Ministerio de Exteriores: gran relajo institucional

diciembre 14, 2014septiembre 13, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Con la publicación de la nómina completa del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) el periódico digital Acento puso de nuevo sobre el tapete el inmenso entramado de clientelismo, nepotismo, derroche y desorden institucional que desde hace años se ha entronizado en ese organismo en beneficio del partido gobernante y su principal aliado.

El Gobierno ya realizó una limpieza de botellas locales, en su gran mayoría de militantes y relacionados del Partido Reformista Social Cristiano, cuyo presidente, Carlos Morales Troncoso, fue titular del MIREX en los últimos diez años, y ahora tropieza con el problema de cientos de botellas de su propio partido con altísimos sueldos en el exterior.

Un persistente derroche. Tras revisar la nómina del MIREX publicada esta semana se puede comprobar que nada ha cambiado a casi tres años de que se publicara en esta misma página de HOY (22 de enero del 2012) el análisis titulado “RD también lidera el derroche diplomático”. Además de replantear el desorden, Acento presenta los salarios reales que se paga a los designados en el servicio exterior, ya que en la nómina anterior, como quedó consignado, todos los embajadores aparecían con un sueldo ficticio de 3 mil dólares mensuales.

Un aporte adicional es que en esta versión de la nómina es una columna donde aparece el padrino, parentesco o relación de muchos designados, lo que permite advertir el nivel de nepotismo y favoritismo político con su consiguiente grado de remuneración. La desigualdad salarial guarda relación con la categoría del político y el grado de familiaridad. Aquí también resalta la influencia del ingeniero Félix Bautista, quien habría tramitado un centenar de designaciones, en su mayoría recomendados por una comisión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Nueva York, pero también más de una veintena de familiares y relacionados, incluyendo hermanos, sobrinos, primos y cuñados. Otros dirigentes peledeístas también apadrinan pero generalmente con una o dos designaciones.

Un total de 1,876 personas integran la nómina exterior de la Cancillería, 1,189 como diplomáticos y 657 en los consulados. Los primeros devengan 6 millones 366,524 dólares mensuales, que convertidos a pesos a tasa de 44.15 y multiplicados por 13 representan 3,664 millones de pesos anuales. En el servicio consular se paga el equivalente a 120 millones 168 mil pesos mensuales, que multiplicado por 13 ascienden a 1,692 millones 692 mil pesos para un total en ambos renglones de 5,356 millones de pesos anuales.

Desproporciones salariales. Cuando se observan los salarios se advierte un gran desorden, con embajadores que reciben desde 10 mil a 40 mil dólares mensuales. Y lo mismo ocurre con cónsules que oscilan entre 10 mil y 26 mil dólares, y ministros consejeros que ganan de 4,400 a 9,700 dólares, y consejeros de 4,132 a 8 mil dólares. Pero al mismo tiempo se encuentran primeros secretarios (de menor jerarquía) con sueldos de 10,825 dólares. Cuando se ponderan los nombres y patrocinios se encuentran las explicaciones.

Por ejemplo, el embajador en México, la segunda nación más grande y poblada de América Latina, tiene un salario de 11,825 dólares mensuales, pero el de Honduras gana 16 mil, el de Nicaragua 22 mil, el de Paraguay 28 mil y el de Colombia 30 mil dólares. El primero es un intelectual sin militancia partidista y los últimos cuatro tienen en común el ser dirigentes políticos.

Los salarios no guardan relación con la importancia política, poblacional, territorial o del intercambio bilateral, sino más bien con la militancia política o el grado de familiaridad, incluyendo esposas, hijos e hijas y otros relacionados de altos funcionarios del Gobierno, de la justicia, de legisladores y dirigentes políticos. En la misma ciudad de Ginebra hay embajadores con sueldos de 18 mil y 25 mil dólares. La cónsul en México, hermana de un prelado, gana más que el embajador. No se explican los altos sueldos de algunos cónsules que tienen altísimos ingresos de las tasas que cobran por servicios a los dominicanos, como en Nueva York, Miami o San Juan. Tampoco otros de 23 mil dólares, como el de Alameda, San Francisco de California.

Una proporción considerable del personal designado en el exterior pasa la mayor parte del tiempo en República Dominicana, y los hay que apenas han ido de visita a las sedes donde están adscritos. En múltiples embajadas y consulados no los quieren ni de visita, porque no tienen espacio donde colocarle un escritorio y solo obstruyen a los pocos que trabajan. Por ejemplo en Nueva York solo una docena de los 92 vicecónsules y asistentes consulares tienen escritorio y otros tantos se dejan ver. La gran mayoría se dedican a la política y a negocios y actividades personales.

Prometida reestructuración. Desde su discurso inaugural el presidente Danilo Medina se comprometió con una reestructuración del MIREX y de las relaciones internacionales. Desde el inicio quiso cambiar al titular del ministerio, pero terminó inclinándose ante el reparto partidista del poder. Fue en agosto, ya en víspera del fallecimiento del ingeniero Morales Troncoso, tras larga inhabilitación por enfermedad, cuando fue designado canciller el arquitecto Andrés Navarro.

Semanas antes ya había trascendido que inspectores de la Contraloría hacían un levantamiento del personal del ministerio, donde habrían detectado cientos de botellas, en su mayoría reformistas y familiares. Desde entonces se ha informado de cancelaciones oscilantes entre 700 y mil. El ministro administrativo de la Presidencia las cifró en “casi un millar”.

El nuevo canciller ha hablado de reestructuración y depuración de personal que abarcaría a los designados en el exterior, así como de una renovación integral de las relaciones internacionales.

Es sintomático que la depuración comenzara en el ámbito interno, donde el abultamiento de la nómina estaba determinado por los aliados reformistas. En el servicio exterior fueron designados por decretos del presidente Leonel Fernández, y en gran proporción son peledeístas. Persisten dudas de que se pueda hacer una profilaxis significativa.

Desde luego, hay en el servicio exterior muchos profesionales y personal que cumple la misión encomendada, como también hay subvalorados o desaprovechados que guardan banca en la lista de más de un centenar de embajadores adscritos a la Cancillería. Pero no hay dudas de que en general el MIREX es una muestra del desquiciamiento institucional provocado por el reparto político del Estado.

Consulados y organismos

En todas las embajadas dominicanas se mantiene un personal supernumerario, pero donde sigue liderando el derroche es en los principales consulados y ante los organismos internacionales. Hace tres años un muestreo de 16 de las embajadas más importantes, sin incluir a Estados Unidos, arrojaban un acentuado desbalance: ellas tenían 84 funcionarios en el país, mientras República Dominicana les había designado 442, es decir cinco por uno. La situación se mantiene con ligeras variantes, lo que se explica en el hecho de que la nómina de Acento es del 2012; la que dio base al análisis anterior era de solo un año antes.

Donde hay más dominicanos designados como diplomáticos y funcionarios consulares es en Estados Unidos con un total de 386, casi los mismos que hace tres años, cuando eran 384. La representación ante el Gobierno de Washington había bajado de 44 a 41 y en el consulado de Nueva York de 97 a 93. El Gobierno norteamericano ha rehusado acreditar muchos de esos funcionarios. Los designados ante las Naciones Unidas en Nueva York aumentaron de 63 a 74, una docena como embajadores adscritos, y ante la Organización de Estados Americanos, en Washington se redujo de 38 a 33. Son las mayores representaciones ante esos dos organismos. el consulado de Miami pasó de 54 a 57 designados, y en San Juan de 21 a 25, pero en Boston disminuyeron de 31 a 25.

Los designados en España crecieron de 89 a 116, especialmente en el consulado de Madrid, donde pasaron de 22 a 39. En Haití el personal dominicano aumentó de 64 a 109, en gran proporción en la embajada en Puerto Príncipe donde pasó de 31 a 51. En Colombia y Costa Rica, como muestreo, los dominicanos siguen siendo un número muy superior a lo que esos países tienen acreditados en el país, 32 contra 5 y 23 contra 4, respectivamente.

advierte deterioro del estado de derecho

noviembre 23, 2014septiembre 13, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Cada vez es mayor la convicción de que la única ley que tiene plena vigencia en el país es la de la conveniencia política, de lo que no escapan ni siquiera las llamadas altas cortes que actúan como brazo político dejando bajo fuertes interrogantes al estado de derecho prevaleciente en el país.

Una serie de acontecimientos de los últimos meses dejan interrogantes a resolver, mientras se ignoran leyes aprobadas tras largas consultas y se manifiesta renuencia a aprobar otras como las orgánicas del régimen electoral y la de partidos políticos, fundamentales para el proceso electoral excesivamente adelantado.

Ley de la conveniencia. Una serie de acontecimientos del orden legislativo, judicial y ejecutivo parecen confirmar la convicción de que la única ley que se cumple plenamente en el país es la de la conveniencia política. Esta semana la Cámara de Cuentas de la República denunció que más de un centenar de altos funcionarios han hecho caso omiso a la nueva Ley 311-14 de agosto pasado sobre Declaración Jurada de Patrimonio, promovida durante años como mecanismo de prevención de la corrupción, y les otorgó un plazo de tres días para su cumplimiento. Prueba de la debilidad institucional es que la Cámara de Cuentas hubo de recibir apoyo de Unión Europea y el PNUD por 360 mil euros (unos 22 millones de pesos) para crear la plataforma de cumplimiento de la nueva ley, y que el embajador Alberto Navarro pidió al Congreso mayor esfuerzo para el objetivo de prevenir la corrupción.

Otra ley que no se cumple es la 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado, 15 meses después de ser promulgada el 6 de agosto del 2013, la cual establecía un plazo de seis meses para un proyecto de reglamentación en manos del Poder Ejecutivo desde principios de este año. Tampoco se ha cumplido la Ley 169-14 que dispuso entregar las actas de nacimiento a quienes fueron despojados por la sentencia 168-13 del TC.

Esta misma semana empezó a materializarse la convicción de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no dará paso al procesamiento del senador y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana Félix Bautista, sometido por el Procurador General bajo graves cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y falsedad de documentos, entre otros. El juez Fran Soto levantó el bloqueo de inmuebles del multimillonario político que había impuesto la Procuraduría.

Mientras tanto la SCJ ratificó el encargo de jurisdicción a Soto y al juez Moscoso Segarra, este último encargado de instruir la procedencia del juicio, cuando ambos son reconocidos dirigentes del partido del cual Bautista ocupa el tercer cargo. Sólo el interés de dejar la decisión en manos de compañeros de partido puede explicar las selecciones dispuestas por el presidente de la corte, Mariano Germán, también del mismo partido, cuando en la Cámara Penal de esa corte hay por lo menos tres jueces que no tienen connotación partidista: Miriam Germán, Juan Hiroíto Reyes y Esther Agelán Casasnovas.

El Constitucional y la JCE. Otra decisión conflictiva se conoció esta semana, cuando se publicó el dictamen del TC que desliga a la Junta Central Electoral de la obligación de someter sus concursos y licitaciones a la jurisdicción de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, extremando su autonomía constitucional y en menosprecio de las leyes que rigen la materia. Resalta la rapidez con que el tribunal se ha pronunciado sobre una instancia, después que se reclamó a la JCE que transparentara la licitación del contrato de la nueva cédula, tras denuncias de favoritismo.

Si la JCE no tiene que rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos, lo mismo podrán aducir los poderes Legislativo y Judicial, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral, el mismo TC y hasta los partidos políticos, que deberían ser considerados los organismos más autónomos de cuantos reciben fondos públicos, y los cuales también están obligados por varias leyes a rendir cuentas.

Mientras tanto la JCE, en abierto chantaje al Gobierno para que le asigne mayor presupuesto el año próximo, dijo que termina el 2014 con un déficit de cientos de millones de pesos, es decir que violó la ley de presupuesto, y llegó al extremo de anunciar que por falta de fondos aplaza para febrero el trabajo de verificación de las solicitudes de reconocimiento de ocho nuevos partidos. Entre estos está Alianza País, que encabeza Guillermo Moreno, la cual lleva año y medio en manos del organismo, lo que constituye un abuso de poder, porque así no pueden recibir financiamiento público y se les dificulta el privado, mientras los viejos partidos llevan meses en campaña electoral.

Todo lo que tendría que hacerse es despachar cuatro o cinco equipos de inspectores a las regiones del país para que verifiquen si esos partidos tienen los locales abiertos y contactar a sus dirigentes. El costo es de dietas y combustibles. Lo demás es realizar verificaciones, mediante muestreo, de los listados computarizados de miembros, para lo cual la JCE tiene empleados y recursos técnicos. El vocero del gobierno, Roberto Marchena, respondió que hay limitaciones y la JCE, como todo el Estado, debe someterse a austeridad.

Del régimen electoral. El interés de la mayoría legislativa oficialista de imponer su propio proyecto de ley de partidos, en detrimento de otros cinco previamente sometidos, incluso el de la JCE, y de múltiples consensos de 15 años, mantiene empantanada la aprobación de esa legislatura, mientras la campaña preelectoral se extiende por todo el país. Trascendió que persisten diferencias en una decena de aspectos fundamentales, como la transparencia del financiamiento, límites de gastos y de campañas y la pretensión de despojar de cargos electivos a quien renuncie al partido por el cual fue electo.

Mientras transcurre el tiempo ni siquiera se contempla otro proyecto de ley trascendente también en manos del Congreso, el que modifica el régimen electoral para conciliarlo con la Constitución promulgada hace casi cinco años y que debería regir para el próximo proceso electoral. Todavía la ley electoral marco de la JCE instituye dos cámaras y un pleno, lo que debió ser modificado hace tiempo por cuanto la nueva Constitución instituyó el Tribunal Superior Electoral como ente autónomo y separado de la Junta.

Hay quienes temen que se llegue al próximo proceso electoral sin renovar la ley electoral para aterrizar las facultades de normativa, control y sanciones atribuidas por la Constitución del 2010 a la JCE y el Tribunal Electoral. La situación actual se traduce en ventaja de quienes usufructúan el poder. Tanto esta como la ley de partidos son orgánicas por lo que requieren las dos terceras partes de los votos para su aprobación. Se le dificulta a la mayoría oficialista imponer sus criterios por lo que se cree que seguirán aplazándolas, sobre todo por la ausencia de una fuerza de oposición que presione por la institucionalidad democrática.

La corrupción detona crisis PLD-Gobierno

noviembre 2, 2014septiembre 13, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El sólido expediente con que la Procuraduría General de la República pidió prisión y juicio al secretario de Organización del Partido de la Liberación Nacional (PLD), Félix Bautista, ha desatado una «abierta confrontación» entre sus dirigentes, bajo la convicción de que se busca liquidar el proyecto de retorno al poder del expresidente Leonel Fernández

El activismo de legisladores comprometidos con la campaña del presidente del partido que busca inhabilitar al procurador Francisco Domínguez Brito representa un desafío para el gobierno y toda la sociedad, mientras se teme que los recientes actos de terrorismo que han alarmado al país estén siendo inducidos como chantaje.

Un tremendo expediente

Lo primero que resalta en la crisis, y no puede ser obviado por la sociedad, es la magnitud y contundencia de las irregularidades con que se entramó la enorme riqueza acumulada por el senador Bautista durante su ejercicio como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado cuando administró decenas de miles de pesos en el gobierno de Fernández, a quien se le vincula demasiado estrechamente. Fue muchas veces denunciada por periodistas críticos y políticos opositores, pero ahora documentada por los investigadores de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y convertida en expediente judicial por el procurador Francisco Domínguez Brito.

Se trata de un grueso expediente de 412 páginas, de las que más de un centenar describen el entramado de Bautista, 250 presentan pruebas de las acusaciones contenidas en otras 40 páginas. Se refieren a una treintena de compañías vinculadas directa o indirectamente a Bautista y sus negocios particulares, tan voluminosos que hace dos años cuando se denunció los contratos de obras que ejecuta en Haití, no tuvo empacho en proclamar que «si me lo dan lo reconstruyo entero».

Es imposible resumir el entramado empresarial y de negocios que documenta el expediente contra Bautista, quien al llegar al cargo en el 2004 declaraba un patrimonio de medio millón de pesos, como lo hizo el destacado jurista Francisco Álvarez Valdez esta semana en el digital Acento: vinculados que no tenían patrimonio, compañías con cuentas bancarias raquíticas pasaron de un momento a otro a operaciones multimillonarias. Una de ellas realizó depósitos bancarios sólo en el 2007 por 483 millones de pesos, 490 millones, 514 millones y 1,100 millones de pesos, que totalizaron 2 mil 587 millones de pesos, más 74 millones de dólares, que al 40 por uno adicionaban otros 2 mil 960 millones de pesos, para totalizar 5 mil 547 millones de pesos. Otra empresa manejó fondos por 3 mil 500 millones de pesos y 74 millones de dólares.

Se documentan contratos otorgados a empresas y personas vinculadas: una abría 64 certificados de depósitos personales en varios bancos y otra tenía 48 cuentas personales de ahorro y corriente, en pesos, dólares y euros. Otras recibieron contratos por 14 mil millones de pesos y 16 millones de dólares. Los vínculos incluyen exesposa, familiares y socios. Al mismo Bautista se le documentan certificados de depósitos por más de 3 millones de dólares y se le atribuye la compra de un avión ejecutivo Gulfstream, modelo 1159, (con costos entre 17 y 37 millones de dólares). Se documentan compras de una cementera por 32 millones de dólares y emisoras radiofónicas por 8 millones de dólares.

La justicia controlada

La Procuraduría General ha solicitado prisión preventiva y procesamiento judicial contra Félix Bautista y sus asociados Soraida Abréu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura, Carlos Manuel Ozoria, Bienvenido Apolinar Bretón y Gricel Aracelis Soler. Los cargos: falsedad de escritura privada, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Como Bautista es senador, lo que desde su postulación se denunció como intento de blindarlo, el sometimiento tuvo que ser en la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia, con mayoría de jueces vinculados al expresidente Fernández y su partido, incluyendo al doctor Alejandro Moscoso Segarra, exfiscal del DN, encargado de instruir el proceso por cuenta de esa corte. También es peledeísta el juez Frank Soto, quien el martes continuará conociendo el recurso incoado por Bautista contra la cautela dispuesta por el Procurador General sobre inmuebles multimillonarios de sus empresas.

La debilidad institucional de una justicia extremadamente partidarizada será el marco en el que se dilucidarán las graves acusaciones contra Bautista, a no ser que se lleve al Comité Político del PLD, como propuso públicamente el dirigente peledeísta Radhamés Camacho, en vez de pedir que Bautista se aparte o sea apartado del tercer cargo del partido, como ocurriría en cualquier democracia de medina intensidad institucional.

Disparan las palomas

Aunque parezca absurdo, la confrontación derivada del sometimiento podría terminar con las palomas disparando a las escopetas, ya que desde antes del sometimiento se empezó a montar una tarima para crucificar al procurador Domínguez Brito, cuya renuncia o destitución están pidiendo legisladores, voceros y abogados vinculados a Bautista y su líder Leonel Fernández. Son ellos mismos quienes se encargan de pregonar que la escopeta del procurador donde apunta es a la precandidatura de Leonel Fernández.

Se acusa a Domínguez Brito de actividades políticas, acompañado de otros miembros del ministerio público, y se susurra que entornos del presidente Medina lo alientan, que sin ese apoyo no se produce la investigación ni el sometimiento, porque en última instancia lo que buscan es liquidar al líder para que el universo del peledeísmo tenga que refugiarse en la reforma constitucional para abrir espacio a una repostulación del actual mandatario.

Medina, sin embargo, no ha dado la menor señal, y algunos allegados descartan totalmente que las proclamas reeleccionistas logren materializarse, dado que la reforma constitucional requeriría cien por ciento de los legisladores peledeístas y aliados y buscarse otro diez en la oposición. Con todo hay quienes creen que la corrupción en que terminó el gobierno de Fernández podría arrastrarlo al desastre político, y señalan hacia el expediente pendiente del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, otro de los grandes millonarios de Fernádnez, bajo investigación de la fiscalía del DN, que estaba a la espera del resultado final de una auditoría de la Cámara de Cuentas, publicada en estos días, que también deja amplia cola por donde pisar.

La fortaleza de Bautista,

Aún contra las cuerdas, Félix Bautista no puede ser subestimado y muestra su fortaleza, derivada del apoyo de Leonel Fernández, que alguna vez lo consideró como un hijo, y a cuya sombra y cercanía se montó una de las mayores fortunas políticas. Desde antes de que se sometiera el expediente un importante vocero en los medios anunció que un centenar de legisladores pedirían la cabeza del procurador Domínguez. No ha aparecido el centenar pero sí unos siete senadores y 22 diputados que pretenden una interpelación y destitución de la cabeza del ministerio público.

Paralelamente, Bautista ha tenido la suerte de que cinco de los abogados más caros del país, algunos con largas y afortunadas carreras en defensa de delincuentes de todo género de poder económico, y sin ningún vínculo con las instituciones que luchan por el fortalecimiento institucional, han salido a la palestra contra Domínguez Brito «preocupados» por la institucionalidad del ministerio público, al considerar que viola la Constitución y las leyes que le prohíben realizar actividades políticas. Sin la menor preocupación por las graves denuncias de corrupción ni por la actividad política de ministros en abierta campaña electoral.

Son muchos los que creen que se utilizarán armas de todos los calibres para hacer capitular a Domínguez Brito o que el gobierno «lo llame al orden partidario». Un profesional vinculado a organismos de seguridad sostiene que aquí hay suficiente impunidad y grupos incontrolables capaces de «hacer cualquier cosa», refiriéndose a una serie de acontecimientos extraños ocurridos entre el 21 y el 27 de octubre que causaron honda preocupación. Por eso las autoridades se empeñan en determinar si el incendiario del metro actuó por propio impulso, o si hay autores intelectuales. Más complejo fue el intento de sabotaje a 14 torres eléctricas de alta tensión, cuyos soportes aparecieron aflojados, para lo cual fueron necesarios equipos especializados. También preocupa el ataque a la cárcel de Najayo, que pareció más un espectáculo que real intento de rescate, pero que dejó seis muertos. Otro acto violento en la cárcel de La Victoria y el asesinato de un guardián de la casa de la madre de Domínguez Brito están inscritos en el récord.

Creciente preocupación

La confrontación que afecta altos niveles del partido de gobierno genera preocupación en los más diversos sectores, comenzando por personas del mismo ámbito político que muestran consternación por lo que está ocurriendo y por el nivel de corrupción a que se ha llegado. Pero sin valor para salir al frente y temor de ser vinculados a los sectores en pugna, sin poder prever cuál predominará.

Los peledeístas se benefician, y en parte por eso han llegado a ese nivel de confrontación, a causa del desmembramiento de la oposición, en lo que ha invertido el sector del expresidente Fernández, donde no acaba de fraguar un proyecto político de concertación con actitudes y valores democráticos. Y en la sociedad civil hay demasiado incertidumbre, desilusión, desconfianza e indiferencia. Aunque por debajo se incuba una honda que proclama la necesidad de respaldar al procurador Domínguez Brito por haberse atrevido a enfrentar un alto entramado de corrupción. El reconocido abogado santiagués Ramón Antonio Veras ha sido el primero y más decidido.

En la opinión pública crecen las preocupaciones y demandas de acciones contra la corrupción, segunda perturbación en la encuesta publicada esta semana por Diario Libre, pero es alto el porcentaje de comentaristas y periodistas asalariados que inundan los medios y que intentan descalificar toda legítima preocupación social. El conjunto de las instituciones sociales está desafiado a orquestar acciones que contribuyan a contener el deterioro de la política y la institucionalidad democrática nacional. Si el chantaje para que ni siquiera se juzgue a Félix Bautista llega a predominar, el país estará abocado a una prolongada opacidad moral e institucional. Y si el senador y sus defensores creen en su inocencia deberían ser los más interesados en que se juzgue el fondo, ya que, con o sin razón, él se ha convertido en el gran emprendedor del enriquecimiento al amparo del gobierno y la política.-

Los vientos de Leonel degeneran en tornado

octubre 5, 2014septiembre 13, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El activismo del expresidente Leonel Fernández para volver al poder lo ha convertido en blanco preferido de contradictores externos e internos tensando las cuerdas en el Partido de la Liberación Dominicana donde el reelecionismo parece ganar terreno

Las manifestaciones hostiles en Nueva York y los informes sobre investigaciones de soborno en la compra de los aviones Super Tucano y sobre la inmensa fortuna de su pupilo Félix Bautista han interferido los vientos que soplaban a favor de la candidatura del expresidente Leonel Fernández generando un tornado político.

Al mismo tiempo parece ganar terreno la corriente que plantea la reforma de la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina, sobre la base de que estaría en juego la permanencia en el poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lo que está provocando tensiones entre los gobernantes.

Fuerte tornado político

Las tensiones van en aumento en la familia peledeísta, agitadas por los vientos de la precipitada lucha por la candidatura presidencial que están degenerando rápidamente hasta convertirse en un tornado que envuelve a dirigentes altos y medios. El abierto lanzamiento de la precandidatura del expresidente Leonel Fernández ha precipitado una confrontación entre sus militantes partidarios y los que creen que el presidente Danilo Medina debería tener la opción a un segundo mandato consecutivo.

La discusión se hace presente en los cenáculos peledeístas, entre legisladores, en las provincias y municipios donde proliferan los aspirantes a las candidaturas, favorecidos por autoridades y dirigentes partidistas locales, comprometidos con los dos líderes o simplemente preocupados porque predomine el que tenga más posibilidades de garantizarles la continuidad en el poder. Ha trascendido a los programas de radio y televisión y a los periódicos, especialmente en las columnas del Listín Diario.

Esta semana el debate alcanzó nueva dimensión cuando el Ministro de Administración Pública y miembro del Comité Político del PLD Ramón Ventura Camejo anunció públicamente que propondrá a ese organismo una reforma de la Constitución que permita dos períodos consecutivos de gobierno. Se afirma que esto causó escozor en las filas leonelistas a la defensiva por la creciente hostilidad hacia Fernández y los suyos. Defensores de ambas posiciones han salido a la palestra pública en los últimos meses. Por ejemplo del doctor Franklin Almeyda quien llegó a decir en junio que la imposición de la reelección “desataría los infiernos en el PLD”. Mientras varios funcionarios actuales se han manifestado partidarios de la continuidad, como Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas ascendido este año al Comité Político, y el ministro de Educación Carlos Amarante Baret, del mismo organismo, y Gedeón Santos, director del Indotel.

Los vientos de Leonel

Desde mayo del 2012, cuando anunció que “el león volvería a rugir en las calles”, Leonel Fernández inició abiertamente la lucha por el retorno al poder en el 2016. Comenzó el año asistiendo a actividades donde lo proclamaban candidato y teorizando sobre el poder derivado del reparto de puestos y sobrecitos y equiparándose con el bíblico Moisés, a quien actualizó como “un líder del siglo 21″. Ante cientos de miembros de “Juventud con Leonel” advirtió que “la antorcha no se arrebata y el que lo intenta puede quemarse con ella”, aunque insistía en que “el PLD es una fábrica de presidentes” y que gobernará hasta el 2044, pero sin explicar porqué perdería el poder en el bicentenario de la República.

Al comenzar abril del 2014, Fernández fue proclamado candidato presidencial por 17 de los 31 senadores de su partido, lo que luego fue respaldado por unos 60 diputados, más de la mitad, y por una alta proporción de los alcaldes de su partido, presidiendo mítines regionales en San Pedro de Macorís, Barahona, Mao-Valverde, San Francisco de Macorís, Santo Domingo y en ciudades de los Estados Unidos.

El líder peledeísta acuño la frase de que los vientos soplan a su favor y ya el 6 de julio dijo en Barahona que “los vientos siguen soplando, ahora con fuerza de huracán”. Cogió velocidad cuando el 31 de Agosto fue proclamado candidato por su movimiento “Plataforma Democrática 2916″, durante un acto que reunió a miles de seguidores en San Soucí, Santo Domingo, donde dijo que “definitivamente los vientos suplan fuertemente”, pero que aún no decidía si sería candidato.

Sin embargo, el 14 de septiembre se emocionó en un acto regional en San Francisco de Macorís y proclamó que “los vientos soplan con tanta intensidad que nos llevarán a subir de nuevo las escalinatas del Palacio Nacional en el 2016″. Lo citó el Listín Diario y lo recogieron los videos de televisión, aunque una declaración escrita de su Funglode quiso enmendarlo diciendo que es el PLD que volverá a subir esas escalinatas, como si ahora estuviera afuera.

Intentan frenar a Leonel

Tres acontecimientos recientes constituyeron fuertes tropiezos en la carrera sin aparente obstáculos en la que venía empeñado Leonel Fernández: la publicación sobre el proceso judicial en Brasil y las investigaciones, que incluyen a Estados Unidos, confirmadas por el embajador norteamericano, en relación al soborno en la compra de los aviones Tucano en su gobierno, las manifestaciones hostiles de grupos de dominicanos en dos escenarios de Nueva York donde estuvo presente, y la publicación de la investigación de la inmensa fortuna de su pupilo Félix Bautista por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)

Lo de los Tucanos no se le puede atribuir a intenciones locales. Abrieron proceso a 8 funcionarios de una empresa pública brasileña y quien lo publicó fue el Wall Street Journal. Pero llamó la atención que ese mismo día, 23 de septiembre, la Fundación Primero Justicia formalizara una querella ante la PEPCA pidiendo indagar no sólo al coronel Carlos Piccini, identificado por el periódico financiero neuyorkino como receptor del soborno, sino también al expresidente Leonel Fernández, a quien atribuyen haber recibido una comisión de 6.5 millones de dólares. La fundación está presidida por el abogado Miguel Surún Hernández y de la misma forma parte el comentarista y publicista Freddy Aguasvivas, quien sometió a la justicia a Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y otro de “los grande millonarios de Leonel”.

Justamente Bautista y Díaz Rúa eran de los acompañantes de Fernández cuando el pasado fin de semana fueron hostigados por manifestantes que les vocearon hasta “ladrones” durante una reunión en un restaurante del alto Manhattan en Nueva York, y luego en uno de las sedes de la Universidad de Nueva York. Fue notable la cantidad de vídeos tomados y colocados en las redes, y reproducidos luego en el país por diversos medios, lo que los leonelistas consideran una acción concertada.

El destape esta misma semana de la investigación sobre el origen de un centenar de inmuebles, incluyendo torres de 14 y 16 niveles, de empresas constructoras de Félix Bautista puso la tapa al pomo. El Diario Libre publicó que la PEPCA de la Procuraduría General le había trabado embargo, y aunque luego los abogados de Bautista dijeron que fue “una advertencia” la realidad es que confirmaron un proceso investigativo, iniciado hace meses, pero que no había trascendido.

Bautista atribuyó la revelación al Procurador Francisco Domínguez Brito por supuesto resentimiento político contra él. Pero más amplio fue Rafael Núñez, el director de prensa del gobierno de Fernández, a quien se le considera aún su vocero, quien no sólo responsabilizó a Domínguez Brito de la filtración, supuestamente abonando terreno para lanzar su pre candidatura presidencial, sino que también lo vinculó a un plan para hacer daño a Leonel.

Pero no solo dentro del PLD, sino también en diversos partidos y sectores de oposición tiene creciente hostilidad el expresidente. Y él la cultivó cuando dijo el pasado fin de semana que sólo su partido representa la civilización en el país, que todo lo demás es la barbarie, el caos y el desorden.

Avanza la reelección?

El anuncio de Ventura Camejo de que propondrá al Comité Político una nueva reforma constitucional, “para enmendar el error” de la del 20l0, que la prohibió consecutiva, mostró en la semana un cierto avance de los que promueven la repostulación de Medina, que tienen como limitación que -a diferencia de Leonel- el mandatario no se ha involucrado en promoción de candidatura. Hace apenas 4 años y medio la mayoría peledeísta modificó el artículo constitucional que permitía una sola reelección “y nunca más”, para abrir la posibilidad de que los presidentes vuelvan indefinidamente, aunque con un período de intermedio. Eso benefició a Fernández, que con aquel texto no hubiese podido repostularse jamás.

El problema ahora es que con el apoyo que tiene Fernández, de más de la mitad de los legisladores de su partido, y necesitándose dos terceras partes de ambas cámaras, es imposible abrir espacio a la repostulación de Danilo mientras aquel aspire a retornar al poder en el 2016. Ya algunos comentaristas y columnistas leonelistas le recomiendan que de un chance a Medina y aplace su regreso para el 20210, siempre contando con que la política dominicana es estática y los peledeístas gobernarán por lo menos hasta el 2044.

Comentaristas partidarios de Fernández ya no ocultan sus temores de que los sectores que acarician la posibilidad de repostular al presidente Medina estén intentando “derribarlo, afectando su imagen” vendiendo la idea a los peledeístas de que si quieren mantenerse en el poder tienen que entender que quien se lo garantiza es el actual presidente. A eso atribuyen las investigaciones sobre la fortuna de Félix Bautista y Díaz Rúa, señalados como los principales financistas de la campaña de Leonel Fernández. Aunque un juez emitió un dictamen a favor de Díaz, la fiscal del Distrito Nacional anunció que la apelará. Esta semana fue confirmada su intención, a la espera de que el tribunal formalice la lectura de su sentencia.

Es obvio que los vientos se han convertido en un tornado que gira sobre el entorno de Leonel, pero a su favor está el hecho de que todavía no hay una candidatura de oposición con perspectiva de retarlo fuertemente. Por lo menos así se ve desde la perspectiva del peledeísmo, y en consecuencia resultará bien difícil convencerlo a él y sus más fervientes seguidores de que auspicie a Danilo, lo que tampoco es tan fácil, porque hasta el cardenal López Rodríguez ha cuestionado que ya estén tratando nuevamente de modificar la Constitución.

Lo único claro es que los vientos con fuerza de huracán convertidos en tornado están agitando las aguas de los peledeístas, quienes tuvieron su última crisis en 1991, cinco años antes de alcanzar el gobierno por primera vez, cuando el profesor Juan Bosch llegó a renunciar de su partido, pero que ya en el poder han sabido mantenerse unidos.-

Otra chapucería antidemocrática

septiembre 21, 2014septiembre 14, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Serán dos las convenciones y una reforma estatutaria sobre lo que tendrá que pronunciarse el Tribunal Superior Electoral

La proclamación del ingeniero Miguel Vargas Maldonado como candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) sin convocatoria previa y una reforma estatutaria al vapor tendrá que ser anulada por el Tribunal Superior Electoral si queda algún vestigio del estado de derecho en el país.

La elección violó los preceptos constitucionales, la ley electoral y el estatuto partidista, con el agravante de que ya en el 2009 la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE) anuló un operativo similar en otra convención protagonizado por el mismo grupo político.

Chapucerías sin límites

Sin haber podido aún validar ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) el desastre convencional del 20 de julio para elegir sus máximos dirigentes, el PRD protagonizó el domingo 14 otra chapucería al proclamar al ingeniero Vargas Maldonado como su candidato presidencial para el 2016, sin llenar los mínimos requisitos democráticos.

El expeditivo procedimiento fue tan contundentemente violatorio de preceptos fundamentales que sólo se puede explicar en la indiferencia y la complicidad con que se asume el retroceso democrático en la sociedad dominicana y particularmente en la mayoría de los medios de comunicación. Pero más allá del hastío ante el desguañangue del más antiguo partido del país la ocurrencia es tan grotesca que cuestiona el estado de derecho.

El desafío será particularmente fundamental para el TSE ante el cual el PRD de Miguel Vargas no pudo presentar el listado de concurrentes a la votación para elegir las autoridades partidarias, que concluyó en un inmenso desorden el 20 de julio pasado, para lo cual venció un plazo esta semana. Es imposible presentarlo porque gran parte de las mesas de votación ni siquiera operaron en provincias y municipios completos, como pudieron comprobar los periodistas. El TSE había autorizado la juramentación de quienes fueron proclamados dirigentes electos, en tanto fijaba para el día 30 el juicio de fondo sobre su legalidad, motorizado por Guido Gómez Mazara, candidato a la presidencia del PRD, al que se impidió a tiros ejercer el voto junto a un grupo de seguidores.

Como Gómez Mazara anunció que también impugnará la proclamación de la candidatura presidencial de Vargas, serán dos las convenciones y una reforma estatutaria sobre lo que tendrá que pronunciarse el tribunal electoral.

Se volaron los estatutos

Aunque varios días antes corrió el rumor de que Vargas sería proclamado candidato, no se produjo la convocatoria previa en un diario. El mismo artículo 68 de la Ley Electoral también instituye que “Además dichas convenciones deberán estar constituidas de conformidad con las disposiciones que a ese respecto habrán de contener los estatutos del partido”. Y resulta que el artículo 177 de los estatutos del PRD indica que “La elección del candidato (a) a la presidencia de la República será efectuada por el voto universal de la militancia del Partido; el (la) candidato (a) por la Convención Nacional Extraordinaria especialmente convocada para esos fines”.

Es obvio que la convención del pasado domingo no cumplió ese precepto básico como tampoco el contenido en el artículo estatutario 172 que garantiza que “Todos (as) los (a) dirigentes y militantes tienen el derecho de presentar su candidatura para puestos dirigenciales dentro del Partido y para ser postulados a cargos públicos de elección popular”.

Para más violaciones flagrantes, la letra b del artículo 24 del mismo estatuto instituye que es atribución de la Convención Extraordinaria “conocer los resultados de las elecciones primarias y proclamar los (as) candidatos (as) del Partido a la Presidencia y la Vicepresidencia de la República escogidos de acuerdo a estos Estatutos Generales”.

Las violaciones a los estatutos perredeístas son tan obvias que intentando evadirlas fue que, antes de proclamar la candidatura de Vargas, se cocinó al vapor una reforma estatutaria. Pero también esta desconoció los estatutos, que en su artículo 212 establecen que “para modificar los presentes Estatutos Generales, por mandato de la Comisión Política, la Comisión de Reforma Estatutaria del Partido emprenderá esa labor. Una vez terminado el trabajo, esa Comisión deberá poner en manos de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional el proyecto de estatutos modificados. La Comisión Política estudiará las modificaciones y las remitirá al Comité Ejecutivo Nacional con su opinión.

El Comité Ejecutivo Nacional deberá presentarlo en la próxima Convención Nacional para su aprobación, enmienda o rechazo”.

Como es fácil advertir, los estatutos perredeístas establecen un complejo procedimiento justamente para evitar que cualquier reunión o convención sea apoderada sorpresivamente de una modificación de los fundamentos legales de la organización. Eso es normal en todo tipo de institución o entidad social, hasta en un condominio de 12 viviendas o en una junta de vecinos.

Jurisprudencia de la JCE

Si todas las violaciones a preceptos constitucionales, legales y estatutarios no son suficientes para anular la proclamación de la candidatura presidencial de Vargas Maldonado, que será una gran apuesta para Gómez Mazara, el TSE tendrá que pasar por encima de una jurisprudencia en materia de reforma estatutaria, establecida por la Cámara Contenciosa de la JCE, que fue el tribunal electoral hasta la Constitución del 2010.

Dos de los actuales titulares del TSE, los doctores Mariano Rodríguez y John Guiliani Valenzuela, presidente y miembro, tenían los mismos cargos en la Cámara Contenciosa de la JCE, y firmaron la Resolución 049/2009 del 17 de julio del 2009, que “declara la nulidad de la convocatoria para la celebración de la XXVIII convención Nacional Extraordinaria del Partido Revolucionario Dominicano para reformar los estatutos, por no haber sido realizada de conformidad con el artículo 212 de los estatutos vigentes”.

La misma resolución declara “buena y válida la Convención única y exclusivamente para la proclamación y juramentación del Ing. Miguel Vargas Maldonado como Presidente del PRD”. Fundamenta la anulación de la reforma estatutaria en que no se aportaron pruebas de que se había realizado de acuerdo a los preceptos establecidos en los artículos 172, 177 y 212 de los estatutos perredeístas arriba citados.

Pocos fuera del PRD entienden el desenfado con que en ese partido se han violado los preceptos democráticos, constitucionales, legales y estatutarios, poniéndosela bien difícil tanto al TSE como a la JCE que el día 14 envió inspectores para verificar la juramentación de los nuevos dirigentes, después de haberse negado a hacerlo en la convención que supuestamente los eligió. Al parece se trata de otra joya de alfarería política del genio político de Miguel Vargas Maldonado, como lo aprecia gran parte del aparato mediático creado y controlado por el expresidente Leonel Fernández.

El imperio de Vargas

La Convención Ordinaria del domingo 14 había sido convocada para juramentar a los dirigentes dados por electos en julio, pero tan pronto eso ocurrió propusieron una inmediata reforma estatutaria para convertirla en Convención Extraordinaria y “poder elegir” por aclamación al ingeniero Vargas como candidato presidencial para el 2016. Además se le confirieron poderes especiales para escoger candidato vicepresidencial, gestionar y formalizar alianzas y para completar la matrícula de los organismos directivos del partido.

“El Día de Miguel Vargas” tituló HOY el lunes al dar cuenta del procedimiento expeditivo con que se proclamó el primer candidato para los comicios presidenciales a celebrarse dentro de 20 meses.

De esa forma el empresario y dirigente político materializó lo que había planteado en el 2009, que el candidato presidencial fuera a la vez presidente del partido, pero él mantuvo el cargo cuando Hipólito Mejía fue escogido candidato presidencial en el 2011, aunque se negó a participar en su campaña electoral.

La primera violación de derechos en que incurrieron fue en perjuicio de 800 de los 4 mil 400 delegados a la convención que no asistieron y no fueron previamente avisados de que, además de juramentar los nuevos dirigentes, también deberían elegir el candidato presidencial, nominación a la que ellos tenían derecho, al igual que cualquier miembro de ese partido.

Numerosos artículos de la Constitución garantizan el derecho a elegir y ser elegido, y el 216 sujeta los partidos a los principios de la carta magna y “su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia de conformidad con la ley”. Y ocurre que el artículo 68 de la Ley Electoral establece que la nominación de los candidatos a cargos electivos debe ser hecha “por el voto afirmativo de la mayoría de los delegados a convenciones regulares y públicamente celebradas tres días, por lo menos, después de haber sido convocadas por medio de un aviso público en un diario de circulación nacional”.

Proyecto de ley establecería un minifundismo municipal

junio 29, 2014septiembre 17, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Un proyecto de ley aprobado en primera lectura por el Senado establecería un minifundismo municipal al declarar autónomos los 234 distritos municipales lo que les daría la misma categoría de los 156 municipios para un total de 390 ayuntamientos, de los cuales 117 tienen menos de 4 mil habitantes.

Se trata de una contra reforma que establece nuevos criterios para el gasto municipal, en lo que se configura como un festín clientelista, y que desconoce sin preaviso, en la forma y el fondo, el consenso de diez años de discusiones que concluyó en la actual ley municipal 176-07.

Autonomía a los distritos. Tras el informe favorable de su Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos el Senado aprobó en primera lectura un proyecto sometido por los senadores Rafael Calderón, de Azua, y Charles Mariotti de Monte Plata, que reformaría la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, a fin de otorgarle plena autonomía administrativa y presupuestaria a los distritos municipales hasta ahora concebidos como subdivisión territorial dependiente del ayuntamiento municipal.

Los proponentes se basan en que “en ninguna de sus partes la Constitución de la República consigna que las funciones y actuaciones de los distritos municipales están sujetas a la autoridad del municipio al que corresponden, y que contrariamente le establece el derecho a patrimonio propio, autonomía presupuestaria, potestad normativa, administrativa y de uso de suelo”.

Otra consideración estima “justo el reclamo de los distritos municipales de eliminar el vínculo de dependencia administrativa entre el municipio y el distrito municipal en virtud de que constitucionalmente son territorios con la misma capacidad jurídica y sin subordinación entre uno y otro”.

El proyecto también modificaría la proporción en que la ley 176-07 distribuye el uso de los fondos de los municipios, hasta ahora 40 por ciento para infraestructuras, 31 para servicios, 25 para pago de personal, y el restante 4 por ciento para salud, educación y género. Se unifican las proporciones destinadas a servicios y personal en un global 56 por ciento, lo que permitiría mayores partidas para nóminas y nominillas de por sí ya abultadas en muchos de los ayuntamientos que no cumplen la ley.

Serían 390 ayuntamientos. La propuesta de ley abonaría el progresivo mini fraccionamiento del territorio nacional que se ha criticado hace décadas. En la actualidad rigen 155 municipios y hay otro por constituir y 232 distritos y 2 por ser establecidos para un total de 390 entidades que operarían todas con la misma categoría, como ayuntamientos autónomos y con presupuestos independientes y sin fiscalización del municipio, aunque con distintas denominaciones que solo se justifican en la concepción del distrito como subdivisión municipal. Si fueran entidades con igual rango, no habría explicación para que la Constitución mantenga las dos categorías.

Es relevante que hay 12 distritos con población menor de 2 mil personas, 40 con menos de 3 mil, 88 con menos de 4 mil y 117, justo la mitad, con población menor de 5 mil personas, y apenas 48, el 21 por ciento, pasan de los 10 mil habitantes. El Distrito Palo Alto, el menor de todos, apenas tiene 958 personas. Si se aprueba el proyecto de ley todos tendrían la misma autonomía que el Distrito Nacional, cuya población es de 965 mil habitantes, que Santiago con 983 mil, o Santo Domingo Este que registra 787 mil habitantes.

Redondeando la población nacional en 10 millones, si se divide entre 156 municipios, arroja un promedio de 64 mil 102, lo que ya se considera una fragmentación excesiva. Entre 390 ayuntamientos se reduciría a un promedio de 25 mil 641 personas.

La provincia de Azua, cuyo senador es uno de los proponentes de la reforma, es ejemplo del minifundismo territorial, pues es líder nacional en municipios con 10, uno más que Santiago que es 6 veces más poblada, y también en distritos municipales con 22. La provincia Santo Domingo, la más poblada del país, con casi dos millones de habitantes, solo tiene 7 municipios y 8 distritos.

Contra sentencia del TC. Domingo Matías, uno de los más reputados expertos municipalistas, sostiene que el proyecto choca con dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre actos de la Junta del Distrito Municipal de Verón, la 67-13 que declaró nulo el establecimiento de impuestos y la 152-13 que le restó potestad de crear su propia Oficina de Planeamiento Urbano. “Los Distritos Municipales son órganos descentralizados y extensiones de los ayuntamientos, es la conclusión de la sentencia 67-13” especificó.

Matías no niega que el nuevo marco constitucional demande una revisión de la Ley de Municipios, pero también la Estrategia Nacional de Desarrollo, convertida en ley, así como la Ley de Regionalización y Plan Nacional de Reordenamiento Territorial y el Pacto Municipal en discusión con el presidente Danilo Medina.

Reivindicando la participación social, reclama “avanzar hacia una reforma municipal que sea viable, que conlleve más consecuencias para los actos de corrupción y promueva la cultura de la transparencia”.

Si la mayoría de los 155 municipios no cumplen las más elementales normas de contabilidad y contraloría, como ha certificado la Cámara de Cuentas, la más que duplicación al convertir los distritos en ayuntamientos autónomos auspiciará un mayor dispendio de los recursos municipales. Los vocales de los distritos querrán tener la remuneración que ya se da a los regidores de los municipios. Y serán 390 unidades reclamando un “palacio municipal” y el derecho a repartir entre su clientela política una proporción del presupuesto público.

La mezcla de la flexibilización de la proporción del presupuesto municipal destinado a pagos de personal y de servicios, englobándolos, con la homologación de los distritos con los municipios, tiene una clara marca de intención clientelar. En distritos de mil personas podrían distribuirse el presupuesto y alcanzar a más de la mitad y hasta a la totalidad de sus habitantes.

Contrarreforma municipal

El proyecto sometido al Senado sin previa discusión con nadie, constituye una contrarreforma, que desconoce en aspectos fundamentales el largo proceso de consenso que precedió la aprobación de la Ley 176 del 2007 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, la cual se debatió durante una década con amplia participación de la Federación de Municipios, entidades gubernamentales, de las organizaciones sociales y expertos nacionales e internacionales. En todo el proceso hubo auspicios y financiamiento de organismos internacionales.

Aunque no se ha explicitado públicamente, se tiene entendido que el proyecto cuenta con apoyo de la Asociación Dominicana de Distritos Municipales. Tampoco ha fijado posición la Federación Dominicana de Municipios, pero se da por hecho que no auspiciará la reforma, al menos en cuanto al desprendimiento de los distritos.

El Foro de Municipalistas, que integra numerosas organizaciones de la sociedad civil y unos 300 alcaldes, alcaldesas y regidores, así como expertos en la materia, fue la que en los últimos días denunció el proyecto como una “contrarreforma regresiva” y se dirigió al Congreso el viernes reclamando consenso sobre la ley de los municipios.

Domingo Matías, vocero del Foro, adelantó “serias objeciones” al contenido del proyecto y al procedimiento: “tratar de pasar casi en secreto una reforma que abriría el riesgo de que los presupuestos municipales sean utilizado para incrementar la nómina de los gobiernos locales sin establecer criterios contraviene el proceso de reforma de la administración pública que viene impulsando el Poder Ejecutivo a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo”, sostuvo.

Previo a la aprobación de la Ley 176-07 ya existía la alarma por el minifraccionamiento territorial impulsado por el clientelismo político, por lo que se estableció que los nuevos municipios deberían tener por lo menos 15 mil habitantes, cifra a la que no llegaba la tercera parte de los ya establecidos. Todavía después se aprobaron algunos sin esa proporción poblacional.

Desconcierto institucional origina incertidumbres

mayo 11, 2014septiembre 17, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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La denuncia de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso de que supra poderes judiciales buscan evitar a todo costo investigaciones de querellas por corrupción ha elevado al máximo nivel las incertidumbres originadas en desconciertos gubernamentales e intentos de contrarreformas jurídicas.

Las acciones parecen superar la voluntad del presidente Danilo Medina con un partido que antes de la mitad del período gubernamental parece más empeñado en la sucesión del 2016 que en apuntalar la actual gestión, sin una oposición en capacidad de actuar como ente de moderación y contrapeso.

Un verdadero escándalo

La difusión por todos los medios de comunicación de una grabación auditiva de la confrontación de la fiscal Reynoso a una jueza a la que había recusado y se negaba a abandonar el conocimiento de la solicitud del exministro Víctor Díaz Rúa de que se rechace la investigación de acusaciones de corrupción, se constituyó en un grave escándalo con cuestionamientos sobre el rumbo de la seguridad jurídica en el país.

Aunque algunos voceros pretenden presentarla como una “pelea de mujeres”, lo que la principal funcionaria del ministerio público en la capital dijo reviste la mayor gravedad, comenzando por la revelación de que un personaje influyente se presentó a su despacho advirtiéndole que si no archivaba la petición de investigación sería destituida. Tras retirase de una audiencia el viernes 2 de mayo, expresó que en el ejercicio del cargo “he soportado presiones, amenazas, pero lo que no haré es prestarme para un circo donde sabemos que la decisión está tomada”.

Es que la licenciada Reynoso se dijo avergonzada de ser parte de un sistema corrompido, quejándose de que hace meses había aportado pruebas contra la jueza Margarita Cristo y que, en vez de investigarla, le encargaron conocer el recurso del exministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del partido de gobierno. Agregó tener “absoluto conocimiento de que usted fue expresamente asignada para este proceso para garantizar una parcialidad absoluta frente al solicitante Víctor Díaz Rua”.

Todavía más: la fiscal dijo a la jueza que sabe quién es su apoyo y defensor, que “formaba parte del Ministerio Público”. Se cree que aludía al exprocurador general Radhamés Jiménez, quien también podría haber sido la persona que le amenazó con la destitución. Encabezó el año pasado la defensa del expresidentes Leonel Fernández y su Fundación Global y logró que la fiscal rechazara la petición de investigación sobre sus fondos formulada por el doctor Guillermo Moreno.

Los hombres de Leonel

Para nadie es secreto que Díaz Rúa, y Félix Bautista son de los más cercanos “hombres de Leonel”, que en sus últimos dos períodos de gobierno manejaron cientos de miles de millones de pesos desde el Ministerio de Obras Públicas y la oficina Supervisora de Obras del Estado. A ambos se les señala como multimillonarios y se les vincula a innumerables obras sobrevaluadas y a contratos sin concurso público. Son de los seguidores del expresidente que trabajan “con todos los Powers” por su retorno al poder en el 2016.

Bautista ya fue procesado por sobrevaluación de una carretera en el primer gobierno de Fernández, por lo que estuvo preso y luego absorbido por la justicia. Por obra de la Suprema Corte escapó a un proceso por el legendario contrato que puso en manos de la empresa Sun Land 130 millones de dólares en pagarés avalados por el Estado, lo que se constituyó en un enorme escándalo. Apenas en febrero pasado la Suprema Corte volvió a beneficiarlo ratificando una decisión de primera instancia que dispuso el archivo definitivo de otra investigación sobre actos de corrupción incoada por entidades sociales.

Díaz Rúa está bajo investigación de la fiscalía luego de las querellas de dos entidades sociales que lo responsabilizan de contratos irregulares para la importación de asfalto por sumas que podrían alcanzar cientos de millones de dólares. Para cortar de raíz las querellas, el ingeniero ha recurrido ante el Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional el artículo del Código Procesal Penal que autoriza a cualquier ciudadano a querellarse por corrupción contra los funcionarios Públicos.

En el ínterin, la Cámara de Diputados quiso resolver el problema el mes pasado aprobando una modificación del Código Procesal Penal que, entre otros retrocesos, eliminaba la facultad de la ciudadanía a querellarse por corrupción, y lo hizo con irregularidades procedimentales que fueron denunciadas por la diputada peledeísta Minou Tavarez Mirabal. El presidente Medina acogió el clamor nacional y observó esa y otras de las modificaciones, dejando diferencias con los legisladores oficialistas.

Cuentas del desconcierto

El desconcierto institucional, que para algunos es un concierto, pasa por una serie de recientes acontecimientos que cuestionen al estado de derecho y revelan indeficiencia, complicidad o la prevalencia del fraccionamiento del Estado en parcelas asignadas a dirigentes del partido de gobierno y aliados, que hasta ahora ha sido respetado por el presidente Medina, aunque él y sus principales funcionarios han buscado distancia.

La pasada semana la Policía mató a una docena de presuntos delincuentes, incluyendo a cuatro que aún sin haberlos identificado, señaló como sicarios. Aunque dijo que varias patrullas los interceptaron al tener informes de que iban a matar narcotraficantes, no pudieron capturar a uno solo. Dicen los vecinos que los ejecutaron, pero más allá de esa barbarie, eliminaban posibles fuentes de información para establecer quiénes son los intermediarios y las empresas que intervienen en la contratación de sicarios, que no podrían ofertarse directamente.

El mes pasado la Dirección de Contrataciones Públicas dio plazo a la Junta Central Electoral para que justificara el contrato para la emisión de la nueva cédula, denunciado por graves irregularidades, y el titular del organismo alegó autonomía, aunque las leyes de Contrataciones y de la Función Pública la incluyen con su nombre específico. Todo queda en familia.

Reiteradas denuncias sobre el manejo turbio del dinero del presupuesto nacional, 18 millones de pesos mensuales, asignado al Partido Revolucionario Dominicano son ignoradas absolutamente.

En marzo sólo duró una semana en el Congreso un proyecto de Código de Familia elaborado por la vicepresidenta Margarita Cedeño, introducido aparentemente sin ninguna revisión de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que fue descuartizado por la opinión pública por contradecir numerosos preceptos constitucionales y legales.

Lucha por la sucesión

Con el presidente y el secretario general del partido y dos ministros y otro dirigente en campaña electoral, faltando aún tres meses para que el gobierno de Medina llegue a la mitad de su período, pareciera que hay más interés en la sucesión que en apuntalar la actual gestión heredera de un enorme y sistemático déficit fiscal y un endeudamiento que el año pasado creció en 27.8 por ciento según reciente informe de la Cámara de Cuentas.

A intereses en campaña se atribuye que el gobierno no haya podido concretizar un anunciado proyecto de ley que restituiría la nacionalidad a los decenas de miles de descendientes de inmigrantes irregulares nacidos en el país en ocho décadas. Los dirigentes del partido de gobierno siguen apareciendo más próximos a los criterios excluyentes que al sentimiento humanitario reiterado por el presidente Medina, sometido a presiones nacionales y universales que día a día reclaman límites a esa violación masiva de derechos humanos. El gobierno sigue perdiendo el tiempo y el país en progresivo deterioro de su imagen en el mundo.

Leonel Fernández, presidente del partido oficial, ha reconocido pública y privadamente que la desnacionalización masiva es insostenible y hasta ha avalado un proyecto de ley esbozado por el gobierno, lo que se creía suficiente para resolver el conflicto, pero aparentemente hay fuerzas ocultas que lo obstruyen, sin que el mandatario se decida a seguir adelante y más bien hay quienes sostienen que volvería al plan original de ofrecerles la naturalización que corresponde a extranjeros.

La falta de un partido de oposición en capacidad de equilibrar y moderar el juego político, estaría determinando el desparpajo entre los peledeístas aspirantes a suceder a Medina que se sienten seguros en el poder y apuestan a cual pueda ser más conservador como forma de competir con las posiciones que para Leonel Fernández han significado el éxito político.

Es que la campaña por la sucesión ha arreciado demasiado temprano distrayendo las energías que todo el partido debería invertir en concertar para garantizar el mayor éxito en la actual gestión gubernamental, progresivamente condicionada por los intereses partidarios.

El cuadro descrito genera incertidumbres en sectores económicos y sociales, preocupados por la seguridad jurídica, por los déficits fiscales y el endeudamiento que siembren preocupación por la sostenibilidad macroeconómica en víspera de nuevos retos derivados del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica y de la competitividad internacional.-

Leonel ensaya regreso al Palacio Nacional

abril 27, 2014septiembre 17, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Nadie puede llamarse a engaño, el doctor Leonel Fernández, con la oposición dividida, y aún con alta tasa de rechazo, tiene amplias posibilidades de retornar al gobierno en el 2016, con recursos económicos ilimitados y la lealtad de un amplio sector de su partido convertido en una corporación para el disfrute del poder.

La historia dominicana es de perpetuidad o inestabilidad, con siete presidentes que han gobernado dos tercios de los 170 años de la República, dos de ellos también dos terceras partes de los 53 años de la etapa democrática iniciada con el ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo Molina.

De vuelta a su casa. Tuvo repercusión la visita del expresidente Leonel Fernández al Palacio Nacional el miércoles 23, justo cuando unos 60 diputados de su partido y aliados lo proclamaban como próximo candidato a la presidencia de la nación, luego que su abogado Radhamés Jiménez asegurara que será escogido por aclamación y volverá al poder en el 2016. A principio del mes, 17 de los 31 senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también lo proclamaron candidato.

Según declaró el propio Fernández, su visita al Palacio fue para conversar sobre potencial inversión extranjera, pero difícilmente un tema como ese agotaría una hora y cuarto. Más bien se cree que estuvo relacionada con el proyecto de ley para reconocer la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia extranjera asentados en el registro civil antes de la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Es inminente su envío al Congreso, y se sabe que Medina y Fernández han establecido consenso para vencer resistencias de los promotores más radicales de la desnacionalización.

De cualquier forma, Leonel montó su espectáculo, con el histrionismo que le caracteriza, expresando nostalgia al volver a un lugar donde ha estado tanto tiempo, 12 años. Y luego, al referirse al despacho presidencial como si lo hubiese prestado, dijo que “el presidente Medina lo tiene muy bien cuidado, está bellísimo el despacho”.

Cuando los reporteros le preguntaron cuándo definiría sus aspiraciones presidenciales, el presidente del PLD les aconsejó “estar pendientes de cómo sopla el viento”. Y cuando le mencionaron el respaldo de diputados y senadores, concluyó en que eso quiere decir que en las cámaras legislativas “los vientos están soplando”. Concluyó su recorrido triunfal visitando a su esposa Margarita Cedeño, en su despacho vicepresidencial, donde ésta puso ingredientes al advertir que los vientos soplan, señalando el movimiento de su pelo suelto.

Apurando el paso. Es obvio que la mayoría de los fieles de Leonel Fernández anhelan su vuelta al poder, especialmente el entorno que ha acumulado fortunas multimillonarias, haciendo negocios y tráficos desde el gobierno, entre los cuales resaltan el muy cuestionado Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y tesorero del PLD bajo investigación judicial, y por el cual se ha pretendido revertir el derecho ciudadano a querellarse por corrupción. También su “casi hijo” Félix Bautista, otro blanco de grandes cuestionamientos, el constructor del metro Diandino Peña, Freddy Pérez y Mícalo Bermúdez, entre otros.

No se puede ignorar que Leonel sigue siendo dueño de un extraordinario carisma y capacidad comunicativa, lo que junto a su sagacidad y dedicación a la política, lo han constituido en líder de su partido y otros sectores sociales, especialmente los conservadores a los que ha dedicado grandes esfuerzos, heredando el apoyo que por décadas tributaban al expresidente Joaquín Balaguer.

Los tropiezos sufridos por Fernández en la reciente elección de nuevos dirigentes de su partido en aras del liderazgo del presidente Danilo Medina, y el que muchos llegaran a considerarlo en decadencia, determinó la ofensiva de más de la mitad de los legisladores, la reactivación de grupos de apoyo y el incremento de la publicidad en vías públicas proclamando que “Leonel y Danilo siempre juntos”, que “ya viene el líder” o “Acciona RD para que siga el progreso”.

La potencialidad de Fernández determinó que Temístocles Montás, Reinaldo Pared Pérez, Francisco Javier García y Radhamés Segura se lanzaran a una muy temprana campaña por la nominación presidencial del PLD, mientras otros como Francisco Domínguez Brito y José Tomás Pérez esperan a ver también “cómo sopla el viento”. Aunque Montás tiene la capacidad y madurez necesarias y Pared la secretaría general del partido, casi nadie les concede posibilidad de ganarle al doctor Fernández, aun con el apoyo público o disimulado del presidente Medina.

En la tradición dominicana. Casi nadie duda que Leonel está atrapado por la fascinación del gobierno y la acentuada tradición y cultura dominicana de que “el poder no se declina”, lo que explica que sólo siete presidentes hayan gobernado dos tercios de la historia de la República: Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heureaux, Horacio Vásquez, Rafael Trujillo, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández. Y estos dos últimos acumulan también dos tercios del “período democrático” iniciado tras el ajusticiamiento del tirano Trujillo.

El campeón en dominio fue Trujillo, montado sobre una de las peores tiranías del continente, a veces colocando presidentes títeres, para un total de 9 períodos en 31 años. Balaguer gobernó 7 períodos y 23 años, el primero, heredado tras el ajusticiamento del tirano, el segundo impuesto por la ocupación norteamericana, l970 y 74 sin que pudiera participar la oposición y 1990 y 94 con fraudes electorales.

Leonel Fernández ha tenido sólo tres períodos pero por elección popular, aunque todavía demasiado condicionadas por el abuso del poder del Estado. Si lograra un cuarto período entraría a un exclusivo club de sólo tres que han gobernado más de tres veces por elección popular, José Velasco Ibarra, en Ecuador; Konrad Adenauer en Alemania, y Felipe González en España. El ecuatoriano es el campeón mundial, pues ganó 5 elecciones en base a su carisma y tal vez porque fue derrocado 4 veces, en lo que también tiene récord universal, por lo que sólo sumó 13 años de gestión. Adenauer renunció antes de la mitad de su cuarto período y González adelantó en un año la elección para sucesor. Fernández ha dicho que su partido gobernará hasta el 2044 y se asume que él aspira a una cuota de los próximos 30 años.

Fácil sin oposición política. Sin posibilidad de que el presidente Medina pueda ser repostulado y sin una oposición que capitalice el rechazo que le marcan las encuestas, Leonel Fernández tiene el carril abierto para alcanzar la nominación del PLD y volver al despacho del Palacio Nacional. Absorbió el Partido Reformista y se le atribuye el patrocinio de la división del Partido Revolucionario Dominicano, a través del pacto que firmó en el 2009 con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado cuando éste era sólo excandidato presidencial. Con este se repartió las altas cortes, lo que constituye su fuerza en la lucha interna del perredeísmo.

Sólo que se fortalezca el proyecto de Convergencia en que están envueltos los sectores mayoritarios del PRD, y que impacte con una candidatura presidencial de amplio consenso, que tendría más carácter anti-Leonel que contra Danilo, podría pesar el rechazo que le marcan las encuestas al presidente del PLD. Y si el actual mandatario mantiene una aprobación tan alta, sobre el 80 por ciento, podría tomar vigencia una posibilidad reeleccionista.

Aún así sería casi imposible sin el apoyo de Leonel conseguir los dos tercios de cada cámara legislativa para modificar la Constitución. Quedaría la posibilidad de un candidato auspiciado por el presidente Medina, que reivindique la forma de gobernar que lo ha investido como nuevo líder peledeísta y con escaso rechazo nacional. En el camino podrían producirse sacudimientos internos de consideración en el PLD y en el mismo gobierno, cuya autonomía quedará limitada por las luchas por la candidatura presidencial del 2016, que se incrementarán a partir del 16 de agosto cuando la gestión de Medina apenas llegará a la mitad, que históricamente marca el inicio del declive popular de los presidentes.

El gran escollo de Leonel

Muy cercanos del expresidente Fernández aseguran que éste no tomará una decisión final de buscar la repostulación hasta no ver un mejoramiento de su posición en las encuestas, lo que también dependerá de que no haya un proyecto opositor consistente.

Fernández terminó su último período con el astronómico déficit fiscal sobre 150 mil millones de pesos, sólo en el gobierno central, con imagen de dispendio y corrupción que le han ganado mucho rechazo. En la última encuesta Gallup-HOY publicada en febrero el 47.7 por ciento lo consideró el gobierno más corrupto del último medio siglo, más un 4.8 por ciento que señaló su primer período. Sólo el 19 por ciento del universo y el 23 por ciento de los peledeístas lo preferían como candidato presidencial para el 2016. Aunque ya mejoraba en relación a los porcentajes del 11 y 16 y del 15 y 18 por ciento respectivamente, en las encuestas de enero y septiembre 2013.

Hay que advertir que en esas encuestas, aunque no se incluía el nombre del presidente Medina como tentativo candidato, por el impedimento constitucional, un alto porcentaje lo señalaban: 25, 48 y 49 por ciento del universo, y 28, 50 y 48 por ciento de sus partidarios, en las tres últimas encuestas. Nadie debe dudar que Fernández crecerá entre los peledeístas, que le agradecen inmensamente, si Medina no se constituye en actor. El problema con el universo de los electores es secundario mientras no haya alternativa real de oposición.

Corrupción y clientelismo: doctrina política de Leonel

febrero 16, 2014septiembre 16, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El doctor Leonel Fernández hace un “strip tease” para desnudar su doctrina política fundada en el clientelismo y la corrupción, que si bien es milenaria, ha sido condenada y sancionada en la democracia y la sociedad del conocimiento

El expresidente de la República Leonel Fernández incurrió en un impúdico “strip tease” desnudando la concepción del poder que puso en vigencia en sus tres períodos de gobierno, fundada en el reparto del patrimonio público y en las dádivas que degradan la dignidad humana y mantienen la subordinación de las masas.

Sin duda que Fernández no creó esa doctrina, tan antigua como la humanidad, pero proscrita, condenada y sancionada por la democracia en la era de la información y la sociedad del conocimiento, y cuyo rechazo fue fundamento de su Partido de la Liberación Dominicana y su líder el profesor Juan Bosch.

La confesión del líder Leonel. El artículo “El poder y el liderazgo: Entre puestos y sobrecitos”, publicado por el doctor Leonel Fernández el lunes 10 en el Listín Diario, es una confesión, casi una autoincriminación, de la concepción política en que el autor ha fundado su liderazgo nacional, sin que deba restársele méritos a su carisma y condiciones intelectuales.

Tras un rápido repaso a los teóricos del poder y el liderazgo, desde Platón y Aristóteles, pasando por Maquiavelo y Weber hasta llegar al dominicano Leonte Brea, Fernández refiere dos ejemplos específicos, para concluir en que, aparte de ideología y de conciencia, el poder “hace referencia a otros dos factores: al poder de coacción o represión y al poder compensatorio, que es la capacidad para dar o distribuir”.

El primer ejemplo es el poder que confirió al dirigente reformista Modesto Guzmán, al designarlo director del Instituto Postal Dominicano en 1996, “cargo en que vivía como en el paraíso”, pese a ser una pequeña entidad estatal, cuyo presupuesto apenas alcanza para pagar personal. Pero el expresidente pondera que le otorgó un gran poder ante sus compatriotas y hasta en la casa del caudillo Balaguer porque “podía nombrar algunos compatriotas, repartir de vez en cuando, algún dinerito, y satisfacer algunas de sus necesidades más urgentes”. Leonel Fernández sabía que el sueldito de Modesto era bien modesto y no le alcanzaba para repartir, lo que implica sustracción.

El segundo ejemplo fue la distribución de sobrecitos, con dinero, en una de sus jornadas de cajitas navideñas en Dajabón. Cuando su chofer le señaló cómo las multitudes seguían al repartidor “convertido de repente en un gran líder”, el mandatario dispuso que encargaran el reparto a otro para demostrar cómo hacia éste se movería “la eufórica muchedumbre”. Pondera aquellos momentos de grandes experiencias junto al pueblo”. Y agrega que en ambos ejemplos “se pone de relieve una gran enseñanza de las ciencias políticas acerca del liderazgo y la teoría del poder”.

Bonos acumulados de Leonel. La experiencia de Medina debe hacerle consciente que, contrario a lo que algunos creen, Leonel tiene suficientes bonos acumulados para no subestimar sus posibilidades de alzarse con la candidatura presidencial, y dada la crisis de los partidos opositores, volver a repartir puestos y sobrecitos. Aunque no hay dudas que pasa por una coyuntura bien difícil.

Es que el exmandatario montó una inmensa pirámide de bonos para prolongar su liderazgo político, al viejo estilo de los caudillos dominicanos, como su nuevo maestro inspirador, Joaquín Balaguer, modelo de político que supo erigir un pedestal para reinar durante más de cuatro décadas, y hasta postularse a la presidencia ciego y a los 94 años.

El doctor Fernández comenzó a gobernar en 1996 con fidelidad a los postulados originales de su partido y de su líder fundador, pero a mitad de período empezó su Programa de Empleo (PEME) que defendió bajo el postulado de que “prefería pagar a pegar”, las nominillas de su segundo período las justificó en “que si no repartimos se cae el Gobierno” y en el 2011 dijo en Nueva York que, liberado de la tutela del FMI, invertiría 40 mil millones de pesos para garantizar el triunfo del PLD el año siguiente. E invirtió como 80 mil entre enero y mayo, y otros tantos en los tres meses de transición con cargo al 2016.

La concepción del poder de Fernández descansa en un inmenso entramado: más de dos millones de tarjetas, en diversos “programas sociales” la mayoría con montos que sólo sirven para mantener la pobreza, degradando y subordinando a las más ignorantes que agradecen esas migajas. En las clases medias invirtió cientos de miles de empleos sobre remunerados, miles de pensiones privilegiadas y de becas en el exterior. Y se entendió con sectores de poder económico y políticos a los cuales complació. Dio curso a un rentismo que alentó nuevos capitales. A los aliados políticos y figuras intocables de su partido les entregó parcelas de poder para que las administraran como el Inposdom (Modesto lleva 13 años ahí), la Cancillería, el Banco de la Vivienda, Bienes Nacionales, Inespre, Migración, Consejo de Frontera, Lotería Nacional, Desarrollo de la Comunidad, el IDSS, Superintendencia de Seguros, ministerios y otras.

La respuesta de Danilo. La respuesta pública de Danilo se produjo el jueves, cuando dijo que no busca hacerse líder, que no intentará reelegirse y que “lo que estoy buscando es elevar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y lo único que busco como recompensa es que cuando vuelva y me convierta en un ciudadano ordinario, cuando cruce por las calles, la gente me diga gracias Danilo porque en su gobierno yo elevé mis condiciones de vida”.

El artículo de Fernández provocó el público rechazo del Presidente a la degradación de los repartos, y se dice que la respuesta privada sería alentar precandidatos que compiten por la nominación presidencial del PLD para el 2016, como el secretario general y presidente del Senado Reinaldo Pared, por demás hermano del ministro de las Fuerzas Armadas y asistente clave del actual mandatario, quien esta semana lanzará formalmente su proyecto.

No sólo en esta respuesta, sino en su gestión, el presidente Medina ha tomado distancia de la doctrina del poder y corruptiva de Leonel, lo que explica en parte la alta aprobación que sigue teniendo. Pero no ha intentado desmontar la pirámide clientelista, temeroso de afectar intereses y alentar enemigos internos y entre sus aliados políticos.

La ley de partidos. Es obvio que Medina lleva sobre la cabeza, sin sustituirlos, a funcionarios como el director de Migración, José Ricardo Taveras, a quien le han bajado el protagonismo y de otros que le enmendaron sus planteamientos sobre la desnacionalización, o del embajador en España, César Medina, quien hasta le ha formulado advertencias en sus columnas periodísticas diarias.

Un ejemplo dramático es lo ocurrido con el embajador ante el Vaticano, Víctor Grimaldi, y sus dos graves traspiés diplomáticos, cuando envió y publicó una carta al Papa, denunciando una “conspiración” del embajador de Estados Unidos ante el gobierno dominicano, y luego con otra carta pública rechazando el llamado de atención privado que le había hecho un vicecanciller. La respuesta oficial ha sido una desautorización diciendo que sus “desafortunadas declaraciones” fueron a título personal y no comprometen al gobierno. Pero no fue una “declaración”, sino una carta denuncia enviada al jefe del Estado donde está acreditado, que en cualquier caso debió cursarse al Gobierno dominicano. En términos diplomáticos la denuncia y rebelión de Grimaldi amerita despido ipso facto, pero ese puesto es parte del entramado intocable.

Una advertencia a Danilo

Por los recientes acontecimientos a lo interior de su partido, donde ha perdido poder ante el altar del presidente Danilo Medina, es obvio que Leonel disparó una advertencia al mandatario, diciéndole que los liderazgos están directamente proporcionados a la capacidad de distribuir “puestos y sobrecitos”. El metamensaje es que como Medina no podrá reelegirse, como lo hizo él, su liderazgo puede ser efímero.

Fernández pudo haber incurrido en un error costoso al ignorar el factor coercitivo del poder, que aludió, aunque el mismo no fue suficiente para impedir que Medina alcanzara la candidatura presidencial de su partido, como se intentó desde las posiciones de mayores repartos que encabezaban los “ingenieros constitucionalistas” Félix Bautista y Díaz Rúa.

El artículo se inscribe en una larga serie de errores tácticos a los que ha sido inducido Fernández por el machismo político de sus financiadores, algunos disgustados porque los danilistas les cortaron lucrativas contrataciones, el mayor de los cuales ha sido el inicio demasiado prematuro de una campaña para el retorno en el 2016, apenas el Gobierno cumplió su primer año, lo que ha incentivado luchas internas.

Aunque Leonel lo ha negado, los danilistas le atribuyen responsabilidad en el escándalo internacional y crisis diplomática derivada de la sentencia que desnacionaliza decenas de miles de dominicanos, que ha consumido demasiado durante cinco meses, poniendo al Estado a la defensiva en el mundo globalizado y dejándolo en riesgo de una vergonzosa condena internacional por violación de derechos humanos.

El expresidente no necesitaba esa campaña precipitada, que ha reactivado sus rechazos, ya que tiene ventajas de liderazgo, posición de mando, deudas y lealtades en el PLD y de recursos multimillonarios que sólo una frontal y decidida acción del presidente Medina podría neutralizar, si apoyara contundentemente alguna opción o, menos viable, intentando abrir camino a la reelección.

Hay quienes todavía esperan que el Presidente desligue más claramente su gobierno de un clientelismo y rentismo clientelares que los códigos democráticos condenan y persiguen como malversación de fondos y tráfico de influencia, sobre todo en la sociedad del conocimiento de la que tanto ha teorizado el doctor Fernández. Una forma de comenzar podría ser que el Presidente aproveche su auge y promueva la aprobación del proyecto de ley de partidos con sanciones al abuso del patrimonio público en las actividades políticas.

Juan Bolívar Diaz Santana

juanbolivardiaz.com

Category Archives: Corrupción, Etica

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