A un año de la elección presidencial la opinión pública sigue dominada por el intento sin precedente de una segunda reforma constitucional para la continuidad del mismo mandatario, lo que luce cada vez más riesgoso para la institucionalidad democrática

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Fracasado el publicitado intento de hacer aprobar en la reunión del lunes 13 el proyecto de buscar una nueva reforma constitucional pro reelección, y a pesar de una ofensiva provincial en favor del presidente Danilo Medina, el propósito luce atascado, sin que se vislumbre la brecha por donde pueda ser colado.

Cada vez parece pesar más el enorme rechazo social, que ratifican las encuestas, a la segunda reelección consecutiva para un tercer período presidencial de Medina, a lo que se suman hasta factores internacionales, por lo que crece la convicción de que el pragmatismo llevará al mandatario a declinar, aunque intentaría acuerdo para una candidatura de consenso en su partido.

Ni intentaron sacar cabeza

            Constituyó un revés para los promotores del continuismo gubernamental que ni siquiera pudieran sacar la cabeza en la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del pasado lunes 13, tras dos semanas de persistentes versiones de que allí quedaría sellado el proyecto, que el mes de mayo sería definitivo y hasta que el Ministro de la Administración Pública Ramón Ventura Camejo repetiría la hazaña del 2015 cuando tomó la iniciativa que culminó en un acuerdo para modificar la Constitución pro reelección de Medina.

Ni Camejo ni ningún otro propulsor de la reelección sacaron la cabeza en la reunión, cuya agenda fue ratificada horas antes por el secretario general, Reinaldo Pared Pérez, y representantes del presidente del partido, Leonel Fernández, ambos aspirantes a la candidatura presidencial. Y el encuentro transcurrió como si no hubiese una magna confrontación en el seno del partido entre los grupos que encabezan sus dos líderes. Se abocó a ratificar la aprobar la convocatoria de una reforma estatutaria que permita la elección de los candidatos mediante primarias abiertas, y a discutir las opciones tras la salomónica resolución de la Junta Central Electoral sobre el voto de arrastre a los senadores.

            Aunque pocos dirigentes peledeístas quieren referirse públicamente al tema, no son pocos los que admiten en privado que resultaría riesgoso presentar en el Comité Político una resolución que contradiga el acuerdo que ese organismo hizo hace 4 años “para salvar la unidad del partido”, el cual implicó la reforma para habilitar la candidatura a la reelección de Danilo, pero también el compromiso de consignar en la Constitución que él no podrá ser candidato presidencial para el 2020 y “nunca más”, como en efecto se hizo.

No estamos en el 2015

Tres reconocidos abogados constitucionalistas, que incluso han sido consultores de organismos estatales y guardan distancia de la oposición política, advirtieron el miércoles que las circunstancias de ahora no son las del 2015, y que los riesgos de imponer otra reforma constitucional son tan elevados que generarían crispación y una perturbación que podría resultar traumática para la sociedad dominicana. Hace cuatro años las encuestas arrojaban hasta dos tercios en favor de un segundo período para Medina, similar a la proporción que ahora rechaza un tercero.

Las opiniones de Cristóbal Rodríguez, Nassef Perdomo y Eduardo Jorge Prats en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio tuvieron más significación por sus respectivas posiciones políticas moderadas, especialmente la del último, persistente consultor de instituciones estatales y abogado del Partido Revolucionario Dominicano, principal aliado político del gobierno al que se considera dispuesto a respaldar nuevamente otra postulación de Medina. Condicionaron la reforma constitucional a que sea fruto de un consenso social y político que está lejos de vislumbrarse.

Es que nadie ignora que el presidente Medina no tiene consenso ni en su propio partido, y mucho menos en el resto de la sociedad, para intentar la segunda reelección consecutiva, ni los dos tercios de los votos de la Asamblea Nacional necesarios para reformar la Constitución, y que para lograrlos tendría que utilizar el poder económico y político del Estado, en desmedro de la institucionalidad de los partidos y de la democracia misma.

Resistencia en dos frentes

            Para modificar la Constitución los danilistas necesitan pelear al mismo tiempo en dos frentes, interno y externo. El primero está encabezado por Leonel Fernández, quien encarnó los tres primeros gobiernos del PLD, que retiene la presidencia del partido, y se ha mantenido en medio de la calle desde agosto del 2017, buscando de nuevo la candidatura presidencial. En su favor opera no sólo el liderazgo, la gratitud y lealtad que mantiene en amplios segmentos de la dirección y militancia de su partido, sino también el hecho de que ya él declinó dos veces consecutivas en beneficio de la candidatura de Medina, cuyo primer triunfo en el 2012 fue en gran medida debido a que aquel metió el Estado entero en la campaña electoral, gastando en exceso fiscal más de 150 mil millones de pesos.

El problema se complica porque Leonel aparece firme en que “esta vez no hay marcha atrás”, ratificando que defenderán la Constitución y la democracia, lo que fue ratificado esta semana por 36 diputados peledeístas con un duro pronunciamiento. Junto a 6 senadores, serían 42 votos del PLD  en la asamblea nacional. Si le suman los 46 del Partido Revolucionario Moderno que también esta semana publicaron su decidido rechazo a la reforma constitucional, ya serían 13 votos más de los 75 que impiden los dos tercios. Sin contar por lo menos la mitad de la docena de reformistas, y los de 6 diputados  de partidos minoritarios, incluyendo tres que fueron electos en las boletas peledeístas. También faltarían varios perremeistas que, como Ginett Bournigal estiman innecesario firmar un documento al respecto.

Muchos consideran que el gobierno tiene poder para comprar treinta votos, pero la resistencia dentro y fuera del PLD llega a niveles que crea dudas. Peledeístas y reformistas han prometido denunciar en “un paredón moral” a quien venda su voto, y los líderes del PRM han ratificado que expulsarán a quien traicione la línea partidaria.

Hasta factores externos

Entre los ingredientes que han atascado el proyecto continuista aparecen los recientes resultados de las encuestas más acreditadas del mercado electoral dominicano, la Gallup-HOY y la de Mark Penn-Sin, manteniendo el rechazo a otra reforma constitucional reeleccionista cerca de los dos tercios. Según El Caribe del 8 de mayo, el rechazo promedió 64% en 14 encuestas publicadas desde marzo del 2018. En la última Penn fue 61%, pero en la Gallup 68, con el agravante de que un 62% dijo que no votaría por Medina si lograra ser postulado.

Los factores externos tampoco han sido favorables para el proyecto continuista, incluyendo la nada disimulada preferencia expresada por la embajadora Bernstein por la alternabilidad democrática, al ponderar lo beneficioso que es el sistema estadounidense de dos períodos presidenciales y nunca más, como indica la Constitución que promulgó Medina.

En esa dirección se inscribió el jueves el senador Bob Meléndez, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EU, en una carta al secretario de Estado Mike Pompeo, expresando “profunda preocupación” por los esfuerzos para reformar la Constitución dominicana a fin de permitir al presidente Medina “una segunda reelección sin precedente”.

Meléndez recordó que a principio del año el Senado aprobó una resolución reafirmando el compromiso con los principios democráticos en Bolivia y en toda América Latina y el Caribe “respaldando los límites del período presidencial con controles razonables contra una historia de golpes, corrupción y abusos de poder”. Pidió que EU “utilice todas las herramientas diplomáticas a su disposición para subrayar la importancia de la gobernabilidad democrática” en la RD.

La iniciativa ocurrió pocos dis después que el principal precandidato opositor, Luis Abinader, anduviera por Washington denunciando los riesgos del continuismo dominicano. Y es que una segunda reforma constitucional seguida para mantenerse en el poder, colocaría  la nación al nivel de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, donde la carta magna se reforma cada vez que es necesaria en aras del continuismo en el poder. Con esos dos vecinos, y con Cuba y Haití, lo que menos quiere arriesgar EU es la inestabilidad política en RD.

La gran opción de Danilo

Cada vez son más los que entienden que son grandes los riesgos a que se expondría el presidente Danilo Medina, tanto para su partido como para la sociedad dominicana, intentar “lo que nunca se ha hecho” en materia de reelección, dos reformas constitucionales consecutivas por el mismo mandatario. Ya esta semana los diputados de su partido Juan Comprés, Carlos Quiñonez y Demóstenes Martínez  le recordaron que fue él mismo quien redactó el transitorio de su Constitución que le prohíbe ser candidato en el 2020 y nunca más.

Las ambiciones de algunos seguirán produciendo actos como los anunciados para este domingo en la metrópoli capitalina, pero la sagacidad de Medina le deben llevar a seguir el ejemplo de Leonel Fernández, quien en situaciones desfavorables desestimó los clamores de que reformara la Constitución para proseguir en el poder en el 1998 y en el 2012, y logró mantenerse vigente hasta ahora. La primera vez dejó el Senado reunido un sábado, esperando el proyecto de reforma, tras comprobar que le faltarían votos, aunque habían “conquistado” casi todos los reformistas y algunos perredeístas. Y hasta la fecha Fernández dice que otros querían arrastrarlo.

Con todo el poder que heredó y el que ha acumulado, Danilo podría buscarse una negociación en su partido, para una candidatura de consenso, o que se le garantice seguridad, y hasta quitarle el “nunca más” para después del 20, evadiendo lo que cada vez más luce como una peligrosa aventura política. Puede ser que lo sepa hace tiempo y que hasta lo tenga decidido, pero crea necesitar un clamor mayor en su favor para imponer la transacción más favorable.-

En las últimas semanas han cobrado intensidad los rumores del interés de sectores peledeístas por volver a unificar las elecciones, lo que requeriría una reforma constitucional, por donde también podrían intentar colar el proyecto reeleccionista

Por Juan Bolívar Díaz

            En ámbitos políticos se anuncia como inminente un intento de pactar entre los grandes partidos la reunificación nuevamente de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales para mayo del 2020, lo que requeriría una reforma constitucional para colar la eliminación de la disposición transitoria que impide repostular al presidente Danilo Medina.

Dirigentes del principal partido opositor, el Revolucionario Moderno (PRM) advierten de  los riesgos de considerar la reunificación de los comicios, por lo menos mientras exista el interés de modificar los postulados constitucionales sobre la reelección, en tanto líderes de partidos alternativos proclaman como fundamental mantener esa reforma de la Constitución del 2010.

Rumor que cobra fuerza

            Desde hace meses se escuchan clamores contra la separación de las elecciones, provenientes de la misma mayoría apabullante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en gran parte integrantes de la Asamblea Nacional que la instituyó en la Constitución promulgada por el presidente Leonel Fernández en el 2010, pero en las últimas semanas ha cobrado renovado impulso, tanto que algunos la ven como parte de los esfuerzos por abrir una brecha por lo menos a la eliminación de la disposición transitoria incluida en la Constitución promulgada por Danilo Medina en el 2015 para posibilitar su segunda postulación presidencial.

En un comunicado publicado el miércoles bajo la firma del diputado Fidel Santana, como presidente del Frente Amplio, se advierte que sectores oficialistas estarían contando con el PRM y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para una ley de convocatoria de la reforma constitucional con el pretexto de reunificar las elecciones, pero tratar de colar una brecha al continuismo. Dirigentes de por lo menos otros dos partidos opositores también expresan en privado sus temores de que “sectores perremeistas se dejen atrapar por el interés de volver a las elecciones unificadas”.

Altas fuentes del PRM confirman que han recibido tanteos, pero sostienen que eso no será posible de ninguna manera, “por lo menos antes de las elecciones primarias” que definirían las candidaturas del PLD. Uno de ellos avanzó que personalmente no estaría de acuerdo en volver a las elecciones conjuntas. De otro lado, Alfredo Pacheco, miembro de la dirección ejecutiva del PRM e influyente diputado, autorizó a publicar su rechazo, indicando que la versión “es parte de la rumoreología que difunden los oficialistas en interés de crear confusión”. Fue categórico en que el PRM está firme y unificado en el rechazo a todo intento por modificar la Constitución en la actual coyuntura política.

Arrastre presidencialista

Se atribuye a legisladores peledeístas el intento de ganar adeptos entre sus colegas de la oposición sobre la base de que al ser las elecciones municipales tres meses antes de las congresuales y presidenciales, los que ganen en las primeras ya no harían mucho esfuerzo para ayudarlos a mantener sus curules. Objetan que la Constitución estableciera el 24 de abril como fecha para que asuman los que resulten electos en las elecciones municipales de febrero, porque le estarían quitando más de tres meses al período de 4 años por el que los actuales fueron electos, sin haberlo especificado en una disposición transitoria, alegando que “eso podría crear un conflicto constitucional”.

Los abogados del propósito parten del temor de que una elección municipal adelantada fragmente más los resultados electorales, especialmente del PLD que ha dependido mucho del apoyo de 14 partidos aliados para mantener su control político. De hecho en las elecciones unificadas del 2016, el partido oficialista obtuvo en su boleta del nivel presidencial el 50.2 por ciento de los votos, para bajar en el congresual al 41.7 y caer al 35.7 por ciento en el municipal. Esos temores se intensifican ante los esfuerzos de casi todos sus partidos aliados de unificarse para competir en las municipales, compelidos por la Ley de Partidos que ya no les garantiza la personería jurídica por sacar un regidor, y los obliga a buscarse por lo menos el 1 por ciento en alguno de los niveles de votación, y el más viable sería el municipal.

La situación del PLD podría ser más frágil aún en los niveles locales, donde las confrontaciones entre los seguidores de los dos líderes que se disputan el partido y las candidaturas, podría abrir túneles por donde se cuelen los opositores. En algunos lugares, quienes resulten perdedores en las primarias podrían vengarse no participando en la campaña y hasta auspiciando votos por alternativos, sobre todo si provienen de organizaciones sociales. Los aliados peledeístas agrupados en “Juntos Podemos” han dicho que apostarían hasta el 50 por ciento de las candidaturas municipales y congresuales con dirigentes sociales y comunitarios, mientras la mayoría de los partidos opositores estarían contemplando una “Coalición Democrática”, que combinaría candidaturas de sus dirigentes y de líderes sociales.

Un plebiscito anticipado

            El temor de que los resultados de las elecciones municipales puedan representar una especie de plebiscito anticipado para las presidenciales y congresuales tres meses después, es otro de los factores que motivan el interés por reunificarlas. Sin el arrastre presidencial y con una alta proporción de alcaldes, regidores y directores de distritos que están en ventaja competitiva por los mismos puestos, existe el riesgo de que se materialice un mayor rechazo local. Muchos de ellos han perdido popularidad hasta entre sus propios compañeros de partido, por la generalización del sectarismo grupal.

Los dirigentes sociales que promueven la “Coalición Democrática” político-social parten precisamente de la importancia de las elecciones municipales adelantadas “para reivindicar la importancia del gobierno y el poder local” y proponen apelar a la amplia franja de electores insatisfechos con el partidarismo tradicional, especialmente a las mujeres que protagonizan el activismo comunitario y a los jóvenes. Tres millones de electores están en la franja de 18 a 35 años, y otros dos millones hasta los 50. El objetivo de esa plataforma sería el desplazamiento total del dominio estatal  peledeísta, o por lo menos la reducción significativa del mismo “de abajo hacia arriba”.

Para el PRM el temor al resultado municipal sería menor, porque la diferencia fue de sólo dos puntos entre su voto presidencial y el municipal, de 26.8 a 24.4. El PRSC casi multiplicó por tres el 5.6 por ciento presidencial al registrar 12.7 por ciento en el municipal, a lo que contribuyó que personificó la alianza con el PRM en la candidatura a alcalde del DN de David Collado, que superó a la alianza encabezada por el PLD. Para estos las elecciones separadas implican desventaja en términos de financiamiento de dos campañas frente a un PLD al que le sobren recursos por su hábito de usufructuar los recursos estatales.

Lucha por la supervivencia

Los condicionamientos para mantener la personería jurídica impuestos por la nueva Ley de Partidos (obtener alguna representación y el uno por ciento de los votos en algún nivel) ha creado un escenario más complejo para 15 de los 26 partidos que compitieron en las elecciones del 2016. Como se puede ver en el cuadro anexo, ninguno de estos alcanzó el uno por ciento y sólo dos más del medio por ciento  de la votación en el nivel presidencial, apenas uno pasó del 1 por ciento en el Congresual y sólo tres en el municipal.

Sea con alianzas o sin ella, esos 15 partidos minoritarios tienen que evadir el mismo escenario del 2016, cuando  al menos 11 de ellos hubiesen perdido la personería bajo los nuevos requerimientos. Las perspectivas apuntan una vez más a la bipolarización porque el cansancio del prolongado dominio peledeísta tiende a potenciar el voto útil por la alternativa que aparezca con mayores posibilidades, que hasta ahora sería por segunda vez el PRM, que se estrenó  encabezando una alianza que consiguió el 35 por ciento para su candidatura presidencial.

Desde dos semanas antes de los comicios del 2016 el PRM protagonizó algún nivel de concertación con otros 10 partidos de oposición, pero su apoyo a la Ley de Partidos rechazada por estos, los distanció y ahora resulta más difícil la consecución de acuerdos.

Partidos que promediaron menos del 1% en los

3 niveles de elecciones  en los comicios del 2016

Elaborado por Juan Bolívar Díaz  con el boletín final de la JCE  de  las elecciones  del 2016