Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana

Un cuarto de siglo de consultas y pactos político-sociales

 1992: Tras varios años de concertaciones con organizaciones empresariales y sindicales el Congreso Nacional aprueba un nuevo Código Laboral

1992: Con participación de decenas de organizaciones sociales y tras amplias consultas, hasta a nivel municipal, se aprueba el Primer Plan Decenal de Educación, seguido luego por otros dos

1993-94 Consultas a líderes sociales y concertación de la Fundación Siglo 21 que concluyen con los acuerdos de «Una Reforma Política para el Futuro Dominicano», firmados por representantes de los partidos, excepto el PRSC

1994: Pacto por la Democracia firmado por partidos y organizaciones sociales para la reforma de la Constitución y de la ley electoral y elegir una Junta Central Electoral «cuyos miembros no sean representantes de los partidos»

1995: Acuerdo de los Partidos Políticos para la Adecuación de la Ley Electoral, auspiciado, previas consultas, por la Fundación Siglo 21

1995-96: Con 26 eventos de consultas nacionales, regionales y provinciales queda formulado el Plan Nacional de Desarrollo Social

1996: Una amplia coalición de organizaciones sociales, encabezada por el movimiento Participación Ciudadana observa las dos vueltas para la elección presidencial. Realizan conteos rápidos con aceptación de la JCE y los partidos. Se repetiría en los siguientes procesos electorales nacionales.

1996-97: Se instituyen por decretos la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado y la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, ambas con representación del liderazgo social

1997: Activa participación de las organizaciones sociales en el proceso de elección de una nueva Suprema Corte de Justicia. 12 de 16 jueces fueron propuestos por decenas de organizaciones sociales y electos por el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el Presidente Leonel Fernández

1997-98: El gobierno convoca un Diálogo Nacional integrando a los partidos y a cientos de organizaciones sociales en un extenso proceso de consultas y discusiones que terminan con la aprobación de unas 300 propuestas de reformas institucionales, políticas y sociales.

1998: Numerosos foros regionales, provinciales y sectoriales del DN, auspiciados por el gobierno presentan cientos de propuestas para la reforma   constitucional, predominando la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Están recogidas en el libro «El Pueblo Discute su Constitución»

1998-99: Delegados de los partidos reconocidos y de entidades sociales acuerdan un Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas en el marco de la Comisión Presidencial para Reforma y Modernización del Estado

1998-99: La elección de una nueva Junta Central Electoral unilateralmente por el Senado con mayoría del Partido Revolucionario Dominicano y la suspensión del presupuesto del  organismo por parte del gobierno, origina una crisis política. Con mediación de personalidades sociales se acuerda una ampliación de cinco a siete miembros para que los partidos de oposición presenten dos candidatos a jueces de la JCE

2000: Para disipar desconfianzas e incertidumbres, la JCE acoge la propuesta de Participación Ciudadana de realizar, junto a CAPEL-IIDH, una auditoría al nuevo padrón electoral con fotografía integrada. El padrón pasa la prueba.

2000: El presidente Hipólito Mejía instituye el Consejo Nacional para Reforma y Modernización del Estado, con representación del liderazgo social

2000-01: El Congreso Nacional auspicia un extenso proceso de consultas en foros provinciales y locales incluyendo ciudades de EU y negociaciones con decenas de instituciones empresariales, sindicales y profesionales para aprobar la Ley 87-01 que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social

2001: Tras años de demandas de las instituciones sociales, y mediante un programa de consultas, el Congreso Nacional aprueba la Ley 19-01 de Defensor del Pueblo, que tomaría 12 años para ser implementada

2001: El decreto presidencial 410-01 constituye una Comisión Especial para la Reforma Constitucional, integrada por delegados de los partidos reconocidos, de 15 instituciones sociales y 12 reconocidos juristas. Tras 6 meses de consultas y debates acuerdan un proyecto de Constitución para someterlo a una Asamblea Constituyente

2002-04: Con participación de dirigentes sociales opera una Comisión de Seguimiento a la Junta Central Electoral que, entre otras cosas, promueve la Ley 02-03 que separa las funciones administrativas de las contenciosas de la Junta Central Electoral y amplía los integrantes del organismo, a solicitud de los partidos de oposición, encabezados por el de la Liberación Dominicana. Propone directores de Informática y del Registro Civil de la JCE

2002 al 2008: Los tres partidos dominantes solicitan a Participación Ciudadana la observación de sus elecciones primarias de candidatos

2004: El Congreso Nacional aprueba la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, consensuada atendiendo a demandas de múltiples organizaciones sociales.

2004: El decreto 1082-04 crea e integra los Gabinetes de Política Institucional, de Política Económica, de Política Social y de Política Medioambiental y Desarrollo Físico con participación de 37 organizaciones sociales

2005: El decreto 13-05 instituye el “Consejo Económico, Social e Institucional”  como órgano consultivo del Gobierno, con  participación de diversas organizaciones de la sociedad civil y del Estado, que operaría como  órgano de consulta y concertación

2005: Después de 15 años de consultas, seminarios y consensos político-sociales se aprueba la ley 122-05 Sobre Asociaciones Sin Fines de Lucro, que crea el Centro Nacional de Fomento de Organizaciones sin Fines de Lucro, que integra representantes de ONG y del sector público

2006: Entra en vigencia el Plan Decenal de Salud 2006-15, promovido por la Secretaría de Salud Pública que partió de una versión preliminar del 2004, con base en un proceso de amplia participación de la sociedad en 32 consultas provinciales

2007: Tras un largo proceso de consultas político-sociales que duró varios años, el Congreso Nacional aprueba la Ley 176-07 sobre Municipios y el DN

2008: El gobierno auspicia un nuevo proceso de consultas y discusiones para  la reforma constitucional con decenas de foros regionales, provinciales y locales, que abarcan a ciudades de Estados Unidos, el cual arroja cientos de propuestas

2008: Se promulga la Ley de Función Pública 41-08, fruto de un extenso proceso de consultas y seminarios con participación de las organizaciones sociales y estatales

2008: El Congreso aprueba la Ley General de Defensa de  la Competencia 42-08, que crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, tras varios años de consultas con expertos nacionales e internacionales y organizaciones sociales

2009: Por convocatoria del presidente Leonel Fernández se realiza la Cumbre por la Unidad Nacional ante la Crisis Mundial, con la participación de la mayoría de los partidos políticos y de cientos de entidades sociales.  Alcanzan decenas de acuerdos

2009-10: El gobierno y organismos internacionales auspician un largo proceso de consultas con instituciones sociales y expertos que concluyen proclamando las Iniciativas Participativas Anti Corrupción (IPAC), para promover la transparencia y reducir la corrupción

2010: Se promulga la Constitución que más consultas y consensos previos ha tenido en la historia nacional, la que define a la República Dominicana como un «Estado Social y Democrático de Derecho»

2011: El Congreso Nacional aprueba las leyes orgánicas 30-11, del Consejo Superior del Ministerio Público, y 133-11 de Ley Orgánica del Ministerio Público, tras varios años de consultas sociales

2011: Diez candidatos presidenciales firman el «Compromiso Político Social por  la Educación» promovido por un conjunto de organizaciones sociales bajo la denominación de Coalición por una Educación Digna

2012: Con la aprobación de la Ley 1-12 el Congreso Nacional culmina un  proceso de consultas y concertaciones que durante varios años dieron origen a la Estrategia Nacional de Desarrollo

2012: Múltiples consultas sociales originadas en la Organización Nacional de Administración de Personal, convertida en Ministerio de Administración Pública, culminan con la promulgación de la Ley Orgánica 247-12 de Administración Pública

2012: Casi todos los candidatos presidenciales, incluyendo a los de los partidos mayoritarios, se comprometen con organizaciones sociales a aprobar la Ley de Partidos y del Régimen Electoral cuando concluya el proceso electoral

2012: Los candidatos presidenciales firman con Participación Ciudadana como capítulo nacional de Transparencia Internacional el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad

2012: El gobierno convoca a las organizaciones empresariales, sindicales y sociales a discutir el Pacto Fiscal que dispuso la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Fracasa el intento y se produce otra reforma tributaria.

2013: Tras varios años de consultas entre organismos públicos y sociales se promulga la Ley 105-13 Sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, aúin pendiente de reglamentación, más de tres años después

2014: Tras meses de consultas y con participación de la  Coalición por una Educación Digna que reúne a decenas de entidades sociales, el gobierno concluye el Pacto Educativo dispuesto por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo

2015-16: Con participación de organizaciones empresariales, sindicales y sociales se discuten en el Consejo Económico Social las bases para el Pacto Eléctrico que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo

2016: Es promulgada la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16, consensuada durante varios años entre  legisladores, funcionarios públicos y  representantes de entidades sociales

         Todas estas concertaciones han constituido una plataforma de avances institucionales,  de fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad, auspiciadas por los gobiernos de los tres partidos que han dominado el Estado dominicano tras la dictadura de Trujillo.

         En todo lo que ha tenido relevancia en la sociedad dominicana del último cuarto de siglo ha participado activamente la sociedad civil, en sus múltiples expresiones de organizaciones empresariales, sindicales, profesionales, académicas, sin fines de lucro, religiosas, populares y comunitarias.

         No ha habido una sola ley importante, sea orgánica o códigos, laboral, civil o penal, de seguridad social o seguridad ciudadana,  que no conllevara consultas y búsqueda de consensos La participación de la sociedad civil dominicana ha sido relevante en todos estos procesos, en unos más que en otros, pero por lo menos ha predominado la consulta.

         En un «Estado Social y Democrático de Derecho» es fundamental la participación de la ciudadanía, como la proclaman los  numerales 4 y 5 del artículo 22 de la Constitución de la República que establecen como derechos «Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuestas de las autoridades», y «denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos».

         Más aún, el artículo 75 constitucional dispone, como deber ciudadano fundamental, «Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública».  

         No hay la menor razón para que la  participación ya lograda no  prosiga con  las leyes de partido y del régimen electoral, que se vienen discutiendo desde hace más de dos décadas, y en la selección de los integrantes de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y las altas cortes, como ya ocurrió antes. Si en procesos anteriores la participación y los aportes de la sociedad civil fueron valorados positivamente, y ahora se reclama lo que anteriormente fue aceptado ¿por qué antes sí y ahora no?

                                                               Septiembre del 2016.-  

En la oposición, el PLD buscaba la sociedad civil

Por Juan Bolívar Díaz

Las dos veces que el PLD alcanzó el poder se buscó el amparo de la sociedad civil que ahora rechaza y desprecia, con la que modificó, también dos veces, la composición de la Junta Central Electoral y creó comisiones de seguimiento a sus labores.                                                

            La oposición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a que la sociedad civil participe en los consensos para las leyes de partido y electoral y la elección de los árbitros electorales, contradice su actuación cuando no controlaba el poder, al que accedió con amparo social, llegando a modificar la conformación de la Junta Central Electoral (JCE).

            El liderazgo social ha sido coherente, participando desde los años 90 en múltiples consultas, reclamando reformas políticas para fortalecer la institucionalidad democrática y específicamente  independencia de los árbitros electorales y de las cortes judiciales, sin haber pretendido controlarlas.

Doble rechazo del PLD

            Esta semana el PLD ratificó su rechazo a la participación de cualquier estamento de la sociedad civil en la búsqueda de consenso para las pendientes leyes de partido y del régimen electoral y para la conformación de los órganos electorales, en contradicción con lo que fue su accionar cuando no controlaba el poder del Estado.

            Dionis Sánchez, el presidente de la Comisión Especial del Senado que inició el procedimiento para la elección de los integrantes de la JCE, dejó claro su rechazo a la intervención de las organizaciones sociales que han pedido un pacto político-social para el mejoramiento de la institucionalidad democrática.

            En la reunión el martes de la comisión de mediación para discutir una vez más las leyes de partido y electoral, que como tantas veces desde los años noventa encabeza monseñor Agripino Núñez Collado, los delegados del PLD también rechazaron la participación allí de representantes sociales, como han solicitado instituciones como Participación Ciudadana (PC) y la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática.

            En todos los escenarios, el presidente del Senado y secretario general peledeista, Reinaldo Pared, y sus voceros en las cámaras legislativas, han rechazado cualquier participación social, invocando que es a ellos a quienes la Constitución faculta para legislar y conformar la JCE y la Cámara de Cuentas.

            Las organizaciones sociales no pretenden sustituir a los legisladores, pero reclaman el derecho a promover consensos sobre el perfil que deben reunir los árbitros, especialmente «que no sean representantes de los partidos», como se estableció en el Pacto por la Democracia que el PLD propuso en 1994, junto a organizaciones sociales, antes de llegar al poder. Entonces apoyó la observación electoral y el conteo rápido de PC.

Proponen foro tripartito

            El rechazo del PLD a la participación de la sociedad civil ha sido tan tenaz que a ningún líder social se le ha ocurrido ahora reclamar derecho a señalar candidaturas como en 1997 cuando ese partido y el presidente Leonel Fernández lo acogieron y auspiciaron para elegir la Suprema Corte de Justicia en 1997, cuando el PLD era minoría en el Congreso, o para elegir la JCE que encabezó el doctor César Estrella Sahdalá en 1994.

            El martes  el Partido Revolucionario Moderno (PRM) representado por su presidente y su secretario general, Andrés Bautista y Jesús Vásquez, solicitó la conformación de un foro tripartito, con delegados de los partidos en el gobierno, de la oposición y de la sociedad civil. Sólo lograron la conformación de dos bloques de 8 miembros, gobierno y oposición. El PLD estuvo representado por Reinaldo Pared y el exvicepresidente de la nación Rafael Alburquerque.

            Andrés Bautista adelantó que van a insistir en la participación de la sociedad civil, en un diálogo tripartito «como se hizo en los años noventa», comenzando mañana lunes con una rueda de prensa. Aseguró que establecerán un mecanismo rotativo para que todos los partidos de oposición que concurrieron a las últimas elecciones, y actúan en coordinación desde entonces, puedan participar en la búsqueda de un consenso político-social.

            El PRM ha coincidido con la sociedad civil en que se deben elegir personalidades con independencia de los partidos para integrar tanto la JCE como la Cámara de Cuentas y posteriormente los titulares de las altas cortes, comenzando por los del Tribunal Superior Electoral cuyo período venció el 16 de agosto pasado. Y ha sostenido, junto al PRSC y el resto de la oposición, que no aceptará cuota partidaria en esos organismos.

 Leonel acorraló la JCE

            En septiembre de1998, cuando el Senado controlado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) eligió una JCE sin consenso con los demás partidos, tanto el PLD como el Partido Reformista procuraron la mediación de Agripino Núñez, de empresarios y directores de medios de comunicación, con respaldo de PC, la Finjus y otras entidades sociales para revocar la entonces también «soberana decisión» de los facultados por la Constitución para elegir.

            La crisis política, que ya había comenzado cuando el gobierno del PLD se impuso, hasta con vuelos rasantes de helicópteros militares, en la elección del secretario general de la Liga Municipal, donde los perredeístas eran mayoría, llegó al grado de que los reformistas y Vincho Castillo elevaron una petición de embargo a las cuentas de la JCE.

            Aunque esa instancia carecía de valor jurídico ya que la Ley Electoral definía a la JCE como «una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, con patrimonio propio inembargable», el presidente Leonel Fernández dispuso la retención de los fondos presupuestarios del organismo, hasta que un tribunal dictaminara sobre la instancia.

            La confrontación duró hasta mayo de 1999. La sociedad civil apoyó el reclamo de consenso del PLD y el PRSC, aunque ninguno de los cinco jueces elegidos, encabezados por Manuel Ramón Morel Cerda, eran dirigentes del PRD, y la crisis se saldó con la mediación social, ampliando a siete los integrantes de la JCE para incorporar a Roberto Rodríguez Estrella y Julio César Castaños Guzmán, propuestos por el PLD y el PRSC. Los otros cuatro eran Ana Teresa Pérez, Luis Ramón Cordero, Luis Arias y Salvador Ramos.

Comisión de Seguimiento

            Con el PRD controlando los poderes Ejecutivo y Legislativo, y más aún cuando el presidente Hipólito Mejía (2000-04) impuso una reforma constitucional para poder buscar la reelección, la mediación de la sociedad civil fue una constante en la JCE. Para los comicios del 2000, Participación Ciudadana, con apoyo de otras entidades, demandó una auditoría al nuevo padrón electoral que conformó el tribunal. El PLD y los demás de la oposición apoyaron, y la organización cívica, con respaldo técnico del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, realizó la auditoría en medio de tensiones, pero el padrón resultó inobjetable.

            Con el PRD en el poder,  a instancias del PLD y el PRSC se creó una Comisión de Seguimiento a las labores de la JCE, integrada, además de Agripino Núñez, por los dirigentes empresariales Elena Viyella de Paliza, entonces presidenta del CONEP, Celso Marranzini y Rafael Perelló, así como los profesionales Radhamés Mejía, José J. Puello y Marisol Vicens y el reverendo Reinaldo Franco Aquino.

            Con todos esos mediadores y el empuje del PLD-PRSC, se propició una reforma electoral, con la Ley 02-03 aprobada por el Congreso con mayoría perredeísta, y promulgada en enero del 2003, dividiendo las funciones de la JCE en dos cámaras, administrativa y contenciosa, y se elevó a 9 los integrantes del pleno. Morel Cerda, un abogado honorable de toda la vida, se cansó de las objeciones y renunció, por lo que se eligió a tres nuevos titulares: Ramón Hernández, José Luis Tavares, y Roberto Rosario. Este sería el primer titular de la JCE llegado desde el organismo ejecutivo de un partido, pues era miembro del Comité Central del PLD.

Extremos en la JCE

            A pesar de las ampliaciones de la JCE, la desconfianza por el proyecto reeleccionista de Hipólito Mejía llegó a extremos, cuando la Comisión de Seguimiento impuso directores de Informática y del Registro Civil de la JCE, bajo amenaza de retirarse. Y para colmo en vísperas de las elecciones, adicionaron a la misma al embajador de Estados Unidos, Hans Hertel, y al de la Unión Europea Miguel Amado.

            Todos ellos fueron llevados precipitadamente a la JCE la noche de la elección, el 16 de mayo del 2004, bajo la falsa información difundida por los voceros del PLD de que el coronel Pepe Goico, de la seguridad del presidente Mejía, había comenzado a robarse las urnas electorales en Los Alcarrizos y que no dejaban salir  las de arroyo Hondo. Por el PLD eran miembros de la Comisión de Seguimiento Reinaldo Pared, Franklin Almeida y Radhamés Jiménez.  Todo el país vio por televisión el enérgico discurso de Monseñor Agripino Núñez, demandando un respeto a la voluntad popular que nunca estuvo en juego. A las 11 de la noche Hipólito Mejía admitió el triunfo de Leonel Fernández y se convirtió en el único presidente dominicano derrotado, hasta ahora, en un intento reeleccionista. Luis Arias,  quien presidió esa JCE y luego sería designado embajador por el presidente Leonel Fernández, fue un aliado eficiente  de PC en la observación electoral.

            El PLD agradeció la observación electoral de Participación Ciudadana y decenas de organizaciones aliadas, que por segunda vez habían registrado su ascenso al poder, en su conteo electoral rápido por muestreo, antes que la JCE llegara al tercio del escrutinio.-

 

 

 

El doble estándar del PLD frente a la Sociedad Civil

Son desproporcionadas, contradictorias y regresivas las reacciones que niegan el derecho a la participación de las organizaciones sociales que esta semana anunciaron una Iniciativa por la Institucionalidad Democrática  

Por Juan Bolívar Díaz

            Las reacciones de los voceros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la constitución de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática por parte de una docena de organizaciones sociales, son contradictorias con una extensa cadena de concertaciones con la sociedad propiciadas por los gobiernos de las últimas tres décadas.

            El liderazgo social se compromete a impulsar las reformas políticas contenidas en los proyectos de leyes de partido y del régimen electoral y de transparencia y responsabilidad fiscal, así como dar seguimiento a las próximas elecciones de nuevos titulares de las altas cortes, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.

Un acuerdo político-social

            El martes 9 fue publicada la «Iniciativa por la Institucionalidad Democrática», suscrita por 5 de las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y otras 7 entidades sociales, comprometiéndose a «trabajar por un gran acuerdo político y social que tenga por meta alcanzar la institucionalidad democrática indispensable para lograr un verdadero Estado social y democrático de  derecho como lo manda nuestra Constitución».

            La iniciativa nace «con el objetivo de impulsar las reformas y transformaciones que demanda la institucionalidad democrática» de la nación, especificando una ley de partidos que garantice que estos asuman sus mandatos constitucionales, de procesos democráticos, de transparencia en su financiamiento y de rendición de cuentas.

            Propugnan por una ley del régimen electoral que garantice elecciones con transparencia organizativa, equitativas e inclusivas, y con regulaciones de las campañas electorales que eviten el uso de los recursos del Estado. También por la aprobación de las leyes de Transparencia y Responsabilidad Fiscal y de Fiscalización y Control del Congreso Nacional «que establezcan un mayor rigor en el uso del presupuesto público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, de los déficits y de la deuda pública».

            Se proponen dar seguimiento al proceso de selección de los nuevos titulares de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, ya que el período de los actuales  vence el 16 de agosto, y posteriormente, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, y apoyar otras iniciativas sociales, incluyendo los servicios que corresponden a la población.

Descalificaciones y chantaje

            Llamó la atención la virulencia con que voceros oficiales y oficiosos del PLD reaccionaron ante la propuesta. El vocero de los senadores oficialistas marcó la pauta cuando llegó al extremo de plantear que los propulsores pretenden un «golpe de estado constitucional», intentando sustituir a los legisladores. El senador por Azua, Rafael Calderón, sociólogo que  antes promovía la concertación, recomendó a los empresarios ocuparse, como el gobierno, y el Congreso, de resolver «poco a poco los problemas existentes», mientras el de Pedernales, Dionis Sánchez, los  instó a «contribuir con la paz y por ende con la democracia apoyando un incremento de salarios para los trabajadores».

            El secretario general peledeísta, Reinaldo Pared Pérez, quien vuelve el martes a la presidencia del Senado, fue más moderado, diciendo que  están abiertos a escuchar, y hasta reconoció que la iniciativa está dirigida al fortalecimiento institucional. Pero al mismo tiempo advirtió que es al Congreso y el Consejo de la Magistratura que la Constitución faculta para elegir los titulares de la JCE y las altas Cortes, como si estuviera en discusión..

            De inmediato comentaristas peledeístas se dedicaron, por medios de comunicación a intrigar y chantajear a los líderes empresariales, especialmente al presidente del CONEP, atribuyéndole hasta animadversión política, olvidando los numerosos precedentes de participación del empresariado en las concertaciones político-sociales de las últimas décadas, incluyendo su  Grupo de Acción por la Democracia en los años 90.

Larga cadena de consensos

            Son innumerables los eslabones de la cadena de consensos para reformas políticas, económicas y sociales, en los que han participado el empresariado, las academias, las iglesias, los sindicalistas y otras organizaciones sociales, desde los años 90, por iniciativa propia, de los partidos y de los gobiernos. Han incluido consultas y pactos para las reformas constitucionales de 1994 y 2010, para el Código de Trabajo, el Sistema de Seguridad Social, Estrategia Nacional de Desarrollo, y planes decenales de educación y salud.

            Es extensa la nómina de legislaciones que han pasado por la concertación con las organizaciones sociales, y que incluyen su representación,  como la que crea los consejos nacional de desarrollo, y múltiples leyes,  de organizaciones sin fines de lucro, de participación social (regateada todavía), así como las de libre acceso a la información, de controles presupuestario, defensor del pueblo, de salarios públicos y la misma ley de partidos, con múltiples consensos durante 18 años.

            La Sociedad Civil organizada participó también activamente en varias concertaciones para elegir los integrantes de la Junta Central Electoral, y los de la Suprema Corte de Justicia en 1997, y los principales partidos, incluso el PLD, llegaron a solicitar que instituciones sociales como Participación Ciudadana observaran sus elecciones primarias y les formularan observaciones, para los comicios del 2002, 2004 y 2006. Con PC,  FINJUS, y Centro Bonó, que firman la iniciativa ahora objetada, han realizado múltiples seminarios y eventos de consultas.

Desprecio contradictorio

            El desprecio por la participación social en el curso institucional democrático es tan contradictorio que deja mal parada el actual intento de concertación para el Pacto Eléctrico y el pendiente para el pacto fiscal, así como el realizado pacto por la educación, los tres mandatos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. También va contra el programa de gobierno del PLD 2016-20, que entre sus metas plantea la ley de partidos y  promete que «Promoveremos la aprobación de leyes que permitan mayor participación de la ciudadanía en la elección de funcionarios y que éstos sean cada vez más cercanos a la gente».

            También contradicen los artículos 22,75 y 77 de la Constitución peleedeísta, que se refieren a los derechos de la ciudadanía, sus deberes y al mandato de los legisladores, lo mismo que al artículo 6 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que planteó reformar el sistema político y electoral en tres años, vencidos en el 20015.

            El PLD se abrió paso al poder en 1994, valiéndose de la sociedad civil, a la que puso a firmar el «Pacto por la Democracia», que pactó una reforma constitucional con la cual se impuso el 50 por ciento del voto para la elección presidencial, lo que cerraría el paso a Francisco Peña Gómez en la elección presidencial del 2006.

            El punto 2 de ese pacto establece «Conformar una nueva Junta Central Electoral cuyos miembros no sean representantes de los partidos políticos», que fue lo que se hizo ese mismo año y por consenso político-social, con la presidencia de César Estrella Sadhalá, quien no era dirigente ni militante de partido, como sigue reclamando la Sociedad Civil. Tampoco eran dirigentes políticos sus sucesores presidentes Juan Sully Bonelly, Jorge Subero Isa, Manuel Morel Cerda y Luis Arias. Aunque en la elección de Morel el PRD rompió el consenso, en conflictos con el primer gobierno del PLD, compensado con otro acuerdo político-social, ampliando los integrantes de la JCE para que peledeístas y reformistas propusieran sendos titulares.

Propósitos muy difíciles

            Los propulsores de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática saben que sus metas son difíciles de alcanzar y que requerirán intensa y prolongada movilización social, por lo que trabajan por ampliar las organizaciones participantes. Tienen en la memoria concertaciones político-sociales tan importantes como la que produjeron la Suprema Corte de 1997 y la que obligó a cumplir la ley del 4 por ciento del PIB para la educación.

            Están conscientes del poder que ha logrado concentrar el PLD en base al control y manipulación de la justicia y los órganos electorales, de la promoción de la desintegración de los partidos y organizaciones sociales, corrompiendo o absorbiendo dirigentes y militantes con los recursos estatales, y sin regulaciones como las que se pretenden en la ley electoral y la ley de partidos. Los oficialistas entienden que toda inconformidad o propuesta de reformas conspira contra sus intereses partidistas.

            En la sociedad todavía se espera más receptividad de un partido que promovió jornadas participativas como la del Diálogo Nacional en 1997 y la Cumbre por la Unidad Nacional ante la Crisis Económica Mundial en el 2009, ambos eventos con cientos de resoluciones y propuestas de reformas, por igual las consultas para la reforma constitucional del 2010.-

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Grandes conciertos del PLD con la Sociedad Civil

1994: Pacto por la Democracia

1997: Elección de la Suprema Corte de Justicia

1998: Diálogo Nacional

2004: Seguimiento a la JCE

2008: Consultas para la reforma constitucional

2009: Cumbre por la Unidad Nacional por la Crisis Mundial

2010: Consultas para la Estrategia Nacional de Desarrollo

2012: Intento de pacto fiscal

2914: Concertación y firma del pacto Educativo

2016:  Concertación para el Pacto Eléctrico

Leyes de Partidos y Electoral en un solo y amplio consenso

Por Juan Bolívar Díaz
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Es improcedente que se pretenda priorizar la Ley de partidos, cuando ahora lo urgente es la Ley del Régimen Electoral que debe, entre otros aspectos, pautar la elección de los titulares de la Junta Central Electoral (JCE), ya que el período de los actuales vence el próximo 16 de agosto.

Como ambos proyectos conformarían una reforma del sistema político, deben ser consensuados al unísono y con la más amplia participación de los partidos políticos y las instituciones sociales interesadas, como ocurrió con la mayoría de las reformas político-sociales de las últimas décadas.

Una sola reforma política. Debe llamar la atención que sectores políticos pongan todo su énfasis en un nuevo consenso sobre el largamente manoseado proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, cuando lo prioritario ahora mismo es el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, que debe anteceder la renovación de la Junta Central Electoral, cuyos actuales titulares terminan su período el próximo 16 de agosto.

Como los dos proyectos se complementan, y para evitar redundancias y confusiones deberían ser objeto de un solo y amplio consenso que se extienda al reclamado pacto político por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que debe implicar también la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, también a partir del 16 de agosto, y posteriormente el inicio de la renovación de la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional.

Sorprende que se esté tratando de limitar la participación en el consenso sólo a los partidos con representación congresual, dejando fuera los demás y las entidades sociales interesadas en el desarrollo democrático institucional. Se ha informado que la mediación que realiza monseñor Agripino Núñez Collado es a título personal, que no involucra al Consejo Económico y Social, que tiene representación empresarial, sindical y social.

Esta restricción es otra regresión del sistema político que se abrió a la sociedad a partir del Diálogo Nacional convocado por el presidente Leonel Fernández en 1997, que pasó por la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado y por el Consejo Nacional de Reforma del Estado en el gobierno de Hipólito Mejía, y más recientemente por el CES y otras instancias para los pactos por la Educación y Eléctrico, para un conjunto de leyes, y hasta para la Constitución de la República del 2010.

Sólo voluntad política. No es verdad que la amplia participación dificultará la reforma del sistema electoral y partidista, pues consensos ha habido en varias ocasiones desde 1998, lo que ha faltado siempre es la voluntad política de ejecutarla, por parte de los partidos dominantes, especialmente la ley que regularía el partidarismo político.

Existen dos documentos que son puntos de partidas ya sistematizados y que en su momento recogieron consensos políticos y sociales, que son los proyectos de partidos y del régimen electoral sometidos al Congreso Nacional en el 2011 y reintroducidos después dos veces por la JCE.

Esos proyectos fueron elaborados por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, contratada por la JCE, que partió de los consensos alcanzados previamente sobre la Ley de Partidos, que incluyeron nuevas consultas con el sistema político y las entidades sociales interesadas. Con la ventaja adicional de que recogieron las experiencias de reformas políticas de los países latinoamericanos, que en las últimas décadas avanzaron considerablemente en regulaciones, dejando atrás a la República Dominicana.

De esos dos proyectos, el que requiere más consulta es el del Régimen Electoral, que ha sido menos discutido. El de partidos ha sido presentado en unas ocho legislaturas con diversas variantes, y no fue aprobado cuando el Partido Revolucionario Dominicano tuvo mayoría, entre 1998 y 2006, ni el Partido de la Liberación Dominicana en la última década.

La Ley de Partidos. El objetivo de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es regular la democracia interna para garantizar los derechos de sus miembros y el cumplimiento de su misión como se enuncia en el artículo 216 de la Constitución, el cual especifica que “Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia de conformidad con la ley”.

Ese artículo indica que “Sus fines esenciales son: “1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”.

La ley deberá disponer mecanismos específicos para que los partidos alcancen sus fines, para el respeto de la democracia interna en la elección de dirigentes y candidatos, para promover el relevo de dirigentes y la participación de las mujeres y los jóvenes, Igual para regular límites y transparencia del financiamiento de los partidos y los candidatos, a fin de reducir el encarecimiento de la política que cuesta a la sociedad y otorga ventajas a los adinerados sin importar el origen de las fortunas que se gastan en la política. Aquí también es fundamental un fuerte régimen de sanciones a los delitos electorales.

Una gran coalición social. Evidenciado hasta la saciedad que los partidos que controlan el poder evaden reformas que disminuyan sus ventajas, las posibilidades del rescate y fortalecimiento de la institucionalidad democrática, dependen fundamentalmente de la capacidad de presión que desarrollen las instituciones de la sociedad civil, tal y como se advierte en los recientes planteamientos del empresariado, y de las entidades más comprometidas con las reformas político-sociales.

La participación de las iglesias, del movimiento sindical y social comunitario es también básica para forzar la voluntad política que requieren las reformas, que comenzando por la institucionalidad democrática y la justicia, se extiendan a los pactos eléctrico y fiscal.
Una gran coalición de todos los sectores sociales, que como en las dos décadas anteriores permitieron avances en el arbitraje electoral y en la fortaleza de la justicia y forzaron el cumplimiento de la ley del 4 por ciento del PIB para la educación, es imprescindible en las actuales circunstancias.

Ya está en marcha la constitución de un “Pacto Nacional por la Justicia y la Seguridad y se promueve una “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática”, esfuerzos que deben converger en una sola y gran coalición, ya que la justicia y la seguridad ciudadana son partes fundamentales de la institucionalidad democrática. Mientras más unidad, más capacidad de presión.-

Ley del Régimen Electoral
El objetivo fundamental de la Ley del Régimen Electoral, que por ser orgánica su aprobación requiere dos tercios de los votos de cada cámara legislativa, es dar vigencia al conjunto de principios del Estado Social y Democrático de Derecho, instituido en el artículo 7 de la Constitución del 2010, y especialmente su artículo 212, que se refiere a las facultades y responsabilidades de la JCE, como órgano regulador de las elecciones nacionales.

El párrafo IV de ese artículo es bien específico al plantear que “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la ejecución del financiamiento. En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Justamente esos fueron los principales reclamos que afectaron el reciente proceso electoral, que motivaron reacciones y objeciones de los partidos de oposición, y figuran en las recomendaciones de los informes de Observación Electoral de la OEA y Participación Ciudadana, y en las demandas para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, la Finjus, Centro Bonó y otra muchas instituciones sociales.

La Ley Electoral deberá especificar las condiciones para garantizar la independencia de los titulares de la JCE, el derecho a elegir senadores y diputados, así como alcaldes y regidores distintos en boletas separadas, y limitar el uso del poder estatal en las campañas, con un régimen de sanciones que disuada los delitos electorales.

Oportunidades de Danilo; lo que nunca se ha hecho

Por Juan Bolívar Díaz
10_07_2016 HOY_DOMINGO_100716_ El País12 A

Con el certificado que le autoriza gobernar hasta el 2020, el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de “hacer lo que nunca se ha hecho” y demostrar desde ya que no pretenderá seguir el nefasto curso histórico dominicano del continuismo aceptando, sin dejar dudas, el desafío a una concertación por la institucionalidad democrática.
El concierto social permitiría concluir el Pacto Eléctrico y materializar el Pacto Fiscal, lo que a su vez generaría mayores recursos para enfrentar las grandes demandas nacionales de sostenibilidad económico-social, mayor equidad en la distribución de la riqueza, combate a la corrupción, la delincuencia y la impunidad, con el imperio de la ley.

¿Será su último período? Cuando Danilo Medina recibió el jueves el certificado de elección, que sin duda ratificará el Congreso Nacional, la pregunta que muchos se formulaban es si será su último período constitucional y nunca más, como manda la Constitución que él impuso en el 2015 para poder reelegirse. Las apuestas en los círculos políticos andan como dos a uno, predominando los que creen que intentará seguir, fundados en el continuismo dominicano, por el que solo siete mandatarios han agotado dos tercios de la historia republicana.

No hay que remontarse al siglo 19, con analizar a Horacio Vásquez, Trujillo, Balaguer, Hipólito, Leonel y el mismo Danilo, se concluye que las palabras no bastan para generar confianza. Todos comienzan condenando el continuismo, pero trabajan para perpetuarse. El caso más trágico fue el de Horacio Vásquez, que creó las condiciones para la tiranía de Trujillo. El más atípico, el de Hipólito, que lo intentó en medio de una grave crisis financiera, después de decenas de juramentos de rechazo, para terminar en el único fracaso.

No solo las palabras, a veces ni los hechos son suficientes para contener el amor al poder sin límites. Leonel Fernández hizo aprobar en 2010 la Constitución del Estado democrático de derecho, que autorizaba la repostulación presidencial eternamente, con un período alterno, pero meses después, pese a haber tenido tres períodos de gobierno, se aferraba a una “interpretación constitucional” que, según discurseó, le permitía seguir, lo que no hizo por una férrea oposición nacional y en su propio partido.

Danilo Medina lo sucedió jurando que no se tragaría ni una vez “el tiburón podrido de la reelección”, reconociéndolo nefasto para la institucionalidad democrática, y terminó comprando medio Congreso para ingerírselo, justificándolo y sin eructar.

Reconocer la desconfianza. Lo primero que necesitan Medina y los suyos es asumir las graves insatisfacciones dejadas por el proceso que le permitió reelegirse con el 62 por ciento de los votos. Pudo haber sido menos aplastante en el abuso del poder y los recursos del Estado, conformarse con el 51 por ciento del sufragio y permitir mayor equilibrio en los demás poderes del Estado, pero él reclamó y buscó a cualquier precio “sus” senadores, diputados y alcaldes.

Hay quienes interpretan esa desmesura en la necesidad de crear condiciones para justificar la continuación del aplastamiento de su competencia interna, bajo la consigna ya reconocida por cercanos, de que “no vamos a permitir la vuelta de un Leonel vengativo”; segundo, para afianzar el dominio, que viene construyendo, de los demás poderes del Estado, y tercero, para erigirse en un nuevo mesías al que “no podemos desaprovechar”, argumento histórico que fundamentaría otra reforma constitucional. “Ya hicimos una, cuando no controlábamos el Congreso, y no tuvo ningún costo político”, argumentó certeramente un beneficiario.

Como en los dos primeros años del Gobierno, abundan los que creen en la palabra de Medina, pero son muchos más los que mantienen reservas y los que apuestan al intento continuista. Eso y el reconocimiento del colapso de la institucionalidad democrática en que concluyó el proceso electoral, es lo que fundamenta la generalizada demanda de un Pacto Político Social para reformas que en lo inmediato garanticen gobernabilidad y posibilidad de enfrentar los graves problemas nacionales, y que también eviten la desestabilización económica y social y graves confrontaciones en el próximo proceso electoral.

Conveniencia del pacto. Es obvio que para dejar atrás la política de desarticulación de los partidos de oposición y cooptación del liderazgo político-social mediante el reparto del Estado, y para cesar la impunidad y combatir la corrupción y delincuencia, así como para promover la independencia de los poderes del Estado, incluyendo los de control, ningún Gobierno necesita pacto alguno, pues bastaría con comenzar a hacer cumplir los principios constitucionales y las normativas.
Pero la coyuntura obligaría al Pacto Socio-Político por la necesidad de legitimar mayores contribuciones impositivas, que permitan adecuada inversión social, disminuir la delincuencia y crear seguridad, conteniendo el peligroso sendero de los déficits y el endeudamiento.

El problema es que los estrategas gubernamentales saben que cada vez es mayor la convicción de que el “Pacto Fiscal” tiene que con- llevar reestructuración del gasto y limitar la estructura de dominación en base al reparto y la corrupción sobre la que se ha sostenido el dominio total del régimen peledeísta.

Eso puede tener un costo de comodidad política, pero permitiría a Danilo Medina ocupar una buena curul en la historia nacional, y a su partido recuperar el crédito de sectores sociales muy insatisfechos, que reivindican los principios fundacionales del profesor Juan Bosch. Pero se requiere pasar del discurso a la concertación, o a los hechos concretos. No se inscribe en esa dirección la decisión de esta semana de llevar a una hermana del primer mandatario a la presidencia de la Cámara de Diputados, reduciendo la diversidad interna y ampliando garantías de control sobre los organismos que habrán de renovar los organismos estatales este año y en los sucesivos.

El pacto más prioritario. Tras el discurso del presidente del CONEP, Rafael Blanco Canto, el 29 de junio y el amplio respaldo que ha recibido de todo el sector empresarial y de instituciones sociales, ha crecido la convicción de que el primero de todos los pactos, fundamental para lograr los otros, es el de la sociedad civil, ya que los partidos políticos siempre buscan neutralizar y proseguir caminos que les han dado alta rentabilidad.

Para esta semana se convocan varios encuentros destinados a ampliar la concertación social, incluyendo un “Foro por un pacto nacional por la justicia y la seguridad”, convocado por una veintena de organizaciones sociales y empresariales que incluyen a algunas de las que en el pasado protagonizaron exitosas jornadas de presión como las de los años noventa para elegir una JCE y Suprema Corte de Justicia relativamente independientes, o la que luego forzó el cumplimiento de la ley que dispone la inversión del 4 por ciento del PIB en educación.

Que nadie se deje engañar, del nivel de compromiso de los sectores sociales, especialmente de los empresariales, dependerá que el Gobierno emprenda el camino de la concertación real para el rescate de la institucionalidad democrática y de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

El gran desafío del CONEP del discurso a la concertación

Por Juan Bolívar Díaz
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El discurso del miércoles del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ante la Cámara Americana de Comercio constituye un valiente y preclaro alegato a favor de la institucionalidad democrática y el imperio de la ley, que merece respuesta de todas las instituciones y personas preocupadas por el devenir de la nación.

El líder empresarial Rafael Blanco Canto ha invitado al liderazgo político y social dominicano a pasar del discurso a la concertación para “que construyamos juntos los cuatro pilares que deben sostener una verdadera democracia y una institucionalidad creíble que genere confianza”, y la coyuntura parece propicia.

Por el Estado de Derecho. El discurso de Blanco Canto recoge persistentes preocupaciones que se han generalizado en el país sobre evidentes retrocesos en la institucionalidad democrática nacional que quedaron más al desnudo en todo el proceso electoral que aún no concluye, desde la compra de una reforma constitucional para restablecer una vez más la reelección presidencial inmediata, la repostulación casi total de legisladores y alcaldes con sacrificio de la democracia interna de los partidos, hasta la extrema inequidad y derroche de la campaña electoral, con órganos de arbitraje parcializados.

La pieza se remonta al diagnóstico del informe Attalí del 2010, que ya planteaba como fundamental para una exitosa estrategia nacional de desarrollo, restaurar la confianza en las instituciones del Estado. Seis años después Blanco Canto advierte “un malestar de desconfianza en las instituciones a las que hemos entregado la función de representarnos, producto de la falta de orden y de la inexistencia de un adecuado régimen de consecuencias que ofrezca a la población la seguridad de que vive en un Estado de Derecho”.

Tras señalar una serie de prácticas negativas, sostiene que el Estado no ejerce su autoridad para aplicar las leyes, lo que erosiona el régimen político institucional, y a continuación se refiere a las lecciones dejadas por el proceso electoral, quejándose de que no fueron escuchados más de once pronunciamientos del CONEP, ni los de otros sectores sociales que reclamaron urgentes reformas político-electorales. Blanco Canto aseguró que “este sistema colapsó y el proceso estuvo matizado por el constante cuestionamiento a la imparcialidad de los órganos electorales. Hoy puede afirmarse que la confianza en la institucionalidad electoral está rota”.

Urge pacto político-social. Tan firme se mostró el presidente del CONEP sobre la prioridad del pacto político-social, que ni siquiera se refirió al debate sobre los alcances del pacto fiscal pendiente. Su penúltimo párrafo dice: “estamos convencidos de que sería completamente irresponsable colocar por delante de este, los demás temas de la agenda, pues este, como hemos señalado, es un prerrequisito para garantizar que lo que se pacte en los demás, se cumpla. Es por esto que este debe ser el primero de los pactos”.

Rafael Blanco Canto concluyó su discurso invitando “al liderazgo político y social a que construyamos juntos los cuatro pilares que deben sostener una verdadera democracia y una institucionalidad creíble que genere confianza. Es al liderazgo del país a quien le corresponde esta ardua tarea, nosotros estamos dispuestos a hacer nuestra parte”.

El orden de prelación que plantea el CONEP está determinado también por la circunstancia de que el mes próximo vence el período para el que fueron electos los actuales titulares de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, para evitar que vuelvan a ser integrados por subordinados políticos de la aplastante mayoría gubernamental, que así aspira a reproducirse ad infinitum.

Sacudir la sociedad civil. Está en la memoria de la sociedad civil que los cambios en la composición de la JCE y de la Suprema Corte de Justicia, despolitizados tras el trauma electoral de 1994, la sanción a los fraudes bancarios y el cumplimiento de la ley del 4% para la educación sólo fue posible con la presión de una concertación político-social de la que el empresariado fue parte importante a partir de su Grupo de Acción por la Democracia. Durante años los empresarios José M. Paliza y Elena Viyella convocaron encuentros periódicos de concertación, con resultados positivos. Las circunstancias demandan un sacudimiento de la sociedad civil, afectada en los últimos años por la incorporación a los organismos estatales de muchos de sus cuadros, de arriba y abajo.

La prueba de que no será fácil convencer a los detentadores de todo el poder estatal de que cambien las reglas del juego para el rescate de la institucionalidad democrática es la reacción del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, al extremo de atribuír el discurso de Blanco Canto a que “no ganó su candidato preferido”. También llamó “sedicioso y conspirador” al titular de la JCE Eddy Olivares, por haberse atrevido a solicitar una auditoría de los equipos electrónicos que no funcionaron en la votación de mayo.

Otro ejemplo de absolutismo esta semana fue la declaración del también miembro del Comité Político del PLD, Euclides Gutiérrez, ironizando con que deben nombrar a 35 periodistas críticos al frente de ese organismo “para que dirijan el país”. Lo quieren controlar todo, y esta semana ya juramentaron en un organismo peledeísta al presidente del Colegio de Abogados que en diciembre llegó al cargo superando al candidato gubernamental e impulsado por la oposición.
El Gobierno necesita más recursos precisamente por el derroche del gasto electoral, y para lograrlo es imprescindible el apoyo de la sociedad, lo que abre espacio a la concertación político-social. Ya no caben más discursos.

No debió sorprender a nadie. El discurso de Blanco Canto no debió sorprender, ya que fue una continuación del pronunciado un año antes, 24 de junio del 2015, y en el mismo escenario, cuando disertó sobre la responsabilidad social empresarial y advirtió los desafíos del proceso electoral del 2016, considerando urgente crear condiciones para mantener la confianza en el sistema político y mitigar el desgaste del liderazgo partidista.
En esa ocasión el presidente del CONEP reclamó la aprobación de una ley de partidos que garantice la institucionalidad democrática y transparencia, pero puso mayor énfasis en “la aprobación de una robusta ley de garantías electorales que regule los gastos de campaña, que garantice niveles de equidad en el acceso a los medios de comunicación y la colocación de publicidad, y que ponga control al uso de los recursos del Estado y las ventajas que ofrecen las posiciones públicas durante las campañas”.

Ya seis semanas antes, el 11 de mayo del 2015, un comunicado del organismo empresarial había rechazado el burlesco texto de ley de partidos que habían aprobado los diputados el 28 de abril, el cual negaba los múltiples consensos políticos sociales sobre el particular que datan de los años noventa. Otro antecedente es la visita del liderazgo del CONEP a la JCE el 15 de septiembre del 2015, donde Blanco Canto también abogó por la ley de partidos y un nuevo régimen electoral que controle el dispendio y abarate el costo de la política. Lo mismo han hecho otros líderes empresariales, como los de la Asociación de Industrias, y Franklin Báez Brugal en un celebrado discurso el 15 de noviembre del 2015, donde proclamó que “la democracia necesita pluralidad, controles y contrapesos”.

Urge recobrar la confianza
El presidente del CONEP sostuvo la responsabilidad de todo el liderazgo nacional, incluyendo al empresarial, en impulsar cambios “que satisfagan las necesidades sociales y corrijan los entuertos de nuestro sistema político con la implementación de medidas que nos permitan iniciar el camino para recobrar la confianza”. Acogió las recomendaciones fundamentales del informe de la misión de observadores de la OEA, que reclama equidad en el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, fortalecer la fiscalización, control y sanción de las violaciones a las normativas, y un marco jurídico de regulación para establecer un acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados en beneficio de candidatos y partidos, así como del derecho ciudadano a la información.

Blanco Canto, recogió las demandas de numerosas instituciones nacionales y precisó cuatro pilares fundamentales “para garantizar un sistema democrático sano en RD y para asegurar que la interrelación entre los diferentes actores de la vida nacional, se corresponda con los lineamientos que rigen todo Estado de Derecho”.

El primer pilar es una nueva ley electoral que establezca reglas claras del proceso electoral, mejor organizado, evitando abuso de los recursos del Estado, que acorte períodos de campaña y reduzca su costo, con acceso equitativo a los medios de comunicación, evitando la campaña directa o subliminal desde mucho antes del período electoral. El segundo es la ley de partidos que garantice la democracia al interior de los partidos, con elecciones primarias, castigo del transfuguismo y transparencia de su financiamiento público y privado. El tercero es una ley de responsabilidad fiscal que establezca mayor rigor en el uso del presupuesto público y los topes de gastos, déficits y deuda pública.

Un Pacto Político Social para un real Pacto Fiscal

Por Juan Bolívar Díaz
Dibujo

La experiencia del 2012 cuando este Gobierno impuso una simple reforma tributaria, en vez del Pacto Fiscal a que se comprometió en principio, debería ser suficiente para que los sectores empresariales, sociales y políticos comprendieran la necesidad de una firme compactación que equilibre el poder absoluto y rescate la institucionalidad democrática.

El liderazgo del empresariado organizado, economistas e importantes sectores sociales han planteado con mucha claridad los alcances del Pacto Fiscal que se impone, pero hay dudas de que comprendan que solo pueden salir adelante con un gran concierto que implique las energías que en años pasados impulsaron importantes avances institucionales.
Correctivos ineludibles

El Gobierno, el empresariado, las élites sociales, los economistas y el liderazgo social saben que, como han advertido organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la economía nacional va por el camino de la insostenibilidad, que se aproxima al límite de los déficits fiscales cubiertos con enorme endeudamiento y que hay que corregir el rumbo en búsqueda de un crecimiento más sano y un equilibro social que garantice productividad, fortalecimiento institucional y seguridad general.

Todos saben también que una vez más el interés electoral disparó el déficit fiscal, proyectándose que superará los 75 mil millones de pesos presupuestados para el año, tanto que el empresarial Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles lo estima al doble, unos 150 mil millones de pesos, que obligaría a buscar financiamiento adicional de por lo menos 1,500 millones de dólares.

El apremio llevó al ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a pedir concentración en el pregonado Pacto Fiscal, y a la directora de Proindustria, Alexandra Izquierdo, a sugerir una reforma tributaria “transitoria”, consciente de que para que sea fiscal integral se requerirá mucho tiempo de transacciones.

Con un ingreso fiscal que quedará en unos 15 mil millones de pesos menos de lo presupuestado, el Gobierno está urgido de una reforma que le permita elaborar un presupuesto realista para el 2017, afrontando problemas de financiamiento para proyectos fundamentales como las plantas de carbón, en las que desde hace cuatro años cifra sus expectativas de afrontar la crisis energética, y de recursos para emprender programas integrales que mitiguen la abrumadora inseguridad ciudadana.

Reclamado Pacto Fiscal. Como ahora hace cuatro años, al inicio de este Gobierno se expresaba un consenso sobre la necesidad del Pacto Fiscal, pero ante las primeras dificultades y también apremiado por un enorme déficit, el Gobierno optó por el camino tradicional, con la complicidad del liderazgo empresarial, marginando a los sectores sociales representados en el Consejo Económico y Social e ignorando a la oposición política que acababa de obtener 49 por ciento de los votos.

Las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, Asociación de Industriales de Herrera, la de Jóvenes Empresarios y múltiples sectoriales y regionales, han reformulado sus reclamos del Pacto Fiscal en términos contundentes, rechazando la prisa e incluso condicionándolo a la previa aprobación del Pacto Eléctrico que se discute hace dos años.

El CONEP lo fundamenta en racionalizar el gasto público, la Ley de Responsabilidad Fiscal, y reorientación del sistema tributario para la promoción de la producción y la exportación.

Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, dijo a HOY esta semana que realizan esfuerzos por unificar posiciones del sector empresarial, como hicieron para el Pacto Eléctrico, pero al mismo tiempo expresó temor de que los empresarios “busquen su acomodo de manera particular”, por lo que llamó al consenso para evitar que el Gobierno imponga otra reforma o simple parche tributario.

La fortaleza Institucional. Bien concretos y abarcadores han sido los dirigentes de la Asociación de Industrias, al reclamar límite a los déficits fiscales y desactivación de la “bomba del endeudamiento”, reconociendo la necesidad de reducir la evasión fiscal. Su presidente, Campos de Moya, ha señalado iniciativas para el desarrollo institucional y la competitividad, incluyendo la transparencia y cumplimiento de compromisos constitucionales fundamentales para la institucionalidad democrática de la nación, recordando que en agosto hay que renovar la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas.

Al respecto, el 9 de junio Campos de Moya precisó cinco iniciativas: leyes de Partidos y Electoral que iguale el terreno para todos; una Ley Tributaria y Fiscal que rompa las distorsiones que ponen a unos a pagar más y a otros menos, que incluya el control del gasto público y definición del tamaño del Estado; Ley de Pleno Empleo que ayude a regularizar a los informales y garantice seguridad social y pensiones para todos; la despolitización de los órganos estatales, incluyendo la judicatura y la Policía; y prioridades en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Economistas como Alfonso Abreu, Germania Montás, Nelson Suárez y Ernesto Selman, coincidieron esta semana en HOY en defender el Pacto Fiscal, que eleve equitativamente las contribuciones, pero con control del gasto, eliminación de los déficits y limitación del endeudamiento, que ya ronda 24 mil millones de dólares en el Gobierno central, más unos 11 mil millones de dólares del Banco Central, 8 veces la del año 2000.

Concierto político-social. Ningún Gobierno cede parte de su poder a menos que se vea obligado, y menos cuando lo acaba de multiplicar como ocurrió en las elecciones de mayo pasado. El partido gobernante ha demostrado gran capacidad para imponerse hasta por encima de su propio ordenamiento constitucional y legal, o evadiendo las legislaciones fundamentales para la institucionalidad democrática.

Eso incluye múltiples planteamientos constitucionales y casi una veintena de leyes aprobadas en el período 2000-12 para el control financiero y la transparencia de la gestión pública.

Solo una fuerte concertación social, como la que se orquestó para hacer cumplir la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, para sancionar los fraudes bancarios, y en los noventa para mejorar el sistema electoral y la justicia, podría lograr una reforma fiscal que contenga el despilfarro, la malversación y la corrupción pública y que ponga límites al uso clientelar del presupuesto, con el cumplimiento de las normativas.

Los senadores acaban de apropiarse el 10 por ciento del presupuesto del Congreso para aumentar la cobertura de su propio y privilegiado plan de pensiones.

La oposición política está también desafiada a reclamar el valor del 38 por ciento de la votación que obtuvo contra todo el Estado en mayo pasado, condicionando el reconocimiento de la legitimidad del Gobierno a que se abstenga al Estado social y democrático de derecho, con las urgentes reformas políticas, institucionales y fiscales, y que proscriba el partidarismo en los organismos estatales.

El Partido Revolucionario Moderno debe reactualizar su planteamiento de la campaña electoral de revisión de unas 7 mil cuentas estatales para ahorrar hasta 70 mil millones de pesos anuales.

Perú: ejemplo de avance institucional democrático

Por Juan Bolívar Díaz
12_06_2016 HOY_DOMINGO_120616_ El País13 A

El Perú está demostrando que los países latinoamericanos pueden avanzar en la fortaleza de la institucionalidad democrática, al pasar la prueba de una de las elecciones presidenciales más reñidas de la historia, con un resultado de apenas 0.24 por ciento de diferencia, a favor del economista Pedro Pablo Kuczyinsky.

Es relevante que la perdedora, Keiko Fujimori, con tan estrecho margen, haya aceptado el resultado sin alegar fraude, que no haya habido incidentes, lo que se explica por la independencia de los órganos electorales, y porque el Estado no estuvo en la campaña como ocurre en República Dominicana.

Resultado casi insólito. La diferencia de 0.24 puntos, 50.12 a 49.88 por ciento, con que Kuczynski ha ganado la presidencia de Perú es histórica, probablemente la segunda más estrecha en la democracia universal, después de la registrada en Estados Unidos en 1960 cuando John Kennedy superó a Richard Nixon 49.7 a 49.6 por ciento. Más recientemente en el 2000, George Bush se impuso a Al Gore 48.38 a 47.87 para una diferencia de 0.51 puntos.

Para la candidata perdedora, Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes y corrupción, el resultado es más que doloroso, porque ya en el 2011 la victoria se le había escapado también en la segunda ronda electoral, a manos del actual presidente, Ollanta Humala, aunque no tan estrechamente: 51.44 a 48.55, para 2.89 puntos de diferencia.

Hace cinco años Keiko había llegado de segunda en la primera ronda, pero en abril pasado fue primera con votación de 40 por ciento, casi el doble del 21 que consiguió Kuczynski, quien debe su triunfo ahora a la tercera candidata, Verónika Mendoza, del Frente Amplio, quien en la primera ronda había quedado en tercer lugar con 19 por ciento.

Hasta tres días antes de la segunda vuelta, las encuestas daban el triunfo a Keiko, con ventaja entre 3 y 5 puntos, pero el apoyo de Mendoza, de la moderada izquierda peruana, al economista centro derechista resultó definitivo. Ella pidió votar por Kuczynski sin siquiera reunirse con él y encabezó una marcha multitudinaria en Lima, proclamando que no podía permitir el triunfo del fujimorismo, recordando la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), con sus crímenes y corrupción.

Asombrosa tranquilidad. Muchos dominicanos no entienden la asombrosa tranquilidad con la que los peruanos han asumido un resultado tan estrecho en su elección presidencial, sin violencia ni impugnaciones, cerrándose el proceso al quinto día, con la aceptación de la candidata perdedora, Keiko Fujimori, cuyo partido queda en control del Congreso con 73 de sus 130 miembros. Si aquí hubiese habido un resultado parecido, casi estalla una guerra civil, dadas las precariedades de la institucionalidad democrática.

En Perú el resultado de la elección presidencial fue proclamado el jueves, al cuarto día de los comicios, mientras aquí tomó el doble, completándose el 23 de mayo.

Medio día después ya la señora Fujimori había aceptado la realidad, lo que aquí no ha ocurrido formalmente cuatro semanas después de la votación. Y el Perú es un país 26 veces mayor en territorio, con muchas poblaciones aisladas en la zona amazónica y la sierra andina. La población de 32 millones triplica la dominicana, como su padrón electoral de 22.9 millones.

Los peruanos experimentaron el voto electrónico en 19 de los 43 distritos de la capital y su puerto El Callao, incluyendo apenas a 743 mil electores, un 3.25 por ciento del total. Y hubo atrasos y dificultades sobre todo para la población adulta mayor. En la elección del 2011 se probó en un único distrito, Pacarán. Aquí se impuso de golpe en todo el país el 15 de mayo, para registrar un colapso en el escrutinio.

En Perú las elecciones municipales y locales están separadas de la presidencial y congresual. En la primera vuelta solo elegían 138 cargos, presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados de un congreso unicameral y 5 representantes al Parlamento Andino. Aquí el 15 de mayo se eligieron 4,106 funcionarios, incluyendo 222 para dos cámaras legislativas. En Perú se eligió un legislador por cada 246 mil peruanos y aquí uno por cada 45 mil dominicanos.

El electorado sanciona. Otra diferencia fundamental con RD es que en Perú es bajo el clientelismo político y el electorado es exigente y sanciona, tanto que los partidos tradicionales han desaparecido y ninguno de los nuevos domina el escenario, desde hace casi cuatro décadas. En 1980 Belaúnde gana la elección y en 1985 su partido obtiene 6%; gana Alan García y en 1990, su APRA cae al 11%, Fujimori gana y se constituye en dictador, pero tras imponer una segunda reelección en el 2000, es obligado al exilio y luego condenado a 25 años de cárcel por crímenes y corrupción; electo Toledo, termina en el piso en el 2006, y vuelve Alan, pero su partido ni siquiera pudo presentar candidato en el 2011, cuando llega Ollanta Humala, cuyo partido tampoco pudo llevar candidatura presidencial ahora en el 2016.

Cualquiera tiene la tentación de creer que los resultados gubernamentales han sido un desastre, pero relativamente no es cierto. La economía ha crecido en promedio anual de 5% en lo que va de siglo, en 7 años por encima del 6 por ciento, y en tres con más del 8.5%. Perú es el país de América Latina que más redujo la pobreza, según la CEPAL, a menos de la mitad, del 54.7 en el 2001, al 22.7 en el 2014, con gran descentralización de la inversión. República Dominicana solo logró bajarla del 42 al 37% en ese período, según la misma fuente.

Como en todas partes, hay mucha corrupción en el Perú, pero su principal diario, El Comercio, informaba el 2 de enero pasado, que durante el 2015 el Poder Judicial dictó 13,307 condenas por delitos de corrupción en todos los niveles del país.

La realidad dominicana. A cuatro semanas de las elecciones generales dominicanas, todavía se conocen impugnaciones en juntas municipales, el Tribunal Superior Electoral, partidarizado y sin el menor crédito, tiene decenas de impugnaciones pendientes, y la oposición sigue restando legitimidad al proceso, tras una automatización fallida que prometió resultados la misma noche de la votación.

La diferencia fundamental fue que aquí el Estado irrumpió, se involucró por completo, con el presupuesto, sin el menor escrúpulo, desde la reforma de la Constitución hasta una campaña absolutamente desigual, aplastante, con enorme clientelismo y decenas de miles de activistas pagados del presupuesto nacional y con los órganos electorales y gran parte de los medios comunicativos secuestrados. El resultado es que los aplastados se niegan a reconocer a quienes consideran impostores.

La ventaja del 62 por ciento en la reelección presidencial y la captura de dos terceras partes del Congreso y los municipios por el partido gobernante, no han sido disuasivos y están cobrando un alto costo de descrédito e ilegitimidad. Mientras hay razones para cuestionar si es beneficioso o perjudicial el colapso de los partidos que dominaron el escenario político peruano en el siglo pasado.

Una JCE de 5, que parecen 3, pero sólo es Roberto Rosario

Por Juan Bolívar Díaz
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El discurso con que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, pretendió el jueves negar el desastre organizativo y el colapso del escrutinio electrónico en los comicios del 15 de mayo que impuso contra viento y marea, constituye una ofensa a la inteligencia colectiva, con una sarta de mentiras y omisiones.

Si algo dejó clara la perorata es que, tal como se evidenció durante todo el proceso, la JCE dejó de ser el organismo colegiado contemplado en la Constitución y la Ley Electoral, integrado por cinco miembros titulares, que han aparentado ser sólo tres, pero en realidad ha sido sólo Roberto Rosario.

La Junta Electoral soy yo. Si a alguien le quedaba alguna duda de que Roberto Rosario había secuestrado el carácter colegiado de la JCE, su discurso del jueves la disipa, como lo cita el reconocido jurista y militante social que es Francisco Álvarez Valdez: “Se trató de un discurso personal, que no era conocido por el pleno, que no varió la forma unipersonal con la que Rosario maneja la JCE. Y lo grande del caso es que lo admite y pretende justificar con el siguiente párrafo: “Más que la Junta Central Electoral, una parte de la población, de alguna manera, ha esperado que su presidente les rinda un informe sobre las condiciones y circunstancias en que se desarrollaron las elecciones”.

A pesar del fracaso organizativo y sobre todo de su intento de automatización, Rosario aún no baja de la nube en que se encumbró. El expresidente colombiano Andrés Pastrana, no pudo ocultar su asombro cuando al visitar la JCE la semana antes de las elecciones fue recibido sólo por su presidente, con quien habló por más de una hora, y al final llamó a los otros cuatro titulares del organismo, para las fotografías.

En todo el proceso la mayor parte de las decisiones fundamentales fueron por votación de tres a dos. Con Roberto Rosario vota siempre Rosario Graciano de los Santos, que al igual que él llegó al organismo por su condición de dirigente del partido gobernante, y César Féliz Féliz, de los aliados reformistas. Eddy Olivares Ortega, recomendado perredeísta pero proveniente del ministerio público, y el politólogo José Angel Aquino, un real experto en asuntos electorales, que había sido importante actor técnico de Participación Ciudadana, fracasaron reiteradas veces en planteamientos de pluralidad y equidad.

Qué pasó con los equipos. El presidente de la JCE admite que 3,700 equipos de registro automatizado de concurrentes (los capta huellas) no funcionaron, para un ya muy elevado 24%, lo que no le impidió decir que funcionaron bien, confundiendo sus deseos con la realidad. Pero ignoró que el informe de Participación Ciudadana (PC) indicó que el 29.3% de los colegios no recibió esos equipos, lo que afectó a más de la mitad de los colegios. Atribuye las fallas a problemas de carácter técnico, incapacidad de operadores y a “acciones de boicot, desarrolladas antes y durante las jornadas de votación”, pero no denuncia los responsables.

El mismo discurso de Rosario confirma el colapso electrónico cuando consigna que el primer boletín de resultados preliminares, a las 12 de la noche, recogió los resultados del 18 por ciento de los colegios, y que el segundo, mucho más tarde, alcanzó el 46%, es decir ni siquiera la mitad del nivel presidencial, y mucho menos del congresual y municipal.
Al señalar que todo fue organizado en base a tecnología y que los partidos a última hora “impusieron la vuelta a la manualidad, al conteo manual de los votos, que no estaba contemplado en la planificación estratégica electoral”, admite que no se entrenó a los miembros de los colegios en el conteo manual, como procedimiento contingente para el evento de que faltaran o fallaran los equipos como ocurrió.

Ignora la observación electoral. Es relevante que el doctor Rosario haya ignorado el contenido de los informes de observación electoral, sobre todo el de la misión de la OEA, y el de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que hasta hace poco él mismo presidió. Del de Participación Ciudadana, abundante en datos que sustentan el colapso del conteo electrónico, sólo escoge uno para manipularlo diciendo que el mismo “pasó con buena nota”. Lo que PC sostuvo es que el resultado de su muestra, era similar, en el nivel presidencial, a lo que indicaban los primeros cuatro boletines provisionales, de los cuales menos de la mitad era electrónico.

El informe de la OEA fue contundente en registrar “desorden e incertidumbre generados por la instalación de las máquinas de apoyo al proceso”, por lo que el conteo manual “terminó siendo indispensable”, que todo cambio tecnológico “debe tomar en cuenta consideraciones políticas y sociales a fin de construir consensos indispensables para aumentar la confianza”. Y que recibieron denuncias de compras de votos, pudieron observar proselitismo en los colegios y “altos niveles de inequidad” en el acceso de los partidos a los medios de comunicación en la campaña.

El de la Unión de Organismos electorales consigna el colapso electrónico cuando dice que no se cumplió la previsión de instalar y probar los equipos en los dos días anteriores a los comicios, y “que el proceso de normalización de las votaciones, principalmente por la habilitación del sistema manual, hacia las 8.30 de la mañana, (retraso de dos horas) no era uniforme, lo que se demuestra en el hecho de que algunos colegios operaban sin ningún apoyo tecnológico, otros sólo con la máquina de identificación de ciudadanos y algunos con los tres equipos, lo que se mantuvo a lo largo de toda la jornada hasta el escrutinio”.

Daniel Zovatto, director regional del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), un frecuente consultor de la JCE, observó “con preocupación y dolor que la calidad e integridad de las elecciones de RD han sufrido un serio retroceso”.

Desorden e irregularidades. Roberto Rosario se quedó muy lejos de establecer los responsables del desorden y las incontables irregularidades en que devino el escrutinio, lo que pudo afectar resultados congresuales y municipales y ha generado protestas dramáticas, como las huelgas de hambre de candidatos en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte y centenares de impugnaciones, ensombreciendo los comicios.

Fue la imprevisión, la imposición, el colapso tecnológico, la asignación de “cargos ganados” cuando en los niveles congresuales y municipales apenas algunos concluían el cómputo, lo que generó caos en los colegios, abandonados en cientos de casos por sus directivos y delegados políticos. Falta una explicación al hecho de que en el DN tuvieran que anular 157 colegios, y más de 200 en Santo Domingo Oeste, éstos mandados a contar ahora por el Tribunal Superior Electoral. Los huelguistas de SDE tienen derecho a preguntar dónde estuvieron las valijas de 430 colegios que a la noche del día 17 no habían llegado a la junta municipal, según les certificaron.

Rosario llegó al colmo de considerar elevada la concurrencia a la votación, ignorando que su colega Eddy Olivares había pedido explicación de la abstención del 31%, pese a la depuración del padrón que implicó la nueva cédula, y que tras la anterior, en el 2000, fue de apenas 17.87%. Nada dijo de la elevada tasa de nulidad, especialmente en la boleta congresual y municipal, de hasta 7% ni de la diferencia de hasta 300 mil votos entre la presidencial y las municipal, congresual y diputados preferidos.-

ITodo el país lo vio por TV.
En cualquier país de mediana intensidad democrática Roberto Rosario tendría que haberse disculpado por el desperdicio de los 32 millones de dólares invertidos en los equipos de automatización, y aún así estaría en graves dificultades, pero aquí, donde la impunidad es la norma, él se atreve a negar y distorsionar lo que todos pudieron ver en la transmisión televisiva de la JCE la noche del escrutinio electoral.

Nunca apareció con los demás integrantes del “organismo colegiado”, y se le vio a las 7.05 anunciar que a continuación irían difundiendo directamente, y enviando a los partidos y los medios de comunicación, los resultados de cada colegio electoral, en contradicción con lo que exigían los partidos opositores de que no se hiciera antes de pasar la prueba del cómputo manual. De inmediato aparecieron los primeros, aunque no llegaron esa noche ni a los partidos ni a los medios. Y los boletines preliminares que empezaron tras la medianoche no aparecieron en la página web de la JCE hasta el medio día del lunes.

Rosario pretendió culpar a los partidos opositores del enorme retraso del escrutinio. Durante meses sostuvo que en dos o tres horas se conocerían los resultados gracias al salto tecnológico que él impuso sin la menor prudencia ante un cambio implementado en contados países y progresivamente. No puede explicar porqué tres horas después, a las 10, sólo habían publicado los resultados presidenciales del 19 por ciento de los colegios, y del 27 por ciento a la media noche cuando la transmisión “directa de los colegios” fue sustituida por los boletines preliminares. La transmisión electrónica había colapsado.

El tollo electoral logra unir tardíamente a la oposición

Por Juan Bolívar Díaz
29_05_2016 HOY_DOMINGO_290516_ El País13 A

Muy tarde vinieron a convencerse los líderes de la oposición política de que separados no tenían la menor oportunidad de enfrentar con éxito la maquinaria de poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los abusos del Estado y del arbitraje que caracterizaron el proceso electoral recién concluido.

Antes que su diversidad y los personalismos los dispersen, los seis excandidatos presidenciales que cuestionan la legitimidad de unos comicios afectados por un grave tollo organizativo, deberían concentrar esfuerzo en exigir una profunda reforma política que inicie el rescate de la institucionalidad democrática

El gran tollo electoral. Así como está claro que la mayoría de la población que votó el 15 de mayo se inclinó por la reelección del presidente Danilo Medina, también quedaron a la vista de todos los abusos del poder del Estado, la parcialidad política de los órganos electorales, la extrema desigualdad del financiamiento y el enorme tollo organizativo en que devino la votación y su escrutinio.

En las mayores jurisdicciones, como el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, que concentran casi la tercera parte de los electores, el desorden fue tan grande que las juntas electorales han necesitado dos semanas para concluir el cómputo que tantas veces la JCE prometió que daría la misma noche de la votación. Y para terminar han tenido que anular los resultados en casi 500 colegios electorales, sobre todo en los niveles congresual y municipal, donde abundaron las incoherencias e inconsistencias del escrutinio, con indicios de manipulaciones y fraudes. Las irregularidades han quedado patentes en decenas de actas, de variedad tan amplia que requiere mucho espacio sintetizarlas.

Ya el sábado 21 una resolución de la Junta Electoral del DN anuló 153 colegios electorales, 139 “por no haber recibido sus resultados” y 14 “cuyas relaciones de votación fueron recibidas en blanco”. El miércoles 25, la Junta de Santo Domingo Oeste anuló las votaciones en 147 colegios; en 69 en la boleta C-1 para los diputados, 38 para todo el nivel congresual, 16 en el municipal y 14 en el congresual.

Más enredada aparecía la situación en Santo Domingo Este todavía al caer el viernes 27, con candidatos a alcalde en huelga de hambre reclamando nueva votación, mientras la Junta consideraba anular la cuarta parte de sus 1,375 colegios, mayoritariamente en los niveles congresual y preferencial de los diputados. En Santo Domingo Norte trataban de enmendar la situación de 157 colegios donde no se computó el nivel congresual, especialmente los diputados. En el DN y provincia de Santo Domingo las irregularidades habrían afectado más del 10% de sus 5,090 colegios, anulando parcial o totalmente el voto de más de 150 mil electores.

Alta abstención y nulidad. La abstención nacional, del 31 por ciento en la boleta presidencial, superó en dos puntos la del 2012, aunque se esperaba una reducción por efecto de la nueva cedulación que debió depurar el padrón de electores.

En las grandes urbes la abstención fue más elevada, registrándose 37 por ciento en la provincia de Santo Domingo, 36 en Santiago y 35% en el Distrito Nacional. Los votos nulos alcanzan al 6.13 por ciento, 5.53 y 4.42 respectivamente, sin incluir los derivados de la anulación de colegios completos.

A nivel nacional en la boleta A se computaron 103 mil votos nulos cuando faltaban 204 colegios, más del triple de los 30 mil registrados en el 2012. Las boletas congresuales anuladas podrían pasar de 300 mil, 54,269 solo en la provincia de Santo Domingo, sin los colegios anulados por completo.

El boletín 13 de la Junta Central Electoral, emitido la madrugada del viernes ignoraba los cientos de colegios anulados, pues consignaba el cómputo del 99.18 por ciento en el nivel más afectado, el congresual.

Tan altas nulidades indican grave fallo en la preparación del personal, y la instrucción a los electores, así como en la programación, y en la abstención habría influido el retraso de dos y tres horas en el inicio de la votación.

Ese 62% de Danilo. Más tarde o más temprano los candidatos de oposición tendrán que rendirse ante ese 62 por ciento que se anotó en las urnas el presidente Medina, que no está libre de ilegitimidades, como el abuso del Estado, desbordamiento del déficit fiscal, enorme derroche publicitario pagado del Presupuesto, casi todos los funcionarios altos y medios en su campaña, con evidentes recursos estatales, los mismos que se utilizaron también para comprar legisladores y dirigentes políticos para posibilitar la reelección.

Sin embargo, la diferencia es demasiado grande para que pueda ser desconocida. Todos los opositores debieron juntarse desde que los abusos del Estado quedaron evidentes, y haberse presentado al Palacio Nacional a exigir equidad y respeto a la competitividad democrática e independencia de los organismos electorales. Pero evadieron la menor concertación, se perdieron en disputas de candidaturas, y hasta el 6 de abril Abinader expresaba confianza en la JCE, que ya Roberto Rosario la había reducido a unipersonal.

En marzo se inició una concertación que llegó a contar con dos documentos. El primero titulado “Ante el abuso del poder, la oposición unida reclama elecciones democráticas, libres y equitativas”, con cuatro emplazamientos al Gobierno y varios a la JCE, con el compromiso de apelar a la sociedad y a la movilización popular. El otro era un acuerdo para defender cada voto en las urnas, pero tras dos reuniones de los 7 candidatos opositores, el intento fracasó, como consignó El Tema de Hoy del 10 de abril. Varios seguían creyendo que la concertación solo beneficiaba al PRM y este, tras su pacto con el Partido Reformista se refugió en posiciones conservadoras y de prudencia, con las cuales no podía enfrentar al PLD-Estado.

Exigir reformas inmediatas. Se duda que los seis candidatos de oposición y los partidos que los respaldan puedan mantenerse unidos mucho tiempo desconociendo el resultado electoral, y el PLD y el Gobierno trabajarán para disolverlos. Fracasarían si creen que tienen fuerza para revertir los resultados, ni siquiera en niveles locales, dada la parcialidad de los órganos electorales.

En cambio, podrían apelar a la sociedad para exigir un compromiso de reformas políticas y electorales con calendario inmediato, que eviten futuros atropellos de un PLD triunfante que no tiene razón para renunciar a los efectivos métodos que ha implementado para mantenerse en el poder. Importantes sectores están convencidos de que la gobernabilidad y la institucionalidad democrática demandan serias reformas, no promesas para incumplir, como ha ocurrido múltiples veces con la Ley de Partidos y la del Régimen Electoral.

La última fue un pacto firmado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por Danilo Medina y otros candidatos en marzo de 2012, “para aprobarlas ese mismo año”.

Además de esas leyes fundamentales, se impone la revisión del financiamiento político público y privado, para hacerlo más equitativo, mayor democratización de las elecciones, y bloquear nuevas modificaciones reeleccionistas coyunturales.

Un aspecto indispensable sería la despolitización de la JCE y el Tribunal Electoral, escogiendo nuevos titulares por consenso, sin reparto partidista, por méritos profesionales y éticos. Criterio que debería pactarse también para la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional y hasta el Consejo de la Magistratura y la Suprema Corte de Justicia.

Los opositores tienen la oportunidad de abanderarse con esas reformas antes de que se disuelva su atrasada concertación. Podrían acreditarse la reivindicación de la institucionalidad democrática y electoral, que quedan en serio retroceso tras este inequitativo y abusivo tollo electoral.