díaz

El Gobierno que se instalará mañana bajo la presidencia del economista Luis Abinader, enfrenta las circunstancias más adversas para el inicio de una gestión en la historia de la República, con un horizonte incierto por el avance del coronavirus, cuyas consecuencias económicas y sociales aún no pueden cuantificarse.

 Como siempre prevalece la ilusión del cambio para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y una mayor equidad económico-social para reducir la desigualdad y la pobreza,  lo que obligaría a las nuevas autoridades a una gran reingeniería del Estado para mantener la confianza de la población, mientras se supera la crisis de salud.

Indicadores de cambio 

Luis Abinader y la coalición de partidos y grupos sociales encabezada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganaron mayoría en las elecciones municipales y luego en las presidenciales y congresuales, bajo la consigna de que “ha llegado la hora del cambio verdadero”, aludiendo a las ocasiones anteriores en que las promesas reivindicativas quedaron en el olvido. Despojándose de la desconfianza en el sistema político que diagnostican las encuestas, gran parte de .la ciudadanía se acogió a la ilusión del cambio.

Esta vez la renovación no será sólo del Poder Ejecutivo, sino también del legislativo, ya que la matrícula total del Congreso Nacional, de 222 miembros, 32 senadores y 190 diputados, se renueva en 60%, con la salida de 134. Un estudio comparativo del Observatorio Político Dominicano, de Funglode, establece que 131 de ellos han tenido entre 10 y 38 años como legisladores. De los senadores 29 serán debutantes,  equivalentes al 91%,  y 105 de los 190 diputados, para un 55%.

 Por rangos de edad, la matrícula legislativa se rejuvenece, ahora con promedio de 51 años, 3 menos que en la legislatura que concluye. La participación juvenil alcanza mayor proporción en la Cámara de Diputados, donde habrá 19 legisladores entre 25 años, la edad mínima para esa representación, y 30 años. Y 35 tendrán menos de 40 años. Es relevante que la más joven, Olfanny Méndez, de 26 años, ha sido nominada para vicepresidente de la cámara baja, representando la provincia de Bahoruco, del suroeste, una de las más pobres.

La representación juvenil queda muy por encima del 10%,  la cuota mínima de ley, pero no así la de las mujeres, que aunque pasan de 3 a 4 en el Senado, retroceden de 56 a 52 curules en la Cámara de Diputados, 25 % del total de legisladores,  cuando la ley establece una cuota mínima de postulaciones del 40%.

Luis Abinader y Raquel Peña

El presidente Luis Abinader y la Vicepresidenta Raquel Peña, son los primeros nacidos en la etapa democrática iniciada con la decapitación de la tiranía de Trujillo que acceden a esas posiciones en el país, e incluso ambos después de la Revolución Constitucionalista de 1965. El nació en julio de 1967 y ella le antecedió 10 meses, en septiembre del 1966. El en Santo Domingo y ella en Santiago, pero ambos de ancestros cibaeños, y él además de libaneses. Será apenas el octavo presidente fruto de elecciones tras los 32 años del trujillismo. En promedio los 7 anteriores han gobernado por más de 8 años, Balaguer 22, Leonel 12 y Danilo 8, los tres perredeístas, Guzmán, Jorge blanco e Hipólito Mejía, sólo 4 años.    

 Los dos son destacados profesionales, él de la economía y ella de administración, empresarios y con experiencia gerencial en el sector privado, pero ninguno ha desempeñado cargos en el Estado. El se graduó de economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y realizó estudios de postgrado en tres universidades de Estados Unidos, incluyendo la de Harvard. Ella con licenciatura en Administración de Empresas, de la Universidad Católica Madre y Maestra, donde era vicerrectora administrativa al ser escogida para la candidatura. Tiene un máster en Administración de la Universidad de Quebec.

 A diferencia de la vicepresidenta, que no había tenido experiencia política, Luis Abinader la ejerció junto a su padre, y dirigió su campaña electoral cuando ganó la senaduría de Santiago en 1998. Rafael Abinader no sólo fue senador, sino también ministro de Finanzas en los gobiernos de Guzmán y de Hipólito, del Partido Revolucionario Dominicano. Luis Abinader fue candidato vicepresidencial en la boleta que encabezó Hipólito para el 2012, cuando quedaron en 47%. Hace 4 años debutó con la candidatura presidencial del entonces nuevo PRM, alcanzando el 35% del sufragio.

En la peores circunstancias

Luis Abinader asume la Presidencia en las circunstancias más difíciles en que haya iniciado gobierno algunoen la historia de la República. Sólo es le puede comparar con el inicio del presidente Joaquín Balaguer en 1966, tras la revolución constitucionalista de 1965 que se extendió a guerra civil por la invasión militar de Estados Unidos. El ideólogo trujillista se juramentó todavía con el país ocupado por tropas de Estados Unidos y otros países.

Balaguer asumió con el país dividido y tratando de recuperarse del trauma de la guerra, pero en el resto del mundo no había crisis, y por su misma intervención y por razones de la guerra fría y la influencia de Cuba, Estados Unidos destinó amplia ayuda al gobierno dominicano, lo mismo que  otros países y los organismos internacionales. Ahora la pandemia sacude a esos mismos países y los gritos de auxilio son generalizados.  

Otro inicio difícil, pero tampoco comparable al escenario actual, fue el del segundo gobierno de Leonel Fernández en el 2004, tras la crisis originada por las quiebras bancarias que incrementaron la pobreza en más de un millón de personas. Pero lo peor ya había pasado, y las reformas financieras y ajustes orientados por el Fondo Monetario Internacional se habían iniciado casi un año antes. Por ejemplo, la devaluación del peso que había sobrepasado 56 por dólar, se había reducido a 42.   

Lo peor de la actualidad es que el gobierno hereda una triple crisis, la de la pandemia que sigue en incremento a 5 meses y medio, con el contagio de 85 mil personas y casi 1,400 fallecidos, con una gestión desastrosa, al extremo de que en ambos renglones el país casi duplica la totalidad de los afectados de las demás naciones de las Antillas Mayores, es decir, más que Cuba, Jamaica y Puerto Rico y Haití juntos. Con el agravante de que la persistente  expansión del Covid-19 no permite evaluar todavía la magnitud de la crisis económica que ya sufre el país, y mucho menos sus repercusiones sociales.

El compromiso del cambio

Es generalizada la preocupación de que en tan adversas circunstancias el nuevo gobierno no podrá satisfacer muchas  expectativas de cambio, temiéndose que le tomará por lo menos el primer año la tarea de recuperar la salud y restablecer los niveles de empleo y productividad, con decenas de miles de pequeñas y medianas empresas quebradas y las estimaciones de desempleo y pobreza superando cualquier  coyuntura anterior.

El presidente Abinader ha reconocido que vendrá a “administrar una crisis”, por lo que ha comenzado a avanzar una serie de disposiciones tendentes a regenerar el Estado, que incluirán la supresión de organismos inoperantes, fusión de muchos que representan duplicidades, y una batida a la malversación, la corrupción y la impunidad.

Se espera que en su discurso inaugural, el nuevo mandatario anunciará un ambicioso programa de reformas para sus primeros meses, privilegiando el combate a la pandemia y la plena reanudación de las actividades económicas. Con precariedades y la capacidad de financiamiento limitada por la paralización que ha reducido drásticamente los ingresos fiscales, el gobierno tendría que apelar a la máxima austeridad y reducción de gastos superfluos para invertir mejor los escasos recursos.

No podrá prescindir del financiamiento, pero con las limitaciones advertidas desde un  par de años antes de la pandemia, incluso por el FMI, de que la nación entraba en la antesala de la insostenibilidad fiscal. Esta semana el economista dominicano Apolinar veloz, hasta hace dos años funcionario del FMI y con sólida experiencia en evaluaciones de economías de otros países, sostuvo en el digital Acento que sería necesario buscarse el auxilio de ese organismo para una renegociación de la deuda, que entre externa e interna ya sumaría 52,635 millones de dólares, el 59% del PIB.

Recomendaciones del BID      

El nuevo gobierno podrá ampararse en recomendaciones como la formulada esta semana en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado Retos y Oportunidades Post Covid-19, del que dio cuenta HOY este viernes. Coincide con muchas de las formulaciones que ha presentado el nuevo presidente y su equipo económico.

 Se resume en políticas públicas para mayor eficiencia y reestructuración del gasto, para aumentar la inversión productiva, la reducción de pérdidas en el sector eléctrico y de “filtraciones” en los programas sociales, una reforma fiscal integral, que mejore la eficiencia, rediseñe impuestos, elimine exoneraciones y amplíe la base impositiva. Políticas públicas para reducir la desigualdad y la pobreza. Racionalización de la contratación y de la política salarial, fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera y rescatar el proyecto de  Ley de Responsabilidad Fiscal que lleva años en el Congreso.

Por lo que planteó en numerosas ocasiones el candidato Abinader,  su estrategia sería ganar confianza con la reforma del Estado y el fortalecimiento de la institucionalidad, con el control de la corrupción y la proscripción de la impunidad, para acumular fuerza moral que le permita afrontar las demandas de fondo, como una reforma fiscal integral que reclame mayores contribuciones a los sectores sociales privilegiados.

La etapa a iniciarse este 16 de  agosto, debería marcar la reformulación definitiva del Estado dominicano, y su concepción de botín político, dejando atrás el caudillismo y .las viejas prácticas trujillistas de autoritarismo, presidencialismo a ultranza, providencialismo, clientelismo político, y gobernanza para mantener satisfechos o tranquilos a los poderes fácticos. Los que salen del poder tras 20 años de gobierno, comenzaron planteando la “liberación nacional” y terminaron ratificando las peores tradiciones trujillistas-balagueristas.

Con fundadas expectativas

by Juan Bolívar Diaz Santana

 Por Juan Bolívar Díaz

Es una pena que las circunstancias por las que atraviesa el país y gran parte del mundo no sean propicias para la gran celebración que merece el cambio de gobierno que tendrá lugar el próximo domingo, cuando se instalará un nuevo Congreso Nacional y los ciudadanos Luis Abinader y Raquel Peña sean juramentados como presidente y vicepresidenta de la nación.

Hay muchas razones para celebrar, porque se trata de una gran renovación, no sólo del Poder Ejecutivo, con un gran equipo ministerial ya anunciado, sino también del Legislativo, en este último como hace muchos años no se producía, por ejemplo en el Senado donde apenas repiten 3 de sus 32 miembros, y es relevante que más de la mitad de los diputados serán debutantes y la mayoría jóvenes menores de 35 años, algo sin precedente. Positivo también que la primera mayoría ya ha nominada a la legisladora más joven, Olfanny Méndez de 26 años, como candidata a vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

Hay que lamentar que el avance no haya incluido a las mujeres, que por el contrario tienen una ligera reducción en la Cámara de diputados, con apenas un 27 por ciento, y en el Senado una más pero sólo 12.5 por ciento de la matrícula. En ambos casos lejos de la cuota mínima de candidaturas que es 40 por ciento, lo que obliga a minuciosa revisión.

Muchas expectativas se han tejido tras las victorias electorales de marzo y julio, especialmente por  haberse producido superando un inmenso abuso del poder estatal, de la manipulación de los programas sociales y un gasto desmedido de dinero público. Debe ser aleccionador que casi todos los senadores perdieran con todo y sus barrilitos, algunos casi con dos décadas enquistados en el Congreso, reeligiéndose a base de privilegios.

La obligada austeridad y moderación en la celebración del cambio es propicia para una profunda reflexión sobre el devenir de la nación, y para fundamentar las expectativas a la luz de la crisis de salubridad, con derivaciones económicas y sociales que aún no pueden documentarse en su magnitud, ya que todavía no se vislumbra el horizonte en la contención del coronavirus.

Con una realidad tan compleja y desfavorable, los cambios estructurales se hacen más difíciles porque la mayor parte de las energías gubernamentales se consumirán en reparar techos,  puertas y ventanas del edificio social, por lo menos en el primer año. Eso obligará a la indulgencia con las nuevas autoridades. Pero estas tendrán que revalidarse sostenidamente atendiendo a las demandas y compromisos que no requieren muchos recursos y que,  por el contrario, implicarán economía.

Tal es el caso de la supresión o fundición de  órganos inoperantes o redundantes, la reducción de una buena cantidad de botellas y botellones, la proscripción de la malversación, de todo género de corrupción, y de la impunidad. Hay casos relevantes pendientes de acción judicial, e imprescindibles auditorías que podrían terminar en expedientes del Ministerio Público. No se trata de montar un circo ni de saltarse los procedimientos, por lo que deberán prevalecer la documentación y la objetividad, dejando atrás la aparatosidad de los allanamientos para producir detenciones.

La agudización del desempleo y la pobreza deberían propiciar la aplicación de los límites establecidos en la ley de salarios del Estado, para eliminar enormes distorsiones, como esa de que muchos funcionarios ganan dos y tres veces lo que reciben el presidente de la República y sus ministros.

El presidente electo ha presentado unas credenciales muy bien recibidas por la opinión pública, incluyendo su compromiso de un Ministerio Público independiente, sendero por donde debe transitar toda la justicia, incluyendo organismos como la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo de inmediata renovación, o el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas para el año próximo.

El economista y empresario Luis Abinader ha prometido la revolución del imperio de la ley y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. También un nuevo modelo de desarrollo económico-social, con disposiciones para reducir la desigualdad, pero sobre todo una regeneración moral y ética de la sociedad, y ahí estarán las más fundadas expectativas.- .                   

Concentrada la configuración partidista; 20 de 27 partidos sin personalidad jurídica

by Juan Bolívar Diaz Santana

La Ley de Partidos del 2018 y una mayor bipolarización en las elecciones presidenciales del 5 de julio arrojan una drástica reducción de los partidos reconocidos y los dos más antiguos, PRD y PRSC, quedan como minoritarios

                                                   Por Juan Bolívar Díaz

   Las recientes elecciones generales producen una reconfiguración del partidarismo político, dejando apenas 7 partidos con personería jurídica, si se aplica el promedio en los tres niveles de votación, lo que implica que 20 perderían la personería jurídica y su derecho a la participación electoral, y 22 si fuere solo por el presidencial.

   El Partido Revolucionario Moderno (PRM), a 6 años de constituido,  emerge como mayor fuerza política, mientras los dos que dominaron el escenario de la segunda mitad del siglo pasado caen a la categoría de minoritarios, lo que implica que verán reducido drásticamente el subsidio estatal.                                                 

Debacle de los minoritarios

   Las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio arrojan una reconfiguración del partidarismo político nacional sin precedente, por la acentuación de la bipolarización del voto, pero más aún por la Ley de Partidos Políticos, 33-18 de agosto del 2018, que endureció las condiciones para mantener la vigencia de las organizaciones políticas. Su artículo 75 establece una nueva y primera causal de pérdida de la personería jurídica de los partidos, el no obtener por lo menos 1% de los votos válidos emitidos en la última elección nacional. La segunda causa es no alcanzar representación congresual o municipal. Antes de esa ley bastaba con ganar un regidor o director municipal para mantener la personería. Ahora son las dos condiciones a la vez.

   El cómputo final de los comicios de julio 5 indica que 20 de los 27 partidos participantes no alcanzaron el 1% en el promedio de votación de los niveles presidencial, senatorial y de diputados. Si se aplica sólo por el resultado presidencial serían 22 los excluidos, y sólo quedarían reconocidos el PRM, Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el nuevo Fuerza del Pueblo, que postuló a Leonel Fernández,  el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Reformista Social Cristiano (PRSC), que alcanzaron más del 1% tanto en el presidencial como en el promedio de las tres boletas. Alianza País (Al País) y Dominicanos por el Cambio, (DxC) quedaron en 0.96 y 0.77% en la boleta presidencial, pero en las otras dos lograron suficientes votos para promediar en las tres 1.37 y 1.05%, respectivamente. 

   Resalta que 12 partidos no alcanzaron siquiera el 0.50% del voto presidencial, y la mitad de esos ni siquiera llegó al 0.25. En el piso quedaron el Partido Demócrata Popular, con 0.10% y sólo con 0.8% son tres, los partidos Demócrata Institucional, Revolucionario Independiente, y el Nacional de Voluntad Ciudadana.

Una ley muy excluyente

   Los que pierden la personería jurídica ahora confrontan más dificultades para recuperarla, porque la nueva ley en su artículo 15.6 establece que para ser reconocido un partido tiene que presentar el aval del 2% de  los votos válidos emitidos en la última elección general, duplicando la proporción que se requería anteriormente. Como los votos válidos a nivel presidencial fueron 4 millones 103 mil, el 2% serían 82 mil  ciudadanos, cuando 12 partidos no alcanzaron ni 20 mil votos en julio, y 6 por debajo de 10 mil.

   La ley es tan severa que ahora se daría la contradicción de que 6 partidos que obtuvieron representación en la Cámara de Diputados, gracias a sus alianzas, y otro que consiguió un senador, el Bloque Institucional Social Demócrata, perderían la personería jurídica al no registrar el 1% de los votos válidos, ni en el nivel presidencial ni en el promedio de los tres. Los seis son los partidos  Humanista Dominicano, Revolucionario Social Demócrata, Frente Amplio, Popular Cristiano, Liberal Reformista y Cívico Renovador.

   Ya algunos de esos partidos han anunciado su disposición de recurrir ante el Tribunal Constitucional para que haga prevalecer la personería jurídica a todos los que tengan representación en el Congreso Nacional por mandato de los electores. 

La mayor bipolarización entre el PRM y el PLD, por lo menos en relación a las elecciones presidenciales del 2016, es de los factores que reconfiguran el cuadro  partidista. Esos dos totalizaron 81.67% del voto válido, mientras 4 años antes fue 77.04, entonces con participación de 26 partidos.

Se hunden los más viejos

   Es relevante que los dos partidos más antiguos, el PRD, desde 1939 con 81 años, y el PRSC, desde 1964, con 56, que se disputaron el poder político por décadas, perdieron la categoría de “mayoritarios”, al haber quedado con votación menor al 5% tanto en la presidencial como en el promedio. En la presidencial con 2.38 y 1.60%, y en el promedio de los tres niveles 3.59 y 2.95%, respectivamente.

   Estos dos partidos salen de la franja privilegiada del 80% del subsidio estatal que el artículo 61 de la Ley de Partidos ordena distribuir en partes iguales entre los que hayan obtenido más del 5% de los votos válidos en la última elección general. En el 2016 el PRD consiguió el 5.86 y el PRSC 5.62%. Para este 2020 el subsidio era de 1.610 millones de pesos, y el 80% 1,288 millones que entre 4 daba a 322 millones de pesos. Como el 20%, equivalente a 320 millones de pesos, se distribuía entre 22 partidos, en promedio les tocaba 14 millones 500 mil a cada uno de los “minoritarios”. Es decir que estos recibían 22 veces menos.   

   El PRD cayó abruptamente de una votación presidencial del 42% en el 2012, al 5.86 en 2016, tras la división provocada por la expulsión de  dirigentes como el expresidente Hipólito Mejía, quien acababa de obtener 47% del voto presidencial frente al 51% de Danilo Medina, lo que provocó la partida de muchos otros para constituir el PRM en el 2014. Pactando con el entonces presidente Leonel Fernández, el presidente del PRD, Miguel Vargas, consiguió el apoyo decidido del gobierno y de las cortes que controlaba, para  apropiarse del histórico partido,  pero quedó con una minoría.

 La decadencia del PRSC ha sido progresiva desde la salida del poder  de su caudillo Joaquín Balaguer, en 1996, quien gobernó 12 años consecutivos y después otros 10. Muerto el líder, el reformista ha aparecido como comodín aliándose indistintamente al PLD, al PRD, al PRM y este año al nuevo FP de Fernández. 

El gran salto del PRM

   A sólo 6 años de su constitución, el PRM es el partido que más rápido ha alcanzado la presidencia de la República, al alcanzar el 52.52%, incluyendo el 3.81% aportado por seis aliados, clave para superar la mayoría absoluta necesaria. Con ellos aseguró también la mayoría en ambas cámaras legislativas, y por igual en las elecciones municipales de marzo, con la mayoría de los municipios. Su votación presidencial propia se incrementó en 963 mil 138 votos, del 2016 al 20, al pasar de 1 millón 236,771 a 1 millón 998,407. Porcentualmente pasó de 26.82 a 48.70, para un incremento de 21.88 puntos.  

Por su parte el PLD perdió 17.25 puntos porcentuales, bajando de 50.22 a 32.97% de los votos válidos. Se redujo en 963 mil 138 sufragios, de 2 millones 315 mil 980 a 1 millón 352 mil 842. No sólo perdió la presidencia sino que colapsó en el Senado al caer de 30 a 6 escaños, incluyendo a sus aliados.

Debutando con su nuevo partido Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández alcanzó una votación para la presidencia por debajo de  lo que podía esperarse, víctima de la bipolarización, acentuada por el cansancio de la población y el miedo a una segunda vuelta en medio de la pandemia del Covid-19. Pero con 5.65% en el nivel presidencial y 5.17 en el promedio de los tres, logró quedar junto al PRM y el PLD  entre los “mayoritarios” con derecho a la franja privilegiada del subsidio estatal, vital para su potencial desarrollo. .   

De los partidos minoritarios más antiguos, los que quedaron peor situados en el voto presidencial fueron el PNVC y el PRI, ambos con sólo 0.08, y el PQDC, que obtuvo  0.32%. Otro con 0.08% fue el PDI, mientras la FNP quedaba en 0.20%.   

Reforma electoral integral

   A la luz del proceso electoral 2020, tanto la misión de observación electoral de la OEA, como la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, han demandado nuevas o reiteradas reformas electorales, que para esta última debe ser integral. Parten de las deficiencias, contradicciones e imprecisiones de las Leyes de Partido y del Régimen Electoral aprobadas en los últimos dos años. 

Una de las deficiencias del sistema de partidos está cifrada en las dificultades para que los emergentes puedan competir en un mercado sin reglas claras o normas que no se cumplen, tendiendo a eternizar la dominación de los establecidos. Se criticaba la desproporción de partidos, 27 reconocidos, la mayoría dependientes de alianzas, pero las nuevas normas van al extremo de la desaparición de tres cuartas partes, aún de varios con representación en el Congreso Nacional, lo que es casi un absurdo.            La realidad es que la configuración partidista pasó del minifundio al latifundio político, y con cerca de alambre de púa para que las nuevas opciones y las antiguas queden descalificadas. Aunque ya se plantean brechas para que al menos los 7 con representación congresual puedan saltar la verja y quedar en el sistema.-         

El informe de la OEA ratifica las criticas al sistema electoral e insiste en reformas

by Juan Bolívar Diaz Santana

La misión de Observación Electoral de la OEA coincidió con persistentes críticas a las campañas electorales, incluyendo el abuso del poder del Estado, la compra de votos y la inequidad y ratifica la necesidad de reformas para una mayor legitimidad democrática  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio no constituyeron un modelo democrático por los múltiples abusos del Estado y ausencia de reales regulaciones para garantizar la equidad, como se interpreta del informe preliminar de la misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA).

            El documento es el más crítico de las observaciones electorales de la OEA en las elecciones dominicanas de las últimas décadas, pero ha pasado casi desapercibido en medio de las preocupaciones por el coronavirus, aunque merece atención si se quiere mejorar el sistema electoral, incluyendo, las leyes de Partidos y del Régimen Electoral.     

El abuso del Estado

            El informe recoge muchas de las denuncias que  se formularon durante el recién pasado proceso electoral sobre inequidad y excesos gubernamentales para favorecer las candidaturas del partido oficialista, especialmente las derivadas de las medidas de emergencia y los subsidios sociales originados por el Covid-19, especificando que en la entrega de dádivas y ayudas sociales “pudo comprobar el activismo político de funcionarios públicos desde la figura presidencial hasta los cargos de rango municipal”. También observaron múltiples ejemplos de propaganda y comunicaciones políticas alusivas a los programas sociales de emergencia, por parte de la campaña del partido de gobierno”, y formulan recomendaciones que dejan atrás el lenguaje excesivamente diplomático de otras ocasiones.

            Indica que las medidas de distanciamiento social y toque de queda impuestas por la pandemia impactaron la campaña electoral y que la misión recibió reclamos de distintos actores políticos sobre discriminación en su aplicación. “A lo anterior, se sumó la protesta generalizada por parte de la oposición en torno a las asistencias sociales distribuidas por el gobierno en el marco de la pandemia, que en opinión de muchos actores políticos y sociales fueron instrumentalizadas con fines electorales por el binomio oficialista.

            La MOE/OEA critica también la ocurrencia de amenaza o promesas de empleos como método de campaña electoral, calificándola de atentatoria contra la dignidad de las personas. Reconoce la importancia de que las autoridades públicas atiendan las necesidades de la población ante las devastadoras consecuencias económicas que la pandemia genera en la mayoría de los países, pero “advierte que la institucionalidad democrática demanda una rigurosa separación entre el Estado y las organizaciones políticas, de forma que la ciudadanía pueda tener certeza de que su acceso a servicios públicos y a una red de bienestar no estará condicionado a lealtades partidarias”.

La eterna compra de votos

            Como en anteriores procesos electorales, la misión de la OEA concide con el movimiento cívico Partiipación Ciudadana y otros sectores en la denuncia de la compra de votos y de la propaganda en los recintos electorales en la jornada de votación. Dice que sus observadores “constataron compra de voto en las inmediaciones de los recintos electorales por parte de diversas fuerzas políticas. La Misión reitera de manera enfática que esta ha sido una práctica constante en los procesos electorales dominicanos, que no ha sido suficientemente combatida”. 

Agrega que la compra de votos y cédulas “no solo constituye un delito electoral bajo la legislación dominicana, sino que socava el Artículo 282 inciso 6, Artículo 283 inciso 10 y Artículo 285 inciso 4 de la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral. el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral”.  insiste en la importancia de que se adopten medidas contundentes para erradicar esta práctica, lo que es una responsabilidad compartida de las autoridades administrativas, policiales y judiciales, así como de los propios actores políticos y partidarios, y de la ciudadanía en general. 

La compra de votos y cédulas es práctica muy vieja en el sistema electoral. Fue comprobada por la observación de Participación Ciudadana en 30 % de los recintos de votación en las primarias de octubre, con registros menores hasta el 17% en las municipales y en las presidenciales y congresuales de este mes. Esta baja podría atribuirse a una campaña en las redes sociales y por parte de la Junta Central Electoral, aunque para nada ha mediado la policía electoral, ni la fiscalía especializada  para perseguir los delitos electorales. El delito ha sido ejecutado por diversos partidos pero también por candidatos a cargos congresuales y municipales, a veces en perjuicio de propios compañeros para buscar beneficios del voto preferencial por los diputados y ahora también para regidores.       

Sobre legislación electoral

            La MOE/OEA saluda la aprobación de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley Orgánica de Régimen Electoral, en los dos últimos años, pero indica que los recientes procesos electorales han puesto en evidencia la necesidad de realizar ajustes a la legislación, para suplir vacíos legales y clarificar algunas disposiciones. Insta a las autoridades, actores políticos y sociedad dominicana a no abandonar las tareas de reforma, a fin de continuar perfeccionando el sistema electoral y erradicar prácticas perniciosas que han persistido durante muchos años en el país.

Deploran que la legislación electoral no fue cumplida en aspectos fundamentales, desde el inicio de la campaña electoral antes del período legal, a la transparencia del gasto, que estuvo por completo ausente, indicando que incluso las ayudas sociales de partidos y candidatos deben ser consideradas como gasto de campaña electoral. Sostienen que no hubo una verdadera fiscalización del gasto de los partidos, que no identificaron los contribuyentes como manda la ley, denunciando la desigual disposición del subsidio estatal, concentrado excesivamente en grandes partidos y en los candidatos presidenciales.

Sobre la recién creada Procuraduría Especializada para persecución de los Delitos Electorales, el informe  sostiene que todos los actores entrevistados, incluida la propia fiscal electoral, señalaron que carece de los medios materiales, logísticos y de independencia organizacional para llevar adelante sus funciones.

El documento de la OEA no deja dudas de las limitaciones de las dos nuevas leyes que rigen el sistema electoral, de sus vaguedades  y de su falta de cumplimiento, lo que resalta una vez más la descomposición del sistema político nacional y la recurrencia a desconocer las leyes y normativas. Pocos insistieron en el cumplimiento de reformas que se discutieron durante dos décadas.  

Múltiples recomendaciones

            La MOE/OEA reconoce el esfuerzo de la Junta Central Electoral para organizar cuatro procesos electorales en menos de un año, incluyendo el fallido municipal de febrero, y le acredita algunos avances, pero también formula críticas a la tecnología, a los procesos organizativos y a la preparación del personal operativo de los colegios electorales, con las recomendaciones pertinentes.. 

“Subraya la vital importancia de otorgar estabilidad y previsibilidad al proceso, realizando un ejercicio de planificación rigurosa que contemple márgenes suficientes para emprender las campañas políticas bajo reglas definidas y claras. Preocupó especialmente que elementos fundamentales como el número de delegados acreditables ante cada colegio electoral y las condiciones para la votación de las personas que se encontraban en fila al cierre de la jornada, fueran objeto de controversia días antes de la elección. En cuestiones de democracia e institucionalidad electoral, los cambios de último momento no son buenos”, indica dl informe.

Propone garantizar una distribución más equitativa de la contribución económica estatal entre las organizaciones políticas, tanto entre partidos mayoritarios y minoritarios, como entre candidaturas presidenciales, congresuales y municipales, y entre hombres y mujeres. Hacer cumplir el inicio y término de la campaña electoral, utilizando el régimen de consecuencias establecido en la legislación vigente. Fortalecer la unidad de Control Financiero de la JCE e implementar un sistema de monitoreo de cuñas publicitarias en medios públicos y privados, con capacidad de documentar las tarifas aplicadas para hacer cumplir las disposiciones legales en la materia. 

Proponen una revisión de la legislación electoral “para suplir vacíos y clarificar disposiciones”, mayores esfuerzos para garantizar la participación y representación de las mujeres, indicando que fueron apenas el 12 por ciento de las candidaturas al Senado. 

Así mismo, dotar de mayores recursos al Tribunal Superior Electoral y establecerlo como única competencia para conocer de los conflictos electorales. La recurrencia al Tribunal Superior Administrativo para buscar amparo en materia electoral ha sido recurrente  desde la creación del TSE en la reforma constitucional del 2010, chocando frecuentemente con las facultades de este. 

Para ser tomadas en cuenta

El informe contiene muchas otras recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta, siendo lamentable que la gravedad de la crisis desatada por el Covid-19 no haya permitido que se le otorgue la atención debida. Ello podría determinar que como en otros procesos electorales, lo mismo que las recomendaciones formuladas por la observación electoral nacional de Participación Ciudadana, queden de nuevo en los archivos. Pero deberá ser aliento para cuantos abogan por una firme institucionalidad democrática.

Esta misión de la OEA fue presidida por el expresidente de Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle y estuvo constituida por 73 expertos de 18 nacionalidades. Por la pandemia sólo 57 estuvieron en el país, y 6 observaron las elecciones en Miami, Nueva York y Madrid. Por cierto que recogieron las quejas por las dificultades para votar en el exterior y la realidad de que muchos no pudieron votar por mo haber aparecido en los padrones.-     

Fracasó la estrategia contra el Covid y se requiere más que toque de queda

by Juan Bolívar Diaz Santana

La expansión del Covid-19 en el país nunca se ha detenido, porque el gobierno contaminó políticamente su combate, fracasó al no responder oportunamente a la demanda de atención y no quiso contar con el resto de la sociedad 

                                                 Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que se plantean nuevas políticas para intentar contener la expansión del Covid-19 primero que nada hay que admitir que se ha fracasado en su contención y buscar las causas para corregirlas como base de una nueva estrategia, que debe tener como principal instrumento la participación de toda la sociedad organizada.

No hay repunte ni rebrote, porque la curva de crecimiento nunca ha tenido inflexión, también es falso que ello se debiera a que la población no observó el toque de queda, ni tampoco a la campaña electoral que registró muy pocos actos de participación masiva. 

Incremento sostenido

 El análisis de las estadísticas contenidas en los boletines del Ministerio de Salud Pública y la curva gráfica mantenida en HOY indican que el Covid-19 ha tenido un crecimiento sostenido, sin la menor inflexión, que naturalmente aumentó cuando se reinició la reactivación de las actividades económicas, aunque dos semanas antes la población la inició por su cuenta. 

En la fase del estado de confinamiento de la población, por efecto del Estado de Emergencia decretado a partir del 19 de marzo, y que se extendió por tres meses, el Covid-19 mantuvo su incremento. Al 16 de mayo promediaba 208 contagios diarios, que un mes después se elevaron a 365, con aumento de 157 por día, equivalente al 75%. Los fallecimientos pasaron de 428 a 605, es decir 177 de promedio diario, 41% mayor.

Un cuadro anexo muestra cómo desde el 18 de mayo al 13 de julio continuó  sostenidamente la expansión del virus, en proporciones que no avalan atribuirlo a la campaña electoral, que apenas tuvo unos pocos actos masivos desde el sábado 27 de junio, cuando el presidente Danilo Medina salió en caravanas por varias ciudades, rompiendo la limitación de las congregación de personas que vencía con el estado de emergencia el 30 de ese mes. Su candidato desfiló entre multitudes sin mascarilla ni guantes.  Los opositores políticos apenas hicieron actos masivos los dos primeros días de julio, cuando terminó la campaña electoral.

Obsérvese que el porcentaje de incremento de contagios semanal del 13 de julio, fue casi igual que el 1 y el 22 de junio, y menor que el 15 de junio.  Lo mismo el aumento porcentual semanal de los fallecimientos fue igual el 13 de julio que el 1 y el 15 de junio.

Sobre el toque de queda

 Ahora que parece inminente el restablecimiento del toque de queda nocturno, conviene  advertir que la pandemia creció sostenidamente durante los 100 días que rigió entre marzo y junio, y que el número de detenidos por violarlo, según el reporte policial fue de 92 mil 159 personas, es decir 921 por día, que no alcanza siquiera al 0.1% de la población nacional, si la estimamos en 10.5 millones de personas.

Es una calumnia atribuirle a la población, como se ha hecho sin fundamento, la responsabilidad por el incremento de la pandemia, sobre la base de que no respetó el toque de queda nocturno. Es necesario entenderlo para no  cifrar demasiado esperanzas en su restablecimiento, si se evade el problema fundamental que son las actividades diurnas de subsistencia de los trabajadores informales, el 57% de los empleados, la mayoría de los cuales se buscan la alimentación día a día.

Sin duda que al reanudarse las actividades se acentuó la expansión, pero eso era previsible y la responsabilidad es de quienes no adoptaron las disposiciones necesarias para mitigarlo. Fue visible que desde dos semanas antes del inicio de la desescalada, los chiriperos se amontonaban en los mercados para luego salir a distribuir alimentos por todas las ciudades. Las calles se llenaron de automóviles y nadie impidió que se metieran hasta 6 personas en los carros de concho, y no guardaban distancia tampoco en minibuses ni en las paradas.            

Los medios informativos también documentaron gráficamente que ni en los repartos de alimentos y donativos del gobierno y su candidato presidencial se guardaba distancia ni se utilizaban mascarillas. Y cuando se entregaban los subsidios de las viejas tarjetas y los provocados por la emergencia, los beneficiarios saturaban los establecimientos comerciales sin que se hiciera esfuerzo por organizarlos.

La agonía de las pruebas   

La curva siempre ascendente de contagios y fallecimientos muestra un fracaso desde la fase inicial. Se desperdició la oportunidad de estrangular el virus durante los más de dos meses de confinamiento y los 100 días del toque de queda. Si las estadísticas de ese etapa no son más escandalosas es porque se hacían muy pocas pruebas, con promedio diario de 903 hasta el 16 de mayo, que ya el 15 de junio casi se habían duplicado a 1,917 y que en desde el 1 de julio promedia unas 2,400 por día.

 Las pocas pruebas no permitieron identificar con tiempo a miles de contagiados que por lo mismo, se convertían en vehículo de difusión. Y todavía esta semana, en el quinto mes del Covid-19, hay que esperar hasta 5 días para conseguir un laboratorio que las haga y oteros tanto para obtener los resultados. En estos días se anunció que pronto instalarán un laboratorio con capacidad para procesar otras 2 mil pruebas diariamente.

Por igual aún se escuchan quejas del personal sanitario por ausencia de equipos de protección para dar la asistencia. El personal del hospital Estrella Ureña de Santiago protagonizó esta semana una protesta para que no les manden contagiados, por temor a que afecten los pacientes allí recluidos por diversas causas, especialmente las parturientas, que es su principal especialidad.

Ya pasan del 80% las camas destinadas a pacientes del Covied-19 que están ocupadas, y todos los días se anuncia que habilitarán otras, mientras los hospitales están saturados por los que buscan asistencia por las enfermedades normales. Si antes de la pandemia estaban llenos, no debe ignorarse que después de la contención de meses, se hayan acumulado los reclamos de servicios de antiguos y nuevos enfermos de todo género, a los que se suman los del día a día.

Contaminaron la batalla     

Es fácil echar la culpa a la supuesta indisciplina de la población, desconociendo las características del empleo nacional y las condiciones de vida de la gente, cuando ni en muchos hospitales hay agua corriente y falla la electricidad, y gran parte de las viviendas son inhabitables a las temperaturas de estos meses, de hasta 32 grados centígrados. Pero la realidad es que las autoridades gubernamentales no escucharon la advertencia del director de la Organización Mundial de la Salud, de que evitaran politizar la pandemia, y contaminaron el campo de batalla.

Desde el comienzo vieron  el coronavirus como “una oportunidad para mejorar el posicionamiento de sus candidaturas” para las elecciones presidenciales y congresuales. Privilegiaron los negocios con licitaciones de horas y dos o tres días, otorgadas en muchos casos a empresas adhoc de vinculados y evadieron las compras directas que mandaba la emergencia, a empresas de zonas francas y de gobierno a gobierno. Ahí está el testimonio, ratificado esta semana por Teleantillas, del presidente de la Cámara de Comercio Dominico-China, Roberto Santana,  de que ni le respondieron una propuesta de buscar un acuerdo con el gobierno de China para traer cargueros con equipos, materiales  e insumos para combatir la pandemia.

Por demás, las autoridades fueron más eficientes en el reparto de ayudas, en subsidios y alimentos, que en la contención de la expansión del virus, esperando rentabilidad electoral inmediata, que no consiguieron. En el programa “quédate en casa” incluyeron 1 millón 500 mil, 866 mil en el subsidio a empleados suspendidos, y 200 mil trabajadores independientes, que totalizaron 2 millones 566 mil personas, un tercio de los empadronados para los comicios, y 44%  sumados los 700 mil asalariados del Estado.

Toda una nueva estrategia

Superado el desafío institucional de las elecciones y elegido un nuevo gobierno, es urgente establecer toda una nueva estrategia para contener el Covid-19, que ya casi cobra un millar de vidas y casi 50 mil contagiados. En esa dirección deberá ir el esfuerzo de los comisionados del presidente electo para coordinar la lucha contra la pandemia junto al equipo saliente, pues sería irresponsable esperar el mes que queda de transición.

Deberán suplir la mayor deficiencia que ha tenido la estrategia de combate, que es el involucramiento de toda la población en la batalla. Medina se negó a consensuar no sólo con las fuerzas políticas en finales de una campaña electoral, sino con el resto de la sociedad. Hay que incorporar los gremios profesionales y las entidades privadas del sector salud, a los ayuntamientos y las organizaciones comunitarias y juntas de vecinos.

Y desde luego, buscar donde sea y a la mayor brevedad, con el poder del Estado, y sin intermediarios, los equipos, medicamentos e insumos imprescindibles, en China y Rusia, donde hay disponibles, y hasta en España que finalmente parece haber parado la expansión del Covid-19. De nada servirán otros 45 días de emergencia, ni el toque de queda, si no se va a lo fundamental. Hay que reconocer que cada día parece más cuesta arriba la batalla, pero hay que desatar una nueva sinergia para ganarla.- .

¿Que por qué perdió el PLD?

by Juan Bolívar Diaz Santana

El PLD perdió las elecciones porque no resolvió uno solo de los grandes problemas nacionales en 20 años de gobierno, ni siquiera el del transporte donde hizo gran inversión, ni mejoró la educación su principal renglón en los últimos 8 años

Por Juan Bolívar Díaz

Ha sorprendido sobre manera percibir a respetados comentaristas y cientistas sociales expresando sorpresa de que el Partido de l liberación Dominicana (PLD) pudiera perder las elecciones, lo que implica una subestimación horrible de la inteligencia de la ciudadanía, y una sobreestimación del poder coercitivo del Estado y de las migajas que se dejan caer de la mesa de la abundancia y la corrupción.

Hay quienes atribuyen el resultado electoral simplemente a la división del partido convertido en corporación, dominante de casi todo el Estado y de una significativa parte de las entidades privadas y hasta del segmento integrante de la inteligencia nacional. Es obvio que la división contribuyó a la derrota, y que unificado el partido morado hubiera tenido un mejor desempeño, sin duda para provocar una segunda vuelta, pero igual sería vencido.

Desde que Danilo Medina secuestró el PLD, amparado en el poder estatal, para hacer lo que nunca se ha hecho en la nefasta historia del reeleccionismo, dos reformas constitucionales consecutivas para mantenerse en la presidencia, quedó pintado que la sociedad dominicana no lo iba a asimilar y que el PLD se iba del poder. Quedó escrito en nuestros análisis sabatinos de HOY.

Lo diagnosticamos desde que en mayo del 2018 un grupo destacado de profesionales y activistas sociales iniciamos el esfuerzo por unificar la oposición política bajo un programa mínimo que denominamos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional”, elaborado durante varios meses, sometido a consideración de grupos sociales en decenas de ciudades del país, Nueva York y Miami, hasta su proclamación en noviembre.

Desde enero del 2019 empezó el esfuerzo por convencer a los partidos de oposición de que nadie desplazaría por sí solo al PLD del poder, ni siquiera todos los partidos juntos, sin la incorporación de las amplios segmentos sociales que acababan de mostrar la fatiga nacional del PLD, cuando cientos de miles protagonizaron la Marcha Verde. Que este movimiento que sacudió el régimen en el 2017, estaba en declive a mitad del 2018, porque su gran diversidad le impedía prolongarse indefinidamente, pero sus energías flotaban en el aire.

La estrategia fundamental era capturar esas energías y convertirlas en fuerza electoral, lo que chocaba con los sueños revolucionarios de viejos izquierdistas que pretendieron que podrían trocarla en motor de una revolución. Salimos a buscar sus principales cabezas, tanto en la capital y Santiago como en las principales ciudades. Sólo una parte se incorporó activamente al proyecto político, pero la mayoría lo vio como una posibilidad de cambio.

Ya en febrero del año pasado logramos instalar una mesa de concertación a la que invitamos a todos los partidos de oposición. Desde el primer momento los precandidatos y líderes del PRM se enamoraron de la idea de constituir no sólo una gran alianza política, sino una coalición político-social, que generara sinergias suficientes para producir la avalancha que arrasaría con la vergüenza en que se había constituido el PLD.

Entre los más entusiastas estaba el PRSC, pero luego pidió “una pausa de reflexión” y no volvió. La Coalición quedó constituida con 7 partidos, sin lograr que se sumara Alianza País, aunque sensibilizada para luego acordar alianzas parciales en varias provincias, a lo que también concurrieron los partidos minoritarios que terminarían proclamando la candidatura de Leonel Fernández. Su recién constituida Fuerza del Pueblo participaría de las alianzas locales “para que el PLD no quedara con el control del Senado y frenara los cambios necesarios”.

Todos coincidieron en un protocolo para defender la institucionalidad democrática, firmado tres días antes de las frustradas elecciones municipales de febrero.

Firmados sus ”Lineamientos Básicos” el 23 de noviembre, la “coalición Democrática por el Cambio” impulsó la resistencia activa de toda la oposición a la reforma constitucional de Danilo, y protagonizó una manifestación unitaria ante el altar de la patria el 23 de febrero tras el aparatoso fracaso de la elección municipal. La avalancha siguió creciendo, impulsada por los jóvenes de la Plaza de la Bandera, entre los cuales se contaron los activistas de la Marcha Verde y de la coalición político-social.

El PLD perdió las elecciones porque no resolvió uno solo de los grandes problemas nacionales en 20 años de gobierno, ni siquiera el del transporte donde hizo gran inversión, ni mejoró la educación su principal renglón en los últimos 8 años, menos la salubridad, ni la energía. Porque se agravaron la inseguridad, la inmigración descontrolada, y sobre todo la corrupción y su descarada impunidad. La avalancha político social lo arrasó.-