Un Congreso Nacional demasiado caro cada senador sobre $27 millones anuales

Los barrilitos y cofrecitos son insostenibles en medio de la triple crisis de salud, económica y social, y los legisladores tienen privilegios autoconferidos, en violación de preceptos constitucionales, los senadores con seguros de vida y de salud internacional  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            En el proyecto de presupuesto para el 2021, bajo austeridad, el Congreso Nacional y la representación al Parlamento Centroamericano (Parlacen) se llevarán más de $7 mil 819 millones, un costo que mantiene el país como el cuarto de mayor gasto legislativo y con salarios y bonificaciones superiores a las de España, además de otros varios privilegios.

            Alguna vez la sociedad dominicana tendrá que reevaluar si su Poder Legislativo  no debería ser de una sola cámara como todos los países centroamericanos, pero en lo inmediato se impone derribar los barrilitos y cofrecitos asumidos ya como símbolos del ventajismo inconstitucional y antidemocrático, estimados en $691.6 millones para el 2021.

En el proyecto para el 2021    

            En el proyecto de presupuesto para el próximo año se consigna un total de $7819, 105,836 para el Congreso Nacional, de los cuales $5183, 326,712, están destinados a la Cámara de Diputados, y $2635, 779,124 para el Senado. Mecánicamente divididos entre los 210 diputados, incluyendo los 20 al Parlacén, estos saldrían a 24.6 millones de pesos anuales, y los 32 senadores a $82.3 millones.

            En las partidas de ambas cámaras aparece un capítulo denominada “contribuciones especiales”, por $461.003, 491 para el Senado, lo que arroja $ 14.4 millones para cada senador, y de $230, 612,789 para la cámara baja, que entre 190 diputados nacionales equivale a $1.2 millón. Se estima que estos son los montos destinados a “ayudas sociales”, popularmente denominados barrilitos y cofrecitos, instituidos sin base constitucional, porque esas actividades no están entre las funciones legislativas, que son legislar y fiscalizar.

            También se le resta legitimidad porque esos fondos se los han atribuido los mismos congresistas y en gran parte se manejan a discreción sobre todo de los presidentes de la Cámara, para que regalen en el Día de las Padres, los Reyes, Navidad e inicio del año escolar y hasta para atender solicitudes adicionales. En el Senado existe un “Manual de Beneficios Senatoriales” y sumas específicas para los barrilitos, atendiendo a la población provincial.       

            Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica, de México, indicó que en el 2005 la RD tenía el cuarto Congreso más caro entre 20 países de América Latina, en términos proporcionales, sólo superado por las tres mayores naciones de la región, Brasil, México y Argentina. Y el mismo año la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa estimó que el Congreso Nacional era el segundo peor en falta de transparencia. El Latinobarómetro registra los congresos entre las instituciones de menor crédito, 20%.

Alto costo de los senadores

            Con el Manual de Beneficios Senatoriales se pudo establecer que los senadores dominicanos reciben $6 millones 147 mil 200 anuales por sueldo, gastos de representación, combustibles, hospedajes, y dietas por asistir a sesiones y a comisiones. Para Navidad $1 millón 500 mil y otros $500 para Reyes. Tienen una asignación mensual de $690 mil, para pagar personal auxiliar y asesores, que por 13 implican $8 millones 970 mil anuales; en muchos casos los entregan a familiares y activistas políticos. Y con los barrilitos se agregan  en promedio otros $8 millones 316 mil para totalizar $25 millones 433 mil 200 anuales, o $2 millones 119 mil 434 mensuales.

            Pero su costo es todavía mayor, porque también les pagan seguro de vida y de salud, internacional que incluye a cónyuge, e hijos hasta 25 años de edad, y pueden disponer de hasta tres vehículos, con chofer y combustible. Y para más privilegios hay que sumarle las exoneraciones de dos vehículos por período de 4 años, que muchos han vendido,  lo que es ilegal, para que empresarios y nuevos ricos importen vehículos de lujo que pagarían millones de pesos de impuestos. Por todos estos renglones el costo por senador sobrepasaría los $27 millones anuales. En muchos casos disponen también de guardaespaldas.

            Los barrilitos no se cargan por igual, sino atendiendo a la proporción poblacional de la provincia: DN, Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, las mayores han estado recibiendo $1 millón 59 mil mensuales; las de menor población, Ocoa e Independencia, $609 mil; Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña 619 mil; las demás en ascenso hasta el millón. Hasta ahora se destinan al barrilito $22 millones 180 mil mensuales, que promedian $693 mil 125 entre 32 senadores. Pero Antonio Taveras Guzmán, de Santo Domingo, y Eduardo Estrella, de Santiago, lo rechazaron desde que asumieron la función en agosto. La del DN, Faride Raful, que en principio dijo que lo destinaría a pago de asesores, lo renunció esta semana, acogiendo la demanda generalizada.     

Más modestos los diputados

            Los ingresos de los diputados son mucho más modestos; entre sueldo, “compensación salarial”, gastos de representación y dieta reúnen $364 mil 443 al mes, para $4 millones 373 mil 315 anuales. Su costo se eleva porque la cámara les paga a cada uno, asistente legislativo,  secretaria, mensajero y chofer, sin que se haya podido precisar monto. 

            La asignación de los diputados para asistencialismo o clientelismo no es transparente como en los senadores, después que hace 5 años “la suprimieron”. En realidad quedó a discreción, con partidas para Navidad, Reyes, Día de las Madres, inicio del año escolar, y por solicitudes especiales. Si se parte de los $230 millones 612 mil presupuestados para 2021   en el renglón de “contribuciones especiales”, tocaría a cada diputado $1 millón 213 mil, lo que implica $101 mil 145 cada mes. Esa suma coincide con una confidencia de que se les permite solicitar hasta 100 mil pesos mensuales. También hay contribuciones adicionales en especie, por ejemplo en las cajas navideñas para repartir entre la clientela política y relacionados. 

            En los años recientes, los cofrecitos de los diputados podían ser surtidos generosamente cuando se necesitaba más su voto, incluso a los de oposición. Eso incluye los esfuerzos de los presidentes de la cámara baja por mantener “su popularidad” para ser reelectos.

El lujo de los diputados al Parlacen     

Los 20 diputados que representan el país en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) son en la práctica un premio de consolación para cuadros políticos que no alcanzan las candidaturas a las 190 curules del Congreso Nacional. No se eligen directamente, sino que se distribuyen en función de los votos obtenidos por los partidos. Es una representación simbólica, porque el Parlacen no tiene efectos vinculantes en ningún país.

Estos representantes reciben 2 mil dólares mensuales, cerca de 120 mil pesos. En la proyección de gastos para el 2021 tienen reservados $87 millones 427 mil 567, lo que dividido entre 20 arroja $4 millones 371 mil 378, entre 13 salarios un monto per cápita de $336 mil. La diferencia podría estar en los pasajes y gastos de viaje y seguros que se les paga. 

El Parlacen no aporta nada al país, aunque es una tribuna de interrelación con la dirección política de la región, lo que podría contribuir a una vinculación que ha llegado tardía para la RD, al igual que con los países de la Comunidad del Caribe, donde no ha logrado pasar de la categoría observador, siendo la mayor economía de la región caribeña.    

De iniquidad e inequidad

            Desde que se formalizó el actual esquema de barrilitos y cofrecitos, en la presidencia del Senado de Reinaldo Pared Pérez, en el 2004, la opinión pública los ha rechazado. Se supone que estaba llamado a sustituir la discreción de los repartos anteriores y que sería transparente el gasto, sujeto a rendición de cuentas. Pero eso no ha ocurrido.

            No hay duda de que se trata de un  subsidio para el clientelismo y el ventajismo de los legisladores, que en el caso de los senadores ha implicado el reparto de un promedio de $8.3 millones anuales, varios sobre 12 millones anuales, casi 50 millones de pesos en el período de 4 años. Eso les da una ventaja para competir hasta contra sus propios compañeros de partido, que a la hora de perseguir candidaturas no disfrutan del menor financiamiento público. Mucho más a quienes buscan sustituirlos desde otros partidos. Es lo que se llama inequidad. Pero también es una iniquidad auto conferirse parte del presupuesto nacional para beneficio político personal y para familiares y  relacionados. 

            A los barrilitos y otros financiamientos abusivos se atribuye, en parte, la estabilidad que tuvieron los senadores en las últimas dos décadas. En el 2010 el 84 por ciento de ellos, 27 de los 32, fueron reelectos, y por seis años. También el 74% de los diputados. En el 2016 se repitió casi en similares proporciones. Pera los comicios de este año el ventajismo fue barrido por la avalancha que sacó del poder al Partido de la Liberación Dominicana, que con sus aliados tenía 30, y ahora sólo tres del total están repitiendo.

            El clamor contra los barrilitos y cofrecitos de ha generalizado y en la opinión pública se les tiene como símbolo de oprobio. Muchos de los electos este año, que saben lo difícil que es competir con los beneficiarios de ese financiamiento inconstitucional, han perdido la memoria y ahora quieren mantenerlos. Pero con la grave crisis fiscal y económica, el clamor es tan fuerte que se preparan hasta paradas ante el Congreso y los partidos podrían verse forzados a intervenir. El desafío es mayor para los que ganaron las elecciones prometiendo un cambio político y ético.-    

El Gobierno de Abinader entre el diálogo, la coherencia y la demanda de justicia

Por Juan Bolívar Díaz

Coherente con sus planteamientos programáticos, el presidente Abinader dialoga con todos los sectores, privilegiando la crisis sanitaria y económica, y plantea una JCE apartidista, mientras reitera que no habrá borrón y cuenta nueva con la corrupción

Al agotar su tercera semana de gestión el presidente Luis Abinader afianza la característica consultiva de su gobierno, especialmente para enfrentar la triple crisis de salubridad, económica y social, mientras ratifica su compromiso de no politizar los organismos de control del Estado, incluyendo a la Junta Central Electoral (JCE).

Al mismo tiempo, el mandatario insiste en que no auspiciará una política de borrón y cuenta nueva frente a los actos de corrupción, consciente de que la eficiencia de la justicia, como la reestructuración del Estado son fundamentales para la recuperación de la confianza en las instituciones nacionales y para mantener firme apoyo en circunstancias tan adversas.

Consultar y rendir cuentas
El presidente Luis Abinader profundizó esta semana el carácter dialogante de su gobierno con sus visitas a los principales líderes de los partidos de oposición, encabezada por los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Alianza País, las cuales tuvieron unánime apoyo de la opinión pública. Ya antes había hecho lo mismo con el Colegio Médico Dominicano y el Consejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde fue a llevar asistencia financiera para que pueda enfrentar las necesidades derivadas de la pandemia.

El nuevo mandatario ha dicho repetidas veces que realizará una gestión abierta a la consulta de los sectores organizados y de la ciudadanía y que también rendirá cuentas y responderá los cuestionamientos. En esta dirección se inscribieron los dos encuentros de total apertura realizados la semana anterior con directores de periódicos y de medios televisivos y radiofónicos, a los que prometió reuniones periódicas.

Abinader deja atrás una de las características de los gobiernos de sus antecesores Danilo Medina y Leonel Fernández, que no respondían cuestionamientos y evadían sistemáticamente los encuentros y preguntas de los medios informativos. Sus consultas se limitaron al alto empresariado y, ante la pandemia, Medina ni siquiera incluyó a los gremios de la salud.

Irónicamente, los dos ex presidentes, Medina y Fernández, fueron de los primeros consultados por Abinader, quienes expresaron respaldo a las disposiciones hasta ahora adoptadas contra el covid-19 y prometieron colaboración dentro de su responsabilidad crítica de opositores. Guillermo Moreno y Minou Tavárez Mirabal, de Alianza País también mostraron satisfacción por la apertura.

Siguen las incertidumbres
Dos semanas y media es muy poco tiempo para cualquier gestión, pero el nuevo gobierno ha proclamado como prioridad absoluta la lucha contra el covid-19 consciente no solo de su estragos sobre la salud, con casi 100 mil contagios y superando las 1,800 víctimas mortales, sino del incierto panorama económico y social, con cerca de un millón de nuevos desempleados definitivos y suspendidos.

La pandemia ha seguido expandiéndose, mientras las nuevas autoridades de salud agotaron sus primeros días buscando insumos para las pruebas requeridas, autorizando nuevos laboratorios para su procesamiento y recuperando el Laboratorio Nacional, que encontraron atascado por una demanda muy superior a su capacidad. Por igual declararon prioritaria la contratación de un millar de médicos y mil 500 enfermeras para suplir las necesidades de personal sanitario, afectado por cientos de contagios.

La aprobación de otro presupuesto suplementario por más de 200 mil millones de pesos adicionales, que aproxima el déficit fiscal a los 500 mil millones de pesos, ha sido otra de las duras tareas del naciente régimen, que todavía no tiene certeza de dónde conseguirá financiamiento. Mientas el Banco Central sinceraba el drama nacional al revelar que en el primer semestre del año la economía cayó 8.5%, después de años creciendo sobre 5%, más preocupante porque la parálisis económica comenzó a mediados del tercer mes del año.

Una JCE independiente

La coherencia del presidente Abinader también se manifestó esta semana sobre la elección de los integrantes de la JCE, que debe ser renovada en noviembre, al reiterar su garantía de que será un órgano independiente, igual que el Ministerio Público y los organismos judiciales y de control. Lo trató con los expresidentes Fernández y Medina, a quienes se acusa de haber politizado todos esos órganos, con dirigentes partidarios, aunque en la última elección de la JCE y el Tribunal Electoral mejoró su composición. Fernández apoyó la escogencia de independientes.

Tras su reunión con Guillermo Moreno, Abinader declaró a la prensa que “nuestra posición es llevar a la Junta Central Electoral personas totalmente independientes de partidos políticos y es uno de los mensajes que llevamos, vamos a continuar con las relaciones bilaterales, y el compromiso del PRM es también la total independencia de la justicia”.

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, explicó que aunque en su partido hay profesionales con suficiente capacidad para esa tarea, buscarán “personas con plena autonomía”. Probablemente se refería al dirigente perremeísta Eddy Olivares, quien tuvo un firme desempeño en la JCE durante dos períodos bajo la presidencia del exdirigentepeledeísta Roberto Rosario. Se le atribuye capacidad y responsabilidad para actuar con imparcialidad por lo que ha sido propuesto para presidir el órgano rector.

Pero la elección de un dirigente del PRM, conllevaría la integración de representantes de otros partidos, en un reparto político que la restaría independencia, por lo que ya Participación Ciudadana reiteró su rechazo. El movimiento cívico, al igual que la Finjus y otras entidades de la sociedad civil han abogado durante años por la despolitización de los órganos de control estatal. No es que aspiren a ángeles custodios, pero que no sean dirigentes de partidos, con conflictos de intereses, y en la sociedad abundan personas con el perfil adecuado, más después que la ley electoral estableció que no serán exclusivamente abogados.

El PRM tiene que ayudar
Como es normal en un país donde los altos sueldos y pensiones públicas a menudo superan los del sector privado, un partido que llega al poder puede perderse cuando su dirigencia y militancia se lanza tras los cargos y reproduce la cultura política de que el poder es para sacarle beneficios. Al PRM le corresponde darle un firme y sistemático apoyo a los empeños de su presidente por reestructurar la administración estatal, eliminando organismos inoperantes y fundiendo otros redundantes, así como tumbando cientos de botellas, directores, subdirectores, subadministradores y vicecónsules y supuestos diplomáticos.

La limpieza de las nóminas no solo permitirá ahorrar miles de millones de pesos, sino también evitar que siga creciendo el dispendio, porque si mantienen los políticos y familiares de los anteriores gobernantes, estarían obligados a colocar los propios, por elemental equidad. Es igual que el borrón, que se reproduciría en nueva corrupción. Eso no significa que se barra con todos los anteriores, sino con las botellas, los que cobran sin trabajar, y que respeten a quienes tengan méritos, incluso si son dirigentes políticos.

Nadie puede presumir que se trata de tareas fáciles ni que no se cometerán injusticias, pero este gobierno tiene por delante un panorama tan complejo que obliga a racionalizar el gasto público para mantener el respaldo de quienes lo eligieron buscando un cambio significativo. Y para reunir autoridad moral para reclamar mayores contribuciones de quienes pueden y deben. Para ello es necesario que no se pretenda cambiar de botellas ni mantener gastos privilegiados. Tienen que dar ejemplo renunciando a los barrilitos, y a las nominillas y los sueldos desproporcionados.-

Transparencia Internacional certifica fracaso del gobierno con la corrupción

El gobierno del presidente Danilo Medina, que comenzó creando una Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, proclamando un Código de Pautas Éticas y creando comisiones de veeduría social, dejará el país peor en el Índice de Percepción de la Corrupción

Por Juan Bolívar Díaz

El índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional (TI) 2019, publicado esta semana, certifica el fracaso del gobierno de Danilo Medina en combatir la corrupción, después de haberse iniciado en el 2012 proclamando un Código de Pautas Éticas y creando una comisión para vigilarlo.

El IPC 2019 muestra que la República Dominicana sólo obtiene una puntuación de 28 sobre 100, y ocupa el escalón 137 entre 180 países evaluados, con retrocesos en ambos renglones, lo que la deja entre las naciones de mayor corrupción en América Latina, igualada a Paraguay, y sólo superada por Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Retroceso sobre el 2018

El informe dado a conocer a nivel mundial en Berlín, y en Santo Domingo por el movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo nacional de TI, muestra que en el último año la puntuación dominicana se redujo de 30 a 28, y en el ranking mundial cayó del escalón 129 al 137. El año anterior había tenido un ligero repunte, de 29 a 30 puntos, y había disminuido seis posiciones de la 135 a la 129. En los tres últimos años siempre entre 180 países evaluados.

En todo el continente, la RD recibe una peor puntuación que el 78 por ciento de las naciones y con 15 puntos por debajo del promedio regional, que es de 43. Los mejores evaluados en América son Canadá, con nota de 77, Estados Unidos 69,  y chile 67, así como  las islas caribeñas, Bahamas y Barbados, con 64 y 62 puntos sobre 100.

A nivel mundial los países de mejor puntuación en transparencia y menor corrupción son casi todos del norte de Europa, excepto Nueva Zelandia, empatada con Dinamarca en el liderazgo, con 87 puntos, y Singapur, que iguala a Finlandia, con  86. Les siguen Suecia, Suiza, Noruega, Países Bajos (Holanda),Alemania, Luxemburgo, Islandia y Austria, Canadá y Reino Unido, que registran desde 85 a 77 puntos.

Al analizar el IPC, Participación Ciudadana encontró que de 110 países con ingresos por cápita iguales o inferiores a la RD, con un promedio aproximado a los 8 mil 50 dólares, el 62 por ciento están mejor posicionados, aunque se ha demostrado que los países con mayores ingresos tienden a poseer mayores niveles de institucionalidad y menos corrupción.

Fracaso durante 14 años

En análisis del récord del IPC de TI desde el 2006, cuando comenzó a abarcar a 180 países, muestra que RD ha seguido un deterioro persistente en materia de corrupción, que incluye la falta de transparencia y la impunidad, mientras en muchos países han logrado mejoría. En el 2006 tenía la misma puntuación de 28 sobre 100, pero estaba en la posición 99 del ranking mundial, es decir 38 menos que la 137 del 2019.

 El retroceso es más visible en el gobierno del presidente Danilo Medina, ya que en su comienzo en el 2012, alcanzó 32 puntos y la posición 118, para de ahí en adelante ascender hasta la actual 137, es decir 19 escalones peores. En el 2015 apareció en el 103, pero con sólo 168 países evaluados, es decir 12 menos. De todas formas implicó una mejoría, que se agravó hasta alcanzar ahora la peor puntuación y posición en el ranking.

El fracaso es más significativo al recordar, como lo hizo Participación Ciudadana, que el país oficializó el IPC de TI al ser incluido para medir los avances del objetivo 1.1 de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, del 2012 en que inició el gobierno de Medina. Allí se fijó como meta que RD alcanzaría una puntuación de 51 sobre 100 para este 2020. Los 28 puntos registrados en el último Indice, apenas superan la mitad de lo esperado en reducción de la corrupción.

Se perdió el rumbo inicial

El revés es más significativo porque el actual mandatario inició su gestión proclamando un Código de Pautas Eticas y emitiendo el Decreto 486-12, que creó la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG) También el Ministerio de la Presidencia auspició la formación de comisiones de veeduría social, con participación de representantes sociales, que con los años fueron desapareciendo en la medida en que no se cumplían las expectativas de transparencia.

El decreto atribuía 42 responsabilidades a la DIGEIG, que en su mayoría no han sido cumplidas, resaltando entre ellas, el Código de Etica, según el cual además de la Declaración Jurada de Bienes, los altos funcionarios gubernamentales tendrían que entregar un informe financiero anual, (artículo 7) entre el 15 y30 de agosto, especificando la evolución de su patrimonio, incluyendo cónyuge. No hay registro de que un solo funcionario lo haya hecho y tampoco que se le reclamara.

Como es tradición, en el primer período del gobierno de Medina, hubo más esfuerzos por controlar la corrupción y la malversación, pero la brújula empezó a perderse a partir de la búsqueda de su reelección, que al decir general incluyó una compra masiva de legisladores para hacerla posible mediante una reforma constitucional.

Los Grandes escándalos

Pero lo peor le estalló al gobierno en diciembre del 2016, apenas comenzado el segundo período, con las revelaciones del escándalo de corrupción internacional de Odebrecht, que implicó relevantemente al país. Con el agravante de que el Ministerio Público ha evadido investigar los sobornos del período de gobierno de Medina, especialmente  sus demostrados vínculos con el asesor político-electoral de Odebrecht Joao Santana.

Las sombras en la contratación de la mayor obra del actual mandatario, las plantas de carbón de Planta Catalina, han perseguido y seguirán persiguiendo a su régimen. Todavía no se han realizado auditorías de las obras contratadas con Odebrech y hace poco el consorcio de Internacional de Periodistas de Investigación impactó la opinión pública al revelar registros de sobornos por 55 millones de dólares en obras del actual gobierno, incluyendo 20 por las plantas de carbón. Se publicaron 28 seudónimos de los receptores de esos sobornos, que están en los registros de Odebrecht, pero nadie en el gobierno se ha dado por aludido.

Otros escándalos de corrupción durante el actual gobierno se registraron en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses y el Consejo Estatal del Azúcar, en los cuales hubo un suicidio y varios muertos de por medio. En la Corporación de Empresas Estatales (CORDE) se reveló el escándalo de la venta de todo un barrio a “precio de vaca muerta”.

Desafío a nuevo gobierno

 La preocupación por los altos niveles de corrupción en el país, han aumentado en los últimos años en el país y tuvieron su mayor expresión en el movimiento Marcha Verde que durante el 2017 y 18 sacudió el país, llevando a las calles a cientos de miles de personas. Mientras las encuestas la registran como uno de los principales males, con hasta 80 por ciento considerando que empeora.

La convicción generalizada es que al gobierno de Medina le cayó la noche para ponerle límite a la corrupción, la malversación y la impunidad. Y que será uno de los grandes desafíos del gobierno a instaurarse en agosto próximo. “La guerra total a la corrupción y la impunidad” es el punto 1.2 de las prioridades políticas e institucionales suscritas por la Coalición Democrática por el Cambio, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno y proclamada en noviembre por 6 partidos.

Analistas políticos concuerdan en que la corrupción y la impunidad han detonado un deterioro institucional que alcanza niveles cada vez más preocupantes, mientras múltiples expresiones de la Sociedad Civil la tienen como prioridad. Lo peor es que se teme que, como es tradicional, la malversación y el clientelismo de los años electorales, dispare aún más la corrupción y la impunidad.- 

 Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional

                               2001-2019: República Dominicana

Año Puntuación Cantidad de países evaluados Posición del país
2001 3.1/10 91 63
2002 3.5/10 102 59
2003 3.3/10 133 70
2004 2.9/10 91 87
2005 3.0/10 157 84
2006 2.8/10 180 99
2007 3.0/10 180 99
2008 3.0/10 180 102
2009 3.0/10 180 99
2010 3.0/10 178 101
2011 2.8/10 183 129
2012 32/100* 176 118
2013 29/100 176 123
2014 32/100 174 126
2015 33/100 168 103
2016 31/100 174 120
2017 29/100 180 135
2018 30/100 180 129
2019 28/100 180 137