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Nadie sabe cuál sería el costo del calvario de Punta Catalina

by Juan Bolívar Diaz Santana

22_09_2018 HOY_SABADO_220918_ El País11 A

El costo económico y político de las emblemáticas plantas de carbón de Punta Catalina del presidente Medina se incrementa con el abono de otros US$336 millones a la constructora Odebrecht, y ya podría alcanzar los 3 mil millones, superando los peores vaticinios

Por Juan Bolívar Díaz

El anuncio unilateral de que el gobierno abonará US$336 millones a la constructora
Odebrecht para concluir las infortunadas plantas de carbón de Punta Catalina, apunta a reconocer sino la totalidad al menos gran parte del sobre costo de 708 millones reclamado, en la mayor inversión nacional, saturada de opacidades y conflictos desde su origen.

Las proyecciones de los mayores críticos llevan su costo sobre los US$3 mil millones, un
volumen escandaloso convertido en el gran calvario del presidente Danilo Medina, empeñado en concluirla antes de un año y medio de retraso para paliar una nueva crisis energética, y alejarla del próximo proceso electoral.

Generosidad con Odebrecht

El anuncio unilateral, de “un fondo de contingencia” para entregar US$336 millones
adicionales a Odebrecht para que concluya las plantas de carbón de Punta Catalina, es otro acto de extrema generosidad del gobierno con la constructora que empieza a reconocer el sobrecosto reclamado de US$708 millones, con una tentativa rebaja que se adelantó el 2 de septiembre del 2017 en el análisis “Las plantas Catalina ser convierten en calvario del presidente Medina”.

Desde antes de oficializarse el adicional, se decía que sería de entre 300 y US$500
millones, pero se habría acordado pedir 708 para dejar un margen de reducción que permita al gobierno “amortiguar el golpe de cara a la opinión pública”. Amparándose en la Ley de Compras y Contrataciones, que permite un incremento hasta el 25% de los contrato, en este caso de US$1,945millones, podrían transarse por US$486.2 millones, antes o después del fallo sobre el recurso ante una corte de arbitraje internacional en Nueva York.

Aunque se estableció un precio definitivo, en el contrato se incluyó un artículo 9.1
indicando que “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 del presente Contrato de EPC, el precio del Contrato de EPC podrá ser ajustado en virtud o como resultado de una Variación emitida de conformidad con los términos y condiciones que se indican más adelante en este Artículo 9”. Y en efecto, luego indica que cualquier aumento de precio tendrá que ser sometido a aprobación de la Vicepresidencia de la CDEEE, derivando al gobierno la responsabilidad del costo de implementar “medidas de protección, contención y remediación derivadas del posible impacto ambiental” En esa dirección van los reclamos de Odebrecht que se refieren a “condiciones oceanográficas imprevistas”, aumento de altura del muelle, modificación del puente de acceso y de planos. Los expertos dan por hecho de que saldría gananciosa del arbitraje, sino en su totalidad, en gran parte, y en última instancia negociaría rebaja.

Sobre US$3 mil millones

Desde el principio, los mayores críticos del contrato vaticinan que las plantas terminarán
costando cerca de US$3 mil millones, entre ellos los expertos energéticos Eulogio Santaella, Antonio Almonte, los economistas José Rijo, Juan Lladó y Pedro Silverio y el Comité de Lucha contra el Cambio Climático. Pero ya algunos creen que sobrepasará ese monto. Las cifras oficiales siguen sin la menor transparencia, y aunque la CDEEE sostiene que a las plantas le faltan sólo un 5% para concluirse y que está casi para iniciar pruebas, los 336 millones adicionales, representan el 17% de lo contratado.

A una solicitud de información de la diputada del PRM Faride Raful, en diciembre del
2016, la CDEEE dijo que habían pagado US$1,316 millones y que tenía 179.9 millones en hitos ya facturados, y otros 724.2 por facturar, lo que totalizaría US$2,220 millones. A lo pagado hasta 2016, Rijo le suma 670 millones en el 2017 (600 de bonos soberanos) y 334 millones en el 2018, provenientes de bonos globales, bonos internos y del fondo general, lo que totalizaría US$2,320 millones, que con los 336 llegarían a US$2,656 millones y si pagan los 708 millones reclamados, ya sumarían US$3,028 millones, sin el costo de los terrenos y obras físicas conexas, de los intereses del período de construcción, seguros y enorme gasto publicitario.

El costo cercano o superior a los US$3 mil millones es de cualquier forma dramático para
Eulogio Santaella, quien documenta que la asociada de Odebrecht como subcontratista en Punta Catalina, firmó dos contratos para plantas de carbón en Brasil a mitad del precio de aquí.

Una en Porto di Itaqui, de 360 mws. por US$494 millones, y otra en porto do Pecem, de 720 mws. por US$910 millones. El experto recuerda que la licitación que anuló Medina en el 2010 implicaba la inversión privada de US$3,000 millones para generar 1,500 mws. En México, la empresa española Iberdrola construye dos plantas en los estados de Nuevo León y Sinaloa con inversión propia de 800 millones para generar 1,737 mws. En base a gas natural. El único compromiso del Estado es comprarle la energía al precio del mercado.

Odebrecht no cumple nada

Contrasta la generosidad del gobierno con Odebrecht, a la que sólo multó por la
confesión de sobornos y no ha hecho ningún esfuerzo por auditar para ver si en el país siguió su confesado patrón de sobrevaluaciones del 22 por ciento. La revisión del contrato indica que la constructora no ha cumplido nada de lo fundamental, ni en los costos ni en la fecha de entrega, que era en septiembre del 2017 y que ya pasa del año en retraso, con proyección de llegar a los 18 meses. Al formular su reclamo de costo adicional, prometió qjue entregaría la primera planta en febrero del 2019 y la segunda en mayo. A ese tiempo se encamina si las pruebas de la primera comienzan en diciembre próximo.

La empresa brasileña falló también en conseguir los financiamientos. El Eximbank se
negó a invertir en carbón, el Banco dce Desarrollo de Brasil no pudo aportar lo prometido por el escándalo que pratagonizó la misma Odebrecht y que terminó afectando también elunos US$ 650 millones de financiamiento comprometido por un pool de bancos europeos, los cuales llegaron a desembolsar cerca de la mitad, de los que 80 millones se destinaron a pago de seguros. Eso obligó al Estado a elevar su endeudamiento para no paralizar la mega obra.

Mientras la empresa va al arbitraje internacional reclamando un incremento del 36%
sobre lo contratado, el gobierno no le aplica las cláusulas de penalidades por retraso, que a un máximo del 10 por ciento implicaría US$194 millones. La comisión especial que creó el
presidente Medina para indagar sobre la contratación no sólo concluyó en que no deben pagar un solo peso más, lo que en palabras el gobierno dice sustentar, sino que también dejó constancia de que cada mes de retraso en la conclusión de la obra implica 25 millones de d´+olares de pérdida, por 18 meses totalizarían US$450 millones.

Salir pronto del calvario

Para el gobierno y los intereses políticos del presidente Medina, lo prioritario es salir lo
más rápido posible del laberíntico calvario de las plantas de Punta Catalina. De ahí el adelanto de los US$336 millones, sabiendo que el contrato dejó margen legal para el sobrecosto. Se trata de conseguir que el inicio de la generación aporte su cuota al mejoramiento del servicio energético antes de que entre de lleno el año 2019 en que se definirán muchos asuntos de cara a las elecciones del 2020, más aún con la actual crisis de apagones aunque más financieros que de oferta.

Es que las Plantas Catalinas fueron convertidas en la obra emblemática del actual
gobierno, y ya tiene una carga muy grande de costo político, pues las encuestas y la percepción generalizada indican que hubo favoritismo y corrupción en su contratación, y el presidente Medina se involucró en el proceso desde sus viajes a Brasil, hasta sus conversaciones con los ex presidentes brasileño Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Más temprano que tarde, los costos totales y reales de la construcción tendrán que ser
aireados y reconocidos, así como la carga de deuda e intereses que dejan y que pudieron ser evitados dejando que continuara la licitación que Medina encontró en marcha al asumir el gobierno en el 2012, que por demás preveía que las plantas, de carbón y gas natural, estarían en servicio en el 2016. Ya las Catalina son un peso muerto para Danilo Medina, y lo serán peor cuando todo quede en la transparencia, hasta ahora evadida.

El oscuro calvario de las plantas de carbón

* Danilo Medina inicia su gestión suspendiendo anulando una licitación ya con empresas precalificadas que invertirían en plantas por mil kws. Sin costo financiero para el Estado
* Una nueva licitación desestima las plantas de gas natural, más eficientes por las de carbón que están en proceso de desmantelamiento
* El comité de licitación dominado por la CDEEE y los dos integrantes externos rechazan otorgarla a Odebrecht al quedar con un solo concursante, querían otro siquiera “virtual”
* En la licitación la empresa constructora garantiza el financiamiento y a precio fijo, pero en el contrato
queda bajo responsabilidad del Estado y con posibilidad de escalamiento
* Fracasa el financiamiento por el Eximbank USA, Bndes, Brasil y queda a medias el de un pool de bancos europeos
* Se hacen cálculos sobre rendimiento bruto de 720 mws, pero el neto sería 674
* La fecha original de entrega 7 de agosto y de octubre del 2017, concluiría en el 2019
* La mayor inversión estatal se hace en terreno privado, sin completar estudios de suelo y costa
* Tras el escándalo Odebrecht, la Procuraduría dice que hubo sobornos en todas sus contrataciones, luego rectifica que en las plantas sólo para la aprobación y acusa un único senador
* DM designa una comisión para investigar la licitación y denuncias de sobrevaluación, pero presidida por un directivo de la empresa Estrella, asociada de Odebrecht
* La Procuraduría firma un acuerdo de impunidad con Odebrecht, sin hacer auditoría
* El sector privado no responde la oferta de inversión en las plantas en reunión y en discurso de DM
* Odebrecht reclama US$708 millones adicionales al contrato de 1,945 millones, con exenciones impositivas. Le adelantan US$336 millones
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Sugieren pacto de alternabilidad para evitar una división del PLD

by Juan Bolívar Diaz Santana

15_09_2018 HOY_SABADO_150918_ El País11 A

Ante las dificultades para otra reelección del presidente Medina con Leonel Fernández al medio de la calle, estrategas del PLD empiezan a contemplar un nuevo pacto de alternabilidad entre los dos líderes eliminando el “jamás” constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) habrían comenzado a sentar
las bases para un nuevo pacto de alternabilidad entre los dos principales líderes de la
organización, volviendo a la Constitución del 2010, reconociendo las dificultades internas y externas con que tropieza el proyecto de otra reforma constitucional para hacer posible una tercera postulación consecutiva del presidente Danilo Medina y los riesgos de que devenga en una profunda división que les haga perder el poder en el 2020.

Que Danilo pueda regresar

En los ámbitos de la alta dirección peledeísta crece la convicción sobre la necesidad de
buscar un nuevo pacto entre los dos grupos enfrentados ferozmente por el control del partido gobernante y la candidatura presidencial del 2020, a fin de evitar el visible riesgo de una división que los haga perder el poder, volviendo a la Constitución del 2010 que permitía la reelección sin límites pero no consecutiva.

Dos dirigentes tan influentes como Félix Jiménez (Felucho) y José Ramón Fadul
(Monchy) han expresado últimamente sus reservas sobre la factibilidad de reformar la
Constitución para viabilizar la repostulación de Medina, pero al mismo tiempo han dicho que “en algún momento” habrá que abordar la prohibición de “jamás”, instituida en el artículo 124 de la Constitución del 2015 fruto del pacto en el Comité Político del PLD para permitir la repostulación y posterior reelección del actual mandatario, en la que además se incluyó un transitorio para ratificar que “no podrá postularse en ningún otro periodo”.
En una entrevista en Uno+Uno de Teleantillas esta semana Felucho reconoció un riesgo
real de división del PLD a causa de la disputa por la candidatura presidencial del 2020, y planteó la necesidad de entendimiento. Evadió pronunciarse categóricamente sobre el cumplimiento del pacto del 2015, pero tampoco favoreció una nueva reforma para la continuidad de Medina, aunque expresó que “en algún momento” habrá que revisar la limitación. Monchy Fadul dijo más o menos lo mismo una semana antes en el mismo programa, y lo repitió días después en otro medio. En el PLD se considera “una injusticia” que Leonel, quien ya gobernó tres períodos, pueda postularse a un cuarto y hasta optar por una última reelección, que sería la quinta, y Danilo quede en dos. Plantean como transacción otra reforma para rehabilitarlo con alternabilidad.

Golpe del Constitucional

Además del creciente rechazo en los diversos sectores de la sociedad a las propuestas de
otra reforma constitucional para la continuidad del presidente Medina, sus promotores sufrieron un rudo golpe con el dictamen del Tribunal Constitucional que motivó la imposibilidad de juzgar la “constitucionalidad de la Constitución”. Sin embargo, la promoción continúa a través de dirigentes, legisladores y funcionarios peledeístas, y de una serie de spots profesionales de similar línea gráfica, colocados en las redes sociales.

Eran públicas las expectativas de que el Constitucional declarara nulo el transitorio fruto del pacto del Comité Político peledeísta, para entonces alegar que a Medina le tocaría una segunda postulación, aunque la redacción del artículo 124 de la Constitución tampoco lo permite al instituir que “El Presidente o la Presidente de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá repostularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.

Después de esa frustración, a los reeleccionistas sólo les queda la posibilidad de otra reforma constitucional, sin contar con los dos tercios de los votos que requerirían en una asamblea revisora, 148 de los 222 integrantes. Contarían seguros con 95 del PLD y 4 de aliados, más la posibilidad de sumar los 14 del PRD y hasta los 11 reformistas, que totalizarían 124. Le faltarían 24 que tendrían que buscarlos entre 42 peledeístas comprometidos con Leonel Fernández, 52 del PRM, más los 4 opositores del Frente Amplio, Alianza País, Moda y Partido Popular Cristiano. No es imposible para el poder, pero esta vez desataría más resistencias y escándalos que hace tres años, hasta por fatiga social.

Leonel sería candidato

Hace ya 6 meses que un destacado miembro del Comité Político peledeísta expresó en privado su convicción de que Leonel Fernández sería el candidato de su partido en el 2020, aunque él personalmente no lo favorece, y lo ratificó hace poco cuando se le replanteó el dilema. Parece partir de las dificultades que tendría ese organismo para evitar la división del partido, como hace tres años, si desconoce los acuerdos en que se sustentó. Cercanos a Fernández juran que por nada del mundo éste aceptaría el desconocimiento del pacto y por ello se lanzó desde agosto del 2017 a buscar el apoyo de su partido.

Esta misma semana se publicaron los resultados de la última encuesta de la firma Asisa,
que se presume encargada por Leonel, donde le otorgan un 62 por ciento de apoyo entre los peledeístas, frente a un 17 por ciento a Medina para la candidatura del 2020, con un 75 por ciento que entiende que la Constitución no le permite repostularse, y un 70 por ciento que rechaza que se le reforme. Frente a Luis Abinader como más probable candidato del PRM, Fernández queda en ventaja 48 a 40 por ciento.

Así como en el 2015 las circunstancias obligaron a Leonel a ceder ante las exigencias de
unidad del Comité Político, para evitar la división, ahora parecen apuntar a Danilo, y esta vez con otra reforma para volver a la Constitución del 2010 que postulaba la prohibición de la reelección consecutiva, pero permitía volver sin límites después de un período fuera de la presidencia. Se da por hecho que hasta dirigentes que se expresan públicamente por la reelección de Medina respaldarían el proyecto de pacto de alternancia si ven en peligro la unidad del partido y los privilegios del poder.
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Informe de la Comisión de Venecia sobre límites a la reelección Síntesis de las conclusiones del informe de 28 páginas a renglón seguido emitido en marzo del 2018 por la Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho (Comisión de Venecia), a solicitud de la OEA sobre la legitimidad de los límites a la reelección presidencial:

¿Existe un derecho humano a la reelección? En caso afirmativo, ¿cuáles son los límites de este derecho?

117. La Comisión de Venecia opina que no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de presentarse para un cargo para otro período prevista en la legislación es una modalidad, o una restricción, del derecho a la participación política y, específicamente, a contender por un cargo.

118. Según las normas internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, independientemente de su forma de constitución o gobierno, los Estados deben adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que puedan ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos protegidos…

¿Los límites a la reelección restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los candidatos?

119. En las democracias modernas, a pesar de que el principio del sufragio universal disfruta de amplia aceptación y protección cuidadosa, el derecho de ser elegido puede verse limitado con mayor facilidadcomo consecuencia tanto de los requisitos legales como del número limitado de puestos de elección disponibles…

120. Los límites a la reelección presidencial son comunes tanto en sistemas presidenciales como semipresidenciales y también existen en los sistemas parlamentarios (tanto cuando el Jefe de Estado es elegido directamente como indirectamente), mientras que en estos últimos sistemas no se imponen para los primeros ministros, cuyo mandato, a diferencia del de los presidentas, puede ser retirado por el Parlamento en cualquier momento. En los sistemas presidenciales y semipresidenciales, los límites a la reelección presidencial representan entonces un medio para reducir el peligro del abuso del poder por el jefe del poder ejecutivo. Así pues, persiguen los fines legítimos de proteger los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. El derecho de postularse en elecciones tras un primer mandato no puede ser garantizado si la constitución dispone lo contrario. La restricción del derecho de los presidentes en funciones a ser elegidos se deriva de una elección soberana del pueblo en busca de los objetivos legítimos de interés general a los que se hizo referencia arriba, que prevalecen por sobre el derecho del Presidente en funciones…

121. En conclusión, los límites a la reelección que satisfacen los criterios anteriores no restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los candidatos.

¿Los límites a la reelección restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los electores?

122. En una democracia constitucional y representativa queda implícito que los representantes ejercen solamente los poderes que se les asignan de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Las elecciones genuinas, libres y periódicas acordes con el párrafo (b) del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son esenciales para asegurar la rendición de cuentas de los gobernantes en el ejercicio de los poderes que se les confieren. Estas elecciones deben celebrarse a intervalos que no sean indebidamente prolongados y que aseguren que la autoridad del gobierno continúe basándose en la libre expresión de la voluntad de los electores.

123. Es cierto que los límites a la reelección pueden desalentar a los votantes de seleccionar de nuevo a un presidente o ex presidente. Sin embargo, esta es una consecuencia inevitable de la necesidad de restringir el derecho a la reelección de un presidente o de un expresidente… Contribuyen a garantizar que las elecciones periódicas sean “genuinas” en el sentido del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 23(1b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a asegurar que los representantes sean libremente elegidos y responsables ante los ciudadanos.

Adicionalmente, cuando el pueblo decide adoptar un sistema presidencial o semipresidencial, también tiene la facultad de decidir el poder presidencial y el período de la presidencia. Por lo tanto, los límites a la reelección presidencial son una restricción autoimpuesta al poder del pueblo de elegir libremente a un representante con el objetivo de mantener un sistema democrático.

124. En opinión de la Comisión y a la luz del análisis comparativo de las constituciones de los 58 países considerados, abolir los límites a la reelección presidencial representa un paso atrás en materia de logros democráticos. Sea como fuere, si el pueblo desea modificar los límites a la reelección, ha de buscarse una enmienda constitucional acorde con las normas constitucionales aplicables.

¿Cuál es la mejor manera de modificar los límites a la reelección dentro de un Estado
constitucional?

127. Los límites a la reelección presidencial están consagrados en la constitución; por lo tanto, se requiere una reforma constitucional para modificarlos. Solamente el pueblo, que tiene poder soberano legal, puede modificar el alcance de la delegación que le otorgó al presidente. La decisión de alterar o eliminar los límites a la reelección presidencial debe sujetarse a un escrutinio y debate públicos minuciosos y debe respetar plenamente los procedimientos constitucionales y legales relevantes.

128. Cuando se proponen reformas constitucionales que aumenten o prolonguen los poderes de los altos niveles de Estado, dichas enmiendas (de ser promulgadas) solo deberían surtir efecto para los mandatarios futuros y no para el funcionario en el cargo.

Sólo un amplio frente político-social podría desplazar al PLD del poder

by Juan Bolívar Diaz Santana

01_09_2018 HOY_SABADO_010918_ El País11 A

En los más diversos ámbitos nacionales se afianza la convicción de que será necesaria una amplia concertación de fuerzas políticas y sociales que genere una gran sinergia para vencer el entramado de dominación del Partido de la Liberación Dominicana

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Convencidos de que ningún partido podrá por sí solo vencer la dominación política y social impuesta por el PLD con todos los poderes del Estado, varios agrupamientos de ciudadanos buscan concertar acciones para promover un amplio frente político-social que genere una sinergia capaz de convertirse en aluvión.

Los grupos sociales profundamente insatisfechos con la gestión gubernamental peledeísta y fatigados por la corrupción y la impunidad, confían en que podrán convencer a los partidos opositores de conectarse con las mayorías sin militancia partidista bajo compromisos para un gobierno de transición democrática y un nuevo modelo de desarrollo.

Un movimiento social

En los últimos meses proliferan los grupos sociales alentados por las masivas manifestaciones de insatisfacción, cuya mayor expresión es la Marcha Verde, bajo la premisa de que será necesario darle un contenido político para buscar restablecer las bases de la democracia, secuestradas por el peledeísmo, y poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo económico social, sustentable y con mayores y mejores niveles de distribución.

Se nutren de la insatisfacción de la ciudadanía con el sistema partidista, registrado en las encuestas, tanto que la última de Mark Penn-SIN arrojó un 59 por ciento sin vínculo con los partidos. La insatisfacción se expande particularmente por las clases medias, con tasas de hasta 60 por ciento de los jóvenes que quieren irse del país, pero que no podrán porque las fronteras de la migración se están cerrando por todas partes y no podrá repetirse la égida de millón y medio de dominicanos de los últimos 50 años.

Algunos de los agrupamientos ya han salido a la luz pública como el Movimiento Independiente por el Rescate Democrático (MI-RD) que integra a reconocidos profesionales y artistas, como José Rijo, Manuel Jiménez y Paula Disla; y el Congreso Cívico, constituido por viejos luchadores democráticos, ambos con ramificaciones en diversas ciudades. También el Grupo Conciencia Nacional, que aglutina a personalidades como Eulogio Santaella, Enmanuel Esquea, Federico Lalane y Leopoldo Franco Barreras.

Expresan consciencia de que unificar la oposición social y política es una tarea muy difícil, y más aún la de competir con una corporación político-empresarial que no guarda el menor escrúpulo en el abuso de todos los poderes del Estado, como quedó documentado en las últimas elecciones presidenciales.

Las líneas fundamentales

Una decena de grupos sociales ya tienen bajo consideración unos “lineamientos básicos para un gobierno de transición democrática que siente las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico y social”, con 12 prioridades políticas e institucionales y 7 económicas y sociales. Persiguen restablecer las prácticas democráticas, promoviendo la separación de los poderes del Estado, la independencia de la justicia y de los mecanismos de control y fiscalización, y declarando “guerra total a la corrupción y la impunidad”.

El proyecto plantea respuestas a las principales preocupaciones de la sociedad reflejadas en las encuestas, desde la corrupción y la impunidad, a la inseguridad ciudadana, el desempleo, el control de la inmigración y el colapso de los servicios de salud, de la seguridad social y del transporte, entre otros. Recoge la demanda de un nuevo modelo de desarrollo económico-social, que revierta el deterioro de la fiscalidad y el desbordamiento del endeudamiento, reivindicando los pactos fiscal y eléctrico dispuestos por la Ley de Estrategia de Desarrollo para promover la producción, la productividad y las exportaciones.

En la concertación de los lineamientos han participado personalidades de los ámbitos empresariales, religiosos, profesionales y comunitarios, economistas, politólogos, sociólogos y comunicadores que de alguna forma se movían en grupos ciudadanos, con la meta de salir a la luz pública a más tardar en octubre.

Imposible competencia

            Los concertadores sociales reconocen lo difícil que es en el país montar un frente electoral amplio, por la enorme diversidad de la oposición, porque todos los dirigentes creen que sólo pueden ser candidatos presidenciales, por el predominio de los intereses individuales sobre los nacionales y hasta por la capacidad demostrada de los peledeístas y su inmenso ejército de comunicadores para intrigar y mantener separados a sus opositores utilizando el poder estatal, financiero y de los organismos electorales.

Aparte de los compromisos programáticos, se basan en que no hay posibilidad de competencia democrática, por el abuso del poder estatal en las campañas electorales, lo que en el 2016 fue reconocido tarde por los candidatos presidenciales opositores cuando a dos semanas de la votación acudieron a la Junta Central Electoral para formular reclamos, y ni siquiera lograron ser recibidos por el dirigente del PLD que presidía ese organismo.

Los informes del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) documentaron cómo el gobierno en pleno, más de 30 altos funcionarios, se lanzó por todo el país, a promover las candidaturas del PLD, que acaparaban tres cuartas partes de la publicidad y  duplicando el gasto publicitario del Estado, con decenas de miles de empleos temporeros de activistas políticos y la manipulación de los programas sociales. El presidente Medina “puso en marcha” la extensión de la segunda línea del metro, que apenas empezó a operar dos años después. La inversión y el gasto del gobierno se concentraba en provincias y municipios donde las encuestas daban más posibilidad a la oposición.

Municipios y el Congreso

El resultado electoral del 2016 mostró que si los partidos de oposición hubiesen concertado candidaturas siquiera en los niveles congresuales y municipales, la concentración del poder peledeísta sería menor, y hasta que los emergentes o minoritarios habrían podido conseguir algunos municipios para implementarlos como modelos, y más de los dos diputados que lograron.

En cuanto a las candidaturas presidenciales, Danilo Medina con el 62 por ciento, y Luis Abinader con 35, acapararon el 97 por ciento del sufragio, las restantes 5 apenas el 3 por ciento, justo la proporción del gasto de campaña que le arrojó la observación de PC. Y de estos sólo Guillermo Moreno pasó del 1 por ciento. Las perspectivas no apuntan a un cambio significativo en las posibilidades de competencia.

“Ni todos los partidos de oposición juntos desprenden del poder a la corporación PLD”, sostienen activistas sociales, quienes creen que hay que importantizar todas las candidaturas congresuales y municipales, con los mejores candidatos provenientes de los partidos y de los ámbitos sociales. En todos los medios se advierte que la oposición carece de un “líder carismático” que la una y enfervorice a la sociedad, pero eso podría convertirse en ventaja para la concertación y, en caso de una victoria, para que otro presidente no se constituya de inmediato en caudillo insustituible que ignore los compromisos para pretender entronizarse y prolongarse en el poder.

Tropiezo reciente por la Ley de Partidos

            Nadie puede ignorar los obstáculos a superar para alcanzar un amplio frente político social. De hecho, los 11 partidos que venían concertando oposición desde los últimos comicios, acaban de tener un tropiezo por la transacción que hizo el mayor, el Revolucionario Moderno (PRM), en aras de la Ley de Partidos, que no fue aceptada por el resto, los cuales publicaron un comunicado de diferenciación y rechazo, aunque no cerraron las puertas a proseguir concertando.

Primero tendrían que restaurar la confianza, lo que corresponderá al PRM, especialmente el sector de Luis Abinader, que luce con mayor posibilidad de alcanzar la candidatura presidencial. Este y varios de sus dirigentes han planteado repetidas veces la necesidad del frente político-social, como lo han hecho otros, en especial Guillermo Moreno y Eduardo Estrella. Más allá de lo que puedan representar los partidos minoritarios, la unidad de propósitos y candidaturas abriría expectativas y participación social que multiplicaría sinergias y votos.

El desafío es grande para todos los insatisfechos con el rumbo de la nación, en los partidos y en la sociedad, pues tendrían que superar la desconfianza, el sectarismo, la prepotencia de quienes se consideran mejor posicionados y las ambiciones individuales para superar el inmovilismo y el pesimismo, especialmente de las mayorías jóvenes.-

 

Otra reelección de Danilo Medina le saldría muy cara a la nación

by Juan Bolívar Diaz Santana

25_08_2018 HOY_SABADO_250818_ El País11 A

El presidente Medina incentiva el debate sobre si buscará una segunda reelección consecutiva, lo que muchos dan por hecho, aunque el escenario constitucional y político luce tan adverso que dilatar su decisión podría dejarlo sin pito, sin flauta, y sin que tocar

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente Danilo Medina acabó de alborotar la opinión pública con su anuncio de que  será en marzo o julio del año próximo cuando hará pública la decisión, que dijo ya tiene adoptada, de si buscará postularse para un tercer período de gobierno consecutivo, aunque la Constitución que él mismo promulgó hace sólo tres años se lo prohíbe taxativamente.

En lo inmediato el planteamiento presidencial generó críticas, al ser interpretado como desprecio al mandato constitucional, y desconcierta a los peledeístas que pretenden disputar la candidatura al expresidente Leonel Fernández, en abierta campaña, lo que al final podría dejar a Danilo Medina “sin pito, sin flauta y sin que tocar”.

Incentiva el eterno debate

            Al plantear el domingo que no será hasta marzo, o julio del año próximo, cuando dirá si se repostulará, el presidente incentivó el eterno debate sobre la reelección, encendido por el entusiasmo de funcionarios y legisladores desde que a principio del mes logró la aprobación de una Ley de Partidos con posibilidad de padrón abierto para la elección de candidaturas.

            El anuncio podría ser interpretado como una advertencia a su archirrival en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el expresidente Leonel Fernández, al producirse una semana antes del muy publicitado acto de masas que éste celebrará mañana para recibir más de un millón de firmas pidiéndole que vuelva a optar por la presidencia de la nación.

Pero en lo interno tal planteamiento genera el efecto de desconcertar las aspiraciones de los peledeístas que han salido a disputarle a Leonel la candidatura presidencial, como Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante Baret, y retardar el lanzamiento de otros como Andrés Navarro, Temístocles Montás o Francisco Javier García, lo que aumentaría la enorme ventaja que sobre estos ha registrado el presidente del PLD en todas las encuestas.

Retardar su decisión hasta la proximidad de la convención fortalece la posición dominante de Fernández, pero también la creencia de que sólo el presidente Medina, con todo el poder, podría ganarle la candidatura. Una tardía declinación podría dejarlo como pregona un refrán, sin pito, sin flauta y sin qué tocar, como le ocurrió al presidente Antonio Guzmán en el 1981, cuando esperando abrir la posibilidad de repostularse, impedida por doctrina partidaria, no por la Constitución, decidió muy tarde apoyar la candidatura de su vicepresidente Jacobo Majluta, cuando ya Salvador Jorge Blanco la tenía asegurada con años de promoción.

Aumenta el desconcierto

            El anuncio del presidente tuvo el efecto inmediato de incrementar el desconcierto nacional, con dispendio de atención y energías dentro de su propio gobierno y en la sociedad en general. Se le impugna un desprecio a la Constitución que él mismo promulgó hace tres años para superar la prohibición de la reelección consecutiva, tras un acuerdo pactado por el Comité Político del PLD conjurando la crisis detonada por un radical rechazo del presidente del partido.

El acuerdo de 10 puntos implicó la reforma de la Constitución para permitir dos períodos presidenciales y nunca más, con la adición de una disposición transitoria, la vigésima, donde se consigna que en caso de resultar reelecto en el 2020, el Presidente de la República “no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”. Danilo firmó el pacto en el Palacio Nacional el 28 de mayo del 2015, como lo hicieron a su vez los otros 34 integrantes del Comité Político, incluido Leonel.

Esta semana saltó a las redes sociales un fragmento del discurso con que Medina aceptó la candidatura el 30 de agosto, en la convención de su partido: “juro aquí, ante todos ustedes, y ante Dios como testigo, que es mi última candidatura a la Presidencia de la República”. Ya entonces ignoró reiterados planteamientos de que sólo gobernaría un período por lo dañina para la democracia que ha sido la reelección en el país.

Al borde del abismo

Dada la tradición nacional, nadie puede negar toda posibilidad de que el actual mandatario busque una repostulación y alcance otra reelección, pero esta vez el camino está lleno de obstáculos y lo obligaría al equilibrismo al borde del abismo político, tanto a lo interno de su partido, como en el ámbito nacional, ahora navegando contra las aguas de la propia Constitución, apenas tres años después de promulgada.

Hay quienes sobre estiman el poder presidencial, pero ignoran que también lo tenía Leonel Fernández en el 2012 y tuvo que permitir la candidatura de Medina, pese a que gran parte de su partido y funcionarios pasaron un año promoviendo el continuismo. Llegaron a entregarle “dos millones 400 mil firmas” en un multitudinario acto, pero la generalidad de los sectores sociales y una parte importante de su propio partido rechazaron que se volviera a reformar la Constitución proclamada por el mismo Leonel dos años antes.

También se subestima la capacidad de resistencia de Fernández, porque el 28 de mayo del 2015 capituló en favor de Danilo tres días después de un discurso oponiéndose tajantemente a la reforma constitucional. Entonces era racional dar una segunda oportunidad al mandatario, él con tres períodos de gobierno, pero ahora le beneficia el pacto con que contribuyó a mantener la unidad partidaria. Le dejaba la ilusión de volver cuatro años después, pero ahora carecería de objeto político rehuir el enfrentamiento, por lo que hace un año emprendió la marcha.

Muy difícil de justificar

Danilo Medina tendría dos caminos para intentar el continuismo, ninguno de fácil acceso: una nueva reforma de la Constitución para eliminar la disposición transitoria que se lo prohíbe, o mediante una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que la declare violatoria de su derecho, lo que ya ha sido recurrido por un abogado y está pendiente de fallo. El mes pasado se atribuyó en comunicado público a un Congreso de la Federación Interamericana de Abogados celebrado aquí haber emitido una declaración de que la disposición transitoria “viola los derechos humanos de Medina. Pero fue desmentido por los dirigentes de esa entidad con sede en Washington.

Para reunir las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, Medina tendría que conseguir una treintena de votos, de los seguidores de Fernández, ninguno de los cuales cedió en el conflicto por las primarias abiertas, o de la decena del Partido Reformista o del medio centenar del Partido Revolucionario Moderno. Nadie lo descarta porque hace tres años “convencieron” al triple, pero en circunstancias muy distintas. Aquella vez le favoreció lo interno y la desbandada del Partido Revolucionario Dominicano.

Lo del TC sacudiría profundamente la institucionalidad democrática nacional, pues un tribunal de 11 personas declararía la “inconstitucionalidad de la Constitución” el pacto nacional determinado por un Congreso de 222 miembros.  Tiene al menos un precedente, en Bolivia, donde un Tribunal Constitucional invocó la Convención de Derechos Humanos para avalar una tercera postulación del presidente Evo Morales, por encima de las disposiciones de su propia Constitución, y consiguió imponerse en el 2015.

La reelección no es un derecho humano

Por el precedente boliviano, la Organización de Estados Americanos tramitó una consulta a la “Comisión de Venecia”, órgano consultivo de derechos humanos del Consejo de Europa, publicada el 9 de abril pasado, donde plantea tajantemente que “la reelección presidencial no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o de los votantes”.

El informe final de la comisión integrada por expertos independientes de varios países concluye que “la reelección deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que solicitó la opinión consultiva “por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución para buscar la reelección”, y afirmó que “en casos peores mediante sentencias judiciales”.

Un costo muy elevado        

            Sea por reforma constitucional o por sentencia del TC, el costo institucional y para la democracia dominicana, con graves repercusiones en el Estado de Derecho y derivaciones económicas, sería muy alto para la nación dominicana, que afronta desafíos tan fuertes como el de la sostenibilidad fiscal. Habría tanta o más resistencia que cuando el intento continuista de Leonel Fernández en el 2012, que incluyó a las organizaciones empresariales, las iglesias y los medios de comunicación, además de gran parte del sistema político. Esta vez arriesgaría la división del propio partido gobernante.

Ya esta semana dirigentes de la Asociación de Industrias y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios rechazaron en duros términos la posibilidad de que sea modificada la Constitución. El presidente de los industriales, Campos de Moya, pareció hablar por todo el empresariado, cuando dijo que ”el sector empresarial dominicano entiende que la Constitución fue modificada ya recientemente y establece los cánones para la reelección. No estamos de acuerdo con modificarla nuevamente”.-

Un gobierno atrapado y desgastado que sobrevive por el endeudamiento

by Juan Bolívar Diaz Santana | 1 Comment

18_08_2018 HOY_SABADO_180818_ El País12 B

El gobierno de Danilo Medina consumió a la defensiva la mitad de su último período, agobiado por el escándalo Odebrecht, tratando de abrir brechas al continuismo, dependiendo del endeudamiento y sin responder ninguno de los grandes desafíos nacionales

                                                Por Juan Bolivar Díaz

Las graves implicaciones del escándalo Odebrecht cayeron como rayo y petrificaron el gobierno del presidente Danilo Medina, cuando apenas iniciaba su segundo período gubernamental, sin haber podido salir de la defensiva al agotar la primera mitad, sacudido por la indignación de amplios núcleos poblacionales que reclaman poner fin a la impunidad.

El balance de los 6 años de la gestión de Medina arroja un crecimiento económico motorizado por un incremento insostenible de la deuda estatal, con fortalecimiento del presidencialismo y debilitamiento de las instituciones, y sin haber podido resolver ninguno de los graves problemas del país, excepto la construcción de aulas escolares.

La maldición de Odebrecht

El entramado de corrupción de la empresa brasileña Odebrech petrificó el gobierno del presidente Medina, quien no ha podido salir de la defensiva ni librarse de su implicación, por sus tres viajes a Brasil antes de asumir la presidencia en el 2012, por el asesoramiento político de Joao Santana, agente electoral de la constructora con la que se firmó el cuestionado contrato para las plantas de carbón de Punta Catalina por 2 mil 40 millones de dólares.

Para colmo de males, la Odebrech reclama otros 802 millones de dólares para concluir las plantas desde el principio denunciadas como sobrevaluadas y que registran más de un año de atraso dilatando los efectos positivos que se cifraban para afrontar el grave problema energético nacional. Mientras han acaparado una alta proporción de la inversión pública basada en un endeudamiento que alcanza niveles de advertida insostenibilidad.

El manejo político y judicial del escándalo Odebrecht ha disparado la indignación manifiesta en el movimiento Marcha Verde, al  ignorarse que los ejecutivos de la constructora testimoniaron que cuando la justicia los persiguió en Brasil, trasladaron sus operaciones mafiosas a República Dominicana, por considerarla un lugar seguro. Durante el gobierno de Medina la empresa transfirió al país el 74 por ciento de los fondos destinados a sobornos, pero no hay procesados de ese período gubernamental.

La negligencia en auditar las obras de Odebrecht, pese a la confesión de que tenían un patrón del 22 por ciento de sobrevaluación, la negativa a investigar  el financiamiento de campañas electorales, la reducción a la mitad de los imputados originales por los sobornos y la documentación de que se otorgaron contratos sin licitación a las empresas de Joao Santana por casi mil 400 millones de pesos, han alimentado la hoguera en que se consume el gobierno.

Crecimiento con esteroides

El crecimiento económico con promedio alrededor del 6 por ciento durante los 6 años del actual gobierno es enarbolado como uno de sus mayores éxitos, tanto que cundió el pánico cl año pasado cuando quedó en 4.6 por ciento. Pero tal como sostuvo el economista Pavel Isa, se trata de un “crecimiento con esteroides”, no derivado de un incremento significativo de la producción y la productividad, sino en base al más acelerado endeudamiento.

El gobierno de Danilo Medina quedará como el de mayor endeudamiento de la historia nacional, con un aumento del 64 por ciento de la deuda pública consolidada registrada, que se eleva al 82 por ciento, cuando se computa la deuda pública flotante o no registrada, como hace el economista Apolinar Veloz, exgerente general delo Banco Central y hasta hace meses funcionario del Fondo Monetario Internacional.

Un cuadro anexo, entregado por Veloz en el Almuerzo del Grupo Comunicaciones Corripio hace 10 días, eleva la deuda total del Estado a 46 mil 689 millones de dólares, equivalentes a un escandaloso 60.64 por ciento del producto interno bruto. Incluye 33,604 millones de dólares del sector público no financiero, más 11 mil 848 del sector bancario público, 570 millones de dólares del sector eléctrico público, entre otros. La deuda de cada dominicano asciende a 4 mil 465 dólares, equivalentes a 222 mil pesos.

Altos déficits crónicos

El gobierno no ha podido superar los crónicos déficits fiscales y de balanza comercial heredados de su antecesor, por no haber querido pagar el precio de la contención de la malversación y el clientelismo que demandan los pactos fiscal y eléctrico, por demás dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Según un estudio de Oxfam por esos renglones y la corrupción se perderían este año 96 mil millones de pesos.

El déficit fiscal acumulado en los 6 años supera los 409 mil millones de pesos, financiado con deudas, en gran proporción para pagar intereses de la deuda anterior. El déficit de la balanza comercial pasó de 8 mil millones de dólares el año pasado, en una economía que se salva por las remesas de los dominicanos que han tenido que ganarse vida en el exterior, sobre 6 mil millones de dólares este año, además de los 7 mil millones de dólares aportados por un turismo cada vez más dependiente del capital externo, con el 80 por ciento de las habitaciones. hoteleras.

Adscrito a la política clientelar y de reparto, con políticas sociales que no promueven el alejamiento de la pobreza, informalidad laboral que ya se documenta en el 59 por ciento del empleo, con salarios mínimos que promedian 11 mil pesos cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobre se aproxima a los 15 mil pesos. el régimen se ha negado a atender el reclamo de cambiar un modelo de desarrollo concentrado por otro que promueva la producción, la productividad y mayor equidad. Se aduce un relativo mayor apoyo a las micros y medianas empresas y a los productores agropecuarios, pero que no se traduce en incremento significativo de las exportaciones ni en expansión de la formalidad. Solo somos competitivos en el mercado haitiano y con Estados Unidos de un superávit comercial de 4 mil millones de dólares en el 2004, acumulamos un déficit de 31 mil millones, catorce años después.

Auge del presidencialismo

Otra característica del gobierno de Medina ha sido un notable incremento del presidencialismo, con una mayor concentración del poder, sustituyendo o duplicando instituciones y organismos estatales, en vez de atender el reclamo de reducir los inoperantes. Las “visitas sorpresas” del presidente reemplazaron la planificación para convertirse en un mecanismo de promoción del nuevo salvador providencialista.

Requeriría un extenso espacio para documentar la concentración de recursos y repartos de la Presidencia de la República, pero debería bastar con la cantidad de dinero dejada de entregar desde el 2013 al 2018, inclusive, a los gobiernos municipales, estimada en 184 mil millones de pesos por el experto municipalista Domingo Matías. La ley de Municipios 166-03 destina a los ayuntamientos el 10 por ciento de los ingresos, pero ya sólo entregan el 3 por ciento. El año pasado, con ingresos de 537 mil 886 millones, debieron entregarle 53 mil 788 millones de pesos, pero sólo les dieron 17 mil 55 millones, apenas 32 por ciento de lo que les correspondía.

El dinero tampoco alcanza para lo que dispone la ley para la justicia, ni a los municipios donde hay explotaciones mineras, pero el presidente Medina reparte cada fin de semana en poblaciones y campos. Y ya la presidencia tiene su propio programa para equipos municipales que entrega a discreción, sustituyendo de paso a la inoperante Liga Municipal Dominicana. Hace poco se conoció la circular que concentra en la secretaría Administrativa de la Presidencia todo lo que tiene que ver con China, como si no existieran la cancillería y el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones e Inversiones.

El rosario de programas dependientes de la presidencia rebasa toda racionalidad y viola numerosas leyes, generando duplicidades y rompiendo la institucionalidad, en cuyo renglón el país cayó al escalón 129 de 137 naciones evaluadas en el Indice de Competitividad Global 2017-18, del Foro Económico Mundial.

Los desafíos acumulados

Las perspectivas indican que el gobierno de Medina completará sus ocho años sin haber afrontado definitivamente ninguno de los graves problemas nacionales, aunque ha concentrado esfuerzos en la educación, gracias a la inversión del 4 por ciento del PIB, pero con poco éxito en calidad, sin variaciones significativa de los curriculos en la tanda extendida; habrá adelantado mucho en el 911, pero sin detener el incremento de la inseguridad; y mejorará el tránsito, al entrar en operación la prolongación al este de la segunda línea del metro, que recibió en etapa final hace 6 años y apenas la acaba de terminar, porque priorizó su teleférico, de mucho menor impacto en la demanda de transporte.

En salud podrá reivindicar la remodelación, ampliación y equipaje de 56 hospitales, que mantuvo semi-paralizados durante 5-6 años, generando graves problemas, a los que habría que atribuir el increíble incremento de las muertes de neonatales, que entre enero y julio han sumado mil 965, casi 10 por dia, 431 más que en el mismo período del 2017, un 28 por ciento más. El sistema de la seguridad social se cae a pedazos, sin que las autoridades reaccionen. Es notable la reducción de la inversión en vivienda, aunque promueva los proyectos de ciudades Juan Bosch, junto al sector privado.

Todavía podría tener mejores resultados en los dos años que le restan, pero las fuerzas espirituales del gobierno están demasiado concentradas en la política, atrapadas en la maldición del continuismo, con los vientos tan en contra como los tuvo Leonel Fernández en sus dos últimos intentos por seguir gobernando. La fatiga que se registra en el país no augura un camino fácil para el continuismo, y para lograrlo el costo podría resultar traumático.

Deuda-consolidada-del-Estado-al-2018

Regresión de la transferencia de fondos desde el nivel central a los gobiernos locales

Una Ley de Partidos con aciertos pero de altos riesgos democráticos

by Juan Bolívar Diaz Santana

El Pais/ El Presidente del Sanado Reynaldo Pared Perez,dirige la votaciones y los partiicpante del la asamblea para la aprov-ar la ley de los Partido Politico en El Congreso Nacional .Hoy/Jpse Francisco ,-

La Ley de Partidos aprobada por el Congreso contiene importantes normativas democráticas demandadas, pero conlleva serios riesgos al reavivar el continuismo danilista y ya paga el costo de la disolución de la concertación opositora de los últimos 27 meses

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La Ley de Partidos aprobada esta semana por las Cámaras Legislativas contiene la mayoría de las demandas consensuadas durante años, incluyendo límites de campañas y de gastos, transparencia y mayor equidad de género, aunque fue hecha a la medida del interés hegemónico del presidente Danilo Medina.

La ley pendiente de promulgación conlleva fuertes riesgos de ser declarada inconstitucional, de implementación y financiamiento de elecciones primarias, con el efecto inmediato de revivir los pujos continuistas del danilismo, que sale así de su mala racha, y se lleva de paso la concertación que durante 27 meses habían mantenido 11 partidos de oposición.

Muchos aspectos positivos

La revisión del texto de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas arroja un balance  positivo en relación a la mayoría de las demandas y consensos que acompañaron el extenso e intenso debate, especialmente en la limitación del período y las campañas para las candidaturas electivas, que tendrán que ser a lo interno de los partidos, en locales cerrados, sin vallas, afiches ni pinturas y también sin publicidad de radio y televisión, lo que implicaría reducción de costos.

Son relevantes las previsiones para controlar el financiamiento político a costa del Estado o de actividades ilícitas, prohibiendo el patrocinio de empresas, aún nacionales, pues sólo instituye contribuciones individuales, con obligación de colocar en internet un registro de contribuyentes, con nombres y apellidos. También la institución, dependiente de la Junta Central Electoral (JCE) de una “Unidad de Control Financiero” de los partidos.

Otras demandas atendidas en el texto son la elevación de la cuota en las candidaturas, al menos del 40 por ciento para mujeres y hombres, y la obligación de los partidos de “instituir mecanismos que garanticen la democracia interna y la igualdad y equidad de géneros en todos los niveles de sus estructuras organizativas”. Se obliga a los partidos a mantener un padrón de sus miembros, actualizado cada año ante la JCE.

El maco en el sancocho

            El eterno “maco en el sancocho” de la Ley de Partidos aún por promulgar, está en el párrafo III del artículo 45 que faculta a sus organismos superiores para decidir “el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de elección de candidatos o candidatas”, en detrimento de la democracia interna y por encima de los estatutos de los partidos. El párrafo I indica que “Las primarias (sin especificar si abiertas o cerradas), convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes y encuestas son las modalidades” para escoger las candidaturas.

Esos dos párrafos, demandados por la tendencia peledeísta del presidente Medina, fueron la concesión de los Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para destrabar la aprobación de la ley. Durante más de un año el danilismo fracasó en su intento de imponer el padrón abierto obligatorio para todos los partidos y luego en que se indicara padrón abierto o cerrado. Por fin sonsiguió que la ley facultara a las cúpulas para decidir, lo que le daría ventaja en su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La ley tiene otras limitaciones, como mantener la poco equitativa distribución del financiamiento estatal a los partidos, pero otra más controversial es poner a cargo de la JCE la organización y escrutinio de las primarias simultáneas, abiertas o cerradas, en la que podrían competir más de 12 mil aspirantes por partido para las candidaturas a los 4 mil 106 cargos de elección popular, a los que habría que computar sus votos individuales en cinco días y proclamarlos en otros cinco.

La JCE y entidades sociales han advertido las dificultades y riesgos de las primarias simultáneas, y un costo sobre 5 mil millones de pesos. La previsión de la ley es que se pague con la asignación estatal a los partidos, que en los comicios del 2016 fue de 419 millones de pesos a cada uno de los tres mayoritarios, que en el 2020 pudieran ascender a unos 550 millones, ahora para cuatro. Si sólo dos de ellos escogen primarias, no cubrirían más de la quinta parte del costo.

La opción del PRM y PRSC

            Es obvio que el PRM y el PRSC, los dos mayoritarios de oposición, corrieron el riesgo calculado de aparecer cediendo a la imposición del presidente Medina, “para salvar la ley de partidos”. El primero ha dicho que flexibilizó su posición por considerar fundamental esa legislatura y defiende que logró la mayor parte de las demandas de más de dos décadas, ya que el primer proyecto fue consensuado en 1998, aunque vino a llegar al Congreso en el 2002.

El PRSC dice también que favoreció el consenso en la Cámara de Diputados y que el Senado ratificó al vapor, aunque modificaba substancialmente el proyecto que éste había aprobado en mayo último. Pero uno de su decena de diputados, Pedro Botello, declaró que “no estaba de acuerdo con esa Ley de Partidos, pero nos pusieron una bota en el cuello”, aludiendo a una denunciada extorsión del poder en el conflicto por el control del partido.

El PRM ha apostado por los beneficios de la ley aprobada y la esperanza de que abra perspectivas a la pendiente reforma de la Ley del Régimen Electoral, más importante para fines de la equidad en las campañas electorales, y la reducción de la tradicional irrupción del Estado en beneficio de quienes lo controlan, como en los últimos tres comicios por parte del PLD.

Los riesgos del PLD  

Está pendiente ver si la promulgación de la Ley resuelve la crisis que ha dividido al PLD y si el expresidente Leonel Fernández dará la pelea al danilismo o capitulará como en el 2015, y si sus seguidores se mantienen tan firmes como para encaminar las impugnaciones de inconstitucionalidad de las primarias abiertas, como fue declarada a una ley del 2004, y si esta vez prosperará, pero en lo inmediato, eso prolonga la confrontación y la incertidumbre.

Tras la aprobación, Leonel dijo que no teme a primarias abiertas, porque fue tres veces electo por el pueblo, y según todas las encuestas tendría razón frente a cualquier otro candidato a la nominación del PLD, en caso de que Danilo no pueda por el impedimento constitucional que afronta. Pero, como el mismo Leonel sabe por experiencia propia, “quien reparte los sobrecitos es el líder” y tiene muchas ventajas. Si él pelea y resiste el nivel de irrupción del Estado que se necesitaría para que un tercero lo venciera, los riesgos son altos para la integridad del PLD.

Los efectos secundarios

Los primeros efectos secundarios, desde que el PRM y el PRSC dieran visa a la posibilidad de las primarias abiertas, han sido de euforia en el danilismo que se lanzó a imponer como tendencia en las redes sociales la posibilidad de abrir espacio a la reelección. De inmediato tres de los 35 miembros del Comité Político del PLD renovaron las expectativas de que Medina pueda ser candidato y permanecer en el poder.

            Gonzalo Castillo. Ministro de Obras Públicas, dijo al respecto  que “en la segunda mitad del 2019 es que debemos ver qué es lo que el pueblo dominicano quiere”. El director de Etica del gobierno, Lidio Cadet, actualizando su condición de exsacerdote, expresó sobre la posibilidad de que Danilo siga, que “Dios decidirá a través de su pueblo”, añadiendo que “en este proceso cósmico tu nunca puedes descartar nada”.

Los perremeistas parecen convencidos de que prevalecerá la prohibición constitucional y el presidente Medina no podrá variarla, aunque en múltiples ámbitos, incluyendo gran parte de los analistas y comentaristas, se cree que lo intentará buscando reformar la Constitución o logrando que el Tribunal Constitucional declare violatorio de su derecho el transitorio de la carta magna que le prohíbe expresamente volver a ser candidato. Hay quienes no descartan que Medina les remitiera una promesa confidencial de que no buscará reelegirse.

Un efecto secundario adicional ha sido la ruptura de la concertación que el PRM y el PRSC mantuvieron durante 27 meses, desde la semana antes de las elecciones, con otros 9 partidos de oposición que pretenden cambios profundos en la competencia electoral y temen que el Medina los retorne al escenario del 2016. Esa reacción, expresada el viernes en un comunicado, también pone freno a las gestiones iniciadas desde sectores sociales por un amplio frente político-social por la democracia.

El danilismo se ha animado al llegar a la mitad de su segundo período de gobierno y sexto año consecutivo, con una victoria que les permite creer que han superado una mala racha en momentos en que les amenaza de nuevo el movimiento popular de la Marcha Verde.-

            Aspectos relevantes de la Ley de Partidos

Demandas atendidas:

  • Limita las precampañas electorales a 3 meses y sólo internas, en locales cerrados, sin vallas, afiches ni pinturas, y sin propaganda por radio ni televisión
  • Sólo el Estado, sus rentas propias y personas individuales podrán financiar partidos y candidatos, con transparencia de un registro de contribuyentes, con nombres y apellidos
  • Instituye una Unidad de Control financiero de los partidos, dependiente de la JCE
  • Eleva a un mínimo del 40% la participación femenina y masculina en las candidaturas y obliga a mecanismos para establecer igualdad genérica en los cargos partidistas
  • Establece que al menos 10% de las candidaturas serán para menores de 35 años
  • Declara ilícitos todos los abusos del Estado, incluyendo sacar rentabilidad electoral de actividades oficiales, como las inauguraciones, en períodos de campañas
  • Dispone mantener actualizado cada año ante la JCE el padrón de miembros de los partidos y pone límites al transfugismo

Deficiencias principales:

  • Privilegia a las cúpulas directivas, en detrimento de los estatutos y la democracia interna en los mecanismos para elegir las candidaturas
  • El sistema de sanciones por violaciones a la ley no es muy disuasorio, con multas de 50 a 200 salarios mínimos oficiales (de $5,100), es decir entre 255,000 y $1,200,000 pesos
  • Mantiene la muy desigual distribución del financiamiento estatal, con 80% para los partidos que saquen más del 5% del voto y con escalas mínimas
  • Reduce del 25 al 10% lo destinado a educación del financiamiento estatal a los partidos
  • Los topes de gastos por precandidatos son muy elevados, hasta $70 para las candidaturas presidenciales ($510 millones) y $60 y $50 por electores para las congresuales y alcaldes
  • Carga a la JCE con la organización de primarias con costos superiores al financiamiento estatal, y con camisa de fuerza para emitir resultados individuales en 5 días

 

 

 

 

 

La oposición debería dejar que el PLD resuelva solo la crisis que lo consume

by Juan Bolívar Diaz Santana

04_08_2018 HOY_SABADO_040818_ El País12 B

Sólo con un amplio acuerdo para una reforma integral del Régimen Electoral, que cierre el paso a los abusos del Estado en las campañas electorales, se podría justificar que los partidos opositores le facilitaran al presidente Medina el control total del PLD

                                                Por Juan Bolívar Díaz

La facción peledeísta del presidente Danilo Medina logró el apoyo del vocero reformista para imponer en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que sean los organismos superiores de cada partido los que decidan cómo elegir sus candidaturas, pero en el pleno necesitarían votos leonelistas o del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para instituirlo.

Sólo con un acuerdo que implique al sistema partidista para una reforma que incluya la Ley del Régimen Electoral para establecer la transparencia y la equidad en la competencia, sin el abuso del Estado, podría justificarse que la oposición le facilite al presidente Danilo Medina predominar en la elección de las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

 

El danilismo gana una

Gracias al apoyo del vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro, el grupo del presidente Medina salió adelante el jueves consiguiendo que el informe de la Comisión Especial para la Ley de Partidos consigne que serían los máximos organismos, identificados, los que tendrían la facultad de decir el tipo de sistema de elección y de padrón para la elección de las candidaturas de los partidos.

El danilismo necesitaba una victoria, hasta ahora limitada, después de haber fracasado en sus dos propuestas anteriores, la primera que pretendía imponer el padrón abierto a todos los partidos, y la segunda que buscaba que se consignara en la ley que el padrón pudiera ser abierto o cerrado. Ahora busca que en la ley quede consignado que es el Comité Central quien tendría la decisión y nadie duda que en ese organismo, como en el Comité Político del PLD, predominan los actuales detentadores del poder, por encima de los seguidores de Leonel Fernández, que disputa la candidatura presidencial del 2020.

Primero en una subcomisión y luego en Comisión Especial que estudia el proyecto de Ley de Partidos, la fórmula danilista se impuso por lo mínimo, 3 a 2, y 7 a 6. En la primera por los votos de Miriam Cabral, del PLD, de Radhamés González, del aliado PRD, y de Máximo Castro del PRSC. En contra votaron Henry Merán, presidente de la Comisión, leonelista, y Alfredo  Pacheco, vocero del PRM. Ya en la Comisión el reformista volvió a marcar la diferencia, junto a Cabral y Gonzáles, a quienes se adicionaron Gustavo Sánchez, Radhamés Camacho, Plutarco Pérez y Dilepcio Núñez. Allí se sumaron en contra Víctor de Aza, del PRM, Fidel Santana, del Fre4nte Amplio, y los leonelistas Hamlet Melo y Adalgisa Pujols.

Más difícil en el pleno

La victoria en la Comisión Especial no implica que el danilismo haya salido adelante ya con su interés de sobreponer la ley a sus estatutos, que en su artículo 41 establecen que las candidaturas se eligen con el “padrón interno del partido”. Si logran que los 9 diputados reformistas voten a su favor, todavía le faltaría una veintena de votos que tendrían que buscarlos entre los leonelistas y los perremeístas.

La contrapropuesta del PRM a la última formulación del danilismo, es que “cada partido escoja el método de elección”, sin especificar organismos. De esa forma evaden inclinarse en favor de cualquiera de las dos facciones del PLD, pues los leonelistas quieren que se consigne que el método para elegir las candidaturas sea “de acuerdo a los estatutos de cada partido”.  Para modificarlos se requiere la convocatoria de un Congreso del partido, mecanismo complejo que podría abrir de par en par las puertas a la división.

Los perremeistas no pueden inclinar la balanza hacia Leonel sin los votos de los danilistas, pero sí hacia Danilo sin los votos de los leonelistas. no sólo votando a su favor, sino también ausentándose. El artículo 112 de la Constitución establece que para aprobar las leyes orgánicas, se requiere “el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras”. La posición adoptada por el máximo organismo del PRD en abril del 2017 fue que la elección sea con el padrón de cada partido, que ya flexibilizó a la propuesta de que cada entidad política decida, sin especificar órgano.  

Solo con reforma integral

Sólo en el marco de una reforma política integral, que privilegie la Ley del Régimen Electoral que es de mayor importancia que la Ley de Partidos, podrían los perremeistas justificar que inclinaran la balanza en la lucha interna de los peledeístas hacia la posición de quien encarna actualmente el reparto estatal. Tendrían que haber olvidado los extremos abusos del Estado con que se reeligió el presidente Medina en el 2016, cuando encargó su campaña a 39 altos funcionarios, desde los ministros hasta los directores de organismos estatales, sobrecargando las nóminas con decenas de miles de empleados temporeros, activistas de campaña, duplicando la publicidad del Estado y acaparando hasta en 80 por ciento la publicidad política.

La sola aprobación de la Ley de Partidos no vale los riesgos de fortalecer la posición de quien “reparte los sobrecitos”, como acuñó Leonel Fernández. Para el PRM la oportunidad es propicia para hacer propia del partido la propuesta de comienzo del año de su precandidato Luis Abinader de que el presidente Medina auspicie una gran concertación para canalizar la reforma integral del sistema electoral. Con ello sintonizaría con las instituciones de la sociedad civil organizada que llevan años requiriendo lo mismo.

Incluso la Ley de Partidos que buscan los peledeístas, como quedó evidente en el proyecto aprobado por el Senado, contiene hasta contra-reformas como la de permitir el financiamiento electoral de empresas extranjeras, y queda muy corta en relación a las “Propuestas desde la Oposición”, sostenidas desde enero por 11 partidos opositores. La sociedad civil también ha rechazado el proyecto aprobado, por carecer de suficiente transparencia, límites del gasto y sanciones eficientes.

El concierto de oposición

Una razón poderosa para que el PRMmida sus pasos frente al proyecto danilista es que el mismo ha tenido el rechazo de la mayoría de los 11 partidos de oposición, que no han aprobado ni siquiera “la flexibilización” de la posición perremeísta. Provocar la disolución o alejarse de la concertación opositora opera en sentido contrario a la línea estratégica marcada por los principales dirigentes del PRM de pretender un “amplio frente opositor para vencer la maquinaria de control peledeísta en el 2020”.

Sería un gran desacierto desbaratar una concertación que comenzó dos semanas antes de los comicios el 2016, mantenida durante dos años y tres meses. Afectaría también los esfuerzos en pro de un “amplio frente político-social” por el rescate de la democracia, que han planteado  grupos ciudadanos, como Conciencia Social, encabezado por personalidades como Enmanuel Esquea, Federico Lalane, Eulogio Santaella y Leopoldo Franco; el Movimiento Independiente Rescate Democrático, promovido por profesionales como José Rijo, Manuel Jiménez y Paula Disla, o el Congreso Cívico que a nivel nacional integran antiguos militantes de la izquierda.

Múltiples articulistas independientes también vienen sosteniendo que sólo una amplia concertación político-social puede generar las sinergias necesarias para superar el inmenso control del Estado y social que mantiene el PLD, o por lo menos para reducirlo. Inclinar el voto del mayor partido de oposición al interés del presidente Medina afianzaría la amplia convicción de que él terminará por imponer a cualquier precio una nueva repostulación y reelección. Porque los mismos dos tercios necesarios para pasar la ley orgánica, serían suficientes para reformar la Constitución.

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No apagarle el fuego al peledeismo

La más elemental estrategia opositora descartaría contribuir a apagar el fuego que consume al PLD, poniéndolo en riesgo de fuerte división, con posiciones que ya pasan de la confrontación política a la personal, y que afectan la imagen de ese partido y la del gobierno, incluyendo la del presidente Medina, que pese a todo mantiene aprobación cercana al 50%.

Sufragar en aras de que el presidente Medina derrote a Leonel es el camino más corto a la reunificación de esa maquinaria de poder. Porque una vez que eso ocurra, el terror de perder las ventajas del gobierno, el presidencialismo, los repartos del patrimonio público y promesas de apoyos electorales tendrían más fuerza reunificadora, que en el contexto de que Fernández resulte el candidato. Para que esto ocurra tendrán que doblarle el pulso al mandatario y su poderoso grupo, y el apoyo del Estado a esa candidatura sería menos entusiasta.

En cualquier caso, la vocación de poder del peledeísmo podría lograr la reunificación, pero para la oposición, a la que se acusa de pocas garras, sería más difícil enfrentarse al presidente de la nación. Dejarle a los peledeístas resolver ellos sus contradicciones es la más apropiada estrategia. Que se vayan con sus estatutos o se fajen a modificarlos, en lo que se consumirían durante meses.

Al PRM le conviene trazar una línea definitiva y fuete de oposición, ya tiene un padrón que se demostró eficiente, y hasta le convendría no quedar atado a unas primarias en noviembre del 2019, y celebrarla mucho antes, para definir candidaturas que superen la distracción y riesgos de fragmentación que conllevan las largas luchas por las nominaciones. Así podrían concentrarse más temprano en edificar una ilusión de cambio político que no han podido lograr aunque la sociedad muestra las fatigas de la prolongación en el poder de la corporación peledeísta.-

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Ahora hay más motivos para proseguir la Marcha Verde contra la impunidad

by Juan Bolívar Diaz Santana

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Los pírricos resultados de las investigaciones del escándalo Odebrecht a 19 meses de su estallido y la persistencia de altos niveles de corrupción justifican ahora más que nunca la movilización de la ciudadanía, convocada a otra marcha el 12 de agosto en Santo Domingo

Por Juan Bolívar Díaz

La convocatoria de otra movilización del movimiento Marcha Verde (MV) para el domingo 12 de agosto es un desafío a los sectores sociales que hace año y medio levantaron banderas contra la corrupción y la impunidad, cuya mayor expresión ha sido el escándalo de sobornos, sobrevaluaciones de obras y financiamiento electoral de la empresa Odebrecht.

         La MV perdió vigor el 28 de enero pasado cuando realizó una concentración ante el Palacio Nacional con una asistencia mucho menor a la caminata del 16 de julio del 2017 que movilizó una multitud estimada sobre las 150 mil personas, pero sus promotores estiman que ahora hay tanta o más razones para marchar, por la persistencia de la impunidad.

“La marcha del millón”

La convocada para dentro de dos semanas ha sido ambiciosamente denominada “la marcha del millón”, aunque sus promotores reconocen que es imposible movilizar esa cantidad de personas, y matizan hablando de “un millón de voluntades y de corazones”, pero están convencidos de que ahora se dan más condiciones objetivas para la lucha contra la impunidad después de la burla en que ha devenido la investigación del escándalo Odebrecht que detonó la protesta con una primera manifestación multitudinaria el 22 de enero del año pasado.

El recorrido se orienta otra vez hacia el Centro de los Héroes, donde el 16 de julio del 2017 logró una concurrencia estimada entre 150 y 200 mil personas, catalogada como la mayor de la historia de la movilización social dominicana, con participación sin precedente de sectores sociales que nunca se habían manifestado en las calles. Pero decayó el 28 de enero último cuando los sectores más militantes impusieron una concentración junto al Palacio Nacional que no tuvo aprobación de las mayorías.

Los promotores han mantenido la MV con diversas actividades, las últimas un concierto ante la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado día 8 y los campamentos mantenidos por varias semanas en ese mismo lugar y luego en Santiago, que fueron escenario de variadas manifestaciones. En el ínterin hubo expresiones de disensiones internas, especialmente de los núcleos más radicales que no lograron hacer prevalecer como objetivo la meta de hacer saltar del gobierno al presidente Danilo Medina, lo que la mayoría de los dirigentes consideraron poco realista. Estos estiman que un mayor deterioro de la imagen del gobierno y la pírrica indagatoria del escándalo Odebrecht, cuya última expresión ha sido el rechazo a investigar los contratos con los asesores políticos Joao Santana y Mónica Moura, estimulan la protesta.

Resultados muy irritantes

            A más de año y medio del estallido del mayor escándalo transnacional de corrupción, en víspera de la Navidad del 2016, que embarró altamente a la República Dominicana, los resultados de las investigaciones locales han sido considerados pírricos, en relación con los de otros países donde presidentes, expresidentes, un vicepresidente y ministros han sido apresados y/o procesados. Aquí el ministerio público sólo se ha ocupado tímidamente del aspecto sobornos, de lo confesado por los ejecutivos de la constructora Odebrecht, ignorando las sobrevaluaciones y el financiamiento de campañas electorales, de mayores implicaciones económicas  y políticas.

En las imputaciones por los sobornos, presentadas por la PGR en mayo del  2016, aparecieron 14 implicados, doce funcionarios y políticos más el intermediario de Odebrecht Angel Rondón y su abogado Conrado Pittaluga. El Procurador general Jean Alain Rodríguez proclamó entonces que “están todos los que son y son todos los que están”. Pero al formalizar acusaciones judiciales un año después, la docena se redujo a cuatro y se agregó al exsenador y dirigente del principal partido opositor Jesús Vásquez, excluyendo a tres que son del miembros del Comité Político del partido gobernante, el exministro Temístocles Montás, el exfuncionario Radhamés Segura y el senador Julio César Valentín.

Es más relevante que a 19 meses de las confesiones de Odebrecht todavía no han sido auditadas las obras contratadas en el país por 5 mil 957 millones de dólares. Los testimonios de los ejecutivos de la constructora indican un patrón de sobrevaluaciones del 22%, que en el caso dominicano alcanzarían a 1,119 millones de dólares, 12 veces el monto de los sobornos confesados. Un consorcio internacional de investigaciones periodísticas estimó que en RD las sobrevaluaciones habrían ascendido a 1,217 millones de dólares.

El componente político

            Sobre las sobrevaluaciones, la PGR ha argumentado que solicitó a la Cámara de Cuentas, las correspondientes auditorias, la que en principio dijo que no podía realizarlas  “por falta de fondos”, pero los testimonios sobre el financiamiento de las campañas electorales del presidente Danilo Medina, a través de sus asesores Joao Santana y Mónica Moura, han sido totalmente ignorados. La última expresión es la reciente negativa de la Cámara de Diputados a investigar los certificados de la Contraloría General de la República, presentados por cuatro diputados opositores encabezados por Faride Raful, que muestran contratos por más de 1,300 millones de pesos, de dos organismos de la Presidencia con las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013 de los esposos Santana Moura mientras daban asesoría política al presidente Danilo Medina

Los certificados publicados implican posibles violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones y abuso de recursos públicos para pagar asesoría electoral, pero desde mayo del año pasado la PGR fue apoderada de documentos que muestran el envío desde Lima de 4 millones 396 mil 796 dólares, en una triangulación de empresas de Odebrecht en Perú a una cuenta bancaria de CineArt2013, en 16 transferencias a un banco dominicano entre 2013 y 2014, en pleno período de la asesoría política y de marketing de los Santana-Moura.

El esfuerzo de la PGR ha sido concentrado sólo en los sobornos confesados por 92 millones de dólares, mediatizado por el “pacto de impunidad” suscrito con la Odebrecht, con un cómodo compromiso de pago escalonado a ocho años, de 184 millones de dólares, el doble de las coimas. Pero ese acuerdo ignoró que la misma empresa también confesó que mediante los sobornos había derivado utilidades por 165 millones de dólares. Y todavía se espera la lista de los sobornados que repetidas veces se dijo entregaría Odebrecht. Lo entregado es una clara burla de los términos del acuerdo homologado por un juez.

No se vale el cansancio

La fortaleza de la MV fue consecuencia de la indignación generada por el cúmulo de escándalos de corrupción, que tuvo como detonante el de Odebrecht, pero que ya acumulaba otros como los 130 millones de dólares en pagarés vendidos por la empresa Sun Land, los sobornos y sobrevaluaciones en la compra de los aviones Tucano, las extorsiones en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, además de los expedientes de Félix Bautista y las denuncias de gran escala contra los altos funcionarios Víctor Díaz Rúa y Diandino Peña.

Todavía en Septiembre pasado, en el último Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, RD era situada en los últimos escalones en los renglones relacionados con la corrupción entre 137 países. En favoritismo de los funcionarios públicos quedó en penúltimo lugar, el 136, el 135 en desvío de los fondos públicos, en el 133 en eficientes políticas antimonopolios, 132 en comportamiento ético-empresarial, 131 en eficiencia del gasto y en el 130 en independencia de la justicia.

No hay motivo para que la ciudadanía reduzca su presión para contener el desbordamiento de la corrupción y reclamar el fin de la impunidad. Pero muchos de los que se lanzaron a las calles creían que verían rápidamente resultados positivos, ignorando la resistencia de quienes se benefician personal y políticamente de la malversación en todas sus expresiones. Otros sobrevaluaron las fuerzas desatadas pretendiendo metas que excluían en vez de incentivar la acumulación de fuerzas.

La Lucha para lograr la inversión del 4 por ciento del PIB para la educación comenzó a principio de los años noventa y se consagró en la Ley General de Educación del 1997, pero no fue hasta el 2012 que se logró su aplicación, tras varios años de fuerte presión de la sociedad organizada, que incluyeron la marcha de unas 10 mil personas, muy lejos de las multitudinarias de ahora contra la corrupción y la impunidad.

Un esfuerzo gubernamental

Podría parecer exageración, pero hay quienes atribuyen las imputaciones formuladas por la PGR el jueves a 11 personas, incluyendo funcionarios, por el escándalo de la venta del barrio de Los Tres Brazos al temor gubernamental de que se reanuden las multitudinarias marchas verdes.  Los cargos incluyen implican a la actual directora nacional de Registro de Títulos y al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Leoncio Almánzar.

El escándalo se produjo a fines del 2016, cuando los programas matinales de tres canales de televisión, el periódico El Día y la cadena de emisoras católicas transmitieron un programa en vivo desde el barrio de la parte oriental de la ciudad. Habían vendido el barrio con todas sus infraestructuras de escuelas, acueducto, centro de salud, calles y las construcciones particulares de 14 mil familias por 80 millones de pesos, que luego fueron reducidos a 65 millones. La CORDE sólo recibió 15 millones de pesos, de los cuales pagó 11.3 millones para el deslinde que correspondía a la empresa compradora, para un balance final recibido de 3.3 millones de pesos. Con el absurdo de que recibió a cambio otros tres inmuebles que nunca pudo asumir porque estaban registrados a nombre de abogados de los mismos compradores.

La mayor parte de los cargos presentados el jueves por la PGR ya figuraron en la investigación que hizo en solo un mes una comisión especial designada por el presidente Medina, encabezada por su consultor jurídico Flavio Darío Espinal. Fue entregada a la Procuraduría a fines de enero del 2017, es decir hace año y medio, y nunca se habló del asunto aunque el caso figuraba en la galería de escándalos de corrupción.

 

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Contrastes del escándalo Odebrecht

*República Dominicana fue el tercer país en volumen de los sobornos confesados por Odebrecht, después de Brasil y Venezuela, con 92 millones de dólares. Pero el mayor en términos proporcionales, tanto de población como de montos contratados.

* El país fue sede del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (o de sobornos), a partir del 2014, cuando la justicia brasileña empezó a descifrar su entramado de corrupción, porque lo consideraban un lugar seguro, según testimonios de sus ejecutivos.

* Joao Santana y Mónica Moura fue certificados por Odebrecht como sus brazos para la asesoría de campañas electorales que luego se cobraban con contrataciones,  y llegaron a despachar en el Palacio Nacional, y aquí estaban cuando fueron requeridos y apresados por la trama, pero aquí eso no ha tenido consecuencias.

* Los sobornos certificados por la PGR, por US$83.2 millones llegaron entre 2007 y 2015, el 72% durante el gobierno de Danilo Medina, pero no hay imputaciones de ese período.

*Tres de los cinco acusados por los sobornos son actualmente de la oposición, dos legisladores y un ejecutivo del período en que se contrató el 5% del monto con Odebrecht.

* Un solo senador del partido de gobierno está acusado de sobornos para aprobar contratos y adendas con Odebrecht aunque su bancada era de 24 y luego 31 de los 32 miembros.

* Danilo Medina hizo tres viajes a Brasil, como ministro de la presidencia, como candidato y como presidente electo, donde entró en contactos con los presidentes Lula y Dilma, que luego abogarían por su reelección.

 

 

El presidente DM está en mala racha, de escándalos, gestión política y fiscal

by Juan Bolívar Diaz Santana

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Danilo Medina luce cada vez más empantanado en el escándalo Odebrecht, los apremios fiscales suturados a golpe de endeudamiento, falso combate a la inseguridad, mayor mortalidad infantil, crisis de la seguridad social y sin poder dar salida a la Ley de Partidos 

 

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

Acercándose a la mitad de su período, el gobierno del presidente Danilo Medina atraviesa una de sus peores rachas, cada vez más enredado en el escándalo de corrupción de Odebrecht, con apuros fiscales, llevando la deuda pública al borde de la insostenibilidad para financiar sus infortunadas plantas de carbón, mientras el peso se reduce a dos centavos de un dólar escaso.

Con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana sin poder superar su peor crisis, la posición del mandatario sigue obstruyendo la aprobación de la Ley de Partidos, mientras entra en crisis la seguridad social y se reporta un escandaloso incremento en el año de la mortalidad infantil, que avala los cuestionamientos a la gestión de la salud pública.

El pantano de Odebrecht

            Todo parece indicar que el escándalo Odebrecht, que ha marchitado la primera mitad de su último período gubernamental, seguirá persiguiendo al presidente Danilo Medina sin respuesta a los indicadores que lo salpican y en medio del descrédito por la pobre investigación de su Ministerio Público.

El gobierno quedó atrapado con las revelaciones de cuatro diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con documentos de la Contraloría General de la República (CGR) que demuestran contrataciones públicas con los asesores de las campañas electorales que ejecutivos de la Odebrecht confesaron haber financiado, entre ellas las del presidente Medina. El secretario administrativo de la Presidencia y su director de Comunicaciones trataron de disminuir el nivel del escándalo, admitiendo que a Joao Santana y Mónica Moura se le pagaron 430 millones de pesos por asesorías y marketing político.

Los registros de 11 contratos, entregados por la CGR a requerimiento de los diputados demuestran que lo contratado con las empresas Polis Cribe y Cine&Art 2013, de Joao Santana y Mónica Moura, sobrepasaron los 1,300 millones de pesos, que comenzaron el primer día del gobierno de Medina en agosto del 2012, y se extendían hasta diciembre del 2016. Los libramientos 7231, 7236 y 7587 de la Contraloría autorizaron pagos hasta enero del 2017, estos tres por 24 millones 451 mil pesos, 11 meses después la pareja dejó la asesoría a Medina en febrero del 2016, para ser condenados en Brasil por su implicación en el escándalo Odebrecht.

Nada que transparentar

Tanto en la respuesta de funcionarios palaciegos como en la reacción de la mayoría peledeísta que controla la Cámara de Diputados, resalta su negativa a dilucidar el contenido de los papeles certificados por la CGR y a aceptar el requerimiento de los cuatro legisladores de crear una comisión que investigue contratos “para asesoría en marketing, comunicación y planificación de campaña” un asunto que salpica al propio presidente Medina, al tratarse de los asesores políticos de sus dos campañas electorales. La admisión de pagos por 430.5 millones de pesos, debería obligar a una minuciosa rendición de cuentas, al implicar posible violación de la ley de Compras y Contrataciones y uso político de fondos públicos.

Al menos podrían haber detallado cómo y por qué sólo pagaron esa suma, cuando contrataron fueron por más de 1,300 millones de pesos, incluyendo 4 en años sucesivos a razón  a razón de 100 mil dólares mensuales. Más aún porque una relación de erogaciones del Ministerio de Educación indica que allí también pagaron a la empresa Cine&Arte 2013, una de las dos involucradas,16 millones 800 mil pesos en noviembre del 2014. Los documentos de la CGR deberían ser respondidos también con documentos y no con afirmaciones descalificativas.

Con su negativa a investigar la Cámara de Diputados, desaprovechó la oportunidad para demostrar que los documentos eran falsos como afirmó su presidente Rubén Maldonado, y renunció al deber de fiscalización de los gastos públicos que le ordena la Constitución, ratificando la pobreza institucional y la precariedad de la democracia dominicana.

La espina de las plantas

            Los papeles de la Contraloría pusieron en apuros al gobierno, cuando trata de completar el financiamiento de las cuestionadas plantas eléctricas de carbón de Punta Catalina para concluirlas al margen del reclamo de otros 708 millones de dólares que le ha formulado Odebrecht. A eso se atribuye, en parte, la colocación de bonos por 1,300 millones de dólares de la semana pasada, que a la vez alivia la escasez de divisas racionadas para administrar la devaluación del peso que ya llega a 50 por dólar, la que esta semana generó una exigencia pública de la Asociación de Industriales de Herrera al Banco Central para que los empresarios puedan cumplir sus compromisos internacionales.

Tras los nuevos bonos, HOY dio cuenta el sábado 14 que el gobierno de Medina ha emitido más de 12 mil millones de dólares desde el 2013, mientras el exgobernador del Banco Central daba cuenta de que la deuda pública estatal consolidada alcanza 43 mil 400 millones de dólares, 52 por ciento del producto nacional, reiterando sus advertencias de que va camino a la insostenibilidad. El economista Apolinar Veloz, hasta hace poco funcionario del Fondo Monetario Internacional, la cuantificó en 46 mil millones en una entrevista el jueves en Uno+Uno de Teleantillas, al sumarle deudas no registradas con suplidores y constructores.

Las perspectivas apuntan a la continuación del endeudamiento, en su mayoría para cubrir gastos corrientes, ya que el Ministerio de Hacienda advirtió que el presupuesto para el 2019, en proceso de elaboración, contendrá menos recursos para proyectos prioritarios, cuando la inversión de capital apenas alcanza el 15 por ciento del presupuesto. En los lineamientos presupuestarios para el próximo año recién presentados al presidente Medina por el ministro Donald Guerrero, sigue ausente el pacto fiscal postulado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que el gobierno ha evadido, según dio cuenta el Diario Libre al comenzar la semana.

Traspiés eléctrico en China

            El gobierno tuvo otro revés esta misma semana cuando se reprodujo aquí una información publicada en un portal internacional de que el presidente del Consejo de Administración de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, José Rafael Santana, firmó un acuerdo para la instalación de una planta eléctrica de 1,200 megavatios, que incluiría facilidades del puerto de Manzanillo, en Montecristi, con la empresa china Huayang Investment Holdings. El mismo día el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo,  y el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, negaron calidad a Santana para firmar tal acuerdo.

Cuando se esperaba que el funcionario sería destituido, al día siguiente Bichara precisó que lo que se firmó fue un “memorándum de entendimiento no vinculante”, como unos 26 suscritos en los últimos meses con otras empresas interesadas en el negocio eléctrico en el país. Ese tipo de “acuerdos de intención” son de carácter confidencial y por tanto no publicable. Pero este se firmó en una ceremonia en el “Salón del Pueblo” de la capital de China, Beijing, con la concurrencia de varios funcionarios dominicanos y chinos.

Desde luego nadie informó quién cubrió los gastos para esa “carta de intención”, mientras se especulaba sobre la precipitación con que el gobierno procura beneficios económicos, por lo menos de inversión, de su reciente reconocimiento diplomático de la República Popular China.

Una reacción de Danilo

El presidente Medina, negado sistemáticamente a responder cuestionamientos o preguntas, tuvo una reacción de enojo esta semana cuando recriminó a los que criticaron los vicios de construcción develados por los aguaceros en dos grandes hospitales capitalinos, en especial el Moscoso Puello, en cuya remodelación se gastaron más de 400 millones de pesos.

El sector salud está revuelto desde hace meses, con declaraciones de colapso por parte de los gremios como el Colegio Médico Dominicano, con el agravante de que el sistema de seguridad social ha sido sumido en una crisis, con sus organismos inoperantes, al punto que tras un coro de quejas y demandas, contra las aseguradoras de de Riesgos de Salud, esta semana el Ministro de Salud Pública reaccionó proponiendo una mesa de diálogo para buscar soluciones.

Mientras tanto, las muertes de recién nacidos se elevaron en el primer semestre de este año en un alarmante 29.4 por ciento, al totalizar 1,659, con 377 más que las 1,282 ocurridas en el mismo período del año pasado, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud correspondiente a la semana 26. Las muertes maternas del mismo período se redujeron de 88 a 93.

Tampoco en la política

En el rumbo político tampoco ha tenido suerte el presidente Medina, aunque en las últimas semanas han aparecido en las redes cinco spots de promoción de su reelección, con la misma línea gráfica, y el viernes se publicaron fotografías de afiches reeleccionistas con la foto del mandatario, todos de igual impresión, durante una inauguración oficial.

Hace dos semanas se aprovechó un congreso en el país de la Federación Interamericana de Abogados para atribuirle a un supuesto “Comité de Derecho Electoral” haber dictaminado “a unanimidad” que el transitorio de la Constitución que prohíbe otra repostulación de Medina, viola sus derechos, lo que fue rápidamente desautorizado por el presidente de la entidad con sede en Washington, quien dijo que ni siquiera tienen tal comité.

La última propuesta del danilismo para viabilizar la controversial Ley de Partidos, que pedía consagrar tanto el padrón abierto como el cerrado para elegir candidatos, habría sido respondida por el Partido Revolucionario Moderno con que cada partido quede en libertad de escoger el método de elección, pero parece que eso tampoco satisface al danilismo que quiere una ley que le economice los riesgos de convocar un congreso  para modificar los estatutos del PLD que establecen el padrón interno. Mientras tanto, el próximo miércoles concluirá otra legislatura sin aprobarse la Ley de Partidos.-

 

Gobierno de Danilo contrató más de $1,300 millones con Joao y Mónica

by Juan Bolívar Diaz Santana

5A_El País_13_1,p01Una certificación de la Contraloría General, obtenida por la diputada Faride Raful, revela 11 contrataciones y al menos 35 libramientos de pagos por $1,108 millones y 4.8 millones de dólares a dos empresas de Santana y Moura, que siguieron aún después de ser apresados  

 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Una certificación de la Contraloría General de la República (CGR), obtenida por la diputada Faride Raful, revela contrataciones por más de 1,300 millones de pesos de dos organismos gubernamentales con dos empresas de Joao Santana y Mónica Moura los instrumentos políticos de Odebrecht que asesoraron las campañas electorales de Danilo Medina.

Las contrataciones y pagos a las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013 comenzaron el mismo día de la juramentación presidencial de Medina, el 16 de agosto del 2012, y se extendieron hasta enero del 2017, 11 meses después que los dos publicistas fueran apresados en Brasil al llegar desde Santo Domingo y procesados por corrupción pasiva y lavado de activos.

Del primer día hasta 2016

El primer contrato de los certificados por la CGR, otorgado a Polis Caribe por la Dirección General de Comunicaciones (DICOM), rigió desde el día inicial del gobierno de Medina, el 16 de agosto del 2012, hasta el 24 de noviembre del mismo año, por un monto de 18 millones 815 mil pesos, para producir la “campaña 100 días de gobierno”, y el último fue un contrato por un millón 200 mil dólares para “asesoría en comunicación y Planificación estratégica”, que venció el 3 de diciembre del 2016.

En la relación de libramientos autorizados por la CGR aparecen 7 pagos a la empresa Cine&Art 2013 entre marzo del 2016 y enero del 2017 por un total de 72.5 millones de pesos, cuando ya los esposos Santana-Mouray había sido apresados y procesados, siendo condenados en enero del 2017 a 8 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de activos provenientes de la empresa Petrbras, tomándose en cuenta que hicieron “declaraciones premiadas”, por lo que cumplen la condena en domicilio privado.

Polis Caribe, representada por Mónica Moura, obtuvo contratos de la Secretaría Administrativa de la Presidencia por 1 millón 400 mil dólares, por 4 años, del 2013 al 2016, con una adenda estableciendo que debían pagársele cada mes 100 mil dólares más el Itebis. El objeto   “asesoría en comunicación y planificación estratégica” es poco descriptivo, pero con mensualidad muy por encima del mercado nacional, casi 5 millones de pesos a la tasa de ahora.

Pero los contratos más generosos fueron dos por 480 millones de pesos cada uno, firmados por la misma secretaría, con vigencia del 3 de marzo del 2014 al mismo día y mes del 2016. Estos fueron con Cine&Art 2013 para “servicio de coordinación de marketing y diseño para campañas en los medios de comunicación”.

Más de $1,300 millones

El total de lo contratado con las dos empresas de los Santana-Moura ascendió a 4  millones 800 mil dólares, que a la tasa actual de 49.40 pesos, sumarían 237 millones 120 mil pesos, más 1,109 millones de pesos para un total general de 1,346 millones 841 mil 796, equivalentes a 27 millones 247 mil dólares.

Pero las contrataciones fueron mayores, ya que la certificación de la CGR indica que no podía establecer los montos de diez de los libramientos solicitados por la diputada Raful, porque “el sistema de información dela Gestión Financiera sólo nos permite visualizar las informaciones de los últimos tres años”. Hace más de un año fue documentado un pago del Ministerio de Educación a Cine&Art 2013 en noviembre del 2014 por 16 millones 198 mil pesos.

La CGR certificó 12 libramientos a Cine&Art 2013 por un total de    164 millones 455 mil pesos, y otros 23 en favor de Polis Caribe por 119 millones 593 mil pesos, todos entre el 2014 y 2017.

Las contrataciones de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, certificadas por la CGR, no aparecen en las relaciones de pago de esta, ni hay constancia de que fueran sometidas a las licitaciones o concursos establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones. En las de Polis Caribe figura Mónica Moura como representante, y en la de Cine&Art 2013 la brasileña Marcela Masotti, asociada de los Santana-Moura.

La magia de Cine&Art 2013

Como describimos en el artículo “Una ayudita al Procurador General”, en HOY, 20 de julio del 2017, la empresa Cine&Art 2013 fue constituida el 18 de junio del 2013 en Santo Domingo con un capital de apenas 100 mil pesos, por los brasileños Marcelo Mascarenhas Kertesz y Ayla de Souza Santana. Cinco meses después el primero traspasó sus acciones a Daniel Moura Marques y éste luego a su hermana Alice Moura, es decir hijos de la pareja Joao-Mónica. Su registro mercantil en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es el 100084SD, con sede en calle Helios 102, de Bella Vista, la misma de Polis Caribe.

Cine&Art 2013 saltó a la luz pública cuando un consorcio de periodistas peruanos revelo que la investigación del parlamento del Perú a las operaciones ilegales de Odebrecht en ese país había establecido que la empresa constituida en Santo Domingo había recibido 16 transferencias bancarias por un total de 4 millones 396 mil 796 dólares, entre 2013-14, proveniente de tres filiales de la constructora brasileña en lo que denominaron “conexión del Lavajato en Santo Domingo”.

En mayo del 2017 las entidades sociales Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Fundación Masada y Santiago Somos Todos depositaron una denuncia en la Procuraduría General que solicitaba, entre otros asuntos, esclarecer el destino de los casi 4.4 millones de dólares enviados por Odebrecht a Cine&Art 2013. La denuncia fue reiterada meses después con la adición del Centro Bonó, pero la Procuraduría nunca se ha referido a la misma.        

Una propuesta fallida

Armada con las certificaciones que obtuvo de la CGR amparada en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la diputada Raful y otros tres legisladores del Partido Revolucionario Moderno sometieron el jueves una propuesta para que la Cámara de Diputados creara una “Comisión Especial que fiscalice e investigue las contrataciones públicas hechas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicación (DICOM) durante el período 2012-2016 con las empresas vinculadas a Joao Cerqueira Santana y su esposa Mónica Regina Cunha Moura: Cine&Art 2013 SRL y Polis Caribe SRL, por un monto aproximado a RD$1,400,000,000.00”.

La propuesta fue rechazada enfáticamente por voceros del Partido de la Liberación Dominicana, como el diputado Radhamés Camacho, que llegó a ofender a la proponente diciendo que se presenta como una flor pero tiene espinas de guasábara.

La propuesta dirigida al presidente de los diputados considera, en base a la documentación recibida de la CGR, que en las contrataciones pudieron haberse violado varios artículos de la Constitución de la República, el artículo 14 de la Ley de Contrataciones Públicas 340-06 y el artículo 114 del Código Penal. También los artículos 47,55 y 174 de la Ley Electoral, los artículos 3,7,18 y 24 de la Ley sobre Lavado de Activos, el artículo 54 de la Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 3 de la Ley 448-06 sobre Sobornos.

La asesoría de Joao-Moura

Joao Santana y Mónica Moura asesoraron las campañas electorales de Danilo Medina en el 2012 y 2016, y en principio se dijo que habían sido contratados por empresarios privados. Pero luego los esposos brasileños aparecieron como el brazo de Odebrecht en el financiamiento de  campañas electorales en los países donde esa empresa constructora montó un sistema de sobornos y sobrevaluaciones, incluyendo República Dominicana, lo que fue ampliamente admitido y denunciado por los más altos ejecutivos de la constructora de Brasil.

La influencia de la pareja en la República Dominicana parece haber superado a los otros 10 países involucrados en lo que se ha estimado el mayor escándalo de corrupción internacional de la historia, exepto Brasil mismo, donde asesoraron campañas de los expresidentes Lula de Silva y Dilma Rouseauff. En Santo Domingo llegaron a despachar en la misma sede del gobierno y aquí estaban asesorando la campaña del 2016 cuando fueron requeridos por la justicia brasileña. En principio se les atribuyó haber incluido a República Dominicana en el financiamiento de campañas por Odebrecht, pero luego la excluyeron. Y aquí les siguieron pagando sus contratos y hasta hace poco se afirmaba que seguían operando sus hijos.

En la instancia de los 4 diputados del PRM se resalta que tras su triunfo electoral del 2012, el presidente Medina agradeció públicamente la asesoría de Joao Santana, pero indica que en los informes del Partido de la liberación Dominicana a la Junta Central Electoral no aparece pago alguno al brasileño. Tampoco en los informes de ejecución presupuestaria del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Joao Santana se despidió el 22 de febrero del 2016, en plena campaña por la reelección de Medina, en carta dirigida al PLD.-

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CONTRATACIONES CON POLIS CARIBE, SRL

(Asesoría en marketing, comunicación y planificación de campañas)

Contratante                           Fecha                                                  Monto                                       

Sec. Adm. de la Presidencia    Del 3-12 del 2012 al 3-12 del 2013     US$ 1,200,000

Del 3-12 del 2013 al 3-12 del 2014     US$ 1,200,000

Del 3-12 del 2014 al 3-12 del 2015     US$ 1,200,000

Del 3-12 del 2015 al 3-12 del 2016     US$ 1,200,000

Direc. Gral. Comunicaciones   Del 16-8 del 2012 al 24-11 del 2012  RD$ 18,815,100

Del 1-6 del 2013 al 30-8 del 2013       RD$ 48,720,757

Del 29-7 del 2013 al 297 del 2014      RD$ 24,190,944

CONTRATACIONES CON CINE&ART 2013, SRL

Sec. Adm. de la Presidencia    Del 3-3 del 2014 al 3-3 del 2015                     RD$ 480,000,000

Del 3-3 del 2015 al 3-3 del 2016         RD$ 480,000,000

Del 1-1 del 2014 al 1-1 del 2015                     RD$   22,232,144

Del 14-12 del 2014 al 27-2 del 2015   RD$   35,762,850

Fuente: certificaciones de la Contraloría General de la República a la diputada Faride Raful