2009: mucho circo y poco pan

diciembre 26, 2009noviembre 4, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El 2009 ha sido un año para olvidar por los dominicanos que vieron agudizarse un proceso de descomposición política y social mientras la crisis económica golpeaba tan duro que al final, para no declararse en quiebra y sin renunciar al dispendio, el Gobierno tuvo que aferrarse a la tabla de salvación del ahora generoso Fondo Monetario Internacional.

Pese al descrédito, el Gobierno logró entretener el país con la Cumbre de las Fuerzas Vivas y el debate de una nueva Constitución, con la colaboración de los partidos opositores, mientras el sistema político mostraba extremas debilidades en la garata con puños de las elecciones de candidatos para los ya próximos comicios legislativos y municipales.

Se cayó el blindaje

Las repercusiones de la crisis económica internacional golpearon duramente el país durante el año que concluye afectando a la mayor parte de los sectores productivos con excepción de la agricultura, aumentando el desempleo y la pobreza y si termina con un crecimiento del 2 al 3 por ciento del Producto Bruto Interno hay quienes lo atribuyen al magno incremento del narcotráfico y el consecuente lavado de dinero.

La reducción de las exportaciones y las importaciones en proporciones cercanas al 25 por ciento, de la producción industrial, de zona franca y minera, así como del turismo y las remesas explican la caída de las recaudaciones fiscales en alrededor de 20 mil millones de pesos, lo que aumentó el elevado déficit fiscal del presupuesto anual, financiado con un alarmante endeudamiento nacional e internacional.

Ya para la mitad del año no había duda de que no existía el blindaje ante la crisis internacional que el Gobierno argumentó durante más de un año como forma de encubrir la continuación de su elevado gasto corriente y de evadir los ajustes fiscales y la austeridad que le reclamó casi toda la sociedad.

Al tercer trimestre del año el gobernador del Banco Central y el secretario de Economía lograron convencer al Gobierno de que para mantener la estabilidad macroeconómica tenía que recurrir al FMI, del que había adjurado reiteradas veces a través del secretario de Haciendas, quien al comenzar diciembre reconoció que el Gobierno no tenía ni con qué pagar los sueldos.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en octubre abrió al Gobierno financiamiento por 3 mil 850 millones de pesos a ser recibidos en apenas 14 meses, sin el menor compromiso de controlar el dispendio ni ajustar el gasto y con un escandaloso crecimiento del endeudamiento, que sobrepasaría el año próximo 40 por ciento del Producto Interno Bruto y obligaría a una nueva reforma impositiva sugerida ya para la segunda mitad del 2010, cuando hayan pasado las elecciones congresionales y municipales.

Gran circo nacional

Al final del año el balance de la descomposición es tan grave que llevó al presidente Leonel Fernández a aceptar una oferta de organismos internacionales para mejorar los mecanismos de prevención de la corrupción y la transparencia en la administración pública, lo que para algunos es parte del gran circo nacional.

Pero los grandes entretenimientos del país fueron la llamada Cumbre de las Fuerzas Vivas y la aprobación de la Constitución de Leonel Fernández y Miguel Vargas que ocuparon la atención nacional a lo largo del año. Hay que sumarle el caso de Sobeida Félix, objeto de todas las especulaciones tras su captura y posterior escape con los mismos ribetes de complicidad que beneficiaron a su marido el narcotraficante Figueroa Agosto.

Las dos grandes entretenciones fueron montadas exitosamente por el presidente Fernández y contribuyeron a restar atención a las graves consecuencias de la crisis económica y a las protestas sociales que se desbordaban en la primera mitad del año. Con la cumbre, convocada en enero, también desvió la atención de los escándalos con que había cerrado el 2008.

Pero sin duda su gran espectáculo fue la nueva Constitución aprobada con más del doble de los artículos de la actual, 277 contra 120, especialmente por la habilidad con que el doctor Fernández consiguió viabilizar su aprobación con el sorpresivo pacto acordado en mayo con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado a título de excandidato presidencial.

El mandatario consiguió una nueva fórmula constitucional que le permitirá volver a la Presidencia de la nación, eliminando el nunca más que establece la carta magna a ser sustituida. También logró la conformidad perredeísta para una serie de reformas que le dejarán gran influencia sobre los poderes del Estado y que lo consagran como el sucesor de Joaquín Balaguer como líder de los poderes fácticos tradicionales. Sólo a cambio de haber reconocido a Vargas Maldonado como líder del Partido Revolucionario Dominicano lo que le facilitó asumir la presidencia del mismo.

Aunque éste reivindica como triunfo la prohibición de la reelección consecutiva.

Sin oposición política

Este año el presidente Fernández terminó de echarse en los bolsillos a todos los grupos en que se ha fragmentado el instrumento partidista de Balaguer y al pactar con Vargas Maldonado logró neutralizar el mayor partido de oposición. Eso le permitió capear con relativo éxito la crisis económica y las protestas sociales, así como las insatisfacciones por la creciente percepción de corrupción y descomposición social, por la delincuencia y la terrible política de ejecuciones de presuntos delincuentes que este año cobraría más de 500 vidas, según el conteo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Aunque el nuevo líder perredeísta sostiene que el Presidente se comprometió a aprobar el proyecto de ley de partidos políticos, objeto de múltiples consensos partidistas y sociales en la última década, el año concluye sin que el Gobierno dé muestras de interés en una legislación llamada a contener y sancionar los abusos de los recursos estatales en las campañas electorales y a crear mecanismos de transparencia del financiamiento de los partidos y las campañas electorales.

El proyecto también normaría la democracia interna de los partidos, fuertemente sacudida en el proceso de selección de candidatos para los comicios de mayo próximo convertido en un mercado donde sienta sus reales el poder del dinero, incluyendo el derivado de la malversación pública y el narcotráfico.

El deterioro de la política marca el fin del 2009, período en que todas las evaluaciones internacionales ratificaron al país en los últimos escalones del desarrollo humano, la transparencia y la fortaleza institucional.

Ello explica la vehemencia con que la ciudadanía se aferró al fenómeno de la jovencita Martha Heredia en un año en que se sintió frustrada hasta por la doble derrota de la selección nacional de béisbol a manos de una Holanda que apenas ensaya en ese deporte.-

Alarmante deterioro

El 2009 cierra con creciente alarma por el incremento de la corrupción y del narcotráfico, especialmente por los niveles de involucramiento de militares y policías de todos los rangos. La frecuencia con que personal de la seguridad del Estado aparece vinculado al tráfico de drogas y hasta a matanzas derivados del mismo hace temer niveles de penetración difíciles de erradicar.

Algunos de los casos más relevantes como el del prófugo puertoriqueño José Figueroa Agosto han despertado sospechas de protección y complicidad de importantes autoridades. Aunque es relevante que en el último trimestre, tras la designación de un nuevo jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, se incrementaron las capturas de cargamentos de narcóticos, casi siempre cocaína, a ritmo de más de uno por semana.

Las denuncias de corrupción y malversación de fondos, en su mayoría develadas por periodistas, generalizaron la percepción de descomposición en amplios estamentos del Estado. Afectaron particularmente a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales y su Programa de Reducción de Apagones, donde quedó evidente la malversación en sueldos y contratos en beneficio de seguidores políticos, familiares y relacionados por montos de centenares de millones de pesos. El nuevo administrador designado en agosto ha despedido dos mil quinientos empleados y todavía no ha terminado la barrida.

Pero la gran corrupción denunciada es la que se refiere a sobre valoraciones por cientos de millones de dólares en obras como la presa de Pinalito inaugurada este año, que fue presupuestada en 119 millones de dólares para terminar en 340 millones. Hasta el nuevo director de la Comisión Nacional de Ética, Vincho Castillo, pasó a formar parte de los denunciantes, señalando sobre valoración en el contrato para la presa de Montegrande, mientras en la construcción del acueducto de Samaná se denunció un sobreprecio de hasta 450 millones de pesos.

La Secretaría de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la Lotería Nacional y hasta el Senado de la República estuvieron en la picota pública por denuncias de malversación, nepotismo y tráfico de influencia, y por compras y contrataciones en violación a la ley que las rige.

Sigue la política de ejecuciones

diciembre 12, 2009noviembre 4, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La política policial de ejecución de presuntos delincuentes, en los denominados intercambios de disparos ha proseguido con alta tasa durante este año, cuando según el informe oficial de la Procuraduría llegarían a unos 340, un centenar menos que en el 2008, pero para la Comisión Nacional de Derechos Humanos pasarían de 500.

En cualquier caso el número de muertos a manos de la PN, que contribuye a una elevada tasa de homicidios, sigue ocasionando alarma en los sectores más conscientes de la sociedad, en contraste con las máximas autoridades nacionales que parecen auspiciar una política que violenta el derecho fundamental a la vida.

De 340 a 500 muertos

El año pasado los muertos a manos de agentes policiales oscilaron entre 450 y casi 500 según las estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que preside Manuel María Mercedes. Los estimados para este año difieren considerablemente, pues mientras la contabilidad oficial los cifraba en 254 hasta septiembre, la comisión los eleva 400 en un informe dado a conocer esta semana en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Las estadísticas de la PGR se nutren de dos fuentes: la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, cuyas diferencias suelen ser de poca significación. El informe de Septiembre registra 254 muertes por acción policial en los primeros 9 meses del año, lo que implica 28.2 por mes, casi uno diario, lo que proyectado a los 12 meses del 2009, arrojaría unos 340.

En cambio la CNDH indica que en los denominados intercambios de disparos -enfrentamientos entre autoridades y supuestos delincuentes- han muerto cerca de 400 personas, asegurando que en su gran mayoría se trató de apresados con vida y luego ejecutados.

En una entrevista en Teleantillas Mercedes aseguró que ese balance es hasta septiembre y elaborado en base a recortes de los periódicos que mostró. Proyectada a los 12 meses terminaría en 533, lo que implicaría un aumento del 16% en relación a los 450 del año pasado y los 437 de 2005, que fueron los mayores registros. Sería la primera vez que sobrepasa el medio millar. En el 2007 se estimaron en 345.

Generalmente hay diferencias entre las cifras policiales y las de la CNDH y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos que preside Virgilio Almánzar, los cuales suelen aducir que las autoridades ocultan muchos casos, pero nunca tantos como esta vez, cuando las primeras son menores en más de un 50%. La diferencia se atribuye también a que muchos que mueren en los hospitales quedan registrados como heridos.

La tasa de homicidios

Las estadísticas de la PGR sobre muertes a manos de agentes policiales se reducirían este año en 25% en relación al récord histórico de 2008, lo que no se corresponde con lo percibido. Pero aún así es casi un muerto por día y equivalen al 15% de los 1,701 homicidios registrados en todo el país en los primeros 9 meses del año.

La tasa de homicidios es estimada este año en 23.25 por cada cien mil habitantes, en reducción en relación al 24.94 de 2008, pero superior a la de 20.53 de 2007. Si se le restan los caídos por balas policiales se reduciría a 19.78.

Enero fue el mes de mayor tasa de muertos por la PN, cuando cayeron 40, para un 25.83 por cien mil habitantes, y la menor fue en julio, que sólo fueron 11, para una tasa de 1.35, según las estadísticas oficiales.

La dimensión del problema puede ser percibida también cuando se compara la tasa de muertos por la PN en lo que va del año, que es de 3.46, con la de los muertos por delincuentes, que es de 9.01, pues equivale al 38%.

La tasa de muertos por la Policía llama la atención no sólo de dirigentes de organismos relacionados con los derechos humanos, sino hasta de funcionarios vinculados al combate de la delincuencia. Un latino que trabaja para la policía de Nueva York resaltaba el año pasado que en todos los Estados Unidos los muertos a manos de los agentes del orden habían sumado 391 en el 2007, sólo 46 más que los 345 estimados en el país ese año. Sólo que la población norteamericana es unas 33 veces la de República Dominicana.

Asesinatos múltiples

Las actuaciones policiales cotidianas ya no llaman mucho la atención de una sociedad acostumbrada a ver como normal que un simple policía decida quién vive o muere en los barrios pobres, en la mayoría de los casos jóvenes que se inician en la delincuencia, pero con mucha frecuencia personas inocentes. Con el agravante de que los errores o equivocaciones no pueden ser enmendados cuando se ha aniquilado una vida.

Lo que genera escándalo son los asesinatos múltiples, que en varias ocasiones han llegado a cuatro y cinco en un solo acto. HOY cifró en 121 las personas muertas por la PN en casos múltiples en los últimos tres años. El mayor de este año, según el informe de la CNDH ocurrió el 12 de febrero cuando una patrulla mató a cinco presuntos delincuentes en el ensanche Isabelita, del municipio Santo Domingo Este.

En algunos casos las documentaciones de los medios de comunicación obligan a investigar y a veces se concluye en sometimiento a la justicia de agentes responsables de verdaderas ejecuciones. Justamente el pasado jueves 10, en el Día de los Derechos Humanos, un tribunal penal del Distrito Nacional condenó a 10 años de cárcel a dos policías que el 30 de diciembre del 2008 asesinaron a cinco hombres en el parque Mirador del Sur. Con el agravante de que la PN sostuvo que eran delincuentes y luego se determinó que se trataba de choferes públicos que no tenían prontuario delictivo.

Otro grave escándalo ocurrió en enero pasado cuando se anunció que tres jóvenes vinculados al narcotráfico habían sido muertos en Puerto Plata en un intercambio de disparos con una patrulla policial. Los testimonios dieron cuenta de una masacre y la investigación arrojó que fue un encargo de una banda de narcotraficantes.

La propensión de los agentes policiales a utilizar sus armas quedó patente el lunes pasado cuando una patrulla hirió de balas a cinco en el barrio capitalino de La Ciénega que se oponían al maltrato de un enajenado mental. En los últimos dos meses se registran dos casos de personas muertas dentro de centros de salud y un tercero cuando salía de otro.

Pero el caso más escandaloso del año parece haber sido la ejecución en octubre de Cecilio Díaz y William Batista Checo, vinculados al secuestro del joven de Nagua Eduardo Baldera, asesinados no obstante haber sido entregados a autoridades policiales y de la Marina de Guerra con múltiples testigos, y en el segundo hasta con fotografías. El mismo jefe de la PN figuró entre quienes ofrecieron informaciones de la heróica actuación policial, tras la que anunció ascensos.

La firmeza de un simple alcalde pedáneo y de numerosos campesinos, y la fotografía de Batista Checo dentro de un auto patrullero, obligaron a las autoridades judiciales a designar una comisión investigadora, integrada por el Procurador General adjunto, una procuradora fiscal provincial y un mayor general de la Policía. La conclusión de que se trató de ejecuciones y la recomendación de procesos judiciales han sido cuestionadas hasta por el secretario de Interior y Policía, que en otras ocasiones ha responsabilizado a sus agentes de elevar la tasa de homicidios. Pero ante el escándalo que salpica hasta las máximas autoridades policiales, parece que se impone la defensa de lo que se señala ya como una política de Estado.

Encuesta Gallup-HOY sin cambios significativos

diciembre 6, 2009noviembre 4, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Los resultados de la última encuesta Gallup-HOY publicados esta semana no indican cambios significativos ni en los aspectos económicos ni en los políticos, en relación a la de cinco meses atrás, manteniéndose altas tasas de insatisfacción con la gestión económica del Gobierno y la corrupción administrativa.

Las preferencias electorales de cara a los comicios del próximo año y los tentativos candidatos presidenciales para el 2012 se mantienen casi similares, aunque el partido de Gobierno detuvo la picada que había registrado en julio, superando ahora al principal opositor con un tres por ciento.

Aumenta la corrupción

En general el Gobierno mantiene bajas tasas de aprobación en los aspectos fundamentales de la gestión económica y fuerte reprobación por la corrupción administrativa, incluyendo la lucha contra el narcotráfico.

Lo más notable parece ser un ligero incremento de quienes consideran que la corrupción va en aumento, los cuales pasaron de 66 por ciento en la encuesta realizada entre el 8 y 12 de julio, a 70 por ciento en la del 16 al 22 de noviembre pasado.

Sólo un 11 por ciento estima que disminuye, y el 16 por ciento que sigue igual.

También creció, del 58 al 64 por ciento, la proporción de quienes entienden que la corrupción es mayor que antes, e incluso pasaron del 48 al 53 por ciento los que creen que en el actual Gobierno supera la registrada en la gestión del presidente Hipólito Mejía.

Para otro 22 por ciento es igual y la misma proporción la considera menor.

Hasta un 85 por ciento opina que predomina la impunidad.

Igual principales problemas

La ciudadanía no manifiesta cambios significativos en la apreciación sobre los principales problemas nacionales, señalándose la inmigración ilegal, el desempleo, costo de la vida, la delincuencia y la deficiencia energética.

Es relevante que más de la mitad de los encuestados atribuye el auge del tráfico de drogas a la complicidad de las autoridades con los narcotraficantes.

La delincuencia y la pobreza fueron los otros dos factores más señalados por el 20 por ciento en ambos renglones.

Aspectos económicos

La encuesta de noviembre registra un ligero descenso del 2 por ciento entre quienes consideran mala la situación económica del país, proporción dentro del margen de error de la investigación estimado en alrededor del 2.8 por ciento.

En julio era 82 por ciento y ahora se redujo al 80, lo que sigue siendo muy elevado. Sólo el 5 por ciento de los encuestados cree que la economía está bien.

Sin embargo, crece en el mismo 2 por ciento la proporción de quienes consideran que los asuntos económicos nacionales van por mal camino, al pasar de 76 a 78 por ciento. El 19 por ciento los aprecia bien encaminados.

Las expectativas no son optimistas, pues sólo el 20 por ciento estima que la situación económica será mejor al final del actual Gobierno, mientras el 46 por ciento, cree que estará peor, y el 23 por ciento que seguirá igual. Cuando se preguntó a los encuestados por su situación económica personal los porcentajes arrojados fueron mal para el 64 por ciento, regular para el 25 y sólo el 11 por ciento la consideró buena.

Es notable que las apreciaciones de la ciudadanía sobre la situación económica no empeoraran en los últimos cinco meses, a pesar de que en el período se sintieron más fuertemente los efectos de la crisis económica nacional e internacional, a juicio de la generalidad de los economistas y analistas que registran un incremento del desempleo por la reducción de la inversión pública y de las actividades empresariales. Aunque también podría fundamentar la apreciación de autoridades del Banco Central que advierten un repunte económico en los últimos dos o tres meses, hasta el punto que han vuelto a expresar expectativas de que el crecimiento del producto interno bruto se sitúe en el 3 por ciento, aunque los últimos vaticinios internacionales no lo pasan del 1.5 por ciento.

Repercusiones políticas

Si la crisis económica ha empeorado en la segunda mitad del año por lo menos no ha repercutido en lo político, ya que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aparece deteniendo el declive en que lo situó la Gallup-HOY de julio pasado cuando sus preferencias de cara a los comicios legislativos y municipales de mayo próximo quedaron técnicamente empatadas con las que se expresaron por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

En la anterior encuesta los que planteaban que votarían por los candidatos peledeístas alcanzaban al 32 por ciento, mientras por los perredeístas se pronunciaban el 31 por ciento, y apenas 5 por ciento por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Ahora en la encuesta de noviembre el PLD mantuvo su 32 por ciento y el PRD cayó al 29, un ligero descenso aunque dentro del margen de error de la investigación mercadotécnica. Por los reformistas se manifestó ahora el 7 por ciento.

La ventaja del peledeísmo sobre el perredeísmo se amplió cuando se preguntó a los encuestados con cuál de los partidos nacionales se sienten más identificados.

En este renglón, el partido de Gobierno alcanzó casi 12 puntos sobre el principal de oposición, con porcentajes de 41.6 a 30.2.

Según esta investigación, el bipartidismo sigue firme, porque apenas el 7 por ciento se identifica con un tercer partido, el Reformista Social Cristiano, y sólo un cuarto, el Movimiento de Integración, Unidad y Cambio (MIUCA), logra sobrepasar el medio por ciento, al registrar el 0.7.

Aunque es relevante que un tercio de los encuestados no manifiestan entusiasmo por las opciones partidarias para las elecciones de mayo próximo, ya que el 22 por ciento dijo no saber o no respondió la pregunta sobre su preferencia electoral, mientras el 13 por ciento declaró que no votaría por ninguno.

Mensaje al perredeísmo

Así como la anterior encuesta Gallup-HOY llevó un mensaje al PLD, cuando apareció empatado con el PRD en preferencias electorales por primera vez en las encuestas profesionales reconocidas de los últimos 7 años, la de ahora remite a los ámbitos perredeístas, por su ligera caída.

Aunque la reducción perredeísta se mantenga en el margen de error, lo que podía esperar cualquier opción de oposición es el crecimiento, sobre todo cuando el Gobierno ha afrontado en el último año y medio la peor situación económica después de la crisis del 2003-04 determinante para la caída del PRD y el auge del PLD.

Es significativo que el partido de Gobierno mantenga sus preferencias y se reduzca la de la oposición en medio de un período caracterizado, además, por un notable deterioro de su imagen moral, por el auge de los escándalos de corrupción y particularmente del narcotráfico y por una creciente sensación de inseguridad ciudadana.

La explicación podría encontrarse, al menos en parte, en las luchas internas que durante el último año han consumido las energías de los perredeístas y en la percepción generalizada de que no sacan tiempo para aprovechar las debilidades del Gobierno.

Para algunos porque no tiene una concepción diferente en relación a la corrupción y descomposición social.

De por medio está el firme liderazgo del presidente Leonel Fernández, factor al que se atribuye, en parte, las fuertes preferencias que se repiten en esta última encuesta por la primera dama Margarita Cedeño, quien vuelve a superar a Danilo Medina tanto en el universo de los electores como entre los que simpatizan por el PLD como potencial candidata presidencial para el 2012.

Debe considerarse su fuerte dedicación al trabajo, ya que es una activista incansable y que dispone de muchos recursos estatales para realizar labores de asistencia y promoción social. Su ventaja también podría explicarse en el hecho de que Medina mantiene un bajo perfil, evadiendo confrontar el Gobierno y no se ha lanzado abiertamente a una campaña política. Cuando lo haga podría mejorar sus porcentajes.

La cifra

70 por ciento. Es la proporción de encuestados en la investigación Gallup-HOY de noviembre que considera que la corrupción va en aumento, cuatro puntos más que en julio, mientras que hasta un 85% considera que predomina la impunidad.

La democracia en retroceso

octubre 31, 2009noviembre 4, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Si hay algo que marca muy claramente el retroceso democrático dominicano es la forma en que los partidos están procediendo a elegir sus candidatos para los comicios legislativos y municipales del próximo año en alta proporción dejada en manos de las cúpulas, en contraste con el proyecto de ley de partidos que preconiza la votación primaria.

El dedo de los principales dirigentes, las encuestas y las alianzas están decidiendo las candidaturas en detrimento del derecho de los miembros que habían ganado terreno en el proceso electoral dominicano, debilitando la democracia interna y generando conflictos.

Un claro retraso

En el actual proceso de elección de candidaturas se está retrocediendo en la democracia interna de los principales partidos, incluso vulnerando el principio de libre elección por convenciones regularmente convocadas que preconiza el artículo 68 de la Ley Electoral vigente. Aunque seguramente todos convocarán delegados nacionales para que levanten las manos es un hecho incontrovertible que una gran proporción de las candidaturas serán distribuidas previamente por los principales dirigentes de los partidos.

A la cabeza de la elección de dedo se ha colocado el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que fue el primero en instituir la votación de sus bases en la elección de candidatos desde los comicios de 1978, cuando la votación de delegados fue sustituida por el voto universal de los militantes.

También el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha decidido reducir el alcance de su elección interna, en altísima proporción en el caso de las candidaturas a senadores, mientras el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), reducido al papel de comodín de los dos partidos mayoritarios, parece depender nuevamente de una alianza, esta vez con el partido de gobierno.

Para la anterior elección congresional y municipal, en el 2006, los tres partidos mayoritarios celebraron elecciones primarias para casi todos los puestos electivos, aún cuando múltiples alianzas obligaron a sustituir candidatos, pero en proporción muy inferior a lo que se plantea en la actualidad.

Hace 4 años los reformistas comenzaron coqueteando con el PLD para terminar negociando con el PRD lo que se conoció como alianza rosada que fue proclamada el 28 de febrero del 2006, cuando concluía el plazo legal para registrarla. Agotaron tres meses en negociaciones interminables que desgastaron a ambos partidos y conllevaron disturbios internos, especialmente en el PRSC que sufrió fraccionamientos de emigrantes hacia los predios del partido gobernante. Al final hubo dos grandes bloques electorales: el encarnado por el PLD, Alianza por la Democracia, Fuerza Nacional Progresista, Partido de los Trabajadores Dominicanos, Bloque Institucional Socialdemócrata, Partido Liberal de la RD y la Unión Demócrata Cristiana. En el otro, junto al PRD y el PRSC participaron el Partido Quisqueyano Demócrata, Unidad Democrática, Partido Renacentista, Alianza Social Dominicana, Partido Demócrata Popular, Partido de la Unidad Nacional, y Partido Nacional de Veteranos y Civiles.

Candidaturas reservadas

El primero en restringir el alcance de su elección primaria fue el PLD, que desde hace varias semanas anunció que no permitiría competencia interna en los lugares donde sus encuestas definen un claro ganador para senador y síndico.

El 12 de octubre el Comité Político decidió reservarse 26 de las 32 candidaturas, lo que equivale al 81%. La proporción de candidaturas a diputados, síndicos y regidores reservadas es mucho menor, y en general vinculadas a la alianza con una docena de partidos y varios fraccionamientos reformistas que reclaman participación.

En el PLD se tiene la convicción de que muchas de las candidaturas reservadas terminarán beneficiando a personas de la absoluta confianza del líder del partido y presidente de la nación, Leonel Fernández, para protegerlo de una tentativa barrida de los seguidores de Danilo Medina con mayoría en los bloques de legisladores de esa organización.

Pero ha sido el PRD el que ha roto el saco, ya que su Comité Político aprobó esta semana reservar a la presidencia del partido la elección de más de la mitad de los 3,368 cargos de elección. Ello implica el 30% de las candidaturas para senadores, diputados y síndicos, y otro 15% de las mismas para tentativas alianzas, lo que suma 45%.

También la totalidad de las candidaturas a vicesíndicos y suplentes, y el 50% de las correspondientes a los distritos municipales.

Los dos partidos mayoritarios han convocado sus primarias para este mes de noviembre, entre los días 21 y 29, alternándose por regiones. El PRSC decidió respetar las festividades navideñas dejando su escogencia para enero, probablemente a espera de comprobar las candidaturas que le deja el PLD dentro de la alianza proyectada.

Consecuencias previsibles

La restricción de la participación de las militancias de los principales partidos en la elección de las candidaturas para los comicios del 2010 se inscribe dentro de una tendencia al fortalecimiento del caudillismo, del clientelismo y del transfuguismo que se viene registrando en la política nacional y que tuvo su punto más alto en el pacto para aprobar la nueva Constitución de la República suscrito entre el presidente Leonel Fernández y el entonces sólo ex candidato presidencial Miguel Vargas Maldonado, impuesto a los legisladores de los dos partidos mayoritarios.

La repartición de altas proporciones de cargos refuerza la lealtad a quien otorga y no a los miembros de los partidos, fomentando el caudillismo. También incentiva el transfuguismo que se registra en los últimos años, primero en aras del liderazgo del presidente Fernández y ahora también del de Vargas Maldonado.

Aunque la restricción ha creado malestar en ambos partidos, el mismo es mayor en el PRD, donde las candidaturas a elegir por sus militantes no llegarán a la mitad del total, y dirigentes como Hipólito Mejía, Luis Abinader y Rafael Calderón, han advertido que eso tendrá serias consecuencias. El diputado Calderón, quien aspira a la candidatura a senador por Azua, llegó a proclamar el jueves que si la base no decide allí, perderán la provincia.

En el PLD por estar en el poder tiene mucho más que repartir, además de que tiene una tradición de mayor cohesión interna, por lo que las consecuencias previsibles no serían traumáticas. No así en el PRD, con una tradición de enconadas luchas internas y donde miles de dirigentes y militantes cifran sus expectativas de ascenso político, social y económico en un cargo electivo.

Las consecuencias pueden ser más devastadoras para un PRD en la oposición, aún sin aliados definidos, frente a un PLD que mantiene un Bloque Progresista, que en los últimos comicios incluyó a una docena de partidos y cientos de agrupamientos, con el beneficio adicional del presupuesto nacional y los recursos del Estado.

¿Y la Ley de Partidos?

Llama la atención que los líderes perredeístas, tal vez por estar tan embarcados en sus feroces luchas internas, no han insistido últimamente en la aprobación del proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, tras haber concluido la tarea constitucional. Se había dicho que existía el compromiso con el PLD de aprobarlo en octubre, tan pronto terminaran con la Constitución.

Finalmente los líderes del PRD se convencieron que aunque aprobaran ahora la Ley de Partidos, era imposible que fuera aplicada de inmediato la parte de su contenido que ponía en manos de la Junta Central Electoral la organización de las primarias de todos los partidos en una misma jornada de votación. Perdieron demasiado tiempo contando con lo que siempre pareció imposible, pero ahora pueden cometer otro error, al no insistir en la aprobación de una ley que conllevaría límites y sanciones al abuso de los recursos estatales en la campaña electoral, cada vez más escandaloso en las elecciones nacionales.

Pero es contradictorio y significativo que quienes más insistieron en la Ley de Partidos que instituye la elección primaria obligatoria para el 90 por ciento de los cargos, sean ahora los que más han restringido el derecho a elegir de sus militantes.

El artículo 47 del proyecto reza: Con la aprobación de sus integrantes, el organismo de máxima dirección colegiada de todo Partido o Agrupación Política tiene el derecho, en el marco de lo establecido en la presente Ley, de reservar a conveniencia de su organización política, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes del mismo partido o por acuerdos, alianzas o fusiones con otros Partidos o Agrupaciones Políticas, un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalentes al diez por ciento (10%) del total de las nominaciones establecidas por la Constitución y las leyes en todo el país, para los puestos de senador, diputado, síndico y regidor. Luego se dijo que el diez por ciento había sido elevado al 15.

El nuevo PRD debe afinar su puntería

octubre 25, 2009noviembre 4, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Cuatro dictámenes de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (CC-JCE) contra actos de la dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en tres meses deberían ser suficientes para provocar una corrección del rumbo de esa organización, avocada a nuevas confrontaciones internas por la próxima elección de candidatos.

Aunque muchos no lo quieren expresar públicamente en los ámbitos perredeístas crece la frustración por el rumbo de confrontación en que se encuentran y cada vez son más los que creen que sus nuevos dirigentes tendrán que retomar el camino de la pluralidad democrática y negociar adentro como lo hacen afuera del partido.

Un golpe político. El PRD sufrió un golpe político que bien pudo evitar con las dos resoluciones desfavorables emitidas en el fin de semana pasado por la Cámara Contenciosa de la JCE que impidieron la juramentación de los más de dos mil dirigentes electos en su Vigésimo Séptima Convención Ordinaria.

No fue suficiente la resolución 068 de la noche del viernes 16, pues sin aportar ningún elemento ni documento de consideración la apelaron en cuestión de horas provocando la 069 que ratifica la anterior en todas sus partes.

El dictamen del viernes dispuso la suspensión de la asamblea de delegados convocada para el domingo 18, a fin de juramentar los nuevos dirigentes, vicepresidentes, secretarios generales, subsecretarios generales y secretarios de organización del nivel nacional y de los comités municipales, electos el 27 de septiembre hasta tanto los organismos correspondientes conozcan las impugnaciones a esos resultados.

La apelación fue despachada por los jueces electorales el mismo sábado 18 en que fue presentada, bajo el simple argumento de no haberse aportado los documentos nuevos, que de haber sido conocidos, hubieren podido variar la decisión.

Como resultado, el PRD tuvo que suspender el acto a horas de su realización, habiendo gastado en su preparación más de cuatro millones de pesos, como se informó, tal vez tratando de aminorar el mayor costo en la credibilidad y habilidad del partido blanco para dirimir sus diferencias internas mediante los mecanismos instituidos, sin tener que ponerse en manos del órgano nacional de contención electoral.

Cadena de reveses

La instancia elevada a la CC-JCE por Guido Gómez Mazara y Tony Peña Guaba, como candidatos a la secretaría general y la secretaría de organización, fue la tercera que los perredeístas llevan ante ese organismo en relación a la convención eleccionaria y en poco más de tres meses. Las dos anteriores fueron motorizadas por seguidores del ex presidente Hipólito Mejía, tras un acuerdo logrado en el Comité Político para proclamar a unanimidad a Vargas Maldonado presidente del partido sin tener que someterlo a votación de la militancia.

Ese pacto le ofreció una oportunidad de asumir la dirección del PRD sin mayores traumas, pero al parecer se sobrepasaron de inmediato, pues en la misma sesión se tomaron otras decisiones que rompieron la unanimidad, como el aplazamiento de la convención eleccionaria hasta después de las elecciones del 2010 y la convocatoria a la reforma estatutaria el 19 de julio, mediante asamblea de delegados que también habría de elegir los integrantes de varias comisiones.

La instancia fue acogida por la CC-JCE con su resolución 049 del 17 de julio que limitó los alcances de la Asamblea a celebrarse dos días después al declararla única y exclusivamente para la proclamación y juramentación del ingeniero Miguel Vargas Maldonado como presidente del Partido Revolucionario Dominicano. También dispuso la continuación de la elección de los demás puestos dirigenciales, mediante nueva convocatoria acorde con los estatutos del partido.

Pero los asambleístas liderados por el grupo que promueve a Vargas Maldonado no asimilaron el revés y rebasaron con mucho el límite señalado, procediendo a designar los integrantes del Consejo Nacional de Disciplina, de la Comisión de Control, de la Comisión de Reforma Estatutaria, y de la Comisión Nacional Consultiva así como a elegir presidente en funciones, secretario general y subsecretario general interinos.

Una segunda instancia impugnadora llegó a la CC-JCE, esta vez encabezada por el mismo Hipólito Mejía, la que prosperó en varios de sus reclamos, cuando el órgano de control mediante su resolución 059 del 14 de septiembre, anuló todas las decisiones que rebasaron el límite de la juramentación de Vargas, excepto la designación de los dirigentes interinos porque posteriormente fueron validados por el Comité Ejecutivo Nacional al que correspondía estatutariamente.

Una guerra avisada

Cumpliéndose los vaticinios, el PRD está montando un nuevo espectáculo de confrontaciones internas que amenazan extenderse a la Convención Extraordinaria que en un mes debe escoger los candidatos para los comicios de mayo próximo. Ya Hipólito Mejía acusó al grupo de Vargas Maldonado de pretender quedarse con el 70 por ciento de las postulaciones.

La situación es más complicada que en crisis anteriores, por cuanto esta vez no hay un árbitro respetado en el interior del partido, lo que remite a nuevas instancias ante la CC-JCE, cuando aún no se resuelven las impugnaciones a la convención de septiembre, que pretendieron ignorarse, sin siquiera convocar a un diálogo a los impugnadores. La circunstancia de que el presidente del partido actúe más como jefe de grupo que como líder de la totalidad contribuye a las complicaciones.

Entre dirigentes perredeístas se expresan cada vez más reservas y preocupaciones. Tirso Mejía Ricart dijo esta semana que si el partido quiere avanzar en el 2010 para volver al poder en el 2012 como proclama el grupo dominante, tiene que retomar el camino de la concertación interna. Insistió en que es una grave contradicción negociar y conciliar afuera y al mismo tiempo excluir y avasallar adentro. El Foro Renovador propuso un acuerdo de gobernabilidad perredeísta.

El grupo de Luis Abinader ha insistido en la necesidad de concertación interna, comenzando por una revisión imparcial del resultado de la votación de septiembre. Y más de un centenar de dirigentes pidieron la convocatoria de la Comisión Política para buscar soluciones.

Otros dirigentes disienten de la estrategia de imponer un liderazgo absoluto, pero no quieren expresarlo públicamente, unos por temor a ser marginados, otros porque no quieren aparecer como si hicieran causa común con Hipólito Mejía o Guido Gómez, y otros por cansancio y frustración. Pero la generalidad reconoce que por el camino que llevan se alejan de las posibilidades de recuperar el favor popular que tuvieron entre 1994 y el 2002 y que malversaron en el Gobierno. Hay también quienes pretenden ignorar el costo de la confrontación interna subestimando al partido gobernante y su líder.

La prueba de que está difícil lo del liderazgo único en el PRD es que Guido Gómez y Tony Peña Guaba consiguieran el 40 por ciento de la votación de la militancia del PRD, teniendo abiertamente en contra al manager y los árbitros. Así les será difícil avanzar en mayo frente a la alianza y el poder que encarna el Partido de la Liberación Dominicana y su líder el presidente Fernández.

Una larga distracción

La Convención para escoger dirigentes ha ocupado la atención del perredeísmo desde noviembre del 2008 cuando se anunció que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado aspiraría a la presidencia del partido, lo que conllevaba un conflicto puesto que se le sabía trabajando para volver a ser candidato presidencial en el 2012, y los estatutos prohibían compartir ambas investiduras.

Muchos consideraron un error estratégico que Vargas Maldonado no auspiciara un candidato de amplitud para la presidencia y se constituyera en foco de conflicto cuando ya se publicaba un apoyo casi total entre senadores, diputados, síndicos y dirigentes perredeístas. En Los desvaríos del PRD (HOY, 15 de noviembre del 2008) se recogían las advertencias de que ese paso desataría una lucha que llegaría por lo menos hasta las elecciones del 2010, consumiendo las energías de ese partido e impidiéndole aprovechar el desgaste del Gobierno ya en medio de una crisis económica.

Aunque el proyecto de Constitución del presidente Leonel Fernández fue introducido al Congreso en agosto del año pasado, se inició su conocimiento en abril sin que el principal partido de oposición reuniera siquiera una comisión o un organismo para discutirlo y concertar posiciones. Lo mismo ocurrió con la convocatoria a la Cumbre para enfrentar la crisis económica.

No la pudieron responder a tiempo, porque las luchas internas impedían reunir la Comisión Política

El 12 de junio era la fecha original para la convención, pero el día 3 de ese mes la Comisión Política la aplazó para el 5 de julio, luego para el año 2010 y finalmente se realizó el 27 de septiembre, pero previamente fue sustituida la Comisión Nacional Organizadora que presidía Tirso Mejía Ricart por resolución del Comité Político en marzo, la que había sido fruto de una concertación de los grupos perredeístas, excepto el de Vargas Maldonado que llevó su propia plancha y perdió la votación.

Luego le incorporaron 6 de sus seguidores en actitud conciliadora. Pero cuando Vargas asumió la presidencia eligieron su propia comisión bajo la presidencia de Tomás Hernández Alberto.

La plataforma de Leonel Fernández

octubre 17, 2009noviembre 4, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Como ocurrió con Joaquín Balaguer, a quien parece clonar políticamente, el presidente Leonel Fernández tiende a ser subestimado por sus opositores, pero con su nueva Constitución ha puesto a todos a bailar su música y se está erigiendo un pedestal para dominar por muchos años el Estado.

Con los beneficios que le reportará el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ahora sí parece cierto que lo peor de la crisis ha pasado y el mandatario dispondrá de recursos extraordinarios que le permitirán revertir el desgaste político que sus entretenidos opositores no han podido aprovechar.

Jugadas maestras. Cuando proclame su nueva Constitución y el directorio del FMI le apruebe el nuevo acuerdo configurado con sus técnicos, el presidente Leonel Fernández podrá proclamar, ahora sí con entusiasmo, que lo peor de la crisis ha pasado, mientras se habrá edificado una gran plataforma sobre la cual reinará políticamente durante muchos años.

Muchos no se lo reconocen, como ocurrió con Balaguer, pero el actual mandatario está demostrando condiciones excepcionales de jugador de las grandes ligas de la política, entreteniendo a sus adversarios internos y externos a su partido, algunos de los cuales han llegado a creer que a él lo que le interesa es irse a un organismo internacional, sin que falten los que cuchichean que el hombre está deprimido, agobiado por los insolubles problemas nacionales.

Es asombroso cómo Fernández ha puesto a todo el país a bailar su música constitucional durante más de un año, logrando subordinar el liderazgo del principal partido de oposición mientras termina de engullirse lo que queda de la disminuida estructura política que dejó su admirado Balaguer. Cierto que su conservador texto constitucional conlleva un costo político, pero él lo ha compartido con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y su presidente Miguel Vargas Maldonado, mientras se erige como el líder indiscutible de los poderes prácticos.

Al éxito de la Cumbre de las fuerzas vivas para enfrentar la crisis económica celebrada en enero, sin que le costara absolutamente nada, pero revirtiendo la pendiente en que cayó a fines del 2008 con la sentencia Sun Land y los indultos, le siguió el pacto que firmó el 14 de mayo con un Vargas Maldonado que él decidió erigir como definitivo líder de la oposición, para hacerlo compromisario de su Constitución y neutralizar los disgustos que generaría su definitivo matrimonio con las fuerzas más conservadoras de la sociedad dominicana, mientras se abre la puerta para múltiples repostulaciones a la presidencia.

Van a salvar el pacto

El pacto con el PRD ha aportado legitimidad y consenso político a la Constitución de Leonel, que ahora es también de Miguel, y sería un error dañarlo ya en la recta final, lo que también implicaría dificultades para aprobar las reformas constitucionales. Recuérdese que el PRD tiene 73 miembros en la Asamblea Nacional, teniendo que perder tres para que la alianza PLD-PRSC reúna los dos tercios necesarios.

Aunque hay quienes creen que la violación del pacto sobre la composición del Consejo de la Magistratura (CNM) fue orquestada, difícilmente haya contado con la aprobación del presidente Fernández, y se atribuye más bien a una iniciativa surgida en el mismo seno del bloque legislativo, que encontró respaldo en unos por razones procedimentales y en otros por deseos de complacer a los aliados reformistas y de bajarle los humos a los perredeístas.

La violación también podría obedecer al temor de que con dos asientos en el CNM, el PRD pudiera hacer mayoría con los dos representantes de la Suprema Corte para limitar el interés peledeísta al elegir los nuevos integrantes de esta. Igual en la elección de los miembros de los nuevos tribunales constitucional y electoral. Pero la fórmula pactada compensa al Presidente con un cuarto voto (sumados los de los presidentes de las Cámaras) ya que incorpora al Consejo al Procurador General. Al menos le garantizaría un empate en las votaciones, ya que los integrantes serían ocho.

La jugada ha salido mal ya que ha recordado a los perredeístas la practicada por la misma alianza en la reforma constitucional de 1994 para llevar a más del 50 por ciento la proporción necesaria para ganar la elección presidencial, cuando se había pactado 40 por ciento. De esa forma impidieron que José Francisco Peña Gómez, quien obtuvo 46 por ciento en primera vuelta de 1996, pudiera ser presidente de la nación. La alianza PLD-PRSC determinó la elección de Fernández en la segunda vuelta por 52 a 48 por ciento.

Alguna fórmula encontrarán para salvar el pacto, porque aunque los reformistas defienden con garras su participación en el CNM, no tienen alternativa a la alianza electoral con el PLD, ni van a renunciar a las cuotas gubernamentales que tienen. En cambio desairar al PRD podría revertir los beneficios obtenidos de las negociaciones.

La plataforma de Leonel

Hay consenso entre analistas económicos de que los términos de la carta de intención para el acuerdo con el FMI son generosos, al facilitarle al gobierno 5,400 millones de dólares en lo que resta de este año y el 2010, para que incentive la superación de la recesión, mediante el gasto social y obras públicas. Así lo han expresado economistas como Apolinar Veloz y Fernando Alvarez Bogaert y Bernardo Vega, quien lo planteó el miércoles 14 en su artículo de HOY titulado FMI: Muchos recursos y pocos compromisos. La brillante abogada Marisol Vicens Bello coincide en lo mismo en su artículo Como anillo al Dedo en El Caribe del jueves 15.

Las consecuencias de llevar la carga de la deuda a más del 40 por ciento del producto bruto interno se sentirán a partir de tres o cuatro años, cuando ya el presidente Fernández será el supremo as de la política nacional. Repitiendo el festival de gasto de la campaña electoral pasada, (ya se habla de repartir en los próximos meses al menos 70 mil tarjetas solidaridad) en alianza con todos los grupos reformistas, incluyendo los expertos en manipulaciones electorales de todo género, a punto de sumar el partido de Hatuey a su frente de 12 organizaciones, y con el PRD dividido, sus posibilidades de quedarse en mayo próximo con la mayoría congresional son altas, lo que a su vez representaría un serio revés para su pobre oposición. El PLD reclamará el éxito de un nuevo triunfo electoral pese a haber atravesado por la grave crisis económica de este 2009.

No hay dudas de que el liderazgo de Fernández será determinante en la escogencia de la mayoría de los candidatos a senadores y diputados para los comicios del año próximo, lo que le dará el control del Congreso por los próximos 6 años, hasta el 2016 cuando podría volver a repostularse, gracias a su nueva Constitución.

Si controla el Congreso, determinará leyes y financiamiento, y elegirá Junta Central Electoral y Cámara de Cuentas. Y controlando el Consejo Nacional de la Magistratura se garantiza la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Con su liderazgo indiscutible en el PLD y el archipiélago reformista, Fernández no puede tener preocupación sobre quién gane la presidencia en el 2012, si no logra pasar un plebiscito que le abra una brecha para quedarse.

Así, cualquiera que gobierne, sea Vargas Maldonado o mejor si es Danilo Medina, tendrá que contar con Leonel Fernández, quien preservará la presidencia del partido y de ñapa su poderosa, y ahora también academia de enseñanza superior, Fundación Global y Desarrollo. Más no se puede pedir.

A bailar tocan

La música de Leonel ha engatusado tanto a los nuevos líderes del PRD que la están bailando con entusiasmo, hasta el punto de pretender competir con él por la clientela conservadora, olvidándose de su propio espacio político, al cual desprecian convencidos de que si el presidente no es candidato ellos tienen la pista completa para disfrutar del baile.

Cuando Fernández consagró a Vargas Maldonado como líder del PRD y posible próximo presidente, lo empujó al camino del caudillismo autocrático, incentivando la confrontación interna en un perredeísmo que nunca ha necesitado mucho estímulo exterior para auto destrozarse, pero que se había configurado como la formación política de mayor práctica democrática interna. De paso le impedía sacar beneficio político de la crisis económica que ha generado una severa recesión en un país que se había acostumbrado a un galopante gasto público que en el cuatrienio 2004-08 se elevó en 143 por ciento.

Sin importar el costo de la repartición y los escándalos de corrupción, uno de los mayores éxitos políticos de Fernández ha sido engullirse la amalgama grupal en que ha devenido el reformismo social cristiano. Todos los grupos de ese archipiélago son ya subordinados políticos del líder peledeísta y la presidencia del partido se ejerce ahora desde la cancillería de la República. Algunos de esos escandalosos costos alcanzan decenas de millones de dólares, como el atribuido esta semana por Vincho Castillo a Héctor Rodríguez Pimentel en el contrato de la presa de Monte Grande.

Miguel Vargas en un laberinto

octubre 3, 2009noviembre 4, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La estrategia del ingeniero Miguel Vargas Maldonado de asumir un liderazgo único en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) salió adelante en su convención eleccionaria del domingo 27 de septiembre, al imponer los dirigentes de su preferencia, pero a cambio de exclusiones generadoras de profundas confrontaciones.

El nuevo liderazgo perredeísta ha desaprovechado un año de crisis económica para el Gobierno consumiéndose en su propia salsa y en vez de afianzarse como alternativa prefiere pactar con el presidente Leonel Fernández para imponer lo que podría ser una de las constituciones más atrasadas de la historia nacional.

La maquinaria bajó línea

A ningún buen observador puede haberle sorprendido el resultado inicial de la Vigésimo Séptima Convención Nacional Ordinaria del PRD. Los estrategas de Miguel Vargas Maldonado lograron el doble objetivo de cerrar el paso a Guido Gómez Mazara y Tony Peña Guaba, imponiendo en la Secretaría General y en la Secretaría de Organización a dos dirigentes con los que se sienten cómodos: Orlando Jorge Mera y Geanilda Vásquez.

Gómez Mazara y Peña Guaba son remanentes del viejo PRD que, aunque a menudo erráticamente, se movió entre el centro y la izquierda política, y es simbólico que sean hijos de Maximiliano Gómez, el obrero que encarnó el mayor liderazgo en los años de apogeo del Movimiento Popular Dominicano, y del líder histórico del perredeísmo, José Francisco Peña Gómez.

Tal como reconoció por televisión el secretario general provisional Mario Torres, la maquinaria bajó la línea y eso se cumplió. Hubiese sido desastroso que no ocurriera después que se llegó al extremo de publicar páginas en los periódicos bajo el título El PRD decidió, exhortando a votar para ratificar a Vargas Maldonado con el 98 por ciento, a Jorge Mera con el 60 y a Geanilda con el 40 por ciento para avanzar en el 10 y triunfar en el 12.

Las proporción de 96.35 de los votos obtenida por Vargas Maldonado en la boleta plebiscitaria que buscaba su ratificación como presidente del partido blanco, quedó apenas a, l.65 por ciento del objetivo, casi la misma proporción que le sobró a Jorge Mera, a quien se le atribuyó el 61.55 por ciento. Pero la meta quedó bien sobrepasada en el caso de la doctora Vásquez a quien se acreditó el 48.48 por ciento.

Votos significativos

Aún asumiendo que no hubiese ninguno de los fraudes que denuncian Gómez Mazara y Peña Guaba y los equipos que los impulsan, es bien significativo que enfrentando el veto del nuevo liderazgo ambos hayan podido conseguir 4 de cada 10 votos de los contados por una comisión organizadora impuesta en julio por la maquinaria, en sustitución de la que presidió el viejo perredeísta Tirso Mejía Ricart. Aunque no conformaban una plancha, a Gómez y Peña se le otorga casi la misma proporción de votos: 38.99 y 38.95 por ciento respectivamente.

Esas proporciones de la votación son suficientes para avalar los reclamos de revisión de actas que formulan los que denuncian fraude, pero pocos creen que haya algún organismo perredeísta en capacidad de dilucidar el conflicto con suficiente imparcialidad y menos para admitir que se haya apelado a maniobras fraudulentas.

De hecho es sumamente difícil verificar el resultado, porque habría que apelar a varios miles de actas de todo el país, ya que no hay resultados segregados por municipios. Las actas de los centros de votación fueron transmitidas directamente al centro de cómputos del PRD, donde se fueron acumulando, con el agravante de que el primer boletín se ofreció sin previamente haber buscado que fuera avalado por los representantes de los candidatos.

Pero aún en el caso de que las denuncias no fueren más que pataleo de los vencidos, el trauma es mayor por percibirse como imposición del nuevo liderazgo partidario sobre la voluntad de las bases. Pocos dudan que de no haber tenido el veto de Vargas Maldonado y sus estrategas Gómez Mazara y Peña Guaba hubiesen resultado electos.

El costo puede ser mayor

Que el 39 por ciento de la militancia quede insatisfecho con los resultados ofrecidos es un costo fuerte, pero el mismo está llamado a multiplicarse cuando se conozcan los 21 vicepresidentes y 21 subsecretarios generales nacionales electos en la misma convención, cargos para los que compitieron más de 200 personas, las cuales no tienen ninguna incidencia ni representación en el procesamiento de los resultados. Los rumores de fraudes y favoritismos se sienten en todos los ámbitos del perredeísmo.

El malestar podría ser tan grande que se extienda a la convención que habrá de elegir los candidatos para los comicios congresionales y municipales de mayo próximo. Peor si Gómez Mazara y Peña Guaba persisten y llevan hasta la Junta Central Electoral sus alegatos de fraudes. De paso también se la pondrán difícil al organismo arbitral, puesto que éste no es responsable del cómputo, habiéndose limitado a prestar la tecnología de transmisión de las actas y sólo puede testimoniar sobre el orden en que se realizó la votación.

Aunque la convención perredeísta para elegir candidatos está programada para fines del próximo mes de noviembre, es muy difícil que logren realizarla antes de enero, no sólo por la confrontación derivada de la elección de dirigentes, sino especialmente porque contando con que la JCE sería la organizadora de esa primaria en virtud de la dilatada ley de partidos políticos, el partido blanco no ha iniciado el difícil proceso organizativo con miles de aspirantes a los cargos. Ya la dirigencia parece convencida de que aún si el proyecto de ley fuera aprobado en octubre, se requerirían varios meses para organizar una elección conjunta de candidaturas aunque sólo fuera de los dos partidos mayoritarios.

Pero en noviembre o enero, el PRD llegará a la elección de sus candidatos en medio de una confrontación que se inició hace un año cuando Vargas Maldonado se lanzó a la persecución de la presidencia del partido, dentro del predicamento de un solo líder que concentrara también la próxima candidatura presidencial. Para ello también sería necesario candidatos al Congreso Nacional y los municipios que respondan a esa estrategia, lo que de por sí garantiza la prolongación de las tensiones y enfrentamientos, probablemente hasta mucho después de mayo próximo. A no ser que Vargas rectifique la línea absolutista y transe internamente con tanta diligencia como ha hecho con el presidente Fernández y su partido para la aprobación de la nueva Constitución.

Una pobre inversión

Vargas Maldonado, quien ha dado muestras de ser un gran inversionista en los negocios de bienes raíces, podría quedar atrapado en un laberinto político, con una mala inversión del tiempo y sus energías dentro del partido donde más se implementó un liderazgo plural y donde dirigentes y militantes se acostumbraron al principio de la representación de las minorías y a discutir públicamente sus diferencias.

El contraste es mayor por el hecho de que mientras la estrategia interna se basa en cero acuerdos de aposento en el ámbito nacional auspicia negociaciones sin la menor transparencia ni aprobación de los organismos partidarios, asumiendo como propio el proyecto de Constitución del presidente Fernández y su partido. Peor aún cuando esos acuerdos han extremado aspectos críticos de ese proyecto, denunciados esta semana hasta por legisladores peledeístas de la categoría de Isabel Bonilla y Minou Tavárez Mirabal.

La diputada Bonilla proclamó que al comparar la Constitución vigente con la que estamos haciendo, determiné quiénes son los ganadores, qué hemos perdido y, si ganamos algo, estamos pagando un precio muy caro, que es el repudio de la población. Tavárez Mirabal, por su parte, sacudió el jueves la Asamblea con un largo discurso llamando la atención sobre la responsabilidad de los legisladores de cara al pueblo que representan, advirtiendo un notable cambio en las expectativas de dominicanos y dominicanas respecto del proceso de Reforma Constitucional, y señalando la ingrata percepción de que la ciudadanía está perdiendo la esperanza de tener una nueva y buena Constitución

Las críticas a los acuerdos Leonel-Miguel han rebasado con mucho lo referente al polémico candado constitucional a todo género de aborto, pasando por una constitucionalización de la exclusión de los hijos de los inmigrantes ilegales que avala las extremas impugnaciones de su nacionalidad que sufrió José Francisco Peña Gómez. Pero se extienden a múltiples aspectos como el sobreponer el derecho de propiedad al libre acceso a las playas, o los que fomentan el presidencialismo, la debilidad de los demás poderes del Estado, el clientelismo y la falta de transparencia.

En resumen, que el nuevo PRD pelea adentro y pacta afuera sin eficiente cálculo de los costos políticos, y desaprovechando todo un año preelectoral en que el Gobierno es sacudido por la crisis económica y por la percepción generalizada de corrupción. Compite por el electorado más conservador, aumentando la insatisfacción de una parte de sus propias bases y de las clases medias liberales que fueron decisivas en sus éxitos electorales y su vigencia de siete décadas.

PRD reniega de su legado histórico

septiembre 19, 2009noviembre 4, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se aboca el próximo domingo 27 a una elección de dirigentes nacionales que podría sellar su conversión en una organización política conservadora y autoritaria que reniega de la identidad que lo catapultó como esperanza de redención para los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Hay suficientes indicios de que el perredeísmo abandona su posición social demócrata buscando competir en desventaja con peledeístas y reformistas por el espacio conservador de la sociedad dominicana, dejando atrás el legado de sus fundadores y de su líder histórico José Francisco Peña Gómez.

La convención del 27

El PRD podría estar dando un salto ideológico definitivo el próximo domingo 27 de septiembre, cuando culmine su Vigésimo Séptima Convención Nacional Ordinaria con la elección de sus nuevos dirigentes a nivel nacional, exceptuando los de los comités zonales que son hoy día el refugio de una base otrora protagonista de lo que alguna vez fue denominado como partido de la esperanza nacional.

Con el padrón nacional de electores todos los ciudadanos están aptos para sufragar en los mismos centros de votación de la Junta Central Electoral (JCE) a fin de elegir secretario general y secretario de organización así como a 21 vicepresidentes e igual número de subsecretarios generales del nivel nacional. En cada caso son 32 pero los 11 restantes son designados por el Comité Ejecutivo.

Los perredeístas también están convocados para escoger presidente, secretario general y de organización, así como vicepresidentes y subsecretarios para sus 158 comités municipales y los de 229 distritos municipales. Así mismo habrá boletas separadas para ratificar al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, proclamado y juramentado como presidente del partido blanco en la primera etapa de la convención el pasado 19 de julio, y para elegir los dirigentes de los frentes de mujeres y jóvenes.

Una decisión controvertida excluyó la renovación de los dirigentes de los 800 comités zonales, que son la mayor expresión de la militancia perredeísta desde que hace cuatro años la última reforma estatutaria decidió convertir los comités de base en comités de colegios electorales. Se disolvieron los primeros pero no se han organizado los relevos.

No hay la menor duda sobre la ratificación de Vargas Maldonado como presidente y la disputa está centrada en la secretaría general, donde polarizan Guido Gómez Mazara y Orlando Jorge Mera. Para secretario de Organización compiten Fausto Liz, Geanilda Vásquez y Tony Peña Guaba. Los dos primeros adscritos al grupo de Vargas Maldonado, aunque se dice que la dama es la preferida del líder, por cuanto sería más manejable. Para las vicepresidencias hay 119 candidatos y casi un centenar para las subsecretarías.

Liderazgo único

Entre las transformaciones que se promueven en el PRD está la de la liquidación del liderazgo múltiple que promovió Peña Gómez en los años setenta como forma de democratizar y ampliar la militancia y la base social de su partido, pero que generó enconadas luchas internas Por eso se eligió a Vargas presidente del partido, siendo virtual candidato presidencial, requiriéndose ahora una reforma estatutaria para permitirlo.

Como Gómez Mazara corría con fuerza para la secretaría general el grupo dominante rescató a Orlando Jorge Mera, quien había renunciado a una gris gestión de secretario general, para oponerlo a quien consideraron demasiado independiente y beligerante. Gómez está mucho más cerca de la socialdemocracia perredeísta que Jorge Mera, señalado incluso como miembro de la ultraconservadora organización católica Opus Dei de origen español-franquista, pero con base en el país y otras partes del mundo.

Para lograr el objetivo de liderazgo único de Vargas Maldonado ahora mismo el último obstáculo parece ser Gómez Mazara, razón por la cual se estarían invirtiendo los mayores recursos para cerrarle el paso. En los últimos días se han publicado páginas enteras en los diarios donde la gran mayoría de los legisladores y luego de los síndicos perredeístas expresan apoyo a un sorpresivo liderazgo de Jorge Mera, por reunir condiciones de madurez, prudencia y firmeza.

Se da por hecho también que el liderazgo único de Vargas Maldonado saldrá beneficiado también con los demás niveles de elección. En el PRD nadie que no sea el ex presidente Hipólito Mejía, cada vez con menos apoyo, cree que alguien pueda disputarle exitosamente la candidatura presidencial para el 2012, lo que ha producido un clima favorable para su investidura de líder único. Los proyectos alternativos que promovían a Milagros Ortiz Bosch, Enmanuel Esquea y Virgilio Bello Rosa casi se diluyeron, mientras el de Luis Abinader no ha logrado fuerza suficiente para colocarse en el medio de la vía.

Partido conservador

El grupo dominante en el PRD está convencido de que el país se ha hecho cada vez más conservador, por lo que asume las posiciones predominantes por encima de los planteamientos históricos de ese partido, no solo en cuanto al dogma del origen de la vida, sino también en lo de la nacionalidad, coincidiendo con los grupos que negaron a Peña Gómez la condición de dominicano por ascendencia de inmigrantes haitianos.

Las formulaciones perredeístas avalan en parte el presidencialismo presente en el proyecto de constitución del presidente Leonel Fernández, la inflación de jueces y diputados y la negación de los principios de transparencia y rendición de cuentas. Está lejos de la batalla contra la malversación de los recursos públicos que desarrollan comunicadores y el liderazgo social.

El curso que lleva el PRD lo presenta en abierta competencia por los espacios conservadores, en los que los reformistas y el liderazgo del presidente Fernández le llevan gran ventaja. Desde que llegó al país en 1961 el PRD ha tenido el veto de los poderes fácticos que no ha podido vencer ni siquiera cuando sus gobiernos entregaron el control de la política económica a empresarios y representantes de los sectores dominantes.

Pese a ello fue bajo sus predicamentos de redención social que ganó el poder en cuatro oportunidades y que se convirtió en el partido de más prolongada vigencia en la historia nacional, interpretando el sentimiento liberal, con la política de inclusión social y gran alianza que rememoraba esta semana el sociólogo Wilfredo Lozano en su columna del semanario Clave.

Aunque Tirso Mejía Ricart, Ivelisse Prats, Amaury Justo, Alejandro Abreu, y con más bajo perfil Hugo Tolentino, Milagros Ortiz y otros alienten un Foro Renovador, están lejos de reunir fuerzas siquiera para moderar la derechización del partido blanco que desprecia el voto liberal apostando a ganar el voto conservador de histórico sentimiento antiperredeísta, como recordara Rosario Espinal en su artículo del miércoles 16 en HOY. La apuesta es peligrosa, porque podrían quedarse sin pito, sin flauta y sin que tocar.

Un nuevo PRD

El liderazgo perredeísta de Vargas Maldonado partió de una fuerte inversión en cuadros medios y altos que quedaron desempleados al salir del poder con el fin de la gestión presidencial de Hipólito Mejía. Con la orfandad ideológica dejada por la desaparición de Peña Gómez, no fue el carisma, el discurso o las propuestas, realistas o populistas, lo que lo hizo al ingeniero Vargas preferido de los perredeístas ante opciones como la de Ortiz Bosch o Esquea, sino su gran capacidad financiera y la proyección de una gestión empresarial capaz de generar nuevas riquezas, lo que parece fundamental en la política dominicana contemporánea.

Más que de sociólogos o politólogos tradicionales, programadores del rescate de sectores sociales, el nuevo líder se ha rodeado de tecnócratas que transportan una visión empresarial a la acción política. Montados sobre la necesidad de contener los excesos grupales de la democracia perredeísta postulan la exclusión autocrática, reclamando la incondicionalidad e imponiendo la mayoría mecánica.

Todo ello parece comportar un nuevo PRD, cada vez más alejado del que fueron portadores los fundadores encabezados por Bosch que llegó al poder en 1963, y del que forjó Peña Gómez a partir de los planteamientos socialdemócratas, ambos proyectos concebidos sobre una endeble cultura democrática de un pueblo que se ha debatido entre la opresión y la anarquía.

Bosch lo abandonó en 1973 para intentar crear un instrumento político más disciplinado, y Peña Gómez consumió su vida en él, reconocido como líder pero durante años relegado como candidato presidencial, víctima de la discriminación de sus propios compañeros.

Se ha puesto en marcha un nuevo PRD, que no necesita de comités de base y relega hasta los de zonas o intermedios, donde los frentes de masas, como los de mujeres, jóvenes o trabajadores, cada vez tienen menos importancia, que como decía un dirigente crítico recibe 17 millones de pesos al mes pero no invierte ni un peso en formación política, donde la incondicionalidad es fundamental para acceder a cargos o candidaturas. Un partido donde reina el temor a expresar disensión, a lo que se atribuyó que sólo dos de sus 73 legisladores desoyeran la disposición del nuevo líder de aprobar el artículo constitucional que valida el dogma religioso de que la vida es inviolable desde la concepción, con lo que muchos no estaban de acuerdo.

Tienen que afinar la Ley de Partidos

septiembre 12, 2009noviembre 4, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Es alentador que los dos partidos mayoritarios hayan acordado aprobar el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas tan pronto concluyan la nueva Constitución, pero antes tendrán que afinar lo referente a las elecciones primarias llamadas a ser organizadas por la Junta Central Electoral con una sola boleta.

Es virtualmente imposible elegir conjuntamente los 3 mil 602 candidatos de cada uno de los 22 partidos actualmente reconocidos, por lo que tendrán que limitarlo a los partidos mayoritarios, y parece una locura pretender que tal votación pueda realizarse con un mínimo de éxito ni siquiera en lo que resta del año.

Acuerdos alentadores. Puede considerarse positivo que los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) lograran esta semana ampliar los acuerdos para la reforma constitucional que habían pactado el 14 de mayo sus líderes Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, abarcando también la aprobación del proyecto de ley de partidos que se discute desde hace una década.

También es alentador que hayan proseguido la concertación sin que se produjera una grave confrontación o crisis ni tuviera que intervenir una mediación extra partido, siendo fruto de las comisiones partidarias instituidas a raíz del sorpresivo acuerdo preliminar de mayo. En lo concerniente al proyecto de Constitución hubo consenso en más de una veintena de aspectos, incluida la eliminación de numerosos artículos y acápites redundantes o que no merecen el rango constitucional, por ejemplo el que planteaba que Las universidades escogerán sus directivas y se regirán por sus propios estatutos.

Los nuevos acuerdos incluyen asuntos básicos de la nueva Constitución, como la creación de un Tribunal Constitucional demasiado numeroso, de 13 miembros; precisiones sobre la integración del Consejo Nacional de la Magistratura con inclusión de la segunda mayoría en las cámaras legislativas; sobre un Tribunal Superior Electoral de tres miembros; y para separar por tres meses las elecciones presidenciales y legislativas de las municipales.

Un documento base que manejan los comisionados de los dos partidos propone extender los acuerdos a otros aspectos que aún no han sido consensuados, como el devolver al Poder Ejecutivo la facultad de proponer al Senado los integrantes de la Cámara de Cuentas que, en la primera lectura, se le quitó para atribuirlo a la Cámara de Diputados, a fin de que el vigilado no proponga sus propios vigilantes.

Olvídense de este año

De lo que pueden estar seguros es de que por lo menos para esta vez es absolutamente imposible celebrar en noviembre la elección primaria, ni siquiera en lo que resta del año podría organizarla la JCE, al menos como se contempla en el proyecto de ley. Baste considerar que para los comicios nacionales de mayo próximo el proceso organizativo comenzó un año antes. Y si en mayo hay que elegir 3,602 legisladores, síndicos, vicesíndicos, regidores y directores municipales, en noviembre tendrían que ser escogidos 79 mil 244 candidatos de 22 partidos. Es imposible aunque los reduzcan a los 7 mil 204 que sumarían los de los dos partidos que obtuvieron más del 5 % de los votos en las últimas elecciones nacionales.

Lo primero es que aunque la ley se apruebe el primero de octubre, ya faltaría tiempo para los tres meses de campaña interna antes del segundo domingo de noviembre. Requeriría un reenvío para enero. Los mismos partidos no tendrían tiempo para establecer y operar un mecanismo para presentar no más de dos precandidatos para cada diputación y regiduría, y no más de tres y cinco para senadurías y síndicaturas.

Aunque esta primera vez las primarias fueren aplazadas para enero, a la JCE le resultaría difícil en tres meses aprobar el reglamento, organizar la boleta única por cada circunscripción, elaborar el instructivo para operar una elección y cómputo tan múltiple y complejo, reclutar el personal y entrenarlo para operar los más de 12 mil colegios electorales y realizar el escrutinio, elaborar los programas informáticos para la computación y ejecutar campañas para instruir y motivar a la población votante. Esa inmensa tarea requeriría, sobre todo en una primera vez, al menos 6 meses.

Como la memoria de los políticos dominicanos es bien corta, conviene recordar las experiencias de las dos últimas elecciones congresionales y municipales, a partir de la institución del voto preferencial por los diputados, es decir las del 2002 y 2006, muchas veces más simples que lo que representaría la elección de todos los candidatos de todos los partidos.

En la elección del 2002 las juntas municipales tomaron dos semanas para concluir el cómputo. Los resultados provisionales fueron proclamados el 21 de junio, es decir cinco semanas después de la votación. En el 2006 el cómputo en el Distrito Nacional finalizó el 23 de mayo, dejando perdidos 25 colegios, y en la provincia Santo Domingo se emitió el último boletín cuando sólo 2 de sus municipios habían logrado computar todos sus colegios electorales. En Santiago y otros municipios grandes tomó más de una semana completar el escrutinio. Aún cuando se entrenó al personal que operó los colegios electorales, en Santiago, DN y Santo Domingo Norte, un 60, 80 y hasta 90 por ciento de las actas de los colegios llegaron con errores en las sumatorias de votos.

Sería preferible apostar a que la ley de partidos rigiera esta primera vez para la campaña y la elección nacional, dejando las primarias para la próxima oportunidad.-

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Necesario afinamiento

Aunque no quieran admitirlo los perredeístas, que ahora son los abanderados del proyecto de Ley de Partidos, éste requiere una fuerte dosis de realismo en el aspecto de las primarias, ya que es casi imposible organizar en una sola boleta y jornada la elección de 3,602 candidatos por cada uno de los 22 partidos actualmente reconocidos. En casi todos los países donde se ha instituido la elección primaria obligatoria y conjunta se ha limitado al candidato presidencial y, en algunos casos, a los legisladores. Pero aquí se complica al incluir a los síndicos, vicesíndicos y regidores, y a los dirigentes de los distritos municipales.

El proyecto establece que para diputados y regidores los precandidatos no podrán pasar del doble de los puestos, hasta tres para senadores y hasta cinco para síndicos y vicesíndicos. Si se promedian tres por cada candidatura, habrá que bregar con 10,806 candidaturas por partido, que multiplicado por los 22 que están reconocidos sumarían 237 mil 732 precandidatos. Claro que se distribuyen en las circunscripciones de más de 150 municipios y más de 200 distritos municipales, pero en boletas que tendrán que ser elaboradas por la JCE y procesadas por las 150 juntas electorales.

Para hacer viable las primarias conjuntas tendrían que ser restringidas a los partidos que hayan obtenido el 5 por ciento de los votos, actualmente PLD y PRD, o por lo menos liberar del trámite a todos los minoritarios que concurran aliados, limitando la obligación de la elección primaria al que encabece la coalición. También podrían limitar la elección a los candidatos presidenciales, legislativos y a síndicos, dejando fuera los regidores y directores de distritos municipales. Pero aún así la carga sería insostenible para la JCE.

La negociación seguirá

El propósito de los comisionados es proseguir buscando consenso para facilitar la aprobación de la nueva Constitución este mismo mes, con la meta de aprobar en octubre la Ley de Partidos Políticos, para lo cual tendrían también que lograr acuerdos, aunque ya los hubo en la comisión multipartidaria que estudió el proyecto en la Cámara de Diputados que llegó a aprobarlo en agosto. Los planteamientos básicos del mismo han sido consensuados durante una década entre dirigentes políticos y sociales y en la Comisión para Reforma del Estado de la primera gestión del PLD, así como por el Consejo Nacional de Reforma del Estado en el gobierno perredeísta y ahora en el peledeísta.

Las comisiones de negociación están integradas, por parte del PLD, por el vicepresidente Rafael Alburquerque, los presidentes de las cámaras legislativas Reinaldo Pared y Julio César Valentín, y los juristas César Pina Toribio y Abel Rodríguez. Por el PRD los juristas Milton Ray Guevara, Virgilio Bello Rosa, Eduardo Jorge Prats, Orlando Jorge Mera y Neney Cabrera. Como ya se ha analizado (HOY, 23 de agosto 2009) el proyecto de ley de partidos contiene muchos avances fundamentales para la democratización interna de los partidos, la elección de candidatos, reglamentación de las campañas electorales, y para la transparencia del financiamiento y el gasto. Pero el proyecto tendrá que ser afinado en cuanto a la elección primaria, que pretende conjunta para todos los partidos reconocidos en una sola boleta bajo organización y escrutinio de la JCE.

En sus artículos del 35 al 49 el proyecto establece todo un sistema de regulación de la elección de candidatos de todos los partidos el segundo domingo de noviembre del año anterior a los comicios nacionales después de tres meses de campaña, cuya organización y escrutinio estará a cargo de la JCE en los colegios electorales habituales, en una sola boleta y con financiamiento del Estado, lo que implica un aumento indirecto del subsidio al partidismo político. Establece que los partidos podrán designar el 10 por ciento de los candidatos y tendrán que mantener la proporción del 33 por ciento para las mujeres.

Vargas decide no jugársela

septiembre 5, 2009noviembre 4, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, dispuso marcha atrás a los dirigentes de su organización y a su vocero en la Cámara de Diputados que habían condicionado la aprobación de aspectos de la nueva Constitución a la sanción del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas.

Aunque esta semana el senador peledeísta Tommy Galán dijo que basta con los votos de su partido y de los reformistas para aprobar la Constitución, la realidad es que a esa virtual alianza política le faltan tres votos para completar las dos terceras partes de la Asamblea Nacional mínimas para reformar la carta magna.

Ordena marcha atrás

El perredeísmo dio una nota de inconsistencia cuando su presidente Miguel Vargas Maldonado dispuso marcha atrás luego que el presidente en funciones y el secretario general provisional, así como su vocero en la Cámara de Diputados habían condicionado la aprobación de la reforma constitucional que permitiría la repostulación del presidente Leonel Fernández en el 2016, a una previa sanción del proyecto de ley de partidos.

Es obvio que Vargas Maldonado prefiere agarrarse de un acuerdo verbal que según dijo esta semana existe entre él y el líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y presidente de la nación, antes que jugársela poniéndole presión. El cambio podría haberse derivado de haber hecho conciencia de que no pueden contar con la totalidad de votos de los perredeístas para trancarle el juego a Fernández en lo referente a la modificación del artículo 49 de la actual Constitución, el cual instituye que El Presidente de la República podrá optar por un segundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República.

El asunto es que también el ex presidente Hipólito Mejía cifra esperanzas en esa reforma para poder volver a ser candidato presidencial. De hecho arrancó a hacer campaña desde el acuerdo de mayo pasado entre el presidente Fernández y Vargas Maldonado que prohibiría sólo la reelección consecutiva, pero dejando libre la opción después de un período fuera del gobierno. Se estima que Mejía conserva la lealtad de entre 5 y 8 legisladores.

La semana pasada el presidente perredeísta en funciones Andrés Bautista y el secretario general Mario Torres, ambos con rango provisional, convocaron una rueda de prensa para formular el condicionamiento que también fue anunciado por el vocero en la Cámara de Diputados José Leonel Cabrera, quien el lunes 31 rectificó al precisar que el PRD honrará su compromiso de aprobar los siete puntos del pacto por la reforma constitucional firmado el 14 de mayo entre Vargas Maldonado y Fernández Reyna. Bautista y Torres, en cambio, no volvieron a tocar el tema en la semana que concluye.

Aterrizaje constitucional

Parece obvio que el presidente Leonel Fernández y los dirigentes de su partido prefieren un suave aterrizaje de su Constitución, que fue la razón por la que el líder peledeísta buscó el acuerdo de mayo con Vargas Maldonado, quien por demás no ha manifestado mayores disparidades con el proyecto y más bien parece competir con el primer mandatario por el espacio más conservador de la sociedad dominicana, como ha quedado de manifiesto en los temas más conflictivos, como los relativos al aborto, la nacionalidad, el tribunal constitucional y otros.

Esta semana el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, dijo que en la segunda lectura del proyecto de Constitución programada para iniciarse esta semana, sólo se volverán a debatir los dos temas más polémicos, el del aborto y el de la justicia, y que los demás se aprobarán por consenso. De ser así podrían concluir en un par de semanas de labores, ya que en esas materias no hay diferencias entre los tres mayores partidos. De hecho el PRD nunca reunió algunos de sus organismos dirigenciales para analizar el proyecto de Constitución y fijar posiciones.

Sin embargo, en lo relacionado con el artículo 30 que establece la inviolabilidad de la vida desde la concepción se expresan disensiones activas tanto en el PLD como en el PRD, que se evidenció en la primera lectura. Se cree que son mucho más de la tercera parte los que no están de acuerdo con el predicamento religioso que quiere poner candado a la posibilidad de que un día se modifique el código penal para seguir la corriente universal que ha liberalizado el aborto en casos dramáticos como cuando se juega la vida de la madre o si la concepción es fruto de un acto de violencia.

Pero es una incógnita cuántos desafiarán la vigilancia religiosa convertida en chantaje moral.

Distribución de los votos

En agosto de 2008, cuando el presidente Fernández presentó su proyecto de nueva Constitución, podía contar con los dos tercios de la Asamblea Nacional. De los 210 legisladores que integran la Asamblea Nacional, 178 diputados y 32 senadores, en los comicios de 2006 el PLD obtuvo 96 diputados y 22 senadores para un total de 118, y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) logró 22 diputados y 4 senadores que totalizan 26. Entre ambas formaciones políticas sumaban 144 escaños de la asamblea, cuatro más de los dos tercios que garantizan cualquier reforma constitucional.

Pero el PRD, que salió de los comicios con 66 legisladores, 60 diputados y 6 senadores, se ha atraído 4 diputados y dos senadores reformistas y al peledeísta Raúl Mondesí, totalizando 73 escaños, para un 34.76% . La sumatoria de legisladores peledeístas y reformistas es ahora de 137 votos, faltándole tres para completar las dos terceras partes.

Nadie descarta que si es necesario para aprobar la Constitución, los gobiernistas apelen a un mercado secundario de votos para convencer a tres perredeístas de que los apoyen o no asistan a la sesión en que se vaya a conocer determinada reforma constitucional. Para la de 2002 que restableció la reelección inmediata a fin de dar paso a una repostulación del presidente Mejía, sus partidarios convencieron a los reformistas y a una docena de diputados del PLD para que les prestaran su voto.

Por otro lado se ha descartado la posibilidad de que legisladores que siguen a Danilo Medina vayan a sumarse al PRD para jubilar a Leonel e Hipólito, manteniendo la actual norma constitucional sobre la reelección, como alguna vez se barajó en círculos políticos y legislativos.

El PRSC se ha quedado sin representación en el Senado, ya que los cuatro senadores que obtuvo en la alianza con el PRD en los comicios de 2006 han abandonado esa organización. El original de La Altagracia, Amable Aristy no se juramentó y en su lugar fue designado Germán Castro, quien este año pasó a formar parte del perredeísmo, lo mismo que el de Barahona, Noé Sterling. Los de Sánchez Ramírez y Elías Piña, Félix Vásquez y Adriano Sánchez Roa, se fueron al PLD en los comicios presidenciales de 2008. Los diputados Angel Acosta Féliz y Radhamés Fermín Cruz, de Santiago, José Ramón Martínez, de Puerto Plata, y Agné Berenice Contreras, de Elías Piña pasaron al PRD, mientras Radhamés Castro emigró al PLD.

La Ley de Partidos ha creado un impasse entre bancadas PLD y PRD

Los perredeístas insisten en que hay un compromiso implícito o verbal con el PLD para aprobar la ley de partidos y los peledeístas han dicho que podrían aprobarla después que se proclame la nueva Constitución. A los primeros se les atribuye la esperanza de que eso ocurra pronto para que se instituya la elección primaria de candidatos bajo responsabilidad organizativa de la Junta Central Electoral para reducir las posibilidades de traumas internos. Por la misma razón los segundos quieren darle largas.

Pero es una verdadera ilusión pretender que la JCE pudiera organizar en dos meses, para noviembre como dice el proyecto, una elección muchas veces más compleja que las nacionales, ya que implica escoger los candidatos a 3,602 cargos electivos senadores, diputados, síndicos y vicesíndicos, regidores y directores de distritos municipales- que estarán en juego en las próximas elecciones por cada uno de 22 partidos reconocidos y en una boleta única.

Causa pánico sólo pensar en cuántos serán los precandidatos por cada partido y en la preparación de la boleta, del instructivo, la preparación del personal que operará los colegios y hará el cómputo, y muchas tareas más. Es más, hay quienes creen que nunca será posible poner en práctica una primaria conjunta con tantos partidos y para tantos cargos. En la generalidad de los países donde se ha instituido la elección primaria conjunta ha sido para escoger sólo el candidato presidencial. En algunos abarca los legislativos, y con menos partidos.

El PRD debería negociar la aprobación del proyecto de ley de partidos centrando la atención pública en sus previsiones para regular la próxima campaña electoral, transparentando el gasto, organizando las finanzas de los partidos y evitando los abusos de los recursos estatales, que como dijo el juez electoral Eddy Olivares supondrá mayores desafíos por lo que él bautizó como la guerra de los seis años, ya que esta vez se elegirá para un período de seis años a fin de unificar todos los comicios en el 2016.

Juan Bolívar Diaz Santana

juanbolivardiaz.com

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