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LF burló la Constitución y 12 leyes que promulgó

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Con el déficit presupuestario en que incurrió el gobierno del presidente Leonel Fernández se violaron no sólo principios básicos de su propia Constitución, sino también una docena de leyes y numerosos reglamentos promulgados por él mismo a instancias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales.

Aunque gran parte de la sociedad parece ignorarlo, el Congreso Nacional aprobó o renovó a partir del 2001 un  conjunto de leyes para la planificación presupuestal de la inversión pública y un sistema de administración financiera en orden a la transparencia, eficacia y mejor aprovechamiento de los recursos nacionales.

La Constitución de Leonel.  El déficit fiscal cuantificado esta semana por el FMI en 8.5 por ciento del producto bruto interno (PBI), equivalente a unos 204 mil millones de pesos, nueve veces los 22 mil 500 millones aprobados en la Ley de Presupuesto para el 2012, numerada 294-11, implica la violación de principios y mandatos de la Constitución promulgada por el presidente Fernández en el 2010, como se indica a continuación:

1.- Artículo 138, señala que la administración pública “está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”.

2.- Artículo 233, plantea que corresponde al Poder Ejecutivo la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto que contempla ingresos probables y gastos propuestos y el financiamiento requerido “en un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado”.

3.- Artículo 234, párrafo: “Una vez votada la Ley de Presupuesto General del Estado, no podrá trasladarse recursos presupuestarios de una institución a otra sino en virtud de una ley….

4.- Artículo 236, “Validez erogación. Ninguna erogación de fondos públicos será válida si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente”.

5.- Artículo 241, proclama que “El proceso de planificación e inversión pública se regirá por la ley correspondiente”.

6.- Artículo 246 que responsabiliza al Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República del “control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos, y uso de los fondos públicos”.

Artículo 247, que instituye a la Contraloría General como órgano rector del  control interno sobre el uso e inversión de los recursos públicos, que autoriza los pagos “previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos”…

Las principales violaciones.  En la instancia de Alianza País, su presidente Guillermo Moreno  y su reconocido abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, en un comunicado de Participación Ciudadana y en una conferencia de su coordinador general, el prestigioso jurista Francisco Álvarez Valdez, se han señalado las principales violaciones a las normas jurídicas que se atribuyen al expresidente Fernández. Otros juristas adicionan varias y una decena de artículos del código penal, pero las principales se refieren a las leyes orgánicas del Presupuesto, la de Planificación e  Inversión Pública, la de Contraloría General y la de Compras y Contrataciones, promulgadas por Fernández.

De la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público (423-06) se burlaron  numerosos artículos, desde el 1 y el 3, el 9, 20 y 30, hasta el 44, 47, 48 y 51. El 44 establece que “Las apropiaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso de la República constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de los ingresos estimados”…Para no dejar dudas agrega que “En ningún caso constituyen un derecho adquirido por las unidades ejecutoras de cada organismo público”…

El párrafo III del artículo 47 es radical: “Ninguno de los organismos incluidos en el régimen de programación periódica de la ejecución del presupuesto podrá comprometer gastos, si previamente no ha recibido la respectiva cuota periódica. La aprobación de las cuotas periódicas será la única autorización que se les otorga a los organismos para comprometer gastos”.

Para reducir el nefasto presidencialismo dominicano, el artículo 48 establece que “El Poder Ejecutivo no podrá realizar modificaciones al total de gastos aprobados por el Congreso de la República en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, ni trasladar suma de un Capítulo a otro o de una Partida a otra. Para introducir modificaciones en la Ley de Gastos Públicos que sean competencia del Congreso de la República, el Poder Ejecutivo deberá introducir un proyecto de ley, el cual deberá ser previamente conocido por el Consejo Nacional de Desarrollo”. El artículo 51 redunda: “Los funcionarios de las instituciones comprendidas en este Título no podrán asumir compromisos para los cuales no queden balances disponibles de apropiaciones presupuestarias, ni disponer de las mismas para una finalidad distinta a la prevista”.

¿Por encima de todo y todos?   Más que nada lo que se debate en el país es si después de “la revolución democrática” que proclamó Fernández el 27 de febrero último, las acciones del Presidente de la nación siguen por encima de todo y de todos, hasta el punto que el delito se atribuye a quienes piden cuentas. Las protestas generalizadas tienen el objetivo de poner fin a la impunidad. Si no se logra ahora con un déficit fiscal tan grosero y abusivo, pasará mucho tiempo para que la nación se enrumbe por la institucionalidad democrática y el respeto a las normas constitucionales y legales.

El espacio no permite detallar todas las burlas, por ejemplo a la Ley de Planificación e Inversión Pública y menos a las normativas de ejecución contempladas en la ley de Compras y Contrataciones Públicas. El desastre presupuestario fue tan obvio que en julio se hizo aprobar la Ley 174-12, llamada de “Presupuesto Complementario”, con la cual se pretendió “legalizar” a posteriori una parte del abuso, es decir, amnistiar el delito bajo el criterio de que se puede gastar primero y presupuestar después. Pero como “la parranda fiscal” (según The Economist) prosiguió hasta la madrugada del 16 de agosto, después en dos ocasiones se quiso enviar al Congreso otro “complemento presupuestario”. Como le hubiese tocado al presidente Danilo Medina promulgarlo, éste se negó radicalmente a ser parte de esa farsa, según testimonio de alto crédito.

En el fondo de todo y hasta para los observadores internacionales, lo relevante es si todo el andamiaje institucional impulsado y aprobado en la última década, tiene vigencia o no. En su duro comunicado de esta semana el FMI abandonó su lenguaje diplomático para proclamar que “En los últimos 24 meses, el desempeño económico se ha debilitado”, que “la implementación de políticas se ha deteriorado” y que “Además, una gran proporción del gasto público se ejecutó por encima de las apropiaciones presupuestarias correspondientes, reduciendo así la transparencia de las operaciones presupuestarias”.

¿Que no hay penalidad para esos delitos? Ya Participación Ciudadana citó el artículo 123 del Código Penal que sanciona con prisión e inhabilitación para cargos  públicos a “Los funcionarios o empleados públicos, las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad pública que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a la ley”.

El mayor agravante es que los responsables y defensores del dispendio siguen justificándolo en que este fue un año de campaña electoral, aunque fue una doble campaña para el 2012 y el 2016, y responden agresivos e insultantes a todo el que cuestiona o protesta, sin siquiera admitir el derecho a disentir o que se equivocaron.

“La más profunda reforma”

   En la primera década de este siglo se aprobó una amplia reforma institucional y de la normativa administrativa del Estado, con unas quince leyes, unas completamente nuevas como la de Libre Acceso a la Información Pública,  o la que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado, y otras para actualizar las obsoletas, como las de Hacienda, Economía o de la Tesorería y la Monetaria y Financiera..

Ese conjunto de reformas estuvo impulsado y financiado más por los organismos internacionales que por la gestión política o administrativa del país, tanto que fueron parte de los acuerdos suscritos con el FMI, que  sistemáticamente reclamó su ejecución, en lo que fue lento el Congreso Nacional, fuera bajo control perredeísta,1998-02, o  peledeísta a partir del 2002.

  Al presidente Hipólito Mejía (2000-04) le correspondió promulgar las primeras de esas leyes, comenzando por la 126-01 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Monetaria y Financiera,183-02, y la de Cámara de Cuentas, 10-04. Pero fue al presidente Fernández que le tocó promulgar la mayor parte del paquete legislativo a partir del 2004, de lo que se manifestó tan orgulloso que casi se atribuyó el mérito de su elaboración y aprobación.

En su último discurso-informe a la nación, el 27 de febrero pasado, Fernández  dijo que “Promovimos la más profunda reforma administrativa-financiera del Estado en la historia nacional” y enumeró nueve de ellas: la de Hacienda, Sistema Integrado de Administración Financiera, la de Presupuesto, la de Tesorería Nacional, Crédito Público, de Compras y Contrataciones, la de Contabilidad Gubernamental, la de la Contraloría General y la de Libre Acceso a la Información Pública. Se le olvidó mencionar otras tres: la del Ministerio de Economía, la de Función Pública y la muy importante Ley de Planificación e Inversión Pública.

 

Considera muy difícil reunificación del PRD

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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La suerte del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) luce cada vez más irrelevante en una sociedad agobiada por graves problemas económico-sociales, al extremo de que ha pasado casi desapercibida la propuesta de solución a su crisis presentada esta semana por una comisión de mediadores.

 El plan diseñado por seis dirigentes perredeístas prolongaría por otro año y medio la virtual división que arrojó la convención de marzo de 2011, y dejaría al PRD incapacitado  para asumir un rol coherente  de oposición en medio de incertidumbres y de un proceso de reformas trascendentales.

Cada vez más irrelevante.   El partido más antiguo del país luce cada vez más irrelevante, como si sufriera el peso de sus 73 años, y agobiado por las carencias democráticas que lo han convertido en un instrumento encadenado con sus organismos secuestrados y con pocos dolientes en capacidad para movilizar sus viejas estructuras.

 Después de varios meses de consultas y ponderaciones, una Comisión Mediadora (CM) integrada por seis conocidos dirigentes presentó esta semana una propuesta que pretende rescatar la unidad partidaria y que hasta el viernes había tenido muy poca resonancia en una opinión pública que le es adversa.

 La mayor debilidad de la propuesta es que contiene un calendario de eventos tan largo como para prolongar hasta febrero del 2014 la agonía orgánica del partido blanco, con el agravante de que para entonces ya estaría encendida la lucha por las candidaturas  para las elecciones nacionales del 2016. El partido blanco se consumiría en su propia salsa, incapacitado para asumir un rol coherente de oposición política durante un período en que el país estará obligado a reformas trascendentales para equilibrar sus finanzas y definir nuevas prioridades de gobierno.

 De esa forma la ciudadanía podría terminar de acostumbrarse a la idea de que no hay un partido en capacidad de equilibrar el peso hegemónico del bloque de gobierno que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana junto a lo que resta del desintegrado Partido Reformista Social Cristiano.

 La situación del perredeísmo es cada vez más irrelevante en la opinión pública y más allá de sus militantes es común la indiferencia de la población respecto a su suerte. Hasta en los cenáculos políticos y académicos se evita o se rechaza hablar de las perspectivas en que se encuentra el partido más votado en 28 de las 32 jurisdicciones provinciales en las elecciones de mayo pasado, cuyo candidato obtuvo el 47 por ciento del sufragio válido. El sentimiento es que los perredeístas son incapaces de colocar el interés nacional por encima de sus desgarrantes e incesantes querellas internas.

Primera propuesta.   Una comisión mediadora fue constituida tras las elecciones de mayo pasado con el objetivo de recuperar la unidad del perredeísmo y quedó constituida por la viuda de José Francisco Peña Gómez, Peggy Cabral, Eligio Jáquez, Neney Cabrera, William Jana, Nelson Espinal Báez, Angel de la Cruz y Siquió NG de la Rosa.

El 3 de julio pasado la CM presentó su primera “Propuesta para la reconciliación de la familia perredeísta”, tras la cual se reunieron con los principales protagonistas de la división interna, el presidente titular Miguel Vargas Maldonado por un lado, y por el otro el presidente en Funciones Andrés Bautista, el secretario general Orlando Jorge Mera, la secretaria de Organización  Geanilda Vásquez, y el excandidato presidencial Hipólito Mejía.

Según los comisionados Hipólito Mejía acogió plenamente sus planteamientos, al igual que Vargas, quien mostró disposición a convocar la Comisión Política, aunque luego condicionó el proceso, mientras Bautista, Jorge y Vásquez pidieron plazo para responder formalmente. No obstante el 22 de agosto Vargas Maldonado y Jorge Mera se reunieron “para iniciar el proceso de concertación de una agenda con miras al restablecimiento de la vida institucional de nuestro partido”.

La primera propuesta se sintetiza en aprobar una oposición al gobierno firme y responsable, rechazar cargos gubernamentales, demandar la aprobación de la Ley de Partidos y las modificaciones pendientes a la Ley Electoral y retorno al orden institucional del partido bajo la dirección de “las máximas autoridades electas”.

 También convocar los organismos partidarios para evaluar el desempeño en las elecciones de mayo, establecer fecha para la convención ordinaria estatutaria que elige dirigentes cada cuatro años, aprobar la expulsión definitiva de seis que apoyaron  la candidatura peledeísta  y solicitar al presidente y al secretario general la convocatoria, a la mayor brevedad, de la Comisión Política para que conozca esos planteamientos.

Puntos conflictivos.   De aceptar la convocatoria de la Comisión Política debe asumirse que Vargas Maldonado recogerá las cadenas que cierran la entrada a la casa nacional perredeísta y permitirá que todos sus dirigentes entren y salgan, incluyendo a quienes tienen despachos en el local. Pero aún así será casi imposible que puedan ponerse de acuerdo en quiénes conformarán la Comisión Organizadora de la Convención, ya que dirigentes de la categoría de Milagros Ortiz Bosch, Enmanuel Esquea y Hugo Tolentino que organizaron la del 2010 terminaron estigmatizados por Vargas Maldonado.

 También será difícil que los dirigentes del PRD se pongan de acuerdo sobre el padrón de militantes e incluso sobre quiénes son los miembros de la Comisión Política y del Comité Ejecutivo Nacional, cuya composición Vargas Maldonado dispuso modificar ante la Junta Central Electoral el 18 de mayo, día en que su partido concluía la campaña electoral que él no apoyó.

 La reunificación del perredeísmo luce casi una quimera, sobre todo si la división sigue siendo incentivada desde los poderosos predios del ex presidente Leonel Fernández, quien cuenta con ella para facilitarse un retorno al poder en el 2016. Y mientras más tiempo transcurra la división podría ser más traumática e irremediable por cuanto Vargas Maldonado, administrando el subsidio estatal del PRD podría posicionarse mejor de lo que luce hasta ahora.

Segunda llamada de la CM

 Más de dos meses y medio después sin que se haya producido la convocatoria de la Comisión Política, a pesar de que múltiples dirigentes la han demandado, la CM hizo pública el pasado jueves 20 una carta dirigida a Vargas, Bautista, Jorge, Vásquez y Mejía, en la que formula un calendario de eventos en base a “puntos comunes”.

Proponen “la celebración de la Comisión Política Concertada” para el lunes 8 de octubre para aprobar la línea de oposición al gobierno, saludar los esfuerzos de Miguel Vargas por la aprobación de la Ley de Partidos y una Ley de Garantías Electorales y felicitar a Hipólito Mejía por su desempeño como candidato presidencial.

También sugieren fijar la convención ordinaria para el 21 de septiembre del 2013, y que quienes resulten elegidos para dirigir el partido asuman sus funciones  en febrero del 2014. Esos cinco meses de transición son una  concesión a Vargas, quien alega que su período como presidente concluye en el 2014, aunque fue proclamado presidente por la Convención Nacional del 19 de julio del 2009 para el período 2009-13.

El calendario incluye elegir de inmediato una comisión organizadora que entraría en funciones en febrero del 2013, aprobar la implementación inmediata de las resoluciones adoptadas por el Congreso José F. Peña Gómez de 2010, y autorizar a la Comisión Estatutaria a presentar en 60 días sugerencias de modificaciones para modernizar y readecuar las estructuras del partido.

Con fecha del mismo día 20, Andrés Bautista, Jorge Mera, Geanilda Vásquez e Hipólito Mejía respondieron acogiendo la propuesta de convocar la Comisión Política para el 8 de octubre para que conozca la propuesta de convención el 21 de septiembre del 2013, “bajo una integración de esfuerzos entre todos”. También apoyan la conformación de la Comisión Organizadora de la convención y que se ejecuten las resoluciones del congreso Peña Gómez. Se remiten a los estatutos para todos los fines.

Una unidad casi imposible

   Los perredeístas estarán a la espera de la reacción del ingeniero Vargas Maldonado, su presidente titular, cuestionado por su resistencia a respaldar la candidatura perredeísta en las pasadas elecciones, y quien desde entonces mantiene encadenado el local nacional de la organización, negándose a convocar formalmente los máximos organismos.

 Encuestas que circulan entre los perredeístas confirman la percepción pública de que Vargas Maldonado tiene un amplio rechazo de los perredeístas, que llegan  a considerarlo responsable de que no ganaran el poder en mayo pasado, cuando quedaron con 47 por ciento del sufragio. Se acusa a su círculo íntimo de haber hecho campaña contra Mejía y a favor del partido de gobierno. Una encuesta que reatribuye a la socióloga Ana María Acevedo registra rechazo hasta del 74 por ciento.

 Son pocos los perredeístas que creen en la posibilidad de una reconciliación entre Mejía y Vargas Maldonado, considerando que no se logró antes de las elecciones, ni cuando el candidato presidencial del PRD dominaba las encuestas, ni tampoco cuando lo intentaron sus familiares apelando a los vínculos matrimoniales.

 Ninguno de los dos reunifica por completo el PRD. Pero por lo menos Mejía ha dicho que no aspirará a presidir el partido, cosa que no ha hecho Vargas y a lo que debería abocarse si aceptara las dificultades reales que confronta. En realidad él ya no reunifica ni siquiera a los que constituyeron el estado mayor del grupo que sostuvo su precandidatura presidencial hasta semanas después de la convención de marzo del 2011 que ganó Mejía.

 Bautista, Jorge Mera y Geanilda Vásquez. que respaldaban a Vargas, decidieron apoyar la candidatura del partido y ahora encabezan su confrontación. También perdió el apoyo de quien fuera su jefe de precampaña Alfredo Pacheco, de la presidenta de la federación de mujeres Janet Camilo y del presidente de la Juventud, así como de Jesús Vásquez, Roberto Fulcar, Andy Dauhajre,  y de Neney Cabrera y Eligio Jáquez que ahora son parte de la CM.

 

Danilo abre vía hacia pacto fiscal

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Tal como se había advertido, con su plan de austeridad y código de pautas éticas, el presidente Danilo Medina comenzó a abonar el terreno para un pacto fiscal que el próximo jueves 30 pondrá en manos del Consejo Económico Social que busca reactivar como instancia de concertación con los diversos sectores nacionales.

En las instancias de la sociedad civil se han acogido con esperanzas las  propuestas gubernamentales de austeridad, pero se espera que aborde otras medidas complementarias en orden a la transparencia, prioridad y calidad del gasto para viabilizar una efectiva concertación social.

Buen paso adelante.  Aunque con las reservas derivadas de planteamientos similares incumplidos por otros gobiernos, como los proclamados por Leonel Fernández en el 2004 y en la Ley de Austeridad para el 2007, el programa de restricción del gasto proclamado esta semana por el presidente Danilo Medina ha tenido buena acogida de  los diversos sectores sociales y la opinión pública, con énfasis en la esperanza de que esta vez se cumpla.

El decreto 499-12, presentado en el Consejo de Gobierno ampliado del miércoles 22, contiene muchas de las restricciones al derroche público que vienen siendo demandadas por años, incluyendo algunas de las contempladas en el proyecto de Ley de Regulación Salarial del Sector Público observado por el presidente Leonel Fernández en su última jornada como ejecutivo nacional, y que ya se había advertido que podían ser adoptadas administrativamente.

Las medidas de austeridad deberán ser aplicadas en todos los órganos de la administración central del Estado y de los organismos autónomos y descentralizados instituidos por leyes, con la excepción de los bancos de Reservas, Agrícola y de la Vivienda, aunque un párrafo adicionado al artículo 1 indica que esas entidades “deberán adoptar medidas de austeridad que sean compatibles con las actividades que desarrollan”.  El decreto no fija temporalidad para sus restricciones, excepto en dos casos: para la adquisición de vehículos durante un año y para la remodelación de despachos y compra de mobiliario, por lo que resta del año.

La petición de adoptar la austeridad debió ser extendida también a los otros organismos y poderes del Estado, pues no se entiende por qué pueden seguir malversando recursos de los contribuyentes en fiestas, regalos, donaciones y contribuciones a relacionados, asignaciones sin límites de gastos de representación, de combustibles y dietas, en viajes o en uso de recursos y materiales para beneficio particular, prohibidos en el decreto presidencial. También deberían acogerse a la austeridad en los servicios de telecomunicaciones, energía y agua y en el uso de materiales lujosos en sus publicaciones y limitar la asignación de tarjetas de crédito.

Ratificación de parcelas.  El presidente Medina prosiguió esta semana designando los funcionarios de su Gobierno a un ritmo que de mantenerse le tomaría meses. Cuarenta y seis funcionarios fueron nombrados entre lunes y viernes, en su mayoría ratificados.

Faltan centenares, incluyendo gobernadores, miembros de las juntas directivas y diplomáticos. Tendrá que definir la situación de los más de 300 viceministros y casi 200 vicecónsules.

La participación femenina se mantiene lejos de la equidad de género, con 18 de 132 nombramientos registrados hasta la tarde del viernes, equivalentes al 13.6 por ciento. A las cuatro ministras se han agregado nueve directoras y cinco subdirectoras de organismos.

Es relevante que los dirigentes de los partidos aliados al Gobierno han sido ratificados todos en sus mismas posiciones, avalando la política de parcelación del poder implementada por el expresidente Fernández, lo que comenzó con Carlos Morales Troncoso en la Cancillería, donde se trató de llevar al exvicepresidente Rafael Alburquerque. Pero el presidente del Partido Reformista habría reclamado continuar en la parcela que usufructúa desde hace 8 años.

También fueron ratificados como directores en sus respectivas parcelas del Estado los dirigentes reformistas Federico Antún (BNV), Modesto Guzmán (IMPOSDOM) y Humberto Salazar (en la CERSS). También Luis Acosta Moreta, de la UDC en  la ODC; Rafael Peguero Méndez, del PPC, en INDESUR;  Vincho Castillo y José Ricardo Taveras, de la FNP, en la Dirección General de Etica y la Dirección General de Migración. Elías Wessin Chávez, del PQD, quedó en Bienes Nacionales; Pedro Corporán, del PUN,  en el IDECOOP; José Francisco Peña Tavárez, del BIS, seguirá dirigiendo la Lotería Nacional, y Miguel Mejía ministro sin cartera.

Ya viene el difícil pacto fiscal.  Para el próximo jueves 30 está programado un encuentro del presidente Medina con el Consejo Económico Social (CES), una instancia que reúne a representantes de los sectores empresariales, sindicales y sociales, bajo la presidencia de monseñor Agripino Núñez Collado. Se espera que allí sean presentados los lineamientos fundamentales de lo que sería el Pacto Fiscal que plantea el mandatario. De hecho ya los trabajos de concertación comenzaron el lunes 20 con una reunión de la Comisión Ejecutiva del CES con técnicos gubernamentales, al frente de los cuales está el influyente ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo. También integrarán la comisión gubernamental los ministros de Economía y de Hacienda, el gobernador del Banco Central y los directores de Impuestos Internos y de Presupuesto.

El Gobierno ofreció una demostración de apertura al proponer como coordinadores y relatores del diálogo social a tres economistas íntimamente vinculados a la sociedad civil, como lo son Isidoro Santana, Pavel Isa Contreras y Javier Cabreja.

Como punto de partida se espera que el Gobierno ponga en claro su situación fiscal y señale hasta dónde está dispuesto a llegar en el recorte del gasto público, más allá de lo que representa su decreto de austeridad. Si no lo hace, están dispuestos a plantearlo los sectores empresariales y sociales que desde hace años vienen reclamando mejorar la eficiencia recaudatoria y las prioridades y la calidad del gasto público en orden a la producción y la competitividad.

Sin pretender una reducción significativa de la nómina pública, los expertos de la sociedad civil creen que por lo menos hay que suprimir organismos inoperantes como la Corporación de Empresas Estatales y la Comisión para Reforma de la Empresa Pública, y refundir múltiples entidades con funciones similares, por ejemplo los de asistencialismo y de tránsito terrestre.

Se espera que para justificar nuevas cargas impositivas supriman las nominillas y “repartos sociales clientelares” que han proliferado hasta en entidades como la Dirección de Migración o la Superintendencia de Seguros. Lo mismo los barrilitos y cofrecitos sociales de los legisladores, los centenares de viceministros,  subdirectores y vicecónsules, y los 70 generales militares sin funciones y 20 de la Policía.

Los sectores sociales llegarán a la concertación con la convicción de que esta vez la reforma tiene que ser fiscal e integral, no como las resultantes de los intentos de esta década que concluyeron en seis parches tributarios. La del 2006 conllevó hasta una Ley de Austeridad, promulgada el 28 de diciembre de ese año (Día de los Inocentes) para no cumplirla en absoluto. Esta vez no nos cogerán de inocentes, advierte un dirigente de una importante entidad social.

Código de Pautas Éticas

Otro paso bien acogido fue el Código de Pautas Éticas con el que Danilo Medina compromete a los altos funcionarios a quienes puso a firmarlo, después de hacerlo él mismo, en demostración del énfasis que pone en promover la transparencia, la ética y la honradez en el manejo de la cosa pública para reducir niveles de malversación y  corrupción que han llevado al país a ocupar el último escalón en esa materia dentro del índice de competitividad del Foro Económico Mundial entre 142 naciones.

El código contiene 18 compromisos éticos, comenzando por someterse al imperio de la Constitución y la ley, lo que en otros países parecería redundante, pero incluye múltiples predicamentos encaminados a mejorar la transparencia de la gestión pública, y a reducir los márgenes por donde se cuelan la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

El punto 6 obliga a presentar la declaración jurada de bienes a más tardar 30 días después de asumir el cargo, con la novedad de que deberá “demostrar el origen de los mismos antes, durante y después de haber finalizado mis funciones”. También  presentar anualmente informes fiscales y la constancia de los compromisos tributarios.

Otro planteamiento importante es velar por la integridad de los procesos de compras y contrataciones públicas, asegurando que “los costos finales sean actuales, integrales y precisos”, y que se ejecuten observando nueve principios, entre ellos de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia y economía. También rechazar dádivas, regalos o incentivos particulares y todo tráfico de influencia y prácticas que comprometan la moralidad pública.

Lo que no tuvo igual acogida en las redes sociales, radio y televisión fue la designación del doctor Marino Vinicio (Vincho) Castillo al frente de la nueva Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental, que sustituye la inoperante Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción que él mismo presidió durante años. En el propio equipo de Medina hay relevantes figuras para ese cargo. Por demás Castillo polemizó con dos tercios de la sociedad en su defensa de los banqueros que quebraron el país en el 2003 y antes  en su esfuerzo por  desconocer la elección democrática de 1978.

 

Danilo en el discurso y el PLD en los decretos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El discurso inaugural del presidente Danilo Medina constituye un esfuerzo  por poner sello propio a su gestión gubernamental, con importantes rectificaciones a la política de su antecesor y logró satisfacer a una ciudadanía que se aferra a las expectativas de cambios.

Pero los decretos que designan a los principales funcionarios expresan los compromisos que lo atan a su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados, cuya matrícula dirigencial ha sido ratificada en los principales cargos gubernamentales aunque con intercambios de funciones.

Convocará pactos sociales.  El nuevo mandatario ratificó su planteamiento de un triple pacto con la sociedad, por la educación, la electricidad y fiscal, definiendo ampliamente el primero como “nuevo nombre de la libertad” y ratificando su compromiso de cumplir la ley que dispone el 4 por ciento del producto bruto para la educación preuniversitaria. Fue más parco en definir el pacto eléctrico pero lo declaró de “Alta y Estratégica Prioridad para el Desarrollo Económico Nacional”.

Lo que definitivamente aplazó fue la identificación de las líneas maestras de su propuesta de Pacto Fiscal y, tal vez para no mencionar la soga delante del ahorcado, evadió toda referencia al grave déficit fiscal en que recibe el Gobierno y que lo obligará a buscar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Medina subordinó el Pacto Fiscal a una próxima convocatoria a todos los sectores “para que juntos acordemos soluciones definitivas a los problemas que vienen deteriorando la calidad de vida y limitando nuestro potencial de desarrollo e inclusión social”. Planteó entonces “una reforma fiscal integral, que asegure elevar la calidad del gasto y, a la vez, garantice la disponibilidad de recursos para impulsar las tareas del desarrollo”.

En ese punto el nuevo presidente advirtió que no haría la convocatoria “sin antes dar ejemplos ante toda la sociedad”, lo que parece anunciar una batida al despilfarro y la malversación de recursos que caracterizó la pasada gestión y que llevó el país a los últimos escalones en las evaluaciones internacionales sobre transparencia y corrupción. “Garantizaremos la transparencia, elevaremos la calidad del gasto público y avanzaremos  firmemente hacia una gestión pública austera, cada vez más profesional y efectiva”, proclamó.

Logró impacto emocional. Un somero análisis cualitativo del discurso presidencial evidencia la presencia de múltiples elementos emocionales que sintonizaron con las expectativas nacionales  de cambios de paradigmas sociales, de transparencia, de seguridad pública e imperio de la ley, de sinceridad y sencillez, y en todo eso logró impactar el orador, alcanzando altos niveles de aprobación expresados en el liderazgo social y en las reacciones populares.

Más allá de toda consideración política, e incluso de las divisiones y lesiones dejadas por una elección con rasgos de imposición del poder, en diversos sectores se manifestó simpatía con los planteamientos. La gente parece aferrarse a la esperanza de que son posibles cambios, aún dentro de una misma comunidad dirigencial.

Obviamente hay muchos precavidos que conocen la distancia que hay entre el discurso y la acción política. Se recuerda el magnífico discurso con que el presidente Leonel Fernández retornó al poder hace 8 años, proclamando la sociedad del conocimiento y la hora de la escuela para luego empecinarse en relegar la inversión a que lo obligaba la ley y hasta su nueva Constitución. El discurso del 16 de agosto del 2008 está lleno de planteamientos éticos y de combate a la corrupción y el despilfarro y hasta prometió suprimir cargos innecesarios y reducir el gasto corriente en “por lo menos 20 por ciento”, pero la gestión gubernamental decidió lo contrario y  construir un metro y otras prioridades sacadas de una caja de sorpresas.

Un análisis cuantitativo del discurso hecho por el profesor de la materia Manuel Quiterio Cedeño indica que de 8,013 palabras del discurso, sin contar las protocolares, el 20.3 por ciento (1,627)  fueron de contenido motivacional. Le siguió el tema educación con 10.2 por ciento (814 palabras), salud con el 8 por ciento (648 palabras), casi lo mismo para la temática de la transparencia-ética-corrupción con 634 palabras, 6.4 por ciento para las pequeñas y medianas empresas, 5.9 por ciento a mujer y género, mientras la seguridad pública y la energía alcanzaron cada una el 5.2 por ciento de las palabras.

Emerge el realismo político.  Así como fue claro el entusiasmo por el discurso, se manifestaron decepciones en las redes sociales y en los comentarios en los medios electrónicos por las designaciones del gabinete y los demás altos cargos, dos tercios de los cuales correspondieron al máximo liderazgo del PLD y los partidos aliados, una parte ratificados en sus mismas funciones y otros intercambiados.

Medina podía tener un mayor deseo de renovación, pero no puede ignorar los compromisos adquiridos con quienes le llevaron al poder, y con los que “se fajaron” en la campaña electoral, hasta apelando a prácticas de dudosa legitimidad para mantenerse en el poder. Tampoco podría abrirse temprano un frente interno dejando en la vagancia a gente acostumbrada al disfrute del poder, teniendo desde ya al nuevo caudillo Leonel Fernández a la expectativa de retornar al poder en la próxima elección.

Hubo algunas claras dicotomías entre el discurso y los decretos. Por ejemplo, el énfasis puesto en la igualdad de género, pero en los tres decretos emitidos hasta la noche del viernes, de un total de 67 funcionarios civiles designados, sólo 9 (el 13 por ciento) eran mujeres, seis repitientes. Los 19 oficiales militares y el jefe de la Policía escogidos para altos cargos eran todos hombres.

Otro ejemplo es que se anunció una “reforma integral de la Policía Nacional” bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía” y se ratifican los titulares de ambas entidades que no se han distinguido en la promoción de esa demanda general. Se anuncia una reestructuración de las relaciones exteriores y se ratifica al ministro que  ha encabezado el Ministerio en los últimos 8 años.

Aún el sector externo y el equipo técnico que dirigió la campaña y elaboró el programa de gobierno de Medina está poco representado en los altos cargos, aunque resaltan el coordinador Gustavo Montalvo y el joven empresario José Ramón Peralta, designados en los estratégicos ministerios de la Presidencia y Administrativo de la Presidencia. También Rubén Bichara, administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas y el joven José del Castillo Saviñón al frente del Ministerio de Industria y Comercio.

Sería precipitado sacar conclusiones sobre el rumbo del nuevo gobierno y lo más indicado y justo parece ser dar oportunidad a que Medina pueda empezar a traducir su magnífico discurso en acciones de gobierno. Tal vez comience con el ejemplo que prometió dar antes de convocar a los diversos sectores para buscar el pacto fiscal. Y eso no podrá dilatar dadas las precariedades financieras heredadas y la necesidad de preparar el presupuesto para el 2013 y pedir la asistencia del FMI.

 Un discurso esperanzador

Desde sus primeros acordes, el discurso de casi hora y media con que Danilo Medina inició su período de gobierno fue un intento bien concebido para forjarse su propia ruta y poner sello propio con una gestión más plural y participativa, situándose “en el camino de la justicia, del amor, de la humildad, de la compasión y del equilibrio”, mientras imploraba a Dios para que “nunca me deje llevar por la soberbia, el odio, la frialdad, la insensibilidad, la vanidad, la arrogancia y la prepotencia”.

Medina dejó claro que realizará “un fuerte reordenamiento de las prioridades y la calidad del gasto público” para privilegiar la educación y la salud, orientándose a un nuevo modelo de desarrollo “colocando a las personas en el centro de todas las políticas”, al extremo de no haber mencionado una sola obra física, centrando su atención en convocar a la sociedad para una acción colectiva contra la pobreza y las exclusiones sociales.

Reivindicó la herencia del fundador del PLD, el profesor Juan Bosch, de quien se confesó discípulo y a quien proclamó como “paradigma de liderazgo ético y moral, luchador incansable por liberar a nuestra patria del atraso, la miseria y la desigualdad social”, haciendo a muchos recordar los valores que marcaron el peledeísmo antes de su ascenso al poder.

Medina fue reiterativo en responder los reclamos nacionales contra la corrupción al plantear “un país ético y transparente basado en la meritocracia y en el combate implacable y vigoroso a todas las formas de impunidad”, al definirse “implacable con los deshonestos, los oportunistas y los soberbios” y al reafirmarse como “intolerante con actos de deshonestidad o de despilfarro”, fortaleciendo la prevención, corrección y sanción. Luego se manifestó “decidido a ponerle fin a la impunidad”, luchando contra la criminalidad y la corrupción. Anunció que obligará a los funcionarios a suscribir un “Código de Pautas Éticas” y casi al final proclamó  “no voy a negociar con los deshonestos”.

 

Luces y sombras del gobierno de Leonel Fernández

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Los ocho años consecutivos de Gobierno de Leonel Fernández marcan una etapa de estabilidad y crecimiento económico, con un legado importante de construcciones, aunque financiadas con enorme endeudamiento, dejando déficits fiscal y de balanza comercial que cuestionan la sostenibilidad del modelo de desarrollo.

Las graves deficiencias en educación, energía y competitividad, junto al clientelismo, la corrupción, falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance decepcionante de la gestión de un líder que enarboló el discurso de la era de la información y la sociedad del conocimiento.

Las luces.  La estabilidad macroeconómica con crecimiento promedio anual del 8 por ciento del producto bruto interno y un significativo legado de construcciones han sido los mayores logros del Gobierno de ocho años que culmina la próxima semana.

Es generalizado el criterio de que el doctor Leonel Fernández se inscribió en la historia de los grandes constructores junto a Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, aunque con la diferencia de que lo hizo en base a un financiamiento que triplicó la deuda pública, de 7,900 a más de 24 mil millones de dólares y con déficits fiscales que en los últimos cinco años, incluyendo el actual, superan los 300 mil millones de pesos.

El sostenido crecimiento económico, con control de la inflación y la tasa cambiaria durante estos ocho años nadie se lo podrá discutir al presidente Fernández, como tampoco una extensa red de comunicación terrestre, que va desde dos líneas de Metro hasta múltiples elevados, pasos a desnivel, carreteras y puentes, así como edificaciones gubernamentales, de escuelas y hospitales.

También hay que acreditarle la aprobación de múltiples reformas institucionales, muchas de las cuales se cumplen  precariamente, y una nueva Constitución con rasgos contradictorios de modernidad y retrocesos, pero que le ha permitido, con la colaboración de opositores, acumular un enorme poder político que mantendría tras salir del Gobierno, gracias a su capacidad para atraerse adherentes en base al reparto de cargos y parcelas de poder en nuevos y viejos organismos estatales.

Importantes avances en la implementación del Sistema de Seguridad Social y la ampliación de las relaciones exteriores, con mayor presencia en los organismos internacionales, figuran también entre méritos que se reconocen a la gestión que finaliza, aunque con un costo excesivo y nada transparente  en más de 60 extensos viajes presidenciales por una treintena de naciones.

Las sombras.  Tras ocho años de Gobierno, el presidente Leonel Fernández deja al país como campeón mundial en malversación de los fondos públicos y corrupción, así como en declive en su capacidad competitiva, con escándalos de todos los calibres, entre los cuales resalta el contrato de 130 millones de dólares con la Sun Land, considerado el mayor de la historia nacional.

La corrupción y la falta de transparencia la  han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, cuyo Indice de Competitividad 2011-12 coloca a la República en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas, con descenso de 17 escalones desde el 93 que registró en  2007.

Con la última posición en “despilfarro en el gasto gubernamental” entre 142 países evaluados por el Foro, la 141 en “favoritismo de los funcionarios del Gobierno”, y la 140 en “desvíos de los fondos públicos”, se puede asumir que Dominicana es campeona mundial en corrupción. La “calidad del sistema educativo” está en el escalón 136, “educación matemática y científica” en el 139 y la “calidad de la educación primaria” desciende hasta el 140.

El reparto de los recursos públicos se hizo norma de Gobierno para mantener los militantes propios y atraerse a decenas de partidos y grupos  con la entrega de parcelas estatales, lo que a la vez debilitaba la institucionalidad del sistema de partidos y de muy diversas instituciones sociales.

Se desbordaron los altos salarios públicos, los barrilitos, cofrecitos, nominillas y repartos de todo género y el Presidente otorgó cientos de pensiones privilegiadas de 40 y 50 mil pesos a personas que no se las ganaron e incluso que no las necesitaban.

El Gobierno de Leonel Fernández acumuló la alarmante cantidad de 340 viceministros y subsecretarios, más de 300 generales militares y policiales y hasta diciembre pasado tenía una nómina de 1,163 personas designadas en cargos diplomáticos y consulares, muchas de las cuales no han sido acreditadas por los gobiernos donde fueron destinadas.

Graves interrogantes.  Tras ocho años consecutivos de crecimiento económico, el presidente Fernández deja al 41% de la población en niveles de pobreza, 10% en la indigencia, según fue certificado la semana pasada, y con un millón 840 mil tarjetas para acceder a programas de asistencia social y subsidios, el mayor de los cuales es de 700 pesos mensuales, (una libra de arroz por día), que no estimulan a nadie a salir de la pobreza, pero mantienen clientelas y subordinación.

El legado del doctor Fernández de un déficit fiscal que este año superará los 100 mil millones de pesos, y los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre 4 mil millones de dólares anuales, y de la balanza comercial que promedia 8,600 millones de dólares anuales en el último cuatrienio, representan serios interrogantes a la sostenibilidad económica del país, especialmente cuando se extiende la crisis económica internacional.

De ahí los reclamos de los sectores productivos que se quejan de una política económica que ha sacrificado la productividad nacional, con energía insuficiente y cara y escasa educación, con serias dificultades de competitividad hasta con Centroamérica y que privilegia las importaciones, acentuando el desnivel con casi todos los países del intercambio nacional.

La convicción del sector empresarial y de los analistas de la economía es que el modelo de desarrollo nacional, que no genera empleos de calidad, con 57 por ciento de informales, está agotado y  pone bajo interrogantes la sostenibilidad del país en la medida en que se agota la capacidad de endeudamiento.

Es relevante que el doctor Fernández será el primer presidente dominicano que entrega el poder a un sucesor del mismo partido, pero hasta en sus últimos días se ha empeñado en gastar más de lo percibido, en su empeño por inaugurar obras aunque no estén concluidas, dejando un desorden financiero que dificultará el arranque del nuevo Gobierno y lo obligarán a exponer su popularidad con una dramática reforma que esta vez no podrá ser solo tributaria, sino fiscal e integral.

Grandes cuestionamientos. La baja inversión en educación, apenas por encima del 2 por ciento del PIB, contrariando la Constitución, la ley, el sentir nacional y hasta sus propios planteamientos, es el mayor cuestionamiento de una gestión que se benefició de 6 reformas tributarias que junto al endeudamiento le permitieron triplicar el presupuesto nacional, que pasó de 139 mil millones de pesos en 2004 a los 511 mil millones destinados para el 2012. El mandatario que habla de la sociedad del conocimiento prefirió seguir la tradición de autoerigirse un pedestal del visible cemento y el asfalto, reproduciendo a los dos caudillos que dominaron el escenario nacional del siglo pasado.

La calidad del gasto, sin respetar prioridades, con enormes dispendios, escasa transparencia  y generalizada corrupción, es de los baldones que se le enrostran al presidente Fernández, beneficiario él mismo con su Fundación Global de prácticas de tráfico de influencia condenadas en todas las democracias.

Una desmesurada elevación del gasto corriente ha determinado que la inversión pública dependa hasta en un 90 por ciento del financiamiento. La nómina pública creció un 63 por ciento, al pasar de 400 mil a 653 mil personas.

Desde el discurso de juramentación en  2004 se prometió resolver la grave crisis energética con la instalación de megaplantas de carbón y la conversión de  otras a gas natural para abaratar el servicio, así como con la renegociación de los contratos onerosos con generadores, recapitalizar las distribuidoras y conjurar el robo y las pérdidas de energía para reducir el subsidio gubernamental que hace 8 años promediaba 25 millones de dólares anuales y que, al contrario, se ha multiplicado 40 veces, ya que en el último cuatrienio ronda los mil millones de dólares por año.

Igualmente escasa ha sido la inversión en mejorar la capacidad de la Policía Nacional para combatir la creciente criminalidad y el narcotráfico que generaron grandes escándalos y cada vez más involucraron a los propios agentes del orden y a militares.

Con rasos ganando 5 mil pesos, sargentos de 8 mil, tenientes de 10 mil y coroneles de 20 mil pesos, nadie debe sorprenderse de la ineficiencia policial y el consiguiente incremento de la inseguridad pública.

 

Los graves desafíos de Danilo medina

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El nuevo mandatario tendrá que imprimir su propio sello desde el discurso inaugural con planteamientos contundentes de austeridad y reducción del dispendio y la malversación para abrir perspectivas al establecimiento de pactos sociales por una reforma fiscal integral, calidad de la educación y la superación de la crisis energética.

Danilo: ser o no ser.  El primer desafío del economista Danilo Medina será mostrar suficiente audacia discursiva para dejar claro que no será un prisionero del liderazgo del presidente Leonel Fernández, cuyo comportamiento en la transición no ha dejado la menor duda que busca perpetuarse por encima de cualquier consideración partidaria o nacional.

Con la habilidad, astucia y paciencia que le condujeron a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y luego a la presidencia de la nación, Medina tiene el desafío de comenzar su Gobierno con sello y características propias buscando superar el desgaste y el cansancio de ocho años de gestión gubernamental y 12 de los últimos 16 años por parte del doctor Fernández, que redujeron la votación de su partido este año al 38 por ciento, habiendo dependido de aliados y un sector externo que aportaron un 13 por ciento que le otorgó el poder.

El primer problema a resolver es la conformación del equipo gubernamental con una renovación reclamada y esperada por la sociedad, dejando fuera a los funcionarios más cuestionados y desprestigiados del pasado, satisfaciendo su vigoroso sector externo y a peledeístas relegados, pero sin alienarse el apoyo de la nomenclatura partidista y sus aliados. No podrá ir tan lejos como desea la sociedad, pero tampoco quedar preso de quienes usufructuaron el poder político y generaron rechazo en los años recientes.

Fernández sale de la presidencia de la nación pero seguirá en la presidencia del PLD y con una fundación y múltiples asociados y beneficiarios  multimillonarios y contando con la fidelidad de sus legisladores y de los integrantes de las altas cortes y otros organismos estatales. Su programa de inauguración de obras, muchas sin terminar ni equipar, la abierta promoción de sus partidarios y su propio discurso reclamando agradecimiento, indican que padece el síndrome de abstinencia del mando con severas dificultades para pasar la descompresión del poder.

Una pesada herencia.  Ya el primero de agosto, al reiterar que cumplirá el programa que ofertó, Danilo Medina advirtió que “tal vez no pueda hacerlo con la celeridad que aspiraba, porque las condiciones van marcando el paso de las acciones del Gobierno”. Fue un reconocimiento de los límites que le impone un déficit fiscal que el economista Fernando Alvarez Bogaert cifró en 80,500 millones de pesos al 31 de julio y que se proyecta para 122 mil millones de pesos en todo el año.

El nuevo Gobierno tendrá serias dificultades para arrancar con las arcas vacías y  pocas posibilidades de financiamiento inmediato, lo que obligará a paralizar pagos e inversiones, que a su vez incrementarían una recesión en cierne. Altos empresarios aseguran que las ventas de productos de consumo han disminuido hasta un 25 por ciento en las últimas semanas. Muchos proyectos esperan las señales del nuevo Gobierno.

Danilo Medina tiene la desventaja de que no podrá cargarle el dado al Gobierno anterior, como es costumbre, y menos por un déficit fiscal que en parte fue generado para que él pudiera ganar la presidencia. Pero tampoco puede ocultar la situación, ya que si no advierte las limitaciones en poco tiempo se le atribuirán a su gestión. Por ejemplo, él no tendrá recursos para culminar y equipar decenas de obras que Fernández ha inaugurado en los últimos meses sin estar concluidas. A la vuelta de la esquina le podrían reclamar a él que no estén en servicio.

El discurso de juramentación tiene que ser contundente en trazar un rumbo de reformas que le den nuevo aliento al Gobierno y le atraigan respaldo y legitimidad popular, con un estilo político diferente, porque Medina no dispondrá de mucho tiempo antes que la herencia de déficits fiscal, comercial  y de cuenta corriente en la balanza de pagos se le empiece a pegar a su Gobierno.

En solo seis semanas tendría que armar su presupuesto para el 2013, cuando 40 centavos de cada peso irán al pago de deudas.

Los pactos anunciados.  El Presidente electo ha adelantado que planteará al menos tres pactos con la sociedad, fundamentales para emprender una nueva y novedosa gestión: fiscal, por la educación y por la energía. El primero será el que demandará mayor esfuerzo inmediato, y lo reclamará para cumplir los otros dos, el compromiso de destinar el 4 por ciento del producto bruto interno a la educación y superar el eterno déficit energético. Debería  agregar otros cuatro pactos: por la seguridad, para la competitividad, para reducir la pobreza y combatir la corrupción.

Esta vez parece ineludible una auténtica reforma fiscal, que implica una reducción del galopante gasto corriente, una política de austeridad, verdadero combate a la corrupción, la malversación y el dispendio, racionalización y reorientación de la inversión y de las políticas sociales en orden a una reducción de la pobreza. No bastarán  promesas como las que llenaron el discurso inaugural de Fernández el 16 de agosto del 2004, que hasta incluyó “reducir el gasto del Estado en no menos del 20 por ciento”.

El equipo económico tendrá que abocarse de inmediato a concertar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para conseguir financiamiento y mantener la confianza de los inversionistas, pero  para ello la primera condición pública y reiterada de ese organismo es una reducción considerable del déficit fiscal, eliminación de exenciones impositivas y elevación de la tarifa energética, elementos que podrían erosionar temprano la confianza en el Gobierno.

Para hacer viable esa carga sin perder en pocos meses el glamour, el nuevo Gobierno tendría que atender el clamor nacional contra el dispendio y la malversación, buscar novedosas compensaciones y atender los requerimientos de un nuevo modelo de desarrollo que potencie e incentive el ahorro, la inversión, la productividad y la competitividad, que desincentive las importaciones y promueva mayor equidad redistributiva del ingreso. Casi una revolución social.

Será duro sin pan ni circo.  El Gobierno de Medina necesitará prestigiarse ante lo mejor de la conciencia nacional y tendrá que ser ayudado, empezando por sus propios partidarios, que deben reconocer que no será posible prolongar el quinquenio de déficits y endeudamiento en el contexto nacional e internacional actual, sin que explote una bomba desestabilizadora. Ni habrá con qué mantener el ritmo de inversión sin un reordenamiento de las finanzas.

Existe el agravante de que el Gobierno no podrá proporcionar ni pan ni circo, los dos ingredientes que desde la antigüedad se citan como entretenimiento de las masas. No hay posibilidad inmediata de multiplicar el pan y menos cuando se están encareciendo los alimentos. Tampoco podrá montarse un circo, porque el blanco tendría que ser el líder del PLD y su claque beneficiaria de la corrupción y el dispendio, algo imposible por la fuerza que conservarán Fernández y sus fanáticos enviciados del poder.

El no tener un partido de oposición unificado para convertirlo en interlocutor y partícipe de los pactos, contrario a lo que algunos creen, podría ser un factor negativo que deje espacio a la reproducción de protestas sociales hasta con rasgos de anarquía. A Medina parece convenirle un reencuentro con el “PRD mayoritario” y no seguir incentivando al “PRD Institucional”, como lo ha hecho Fernández, cuya estrategia de retorno al poder partiría de que Danilo ni podrá reelegirse ni superar  su rendimiento, por lo que es fundamental dividir más profundamente  la alternativa de oposición.

Un circo de rentabilidad.  El gran circo que se puede esperar no será el de hacer pagar la corrupción siquiera a dos o tres grandes, ya que los peledeístas tienen un sentido demasiado fuerte de unidad –contrario a los perredeístas- y muy pocos estarían dispuestos a romper el consenso grupal. Tampoco podrá -ya lo ha descartado Medina- hacer una reducción masiva del desbordado empleo gubernamental.

La gran avenida para el encuentro con la sociedad está en una valiente eliminación de organismos infuncionales, como la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la Comisión para Reforma de la Empresa Pública y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y la reformulación de otros como el Instituto Nacional de Estabilización de Precios y la fusión de órganos múltiples como los del tránsito.

También tendría rentabilidad la supresión de cientos de viceministros y de generales, que sendos proyectos de leyes en vías de aprobación buscan limitar a seis y a 40 respectivamente, reduciendo a tres vicecónsules por consulado, y ministros y ministros consejeros en las embajadas, lo que se llevaría otros centenares.

Así mismo, la imposición de límites salariales, de beneficios complementarios  y de pensiones en todo el Estado, incluyendo los organismos autónomos y descentralizados donde más se han desbordado, una política de reducción de gastos improductivos con auténtica austeridad y la supresión de nominillas, barrilitos y cofrecitos, permitirían a Danilo Medina comenzar de inmediato a cumplir su compromiso de “corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”.

Medidas para reducir el gasto público

Suprimir la CORDE, la CREEP y el IDSS

 Refundir los ministerios de la Mujer y de la Juventud

 Unificar los organismos de similar función, como los de tránsito

Aplicar la ley de regulación salarial a todo el Estado, que suprime pagos múltiples, tarjetas de crédito y limita gastos de representación

Imponer la Ley 379, que limita las pensiones a 8 salarios mínimos

 Limitar a 13 salarios anuales a todos los organismos del Estado y las bonificaciones de las entidades rentables a tres salarios

Suprimir los pagos adicionales por cumpleaños, para útiles escolares, seguros    internacionales, celulares, matrimonios y nacimiento de hijos

 Reducir al mínimo el presupuesto del Despacho de la Primera Dama y que ella trabaje con los ministerios y organismos de servicios

Limitar a tres los viceministros por cada ministerio.

Limitar a tres los vicecónsules por consulado

 Limitar a tres los ministros y ministros consejeros por embajada

 Limitar a tres los subdirectores de todos los organismos

Reducir a 20 los generales de las FF.AA. y a 10 en la PN

Refundir en uno solo todos los organismos de asistencia social

Prohibir las nominillas y toda donación en los organismos estatales

Suprimir los barrilitos y cofrecitos de los legisladores

Limitar el financiamiento de vehículos

 Prohibir la compra de jepetas y vehículos de lujo y alto consumo

 Limitar la cantidad de policías y militares asignados a funcionarios  y

 prohibirlos a empresarios, políticos y periodistas

 Prohibir por dos años mínimo la remodelación de oficinas

 Limitar la publicidad a lo fundamental y necesario

 Reducir y limitar la publicación de memorias y revistas de lujo

Eliminar los intermediarios en compras de bienes y servicios

 Publicar salarios y otros ingresos de todos los funcionarios

Medidas para combatir la corrupción

Hacer cumplir la Ley de Compras y Contrataciones

Publicar cada mes las erogaciones presupuestarias

Invertir la prueba del delito de enriquecimiento ilícito

Dar plena vigencia a la Ley de Libre Acceso a la Información

Aprobar una efectiva Ley de Declaración Jurada de Bienes

Sancionar todo reparto o malversación de recursos

 Investigar toda denuncia de malversación y corrupción e informar sus resultados

 Crear una unidad de recepción de denuncias anónimas de corrupción y que las investigue

 Mejorar los salarios del Ministerio Público y la Policía Nacional

Profunda reestructuración y reforma de la Policía Nacional

Los logros y fracasos de Leonel Fernández

by Juan Bolívar Diaz Santana

Los ocho años consecutivos de Gobierno de Leonel Fernández marcan una etapa de estabilidad y crecimiento económico, con un legado importante de construcciones, aunque financiadas con enorme endeudamiento, dejando déficits fiscal y de balanza comercial que cuestionan la sostenibilidad del modelo de desarrollo.

Las graves deficiencias en educación, energía y competitividad, junto al clientelismo, la corrupción, falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance decepcionante de la gestión de un líder que enarboló el discurso de la era de la información y la sociedad del conocimiento.

Los mayores logros.  La estabilidad macroeconómica con crecimiento promedio anual del 8 por ciento del producto bruto interno y un significativo legado de construcciones han sido los mayores logros del Gobierno de ocho años que culmina la próxima semana.

Es generalizado el criterio de que el doctor Leonel Fernández se inscribió en la historia de los grandes constructores junto a Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, aunque con la diferencia de que lo hizo en base a un financiamiento que triplicó la deuda pública, de 7,900 a más de 24 mil millones de dólares y con déficits fiscales que en los últimos cinco años, incluyendo el actual, superan los 300 mil millones de pesos.

El sostenido crecimiento económico, con control de la inflación y la tasa cambiaria durante estos ocho años nadie se lo podrá discutir al presidente Fernández, como tampoco una extensa red de comunicación terrestre, que va desde dos líneas de Metro hasta múltiples elevados, pasos a desnivel, carreteras y puentes, así como edificaciones gubernamentales, de escuelas y hospitales.

También hay que acreditarle la aprobación de múltiples reformas institucionales, muchas de las cuales se cumplen  precariamente, y una nueva Constitución con rasgos contradictorios de modernidad y retrocesos, pero que le ha permitido, con la colaboración de opositores, acumular un enorme poder político que mantendría tras salir del Gobierno, gracias a su capacidad para atraerse adherentes en base al reparto de cargos y parcelas de poder en nuevos y viejos organismos estatales.

Importantes avances en la implementación del Sistema de Seguridad Social y la ampliación de las relaciones exteriores, con mayor presencia en los organismos internacionales, figuran también entre méritos que se reconocen a la gestión que finaliza, aunque con un costo excesivo y nada transparente  en más de 60 extensos viajes presidenciales por una treintena de naciones.

Corrupción y competitividad.  Tras ocho años de Gobierno, el presidente Leonel Fernández deja al país como campeón mundial en malversación de los fondos públicos y corrupción, así como en declive en su capacidad competitiva, con escándalos de todos los calibres, entre los cuales resalta el contrato de 130 millones de dólares con la Sun Land, considerado el mayor de la historia nacional.

La corrupción y la falta de transparencia la  han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, cuyo Indice de Competitividad 2011-12 coloca a la República en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas, con descenso de 17 escalones desde el 93 que registró en  2007.

Con la última posición en “despilfarro en el gasto gubernamental” entre 142 países evaluados por el Foro, la 141 en “favoritismo de los funcionarios del Gobierno”, y la 140 en “desvíos de los fondos públicos”, se puede asumir que Dominicana es campeona mundial en corrupción. La “calidad del sistema educativo” está en el escalón 136, “educación matemática y científica” en el 139 y la “calidad de la educación primaria” desciende hasta el 140.

El reparto de los recursos públicos se hizo norma de Gobierno para mantener los militantes propios y atraerse a decenas de partidos y grupos  con la entrega de parcelas estatales, lo que a la vez debilitaba la institucionalidad del sistema de partidos y de muy diversas instituciones sociales.

Se desbordaron los altos salarios públicos, los barrilitos, cofrecitos, nominillas y repartos de todo género y el Presidente otorgó cientos de pensiones privilegiadas de 40 y 50 mil pesos a personas que no se las ganaron e incluso que no las necesitaban.

El Gobierno de Leonel Fernández acumuló la alarmante cantidad de 340 viceministros y subsecretarios, más de 300 generales militares y policiales y hasta diciembre pasado tenía una nómina de 1,163 personas designadas en cargos diplomáticos y consulares, muchas de las cuales no han sido acreditadas por los gobiernos donde fueron destinadas.

Graves interrogantes.  Tras ocho años consecutivos de crecimiento económico, el presidente Fernández deja al 41% de la población en niveles de pobreza, 10% en la indigencia, según fue certificado la semana pasada, y con un millón 840 mil tarjetas para acceder a programas de asistencia social y subsidios, el mayor de los cuales es de 700 pesos mensuales, (una libra de arroz por día), que no estimulan a nadie a salir de la pobreza, pero mantienen clientelas y subordinación.

El legado del doctor Fernández de un déficit fiscal que este año superará los 100 mil millones de pesos, y los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre 4 mil millones de dólares anuales, y de la balanza comercial que promedia 8,600 millones de dólares anuales en el último cuatrienio, representan serios interrogantes a la sostenibilidad económica del país, especialmente cuando se extiende la crisis económica internacional.

De ahí los reclamos de los sectores productivos que se quejan de una política económica que ha sacrificado la productividad nacional, con energía insuficiente y cara y escasa educación, con serias dificultades de competitividad hasta con Centroamérica y que privilegia las importaciones, acentuando el desnivel con casi todos los países del intercambio nacional.

La convicción del sector empresarial y de los analistas de la economía es que el modelo de desarrollo nacional, que no genera empleos de calidad, con 57 por ciento de informales, está agotado y  pone bajo interrogantes la sostenibilidad del país en la medida en que se agota la capacidad de endeudamiento.

Es relevante que el doctor Fernández será el primer presidente dominicano que entrega el poder a un sucesor del mismo partido, pero hasta en sus últimos días se ha empeñado en gastar más de lo percibido, en su empeño por inaugurar obras aunque no estén concluidas, dejando un desorden financiero que dificultará el arranque del nuevo Gobierno y lo obligarán a exponer su popularidad con una dramática reforma que esta vez no podrá ser solo tributaria, sino fiscal e integral.

Grandes cuestionamientos

La baja inversión en educación, apenas por encima del 2 por ciento del PIB, contrariando la Constitución, la ley, el sentir nacional y hasta sus propios planteamientos, es el mayor cuestionamiento de una gestión que se benefició de 6 reformas tributarias que junto al endeudamiento le permitieron triplicar el presupuesto nacional, que pasó de 139 mil millones de pesos en 2004 a los 511 mil millones destinados para el 2012. El mandatario que habla de la sociedad del conocimiento prefirió seguir la tradición de autoerigirse un pedestal del visible cemento y el asfalto, reproduciendo a los dos caudillos que dominaron el escenario nacional del siglo pasado.

La calidad del gasto, sin respetar prioridades, con enormes dispendios, escasa transparencia  y generalizada corrupción, es de los baldones que se le enrostran al presidente Fernández, beneficiario él mismo con su Fundación Global de prácticas de tráfico de influencia condenadas en todas las democracias.

Una desmesurada elevación del gasto corriente ha determinado que la inversión pública dependa hasta en un 90 por ciento del financiamiento. La nómina pública creció un 63 por ciento, al pasar de 400 mil a 653 mil personas.

Desde el discurso de juramentación en  2004 se prometió resolver la grave crisis energética con la instalación de megaplantas de carbón y la conversión de  otras a gas natural para abaratar el servicio, así como con la renegociación de los contratos onerosos con generadores, recapitalizar las distribuidoras y conjurar el robo y las pérdidas de energía para reducir el subsidio gubernamental que hace 8 años promediaba 25 millones de dólares anuales y que, al contrario, se ha multiplicador 40 veces, ya que en el último cuatrienio ronda los mil millones de dólares por año.

Igualmente escasa ha sido la inversión en mejorar la capacidad de la Policía Nacional para combatir la creciente criminalidad y el narcotráfico que generaron grandes escándalos y cada vez más involucraron a los propios agentes del orden y a militares.

Con rasos ganando 5 mil pesos, sargentos de 8 mil, tenientes de 10 mil y coroneles de 20 mil pesos, nadie debe sorprenderse de la ineficiencia policial y el consiguiente incremento de la inseguridad pública.

 

Últimas medidas de Leonel afectarían inicio de Danilo

by Juan Bolívar Diaz Santana

 Por Juan Bolívar Díaz

Causa preocupación que el Presidente Leonel Fernández presentara un presupuesto complementario que llevará el déficit fiscal del año por encima de 100 mil millones de pesos. El proyecto contempla un endeudamiento por más  de dos mil millones de dólares.   Se critica que el mandatario  decidiera inversiones  que han de hacerse en los próximos años  cuando está   a punto de  instaurarse una nueva administración en medio de una crisis fiscal que atará las manos del Presidente electo, Danilo Medina.

La presentación de un presupuesto complementario por 71 mil millones de pesos  contemplando un endeudamiento por más de dos mil cien millones de dólares y que llevaría el déficit fiscal del año por encima de 100 mil millones de pesos, causó sorpresa y preocupaciones en diversos sectores del país.

También causó impacto el nuevo viaje a Europa por diez días del presidente Leonel Fernández y el inicio de una campaña por su retorno al poder a mes y medio de concluir su mandato de 8 años consecutivos, lo que crea incertidumbres hasta en su propio partido y en el entorno del presidente electo Danilo Medina.

Asombroso incremento.  El país no salía del asombro por el proyecto de ley para aumentar en 51 mil millones de pesos el presupuesto del 2012, publicado el 20 de junio en base a un endeudamiento superior a los 2 mil 100 millones de dólares, cuando una semana después el presidente Leonel Fernández envió un adendum  al Congreso Nacional elevándolo a 71 mil 461 millones sobre lo aprobado en octubre pasado, que fue de 430 mil 814 millones de pesos. El incremento equivaldría al 16.59 por ciento.

No sorprendió que se destinaran otros 500 millones de dólares en bonos para subsidiar al sector energético, ya que se sabía que los 260 millones que le habían asignado eran una ilusión, pero causaron alarma los empréstitos por 1,600 millones de dólares y 10 millones 898 mil euros para 15 nuevas mega obras, cuya ejecución, en su mayoría, tomaría varios años del Gobierno a iniciarse dentro de mes y medio.

El miércoles 27 el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresaba viva preocupación por el déficit fiscal acumulado en los primeros cinco meses del año, estimándolo sobre 56 mil millones de pesos y deploraba que, con el incremento del presupuesto en 51 mil millones de pesos, alcanzaría este año la descomunal cifra de 96 mil millones de pesos, 4 por ciento del producto bruto interno. Nadie preveía que al día siguiente se le adicionarían más de 19 mil millones de pesos.

Antes del adendum, economistas como Apolinar Veloz, Fernando Alvarez Bogaert y Bernardo Fuentes llegaban a proyectar el déficit fiscal hasta en 100 mil millones de pesos, sobre el 4 por ciento del producto bruto interno, más de cuatro veces el 0.9 por ciento que se había proyectado para este año.

Con  el adendum, el déficit podría acabar en el 5 por ciento del PIB. Mientras las recaudaciones ordinarias del Gobierno durante el primer cuatrimestre del año se quedaron 8 por ciento por debajo de lo presupuestado.

La descompresión del poder.  Algunos observadores no han podido desligar la pretensión de iniciar nuevas mega obras del proyecto de retorno al poder que se atribuye al presidente Fernández, cuya promoción saltó a los medios de comunicación esta semana, cuando en la avenida 27 de Febrero aparecieron vallas que despiden al presidente Fernández “hasta pronto”, mientras vehículos sin placa proclaman Leonel 2016-20.

Otra sorpresa fue el anuncio de un nuevo viaje del Presidente Fernández a  naciones europeas, donde  ha estado numerosas veces en los últimos 8 años de gobierno. La pregunta generalizada es qué buscará el presidente en Europa ya dejando  el poder y cómo justificar esos gastos en medio de tantos aprietos presupuestarios.

Hay quienes advierten que el mandatario dominicano ha quedado presa de cierta megalomanía que le hace  creerse indispensable para la suerte del país.

Aparte de las dictaduras de viejo cuño, tipo Trujillo, Duvalier, Somoza  o Stroosner, casi nadie ha podido gobernar los tres períodos que ha agotado Leonel Fernández  pero la generalidad de los dominicanos  cree que buscará un cuarto a partir del 2016.

Fernández estaría agotando hasta el último aliento en su política de mega construcciones, sin importarle la herencia que dejará a un presidente salido de su propio partido, al ser consciente de que las limitaciones nacionales e internacionales le atarán de pies y manos al menos hasta el final del año en curso.

Después de haber gobernado 12 años, con un gran liderazgo en el PLD y el control de la mayoría de los órganos decisivos del Estado, el doctor Fernández tiene el desafío de pasar la prueba de la descompresión del poder, evadiendo la tentación de pretender seguir tomando decisiones o ponérselas difícil a su sucesor. El tuvo una experiencia exitosa cuando salió del poder en el 2000, pero entonces le sucedió un mandatario de otro partido, Hipólito Mejía-PRD, y el PLD era minoría en el Congreso Nacional y no controlaba la Junta Central Electoral ni los órganos judiciales.

Como la constante histórica dominicana ha sido que quienes alcanzan la presidencia se convierten en caudillos insustituibles dentro de sus partidos y buscan eternizarse en el poder, no hay experiencias en la sucesión de presidentes de un mismo partido.

Debió ocurrir en 1982 cuando el PRD no permitió la repostulación del presidente Antonio Guzmán y fue electo el presidente Salvador Jorge Blanco para sucederlo. El saliente no pasó la prueba de la descompresión del poder y concluyó con su dramático suicidio seis semanas antes de entregar el mando.

Muy difícil para Danilo.  Tal como se evidenció en los largos meses de campaña electoral, para alcanzar el triunfo el presidente Fernández volvió a desguañangar la economía nacional, como lo certificó esta semana el economista Bernardo Vega en su artículo de HOY. Danilo fue el beneficiario político y ahora tendrá el desafío de enderezarla, pero ya no se justificaría que se lo pongan más difícil.

Los 500 millones de dólares en bonos contemplados en el presupuesto complementario para el sector eléctrico, conllevan la decisión gubernamental de no elevar la tarifa, pero como es de los elementos más reclamados por el Fondo Monetario Internacional para reducir los recurrentes déficits fiscales que pasaron de 200 mil millones de pesos entre el 2008 y el 2011, harán más difícil la negociación de otro acuerdo con el organismo. Medina se vería obligado a comenzar cargando con lo que ahora se evade y que determinó la suspensión del último acuerdo con el FMI.

Hay amplio consenso de que el nuevo Presidente recibirá una situación económica y fiscal gravemente comprometida, como también de que tendrá que implementar cambios fundamentales. Hasta en el PLD se reconoce que el doctor Fernández tendrá que reconocer el “tiempo de Danilo”.

Los seis proyectos para controlar la corrupción que han enarbolado en los últimos días los senadores peledeístas Charles Mariotti y Julio César Valentín y declaraciones de su colega Tommy Galán no dejan dudas de que hay consciencia sobre la necesidad de cambios. La caída de la votación del PLD los recomienda, pero sobre todo la crítica situación fiscal.

El que tenga dudas solo tiene que leer el discurso del presidente del CONEP el miércoles, en el que se formularon graves advertencias como que el país está “en un proceso de desajuste de las finanzas públicas” y que “no es posible seguir acumulando déficits fiscales financiados con deuda externa”. Tras reclamar cambios en el modelo de desarrollo, la política de gasto e inversiones, en la educación para la competitividad y otros, el señor Manuel Díez Cabral planteó un “pacto fiscal” advirtiendo que quería ser enfático en que “el sector empresarial no respaldará otro parche tributario”.

Resistencia hasta en el PLD

El desorbitado proyecto de incremento del déficit fiscal ya acumulado en la campaña electoral ha disparado la alarma hasta en sectores del propio Gobierno, incluyendo a funcionarios del equipo económico y tuvo expresión pública en la comisión bicameral que estudiaba el proyecto original de 51 mil millones de pesos. Su presidente, el senador peledeísta Dionis Sánchez, expresó el criterio de los comisionados de que debe eliminarse del proyecto los 1,600 millones de dólares  destinados a 15 mega-obras, indicando que esas inversiones debería decidirla el nuevo Gobierno. A última hora del viernes el legislador dijo que  el Gobierno había aceptado retirar este financiamiento, sin especificar quién habría tomado la decisión ni a cuánto reducirán el presupuesto complementario, y mucho menos las fuentes para financiarlo.

En diversos sectores se expresó sorpresa de que el Presidente saliente, después de ocho años de Gobierno, quiera decidir las inversiones que han de hacerse en los próximos años, apenas mes y medio antes de que se instaure una nueva administración. Más aún cuando dejará una crisis fiscal que atará las manos al presidente electo Danilo Medina en lo que restará del año y le haría más difícil lograr consenso para una reforma fiscal a fin de sustentar el presupuesto del 2013, lo que, para cumplir la Ley de Presupuesto, deberá decidir en sus primeras seis semanas de gestión.

Entre las obras que el presidente Fernández quiere iniciar al término de 8 años de Gobierno se encuentra la carretera Norte-Sur, que se viene debatiendo hace tres décadas, la presa Monte Grande, la rehabilitación de la presa de Sabana Yegua, el proyecto hidroeléctrico Artibonito, un proyecto para el desarrollo agrícola de Azua y otros dos para tratamiento de aguas en la provincia de Santiago, cuyo financiamiento habría que concertarlo con la banca internacional algo que parece imposible en lo que resta de gestión gubernamental.

 

Danilo se ganó su oportunidad

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Más allá de las reservas por la apabullante presencia del Estado en su campaña electoral, Danilo Medina Sánchez acumuló suficientes méritos para alcanzar la Presidencia de la República, con un vigoroso discurso propositivo y promesas de cambios para compensar el desgaste de ocho años de su partido en el poder.

Con la experiencia de seis años como virtual primer ministro en los gobiernos de Leonel Fernández, hubo de emplearse a fondo con inteligencia emocional, tenacidad  y paciencia para ganar la candidatura superando un intento continuista sin que se fracturara la unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

No lo deben subestimar.  Danilo Medina Sánchez fue el gran subestimado de la campaña electoral, por parte de sus opositores que pretendieron ignorarlo centrando sus dardos en el líder del PLD Leonel Fernández, como de los integrantes del grupo hegemónico gubernamental que se empeñaron en demostrar que ellos eran la garantía del triunfo.

Es posible que sin el apabullante respaldo gubernamental la candidatura peledeísta no hubiese salido adelante, pero Medina puso ingredientes sin los cuales el peso muerto del desgaste y las insatisfacciones generadas por ocho años seguidos de gobierno hubiesen provocado otro resultado.

Fruto de la ardua lucha que tuvo que librar para alcanzar la candidatura, el  peledeísta pudo reunir un grupo de los mejores cuadros de su partido y orquestar un “sector externo” que incorporó a destacados profesionales, empresarios y técnicos sin compromisos partidarios que lo ayudaron a neutralizar la animadversión ganada por las principales figuras del gobierno y a sustentar sus promesas de cambios.

Al igual que en la campaña interna por la candidatura, en la lucha por la presidencia, el economista sureño tuvo que desplegar la mayor paciencia para subordinar todo asomo de sentimiento, pasando por alto prepotencias y subestimaciones para no perder el objetivo fundamental de ganar la elección. A diferencia de su principal competidor, no cometió el menor exceso verbal, aunque tuviera que hacer concesiones que a veces parecían excesivas.

La lucha por obtener la candidatura del PLD permitió a Danilo poner a prueba la paciencia, tenacidad e inteligencia emocional necesarias para convertirse en presidente  de una nación. Con esas virtudes y la ayuda de la sociedad en general, se impuso al inconstitucional proyecto continuista del presidente Fernández, y luego sorteó las emergentes precandidaturas  del vicepresidente Rafael Alburquerque y de la primera dama Margarita Cedeño. Al escoger a esta para la vicepresidencia, cuando se temía  contraproducente, garantizó la unidad de su partido y el apoyo del presidente Fernández y de los ingenieros financistas de la política.

 La urgencia de cambios.  Con tantos poderes amarrados como terminará su gestión el presidente Fernández, gracias a su extraordinaria capacidad para repartir favores, es obvio que su sucesor corre el riesgo de quedar atrapado bajo su sombra, como advirtió la revista especializada The Economist. Sobre todo siendo del mismo partido en el que el mandatario saliente conservará el liderazgo.

Pero eso mismo puede ser una razón para que el nuevo ejecutivo busque poner su sello personal desde el primer decreto, que habitualmente es el que designa el gabinete. Es probable que no pueda romper las amarras, pero pondrá su propio sello, como ha ocurrido tantas veces en la historia y muy recientemente en Colombia y Brasil, donde los presidentes Juan Manuel Santos y Dilma Rousseff incluso han despedido por corrupción a funcionarios leales a sus antecesores.

En la distancia que guardó en los últimos seis años, y por sus contactos cercanos con amplios sectores, Danilo Medina ha podido calibrar el nivel de insatisfacción con la gestión de su partido, y prometió más en privado que en público, por razones obvias, que haría cambios significativos, de personas y prioridades, en el gasto, la transparencia y el rechazo a la corrupción. En esa dirección firmó compromisos con la Coalición por la Educación Digna, con la Asociación de Industrias y con Participación Ciudadana y Transparencia Internacional.

La decadencia que registra la votación del PLD en las últimas  dos elecciones presidenciales que cayó del 49 al 37.7 por ciento, será un buen argumento para fundamentar la necesidad de cambios en el gobierno de Medina, aunque el presidente Fernández se adelantó a reclamar méritos atribuyendo a su gestión el nuevo triunfo de su partido. Una de las interrogantes imposible de responder es cuántos de los votos registrados por el partido morado provinieron del sector externo armado por Danilo, que al final se llegó a cuantificar en más de dos mil grupos, aunque obviamente una parte de ellos hubiese votado por otro candidato oficialista.

Sin demasiado expectativas.  Las esperanzas de cambios con el nuevo gobierno quedaron de manifiesto en las homilías del Jueves de Corpus Christi, del cardenal Nicolás López Rodríguez y del arzobispo de Santiago, monseñor Ramón de la Rosa. El primero imploró para que Medina encuentre la vía de ejecución de su discurso, señalando la prioridad de atender la inseguridad, el empleo, la equidad y la educación.

El arzobispo santiagués fue más explícito al señalar que el nuevo Presidente no deberá tener miedo a la hora de enfrentar  males fundamentales como la delincuencia y la corrupción, mientras exhortaba a protegerlo de los que sólo buscan bienestar propio, recordando que será Presidente de todos los dominicanos.

Al presidente electo hay que dejarlo que arme su gobierno, lo que en sí mismo será una tarea ardua y delicada, ya que Leonel Fernández acostumbró a mantener los principales dirigentes del PLD al frente de algún segmento del Estado y a muchos no será fácil convencerlos de que den oportunidad a otros sin que formen un bloque de oposición interna al nuevo régimen.

Por donde quiera que se le analice no es recomendable que se forjen grandes expectativas de cambios. Medina recibirá las arcas del Estado con un grave déficit presupuestario fruto del gasto desenfrenado de los primeros cinco meses del año y su equipo económico tendrá que empezar por la desagradable y difícil tarea de montar una auténtica reforma fiscal, no simplemente tributaria como en la última década, que reclaman todos los sectores y que esta semana la presidenta de la Asociación de Industrias rechazó que pueda emprenderla el gobierno saliente.

El escenario internacional desfavorable y los déficits fiscales y de balanza de pagos del país, sin perspectivas de tanto financiamiento como en los últimos siete años, obligan a multiplicar los panes y los peces sin poder despedir burócratas, como ya advirtió el Presidente electo. Y tiene el agravante de que no podrá echar la culpa de sus dificultades al gobierno anterior, como es tradición.

En favor de Danilo Medina hay que apuntar los tres discursos positivos que ha pronunciado después de su elección, el 21 de mayo en la casa nacional de su partido y ante la tumba del fundador Juan Bosch, y esta semana al recibir el certificado de presidente electo. Humilde y abierto a la concertación y a la rectificación.-

    El tiempo de Danilo

Cuando fue proclamada su candidatura presidencial en Santiago, Danilo Medina proclamó que había llegado su tiempo, y ha insistido en que se preparó durante muchos años para asumir la responsabilidad de dirigir la nación con su propia impronta y con aspiraciones de no pasar desapercibido.

Aunque se le atribuyen limitaciones carismáticas, al presidente electo se le reconoce como un gran estratega y trabajador de la política. Fue de los que colocó los primeros ladrillos para las negociaciones que permitieron al PLD heredar el poder político de Joaquín Balaguer. Jefe de las campañas electorales que llevaron a Fernández al gobierno en 1996 y 2004, se constituyó en el armador político del régimen.

Durante el período 1996-2000 y del 2004 al 2006, fue un virtual primer ministro del Gobierno y desde esa posición hizo los amarres partidarios y externos suficientes para estar en capacidad de alcanzar la candidatura y ganar la presidencia. No midió con certeza el liderazgo caudillista del presidente Fernández cuando tropezó con él al pretender la candidatura presidencial para el 2008, pero asimiló el golpe, y con paciencia siguió trabajando y esperando el tiempo necesario para reflotar, desestimando las opiniones de quienes le urgían a un papel más protagónico..

Medina pagó tributo ante el nuevo caudillo de la tradicional política dominicana, pero quienes lo han tratado con intensidad sostienen que tiene la voluntad y la decisión de labrarse su propio camino. Se afirma que él es de los convencidos de que el ascenso a la presidencia abre muchas puertas en una sociedad tan presidencialista.

“Danilo Medina tiene plena conciencia del poder que retendrá Leonel Fernández después del 16 de agosto, pero no será un Presidente de la sombra”, sostiene uno de sus allegados. En su contra operará el hecho de que ahora no hay reelección consecutiva ni perspectivas de cambiar la constitución, ni tampoco elecciones de medio período que le permitan repartir para ganar control del Congreso Nacional, lo que será más limitativo teniendo al doctor Fernández con todos sus poderes como obvio aspirante a retornar en el 2016.

 

La democracia necesita un PRD renovado

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) está fraccionado desde la convención que escogió  candidato presidencial hace 15 meses y si no pudo reunificarse aun cuando las encuestas lo proyectaban ganador de las elecciones, parece casi imposible que lo logre tras la derrota.

Una crisis prolongada en el PRD tendría fuertes repercusiones en el proceso democrático, acentuando el poder hegemónico del presidente Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y debilitando las posibilidades de renovación que ha planteado el presidente electo Danilo Medina.

Una guerra avisada.  El candado que encadena la casa nacional del PRD es simbólico de una guerra que la campaña electoral y las debilidades institucionales aplazaron, pues ese partido quedó fraccionado desde la convención del 6 de marzo del 2011 que escogió a Hipólito Mejía candidato presidencial.

Su contrincante Miguel Vargas Maldonado aceptó proclamarlo, pero sin convencerse de que había perdido una batalla y permitió que familiares y seguidores trabajaran abiertamente en contra de su candidato, incluyendo a su vocero personal Víctor Gómez Casanova, con aplausos e incentivos externos, mientras evadía todos los intentos de mediadores y familiares por reunirlo con Hipólito Mejía.

La generalidad de los analistas advirtieron que la posición adoptada por Vargas y su grupo lo dejaba incapacitado para sobrevivir como presidente del perredeísmo y más aún como candidato presidencial en el futuro, cualquiera que fuera el resultado de la elección presidencial.

Después que Mejía alcanzara el 47 por ciento de la votación, no es posible visualizar que Vargas pueda encarnar la unidad perredeísta, él que en el 2009 pactó con el presidente Fernández una reforma constitucional que concentraría todos los poderes en manos del mandatario, sin consultar los organismos del PRD, amparado en que el año anterior había recibido un 40 por ciento del sufragio.

Vargas Maldonado pasó la campaña electoral al margen del esfuerzo partidista y más bien contradiciendo al candidato presidencial, reclamando la representación de la institucionalidad del Partido Revolucionario Dominicano, pero sin reunir sus organismos ejecutivos, que hipertrofiados  han devenido en inoperantes.

La Comisión Política (CP), que según el artículo 34 de los estatutos debe reunirse cada semana, tuvo un año sin ser convocada, y previendo la posibilidad de que ahora lo fuera, dos días antes de las elecciones sometieron a la Junta Central Electoral una nueva matrícula del organismo que deja fuera al propio Mejía y a dirigentes tan paradigmáticos como Hugo Tolentino Dipp y Enmanuel Esquea Guerrero, mientras se encadenaba con candado el acceso a la casa nacional del partido.

Convocatorias paralelas del CEN.  La reunión de la Comisión Política que el viernes decidió la suspensión de Vargas como presidente y de los dirigentes Fiquito Vásquez, Julio Maríñez y Aníbal García Duvergé, así como la expulsión de Gómez Casanova, Kalil Michel, Annie Felipe, Pascual Valenzuela, Angela Peña y Héctor Domínguez, marca el estallido de una nueva crisis en el partido más antiguo del país, cuando acaba de quedar  como el más votado, con 200 mil votos sobre el PLD, que ganó la presidencia por la contribución de 13 aliados.

Es significativo que la mesa de honor de la reunión fuera encabezada por el presidente en funciones Andrés Bautista (investido en lugar de Vargas Maldonado), por el secretario general Orlando Jorge Mera, la secretaria nacional de organización Geanilda Vásquez y la presidenta de la Federación de Mujeres, Janet Camilo, ya que los cuatro fueron de los principales dirigentes que apoyaron a Vargas Maldonado cuando luchó por la candidatura presidencial perredeísta, pero luego se incorporaron a la campaña electoral.

La letra c del artículo 35 de los estatutos del PRD da facultad a la Comisión Política para “decidir sumariamente la expulsión de un miembro del partido, debiendo someterlo al Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

La letra d autoriza la suspensión, remitiendo el caso al Consejo Nacional de Disciplina, con la complicación de que como presidente de este figura uno de los mismos suspendidos, Fiquito Vásquez.

La reunión decidió convocar al CEN para el domingo 10 de junio para que ratifique sus disposiciones.

El panorama se complicó la misma noche del viernes cuando Vargas Maldonado reaccionó restando calidad a la Comisión Política para adoptar esas resoluciones y anunció su propia convocatoria del CEN para este domingo.

La primera dificultad será establecer con certeza cuántos y quiénes son los miembros de esos organismos, el primero con unos 253 y el otro diez veces más numeroso.

El apoyo de Vargas Maldonado luce mermado para enfrentarse a la mayoría partidaria que en más de un 90 por ciento se integró a la campaña electoral de Mejía, aunque hay sectores que plantean que la lucha debe estar por encima de ambos dirigentes.

Sin embargo, los suspendidos dicen tener el control de la membresía del  CEN y en última instancia confían en ser favorecidos por el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, cuyo control se atribuye al presidente Leonel Fernández, a quien la otra parte señala como incentivador del fraccionamiento del partido.

Debilita la democracia.  Para muchos observadores la nueva crisis perredeísta será prolongada y no tiene salida sin una división, lo que puede tener serias repercusiones sobre el proceso democrático nacional, puesto que debilitaría el único contrapeso político significativo que tiene el Gobierno del PLD, y particularmente acentuaría la hegemonía del presidente Leonel Fernández sobre su partido y en los poderes del Estado.

Con una oposición política más débil podría tomar nuevo impulso la tendencia absolutista que se arraiga en sectores del partido gobernante, que ya trabajan para el 2016 y repercutir hasta en las posibilidades de relevos, cambios y rectificaciones que se ha planteado el proyecto de gobierno del presidente electo Danilo Medina.

Al sector duro del presidente Fernández se atribuye el incentivo a la división en el Partido Revolucionario Dominicano desde semanas antes de la convención que eligió el candidato.

Algunos de sus financistas llegaron a proclamar abiertamente que contribuían con Mejía o Vargas Maldonado y éste alegó que había perdido porque votaron cientos de miles de peledeístas.

Luego se ha dicho que han incentivado al grupo de Vargas Maldonado para que enfrentara la candidatura perredeísta.

Cuando en la campaña electoral se produjo una escisión entre los comentaristas  de la radioemisora Zeta 101, Gómez Casanova y otro seguidor de Vargas Maldonado se fueron junto a los peledeístas aduciendo parcialidad del medio a favor del PRD.

Una prolongada y profunda crisis en el PRD, cualquiera que sea su desenlace, deja inquietudes dentro de unas perspectivas de decisiones trascendentes como una reforma fiscal de gran magnitud.

La ausencia de un mínimo equilibrio político partidista no es necesariamente augurio de gobernabilidad ni estabilidad, pues podría remitir al fortalecimiento de los grupos populares que capitalizarían el descontento social, aunque también podría abrir espacio a la emergencia de una nueva organización política que encarne la oposición.

Mientras tanto, tiene validez la cita que hizo Espinal Báez de un amigo empresario que planteaba la necesidad de “seguir apoyando que el PRD siga concertando con el PRD para evitar que se siga venciendo a sí mismo; de lo contrario nuestra democracia se quedará con un solo suplidor y entonces dejaremos de ser democracia”.

Urgente renovación

Hay sectores en el PRD que no quieren jugar una partida en la que solo se debata si la organización queda en manos de Mejía o Vargas Maldonado, aunque entre  estos una parte comparte la convicción de que el último se descalificó al no apoyar la  candidatura del partido que presidía, en lo que se ha considerado un hecho sin precedente en la democracia.

En esta tesitura estarían dirigentes históricos como Hugo Tolentino Dipp, Milagros Ortiz Bosch, Ivelisse Prats Ramírez, Tony Raful, Enmanuel Esquea Guerrero y Tirso Mejía Ricart, y movimientos como el Foro Renovador y el Grupo Concertación por el Cambio Democrático, que promovieron el Congreso perredeísta celebrado en octubre del 2010, el cual aprobó un amplio programa de renovación que ha sido ignorado por la dirección partidaria.

El Grupo de Concertación, que integra a jóvenes profesionales, plantea que la crisis puede ser una oportunidad para renovar la estructura, reactivar los organismos, retomar la disciplina y la institucionalidad, volver sobre los principios ideológicos y abrirse a un nuevo liderazgo.

Dentro y fuera del  PRD son muchos los que plantean que no basta con romper el candado que sostiene la cadena que impide el paso a la casa nacional, sino que hay que abrir de par en par las puertas a la renovación de una estructura partidaria anquilosada.

Hugo Tolentino Dipp, uno de los que reivindican la social democracia que enarboló José Francisco Peña Gómez, dijo esta semana por televisión que “el PRD es un partido secuestrado por Vargas Maldonado, sin vinculación con el pueblo, que requiere rescatar sus fundamentos ideológicos y  definir una estrategia de oposición”.

Nelson Espinal Báez, un experto en solución de conflictos que el año pasado medió hasta que Vargas Maldonado aceptó proclamar la candidatura de Hipólito  Mejía, plantea una concertación para restaurar la disciplina, la transparencia  y la institucionalidad, aunque en un artículo publicado el miércoles en Diario Libre sostuvo que la concertación no puede verse como bálsamo para inequidades ni ilegalidades.