La seguridad social reta la concertación

Por Juan Bolívar Díaz
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A casi seis años de ser instaurado el sistema de salud del fundamental régimen contributivo hace agua por diversos flancos en medio de la incapacidad de sus rectores y actores para operar un gran acuerdo nacional fundado en la concertación de Gobierno, empresarios y trabajadores.

El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), máximo órgano rector del sistema, ha devenido en una torre de babel zarandeada por intereses sectoriales y con escaso liderazgo de quienes tienen la misión de defender una de las mayores  conquistas de la sociedad dominicana.

Un limitado balance. Los rectores del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y sus actores sectoriales se sienten satisfechos con haber alcanzado una cobertura de salud del 52 por ciento de la población, con 2.9 millones de afiliados al régimen contributivo y 2.3 millones en el subsidiado, para un total de 5.2 millones de personas, pero la insatisfacción se generaliza en la población que cada vez tiene que pagar mayores cuotas adicionales para recibir una limitada cobertura de servicios médicos y de medicinas.

El mayor éxito del sistema parece ser la acumulación de 210 mil millones de pesos por las contribuciones de  empresarios y empleados para el  sistema de pensiones, pero su rentabilidad ha sido limitada, apenas por encima de la inflación acumulada en una década de implementación, en su mayor parte depositados en el sistema financiero cubriendo déficits del Banco Central. Tendrán que pasar muchos años aún para ver su eficiencia cuando los afiliados puedan comenzar a acceder a pensiones.

Por razones políticas los ejecutivos del SDSS con el Gobierno a la cabeza hicieron mucho énfasis en registrar una alta proporción de afiliados al seguro de salud mediante el régimen subsidiado.

Sin embargo, han ignorado el mandato legal de instituir el régimen mixto, (contributivo-subsidiado), a pesar de que en éste los beneficiarios estarían llamados a pagar una parte de su costo. Esa deficiencia conspira contra el 57 por ciento de la población que tiene un empleo informal.

Siempre se ha aducido que es más difícil implementar el régimen mixto, ya que en alta proporción sería de empleados independientes o de micro y pequeñas empresas, lo que es cierto si se compara con el contributivo que abarca a las medianas y grandes empresas, así como a las instituciones estatales y sociales. Pero la explicación se cae al comparársele con el régimen subsidiado, que es absolutamente individual y no paga.

  Ampliación del plan básico. Un proyecto de ampliación del Plan Básico de Salud, presentado al Consejo de la Seguridad Social el 8 de julio por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y la amenaza de la Asociación de Clínicas Privadas de suspender los servicios a todos los usuarios si no le elevan las tasas, han detonado nuevas tensiones en el sistema.

Ya provocó un agrio intercambio de cartas entre el superintendente Fernando Caamaño y la directora de la DIDA, Nélsida Marmolejos, originado en respectivas entrevistas en el telediario Uno+Uno.

El proyecto de la SISALRIL responde a dos resoluciones del CNSS de junio del 2012 y de abril pasado,  y propone 3,708 nuevos servicios, medicamentos y procedimientos quirúrgicos, pero para financiarlos plantea la indexación de la cápita por inflación acumulada de 8.08 por ciento, al mismo tiempo que una elevación de 418 pesos mensuales por afiliado, en tres etapas entre diciembre del 2013 y diciembre del 2014. Además un insignificante ajuste de 3.99 pesos mensuales por afiliado a la prima por accidentes de tránsito, que las aseguradoras están renuentes a cubrir.

En su entrevista por Teleantillas, y en una comunicación remitida a la presidenta del CNSS, Nélsida Marmolejos toma con poco entusiasmo la propuesta de Sisalril para ampliación de los servicios, argumentando que en muchos casos se trata de identificación de procedimientos que estaban cubiertos por paquetes. Centra su atención en el rechazo de la indexación de la cápita y de la elevación de los costos de los servicios y la prima de accidentes. Tiene razón en rechazar una elevación del 61 por ciento por los tres ajustes a la cápita actual de RD$788.58.

Caamaño auspicia el reajuste convencido de que sin el mismo no habrá expansión de los servicios, a menos que  se combata frontalmente (cosa que duda) la evasión y la elusión que practican muchos empresarios y organismos estatales, como ayuntamientos, lo que él tiene en serias dudas. Asegura que muchas empresas declaran salarios hasta por la mitad del promedio de unos 7 mil pesos de los salarios mínimos, mientras los altos salarios públicos y privados quedan fuera del sistema.

  Voluntad y liderazgo. El SDSS es definido como una inmensa torre de babel, demostrativa de la incapacidad de la sociedad dominicana para concertar en asuntos fundamentales. Un agudo conocedor del mismo lo definió así: el Gobierno pone la dirección, ministros, gerentes, los patronos tienen la tesorería, las aseguradoras cuentan con la SISALRIL, los bancos con los fondos de pensiones, y los sindicatos con la DIDA.

Es convicción general que después de Milton Ray Guevara, el primer presidente del CNSS, como ministro de trabajo, sus sucesores Ramón Fadul y la actual Maritza Hernández, han llegado al cargo con escaso conocimiento del sistema y menos voluntad política para liderarlo. El consejo ha devenido en un ente que no decide al no poder concertar, lo que es fundamental, ya que los tres sectores que lo integran, el público, los empresarios y los sindicatos tienen capacidad de veto.

La insostenibilidad financiera del sistema de salud está determinada por el pecado original de no haber implementado, como manda la ley, el nivel primario de atención, ni siquiera el Ministerio de Salud Pública ha centrado su atención en ese asunto primordial para reducir los costos. Las sociedades médicas resisten su implementación e imponen sus tarifas a través del copago.

 El silencio sindical. Todos los sectores saben del subregistro de salarios y las evasiones. Empresarios justifican lo primero alegando que se trata de empleados de medio tiempo o por hora, especialmente en zonas francas y turismo. Pero en cualquier caso, están cotizando hasta menos de la mitad pero hay que darle servicios iguales a quienes cotizan como empleados de tiempo completo.

En el fondo hay nostálgicos que todavía sueñan con un seguro estatal sin negociar con la salud, que nunca funcionó, que discuten la indexación por inflación que defienden en los salarios, y sectores empresariales que han maximizado sus beneficios y pretenden inflar el globo hasta los límites de la explosión, contando con que ningún gobierno va a cargar  con esa responsabilidad.

Y ahí están los sindicalistas, llamados a representar el interés de los trabajadores,  pero que han perdido hasta la voz de denuncia, con sus cuotas de cientos de empleos y financiamientos para actividades sindicales.

El mejor ejemplo de su irresponsabilidad fue cuando en diciembre del 2010 acordaron que el Consejo devolviera 9,995 millones de pesos del fondo de riesgos laborales. Ellos recibirían 60 millones de pesos para emplearlos en programas de capacitación, a los empresarios se les acreditaban RD$6,982 millones  y al Gobierno le devolvían RD$3,123 millones.

A instancia del Colegio Médico, un tribunal de amparo anuló meses después la resolución del CNSS, pero ya la voracidad de gasto del Gobierno de Leonel Fernández había dispuesto de su cuota y hasta ahora nadie ha reclamado la devolución.

Diagnósticos pesimistas

Los diagnósticos que se formulan coinciden en señalar que el Sistema de salud ha entrado en una etapa de insostenibilidad, que las aseguradoras estatales, Seguro Nacional de Salud (SENASA) Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y Seguro Nacional de Maestros,  están en quiebra técnica o en serias dificultades.

SENASA ha sido manejada con criterios de competitividad, pero en desventaja al cargar con los pensionados del Estado y ofertando una mayor cobertura de servicios que las aseguradoras privadas, El desastre lo constituye el IDSS que sigue siendo un patrimonio político que el gobierno entregó hace 9 años al doctor Sabino Báez.

La Ley que crea el SDSS, 87-01, otorgó un plazo de gracia de cinco años al IDSS para que pudiera transformarse en una eficiente administradora de riesgos y proveedora de servicios de salud en capacidad de competir con las de carácter privado. A pesar de haber partido con una alta proporción de afiliados y la más grande red de instalaciones y equipos fuera del ministerio de Salud, doce años después el Instituto languidece y si no ha desaparecido es por el subsidio  del Estado.

En el ámbito privado han desaparecido o se han fusionado con otras, media docena de las aseguradoras creadas originalmente, las últimas la SDS y La Colonial de Seguros asumida por la Universal de Seguros, una de las tres que van concentrando la población asegurada. Mientras fueron suspendidas aseguradoras de entidades autónomas del Estado, como a UASD.

Se denuncia una infinidad de maniobras para reducir el alcance de los servicios de salud, o dilatarlos, mientras la asignación de 2 mil pesos anuales como límite de cobertura de medicamentos, que siempre ha sido pírrica, es cada vez más insuficiente por el aumento sistemático de sus costos. Por su parte los médicos especialistas cada vez imponen mayores cuotas como copago por sus servicios. Todo ello genera una creciente insatisfacción de los usuarios que saturan de quejas la Dirección de Información y Defensa de los afiliados (DIDA), una de los ejes del sistema y probablemente el menos financiado.

 

Vargas se ratifica como propietario del PRD

Por Juan Bolívar Díaz

El último round de la lucha interna en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) evidencia que su presidente, Miguel Vargas Maldonado,  mantendrá el secuestro de sus organismos y está dispuesto a descuartizarlo, a menos que la mayoría se comprometa a erigirlo candidato presidencial para los comicios del 2016.

Malversado su capital político, con escaso apoyo y cuestionada legitimidad, el ingeniero empresario persigue recuperar y rentabilizar su inmensa inversión económica en la política, por lo cual no tiene el mínimo interés en que se solucione la crisis que mantiene maniatado al principal partido de oposición.

El extremo de la ambición.  Ha quedado transparente en el intercambio de comunicaciones que  marca la ruptura del último intento de diálogo para solucionar la crisis del PRD, iniciado con una reunión entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía el 2 de mayo, la extrema ambición del primero, quien condiciona cualquier acuerdo a que le garanticen la candidatura presidencial para el 2016, la mitad de las candidaturas legislativas y municipales y un año de prórroga en la presidencia del partido, que concluye el 19 de julio próximo.

Esas condiciones las rechazó el expresidente de la República Hipólito Mejía en carta dirigida a Vargas con fecha 17 de junio, indicando que fueron presentadas verbalmente por su delegado Eduardo Jorge Prats al secretario general Orlando Jorge Mera, estos dos convertidos en intermediarios a raíz de una segunda reunión Vargas-Mejía el 4 de junio en la residencia del eminente neurocirujano José Joaquín Puello.

Al responder la carta de Mejía, en un extenso documento escrito del  23 de junio, Vargas confirma sus condiciones, indicando que en la primera reunión, celebrada en casa del general (r) Miguel Soto Jiménez “no formulé una propuesta de acuerdo, sino más bien, que se arribó de forma preliminar al acuerdo en sí, con el total consentimiento de las partes, bajo la premisa de que el ex Presidente Mejía a su decir público, no aspiraría a ningún cargo de ser amnistiado en el PRD y que apoyaría mi candidatura reservando la eventual candidatura vicepresidencial para su hija, la señora Carolina Mejía”… “También se acordó una cuota para su sector en la dirigencia del Partido, garantizado en un proceso convencional transparente y ejemplarizante”.

 Acuerdo preliminar no obliga.  Aún si en la reunión del  2 de mayo hubiese habido un acuerdo preliminar, verbal, sin testigos, sin contar con el resto del partido, incluyendo a los demás dirigentes y a grupos que tienen otras posiciones, como el que encabeza Luis Abinader, el Foro Renovador o la “Tercera Fuerza”, no había obligación y cualquiera de las dos partes podía luego formalizar condiciones y modificaciones, como ocurre a diario en todo tipo de actividad humana, sin que ello implique romper diálogo o negociación.

Una carta pública de Mejía a Vargas fechada el 8 de mayo, seis días después del encuentro inicial, ayuda a entender que si hubo algún acuerdo fue seguir explorando caminos de entendimiento. Lamenta que el presidente del partido no quiso que dos días después se conmemorara unificadamente el aniversario de la muerte del líder Peña Gómez, pese a lo cual le proponía “la formación de una Comisión de seis personas (tres que tú elijas y la nuestra por tres que representan la institucionalidad) con el fin de que preparen el Protocolo que nos permita discutir y definir la hoja de ruta y la agenda, de acuerdo con los Estatutos, y solucionar la crisis que vive el partido”…Si hubiese habido un preacuerdo tan generoso con él, Vargas debió aceptar ambas propuestas.

En otra carta a Vargas, el 28 de mayo, una semana antes de la reunión en casa de Puello, en el interés de “asegurar que el próximo encuentro que celebremos tenga resultados positivos”, Mejía planteó una agenda de cinco puntos: línea de oposición al Gobierno, cronograma y hoja de ruta para la Convención Nacional Ordinaria que elegiría nuevos directivos, posición ante los proyectos de leyes de Partidos y Electoral, reencuentro de todas las autoridades partidarias electas en la convención del 2009, y reunión de la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para aprobar.

La realidad es que sistemáticamente Mejía, como la generalidad del liderazgo perredeísta, ha reclamado la convocatoria de los organismos del partido para buscar soluciones democráticas y unitarias, lo que el presidente del partido ha evadido.

  Reacciones contradictorias.  Las expectativas de reunificación  que acariciaban los perredeístas se esfuman  luego que su presidente diera por roto el diálogo, acusando a Mejía de haber “malogrado el preacuerdo”. El 26 de junio comunicó a la Junta Central Electoral (JCE)  que “hemos iniciado los trabajos con el objetivo de celebrar nuestra Convención Nacional a partir del mes de febrero del año 2014”, sin señalar una fecha fija. Dice que antes convocará el CEN para actualizar la lista de militantes y dirigentes, reestructurar los organismos de dirección y designar la comisión organizadora de la convención.

Esa fue su respuesta a la solicitud de 90 miembros de la Comisión Política que el 20 de junio, amparados en el artículo 34 de sus Estatutos, le solicitaron reunir  ese organismo para aprobar la línea de oposición al Gobierno y convocar el CEN “para la celebración de la Convención Ordinaria del partido en el 2013”.

Es obvio que Vargas persiste en ignorar que fue juramentado para un período de 4 años que inició el 19 de julio del 2009, como ha certificado la JCE, por lo que vence en tres semanas, y que él solo, sin aprobación de ningún organismo, no puede  prolongarse legítimamente como presidente del PRD. Ha argumentado que puede hacerlo por haber atravesado por un “período de ingobernabilidad partidaria”.

Descuartizar el buey blanco.  Más allá del aparato mediático que controla el expresidente Leonel Fernández, que sistemáticamente promueve y defiende al presidente del PRD, la percepción general es que éste ha malversado su capital político en la alianza con el líder peledeísta iniciada con el pacto que suscribieron en el 2009 y una serie de errores  políticos que le llevaron a perder la candidatura presidencial del 2012.

El escaso apoyo de Vargas en el electorado en general y entre quienes se confiesan perredeístas, ha sido registrado en múltiples encuestas, relevantemente en las dos últimas de Gallup-HOY y en la Penn Schoen Bertland. En la última Gallup, de abril pasado, solo el 9 por ciento de los perredeístas lo favorecía como próximo candidato presidencial, mientras a Luis Abinader lo apoyaba el 41 por ciento y el 35 por ciento a Hipólito Mejía. El 50 por ciento lo responsabilizaba individualmente de la crisis de su partido y solo 6 por ciento a Mejía. El 40 por ciento a ambos por igual.

Vargas es consciente de sus dificultades, razón por la cual evade cualquier consulta democrática, especialmente una convención con el voto universal. Busca ganar tiempo remitiendo la convención ordinaria para una fecha imprecisa del año próximo, que luego puede ser el 2015. Administrando sin rendir cuentas el subsidio del presupuesto nacional, de unos 20  millones mensuales, y contando con respaldo en “las cortes de Leonel”, espera mejorar su posición si es quien escoge entre los miles que aspirarán a ser postulados a los cargos legislativos y municipales para el 2016.

En esa perspectiva al PRD le espera una división que le desacreditaría aún más ante el electorado y reduciría sus posibilidades electorales. Mientras más tarde, menos posibilidades de las partes para restaurar la fuerza electoral del partido. Vargas no ha podido siquiera reconciliarse con casi todos los dirigentes perredeístas que lo apoyaron en la lucha por la candidatura del 2012, y por el contrario ha expulsado  al presidente en funciones Andrés Bautista, y supendido al secretario general Orlando Jorge, y a la secretaria de Organización Geanilda Vásquez.

Se ven muy reducidas sus posibilidades de reunificar la mayoría del PRD para llevarlo al poder y el camino que lleva lo conduce a descuartizar el viejo buey blanco, pero mientras tanto él y algunos de sus seguidores se benefician del presupuesto nacional y de algunos contratos y favores que les dejó el gobierno de Leonel Fernández, quien cifra en la división del PRD sus posibilidades de volver a ser candidato de su partido y retornar al poder.

Subestimación e insulto

El confuso párrafo antes citado indica que Vargas subestima la inteligencia de Mejía e insulta a la comunidad perredeísta, a los que han mediado en la crisis de ese partido, y a toda la sociedad, que reclama respeto a los procedimientos democráticos.

Sostiene que “no formulé una propuesta de acuerdo”, para seguido decir que “se arribó de forma preliminar al acuerdo en sí”, sin nada escrito, en una conversación entre dos, sin testigo de lo hablado. Si él no formuló la propuesta, hay que deducir que quien lo hizo fue Mejía. En un diálogo que desde el día siguiente éste dijo que había sido un simple “romper el hielo” y que a solas no duró 30 minutos. Según la versión, Mejía fue a claudicar ante un contradictor al que acusa de haberle hecho perder la presidencia de la nación, de aliado al presidente del partido de gobierno, después de dos años de graves confrontaciones, incluido que Vargas se negó a reunirse con el candidato presidencial, con múltiples agravios de ambas partes, enfrentamiento violento en el local nacional del PRD y negativa sistemática a convocar los organismos partidarios.

Según Vargas, Mejía virtualmente se retiraba, pues “no aspiraría a ningún cargo de ser amnistiado en el PRD”, lo único que obtendría Mejía con ese “preacuerdo” , además del perdón, era “la eventual candidatura vicepresidencial para su hija”, aunque “también se acordó una cuota para su sector en la dirigencia del partido”, no en las candidaturas legislativas y municipales, y de ganar el gobierno “una serie de cargos en la administración pública”.

El presidente perredeísta citó como testigos a los mediadores. Soto Jiménez dijo que esas fueron las condiciones de Vargas para el diálogo y que éste le dijo que Mejía las había aceptado. El doctor Puello ha preferido reservarse como mediador, pero al ser preguntado dijo que “delante de mí no ha habido algo que pudiéramos llamar acuerdos, sino propuestas y contradicciones”.

 

El PRD al borde de su peor división

Por Juan Bolívar Díaz
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El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) afronta lo que podría ser su peor división, tras haber superado seis anteriores en los 74 años que acaba de cumplir, ya que actualmente carece de grandes propósitos y de un líder en capacidad de reunificarlo y devolver la vida a sus órganos atrofiados.

Con ventajas en los tribunales Electoral y Constitucional, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado,  encarnando un “nuevo PRD” se encamina a quedarse no sólo con la casa nacional partidaria, que el viejo perredeísmo ya perdió dos veces, sino también con el nombre y los símbolos, y también con la subvención estatal.

Pasos hacia el abismo.  Cada semana el perredeísmo da nuevos pasos hacia el abismo de una división que esta vez tiene signos ominosos por la ausencia de líderes como Juan Bosch o José Francisco Peña Gómez que en el pasado mantuvieron o rescataron la mística que ha extendido por tres cuartos de siglo de existencia de la más prolongada organización política nacional y de las más antiguas de América Latina.

A pocos ha sorprendido que el Tribunal Superior Electoral (TSE) siguiera dando aprobación a las expulsiones y suspensiones dictadas por un tribunal disciplinario constituido en juez y parte, en contradicción con elementales principios del derecho, dejando a los afectados sin más recurso que apelar ante el Tribunal Constitucional. Pero en este como en el Electoral el grupo de Vargas cuenta con ventaja fruto del pacto que, sin aprobación partidaria, hizo en el 2009 con el expresidente Leonel Fernández.

El presidente del PRD rechazó de inmediato la propuesta del expresidente Hipólito Mejía para que la Iglesia Católica mediara en busca de una salida concertada a la crisis, y para no dejar dudas de su firmeza convocó para hoy domingo una reunión del Comité Ejecutivo Nacional que ratificaría las sanciones de la semana anterior.

Con el expresidente Hipólito Mejía y el presidente en funciones Andrés Bautista expulsados, e impedidos de participar en la reunión del CEN, al igual que los suspendidos Orlando Jorge y Geanilda Vásquez, se ignora si el grueso de sus seguidores y aliados internos concurrirán a la cita de este domingo. En cualquier caso estarían en desventaja dentro de un local donde no caben los 2,307 miembros que constituyen el organismo de acuerdo con la nómina que registró Vargas ante la Junta Central Electoral el 18 de mayo pasado, justo el día en que su partido concluía la campaña electoral.

Esa nómina ya está reconocida por el TSE, aunque Enmanuel Esquea Guerrero,  expresidente del PRD y abogado de los expulsados y suspendidos, sostiene que excluye a unos 300 de los 1,790 miembros que tenía cuando ratificaron a Vargas Maldonado  como presidente en el 2009 y cuando en el 2011 fue proclamado Mejía como candidato presidencial, y que incluye a unos 550 nuevos.

En manos de Vargas.  La división es un hecho, porque Vargas Maldonado ha demostrado que quiere el partido para él solo, el “nuevo PRD” que proclamó al ser investido presidente, donde nadie le dispute su preponderancia y que no se le ocurra volver a descartarlo como candidato presidencial, como ocurrió en la última convención del 6 de marzo del 2011.

Cuenta con las ventajas de las cortes y el apoyo del expresidente Leonel Fernández y su partido en el poder, y con la dispersión e ineficacia de la mayoría de sus contradictores.

Se quedará no solo con la Casa Nacional, que mantiene encadenada desde mediados del año pasado, sino también con el nombre y los símbolos del viejo partido, así como con la subvención del Presupuesto Nacional, que el año pasado significó 374 millones de pesos, el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales.

Para 2013, como no hay elección se reduce al 0.25 por ciento, pero como crecen las recaudaciones, alcanzaría 254 millones de pesos, con el estimado de ingresos de 384 mil millones de pesos.

Con apenas un puñado de los dirigentes nacionales del PRD, y dado que confrontó al candidato presidencial que arrastró a más del 90 por ciento de sus militantes y obtuvo el 47 por ciento de la votación nacional, Vargas tendrá escasas posibilidades de reunificar ese partido y rescatar sus apoyos externos.

Más aún por su limitado carisma político y por girar hacia la derecha política, un espacio que corresponde a Leonel Fernández, el próximo candidato presidencial del partido oficialista.

Con un poco de suerte, el “nuevo PRD” podría sobrevivir gracias al financiamiento público y con el reparto de candidaturas para los comicios del 2016. Pero le resultará muy difícil remontar el descrédito que sufrirá en la imagen democrática que acumuló durante décadas y que le dio vigencia a pesar de la frecuencia con que la pluralidad ha devenido en confrontación abierta.

Una prolongada agonía.  El PRD es víctima de una prolongada agonía, originada en el pragmatismo que  afecta al sistema partidista, y que en su caso ha adolecido de una renovación del liderazgo en todos sus niveles. Decenas de dirigentes nacionales ya cansados, frustrados o resignados, ni siquiera han protestado tras haber sido excluidos por acción individual.

Los organismos perredeístas, desde los comités de base al CEN, dejaron de ser operantes y solo eso explica que se permitieran el lujo de ir a las elecciones presidenciales del año pasado con un presidente que junto a un pequeño núcleo, trabajaba para provocar la derrota, algo insólito y sin precedente en la democracia.

La mayoría de los dirigentes del partido blanco, incluyendo los de edad media, y cientos de jóvenes formados en los cursos de gestión política quedaron inmovilizados en medio del conflicto, a lo que contribuyó la reducción del conflicto a la confrontación entre Vargas y Mejía, y que éste aceptó el juego sin echarse a un lado y llamar a la renovación del partido para preservarlo, aunque tanto en la campaña electoral como después dejó abiertas las puertas a un entendimiento que salvara la unidad.

Hipólito Mejía fue responsable en parte de la degradación de la mística y la democracia interna del perredeísmo cuando desde la Presidencia, entre el 2000 y el 2004, practicó el autoritarismo y compró voluntades para imponer una inútil reforma constitucional que le permitiera buscar la reelección en condiciones que obligaban a una alternativa.

Se impuso sobre símbolos perredeístas como Milagros Ortiz Bosch, Emmanuel Esquea Guerrero, Hugo Tolentino Dipp y Hatuey Decamps, quien terminó expulsado.

Dos derrotas consecutivas como candidato presidencial debieron ser suficientes para que Hipólito Mejía promoviera una renovación.

El haber obtenido el 47 por ciento de la votación en una elección tan desigual, luchando hasta con el presidente de su partido en contra, le ha permitido mantener su esperanza de volver al poder, ignorando que una parte de ese sufragio fue por sanción a la gestión del PLD. Eso ha contribuido a inhibir a muchos partidarios de la renovación.

No hay quien salve al PRD. La validación de las expulsiones y suspensiones por el TSE puede ser el golpe de gracia a la unidad del PRD que quedaría profundamente escindido y con un nuevo liderazgo fundado en el pragmatismo político. Sería la octava división del partido blanco y esta vez con preponderancia de una minoría de sus dirigentes y sin un líder en capacidad de reunificarlo. La primera fragmentación ocurrió en 1940, al año de fundado en el exilio, protagonizada por su primer secretario general, Juan Isidro Jimenes Grullón, quien luego crearía la Alianza Social Demócrata.

Recién llegado al país en 1961, dos de sus tres precursores, Nicolás Silfa y Ramón Castillo, se fueron casi solos para constituir el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico y el Partido Progresista Demócrata Cristiano. No hicieron mella a un partido que lideraba Juan Bosch. Otra insignificante fue la salida de Rafael Peguero Méndez, quien con otros nueve diputados expulsados, adquirió la franquicia del Partido Popular Cristiano en 1998.

La mayor división del PRD fue la protagonizada por el profesor Juan Bosch en diciembre de 1973, cuando renunció para constituir el Partido de la Liberación Dominicana. Se quedó con el local nacional, pero la mayoría se mantuvo en el partido blanco que ya contaba con el liderazgo de relevo de Peña Gómez, que 4 años y medio después lo llevaría al poder.

La escisión del perredeismo fue casi a la mitad tras la derrota electoral de 1986, protagonizada por las rivalidades de los grupos del candidato perdedor Jacobo Majluta y Peña Gómez, que dieron origen a dos partidos el Revolucionario Independiente y el Bloque Institucional Social Demócrata. Otra vez el liderazgo peñagomista logró rescatar la unidad para resurgir con fuerza. La séptima y última fue originada en la expulsión de Hatuey Decamps, quien lo presidía, y constituyó el Partido Revolucionario Social Demócrata, quedándose con el local nacional.

Ironía de la política nacional. Hipólito Mejía contribuyó a elevar el protagonismo político de Miguel Vargas. Lo mantuvo sus cuatro años como ministro de Obras Públicas clave para aumentar fortunas, y luego lo respaldó para la candidatura presidencial del 2008, prefiriéndolo a Milagros Ortiz Bosch,  y un año después para la presidencia del partido. El expresidente propició el rescate de Fiquito Vásquez, que había sido expulsado por traición y quien ahora preside el tribunal que lo extraña del partido que más votos recibió, con Mejía de candidato, en la última consulta democrática hace solo ocho meses.

De espalda a la realidad del país, la división del PRD auspiciará el retorno al poder dentro de tres años del nuevo caudillo Leonel Fernández, dueño del escenario judicial y político nacional, quien ya hace tiempo se apropió del Partido Reformista Social Cristiano que durante más de tres décadas compartió con el perredeismo el dominio de la política dominicana.

 

Persistente empeño en aniquilar el PRD

Por Juan Bolívar Díaz
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El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha entrado en un tercer año consecutivo de crisis institucional que prolonga una agonía que lo incapacita para ejercer el papel de oposición y equilibrio político que requiere el desarrollo democrático nacional, sin que se vislumbre una salida que no sea una convención democrática.

Numerosos esfuerzos por alcanzar acuerdos para convocar los organismos de dirección de ese partido han tropezado con la resistencia de su presidente Miguel Vargas Maldonado, quien parece haber asumido la misión de desguañangar una organización que en sus 74 años ha sobrevivido a múltiples avatares.

Se profundiza la agonía.  La pretendida expulsión del expresidente de la República Hipólito Mejía y del presidente en funciones del PRD Andrés Bautista, así como la suspensión por dos años de su secretario general Orlando Jorge Mera y su secretaria nacional de organización Geanilda Vásquez, profundiza la agonía del más antiguo instrumento del sistema partidista dominicano, sin que se vislumbre posibilidad de rectificación.

El 2012 terminó en la expectativa de que el presidente del partido blanco, Miguel Vargas Maldonado, respondiera una solicitud de más de un centenar de dirigentes de que convocara la Comisión Política (CP) perredeísta para abrir una vía institucional de entendimiento. Pero la respuesta al comenzar el año ha sido la convocatoria a un juicio disciplinario que abona la división.

Con la casa nacional del PRD encadenada y con impedimento de entrada de sus dirigentes nacionales e históricos, Vargas Maldonado monta un tribunal disciplinario sin la menor legitimidad estatutaria ni democrática, ya que fue conformado por seguidores de su fracción, violentando el principio de que no se puede ser juez y parte a la vez.

Resulta grotesco que tuvieran que apelar a oficiales de la Policía para hacer prevalecer un listado de quienes podían o no ingresar al local partidario. Hasta la “peligrosa profesora” doña Ivelisse Prats está impedida de entrar a sus oficinas. El juez presidente sería Rafael Francisco Vásquez (Fiquito), con un largo historial conflictivo desde que en 1985 armó un tiroteo que anarquizó una  convención que pretendía elegir candidato presidencial, y quien en 1998 fue expulsado del partido junto a otros nueve diputados  por aliarse al gobierno de Leonel Fernández desafiando a su dirección.

Fiquito Vásquez fue designado presidente del tribunal el 1 de noviembre del 2012 en sustitución de José Luis Tavárez, quien había sido electo apenas cuatro meses antes, el 29 de junio. Quien actuó de fiscal, Geovanny Tejada, fue designado  el 3 de junio pasado en sustitución de Nelson Arroyo, antes que este terminara su período en el 2013. En una instancia de  impugnación elevada ante el Tribunal Superior Electoral y pendiente de fallo, se documenta que esas designaciones no fueron ratificadas por la CP como indica el artículo 206 de los estatutos partidarios ni acorde con el 31, 121 y 172.

Responsabilidad compartida.   Es obvio que la responsabilidad de la crisis rebasa el resentimiento de Vargas Maldonado y se extiende al primitivismo político con que a menudo actúa Hipólito Mejía, y a todo su alto liderazgo que se acostumbró a los acuerdos de aposento, al margen de los organismos, lo que degradó la democracia interna. Aunque Vargas lo extremó cuando invirtió una altísima suma de dinero para comprar voluntades y actuó como quien adquiere una nueva empresa, sin capacidad para gerenciar las diversidades y disensiones.

Los organismos perredeístas medios y de base han venido siendo inmovilizados desde antes que Vargas asumiera la presidencia y las ambiciones personales han predominado sobre los objetivos partidarios y ni hablar de los propósitos nacionales. La mayoría de sus dirigentes lucen desmovilizados, dejando todo el espacio a los más ambiciosos y ha permitido que la crisis se vea como un simple enfrentamiento entre Vargas y Mejía.

La crisis del PRD no deja de ser una expresión de la crisis de la institucionalidad democrática nacional, donde el estado de derecho y la legitimidad son carcomidas por la corrupción y la imposición para mantener privilegios cada vez más desproporcionados. Es obvio que la confrontación perredeísta ha sido estimulada y financiada con los recursos del Estado y abonada por los repartos originados en el pacto del 2009 del presidente Leonel Fernández con Vargas Maldonado, quien a título de excandidato comprometió al PRD pasando por encima a todos sus dirigentes y organismos. Por eso Fernández le dio una cuota en la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, lo que se pregona como una de sus “fortalezas”.

La voluntad democrática.   A pesar de que el precario equilibrio de la democracia dominicana requiere un partido de oposición, cada vez más hay quienes quitan relevancia al PRD y hasta se plantea que lo más conveniente podría ser que acabaran de desguañangarlo, para ver si surge una mejor alternativa partidista, lo que no parece a la vista, dado el conservadurismo y la desmovilización predominantes.

En los cenáculos políticos se advierte que la división del PRD es irremisible por los intereses que la alientan, entre ellos porque parece la mejor garantía para que Leonel Fernández vuelva al poder en el 2016, reeditando el continuismo de Santana, Báez, Lilís, Horacio Vásquez, Trujillo y Balaguer, hilo conductor de la historia política nacional.

Lo que se puede discutir es si la división se producirá civilizadamente o por actos de violencia e imposición. Si la mayoría de sus dirigentes, más allá de las voluntades de Vargas y Mejía, se lo propusieran tal vez podrían lograr algún arbitraje y una observación externa capaz de incentivar la realización de una convención democrática, donde quede certificada la voluntad de las mayorías de los perredeístas.

Es lo que han propuesto y pactado varias comisiones, la última en septiembre pasado integrada por Peggy Cabral, Neney Cabrera, Nelson Espinal, Siquió NG de la Rosa, Eligio Jáquez, William Jana y Ángel de la Cruz. Obtuvo apoyo de los cuatro recién sancionados, pero Vargas no respondió. Como tampoco respondió la solicitud del centenar de dirigentes, por iniciativa de una “tercera fuerza”, que en noviembre pidió reunir la Comisión Política para iniciar el proceso de elección de nuevos dirigentes.

Vargas Maldonado aduce que su mandato de 4 años termina en el 2014, porque según él comenzó en el 2010. Los periódicos y documentos permiten establecer que fue propuesto a “unanimidad” por una reunión de la Comisión Política el 7 de junio del 2009. La segunda resolución de la XXVII Convención Nacional Ordinaria del 19 de julio del mismo año indica: “Se aprueba la elección del compañero Ing. Miguel Vargas Maldonado y en consecuencia se proclama como presidente del Partido Revolucionario Dominicano para el período 2009-2013”.  Dos días antes, el 17, la entonces Cámara Contenciosa de la JCE, mediante su Resolución 049-2009 estableció “como al efecto declara, en cuanto al fondo, buena y válida la convocatoria única y exclusivamente para la proclamación y juramentación del Ing. Miguel Vargas Maldonado como presidente del Partido Revolucionario Dominicano a celebrarse el domingo 19 de julio del 2009, dentro de las actividades de la XXVII Convención Nacional Ordinaria, por haber sido realizada por los organismos competentes, de conformidad con los Estatutos del PRD y el Reglamento de la indicada convención”.

Una división irrevocable

En El Tema de Hoy del 3 de junio del 2012 se planteaba que “el PRD está fraccionado desde la convención que escogió candidato presidencial hace 15 meses y si no pudo reunificarse aún cuando las encuestas lo proyectaban ganador de las elecciones, parece casi imposible que lo logre tras la derrota”. Numerosos esfuerzos realizados desde entonces han ratificado ese criterio.

A un año y diez meses de la convención del 6 de marzo del 2011 que escogió a Hipólito Mejía candidato presidencial, Vargas y parte de quienes le siguieron todavía no aceptan que perdieron como lo entendió más de un 90 por ciento de los perredeístas que se incorporaron a su campaña electoral y la opinión pública que desde el principio legitimó la votación. El resentimiento y odio parece haber guiado su accionar político, constituyéndose en caballo de Troya durante la campaña y permitiendo que sus más cercanos hasta hicieran proselitismo por la candidatura peledeísta. Decepcionó hasta su propia familia que poco antes de la votación se empeñó en invitarlo a un almuerzo de reconciliación al que asistió Mejía.

Reclamando una “presidencia institucional” que él mismo había propuesto que correspondiera a quien fuera el candidato, Vargas aceptó una mediación encabezada por el especialista en conflicto Nelson Espinal para proclamar a Mejía candidato, pero resistió todos los intentos de reunirlos, incluidos los que hicieron cercanos a él como Peggy Cabral viuda Peña Gómez, y los reconocidos médicos José Joaquín Puello y César Mella. Hasta el expresidente panameño Martín Torrijos fracasó como mediador.

Mientras casi todos los integrantes de su estado mayor en la lucha por la candidatura se incorporaban a la campaña perredeísta, incluyendo a tres de los cuatro que hizo sancionar esta semana (Bautista, Orlando y Geanilda), y que le seguían en la jerarquía partidaria, Vargas se mantuvo encerrado. También se le alejaron la presidenta de las mujeres Janet Camilo y el presidente de la Juventud perredeísta, así como Alfredo Pacheco, quien dirigiera su campaña interna, y otros relevantes como Neney Cabrera, Eligio Jáquez, Jesús Vásquez, Roberto Fulcar, Andy Dauhajre y Peggy Cabral.

De los dirigentes perredeístas nacionales reconocidos sólo siguen respaldando a Vargas: Fiquito Vásquez, Julio Maríñez, Aníbal García, Ruddy González, César Díaz Filpo, Alejandro Abréu, Wilfredo Alemany y Nelson Marte, varios de ellos funcionarios pagados del partido, cuyo presupuesto maneja solito el presidente.

 

Diagnóstico de deterioro político e institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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La encuesta del 2012 sobre cultura política de la democracia en República Dominicana diagnostica un progresivo deterioro de la confianza de la ciudadanía en el sistema político y las instituciones estatales, situándose en los más bajos niveles entre 26 países del continente.

El estudio, que es parte del proyecto académico internacional “Barómetro de las Américas”, fundamenta las críticas que se hacen al sistema político dominicano, y los reclamos de reformas y rectificaciones de un pragmatismo salvaje que pone en riesgo la estabilidad política nacional.

Educación y desigualdad.  El capítulo dominicano del Barómetro de las Américas 2012, patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y auspiciado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), fue presentado esta semana por la socióloga y académica dominicana Rosario Espinal, profesora e investigadora de Temple University, Filadelfia.

Fue elaborado en base a una encuesta que abarcó a 1512 personas, realizada el año pasado por la firma Gallup. Esta es la quinta edición del estudio que se viene realizando cada dos años desde el 2004.

El Barómetro 2012 muestra que los países latinoamericanos tienen los niveles medios de desigualdad más altos del mundo, con relativa homogeneidad cuando se comparan los ingresos nacionales.

“Mediante un análisis de regresión lineal se evaluó cómo el género, la raza, la edad y el estatus urbano-rural afectan el nivel educativo de la población y el ingreso. Ratifica la educación como fundamento del desarrollo cuando establece que el nivel educativo de la madre tiene un impacto positivo en el nivel de ingreso personal.

Establece que en RD a mayor edad a partir de 35 años, se registra menor nivel educativo y que “tener la piel oscura y vivir en la zona rural también resulta en menor educación. Los hijos de madres de baja escolaridad no alcanzan a completar la escuela primaria, mientras los de madres con educación superior alcanzan un promedio de 14.2 años de escolaridad”.

Otro diagnóstico terrible.  Los resultados ratifican las debilidades políticas e institucionales dominicanas diagnosticadas en los últimos años en múltiples evaluaciones internacionales, como las del Foro Económico Mundial, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

También en este estudio el país queda entre los líderes en percepción de corrupción, en el sexto de 26 escalones, con 78.1 por ciento, 2.8 menos que en el 2004, pero 3.6 mayor que en el 2006.

En el tope aparece Colombia con 81.7, y le superan también Trinidad-Tobago, Argentina, Guyana y Panamá.

República Dominicana baja al octavo escalón en la proporción de personas que dijeron haber sido víctimas de corrupción.

Los peores resultados del Barómetro de las Américas para el país se registran en la percepción de que “el barrio está afectado por las pandillas, donde encabeza con 48.6 por ciento, y en la confianza en la Policía, que solo alcanza al 34.9 por ciento de la población, solo superado por Honduras y Trinidad-Tobago, que registran 28.7% y 32.8% respectivamente.

La esperanza de los dominicanos en prosperar en el país queda mal parada en la encuesta, con un 31.9 por ciento que manifiesta intención de irse a vivir a otra nación, solo superado por Haití, Jamaica y Guyana, que registran 58, 48 y 35 por ciento.

En valoración de la eficacia gubernamental, República Dominicana registra la sexta peor posición, con 40.7 por ciento, la séptima peor en apoyo al sistema político, en confianza en el Gobierno local y en el sistema de justicia, con 48.8, 45.5 y 45 por ciento, y la octava en evaluación de los gobiernos locales, con 47.5 por ciento.

La posición de derecha de la sociedad dominicana queda manifiesta al registrar el sexto escalón continental. Tal vez eso explica el liderazgo en el concepto de que “los hombres deberían tener prioridad para conseguir un trabajo”, aunque más de la tercera parte de los hogares son presididos por mujeres. Mientras es segundo en apoyo a la cuota de candidaturas femeninas.

Los mejores resultados.  En contradicción con su pobre evaluación de las instituciones estatales y políticas, los dominicanos manifiestan una alta participación en las actividades políticas, electorales y comunitarias, situándose entre las más elevadas del continente.

Son líderes regionales con 63.4 por ciento en simpatía con algún partido político. La participación electoral del 70.5 por ciento es alta para una nación donde el voto no es obligatorio.

República Dominicana ocupa el segundo lugar en entrevistados que dijeron haber tratado de convencer a otros para que votaran por alguna candidatura, con 31.6 por ciento, y el tercer lugar en porcentaje de las personas que dicen haber trabajado para partidos o candidatos, con 16.8 por ciento, superada solo por Surinam y Haití, ambas con 17.9 por ciento, mientras Chile, Canadá, México, Panamá y Perú quedan por debajo del 5 por ciento.

La alta participación política y electoral podría estar relacionada con el asistencialismo y el clientelismo, ya que el 31 por ciento de los entrevistados dijo tener, o alguien en su hogar, una tarjeta de los programas de subsidios sociales y el 24 por ciento dijo haber recibido ofertas clientelares en campañas electorales.

Sin embargo la participación en actividades comunitarias también es alta, la sexta mayor de los 26 países incluidos, con tasa de 32.9 por ciento.

Y en asistencia a reuniones municipales República Dominicana ocupa la tercera posición continental, después de Haití y Estados Unidos.

Alerta roja al sistema.  El progresivo deterioro de los indicadores de estabilidad y fortaleza política y democrática que presenta el capítulo dominicano del Barómetro de las Américas constituye una alerta roja para el liderazgo nacional que se muestra insensible ante las críticas y reclamos de la sociedad organizada y los medios de comunicación.

Ese nivel de insatisfacción y de escasa credibilidad en las instituciones del Estado viene siendo diagnosticado en encuestas, investigaciones y pronunciamientos nacionales, ante los  cuales el sistema partidario y los gobernantes reaccionan con indiferencia, cuando no con agresividad. Se solazan señalando la participación masiva en las campañas electorales, ignorando que está integrada en gran proporción por buscadores de favores y oportunidades y que hay una sociedad consciente que aspira a mejores estadios de institucionalidad democrática y gobernabilidad.

El clientelismo y el reparto llevado a niveles sin precedentes, con cerca de 800 mil personas en las nóminas y nominillas y en las pensiones del Gobierno central, las instituciones descentralizadas y los ayuntamientos, y casi 2 millones de tarjetas en diversos subsidios sociales han contribuido al mantenimiento de la estabilidad político-social, pero no logran revertir los niveles de pobreza ni han evitado el deterioro que registran los estudios y análisis sociales.

El sistema político se ha atribuido un nivel de vida que compite con el de sus colegas de naciones desarrolladas, con tasas irritantes de corrupción, mientras se ha negado sistemáticamente a acatar normativas como la del defensor del pueblo cuya ley orgánica acaba de cumplir 12 años.

Su pragmatismo e insensibilidad le ha impedido aprobar leyes como la de partidos políticos y regulación salarial y poner límites al despilfarro y la malversación de los fondos públicos.

Un progresivo deterioro. Lo más relevante del estudio sobre la cultura democrática dominicana es la progresiva reducción que registra en promedio de apoyo al sistema político, en apoyo a la democracia, en valoración de la eficacia gubernamental y de las instituciones fundamentales de la sociedad.

Es relevante que los medios de comunicación social y las iglesias Católica y evangélicas sean las únicas instituciones que alcanzan aprobación sobre el 60 por ciento, con un 72, 67 y 62 por ciento respectivamente. El Presidente de la nación, la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional, el sistema de justicia, la Policía Nacional y los partidos resultan quemados con puntuaciones que oscilan entre 47.7 y 32.3%.  Todas registran caída entre las encuestas de 2008 y  2012, en especial el Presidente, con 15 puntos menos,  la Policía con 12, Fuerzas Armadas 10, Junta Central Electoral 9, y Suprema Corte y Justicia que cayeron  en 8 puntos.

Entre  2006 y  2012 el apoyo a la democracia y al sistema político se redujo casi 9 puntos, pasando en el primero del 78.7 al 70 por ciento, y en el segundo del 57.6 al 48.8%. La valoración de la eficacia gubernamental disminuyó 15 puntos en el mismo período, de 55.8 a 40.7% y la evaluación de los gobiernos locales cayó 10 puntos. Y la convicción de que los partidos representan a los votantes se redujo más de 8 puntos, del 49.8 al 41.6 por ciento, entre las encuesta del 2008 y 2012.