El gobierno atraviesa por su peor turbulencia

noviembre 8, 2015noviembre 8, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

El camino de la reelección del presidente Danilo Medina luce empedrado de escollos, desde las persistentes confrontaciones internas, a las dificultades de concretar los pactos con los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), mientras el Revolucionario Moderno (PRM) aparece a la ofensiva.

Los episodios escandalosos y las protestas sociales y denuncias políticas permean la sociedad y se reflejan en todos los ámbitos, incluyendo los empresariales y religiosos, alarmados por la descomposición generada por la corrupción y la impunidad, sin que asomen soluciones a los grandes problemas nacionales.

Otra desafortunada semana

Esta semana, como en los últimos meses, los infortunios gubernamentales se multiplicaron tras una doble jornada en la que hasta el canciller apareció tratando de cazar los mosquitos después que cobraran un centenar de vidas en una epidemia de dengue por falta de políticas preventivas y deficiente cobertura.

El domingo dos altos oficiales policiales causaron escándalo cuando en actitud intimidatoria penetraron al local del Centro Bonó de los sacerdotes jesuitas para inspeccionar la asistencia a una asamblea de los grupos sociales que han puesto a la defensiva al gobierno reclamando sanción a la corrupción tras la dramática inmolación de un arquitecto que reveló un entramado mafioso de extorsión y corrupción. La respuesta fue la extensión de las protestas a varias ciudades del interior y a Nueva York.

Mientras “Poder Ciudadano” levantaba demandas judiciales contra los titulares del Ministerio de Interior y de la Policía Nacional por desconocer un amparo del Tribunal Contencioso Administrativo a su derecho a la protesta pública, numerosos informes periodísticos daban cuenta de que unos 28 altos oficiales militares estaban bajo investigación y suspensión por tráfico de drogas y armas. Un general, un coronel y otros cuatro oficiales ya fueron cancelados mediante orden 52-2015, pero ninguno enjuiciado.

La prolongada reunión del embajador de Estados Unidos con el Procurador General de la República, el discurso del dirigente empresarial Franklin Báez Brugal denunciando la corrupción y el envilecimiento de la sociedad dominicana, el reclamo del presidente de la Sociedad de Diarios de que el presidente Medina responda los cuestionamientos de la prensa, un informe sobre deficiencias en la construcción de escuelas, otro revelando que el 69 por ciento de los maestros graduados no pasaron un examen de aptitud, y la renuncia al partido oficial del artista Manuel Jiménez completan el rosario de infortunios de la semana.

El grito Franklin Báez Brugal

El discurso de Franklin Báez Brugal en el almuerzo anual de la Asociación de Industrias no debió sorprender, pues repitió lo que hace tiempo sostiene en foros y en artículos de prensa, la descomposición social y política, la corrupción y la impunidad y la ineficiencia en enfrentar los graves problemas nacionales, como la pobreza y la desigualdad, la crisis de los servicios básicos, y las precariedades competitivas nacionales.

Lo novedoso fue que en el auditorio estaba el presidente Danilo Medina, quien hizo esfuerzo por disimular su disgusto ante las críticas, que no estaban dirigidas personalmente a él, pero le tocaban en su condición de líder político de un partido con 15 de los últimos 19 años en el poder, alto funcionario por muchos años y más de tres años de gobierno.

Fue también significativa la decena de aplausos con los que la selecta concurrencia avaló las denuncias de la degradación del sistema político, la manipulación de la justicia y planteamientos como el de que “la democracia necesita pluralidad, controles y contrapesos”, o los reclamos para materializar los pactos eléctrico y fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Báez Brugal ponderó el esfuerzo “de grandes dimensiones” del presidente Medina al colocar la educación como la más importante prioridad, reconoció que el país tiene una economía abierta y diversificada con alto crecimiento económico, y proclamó que “en términos materiales hemos progresado mucho”. Pero también que “moralmente nos hemos envilecido”, que “hemos perdido el respeto por la vida ajena y la capacidad de asombro,” abordando entonces la corrupción de los políticos, sin dejar de reconocer que hay empresarios que se enriquecen evadiendo impuestos y narcotraficantes que han hecho fortuna y se pasean en todos los ambientes”.

Qué reclama Estados Unidos

El principal titular del Listín Diario del jueves no pudo ser más expresivo: “Procurador despacha por tres horas con el Embajador de Estados Unidos”, la tercera visita de James Brewster a Francisco Domínguez Brito en un año, pero nunca tan prolongada, dando razón para que en medios de comunicación se preguntara de qué hablaron.

Al día siguiente Domínguez Brito sostuvo una reunión con el presidente Medina y luego informó que habló con el diplomático sobre proyectos de apoyo y de asuntos ligados al crimen organizado, del que dijo “hay que ser duros”, proclamando que “el sistema no puede darse el lujo de vivir estas situaciones que indudablemente estimulan la impunidad”.

Tal pronunciamiento llevó a algunos a pensar que el Procurador recurrirá en casación ante el pleno de la Suprema Corte el dictamen de no ha lugar a su expediente de corrupción contra el senador y dirigente peledeista Félix Bautista por manejos irregulares de 26 mil millones de pesos, como le han pedido instituciones y juristas después que dijera que no lo hará porque no cree en la máxima instancia judicial.

Como en visitas anteriores el embajador Brewster había dado público apoyo al Procurador en su enfrentamiento con Bautista, muchos relacionaron la del miércoles con esa decisión. También con la información, no desmentida por nadie, de que Estados Unidos le suprimió la visa al senador oficialista, y que habrían hecho lo mismo con otras figuras. Otros temas habrían sido el involucramiento de altos oficiales y políticos en el narcotráfico y la fuga de los dos pilotos franceses condenados por narcotráfico.

Cunde la preocupación

Articulistas y columnistas cercanos al régimen, y desde luego los críticos, recogen las preocupaciones por el derrotero en que va el gobierno y el proyecto reeleccionista del presidente Medina, y algunos llegan al extremo de verlos “bajo asedio” de la oposición y tratan de responsabilizar de ello al leonelismo y a sectores del propio grupo gobernante.

Se asegura que las diferencias entre los dos líderes peledeístas se han acentuado y que “ya se trata de un enfrentamiento personal”. Ha llamado la atención la ausencia del expresidente Leonel Fernández en las proclamaciones de candidatos que viene realizando Danilo Medina, mientras prosigue un fuerte rechazo a la repostulación total, del presidente, los legisladores y la mayoría de los alcaldes del PLD, aunque sin definirse si ocurrirá lo mismo con la vicepresidenta y esposa de Fernández, la doctora Margarita Cedeño.

La renuncia del canta-autor Manuel Jiménez a su militancia de 27 años en el PLD, en dirigida al fallecido fundador del partido, el profesor Juan Bosch, tras considerar que han renegado de los principios fundacionales, entre ellos la democracia interna, es clara expresión de los conflictos internos. Este anuncia su nominación por partidos de la oposición. Otro diputado Luisín Jiménez, anuncia también su separación del PLD, lo que amenazan con hacer otros en diversas jurisdicciones del país. En Santiago la lucha por la candidatura a la alcaldía está al rojo vivo entre leonelistas y danilistas, mientras la gobernadora Aura Toribio se retira diciendo que no tiene dinero para competir con el presidente de la Cámara de Diputados y el administrador de los comedores nacionales.

Negociaciones a la deriva

El presidente Medina tuvo mucha fortuna en conseguir apoyo de los bloques legislativos del PRD y el PRSC para su reforma constitucional que le permite repostularse, pero a casi medio año no ha podido cerrar los pactos que se anunciaron entonces para unificar sus candidaturas con las del PLD. El proceso se ha convertido en un mercado público de reclamos, ofertas y alegatos.

Por las declaraciones del secretario general Reinaldo Pared parece que los puestos no alcanzan para tanto y hace días se proclamó impotente, mientras Federico Antún sigue promoviendo su candidatura presidencial por el PRSC. Con Miguel Vargas, quien sí hizo pública su renuncia a la candidatura, las negociaciones han tenido la fortuna de incluir tres intrascendentes designaciones gubernamentales, una rechazada, incluyendo la de esta semana que envía de embajadora en Italia a Peggy Cabral, viuda de Francisco Peña Gómez.

Pero Vargas participa en actividades políticas del PLD y Medina, aunque sus alcaldes ignoran si finalmente irán en la alianza, porque los peledeistas quieren también los más importantes Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal. En cuanto a los diputados, estos saben que con el voto preferencial tienen pocas posibilidades de ser reelectos aún si feran en boletas comunes, pero muchos creen que hicieron una buena negociación.

Emerge una oposición

Otro infortunio que ha tenido el proyecto reeleccionista es que en los últimos meses ha tenido una oposición más desafiante y eficaz, como no la había conocido en sus primeros años de gobierno, cuando el secuestro de la democracia interna en el PRD, sus luchas internas y división, los anularon y generaban el rechazo de la sociedad.

Ya nadie discute que el PRM ha logrado constituirse en la oposición que no había tenido el gobierno de Medina, polarizando con elaborados documentos sobre el presupuesto nacional, las “visitas sorpresas”, el endeudamiento, lineamientos de su programa de gobierno, y propuesta para un “gobierno eficiente en competitividad”. Esto ha mejorado notablemente la proyección de su candidato presidencial, quien ha tenido el firme respaldo del expresidente Hipólito Mejía, quien asumió con dignidad y concepto democrático su fracaso en la elección primaria que escogió a Luis Abinader, hasta ahora el único de seis aspirantes que la ganó en votación universal de los miembros de su partido.

Por demás la formalización de las candidaturas presidenciales de Guillermo Moreno y Minou Tavárez Mirabal, con vigorosos discursos contestatarios, también contribuye al nuevo escenario de mayor competitividad electoral.-

Cuentas de un rosario de infortunios
* El suicidio que reveló corrupción y extorsión en la OISOE
* Descargo del senador y dirigente peledeísta Félix Bautista
* Fuga de los dos pilotos franceses condenados por narcotráfico
* Apresamiento de embajador en la ONU acusado de corrupción
* Centenar de muertos por dengue y denuncias sobre hospitales
* Dos muertos de hambre en cárcel de Higuey
*Más de una veintena de militares en tráfico de drogas y armas
* Denuncias de dos obispos sobre reingreso de haitianos deportados
* Denuncia de sobrevaluación en remodelación del hospital D. Contreras
* Piquete al presidente Medina en Nueva York
* Publicación del lujoso transporte “Danilo Home”
* Aumento del precio de los alimentos. Caso del plátano
* Pasan a la banca deuda a generadores por US$ 900 millones
* Semáforos apagados por falta de pago generan caos
* Predicadores denuncian corrupción en fiesta de Las Mercedes
* Respuesta a la Sociedad de Diarios: el presidente no está para hablar
* Libertad a síndico y regidor involucrados en asesinatos
* La denuncia del raso sobre los “salarios cebolla” en la Policía
* Discursos críticos de los empresarios
* Informe FLACSO sobre deficiencias en construcción de escuelas
* Desproporcionada represión a denunciantes de la corrupción

Estudio sobre la reelección y constitucionalismo en RD

agosto 2, 2015septiembre 7, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

En un libro de 544 páginas, puesto a circular esta semana, el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Franklin García Fermín, realiza uno de los más amplios compendios y reflexiones sobre el crónico continuismo que ha castrado el proceso democrático en 171 años de la historia dominicana.

Se remonta a la conquista y colonización para mostrar el legado de imposición, autoritarismo caudillista y presidencialismo continuista que todavía caracterizan la sociedad dominicana con una democracia en ciernes y grandes precariedades institucionales.

Herencia de la España feudal

La obra comienza por la violenta imposición de la conquista y colonia de la España feudal de los siglos 15 y 16 que arraiga el autoritarismo y sumisión, que serían la base para el desarrollo del presidencialismo y el continuismo crónico, acomodando sistemáticamente la Constitución a los intereses de cada gobernante. Para llegar a los antecedentes históricos del Estado Dominicano considera necesario un estudio de los tres siglos de colonización, del 1,500 al 1,800.

“Aquí el hombre europeo ensayó todos los métodos de dominación que mente humana conocía: encomiendas, repartimientos, reducciones, mitas, esclavitud, trata negrera y factorías colombinas”. Luego agrega que “El Estado dominicano está cimentado, desde su nacimiento, sobre una estructura autoritaria y una cultura caudillista que como fenómeno político tiene sus raíces en una estructura de poder colonial española y 22 años de dominación haitiana, así como en una legislación constitucional que ha perpetuado el predominio personal por encima de las instituciones”.

La imposición de un sistema basado en el exterminio de una raza, en la explotación de las riquezas y la esclavitud, no puede dejar como herencia ideológica, menos que conductas autoritarias y caudillezcas, sostiene.

Fracaso de los Trinitarios

El libro conformó la tesis doctoral de García Fermín en la Universidad del País Vasco, aprobada a unanimidad y cum laude en el 2003, con un adéndum de actualización. Conduce por los vericuetos de la conformación del ser dominicano, con unos sectores dominantes sumisos a la corona, que no asumen el ideal independentista, ni se resignan al abandono de la madre patria y originan una España Boba, y que tras dos décadas de la creación del Estado independiente, se decantan por una reanexión.

García Fermín plantea que las relaciones de producción esclavista feudal del hato, determinan que Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, expresión de la liberalidad pequeño burguesa, fueran descartados como jefes de la naciente República, que quedaría bajo control de los hateros atrasados, movidos más por el rechazo a los haitianos que por sentimiento patriótico, que persistirían en buscar un protectorado, fuere francés, inglés o norteamericano, y que finalmente retornarían a los brazos de la madre patria irresponsable.

“Los inspiradores de la gesta liberadora dominicana estaban imbuidos por las ideas más avanzadas del liberalismo que pregonaban los principios igualitarios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789; sin embargo se impuso el autoritarismo sostenido por los sectores más atrasados y conservadores, encabezados por el sector de los hateros”.

Las 39 constituciones

El capítulo 2 compendia las constituciones dominicanas, que ya suman 39, comenzando por resaltar que desde la fundacional los poderes militares y caudillistas, reclaman y obtienen poderes que limitan la democracia y la participación, citando el artículo 210 de la Constitución del 1844, fruto de la “persuasión” de los constituyentes por las tropas del general Pedro Santana.

Ahí nació también el continuismo, indicando que Santana y Buenaventura Báez gobernaron cada uno en cinco ocasiones aunque la reelección no fue instituida hasta 1972, en lo que denomina como “caudillismo constitucional” mantenido hasta el presente.

García Fermín repasa todas las constituciones dominicanas, por lo menos una por cada gobernante que logró mantenerse en el poder siquiera un año. Hubo reformas en marzo de 1874 y de 1875, y en mayo de 1877 y 1878, y 9 meses después, en febrero de 1879, así como en mayo de 1880. En años consecutivos se instituyeron constituciones también en 1907 y 1908. Entre 1874 y 1887 cuenta 18 gobiernos y 8 reformas constitucionales. A 11 días de publicada la Constitución de 1907, Ramón Cáceres convocó la del 1908 que extendió el periodo presidencial a 6 años. No los disfrutó porque lo mataron en el 1911, y volvieron los gobiernos efímeros, siete hasta el 2014.

El legado norteamericano

García Fermín documenta que las luchas de caudillos, el relajo constitucional y la inestabilidad, condujeron a la ocupación norteamericana de 1916-24, que en vez de legar instituciones democráticas, dejaría a Rafael Trujillo como jefe militar del país, para hacerse con el poder en 1930, ayudado por la ambición continuista de Horacio Vásquez, y tiranizar la sociedad durante 31 años.

Durante la dictadura de Trujillo hubo 7 reformas constitucionales, tres en sus últimos tres años, dos de ellas en cinco meses del 1960. Resalta como Trujillo comenzó rechazando la reelección presidencial, para quedarse en dominio del poder durante tres décadas. Así comenzarían también Joaquín Balaguer, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, siendo éste el único de los gobernantes dominicanos que fracasó en el intento reeleccionista. Todas las reelecciones en base a la corrupción y al atropello de los valores democráticos. La transición democrática registró tres constituciones en años seguidos, de 1961 al 63, ésta última considerada la más avanzada de nuestra historia, lo que decretó el derrocamiento del presidente Juan Bosch, y tras la segunda ocupación militar norteamericana y su legado Joaquín Balaguer se registra la Constitución de más extensa vigencia del 1966 al 1994.

El dominio conservador

A lo largo de su extensa obra, García Fermín documenta el predominio del caudillismo, del autoritarismo y del conservadurismo como base del continuismo reeleccionista, lo que explica que entre Santana, Báez, Heureaux, Vásquez, Trujillo, Balaguer y Leonel Fernández hayan gobernado dos tercios de la historia de la República y los dos últimos dos terceras partes de la “etapa democrática” tras el ajusticiamiento de Trujillo.

En cambio los gobernantes que más han encarnado el liberalismo democrático de los trinitarios fundadores, como Ulises Francisco Espaillat y Gregorio Luperón en el siglo 19 y Juan Bosch en el 20, fueron efímeros en el poder.

La obra registra las frustraciones originadas en los gobiernos del PRD que no avanzaron en las reformas constitucionales para afianzar la democracia, y en los del PLD que han montado un dominio de todas las instituciones del Estado en base a la corrupción y la absorción de los partidos.

El interés nacional exige racionalidad ante la crisis

julio 26, 2015septiembre 7, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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La crisis en las relaciones domínico-haitianas alcanzó el nivel máximo antes de la ruptura diplomática que complicaría excesivamente el panorama, justo cuando el Gobierno dominicano debería iniciar la deportación de un excedente de inmigrantes que superaría las 300 mil personas, lo que podría abortar el proceso electoral en Haití.

Con un escenario internacional que sigue siendo muy desfavorable para el país, el interés nacional obliga a la mayor ponderación para buscar salidas diplomáticas, por encima de los grupos extremistas y de los intereses electorales, para evitar mayores daños a la imagen y los intereses de la República Dominicana

¿Podremos deportar 300 mil? El domingo 2 de agosto concluye el plazo de 45 días para iniciar las deportaciones de los inmigrantes que no se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), lo que se supone comenzaría el lunes 3, en medio de un escenario internacional muy desfavorable por el rechazo a la desnacionalización de descendientes de haitianos nacidos en el país.

Nadie puede asegurar cuántos quedan sujetos a la deportación, aunque el Gobierno los cifra en unos 133 mil, partiendo de los 458 mil venidos de Haití, que según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), del 2012 vivían entonces en el país. Les descuenta un estimado de 8 por ciento que tendrían algún estatus regular y los reduce a 421 mil. Les resta los 288 mil que lograron iniciar la regularización y a quienes se dará una residencia provisional, aunque solo el 1.8 por ciento de ellos (unos 5 mil) llenaron todos los requisitos.

Pero el estimado oficial no toma en cuenta los que ingresaron entre el 2012 y 2015, que ningún estudio ha cuantificado, aunque se pueden hacer estimados partiendo de la misma ENI y de los resultados de los censos nacionales de población y otros estudios de la Oficina Nacional de Estadística, como se puede ver en el cuadro anexo, elaborado con informaciones proporcionadas por el director de Censos, doctor Francisco Cáceres.

En el Censo Nacional de Población 2010, los inmigrantes totalizaban 395,791, y la ENI dice que en 2012 eran 524,632, cifra conservadora si se toma en cuenta que en los dos años anteriores se habían incrementado en 39.1 por ciento. Si esa proporción (154,754) se suma a los del censo, serían 550,545, cinco por ciento más. A un crecimiento sobre el 16 por ciento anual, entre 2012 y 2015, habría que adicionarle 49 por ciento (256,072) a los 524 mil, para totalizar 780,704. Si se asume, de forma conservadora, que el incremento se redujo a la mitad, el 25 por ciento, en esos tres años, entonces los inmigrantes ahora serían 131,158 más, para totalizar 655,790. Si se le restan 10 por ciento con estatus regular anterior y los 288 mil admitidos ahora, quedarían como irregulares deportables 414 mil en el primer escenario y 302 mil en el conservador.

Acuerdo mínimo con Haití. Es difícil asumir que el país tenga capacidad para deportar entre 300 y 400 mil haitianos indocumentados, aún restándole unos 40 mil que ya se fueron más o menos voluntariamente, sin un protocolo negociado con el vecino, que no solo garantice estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, sino que guarden una progresividad asimilable para que no se produzca un temido estado de calamidad humana. Y si se equivocan deportando nacidos en el país, lo que el Gobierno ha dicho que no hará, la complicación sería mucho mayor.

Tampoco luce razonable una deportación tan masiva y en corto plazo, después de que en la última década los mismos gobernantes permitieron un incremento de la inmigración del 63 por ciento. Con la agravante de que en el mismo periodo se dedicaron a despojar de la nacionalidad a decenas de miles de los descendientes de inmigrantes que habiendo nacido en el país habían sido registrados como dominicanos.

El Gobierno dominicano ha quedado preso de las mil advertencias de deportación que se han formulado tras el inicio del PNRE y de la exacerbación del nacionalismo, pero está consciente, como lo recogió una consulta de la Cancillería dominicana realizada en junio, de los riesgos que implica para Haití en medio de un proceso electoral que tiene después para elegir nuevo presidente. Si el panorama se descompuso con las salidas voluntarias, se complicaría mucho más con las deportaciones sin el amparo de un protocolo negociado, que podría lograrse validando el acordado en el año 1999.

De hecho, las extremas resistencias manifestadas por Haití en las últimas semanas tienen que ver con la campaña electoral en curso, y se teme que grupos de poder pudieran abortar el proceso, pretextando la necesidad de unirse en torno al gobernante para “enfrentar la agresión dominicana”.

El escenario internacional. A la espera del informe de la comisión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó las dos naciones en conflicto, el escenario internacional sigue siendo bien adverso para el país, por el daño ocasionado por el pecado original de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que es lo que se sigue cuestionando en amplios segmentos del mundo. Aunque la diplomacia dominicana ha hecho esfuerzos, no ha podido disipar las impugnaciones internacionales.

No ha contribuido a despejar el veto externo la lentitud con que se ha implementado la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los desnacionalizados, aún después que se publicara la lista de 55 mil revalidados. Los defensores de los afectados testimoniaron a la misión de la OEA que apenas el 10 por ciento de los que aparecían en la lista estaban logrando sus documentos. El que solo pudieran acogerse a la regularización 8 mil de los del Grupo B de la Ley 169-14, es decir los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país y que nunca fueron reconocidos, quedando la mayoría en riesgo de deportación, es de los elementos básicos que mantiene vivo el rechazo internacional.

Tampoco ha ayudado el encendido discurso nacionalista y de soberanía a ultranza que desconoce tratados internacionales y menos aún que cuatro ministros del Gobierno, incluidos los de la Presidencia y el de Relaciones Exteriores, impugnaran al secretario general de la OEA en base a una tergiversación de declaraciones para presentarlo como favorable al invento de un pretendido plan de fusión de las dos naciones de la isla, cuando en realidad expresaba interés de contribuir al entendimiento entre dos países ubicados en una pequeña isla, pero dijo que “con realidades sociales muy diferentes, con realidades económicas muy diferentes, con realidades políticas muy diferentes”.

Esta semana siguieron apareciendo editoriales en periódicos como el New York Post y una carta dirigida al presidente Barak Obama firmada por 108 profesores de leyes de unas 80 universidades y academias norteamericanas, requiriéndole que intervenga para hacer valer los derechos de los desnacionalizados en el país.

Crecientes preocupaciones

El agravamiento de las relaciones con Haití ha generado crecientes preocupaciones en sectores empresariales temerosos de que los ímpetus de radicales nacionalistas que han ganado espacio en la opinión pública y el Gobierno, puedan aislar el país y generar dificultades a las exportaciones y al turismo dominicano. Tan solo las exportaciones a Haití se cifran anualmente en mil millones de dólares de manera formal y otros 500 millones en el intercambio informal, siendo el único país con que la República Dominicana tiene ventajas comerciales, y de diez a uno.

Esas exportaciones que implican unos 66 mil millones de pesos al año, son fundamentales para decenas de empresas industriales grandes, medianas y pequeñas, para cientos de productores agropecuarios y para comunidades fronterizas. En Haití operan numerosas empresas dominicanas, especialmente en la construcción. Y fue significativo que en medio del desconcierto, los promotores del Plan de Inversiones bilaterales Quisqueya fueran al Congreso Nacional a presentar un proyecto que anuncia inversiones en la frontera por 2 mil millones de dólares.

No han faltado sectores políticos y sociales que ya expresan temores de que el Gobierno esté tratando de extremar el nacionalismo soberanista para mantener desviada la atención de los problemas nacionales y obtener beneficio electoral. No se entiende que en menos de un mes la política del Gobierno pasara de pedir una reunión del Consejo Permanente de la OEA, solicitar y obtener la sede de la próxima asamblea general de la entidad hemisférica del 2016 y anunciar que se retira de su ámbito de negociaciones, impugnando sin base al secretario general Luis Almagro.

El antihaitianismo fue utilizado como mecanismo de cohesión interna por los regímenes de Trujillo y Balaguer y desde el inicio mismo de la República, cuando Pedro Santana reclamó y logró poderes extraordinarios, bajo el argumento de que eran precisos para garantizar la sobrevivencia de la nación frente a los haitianos, aunque pocos años después él mismo la anexara a España.

La Gallup-HOY registra resultados contradictorios

julio 19, 2015septiembre 7, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana presenta una población contradictoria, que da alta aprobación a una reforma constitucional que la mayoría cree comprada, y a la reelección presidencial y la gestión del Gobierno, a pesar de expresar que la corrupción lo abarca todo y que le agobian la delincuencia, la inflación y el desempleo.

Con 63 por ciento de preferencias electorales el presidente Danilo Medina corre cómodo a su reelección, favorecido por una cultura presidencialista y continuista, fortalecida por el clientelismo y el reparto del Estado y por un enorme aparato mediático, todo lo cual obliga a los opositores a unificarse por lo menos para evitar la insignificancia.

Alta aprobación de Danilo. El nivel de aprobación que arrojó la encuesta Gallup-HOY a la reforma constitucional y el proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina sorprendió hasta a sectores progubernamentales que temían un mayor costo político derivado de la forma en que se consiguió modificar la Constitución y por los antidemocráticos pactos de reparto que la viabilizaron.

La preferencia del 62.6 por ciento registrada por Medina, con apenas 17.4 por ciento para Luis Abinader, 3.6 por Guillermo Moreno y 1.2 para Quique Antún, arroja un desnivel sin precedente a 10 meses de una elección presidencial. En la historia de las encuestas electorales dominicanas nunca se había registrado una diferencia tan alta, muy superior a la ventaja de 54.4 a 34.5 por ciento que a la misma distancia de los comicios del 2012 obtuvo Hipólito Mejía frente a Medina, entre los que estaban habilitados para votar y de 47.9 a 33.4 por ciento en el universo de la encuesta Gaallup-HOY publicada en agosto del 2011. Al final Medina pudo remontar la diferencia y obtener victoria en primera vuelta con 51 por ciento del sufragio, aunque con la ayuda de todo el poder del Estado, que no dispondrán ahora sus opositores.

En relación a la anterior Gallup-HOY, publicada en febrero, Medina redujo sus preferencias en 6.4 por ciento y Abinader las elevó en 4, mientras Moreno caía 5 por ciento. En la oposición se esperaba un resultado menos desfavorable, como el arrojado por una encuesta telefónica de Newlink publicada esta misma semana por el periódico El Dinero que marcaba 54 a Medina, 37 para Abinader, 7 a Moreno y 2 para Antún.

Muy bajo costo de la reforma. Analistas y articulistas, incluyendo a progubernamentales, esperaban un mayor costo político de la forma en que se aprobó la reforma de la Constitución para viabilizar la repostulación del presidente Medina. Resalta que el 52 por ciento de los encuestados por Gallup entienden que corrió el dinero, contra sólo 26 por ciento que no lo cree, y otro 22 por ciento que no responde, y también que 67 por ciento, dos tercios, desaprobara el pacto Danilo-Leonel para seleccionar las candidaturas para los comicios del próximo año.

Esas altas tasas de rechazo no impidieron que el 64 por ciento manifestara aprobación por la reforma constitucional, lo que podría explicarse en la cultura presidencialista y la histórica adscripción de los dominicanos al continuismo en el poder, así como en la laxitud frente a la corrupción, que muchos ven como cosa normal en la política a pesar de que, en correspondencia con lo que ocurre en el mundo de hoy, crece en el país su rechazo.

Esa laxitud es contradictoria con el 88 por ciento que en la misma encuesta considera que la corrupción en los gobiernos y la política dominicana es un problema muy grave y que se manifiesta principalmente en la policía, los políticos, funcionarios del Gobierno, los abogados y los militares. Otra contradicción es que aunque el 60 por ciento estima que en este Gobierno hay igual o mayor corrupción que antes, 62 por ciento piensa que el Gobierno está interesado en enfrentarla. Pero el 60 por ciento considera que se requieren sanciones drásticas, incluso de cárcel para combatirla, en uno de los pocos países del mundo democrático que no tiene un solo político preso por corrupción.

Mayores contradicciones. En esta encuesta se repite una contradicción fuerte entre los niveles de aprobación del presidente Medina y las insatisfacciones con los resultados de un Gobierno próximo a entrar en su cuarto año. Resalta que 82 por ciento apruebe la gestión del mandatario, aunque apenas cuatro de sus renglones fundamentales reciben más del 50 por ciento de reconocimiento, especialmente educación, con 87 por ciento, construcciones con 62 y turismo y salud, con 55 y 53 por ciento.

La insatisfacción se expresa a partir de los renglones de deportes, transporte, control fronterizo y medio ambiente, con notas por debajo del 40 por ciento. Pero electricidad, reforma policial, manejo de conflictos, pobreza, economía y seguridad ciudadana quedan con menos del 30 por ciento. En materia de inflación, empleo y delincuencia la aprobación queda entre 17 y 14 por ciento.

Más aún, a la pregunta sobre cuáles son los principales problemas del país, los mayores señalamientos son para la delincuencia, que abarca dos tercios, y le siguen alza del costo de la vida, desempleo, falta de electricidad, agua potable y corrupción administrativa.

Una mina que está explotando el reeleccionismo es la del nacionalismo, maximizando hasta niveles irresponsables una supuesta conspiración de todo el mundo contra la nación dominicana, de la cual el presidente Medina es su nuevo salvador, promoviendo un inconcebible aislamiento del país.

Unificarse o morir. Con el nivel de preferencias que registra el reeleccionismo en la encuesta más acreditada del mercado, más las ventajas del control absoluto del Estado, el desafío es muy grande para una oposición que todavía trata de reconfigurarse tras el virtual entierro del Partido Revolucionario Dominicano, que habiendo obtenido 47 por ciento contra ese poder estatal en la última elección, absurdamente renunció a llevar candidaturas propias cuando faltaban 11 meses para los próximos comicios, quedando a expensas de una alianza aún indefinida, con el partido gobernante.

Los números de Gallup-HOY y las perspectivas nacionales indican la urgencia de una total convergencia de quienes pretendan enfrentar la maquinaria de poder absoluto del Partido de la Liberación Dominicana, que tendría que configurarse en torno a las candidaturas de Abinader y Moreno, por lo menos para aspirar a un mejor balance congresual y municipal.

Hay todavía amplios espacios para ganar apoyo de los sectores insatisfechos por razones socioeconómicas que multiplican sus protestas y demandas, de los preocupados por la institucionalidad y el equilibrio democrático, y de los más de 700 mil jóvenes que llegan a la edad de votar, en su mayoría con escasas oportunidades de desarrollo.

Como todos han adelantado, un amplio frente electoral que gane credibilidad tiene que conformarse a partir de un programa mínimo de cambios sociales, económicos e institucionales, compromiso real para reducir la corrupción y malversación en todos los estamentos del Estado, y con candidaturas que generen ilusión de renovación. Pero tienen que lograrlo en breve plazo antes de que se afiance la sensación de invencibilidad que ya proyecta la reelección. La permanencia de la dispersión tendría un costo devastador para la sociedad dominicana y para quienes persistan en ignorar la realidad.-

La OEA puede ayudar a disipar equívocos

julio 12, 2015septiembre 7, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La visita de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) debe ser aprovechada para empezar a revertir la generalizada condena internacional originada por la desnacionalización que afectó a decenas de miles de descendientes de haitianos nacidos en el país y para justificar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

Persistir en explotar el sentimiento nacionalista podría ser políticamente rentable, pero es riesgoso pretender extenderlo hasta las elecciones del año próximo con un escenario internacional tan adverso que podría traducirse en daños al comercio y la economía, como ya advierten sectores empresariales.

Bienvenida a la OEA. El Gobierno hizo lo correcto al recibir la misión de investigación que dispuso la OEA, tras dos sesiones donde quedó patente una fuerte confrontación entre las dos naciones que comparten la isla. Solo fanáticos pueden pretender que la nación se cierre al escrutinio internacional en el mundo globalizado. Y si no hay nada que ocultar con más razón debe darse la bienvenida a los comisionados, como hizo el viernes el canciller Andrés Navarro.

Es un craso error asumir que todo el mundo forma parte de una siniestra conjura contra la República Dominicana, de la que no escapa “ni siquiera el Papa Francisco, porque hasta la instancia máxima de la iglesia Católica ha sido permeada”, según escribió esta semana el embajador César Medina. Tampoco se puede creer que “No hay oídos atentos ni sensatos que escuchen nuestras razones, sino un prejuicio generalizado…” ni que “le estamos hablando a un mundo que ha cerrado sus ojos y sus oídos a nuestros argumentos”, como proclamó el influyente Listín Diario en su editorial del miércoles 8 de julio.

Más allá de las arengas nacionalistas hay suficientes argumentos para explicar a la misión de la OEA que la nación decidió ordenar la inmigración, mediante un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y de seguro que esos diplomáticos y expertos no van a cuestionar un derecho que asumen con responsabilidad la mayoría de las naciones del mundo contemporáneo. Incluso comprenderán que se deporte a quienes no hayan calificado para obtener un permiso de permanencia en el país, si se realiza acorde con los protocolos internacionales, derecho soberano que ni siquiera las autoridades haitianas han podido negar, como ningún organismo, medio de comunicación o personalidad internacional.

Bajar la tensión binacional. Objetivo fundamental de la misión de la OEA, una institución de la que el Estado dominicano es parte desde su fundación hace seis décadas y media, es contribuir a reducir las tensiones entre estados miembros, allanando caminos al entendimiento en sus diferendos. A ello contribuirán, seguramente los reiterados compromisos dominicanos de que no habrá deportaciones masivas.

Se podrá deplorar las circunstancias en que se produjo la precipitada salida de 36,593 ciudadanos haitianos que cruzaron la frontera en los 18 días siguientes al vencimiento del plazo para la regularización, huyendo del temor a ser deportados sin mayores consideraciones, tras incontables advertencias de que serían expulsados. Muchos dominicanos razonables no aprobarían que en Puerto Rico, por ejemplo, sometido ahora a graves apremios económicos, se creara un clima de amenazas que implicara el retorno abrupto de decenas de miles de los compatriotas que allí viven sin documentación legal.

Una de las razones por las que se estigmatiza a los dominicanos en el exterior es por un discurso de desprecio y poco reconocimiento al trabajo y derecho de los inmigrantes haitianos, en contradicción con el hecho de que el país ha exportado más de millón y medio de nacionales que han saturado algunos mercados y se han extendido por todo el mundo.

Sin renunciar al reclamo de que las autoridades haitianas no exageren ni hagan política mezquina con el antidominicanismo, las nacionales tienen que dar ejemplo de ponderación en el plano interno y por encima de toda circunstancia mantener el discurso diplomático y el empeño en buscar la cooperación de los vecinos, sin la cual se complicará infinitamente la convivencia en la isla.

El escenario internacional. No hay duda de que la posición internacional de República Dominicana se ha complicado excesivamente, como ha quedado patente en la multiplicación de artículos, editoriales y reportajes en los principales periódicos de Estados Unidos, España y otros países, así como en la televisión internacional.

Comunicados de organizaciones y declaraciones de personalidades persisten en rechazar el “genocidio civil” que suspendió la nacionalidad dominicana a decenas de miles de descendientes de haitianos.

Debe llamar la atención que las críticas hayan incluido a los alcaldes de Nueva York, Miami, Boston y Toronto, ciudades con fuerte presencia de emigrantes dominicanos, que en su mayoría llegaron ilegalmente. También que grupos de presión estén planificando acciones contra la nación dominicana, incluyendo que abrieran un sitio en Internet induciendo a boicotear el turismo dominicano. Ya esta semana el principal vocero de la Cámara Americana de Comercio en el país advirtió sobre la necesidad de trabajar para evitar daños a la economía dominicana y hasta a la de Haití.

Es evidente el error de persistir en negar la masiva exclusión que hubiese constituido un gueto en la sociedad dominicana, cuando el pasado 26 de junio se publicó una lista de 55 mil personas a quienes se restituye su documentación como dominicanas. Lo procedente es difundir lo más posible esa rectificación, como hizo el canciller Navarro al dar la bienvenida a la misión de la OEA, explicándole los alcances de la Ley 169-14, aprobada de urgencia para enmendar la desnacionalización masiva y cuyo cumplimiento inexplicablemente fue dilatado 13 meses.

Y debe aclararse que implica a otras decenas de miles de sus descendientes que ahora podrán ser registrados como ciudadanos.

Los pendientes de amparo. Urge disipar la confusión entre la desnacionalización que todo el mundo exterior rechaza, ya reparada en gran parte, y la regularización de los inmigrantes. Hay que persistir en que no se extrañará del país a ninguno de los nacidos aquí que no fueron declarados como ciudadanos (grupo B de la Ley 169-14), y en instituir un mecanismo que les garantice a estos, no a los inmigrantes, por lo menos un estatus de residentes permanentes.

Se estima que los nacidos en el país que no pudieron cumplir los exigentes requisitos para acogerse a la vía de la naturalización, son mucho menos que los 55 mil a quienes se devolvió la nacionalidad.

No se puede ignorar que la deportación que de antemano se rechaza es la que podría afectar a este segmento. Si hay que apelar a una nueva ley para proteger a los del grupo B, sería no solo justo, sino también conveniente para disipar los temores de apatridia, que es lo que determina las fuertes objeciones internacionales. Fue una injusticia que a ese segmento se les obligara a inscribirse como extranjeros y se les diera apenas 90 días, prorrogados luego a 180, cuando a los inmigrantes se les daba año y medio para regularizarse. Incluso a esos nacidos en el país, presumidos en extrema pobreza, debería dejarse abierta la puerta permanentemente para que puedan reunir los requisitos para su naturalización.

Los responsables del descrédito

Hace muchos años que había consenso en la sociedad dominicana sobre la necesidad de limitar la inmigración haitiana, lo que quedó manifiesto en un extenso debate que concluyó en la Ley General de Migración 285-04 promulgada el 15 de agosto del 2004 por el presidente Hipólito Mejía, la que disponía el Plan de Regularización de Inmigrantes y un reglamento en el plazo de seis meses. Pero fue más de 7 años después, en noviembre del 2011, que se dictó el Reglamento 631-11.

La Encuesta Nacional de Inmigrantes de la Oficina Nacional de Estadística, realizada en 2012, demuestra que el 62 por ciento de los 524,632 extranjeros que habría en el país (87 por ciento haitianos), habían ingresado entre 2005 y 2012, justo el período en que los ultranacionalistas controlaban la Dirección General de Migración y el Consejo Nacional de Frontera.

Mientras el país se llenaba de haitianos, la Junta Central Electoral se dedicó, a partir del 2007, a perseguir a los ciudadanos dominicanos descendientes de inmigrantes, negándoles administrativamente sus actas de nacimiento. Eso fue legitimado por la sentencia del Tribunal Constitucional 168/13, de septiembre del 2013, de forma retroactiva hasta el 1929. Y es la propia sentencia que los cuantifica en los 209,912 que estimó la Encuesta. Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso la anulación de la desnacionalización masiva, el Constitucional dominicano “descubrió” que el país no había llenado los requisitos para adscribirse a esa jurisdicción. Así se constituyó el escándalo internacional que afecta al país.

La regularización sí, desnacionalización no

junio 28, 2015septiembre 7, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

28_06_2015 HOY_DOMINGO_280615_ El País13 A

La renovada oleada de críticas y condenas internacionales al país no cuestionan el derecho a regular la masiva inmigración haitiana, sino que siguen referidas a la sentencia del Tribunal Constitucional que privó de la nacionalidad a decenas de miles de personas, y a los temores de que puedan ser deportadas.

Asumiendo esa realidad la estrategia comunicativa del Gobierno debe privilegiar la información de que por fin se dispuso la validación de las actas de nacimiento de 55 mil descendientes de haitianos nacidos en el país y que ninguno, aún los que no habían sido registrados, será deportado del territorio nacional.

Gran oleada de críticas. Al vencerse al plazo para que los inmigrantes indocumentados se acogieran al Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes (PNRE) se desató la más alta oleada de críticas desde la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional de septiembre del 2013 que privó de la nacionalidad dominicana a miles de descendientes de haitianos nacidos en el país en ocho décadas, lo que ha obtenido el rechazo casi unánime de la comunidad internacional.

Periódicos tan importantes como The New York Times y Washington Post en Estados Unidos y El País de Madrid y cadenas de televisión como CNN, Univisión, BBC-Mundo o Al Jazzira, y múltiples canales locales de Estados Unidos y Canadá recogieron las incidencias de los atropellados e inhumanos registros de los extranjeros al final del plazo oficial y de la huida hacia Haití de algunos miles que preferían salir por voluntad propia llevándose sus pertenencias, a ser deportados perdiéndolo todo. El Washington Post publicó reportajes toda esta semana, uno con foto a 4 columnas en primera página edición impresa.

Decenas de periodistas de múltiples nacionalidades y representantes de organismos como Amnistía Internacional llegaron al país atraídos por innumerables anuncios de funcionarios de que al concluir el plazo de inscripción de los extranjeros se iniciarían las deportaciones de quienes no se registraran.

La atropellada afluencia de multitudes de hombres, mujeres y niños en los últimos días, cuando se flexibilizó la inscripción, durmiendo a la intemperie y contenidos por guardias armados, terminaron por atraer la atención informativa mundial.

Aquí se montó el espectáculo televisivo del mes a nivel internacional, con imágenes degradantes de la condición humana, incluyendo a los canales nacionales.

Hasta el Papa Francisco. Es significativo que las advertencias y temores que se expresaron en artículos y editoriales de los periódicos y en declaraciones de organismos internacionales, como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la unión de estados caribeños Caricom o de Amnistía Internacional, tenían en común la preocupación de que pudieran ser convertidos en apátridas miles de domínico-haitianos desnacionalizados o que nunca fueron inscritos en el Registro Civil.

Las expresiones del alcalde de Nueva York, donde no hubo un llamado a boicotear el turismo dominicano como se ha dicho, y las recriminaciones del alcalde de Montreal, que dispararon la alarma nacional, tampoco rechazaban el derecho a regular la inmigración al territorio dominicano, sino a la desnacionalización, tema que movilizó marchas y debates académicos en Nueva York y Miami.

De repente resurgió con más fuerza la oleada de críticas que recibió el país a finales del 2013 y el año pasado por la anulación de registros civiles retroactiva al 1929.

La reacción del Gobierno y de la opinión pública nacional se ha fundado en un pretendido interés internacional por dañar la imagen del país, restando legitimidad hasta a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tratando de ignorar voces tan insospechadas como la del Papa Francisco, quien casi recriminó a los obispos dominicanos cuando le visitaron en Roma el 28 de mayo pasado, al decirles que “la atención pastoral y caritativa de los inmigrantes, sobre todo a los provenientes de la vecina Haití, que buscan mejores condiciones de vida en territorio dominicano, no admite la indiferencia de los pastores de la Iglesia”.

El Papa se refirió al conflicto por los desnacionalizados al exhortar a los obispos a “seguir colaborando con las autoridades civiles para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos”.

Los 55 mil restituidos. El pecado original que ha manchado el legítimo esfuerzo por regularizar los inmigrantes para establecer controles, fue haberlo emprendido después de la desnacionalización rechazada por más de la mitad de los dominicanos, según las encuestas y unánimemente en el exterior. En vez de haberse reglamentado e implementado el plan de regularización de los inmigrantes dispuesto por la Ley de Migración del 2004, pasaron diez años de persecución de sus descendientes nacidos en el país.

En mayo del año pasado la Ley 169-14 dispuso restituir la nacionalidad a quienes fueron privados de ella por la sentencia 168/13, pero costó 13 meses implementarla. La Junta Central Electoral, que había iniciado en el 2007 la negación de la documentación de los descendientes de haitianos, ignoró el mandato de la ley hasta concluir un inventario del Registro Civil dispuesto por la sentencia del Tribunal Constitucional.

Coincidiendo con el final del plazo para la regularización fue que la JCE dispuso que las 165 oficialías del Estado Civil validen las actas de nacimiento de 55 mil personas a quienes se les tenían suspendidas, publicando los listados el viernes 26. También se ordenó restituir las cédulas de identidad, con sus mismos números, a quienes se les había cancelado. Eso a su vez permitirá a esa población declarar a sus hijos como dominicanos, lo que ya hizo con sus cuatro hijos Juliana Deguís, la domínico-haitiana por la que el Tribunal Constitucional dictó su sentencia 168/13.

Revisar la estrategia oficial. La estrategia gubernamental debería centrarse en difundir internacionalmente la decisión de devolver la ciudadanía a esas 55 mil personas y sus descendientes, lo que mejoraría radicalmente el clima para proseguir la regularización de los inmigrantes, especialmente en el ámbito internacional, incluyendo a Haití.

Sería fundamental restringir los requisitos a lo fundamental, como la identidad, y las certificaciones de buena conducta, de empleo y vivienda, así como del arraigo y de haber ingresado al país antes del 2011, como establece el decreto. Eso debería acompañarse de presión para que los empleadores otorguen los certificados de empleo.

Ayudaría mucho un esfuerzo por combatir el tráfico de turnos y el picoteo que ha encarecido el proceso, al grado que el promedio de gastos de los que han tratado de cumplir los requerimientos, ronda los 10 mil pesos, según abogados y dirigentes sociales que les han dado asistencia.

Lo de más sería mantener firme la voluntad y el compromiso de no deportar, ni por error, a ninguno de los nacidos en el país. Demasiado pesada sería de por sí la repatriación de más de 200 mil extranjeros, incluidos los llegados en los tres últimos años después de la encuesta que para el 2012 los estimó en 458 mil.

Improvisada ofensiva

Preocupado por la fuerte oleada de críticas y temiendo que pudiera llegar a afectar la economía nacional, cuando se difundió sin base objetiva que, como represalia, Haití había suspendido la importación de 35 productos nacionales, el Gobierno lanzó una improvisada ofensiva internacional, que abarcaría a las principales ciudades de Estados Unidos, a la Unión Europea, América Central y reuniones de la OEA, SICA y Naciones Unidas y con los diplomáticos acreditados en el país y en Puerto Príncipe.

La estrategia gubernamental se basa en los avances logrados en el PNRE, sobre todo cuando en los últimos días liberalizó los requisitos, aceptando inscripciones hasta completar 288 mil, aunque apenas 4,308 habían logrado completar los minuciosos requisitos, muchos de ellos difíciles de alcanzar para una población pobre y marginal.

Las autoridades decidieron otorgar estatus provisional de uno a dos años para que quienes llegaron a inscribirse puedan completar los requerimientos, anunciaron que darán oportunidad de concluir la regularización a unos 20-25 mil haitianos pendientes de recibir la documentación que han solicitado a su embajada en Santo Domingo, y estatus de inmigrantes definitivos a 2,835 pensionados tras décadas de trabajo en el antiguo Consejo Estatal del Azúcar.

En otro gesto de buena voluntad se acordó otorgar visas gratis a 7,986 haitianos que estudian en universidades dominicanas.

Un hecho que pudo ser positivo, como el regreso voluntario a Haití de más de 17 mil migrantes, tuvo efectos negativos por las caravanas y las declaraciones de muchos que parecían huir de una inminente batida que los dejaría sin sus ajuares. Muy pocos aceptaron viajar en autobuses del Gobierno, porque no incluía el transporte de sus bienes.

El Gobierno flexibiliza el Plan de Regularización

junio 14, 2015septiembre 7, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

14_06_2015 HOY_DOMINGO_140615_ El País13 A

Al término del plazo para registrarse en el Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), el Gobierno ha dispuesto otorgar un estatus migratorio regular al 1.8 por ciento de los que lo han solicitado, y provisional al 93 por ciento que habiendo presentado documento de identidad no ha podido completar los demás requisitos.

Otras flexibilizaciones que permitirían registrar unos 260 mil inmigrantes irregulares, alrededor del 50 por ciento de más de medio millón estimado, son aceptar como solicitantes del registro a entre 20 y 25 mil que esperan ser documentados por el Gobierno de Haití y beneficiar como inmigrantes regulares a 2,835 cañeros pensionados.

Armónica reunión en Haití. Durante una armónica reunión en Puerto Príncipe el sábado 6 de junio entre una delegación dominicana, encabezada por el canciller Andrés Navarro, y su homólogo haitiano Lener Renaud, se informó sobre la marcha del PNRE y las decisiones del Gobierno dominicano, que según el acta oficial dominicana fueron:

Hasta el día anterior, los inscritos en el plan totalizaban 239,368, más del 96 por ciento haitianos; 86,953 con pasaporte (36%), 78,425 con actas de nacimiento (33%) y 56,695 con cédula (24%). El total de los poseedores de por lo menos uno de los documentos de identidad requeridos para la regularización es de 222 mil, el 93 por ciento.

Se precisa que “únicamente el 1.8% de los extranjeros ha cumplido al presente con todos los requerimientos del Decreto 327-13″, a los cuales se les dará el estatus migratorio regular. Al resto, o sea el 98.2 %, “el Gobierno ha decidido otorgar diversos períodos de gracia para completar dicho proceso”.

A los que presentaron actas o cédula se les dará un permiso de estadía de un año, y a los que se registraron con pasaporte un permiso de dos años.

A unos 20-25 mil a quienes el Gobierno haitiano no ha entregado la documentación solicitada, se les reconocerá como iniciados en el plan si presentan el recibo provisional de solicitud expedido por la embajada de Haití con fecha de entrada al país.

El Gobierno anunció “estatus migratorio regular” para 2,835 nacionales haitianos pensionados tras décadas de trabajar en el país “a pesar de que no habían podido tener el documento de identidad regular de su país de origen”, y que a 7,986 haitianos que estudian en el país no se les cobrará la visa, ni impuestos de entrada o salida del país.

Verdadero círculo vicioso. Más allá del discurso nacionalista, está la realidad de si el país tiene capacidad para identificar y deportar a 300 mil personas, sin incurrir en graves violaciones de derechos y generar un tráfico no solo de ida, sino también de alta proporción que intentará retornar.

Sería un negocio redondo para los traficantes de personas de ambos lados de la frontera.

Hay dos grandes interrogantes, la primera si los sectores productivos dominicanos, -agropecuario, construcción y servicios- podrían soportar tal extracción de recursos laborales, y segundo, si la precaria estabilidad económico-política de Haití podría asimilar una deportación tan elevada sin graves sacudimientos políticos-sociales que generarían nuevos flujos migratorios hacia la República Dominicana.

A la vez el Gobierno está preso del discurso de deportación, que aunque ha bajado desde que “los Vinchos” se alejaron del presidente Danilo Medina, ha calado en su partido y buena proporción de la sociedad, que esperan su materialización sin tener a manos suficientes elementos de ponderación, que no los ofrece públicamente el Gobierno.

La falta de cooperación. Durante años “El Tema de hoy” reclamó el dilatado Reglamento de la Ley de Migración del 2004.

El 27 de octubre 2013, con el título “Han preferido el desorden para explotar inmigrantes”, se detallaron los numerosos fracasos en iniciar la regularización dispuesta por el Decreto 417 de 1990 y luego por la Ley 285 promulgada por el presidente Hipólito Mejía el 15 de agosto del 2004.

Al ponderar el inicio del PRNE, el 15 de junio del 2014, el Tema titulaba “El Plan de Regularización ha arrancado con éxito”.

Pero ya el pasado 30 de noviembre advertía que “Se encamina al fracaso el Plan de Regularización de Extranjeros”, y el 24 de mayo del 2015 se adelantaba que “El Gobierno busca salvar su Plan de Regularización”, que es lo que ha hecho ahora con la flexibilización anunciada. Con esos títulos y mediante cualquier buscador de Internet, se accede a los textos.

Durante todo el proceso se centraron las explicaciones de sus problemas en la falta de cooperación del Gobierno haitiano, lo que es cierto solo en parte, como lo demuestra el acta de la reunión de cancilleres al consignar que la embajada de Haití tiene pendiente de responder entre 20 y 25 mil solicitudes de documentos, 5 por ciento del total de inmigrantes.

Si únicamente el 1.8% de los solicitantes ha podido completar los requerimientos y el 93 por ciento ha presentado documentos de identidad válidos, es obvio que los tropiezos fundamentales hay que buscarlos en la falta de apoyo que ha tenido el PNRE por la incomprensión de que para que sea exitoso debería abarcar una alta proporción del universo, para hacer posible identificar y deportar los excedentes.

La escasa respuesta está determinada básicamente por exceso de requerimientos, la negativa de los empleadores a dar certificaciones de empleo, que la Procuraduría General, en contradicción con el decreto, reclamó hasta el mes pasado el pasaporte para emitir certificados de buena conducta, y por los elevados costos de las notarizaciones, del tráfico hasta con los turnos y de los 7 viajes de promedio que han tenido que realizar los que lograron inscribirse.

El pecado original. Es difícil encontrar quien niegue el derecho dominicano a limitar la abrumadora inmigración haitiana, por lo que el PNRE ha sido de unánime aprobación, nacional e internacional.

El problema es el pecado original: que después de décadas amenazando establecer controles, pasaron 9 años antes de que se pusiera en vigencia, la nueva Ley de Migración, que preveía la regularización.

Las autoridades prefirieron desatar una venganza sobre los que habían nacido en el país, primero negándoles administrativamente sus documentos y luego despojándoselos por la retroactiva y colectiva sentencia 168/13.

La Encuesta Nacional de Inmigrantes, con una muestra de 68,146 viviendas, realizada por la Oficina Nacional de Estadística, y avalada por el Gobierno, indica que el 80 por ciento de los extranjeros dijeron haber llegado al país en el período 2000-12, y el 62 por ciento entre el 2005 y 2012, justo mientras se libraba el combate contra los que habían nacido aquí durante décadas y habían sido reconocidos como dominicanos.

Es significativo que ese enorme flujo ocurriera justo cuando el grupo más nacionalista controlaba la Dirección de Migración y el Consejo Nacional de Fronteras e influía sobre el Ministerio de Interior, la Junta Central Electoral y hasta en la Presidencia de la nación. No hubiera sido lo mismo iniciar la regularización con 300 mil inmigrantes que ahora con alrededor de 600 mil.

Todo el que quiera que alguna vez se inicie un control de la inmigración debería apoyar el esfuerzo que hace el Gobierno al flexibilizar el plan, y reclamar que se extendiera otros 60 días, ahora que ya no se exige el pasaporte para el papel de buena conducta, lo que permitiría alcanzar una proporción mayor que viabilizara los controles.

Y centrarse en las mayores causas del limitado resultado, sobre todo en reclamar la cooperación de los empleadores que, en su mayoría, prefieren mano de obra excedente y sin derecho alguno.

Sobre las deportaciones

En la reunión, dice la relatoría, las autoridades dominicanas informaron que procederán a deportar después del 17 de junio a quienes no se acogieran al PNRE, “en función de las disposiciones legales del país y los compromisos internacionales en materia de los DDHH y la dignidad de cada persona”, en coordinación con la OIM y la ONU.

Se detallaron seis lugares de acogida y el protocolo de procedimiento. El canciller haitiano reconoció la soberanía dominicana, aunque expresó temor de que un alto volumen pueda sobrepasar la limitada capacidad de su país para asimilarlos y generar conflictos.

El problema es sumamente complejo si, atendiendo a los estimados, los sujetos a deportación podrían superar los 300 mil e implicar a nacidos en el país, incluso de los 53 mil que la Junta Central Electoral ya anunció que serán documentados como dominicanos, según la Ley 169-14, pero aún sin ejecución. Se añade un número indeterminado de los descendientes que estos no han podido declarar.

Se asume que la Encuesta Nacional de Inmigrantes del Gobierno dominicano 2012 arrojó 524 mil extranjeros, que de esos un 10% serían inmigrantes regulares, por lo que los indocumentados se reducirían a 472 mil. Pero si se les suma el flujo 2012-15 pueden alcanzar los 600 mil, ya que la encuesta dice que entre 2010-12 creció 36.8%.

El Gobierno busca salvar su Plan de Regularización

mayo 24, 2015septiembre 7, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Para salvar del fracaso su Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) el Gobierno se propone otorgar una estatus de “inmigrante regular provisional” a unos 220 mil que habrán iniciado el proceso al término del plazo el 16 de junio próximo, pero que no han podido cumplir los requerimientos económicos por renuencia de sus empleadores.

Atrapado en contradicciones y discursos xenofóbicos, el Gobierno se enfrentará al hecho de que más de la mitad de los inmigrantes indocumentados ni siquiera han podido iniciar su regularización, estimándose en más de 300 mil los que quedarían sujetos a la deportación muchas veces anunciada pero difícil de ejecutar en tan alta proporción.

Llegarían a unos 220 mil. Al iniciarse esta semana la cuenta regresiva del mes para cerrar las inscripciones al PNRE, 207 mil 424 inmigrantes habían acudido a 24 centros de registro para iniciar el proceso, complicado por sus múltiples requerimientos, y son apenas centenares los que han sido acreditados con un carnet, tan pocos que las autoridades han dejado de dar el dato.

El doctor Washington González, viceministro de Interior y Policía encargado del Plan, confía que al 16 de junio sumarán entre 215 y 220 mil personas en gran parte haitianas, lo que representaría 42 por ciento de los 530 mil estimados en la Encuesta Nacional de Inmigrantes concluida en el 2012, de los cuales 458 mil 233, el 87 por ciento, provenían de Haití. A estos habría que agregarle algunas decenas de miles más que llegaron después de la encuesta, y que a partir de octubre del 2011 no califican para ser regularizados, por lo que los “deportables” pudieran andar sobre los 350 mil.

Aunque se establecieron 24 centros de atención, el grueso ha acudido a los del gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, de acuerdo a los datos que ofreció el funcionario por Teleantillas. Complicado, porque en estos centros se establecían cuotas por día y había que acudir de madrugada para conseguir turnos, que en muchas ocasiones tenían que comprar a traficantes. Otra limitación ha sido que al no llevar todos los documentos requeridos, el promedio ha tenido que acudir unas 5-6 veces. La falta de información a una población dispersa, con poco acceso a los medios de comunicación y escasos niveles de instrucción también ha complicado el proceso. Y aunque el Gobierno no cobra nada, los inmigrantes tienen que notarizar hasta las facturas de compras de electrodomésticos, y en muchos casos han tenido que “dar contribuciones”.

Pocos llenan los requisitos. El viceministro González reconoce que muy pocos de los solicitantes han podido completar los requisitos, especialmente las condiciones laborales y socio-económicas, que incluyen certificaciones de empleo, propiedades o contratos de alquiler de muebles o inmuebles y hasta cuentas bancarias. El 95 por ciento presentó por lo menos un documento de identidad, acta de nacimiento cédula o pasaporte, como establece el plan. Pero esa misma proporción no ha podido completar los requerimientos socio-económicos.

El problema principal ha sido la poca colaboración de los empleadores. Lo reconoció el funcionario, quien dijo que apenas en las últimas dos semanas los grandes empleadores agropecuarios y de la construcción habían mostrado interés en ayudar a regularizar sus empleados. Una excepción había sido el grupo Vicini, con dos ingenios en operación, que hasta contrató abogados para ayudar a sus trabajadores haitianos.

Desde que se abrieron las inscripciones en junio del año pasado, se viene advirtiendo que los empleadores agrícolas, de la construcción y hasta domésticos, se han negado a emitir constancia salarial. Pretextan que son trabajadores temporales, sin contratos laborales y por tanto de mucha movilidad.

Otro factor que ha dificultado el proceso es la cantidad de requisitos, por ejemplo cuentas bancarias que muy pocos braceros haitianos, de la construcción o domésticos podía abrir por carecer de documentación o por sus condiciones socio-económicas y hasta por desconocimiento de la lengua nacional.

Estatus provisional salvador. “Hay que buscar una solución” proclamó el viceministro González, consciente del bajo porcentaje de inmigrantes que ha podido presentar todo lo que se le demanda. Numerosos casos, como el de Iván Saint Fleur, presentado en la misma entrevista de Uno+Uno, son indicativos del exceso de requisitos. Testimonió que comenzó el proceso el año pasado con pasaporte y visa, acreditación de su empleador doméstico, testigos de su arraigo en el país, papel de buena conducta, contrato de alquiler de vivienda y otros menores, todo notarizado, y no ha podido ser acreditado después de siete viajes de madrugada a un centro de atención capitalino. Es obvio que la gran mayoría de los inmigrantes haitianos no pueden reunir todas esas condiciones.

Pero después de año y medio trabajando en el plan, habría que considerar un fracaso la mínima cantidad de inmigrantes que han completado el proceso, y no por falta de documentación, como se repite buscando un “chivo expiatorio”. De ahí la solución del carnet provisional, que tendrá una duración de dos años “para que completen requisitos”. Será una manera de prolongar el período original, sin admitirlo formalmente. Habrá que esperar para ver si los empleadores son obligados a colaborar. Es obvio que una gran mayoría prefiere la informalidad de una mano de obra abundante que, por indocumentada, carece de posibilidades de reclamar derechos y condiciones laborales, como horario, pago de horas extra, salarios mínimos, seguridad social y prestaciones.

No será suficiente. Además del estatus provisional a los 220 mil inscritos para que completen los requisitos, el Gobierno tendrá que ponderar qué hacer con unos 350 mil que ni siquiera pudieron comenzar. Seguirán culpando a las autoridades haitianas que no han podido responder todas las demandas de documentos. La embajada haitiana tenía pendiente unas 15 mil, pero entre los otros más de 300 mil puede haber de todo. La encuesta de Inmigrantes dijo que el 92 por ciento tiene algún documento. En los últimos meses estaban pidiéndoles hasta pasaporte, cuando el plan valida también actas de nacimiento y cédulas.

En esa inmensa mayoría predominan los jornaleros agrícolas, chiriperos y trabajadores domésticos que carecen de los miles de pesos que cuestan las notarizaciones de documentos, que no tienen un empleador fijo, y con esposas e hijos más difíciles de demostrar su arraigo en el país.

Haber dejado pasar tanto tiempo para regularizar los inmigrantes, lo que dispuso la ley de migración del 2004 del presidente Hipólito Mejía, fue una grave irresponsabilidad, pero mucho peor pudiera ser el autoengaño y no reconocer la complejidad del problema. Ninguna regulación de inmigrantes en el mundo ha implicado deportar más de la mitad.

La política lo arropa todo, con alto costo económico

marzo 29, 2015septiembre 8, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

A casi 14 meses de las elecciones generales, la política domina el debate nacional y se manifiesta en propaganda masiva en medios de comunicación y vías públicas, relegando los graves problemas de la sociedad dominicana, sin la menor regulación y sin siquiera adaptar el régimen electoral a la Constitución promulgada hace cinco años.

Es imposible calcular el costo económico de la endeble democracia nacional, que este año implica 4 mil 506 millones de pesos del presupuesto nacional, más 1,370 millones de subsidio a los legisladores, para totalizar 5 mil 876 millones de pesos, superior al de 4 ministerios, sin cuantificar nominillas, clientelismo, uso de recursos públicos y corrupción.

Se desborda la política. Cuando la Constitución del 2010 unificó las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales en el mismo año, se justificó el regreso al sistema de arrastre con el argumento de que se reduciría el tiempo y costo de las campañas electorales, pero antes que el actual gobierno cumpliera su primer año comenzó la promoción de precandidaturas para todos los niveles electivos. Lo más inconcebible es que los primeros en salir a la palestra electoral fueron los del partido que concentra todos los poderes del Estado que desde hace meses pintan de morado las vías públicas y los medios de comunicación.

En ciudades como Santiago se cuentan por centenares las vallas propagandísticas de todos los tamaños de por lo menos seis que compiten por la candidatura a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana, resaltando el dominio de los directores de Comedores Económicos y del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas, Monchy Rodríguez y Fernando Rosa, con gasto millonario mensual, aunque ninguno de los dos pasaba de clase media cuando llegaron al Gobierno.

Hasta para las candidaturas a regidores y vocales municipales, que pasarán de 4 mil en todo el país, ya hay promoción, pero resaltan los precandidatos presidenciales peledeístas Leonel Fernández, Reinaldo Pared y Francisco Javier, y en menor medida Temístocles Montás y Radhamés Segura, dos de ellos ministros, mientras un tercero, el de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, se promociona para senador por Barahona. Ya hay candidatos presidenciales formalizados por diversos partidos, como Miguel Vargas, Federico Antún, Fidel Santana y Luis Abinader, los dos primeros encabezan los partidos que, junto al PLD, reciben el 80 por ciento del subsidio estatal, 18 millones de pesos mensuales cada uno, y ya gastan en publicidad.

Saturan los medios masivos. El destacado sociólogo Cándido Mercedes se quejó recientemente de que la política lo ha sobredimensionado todo: “Es como si la sociedad toda estuviera subordinada a la política, cuando la política es una parte de la vida social y tiene como epicentro dirigir el Estado, que es la sociedad políticamente organizada”.

Personas que visitan el país por primera vez y desde que salen del aeropuerto ven tanta propaganda electoral, y que el debate en los medios de comunicación gira sobre encuestas y perspectivas electorales, quedan asombrados cuando se enteran que falta más de un año para las próximas elecciones. Y es que tales niveles de saturación política ya no se dan en la democracia, pues las normativas limitan la propaganda en tiempo y volumen para reducir la irrupción del dinero mal habido, sea extraído del Estado, de actividades ilegales como el narcotráfico, o de los rentistas de la política.

Steven Griner y César Arias en un estudio sobre Medios de Comunicación y Partidos Políticos en América Latina, incluido en un informe de la Fundación Ebert del 2007, sostuvieron que la República Dominicana y Honduras eran los países de la región con menores regulaciones de las campañas electorales. Desde entonces aquí no se ha avanzado absolutamente y la mejor muestra es el proyecto de ley de partidos sobre el cual se han establecido numerosos consensos y compromisos pluripartidistas y con la sociedad civil desde 1999, sin que haya podido ser aprobado, pese a haber sido presentado al Congreso una decena de veces.

La renuencia a legislar para normar la actividad política se expresa también en que ni siquiera está en discusión un proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral introducido al Congreso por la Junta Central Electoral en el 2011 y que, al igual que el de Ley de Partidos, fue fruto de una asesoría de técnicos de la OEA para conciliar el sistema con el nuevo marco de la Constitución proclamada en el 2010. Todo parece indicar que pasará una segunda elección general sin que se haga el ajuste.

Relegados los problemas. La extensa campaña electoral ya envuelve al Gobierno, como casi siempre, agravada por los esfuerzos para prolongarse en el poder vía reelección, aunque está prohibido por la Constitución, y relega el enfrentamiento de graves problemas nacionales. Pocos creen que puedan lograrse en el actual período los pactos fiscal y eléctrico que la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba para comienzo de este año.

En campaña electoral adelantada, ya nadie espera que se aplique la ley de salarios públicos aprobada hace dos años y medio, ni que vayan a despedir cientos de botellas diplomáticas y consulares, ni a eliminar organismos inoperantes ni a fusionar las duplicidades. Mucho menos que pongan en retiro los generales que dispuso la ley, ni que reformen la Policía Nacional como se anunció en el discurso inaugural, ni que se enfrente el caos de la circulación vial, el deterioro de la seguridad social o la inseguridad ciudadana.

El inmenso costo de la política sustrae recursos que amortiguarían deficiencias estructurales como el caso de que la mitad de los hogares carecen de suministro interno de agua, que apenas el 5 por ciento de las viviendas de la gran urbe capitalina tienen alcantarillado sanitario y contaminan los ríos, el mar y el subsuelo de donde muchos se nutren para un precario servicio de agua, o permitirían reparar la mitad de los 36 sistemas de tratamiento de agua del gran Santo Domingo, ahora mismo fuera de servicio.

Con parte del costo de la política se afrontarían las plagas que afectan la producción de vegetales, frutas, café, banano y coco, se comprarían los contadores de electricidad y de agua que faltan para reducir las pérdidas y se incentivaría la producción de energía hídrica, eólica y solar para paliar los apagones, y se mejorarían los míseros salarios de policías, militares, enfermeras y otros servidores públicos.

Nada de eso está en el debate público, ni siquiera el aumento salarial que se discute hace seis meses, ni mucho menos los atrasos que nos dejan en los últimos lugares en todas las evaluaciones regionales e internacionales, incluyendo ese 41 por ciento de pobreza, la mitad en estado de indigencia, que diagnosticó en enero la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.-

Ofensiva de radicales haitianos abona el odio y la confrontación

marzo 1, 2015septiembre 10, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Las autoridades e instituciones nacionales y haitianas tienen que esforzarse en reducir el clima de confrontación que se viene incubando en la isla y que podría agravarse en las campañas electorales que ya tienen curso en las dos naciones donde históricamente caudillos y grupos políticos medran con la estigmatización del vecino.

En el país hace tiempo que se viene advirtiendo que el discurso del odio y la exclusión contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes, que ya incluye a autoridades y comunicadores, generará violencia que hará imposible la cooperación a que están condenados dos países que comparten una pequeña isla.

Condena unánime y rápida. Como era de esperarse, la sociedad dominicana ha condenado rápida y unánimemente la agresiva y provocativa acción del núcleo vandálico que violó la jurisdicción del consulado dominicano en Puerto Príncipe, trepando a su techo y arriando la bandera nacional, que también fue quemada. Tal acción no sólo fue una ofensa a la nación dominicana, sino también un atropello al derecho internacional.

Por fortuna, las autoridades, el principal diario haitiano y los organizadores de una marcha pacífica que había precedido el vandalismo, condenaron de inmediato la acción, sin buscar ningún pretexto. Aunque queda establecer por qué no se previó mayor protección al consulado como se hizo con la embajada, en la circunstancia de una marcha que protestaba acciones dominicanas en perjuicio de haitianos. Esa escena de cuatro individuos, posando para fotógrafos sobre el techo del consulado, como si hubiesen escalado el monte Everest, parece una acción premeditada para agravar las relaciones bilaterales.

La marcha fue convocada por grupos de la sociedad civil haitiana que abogan por el entendimiento, y proclamaba la paz entre los dos pueblos, incluyendo el grupo 4 de diciembre, último esfuerzo en que se involucró el exembajador Guy Alexandre, poco antes de morir hace un año, en su papel de pregonero de la cooperación y la amistad en la isla. Entre los convocantes había personalidades reconocidas que fueron recibidas por el embajador dominicano Rubén Silié, con quien tuvieron un diálogo respetuoso y constructivo. Fue después de dispersada la marcha que un pequeño grupo montó la provocación en el consulado, como a un kilómetro de distancia.

El caso Henry Claude Jean. Lo ocurrido en Puerto Príncipe el 16 de febrero no sorprendió a quienes venían advirtiendo que el discurso del odio germinaría en grupos anti dominicanos del otro lado de la frontera. La marcha a la embajada dominicana era para pedir explicación sobre acontecimientos que les ofendían como el presumible linchamiento del joven haitiano Henry Claude Jean, ocurrida en Santiago el 11 de febrero, al día siguiente de que un grupo de encapuchados, entre gritos de guerra, quemara allí la bandera haitiana, lo que no fue condenado por ninguna autoridad. Allí también fue que un grupúsculo proclamó la necesidad de matar a 4 periodistas que consideran traidores a la patria por defender derechos de inmigrantes y sus descendientes.

El caso del limpiabotas Henry se convirtió en paradigmático, por las características de un crimen de odio y terror. Lo amarraron de pies y manos, le dieron muerte a palos y lo llevaron al parque Ercilia Pepín, donde lo colgaron de un árbol, frente al principal hospital regional y por donde pasa una ruta de transporte, lo que implica también un atrevido desafío. Por ello 150 personalidades haitianas escribieron al presidente del partido gobernante, Leonel Fernández, considerándolo principal beneficiario del anti haitianismo, pidiéndole que condenara el presunto linchamiento. Y 62 académicos y activistas dominicanos residentes en el exterior pidieron lo mismo al presidente de la República.

Desde el primer día la policía de Santiago “descubrió”, sin la menor evidencia, que Henry había sido víctima de otros dos haitianos para robarle, porque se había ganado dos mil pesos en una banca de apuestas, sin identificación ni testigo. Con eso la policía y varios periódicos pretendieron cerrar el caso, pero como eso era insostenible y hubo muchas repercusiones internacionales, la siguiente semana el Jefe de la Policía Nacional se trasladó a Santiago para asumir personalmente la investigación, de la que 18 días después no se publican resultados. No ha habido un rechazo firme de las autoridades al discurso del odio, la estigmatización y amenazas de muerte.

Ofensiva de año nuevo. Ha habido toda una ofensiva anti haitiana desde que arrancó el 2015, que incluye otro crimen por aclararse, el de Lujis Jhoset el 18 de febrero en Comendador, Elías Piña, y para colmo los dos policías, un militar y dos civiles que asaltaron la residencia del embajador de Haití en Santo Domingo el 5 de febrero, fueron libertados de inmediato por decisión de una jueza, pese a los agravantes de uso fraudulento de uniformes de una empresa estatal, porte de armas de fuego, golpes y amarre del único guardián, amordazamiento de la empleada doméstica y robo de dos cajas fuertes, luego incautadas por la policía, sin los 18 mil dólares que contenía. Ese hecho desbordó el ánimo del embajador Fritz Cineas y determinó su dimisión, sintiéndose acosado.

En enero hubo un grave incidente cuando pescadores haitianos desbordados apedrearon el consulado dominicano en Anse-APitre, cerca de Pedernales, después que militares dominicanos le incautaran embarcaciones, lo que se denunció como secuestro del personal dominicano, porque este cerró las puertas hasta que intervinieron autoridades. El Gobierno supo que no hubo secuestro y que el incidente fue en aguas haitianas, según confidencia de un funcionario y del senador por Pedernales. Esos pescadores denuncian frecuente extorsión por autoridades nacionales que les incautan hasta los motores de sus botes. Eso dejó claro que se aproximaban agresiones del otro lado de la frontera.

La vocería anti haitiana creció con la versión de que se habían construido viviendas para “un asentamiento de inmigrantes haitianos” en Sosúa, Puerto Plata, pero a más de un mes todavía se espera el informe de la Comisión del ministerio de Interior y del Congreso que fue a investigar el infundio. La realidad es que desde los años ochenta un ministerio evangélico ha construido 1,200 casitas para sustituir las barracas de los bateyes azucareros, en beneficio de los que allí vivían por décadas, dominicanos, dominico-haitianos y haitianos. Durante semanas estos inventos generaron un incremento de la prédica anti haitiana en los medios de comunicación, donde se pedía energía al Gobierno.

Hubo pruebas de deportaciones masivas de haitianos que buscaban acogerse a la regularización, en violación del decreto que la instituyó, como el centenar que eran llevados por monjas al centro de registro de San Juan de la Maguana. La valentía de las religiosas y del obispo Sergio Grullón, determinaron que al día siguiente se les dejara volver al país.

Chantajean al gobierno. Los grupos ultranacionalistas, que han ganado cada vez más espacio como aliados del PLD, no solo estigmatizan a los comunicadores que los contradicen, sino hasta al propio presidente Danilo Medina, a quien colocaron en la galería de “traidores a la patria” exhibida el viernes, Día de la Independencia, en el Altar de la Patria, donde acosaron y empujaron a defensores de derechos humanos. Ya el Día de Duarte, 26 de enero, se habían escuchado allí mismo gritos de “Danilo traidor”.

Es significativo que esos gritos salen de grupos en los que abundan empleados públicos, como en Santiago, y desde un grupo político aliado que acusa a funcionarios del Gobierno de servir al interés extranjero. Los ataques han sido más virulentos contra el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo y su equipo técnico, después que éste proclamara en una reunión bilateral con Haití el 10 de julio pasado, el comienzo de una nueva era en las relaciones bilaterales, considerando que “el odio es estéril, mientras que el amor y el respeto fructifican”.-

Fue positivo que el presidente Medina no buscara beneficio político con lo del consulado en su discurso del viernes, pero tendrá que hacer esfuerzos para frenar “lo que se aproxima”. Por ejemplo, impidiendo que en medio del vendaval su ministro de Interior y Policía piropeara a los vecinos diciendo que Haití es un estado fallido. Aunque lo fuera.

A ese esfuerzo tendrán que concurrir los periódicos y empresarios dominicanos que deben abandonar hipocresías y reconocer que no pueden prescindir de la mano de obra haitiana, aunque bajo regulaciones, y que los últimos datos disponibles indican que en la primera mitad del 2014 sus exportaciones formales hacia Haití sumaron 560 millones de dólares, y las importaciones 68.7 millones de dólares.-