2010: Algunas luces y muchas sombras

Por Juan Bolívar Díaz
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El balance del 2010 tiene como principal rasgo positivo para el país un crecimiento económico sobre el 7 por ciento con estabilidad cambiaria y baja inflación, aunque con un alto nivel de endeudamiento y déficit fiscal que obligó a dos renegociaciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en el 2009.

 Retrocesos políticos en unas elecciones manchadas por el clientelismo y el abuso de los recursos del Estado, y precariedades institucionales, con persistentes escándalos de corrupción y narcotráfico que involucraron a las fuerzas de seguridad, conforman el panorama negativo del año.

Lo más positivo.  El crecimiento económico con relativa estabilidad cambiaria y de precios volvió a ser el rasgo más positivo en el año que concluye, a lo que se suma el brillante desempeño del Gobierno y la sociedad dominicana ante la catástrofe telúrica de Haití y la buena gestión que hasta el momento ha limitado la expansión de la epidemia de cólera proveniente de la vecina y desafortunada nación.

 Es relevante que según el Banco Central (BC) el país concluye el 2010 con un crecimiento del producto bruto interno (PIB) del 7.8 por ciento, entre los cinco de mayor crecimiento en América Latina, marcando una recuperación en relación al 3.5 y el 5.3 por ciento registrados en los dos años anteriores.

 La tasa de cambio se movió ligeramente y la inflación concluye en 6 por ciento, con incremento de las exportaciones nacionales sobre el 52 por ciento, al pasar de 1,685 a 2,570 millones de dólares en relación al 2009.  Empero, las importaciones nacionales crecieron 2,435 millones de dólares (24.5 por ciento), casi similar al monto de las exportaciones.

Con un total importado por 14,738 millones de dólares, el déficit comercial se elevó a 9,808 millones de dólares, que siguió siendo saldado en gran parte por los ingresos del turismo, las remesas y la inversión extranjera, renglones todos que alcanzaron pequeños incrementos. Con todo el saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos pasará de 4 mil millones de dólares, lo que vuelve a dejar interrogantes sobre la sostenibilidad de la economía nacional.

Retrocesos políticos.  En el ámbito político se registraron retrocesos y agravamientos de la crisis en la democracia interna de los partidos, recogidos ampliamente en el balance de fin de año del movimiento cívico Participación Ciudadana, incluyendo la reunificación de las elecciones en un mismo año instituida en la nueva Constitución y la supresión del voto preferencial en la elección de los diputados, con el beneplácito del liderazgo de los partidos.

Ambas decisiones en detrimento del derecho ciudadano a elegir y tendentes a fortalecer el presidencialismo y el poder de las cúpulas partidistas.

 Las elecciones congresuales y municipales quedaron manchadas por retrocesos desde la elección y registro de candidatos, pasando por la campaña electoral y hasta la votación y el procesamiento de los resultados.

La mayoría de las candidaturas fueron impuestas en detrimento de las convenciones y las elecciones primarias que se habían fortalecido en los comicios similares del 2002 y 2006.

 Decenas de candidaturas de los principales partidos tuvieron que ser enmendadas por la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral.

 La campaña electoral estuvo marcada por el transfuguismo, el clientelismo y el abuso de los recursos del Estado, con el presidente y todo el Gobierno empeñado en monopolizar el Senado, lo que finalmente logró no sin antes doblegar el arbitraje electoral que fue impotente para enmendar irregularidades puestas en evidencia que cambiaron el resultado por lo menos en la provincia de Pedernales.

  Posteriormente los integrantes del Comité Central del partido de Gobierno decidieron  auto-prolongarse por cinco años el período para el cual habían sido electos, mientras el principal partido de la oposición se desgastaba en evidentes debilidades institucionales y democráticas para iniciar el proceso de elección de su candidato presidencial para el 2012. Tan pronto concluyó la elección de mayo se inició el activismo para las presidenciales, evidenciando el alto costo de la política dominicana.

El continuismo endémico.  En el orden institucional hubo manifiestas debilidades, pese a la proclamación en enero de una nueva Constitución, que de inmediato empezó a ser “interpretada” para ignorar mandatos en la elección de la JCE antes de reformular su ley orgánica y establecer el Tribunal Electoral y en el mandato que dio rango constitucional a la ley que instituye el 4% del PIB para educación.

 En la elección de los integrantes de la JCE y la Cámara de Cuentas volvió a predominar el interés partidario en desmedro de la independencia y la eficiencia, con la agravante de que se burló a cientos de ciudadanos que se sometieron a evaluación para al final no ser tomados en cuenta.

 Pero la mayor debilidad institucional quedó de manifiesto en el movimiento que procura la repostulación del presidente de la República a pesar de que su propia y flamante Constitución lo prohibió tras un pacto político que él mismo protagonizó. Altos funcionarios del Estado desarrollan una costosa y ruidosa campaña generando incertidumbres y reviviendo el endémico continuismo que ha pesado sobre la institucionalidad democrática desde la fundación de la nación.

 Imposibilitado de realizar una nueva reforma fiscal, el Gobierno mostró disposición a violar el Estado de derecho para aumentar sus ingresos, violando la Ley de Promoción Industrial, aunque posteriormente quiso legalizar su decisión pactando con los empresarios “un acuerdo voluntario” por un año.

 Pero donde fueron más evidentes las precariedades institucionales fue en el alarmante involucramiento de las fuerzas de seguridad del Estado en actos delincuenciales de todo género, desde el narcotráfico al sicariato y la integración de bandas de asaltantes.

Entre los grandes escándalos estuvo el apresamiento en España de Arturo del Tiempo, tras el envío de miles de kilos de cocaína desde República Dominicana. Su torre Atiemar salpicó al Gobierno.

Mientras la Policía daba muerte hasta el 10 de diciembre a 478 delincuentes y supuestos delincuentes, en gran proporción verdaderas ejecuciones, según el Informe del 2010 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin que el cambio de su jefatura implicara una modificación de lo que ya es una política de Estado,  que para nada ha impedido que siga creciendo la inseguridad ciudadana.

 Semana tras semana se sucedieron las denuncias de corrupción en múltiples casos documentadas por los programas de investigación periodística, por lo que el Gobierno se vio precisado a pedir a los organismos internacionales que elaboraran un programa de lucha contra la corrupción.

 Tal vez el elemento más positivo del año fue el movimiento que encarnó la Coalición por una Educación Digna, que involucró a una alta proporción de la sociedad, incluyendo a las capas medias y medio-altas en la demanda de cumplimiento de la Ley 66-97 que instituye el 4 por ciento del PIB para la educación, ahora con rango constitucional, en virtud del numeral 10 del artículo 63 de la nueva Constitución.

 El hecho de que el Gobierno haya ignorado la demanda no le resta dimensión al movimiento que podría significar una reactivación de la sociedad civil en la lucha por el respeto a la institucionalidad democrática y la atención a las prioridades nacionales.

Grave endeudamiento

 Resulta evidente que la estabilidad macroeconómica se logró este año con un alto endeudamiento presupuestado para 116 mil millones de pesos, unos 3 mil 100 millones de dólares, elevando sobre 43 por ciento de los ingresos fiscales el peso de la redención de la deuda pública, el 36% del PIB, según el Banco Central.

Al final el endeudamiento podría superar lo presupuestado para el año, pues el Gobierno colocó bonos soberanos por 750 millones de dólares, 250 millones más de lo programado.

 Lo peor del desempeño económico es un fuerte déficit fiscal por tercer año consecutivo que según el Banco Central fue de 2.3 por ciento del PIB en el Gobierno central y 3.8 por ciento en todo el sector público, equivalentes a unos 46 mil millones y  76 mil millones de dólares respectivamente.

Economistas independientes y de la oposición lo estiman en mínimo de 56 mil millones, adicionando deudas ocultas del Gobierno central con suplidores, constructores de obras y entidades descentralizadas.

 El desequilibrio fiscal fue tan serio en la primera mitad del año, impulsado por el derroche en la campaña para las elecciones de mayo, que obligó a dos renegociaciones del acuerdo pactado con el Fondo Monetario Internacional en noviembre del 2009.

El Gobierno no pasó la primera revisión del acuerdo, por lo que en marzo tuvo que presentar una nueva carta de intención, lo que se repitió en octubre.

 En el primer semestre el Gobierno agotó el 95 por ciento del endeudamiento interno programado para todo el año, viéndose obligado luego a paralizar obras y reducir gastos, pese a lo cual en el último trimestre el ministro de hacienda dijo que apenas tenían dinero para salarios y gastos fijos.

 

 

Otro proyecto para regular los partidos

Por Juan Bolívar Díaz
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El licenciado Eddy Olivares Ortega, miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE),  presentó esta semana un Proyecto de Reglamento para la Organización, Fiscalización y Supervisión de las Primarias, Asambleas y Convenciones de los Partidos Políticos, amparado en la Constitución y la Ley Electoral.

Es el cuarto intento por regular las elecciones internas de los partidos en los últimos seis años, y luce que también será fallido por el escaso interés de sus dirigentes  en someterse a regulaciones, más aún cuando ya están en marcha las precampañas de las agrupaciones  mayoritarias para sus candidaturas del 2012.

La democracia interna.  El objetivo fundamental del proyecto propuesto es establecer “la participación del órgano electoral en la organización de las primarias, convenciones y asambleas de los partidos políticos, en las que se eligen los candidatos a los cargos de elección popular y su rol de fiscalizador y supervisor de las mismas, con el propósito de garantizar la democracia interna y la transparencia de los Partidos y Agrupaciones Políticas reconocidas”.

La propuesta de 17 artículos limitaría a 45 días las precampañas de los partidos y su radio de acción a su “ámbito interno” para “evitar que se constituyan en campañas de carácter público que puedan afectar la paz y tranquilidad de la ciudadanía”,  y prohibiría “terminantemente” el uso y abuso de los recursos de los organismos estatales en las actividades partidistas.

Así mismo el proyecto faculta a la JCE a monitorizar los anuncios de las instituciones estatales, centrales, autónomas y municipales, para evitar que promuevan candidaturas directa o indirectamente. Los medios de comunicación sólo podrán publicar publicidad de precandidatos durante los 45 días que dure la campaña de cada partido. El monto a invertir por cada precandidato deberá ser consignado en un presupuesto que será presentado a la JCE al inicio de la campaña.

La organización de las votaciones, desde el suministro del padrón electoral, la asignación de los centros de votación y el personal operativo de éstos hasta el escrutinio y tramitación de los resultados, quedaría a cargo de la JCE, de aprobarse la propuesta del licenciado Olivares, dirigida el 30 de noviembre al presidente y demás integrantes del organismo rector.

El proyecto establece que la inscripción de los precandidatos será gratuita “quedando terminantemente prohibido el cobro de cuotas por este concepto”, garantizando el derecho de militantes y simpatizantes de los partidos cuando cumplan con los requisitos estatutarios.

Evidentes inconsistencias.  Aunque bien fundamentado en los artículos 21 y 22  de la Constitución de la República y en la Ley Electoral, el proyecto tendría que ser perfeccionado, empezando porque no establece un régimen de sanciones, limitándose a  simples admoniciones y advertencias a los precandidatos y sus seguidores sobre “la obligación de corregir las irregularidades y violaciones a la ley, los estatutos y los reglamentos que sean comprobadas”.

La ausencia o debilidad del régimen de sanciones es una de las fallas más consistentemente señaladas a la legislación electoral dominicana, dejando al organismo arbitral en el papel de simple admonitor.

La pieza carga a la JCE todo el proceso organizativo de las elecciones primarias  pero al no señalar quién cubrirá los costos, los traspasa implícitamente al organismo, lo que implica un financiamiento adicional a los partidos, aparte del que establece la Ley Electoral de 0.50% de los ingresos nacionales en los años de elecciones y 0.25% en los demás.  Al no establecer una fecha única para las elecciones primarias de todos los partidos, el proyecto complicaría desproporcionadamente el trabajo y los costos operativos y de materiales por parte de la JCE.

El título mismo del proyecto rebasa con mucho su contenido, pues aunque abarca las asambleas y convenciones de los partidos, el articulado sólo se refiere a las elecciones primarias. Tampoco contiene previsiones para evitar que los dirigentes de los partidos abusen de sus posiciones para imponerse a los demás aspirantes a cargos electivos, que es uno de los problemas de la democracia interna de los partidos.

¿Otro intento fallido?  El proyecto del licenciado Olivares, a quien se vincula con el Partido Revolucionario Dominicano, está llamado a  convertirse en el cuarto intento fallido por regular las actividades de los partidos políticos y las precampañas y campañas electorales presentados en los últimos seis años.

El primero fue el que llegó más lejos cuando en agosto del 2004  el Congreso, entonces de mayoría perredeísta, aprobó la Ley 286-04 que instituía las  elecciones primarias de todos los partidos en una misma fecha y bajo la jurisdicción de la JCE, la que en marzo del 2005 fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

Luego, en el 2007, la JCE consumió varios meses discutiendo un proyecto de reglamento para la campaña electoral y las votaciones primarias, el cual quedó archivado cuando los partidos mayoritarios lo objetaron aduciendo, entre otros argumentos, que eso era propio de una Ley General de Partidos Políticos y que ya no había tiempo para implementarlo en los comicios presidenciales del 2008.

Antecediendo a las elecciones congresuales y municipales del 2010, el debate se centró en la aprobación de un proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas consensuado durante 13 años entre dirigentes políticos y de organizaciones sociales. La pieza fue aprobada por la Cámara de Diputados en agosto del 2009 pero quedó sin efecto al concluir la legislatura sin llegar siquiera al Senado.

El proyecto de Ley de Partidos fue objeto de las negociaciones abiertas entre los dos partidos mayoritarios tras el pacto que viabilizó la aprobación de la Constitución del presidente Leonel Fernández, firmado  por este y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado en mayo del 2007 y ratificado posteriormente por los órganos directivos de sus organizaciones.

Los perredeístas llegaron a condicionar su respaldo al proyecto de Constitución, a que previamente se aprobara la Ley de Partidos, pero ambas partes anunciaron después que  la conocerían después que terminan con la Carta Magna. Aunque esto ocurrió en octubre del año pasado, 14 meses después no se ha cumplido el compromiso.

Es evidente que el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Leonel Fernández le dieron largas a la aprobación del proyecto de Ley de Partidos, mientras el  Revolucionario Dominicano insistía en el mismo tratando de que ayudara a contener el abuso de recursos estatales en la campaña electoral, pero transcurrido el proceso parece también haberse olvidado del asunto.

Ni voluntad ni tiempo

Ninguno de los partidos que dominan el escenario político y el Congreso parece estar empeñado en estos momentos en regular la precampaña. En las cúpulas partidarias no se advierte voluntad política para establecer regulaciones que en muchos casos mermarían su amplio margen de maniobras.

Aunque bien visto el proyecto de Olivares, sin sanciones coercitivas, podrían aceptarlo atraídos por el financiamiento adicional que implica y porque le quitaría  de encima los problemas organizativos y logísticos de las elecciones primarias.

Sin embargo, dado que el proyecto tendría que ser considerado por el pleno de la JCE está remitido por lo menos para un par de meses, incluyendo consultas a los partidos políticos, y luego faltaría que lo aprobaran las cámaras legislativas. Las perspectivas apuntan a que de nuevo se argumente que no hay tiempo, ya que los dos partidos mayoritarios están inmersos ya en su campaña interna, especialmente el de oposición, que programa su elección de candidato para marzo.

De cualquier forma el muro mayor que encontrará el proyecto es la decadencia de la democracia interna en los partidos, convertidos en corporaciones al servicio de  las cúpulas dirigenciales, como ha quedado de manifiesto en las últimas escogencias de candidatos y en la reciente auto prórroga por cinco años de los integrantes del Comité Central del partido de Gobierno y mayoritario en el Congreso Nacional.

 

La vigilia de la Sociedad Civil

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque con la ausencia de las grandes organizaciones empresariales y de las universidades, ochenta entidades de los más diversos sectores se han declarado en vigilia ante la inminencia de la reorganización del Poder Judicial y la puesta en vigencia de nuevos órganos institucionales.

Tras el proceso electoral piden la reactivación de las organizaciones sociales en reclamo de los cambios que urgen al país, incluidas  reformas políticas, control de la gestión pública, con mayor calidad del gasto, transparencia, freno al deterioro moral y lucha contra la  corrupción.

Piden movilización.  En un comunicado, ochenta entidades de los más diversos ámbitos sociales proclaman que “las organizaciones sociales necesitan reactivarse, predicar con el ejemplo, no reproducir los males que afectan a los partidos políticos, articularse mejor y emprender acciones conjuntas para lograr los cambios que con urgencia requiere nuestra sociedad”.

Plantean que en ese esfuerzo deben participar también los políticos y funcionarios públicos con verdadera preocupación por resolver los problemas nacionales, todos aquellos que hayan demostrado en la práctica un real compromiso con la institucionalidad democrática y el ejercicio ético de la función pública.

Tras una reflexión colectiva llegaron a la conclusión de que el reciente proceso electoral “ha puesto de manifiesto el notable deterioro partidario, expresado en prácticas antidemocráticas de los partidos en la elección de sus candidatos, enorme inequidad en la competencia proselitista, impunidad ante las violaciones de la Ley Electoral y los bochornosos actos de violencia, clientelismo, transfuguismo, falta de transparencia en el origen y destino de los excesivos fondos utilizados en la campaña, entre otros delitos y transgresiones”.

Los dirigentes sociales confiesan su decepción por el gran número de denuncias de fraudes e irregularidades, no sólo entre los diversos partidos, sino también en el seno de los mismos, aumentando la pérdida de confianza de la ciudadanía. “No es casual que en los principales centros urbanos, donde reside la población menos vulnerable al clientelismo, más de la mitad de los electores no acudiera a las urnas”, plantean.  Preocupados por la profundización del deterioro institucional y la falta de principios éticos en el ejercicio de la política y la administración del Estado, “se comprometen a intensificar la vigilancia sobre los poderes públicos a fin de promover que la política y la conducción del Estado se ejerzan con responsabilidad”.

Reestructuración institucional.   Las ochenta organizaciones exhortan a la ciudadanía y a la prensa nacional  a mantenerse muy vigilantes de los cambios institucionales que se derivan de la nueva Constitución, priorizando la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, como organismo responsable de la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia a ser reestructurada, y de los nuevos órganos judiciales, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.

Aunque el comunicado no lo dice, en muchos dirigentes sociales subyacen temores de que el control absoluto del Congreso Nacional y del Consejo Nacional de la Magistratura por parte del bloque gobernante genere una subordinación del Poder Judicial al interés político partidista, por lo que plantean que sus integrantes “deben seleccionarse en estricto cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos en la Constitución, de manera que haya garantía de que actuarán con independencia e imparcialidad”.

Reclaman particular atención a la instauración del Tribunal Constitucional, “cuyas decisiones son definitivas e irrevocables” y porque “es la entidad que tendrá la responsabilidad de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”.

El comunicado llama la atención sobre la elección del Defensor del Pueblo, que suponen que tendrá lugar tras dársele rango constitucional, después de ocho años de haberse aprobado la ley que lo instituye. Esperan que cuente con independencia y los recursos necesarios para cumplir su objetivo.

Se refieren también a la próxima reestructuración de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas, de la que dicen que “debe mejorar substancialmente su desempeño como órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado”.

Los grandes ausentes.   La agenda denominada  “Más Movilización Ciudadana para Mejorar la Institucionalidad Democrática” fue objeto de la reflexión y planteamientos de decenas de entidades de todos los ámbitos sociales, incluidos  la Federación de Asociaciones Industriales y  la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, pero se echa de menos al Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, la Cámara Americana de Comercio y las asociaciones de industriales de Santiago.

También es notable la ausencia de las universidades, con la excepción del Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Tampoco aparecen las iglesias evangélicas que, al igual que las entidades cúpulas del empresariado, formaron parte de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y del Foro Ciudadano, que en los finales de los noventa y hasta hace pocos años jugaron un papel relevante en la promoción de la institucionalidad democrática.

Mucho se ha especulado en los últimos dos o tres años sobre las razones que tuvo el alto empresariado para reducir su participación en las concertaciones sociales. Algunos la atribuyen a cansancio, otros a temores al poder político, otros a frustraciones de dirigentes y a predominio de los más conservadores.

Entre los sustentadores de la agenda hay múltiples entidades católicas, como la Confederación Dominicana de Religiosos, que congrega las órdenes religiosas, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, y el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo.

También las Hermanas Carmelitas de la Enseñanza, las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, la Pastoral de Turismo de la Diócesis de San Pedro de Macorís y Radio Santa María y Radio Marién.

Del Frente sindical sólo firma el comunicado el Consejo de la Unidad Sindical.

El grueso son entidades como Participación Ciudadana, Fundación Justicia y Transparencia, Alianza Dominicana contra la Corrupción y el Comité pro Defensa de los Derechos Barriales.

También  Ciudad Alternativa, Colectiva Mujer y Salud, el Centro de Planificación y Acción Ecuménica y La Lucha.

Aparecen también decenas de organizaciones de productores agrícolas, barriales y entidades de base, incluidas juntas de vecinos.

Reformas políticas y transparencia

Las organizaciones de la sociedad civil proclaman la urgencia de “adoptar medidas para mejorar el sistema electoral, poner freno al derroche de recursos en actividades partidarias y adecentar el ejercicio de la política”. Plantean la necesidad de aprobar la ley de partidos que se debate desde hace una década, relegada por las ventajas derivadas de la falta de regulación y de la defectuosa aplicación de las disposiciones vigentes. También la ley de participación social para promover un mayor control sobre la gestión pública.

No pasan por alto los barrilitos y cofrecitos y las exoneraciones de vehículos en beneficio de los senadores y diputados, sosteniendo que “mientras los legisladores continúen apropiándose de recursos de manera ilegítima, el Congreso carecerá de autoridad para cumplir su rol de fiscalización del uso de los recursos del Presupuesto Nacional por parte de las demás instancias del Estado. Tampoco tendrá autoridad moral para aprobar nuevas cargas tributarias a la población o gravar bienes y servicios actualmente exentos”.   Tras pedir una mayor vigilancia ciudadana sobre el desempeño de los legisladores como de las autoridades municipales, exigen políticas y acciones destinadas a garantizar calidad y transparencia del gasto público y a convertir el presupuesto nacional en herramienta de desarrollo, con equidad y atención a las prioridades. También reclaman movilización para que no se difiera más el cumplimiento de la ley que hace 13 años establece un mínimo del 4 por ciento del producto bruto interno para la educación.

Así mismo llaman a combatir la corrupción y la impunidad, proclamando que “es urgente frenar el deterioro moral e institucional de las estructuras políticas y de los organismos del Estado”, ya que ambas estructuras exhiben una retroalimentación perversa, porque “la falta de democracia, las trampas, la corrupción y la ausencia de ética en los partidos, son conductas que la dirigencia de éstos llevan a las instituciones públicas y con los recursos materiales e institucionales del poder político impulsan el clientelismo, el favoritismo y las prácticas corruptas, como forma de fortalecer las estructuras partidarias”.

 

Quiebra institucional con las candidaturas

Por Juan Bolívar Díaz
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La presentación de los candidatos para las elecciones legislativas y municipales de mayo próximo  al caer el plazo legal esta semana dejó evidente la precariedad de la institucionalidad y la democracia en un sistema partidista que ha degradado la política al nivel del simple negocio.

Un transfuguismo sin precedentes ratifica la percepción de que todos los partidos son iguales y acentúa la desilusión de la política que se respira en todos los ambientes nacionales, mientras la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral ha sentado precedentes por el número de fallos emitidos contra la plutocracia partidista.

Precariedad institucional

A duras penas los partidos dominantes del sistema pudieron presentar sus candidaturas ante la Junta  Central Electoral (JCE) y las Juntas Municipales dejando atrás una estela de inconformidades,  cuando no impugnaciones, por la vulneración de los principios democráticos que para elegir y ser elegido encarnan la Constitución, la Ley Electoral y los mismos estatutos internos de los partidos.

Para la generalidad de los observadores la precampaña electoral de este año ha representado una regresión en los métodos empleados por los partidos para escoger sus candidaturas en relación a los tres últimos comicios legislativos y municipales. Resalta que tanto el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como el de la Liberación Dominicana (PLD) han escogido la mayor parte de las candidaturas al margen de los procedimientos democráticos, despreciando el derecho de los militantes a elegir y ser elegidos. El tercer partido del sistema, el Reformista Social Cristiano (PRSC) fue peor, ya que ni siquiera sometió un porcentaje de sus candidaturas al veredicto de sus militantes.

Tal resultado entra en abierta contradicción con el proyecto de ley de partidos políticos que busca proscribir el transfuguismo y garantizar la democracia interna de las entidades partidistas. El proyecto que se ha consensuado en múltiples ocasiones en los últimos once años establece como obligatoria la celebración de elecciones primarias para escoger los candidatos a cargos electivos.

La versión aprobada por la Cámara de Diputados en agosto del 2009 establece que el 90 por ciento de los cargos electivos tendrían que ser electos en las primarias de los partidos. Luego se llevó del 10 al 15 el porcentaje que podrían designar los órganos directivos. También sanciona con la pérdida de la curul a los legisladores que se pasen de un partido a otro.

El presidente en escena

Los arrebatos han llegado a la víspera del plazo de inscripción de candidaturas, y lo peor, protagonizados por el propio Presidente de la nación, el doctor Leonel Fernández, quien esta semana primero “juramentó” a 16 cuadros perredeístas de Santiago Rodríguez, incluyendo a un diputado y a la ex senadora Celeste Gómez. Allí el PRD respondió postulando a senador al dirigente peledeísta Bronfil Vladimir Jiménez.  La cosecha fue masiva el martes 16 cuando el presidente Fernández juramentó a unos “450 dirigentes” del PRD en Dajabón, traídos en autobuses a la capital, entre ellos precandidatos a varios cargos. Durante el fin de semana pasado el mandatario y líder peledeísta encabezó caravanas de vehículos en Santo Domingo y Santiago, mientras el vicepresidente Rafael Alburquerque lo hacía en San Francisco de Macorís. Como es habitual el desplazamiento del Presidente moviliza también a gran parte de los altos funcionarios. En las anteriores elecciones legislativas y municipales el doctor Fernández recorrió todo el país en caravanas proselitistas.

También el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, se ha puesto a la cabeza de “juramentaciones” de los tránsfugas provenientes de otros partidos. Esta semana recibió al exsecretario de las Fuerzas Armadas Juan Bautista Rojas, su esposa Matilde Franco y un hijo. Ella era vicesíndica por Santo Domingo Este. Así mismo juramentó a dirigentes reformistas y peledeístas de Neiba, Tamayo y Las Terrenas.

El espectáculo político ha tenido otras expresiones, con la postulación de por lo menos una docena de comentaristas radiofónicos en diversas boletas. El PRD inscribió a la veterana comentarista de televisión Miledys Cabral, como candidata a vicealcaldesa  del DN, a la cantante Jackeline Estévez y a la ex finalista de Miss Universo Ada Aimée de la Cruz para los mismos cargos de San Francisco de Macorís y Santo Domingo Norte.

Otra expresión de la degradación democrática de las candidaturas ha sido la gran cantidad de postulaciones otorgadas en compensación, incluso a familiares y relacionados de tránsfugas o de dirigentes y cuadros sacrificados en el difícil reparto para la integración de dos grandes coaliciones, la de 14 partidos que encarna el PLD y la de 7 del PRD.

Un simple negocio

La decepción de la política ya no es sólo expresión de los analistas independientes y dirigentes de entidades sociales que denuncian el deterioro y la corrupción, sino que crece al interior mismo de los partidos. Esta semana el doctor Hugo Tolentino, quien presidiera la convención eleccionaria del PRD, explicó tanto transfuguismo en el hecho de que “la política ha devenido en un simple negocio”.

 El proceso deja trauma en todos los partidos, con expresión en dos docenas de acciones de amparo que conoció la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral antes de la inscripción de las candidaturas y en las cuatro docenas que ha ponderado a posteriori. Desde  la misma noche del 17 cuando concluyó el registro llovieron las protestas ante el organismo nacional y en las juntas municipales. En la primera etapa hubo tres disposiciones para hacer valer candidaturas ganadas en las limitadas convenciones eleccionarias. El viernes sumaron 26 las candidaturas restituidas tras haber sido objeto de despojo.

Al analizar el proceso de elección de candidatos, el sociólogo Cándido Mercedes, dirigente de Participación Ciudadana, sentenció esta semana que “tenemos una democracia cada vez más fracturada”, estimando que los próximos integrantes del Congreso Nacional, más que expresión de la autoridad y la legitimidad de la democracia interna de los partidos, serán fuente y origen de la partidocracia, cuya esfera de acciones y decisiones viene creando una plutocracia, entendida como gobierno de unos pocos.

Diagnostica “una plutocracia en los partidos que ha devenido irradiándose en el tejido de la sociedad dominicana, apuntándose así la descomposición social y la degradación de la democracia”.

Si se exceptúa a algunos cientos de miles de personas que viven del caravaneo y el boroneo de las campañas electorales, lo que se recoge en los más diversos estratos sociales es una considerable falta de ilusión con las candidaturas.

Desde luego en todos los partidos hay candidatos de primera categoría, pero el sistema de elección por arrastre permite que por cada una de las naranjas dulces se cuelen en las canastas varias de las agrias, incluyendo algunas en proceso de descomposición y hasta ya podridas.

Grandioso espectáculo

El intercambio de candidatos, dirigentes  y militantes escenificado entre el Partido de la Liberación Dominicana  y el Partido Revolucionario Dominicano no tiene parangón en la historia nacional, aunque el transfuguismo se practica desde los primeros años de la república y alcanzó altas dimensiones en la última década, sobre todo con la progresiva desintegración del Partido Reformista Social Cristiano. Dirigentes de este partido como Angel Lockward, Héctor Rodríguez Pimentel, Leonardo Matos Berrido y otros, apoyaron al Partido de la Liberación Dominicana, luego al Partido Revolucionario Dominicano y de nuevo al peledeísmo en tres períodos electorales sucesivos.

Para el proceso electoral en marcha el transfuguismo se vio incentivado en la medida en que hubo mayor vulneración de los procedimientos democráticos. El primer caso significativo fue el del sociólogo Rafael Calderón, uno de los mayores promotores del proyecto de ley de partidos desde su curul de diputado perredeísta. Aspiró a la candidatura senatorial de Azua pero la presidencia de su partido decidió “otorgarla de dedo” al actual incumbente del cargo Rafael Díaz Filpo, lo que motivó el disgusto de Calderón, quien en noviembre negoció su paso al PLD que lo postuló a senador por su provincia.

El otro caso más sonado fue el del doctor Gilberto Serulle, diputado peledeísta por Santiago, quien fue un duro contendiente por la nominación a alcalde de su ciudad, para lo que obtuvo un amplio apoyo de dirigentes y militantes de su partido. El pacto PLD-PRSC arrasó con sus aspiraciones para terminar postulado por el PRD.

Es difícil precisar cuántos de los registrados como candidatos son fruto de canjes de chaquetas políticas. Esta vez el PRD parece haberse llevado la mayor parte, sumándose al menos 13 legisladores, dos senadores y 6 diputados del PRSC y 5 diputados peledeístas. El PLD se llevó a 3 diputados del partido blanco. Los intercambios son incontables en los niveles municipales, ya no sólo para las candidaturas a síndicos, sino también para las de regidores, así como para los 458 directores y subdirectores de los 229  distritos municipales y sus 715 vocales que se eligen este año por primera vez.

 

Otro gran discurso optimista de LF

Por Juan Bolívar Díaz

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El discurso pronunciado ayer ante la Asamblea Nacional por el Presidente Leonel Fernández se inscribe en su acostumbrado tono optimista y de gran elocuencia,  apelando a efectos emotivos,  reiterando promesas del año anterior  y proclamando el país como una especie de paraíso que escapa a los efectos de todas las crisis internacionales.

El mandatario respondió los mayores cuestionamientos a su gestión gubernamental en materia de endeudamiento externo, combate real a la pobreza y la exclusión social, así como en los sensibles campos de la crisis energética, la corrupción y la creciente inseguridad por la violencia criminal y el narcotráfico.

Derroche de optimismo.  El discurso con el que el Presidente Leonel Fernández cumplió el mandato constitucional de informar sobre su gestión gubernamental del año anterior fue un derroche de optimismo durante más de una hora y 30 minutos. Como siempre el mandatario exhibió sus excepcionales dotes de comunicador, apelando a efectos emotivos como la presentación de Sonia Marmolejos, la joven dominicana que amamantó a un niño haitiano en ocasión del terremoto que destruyó el vecino país, y de la popular jovencita Martha Heredia, ganadora de un concurso internacional de aficionados al canto, así como las referencias al reciente triunfo del Escogido en el torneo nacional de béisbol y la Serie del Caribe.

El informe comenzó proclamando la nueva Constitución como el fundamento de la consolidación de la democracia y la libertad, como objetivo fundamental del siglo 21, para luego expresar orgullo por la solidaridad dominicana frente a la tragedia de Haití, y señalar que proseguirá ejerciendo un rol de “mediación” en potenciales conflictos regionales con la misión de “convertir a la República Dominicana en un Centro Mundial para la Paz”.

Igualmente, a lo interno del país el presidente Fernández resaltó los logros de la “Cumbre de la Unidad Nacional”, celebrada a principios de 2009 y, aunque no participó el principal partido de oposición y se ha cuestionado el poco seguimiento a los acuerdos, la proclamó como “un modelo de gestión de crisis mediante el diálogo, la concertación y la confianza en el pueblo dominicano”.

Otras muestras del gran optimismo presidencial fueron cuando tras señalar los efectos de la crisis económica internacional, que se reflejó en caída de las recaudaciones fiscales y déficit fiscal, y en una notable reducción de las inversiones públicas a la que no se refirió, y caída de los principales sectores productivos, excepto la agropecuaria, sostuvo que no hubo desempleo, ya que al final del 2009, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se crearon 58 mil nuevos empleos que compensaron la reducción de los meses anteriores. Proclamó, además, que pese a todas las precariedades los dominicanos lograron el año pasado “comer más y más barato”. Luego aseveró que está haciendo “una revolución en el sistema de salud y seguridad social”.

Indiscutible estabilidad.  En lo que no podrá regatearse mérito a la gestión gubernamental del año pasado es en haber mantenido la estabilidad macroeconómica con devaluación de apenas 2.3 por ciento e inflación del 4.5%, aunque se seguirá discutiendo el milagro del  crecimiento del 3.5%, el mayor de toda América Latina junto a Bolivia, pese a la caída de los sectores productivos fundamentales, como las exportaciones nacionales y de zonas francas, la manufactura, minería, turismo y remesas. Con reducción del 9 por ciento en los ingresos fiscales.

Fernández intentó desmeritar las críticas de exceso de gasto y de endeudamiento,  aunque reconoció un déficit fiscal de RD$55 mil millones, 3.5 por ciento del producto interno  bruto, durante el 2009. Reivindicó haber actuado con “sentido de equilibrio, madurez y cordura”, afirmando categóricamente que no incurrió ni en exceso de gasto ni aumento insostenible del endeudamiento.

La generalidad de los economistas sostienen que la deuda pública se ha duplicado en los cinco años y medio continuos de Gobierno del Presidente Fernández y que ya compromete  alrededor del 45 por ciento de los ingresos fiscales, lo que para la pobreza y requerimientos sociales dominicanos es un nivel insostenible sin nuevas cargas tributarias.

Fue justamente con endeudamiento nacional e internacional, incluidos los más de mil millones de dólares recibidos a fin de año por el acuerdo con el FMI, que le facilitaría otros 1,500 millones más este año, que el Gobierno pudo concluir el 2009 con relativa estabilidad. El ministro de Hacienda, Vicente Bengoa,  llegó a decir públicamente que el Gobierno no tenía ni con qué pagar la nómina de noviembre.

Tres áreas fundamentales.  El presidente Fernández reconoció tres áreas fundamentales en las que hay profunda insatisfacción nacional –energía eléctrica, corrupción y la delincuencia con relevancia en el narcotráfico- prometiendo, como hace un año y en los anteriores, acciones eficaces para satisfacer los requerimientos de la sociedad dominicana.

Aunque cree que “es mucho lo que se ha hecho” para resolver la crisis energética nacional de por lo menos cuatro décadas, persistió en prometer nuevas inversiones, combate efectivo al robo de energía y reducción de subsidios con el objetivo de lograr un servicio confiable y eficiente. Habló de un incremento hasta el 47% de los sectores que reciben 24 horas de energía, ignorando las persistentes temporadas, como la del último mes, en que se generalizan los apagones a nivel nacional.

Prometió proseguir consultas con organismos internacionales para mejorar la transparencia del Gobierno, y casi jura que “en la defensa de los bienes del pueblo no tengo amigos”, pero en vez de anunciar la separación de funcionarios acusados de malversación,  los invita a no empañar su gestión gubernamental.

Volvió a prometer depuración de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Dirección de Control de Drogas, y mayor independencia de esta última, así como  una reducción de los generales, militares y policiales, que rondan los 300. Aunque consideró “casos aislados” la participación de miembros de esas instituciones en el narcotráfico, que en los últimos dos años han resultado en graves escándalos y que la pasada semana se expresaron día por día.

El discurso del año pasado.  El discurso presidencial repitió muchos de los planteamientos del de hace un año, incluyendo el proyecto de ley para el mercado hipotecario, el plan nacional de políticas de empleo, programas de asfaltado y viviendas así como múltiples obras públicas inconclusas. El 27 de febrero de 2009 el presidente Fernández comenzó con una larga disertación sobre la crisis económica internacional y sus repercusiones en el país, especialmente en el déficit comercial y la balanza de pagos y en los precios de los combustibles y los alimentos, así como de la energía eléctrica. Pese a ello celebró que pudo mantener la paz social y la estabilidad macroeconómica con crecimiento de  5.3 por ciento.

Cuantificó en 38,600 millones de pesos el subsidio a la energía, aparte del que se estableció en plena campaña electoral a alimentos como pan, huevos, pollo, arroz, habichuelas y cebollas, y al empleo de zonas francas.

Otros temas dominantes fueron el proyecto de nueva Constitución, las resoluciones de la “Cumbre por la Unidad Nacional frente a la Crisis Económica Mundial”,  en su mayoría pendientes de ejecución;  el crecimiento del narcotráfico, del  cual proclamó que “no pasará”;  una licitación para contratar con inversionistas privados  la construcción de la segunda línea del Metro, lo que aún no ha ocurrido, aunque el Estado ya la inició, y la promesa de establecer las rutas alimentadoras de la línea en operación, también pendiente.

Hace un año el doctor Fernández prometió la realización de un multimillonario rosario de obras públicas que no pudieron cumplirse, incluyendo la conclusión de muchas que llevan años paralizadas, entre ellas el nuevo hospital oncológico, la torre administrativa, comedor y edificios de parqueos y de investigaciones de la Universidad Autónoma,  que fueron iniciadas con los  polémicos bonos de la Sun Land. También la  remodelación de los edificios de cuatro facultades y la construcción de otros ocho centros universitarios regionales.

Otras promesas del año pasado no materializadas fueron la conclusión del mercado terminal de Santo Domingo, lo mismo decenas de acueductos, carreteras, centros de salud, incorporación de 36 mil tareas del CEA a la producción agropecuaria y millares de viviendas, así como un mayor financiamiento a la educación. Así mismo, una mesa de trabajo para coordinar las políticas del Gobierno central con los locales, convertir la Liga Municipal en un instituto de capacitación municipal y un plan nacional de ordenamiento territorial.