2009: mucho circo y poco pan

Por Juan Bolívar Díaz

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El 2009 ha sido un año para olvidar por los dominicanos que vieron agudizarse un proceso de descomposición política y social mientras la crisis económica golpeaba tan duro que al final, para no declararse en quiebra y sin renunciar al dispendio, el Gobierno tuvo que aferrarse a la tabla de salvación del ahora generoso Fondo Monetario Internacional.

Pese al descrédito, el Gobierno logró entretener el país con la Cumbre de las Fuerzas Vivas y el debate de una nueva Constitución, con la colaboración de los partidos opositores, mientras el sistema político mostraba extremas debilidades en la garata con puños de las elecciones de candidatos para los ya próximos comicios legislativos y municipales.

Se cayó el blindaje

Las repercusiones de la crisis económica internacional golpearon duramente el país durante el año que concluye afectando a la mayor parte de los sectores productivos con excepción de la agricultura, aumentando el desempleo y la pobreza y si termina con un crecimiento del 2 al 3 por ciento del Producto Bruto Interno hay quienes lo atribuyen al magno incremento del narcotráfico y el consecuente lavado de dinero.

La reducción de las exportaciones y las importaciones en proporciones cercanas al 25 por ciento, de la producción industrial, de zona franca y minera, así como del turismo y las remesas explican la caída de  las recaudaciones fiscales en alrededor de 20 mil millones de pesos, lo que aumentó el elevado déficit fiscal del presupuesto anual, financiado con un alarmante endeudamiento nacional e internacional.

Ya para la mitad del año no había duda de que no existía el blindaje ante la crisis internacional que el Gobierno argumentó durante más de un año como forma de encubrir la continuación de su elevado gasto corriente y de evadir los ajustes fiscales y la austeridad que le reclamó casi toda la sociedad.

Al tercer trimestre del año el gobernador del Banco Central y el secretario de Economía lograron convencer al Gobierno de que para mantener la estabilidad macroeconómica tenía que recurrir al FMI, del que había adjurado reiteradas veces a través del secretario de Haciendas, quien al comenzar diciembre reconoció que el Gobierno no tenía ni con qué pagar los sueldos.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en octubre abrió al Gobierno financiamiento por 3 mil 850 millones de pesos a ser recibidos en apenas 14 meses, sin el menor compromiso de controlar el dispendio ni ajustar el gasto y con un escandaloso crecimiento del endeudamiento, que sobrepasaría el año próximo 40 por ciento del Producto Interno Bruto y obligaría a una nueva reforma impositiva sugerida ya para la segunda mitad del 2010, cuando hayan pasado las elecciones congresionales y municipales.

Gran circo nacional

Al final del año el balance de la descomposición es tan grave que llevó al presidente Leonel Fernández a aceptar una oferta de organismos internacionales para mejorar los mecanismos de prevención de la corrupción y la transparencia en la administración pública, lo que para algunos es parte del gran circo nacional.

Pero los grandes entretenimientos del país fueron la llamada Cumbre de las Fuerzas Vivas y la aprobación de la “Constitución de Leonel Fernández y Miguel Vargas” que ocuparon la atención nacional a lo largo del año. Hay que sumarle el caso de Sobeida Félix, objeto de todas las especulaciones tras su captura y posterior escape con los mismos ribetes de complicidad que beneficiaron a su marido el narcotraficante Figueroa Agosto.

Las dos grandes entretenciones fueron montadas exitosamente por el presidente Fernández y contribuyeron a restar atención a las graves consecuencias de la crisis económica y a las protestas sociales que se desbordaban en la primera mitad del año. Con la cumbre, convocada en enero,  también desvió la atención de los escándalos con que había cerrado el 2008.

Pero sin duda su gran espectáculo fue la nueva Constitución aprobada con más del doble de los artículos de la actual, 277 contra 120, especialmente por la habilidad con que el doctor Fernández  consiguió viabilizar su aprobación con el sorpresivo pacto acordado en mayo con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado a título de excandidato presidencial.

El mandatario consiguió una nueva fórmula constitucional que le permitirá volver a la Presidencia de la nación, eliminando el “nunca más” que establece la carta magna a ser sustituida. También logró la conformidad perredeísta para una serie de reformas que le dejarán gran influencia sobre los poderes del Estado y que lo consagran como el sucesor de Joaquín Balaguer como líder de los poderes fácticos tradicionales. Sólo a cambio de haber reconocido a Vargas Maldonado como líder del Partido Revolucionario Dominicano lo que le facilitó asumir la presidencia del mismo.

Aunque éste reivindica como triunfo la prohibición de la reelección consecutiva.

Sin oposición política

Este año el presidente Fernández terminó de echarse en los bolsillos a todos los grupos en que se ha fragmentado el instrumento partidista de Balaguer y al pactar con Vargas Maldonado logró neutralizar el mayor partido de oposición. Eso le permitió capear con relativo éxito la crisis económica y las protestas sociales, así como las insatisfacciones por la creciente percepción de corrupción y descomposición social,  por la delincuencia y la terrible política de ejecuciones de presuntos delincuentes que este año cobraría más de 500 vidas, según el conteo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Aunque el nuevo líder perredeísta sostiene que el Presidente se comprometió a aprobar el proyecto de ley de partidos políticos, objeto de múltiples consensos partidistas y sociales en la última década, el año concluye sin que el Gobierno dé muestras de interés en una legislación llamada a contener y sancionar los abusos de los recursos estatales en las campañas electorales y a crear mecanismos de transparencia del financiamiento de los partidos y las campañas electorales.

El proyecto también normaría la democracia interna de los partidos, fuertemente sacudida en el proceso de selección de candidatos para los comicios de mayo próximo convertido en un mercado donde sienta sus reales el poder del dinero, incluyendo el derivado de la malversación pública y el narcotráfico.

El deterioro de la política marca el fin del 2009, período en que todas las evaluaciones internacionales ratificaron al país en los últimos escalones del desarrollo humano, la transparencia y la fortaleza institucional.

Ello explica la vehemencia con que la ciudadanía se aferró al fenómeno de la jovencita Martha Heredia en un año en que se sintió frustrada hasta por la doble derrota de la selección nacional de béisbol a manos de una Holanda que apenas ensaya en ese deporte.-

Alarmante deterioro

El 2009 cierra con creciente alarma por el incremento de la corrupción y del narcotráfico,  especialmente por los niveles de involucramiento de militares y policías de todos los rangos. La frecuencia con que personal de la seguridad del Estado aparece vinculado al tráfico de drogas y hasta a matanzas derivados del mismo hace temer niveles de penetración difíciles de erradicar.

Algunos de los casos más relevantes como el del prófugo puertoriqueño José Figueroa Agosto han despertado sospechas de protección y complicidad de importantes autoridades. Aunque es relevante que en el último trimestre, tras la designación de un nuevo jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, se incrementaron las capturas de cargamentos de narcóticos, casi siempre cocaína, a ritmo de más de uno por semana.

Las denuncias de corrupción y malversación de fondos, en su mayoría develadas por periodistas, generalizaron la percepción de descomposición en amplios estamentos del Estado. Afectaron particularmente a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales y su Programa de Reducción de Apagones, donde quedó evidente la malversación en sueldos y contratos en beneficio de seguidores políticos, familiares y relacionados por montos de centenares de millones de pesos. El nuevo administrador designado en agosto ha despedido dos mil quinientos empleados y todavía no ha terminado la barrida.

Pero la gran corrupción denunciada es la que se refiere a sobre valoraciones  por cientos de millones de dólares en obras como la presa de Pinalito inaugurada este año, que fue presupuestada en 119 millones de dólares para terminar en 340 millones. Hasta el nuevo director de la Comisión Nacional de Ética, Vincho Castillo, pasó a formar parte de los denunciantes, señalando sobre valoración en el contrato para la presa de Montegrande, mientras en la construcción del acueducto de Samaná se denunció un sobreprecio de hasta 450 millones de pesos.

La Secretaría de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la Lotería Nacional y hasta el Senado de la República estuvieron en la picota pública por denuncias de malversación, nepotismo y tráfico de influencia, y por compras y contrataciones en violación a la ley que las rige.

 

Sigue la política de ejecuciones

Por Juan Bolívar Díaz

La política policial de ejecución de presuntos delincuentes, en los denominados  intercambios de disparos ha proseguido con alta tasa durante este año, cuando según el informe oficial de la Procuraduría llegarían a unos 340, un centenar menos que en el 2008,  pero para la Comisión Nacional de Derechos Humanos pasarían de 500.

En cualquier caso el número de muertos a manos de la PN, que contribuye a una elevada tasa de homicidios, sigue ocasionando alarma en los sectores más conscientes de la sociedad, en contraste con las máximas autoridades nacionales que parecen auspiciar una política que violenta el derecho fundamental a la vida.

De 340 a 500 muertos

El año pasado los muertos a manos de agentes policiales oscilaron entre 450 y “casi 500” según las estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que preside Manuel María Mercedes. Los estimados para este año difieren considerablemente, pues mientras la contabilidad oficial los cifraba en 254 hasta septiembre, la comisión los eleva 400 en un informe dado a conocer esta semana en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Las estadísticas de la PGR se nutren de dos fuentes: la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, cuyas diferencias suelen ser de poca significación. El informe de Septiembre  registra 254 muertes por “acción policial” en los primeros 9 meses del año, lo que implica 28.2 por mes, casi uno diario, lo que proyectado a los 12 meses del 2009, arrojaría unos 340.

En cambio la CNDH indica que “en los denominados intercambios de disparos -enfrentamientos entre autoridades y supuestos delincuentes- han muerto cerca de 400 personas”, asegurando que en su gran mayoría se trató de “apresados con vida y luego ejecutados”.

En una entrevista en Teleantillas Mercedes aseguró que ese balance es hasta  septiembre y elaborado en base a recortes de los periódicos que mostró. Proyectada a los 12 meses terminaría en 533, lo que implicaría un aumento del 16% en relación a los 450 del año pasado y los 437 de 2005, que fueron los mayores registros. Sería la primera vez que sobrepasa el medio millar. En el 2007 se estimaron en 345.

Generalmente hay diferencias entre las cifras policiales y las de la CNDH y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos que preside Virgilio Almánzar, los cuales suelen aducir que las autoridades ocultan muchos casos, pero nunca tantos como esta vez, cuando las primeras son menores en más de un 50%. La diferencia se atribuye también a que muchos que mueren en los hospitales quedan registrados como heridos.

La tasa de homicidios

Las estadísticas de la PGR sobre  muertes a manos de agentes policiales se reducirían este año en 25%  en relación al récord histórico de 2008, lo que no se corresponde con lo percibido. Pero aún así es casi un muerto por día y equivalen al 15% de los 1,701 homicidios registrados en todo el país en los primeros 9 meses del año.

La tasa de homicidios es estimada este año en 23.25 por cada cien mil habitantes, en reducción en relación al 24.94 de 2008, pero superior a la de 20.53 de 2007. Si se le restan los caídos por balas policiales se reduciría a 19.78.

Enero fue el mes de mayor tasa de muertos por la PN, cuando cayeron 40,  para un 25.83 por cien mil habitantes, y la menor fue en julio, que sólo fueron 11, para una tasa de 1.35, según las estadísticas oficiales.

La dimensión del problema puede ser percibida también cuando se compara la tasa de muertos por la PN en lo que va del año, que es de 3.46, con la de los muertos por delincuentes, que es de 9.01, pues equivale al 38%.

La tasa de muertos por la Policía llama la atención no sólo de dirigentes de organismos relacionados con los derechos humanos, sino hasta de funcionarios vinculados al combate de la delincuencia. Un latino que trabaja para la policía de Nueva York resaltaba el año pasado que en todos los Estados Unidos los muertos a manos de los agentes del orden habían sumado 391 en el 2007, sólo 46 más que los 345 estimados en el país ese año. Sólo que la población norteamericana es unas 33 veces la de República Dominicana.

Asesinatos múltiples

Las actuaciones policiales cotidianas ya no llaman mucho la atención de una sociedad acostumbrada a ver como normal que un simple policía decida quién vive o muere en los barrios pobres, en la mayoría de los casos jóvenes que se inician en la delincuencia, pero con mucha frecuencia personas inocentes. Con el agravante de que los errores o equivocaciones no pueden ser enmendados cuando se ha aniquilado una vida.

Lo que genera escándalo son los asesinatos múltiples, que en varias ocasiones han llegado a cuatro y cinco en un solo acto. HOY cifró en 121 las personas muertas por la PN en casos múltiples en los últimos tres años. El mayor de este año, según el informe de la CNDH ocurrió el 12 de febrero cuando una patrulla mató a cinco presuntos delincuentes en el ensanche Isabelita, del municipio Santo Domingo Este.

En algunos casos las documentaciones de los medios de comunicación obligan a investigar y a veces se concluye en sometimiento a la justicia de agentes responsables de verdaderas ejecuciones. Justamente el pasado jueves 10, en el Día de los Derechos Humanos, un tribunal penal del Distrito Nacional condenó a 10 años de cárcel a dos policías que el 30 de diciembre del 2008 asesinaron a cinco hombres en el parque Mirador del Sur. Con el agravante de que la PN sostuvo que eran delincuentes y luego se determinó que se trataba de choferes públicos que no tenían prontuario delictivo.

Otro grave escándalo ocurrió en enero pasado cuando se anunció que tres jóvenes vinculados al narcotráfico habían sido muertos en Puerto Plata en un intercambio de disparos con una patrulla policial. Los testimonios dieron cuenta de una masacre y la investigación arrojó que fue un encargo de una banda de narcotraficantes.

La propensión de los agentes policiales a utilizar sus armas quedó patente el lunes pasado cuando una patrulla hirió de balas a cinco en el barrio capitalino de La Ciénega que se oponían al maltrato de un enajenado mental. En los últimos dos meses se registran dos casos de personas muertas dentro de centros de salud y un tercero cuando salía de otro.

Pero el caso más escandaloso del año parece haber sido la ejecución en octubre de Cecilio Díaz y William Batista Checo, vinculados al secuestro del joven de Nagua Eduardo Baldera, asesinados no obstante haber sido entregados a autoridades policiales y de la Marina de Guerra con múltiples testigos, y en el segundo hasta con fotografías. El mismo jefe de la PN figuró entre quienes ofrecieron informaciones de la “heróica” actuación policial, tras la que anunció ascensos.

La firmeza de un simple alcalde pedáneo y de numerosos campesinos, y la fotografía de Batista Checo dentro de un auto patrullero, obligaron a las autoridades judiciales a designar una comisión investigadora, integrada por el Procurador General adjunto, una procuradora fiscal provincial y un mayor general de la Policía. La conclusión de que se trató de ejecuciones y la recomendación de procesos judiciales han sido cuestionadas hasta por el secretario de Interior y Policía, que en otras ocasiones ha responsabilizado a sus agentes de elevar la tasa de homicidios. Pero ante el escándalo que salpica hasta las máximas autoridades policiales, parece que se impone la defensa de lo que se señala ya como una política de Estado.

La democracia en retroceso

Por Juan Bolívar Díaz

Si hay algo que marca muy claramente el retroceso democrático dominicano es la forma en que los partidos están procediendo a elegir sus candidatos para los comicios legislativos y municipales del próximo año en alta proporción dejada en manos de las cúpulas, en contraste con el proyecto de ley de partidos que preconiza la votación primaria.

El dedo de los principales dirigentes, las encuestas y las alianzas están decidiendo las candidaturas en detrimento del derecho de los miembros que habían ganado terreno en el proceso electoral dominicano, debilitando la democracia interna y generando conflictos.

Un claro retraso

En el actual proceso de elección de candidaturas se está retrocediendo en la democracia interna de los principales partidos, incluso vulnerando el principio de libre elección por convenciones regularmente convocadas que preconiza el artículo 68 de la Ley Electoral vigente. Aunque seguramente todos convocarán delegados nacionales para que levanten las manos es un hecho incontrovertible que una gran proporción de las candidaturas serán distribuidas previamente por los principales dirigentes de los partidos.

A la cabeza de la elección de dedo se ha colocado el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que fue el primero en instituir la votación de sus bases en la elección de candidatos desde los comicios de 1978, cuando la votación de delegados fue sustituida por el voto universal de los militantes.

También el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha decidido reducir el alcance de su elección interna, en altísima proporción en el caso de las candidaturas a senadores, mientras el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), reducido al papel de comodín de los dos partidos mayoritarios, parece depender nuevamente de una alianza, esta vez con el partido de gobierno.

Para la anterior elección congresional y municipal, en el 2006, los tres partidos mayoritarios celebraron elecciones primarias para casi todos los puestos electivos, aún cuando múltiples alianzas obligaron a sustituir candidatos, pero en proporción muy inferior a lo que se plantea en la actualidad.

Hace 4 años los reformistas comenzaron coqueteando con el PLD para terminar negociando con el PRD lo que se conoció como “alianza rosada” que fue proclamada el 28 de febrero del 2006, cuando concluía el plazo legal para registrarla. Agotaron tres meses en negociaciones interminables que desgastaron a ambos partidos y conllevaron disturbios internos, especialmente en el PRSC que sufrió fraccionamientos de emigrantes hacia los predios del partido gobernante. Al final hubo dos grandes bloques electorales: el encarnado por el PLD, Alianza por la Democracia, Fuerza Nacional Progresista, Partido de los Trabajadores Dominicanos, Bloque Institucional Socialdemócrata, Partido Liberal de la RD y la Unión Demócrata Cristiana. En el otro, junto al PRD y el PRSC participaron el Partido Quisqueyano Demócrata, Unidad Democrática, Partido Renacentista, Alianza Social Dominicana, Partido Demócrata Popular, Partido de la Unidad Nacional, y Partido Nacional de Veteranos y Civiles.

Candidaturas reservadas

El primero en restringir el alcance de su elección primaria fue el PLD, que desde hace varias semanas anunció que no permitiría competencia interna en los lugares donde sus encuestas definen un claro ganador para senador y síndico.

El 12 de octubre el Comité Político decidió reservarse 26 de las 32 candidaturas, lo que equivale al 81%. La proporción de  candidaturas a diputados, síndicos y regidores reservadas es mucho menor, y en general vinculadas a la alianza con una docena de partidos y varios fraccionamientos reformistas que reclaman participación.

En el PLD se tiene la convicción de que muchas de las candidaturas reservadas terminarán beneficiando a personas de la absoluta confianza del líder del partido y presidente de la nación, Leonel Fernández, para protegerlo de una tentativa barrida de los seguidores de Danilo Medina con mayoría en los bloques de legisladores de esa organización.

Pero ha sido el PRD el que ha roto el saco, ya que su Comité Político aprobó esta semana reservar a la presidencia del partido la elección de más de la mitad de los 3,368 cargos de elección. Ello implica el 30% de las candidaturas para senadores, diputados y síndicos, y otro 15% de las mismas para tentativas alianzas, lo que suma 45%.

También la totalidad de las candidaturas a vicesíndicos y suplentes, y el 50% de las correspondientes a los distritos municipales.

Los dos partidos mayoritarios han convocado sus primarias para este mes de noviembre, entre los días 21 y 29, alternándose por regiones. El PRSC decidió “respetar las festividades navideñas” dejando su escogencia para enero, probablemente a espera de comprobar las candidaturas que le deja el PLD dentro de la alianza proyectada.

Consecuencias previsibles

La restricción de la participación de las militancias de los principales partidos en la elección de las candidaturas para los comicios del 2010 se inscribe dentro de una tendencia al fortalecimiento del caudillismo, del clientelismo y del transfuguismo que se viene registrando en la política nacional y que tuvo su punto más alto en el pacto para aprobar la nueva Constitución de la República suscrito entre el presidente Leonel Fernández y el entonces sólo ex candidato presidencial Miguel Vargas Maldonado, impuesto a los legisladores de los dos partidos mayoritarios.

La repartición de altas proporciones de cargos refuerza la lealtad a quien otorga y no a los miembros de los partidos, fomentando el caudillismo. También incentiva el transfuguismo que se registra en los últimos años, primero en aras del liderazgo del presidente Fernández y ahora también del de Vargas Maldonado.

Aunque la restricción ha creado malestar en ambos partidos, el mismo es mayor en el PRD, donde las candidaturas a elegir por sus militantes no llegarán a la mitad del total, y dirigentes como Hipólito Mejía, Luis Abinader y Rafael Calderón, han advertido que eso tendrá serias consecuencias. El diputado Calderón, quien aspira a la candidatura a senador por Azua, llegó a proclamar el jueves que si la base no decide allí, perderán la provincia.

En el PLD por estar en el poder tiene mucho más que repartir, además de que tiene una tradición de mayor cohesión interna, por lo que las consecuencias previsibles no serían traumáticas. No así en el PRD, con una tradición de enconadas luchas internas y donde miles de dirigentes y militantes cifran sus expectativas de ascenso político, social y económico en un cargo electivo.

Las consecuencias pueden ser más devastadoras para un PRD en la oposición, aún sin aliados definidos, frente a un PLD que mantiene un “Bloque Progresista”, que en los últimos comicios incluyó a una docena de partidos y cientos de agrupamientos, con el beneficio adicional del presupuesto nacional y los recursos del Estado.

¿Y la Ley de Partidos?

Llama la atención que los líderes perredeístas, tal vez por estar tan embarcados en  sus feroces luchas internas, no han insistido últimamente en la aprobación del proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, tras haber concluido la tarea constitucional. Se había dicho que existía el compromiso con el PLD de aprobarlo en octubre, tan pronto terminaran con la Constitución.

Finalmente los líderes del PRD se convencieron que aunque aprobaran ahora la Ley de Partidos, era imposible que fuera aplicada de inmediato la parte de su contenido que ponía en manos de la Junta Central Electoral la organización de las primarias de todos los partidos en una misma jornada de votación. Perdieron demasiado tiempo contando con lo que siempre pareció imposible, pero ahora pueden cometer otro error, al no insistir en la aprobación de una ley que conllevaría límites y sanciones al abuso de los recursos estatales en la campaña electoral, cada vez más escandaloso en las elecciones nacionales.

Pero es contradictorio y significativo que quienes más insistieron en la Ley de Partidos que instituye la elección primaria obligatoria para el 90 por ciento de los cargos, sean ahora los que más han restringido el derecho a elegir de sus militantes.

El artículo 47 del proyecto reza: “Con la aprobación de sus integrantes, el organismo de máxima dirección colegiada de todo Partido o Agrupación Política tiene el derecho, en el marco de lo establecido en la presente Ley, de reservar a conveniencia de su organización política, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes del mismo partido o por acuerdos, alianzas o fusiones con otros Partidos o Agrupaciones Políticas, un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalentes al diez por ciento (10%) del total de las nominaciones establecidas por la Constitución y las leyes en todo el país, para los puestos de senador, diputado, síndico y regidor”. Luego se dijo que el diez por ciento había sido elevado al 15.

 

 

 

PRD reniega de su legado histórico

Por Juan Bolívar Díaz

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se aboca el próximo domingo 27 a una elección de dirigentes nacionales que podría sellar su conversión en una organización política conservadora y autoritaria que reniega de la identidad que lo catapultó como esperanza de redención para los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Hay suficientes indicios de que el perredeísmo abandona su posición social demócrata buscando competir en desventaja con peledeístas y reformistas por el espacio conservador de la sociedad dominicana, dejando atrás el legado de sus fundadores y de su líder histórico José Francisco Peña Gómez.

La convención del 27

El PRD podría estar dando un salto ideológico definitivo el próximo domingo 27 de septiembre, cuando culmine su Vigésimo Séptima Convención Nacional Ordinaria con la elección de sus  nuevos dirigentes a nivel nacional, exceptuando los de los comités zonales que son hoy día el refugio de una base otrora protagonista de lo que alguna vez fue denominado como “partido de la esperanza nacional”.

Con el padrón nacional de electores todos los ciudadanos están aptos para sufragar  en los mismos centros de votación de la Junta Central Electoral (JCE) a fin de elegir secretario general y secretario de organización así como a 21 vicepresidentes e igual número de subsecretarios generales del nivel nacional. En cada caso son 32 pero los 11 restantes son designados por el Comité Ejecutivo.

Los perredeístas también están convocados para escoger presidente, secretario general y de organización, así como vicepresidentes y subsecretarios para sus 158 comités municipales y los de 229 distritos municipales. Así mismo habrá boletas separadas para ratificar al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, proclamado y juramentado  como presidente del partido blanco en la primera etapa de la convención el pasado 19 de julio, y para elegir los dirigentes de los frentes de mujeres y jóvenes.

Una decisión controvertida excluyó la renovación de los dirigentes de los 800 comités zonales, que son la mayor expresión de la militancia perredeísta desde que hace cuatro años la última reforma estatutaria decidió convertir los comités de base en comités de colegios electorales. Se disolvieron los primeros pero no se han organizado los relevos.

No hay la menor duda sobre la ratificación de Vargas Maldonado como presidente y la disputa está centrada en la secretaría general, donde polarizan Guido Gómez Mazara y Orlando Jorge Mera. Para secretario de Organización compiten Fausto Liz, Geanilda Vásquez y Tony Peña Guaba. Los dos primeros adscritos al grupo de Vargas Maldonado, aunque se dice que la dama es la preferida del líder, por cuanto sería más manejable. Para las vicepresidencias hay 119 candidatos y casi un centenar para las subsecretarías.

Liderazgo único

Entre las transformaciones que se promueven en el PRD está la de la liquidación del liderazgo múltiple que promovió Peña Gómez en los años setenta como forma de democratizar y ampliar la militancia y la base social de su partido, pero que generó enconadas luchas internas  Por eso se eligió a Vargas presidente del partido, siendo virtual candidato presidencial,  requiriéndose ahora una reforma estatutaria para permitirlo.

Como Gómez Mazara corría con fuerza para la secretaría general el grupo dominante rescató a Orlando Jorge Mera, quien había renunciado a una gris gestión de secretario general,  para oponerlo a quien consideraron demasiado independiente y beligerante. Gómez está mucho más cerca de la socialdemocracia perredeísta que Jorge Mera, señalado incluso como miembro de la ultraconservadora organización católica Opus Dei de origen español-franquista, pero con base en el país y otras partes del mundo.

Para lograr el objetivo de liderazgo único de Vargas Maldonado ahora mismo el último obstáculo parece ser Gómez Mazara, razón por la cual se estarían invirtiendo los mayores recursos para cerrarle el paso. En los últimos días se han publicado páginas enteras en los diarios donde la gran mayoría de los legisladores y luego de los síndicos perredeístas expresan apoyo a un sorpresivo liderazgo de Jorge Mera, por reunir “condiciones de madurez, prudencia y firmeza”.

Se da por hecho también que el liderazgo único de Vargas Maldonado saldrá beneficiado también con los demás niveles de elección. En el PRD nadie que no sea el ex presidente Hipólito Mejía, cada vez con menos apoyo, cree que alguien pueda disputarle exitosamente la candidatura presidencial para el 2012, lo que ha producido un clima favorable para su investidura de líder único. Los proyectos alternativos que promovían a Milagros Ortiz Bosch, Enmanuel Esquea y Virgilio Bello Rosa casi se diluyeron, mientras el de Luis Abinader no ha logrado fuerza suficiente para colocarse en el medio de la vía.

Partido conservador

El grupo dominante en el PRD está convencido de que el país se ha hecho  cada vez más conservador, por lo que asume las posiciones predominantes por encima de los planteamientos históricos de ese partido, no solo en cuanto al dogma del origen de la vida, sino también en lo de la nacionalidad, coincidiendo con los grupos que negaron a Peña Gómez la condición de dominicano por ascendencia de inmigrantes haitianos.

Las formulaciones perredeístas avalan en parte el presidencialismo presente en el proyecto de constitución del presidente Leonel Fernández, la inflación de jueces y diputados y la negación de los principios de transparencia y rendición de cuentas. Está lejos de la batalla contra la malversación de los recursos públicos que desarrollan comunicadores y el liderazgo social.

El curso que lleva el PRD lo presenta en abierta competencia por los espacios conservadores, en los que los reformistas y el liderazgo del presidente Fernández le llevan gran ventaja. Desde que llegó al país en 1961 el PRD ha tenido el veto de los poderes fácticos que no ha podido vencer ni siquiera cuando sus gobiernos entregaron el control de la política económica a empresarios y representantes de los sectores dominantes.

Pese a ello fue bajo sus predicamentos de “redención social” que ganó el poder en cuatro oportunidades y que se convirtió en el partido de más prolongada vigencia en la historia nacional, interpretando el sentimiento liberal,  con la política de inclusión social y gran alianza que rememoraba esta semana el sociólogo Wilfredo Lozano en su columna del semanario Clave.

Aunque Tirso Mejía Ricart, Ivelisse Prats, Amaury Justo, Alejandro Abreu, y con más bajo perfil Hugo Tolentino, Milagros Ortiz y otros alienten un “Foro Renovador”, están lejos de reunir fuerzas siquiera para moderar la derechización del partido blanco que desprecia el voto liberal apostando a ganar el voto conservador de histórico sentimiento antiperredeísta, como recordara Rosario Espinal en su artículo del miércoles 16 en HOY. La apuesta es peligrosa, porque podrían quedarse sin pito, sin flauta y sin que tocar.

Un nuevo PRD

El liderazgo perredeísta de Vargas Maldonado partió de una fuerte inversión en cuadros medios y altos que quedaron desempleados al salir del poder con el fin de la gestión presidencial de Hipólito Mejía. Con la orfandad ideológica dejada por la desaparición de Peña Gómez, no fue el carisma, el discurso o las propuestas, realistas o populistas, lo que lo hizo al ingeniero Vargas  preferido de los perredeístas ante opciones como la de  Ortiz Bosch o Esquea, sino su gran capacidad financiera y la proyección de una gestión empresarial capaz de generar nuevas riquezas, lo que parece fundamental en la política dominicana contemporánea.

Más que de sociólogos o politólogos tradicionales, programadores del rescate de sectores sociales, el nuevo líder se ha rodeado de tecnócratas que transportan una visión empresarial a la acción política. Montados sobre la necesidad de contener los excesos grupales de la democracia perredeísta postulan la exclusión autocrática, reclamando la incondicionalidad e imponiendo la mayoría mecánica.

Todo ello parece comportar “un nuevo PRD”, cada vez más alejado del que fueron portadores los fundadores encabezados por Bosch que llegó al poder en 1963, y del que forjó Peña Gómez a partir de los planteamientos socialdemócratas, ambos proyectos concebidos sobre una endeble cultura democrática de un pueblo que se ha debatido entre la opresión y la anarquía.

Bosch lo abandonó en 1973 para intentar crear un instrumento político más disciplinado, y Peña Gómez consumió su vida en él, reconocido como líder pero durante años relegado como candidato presidencial, víctima de la discriminación de sus propios compañeros.

Se ha puesto en marcha un nuevo PRD, que no necesita de comités de base y relega hasta los de zonas o intermedios, donde los frentes de masas, como los de mujeres, jóvenes o trabajadores, cada vez tienen menos importancia, que como decía un dirigente crítico recibe 17 millones de pesos al mes pero no invierte ni un peso en formación política, donde la incondicionalidad es fundamental para acceder a cargos o candidaturas. Un partido donde  reina el temor a expresar disensión, a lo que se atribuyó que sólo dos de sus 73 legisladores desoyeran  la disposición del nuevo líder de aprobar el artículo constitucional que valida el dogma religioso de que la vida es inviolable desde la concepción, con lo que muchos no estaban de acuerdo.

 

Tienen que afinar la Ley de Partidos

Por Juan Bolívar Díaz

Es alentador que los dos partidos mayoritarios hayan acordado aprobar el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas tan pronto concluyan la nueva Constitución, pero antes tendrán que afinar lo referente a las elecciones primarias llamadas a ser organizadas por la Junta Central Electoral con una sola boleta.

Es virtualmente imposible elegir conjuntamente los 3 mil 602 candidatos de cada uno de los 22 partidos actualmente reconocidos, por lo que tendrán que limitarlo a los partidos mayoritarios, y parece una locura pretender que tal votación pueda realizarse con un mínimo de éxito ni siquiera en lo que resta del año.

Acuerdos alentadores.  Puede considerarse positivo que los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) lograran esta semana ampliar los acuerdos para la reforma constitucional que habían pactado el 14 de mayo sus líderes Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, abarcando también la aprobación del proyecto de ley de partidos que se discute desde hace una década.

También es alentador que hayan proseguido la concertación sin que se produjera una grave confrontación o crisis ni tuviera que intervenir una mediación extra partido, siendo fruto de las comisiones partidarias instituidas a raíz del sorpresivo acuerdo preliminar de mayo. En lo concerniente al proyecto de Constitución hubo consenso en más de una veintena de aspectos, incluida  la eliminación de numerosos artículos y acápites redundantes o que no merecen el rango constitucional, por ejemplo el que planteaba que “Las universidades escogerán sus directivas y se regirán por sus propios estatutos”.

Los nuevos acuerdos incluyen asuntos básicos de la nueva Constitución, como la creación de un Tribunal Constitucional demasiado numeroso, de 13 miembros; precisiones sobre la integración del Consejo Nacional de la Magistratura con inclusión de la segunda mayoría en las cámaras legislativas; sobre un Tribunal Superior Electoral de tres miembros;  y para separar por tres meses las elecciones presidenciales y legislativas de las municipales.

Un documento base que manejan los comisionados de los dos partidos propone extender los acuerdos a otros aspectos que aún no han sido consensuados, como el devolver al Poder Ejecutivo la facultad de proponer al Senado los integrantes de la Cámara de Cuentas que, en la primera lectura, se le quitó para atribuirlo a la Cámara de Diputados, a fin de que el vigilado no proponga sus propios vigilantes.

Olvídense de este año

De lo que pueden estar seguros es de que por lo menos para esta vez es absolutamente imposible celebrar en noviembre la elección primaria, ni siquiera en lo que resta del año podría organizarla la JCE, al menos como se contempla en el proyecto de ley. Baste considerar que para los comicios nacionales de mayo próximo el proceso organizativo comenzó un año antes. Y si en mayo hay que elegir 3,602 legisladores, síndicos, vicesíndicos, regidores y directores municipales, en noviembre tendrían que ser escogidos 79 mil 244 candidatos de 22 partidos. Es imposible aunque los reduzcan a los 7 mil 204 que sumarían los de los dos partidos que obtuvieron más del 5 % de los votos en las últimas elecciones nacionales.

Lo primero es que aunque la ley se apruebe el primero de octubre, ya faltaría tiempo para los tres meses de campaña interna antes del segundo domingo de noviembre. Requeriría un reenvío para enero. Los mismos partidos no tendrían tiempo para establecer y operar un mecanismo para presentar no más de dos precandidatos para cada diputación  y regiduría, y no más de tres y cinco para senadurías  y síndicaturas.

Aunque esta primera vez las primarias fueren aplazadas para enero, a la JCE le resultaría difícil en tres meses aprobar el reglamento, organizar la boleta única por cada circunscripción, elaborar el instructivo para operar una elección y cómputo tan múltiple y complejo, reclutar el personal y entrenarlo  para operar los más de 12 mil colegios electorales y realizar el escrutinio, elaborar los programas informáticos para la computación y ejecutar campañas para instruir y motivar a la población votante. Esa inmensa tarea requeriría, sobre todo en una primera vez, al menos 6 meses.

Como la memoria de los políticos dominicanos es bien corta, conviene recordar las experiencias de las dos últimas elecciones congresionales y municipales, a partir de la institución del voto preferencial por los diputados, es decir las del 2002 y 2006, muchas veces más simples que lo que representaría la elección de todos los candidatos de todos los partidos.

En la elección del 2002 las juntas municipales tomaron dos semanas para concluir el cómputo. Los resultados provisionales fueron proclamados el 21 de junio, es decir cinco semanas después de la votación. En el 2006 el cómputo en el Distrito Nacional finalizó el 23 de mayo, dejando perdidos 25 colegios, y en la provincia Santo Domingo se emitió el último boletín cuando sólo 2 de sus municipios habían logrado computar todos sus colegios electorales. En Santiago y otros municipios grandes tomó más de una semana completar el escrutinio. Aún cuando se entrenó al personal  que operó los colegios electorales, en Santiago, DN y Santo Domingo Norte, un 60, 80 y hasta 90 por ciento de las actas de los colegios llegaron con errores en las sumatorias de votos.

Sería preferible apostar a que la ley de partidos rigiera esta primera vez para la campaña y la elección nacional, dejando las primarias para la próxima oportunidad.-

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Necesario afinamiento

Aunque no quieran admitirlo los perredeístas, que ahora son los abanderados del proyecto de Ley de Partidos, éste requiere una fuerte dosis de realismo en el aspecto de las primarias, ya que es casi imposible organizar en una sola boleta y jornada la elección de 3,602 candidatos por cada uno de los 22 partidos actualmente reconocidos. En casi todos los países donde se ha instituido la elección primaria obligatoria y conjunta se ha limitado al candidato presidencial y, en algunos casos, a los legisladores. Pero aquí se complica al incluir a los síndicos, vicesíndicos y regidores, y a los dirigentes de los distritos municipales.

El proyecto establece que para diputados y regidores los precandidatos no podrán pasar del doble de los puestos, hasta tres para senadores y hasta cinco para síndicos y vicesíndicos. Si se promedian tres por cada candidatura, habrá que bregar con 10,806 candidaturas por partido, que multiplicado por los 22 que están reconocidos sumarían 237 mil 732 precandidatos. Claro que se distribuyen en las circunscripciones de más de 150 municipios y más de 200 distritos municipales, pero en boletas que tendrán que ser elaboradas por la JCE y procesadas por las 150 juntas electorales.

Para hacer viable las primarias conjuntas tendrían que ser restringidas a los partidos que hayan obtenido el 5 por ciento de los votos, actualmente  PLD y PRD, o por lo menos liberar del trámite a todos los minoritarios que concurran aliados, limitando la obligación de la elección primaria al que encabece la coalición. También podrían limitar la elección a los candidatos presidenciales, legislativos y a síndicos, dejando fuera los regidores y directores de distritos municipales. Pero aún así la carga sería insostenible para la JCE.

La negociación seguirá

El propósito de los comisionados es proseguir buscando consenso para facilitar la aprobación de la nueva Constitución este mismo mes, con la meta de aprobar en octubre la Ley de Partidos Políticos, para lo cual tendrían también que lograr acuerdos, aunque ya los hubo en la comisión multipartidaria que estudió el proyecto en la Cámara de Diputados que llegó a aprobarlo en agosto. Los planteamientos básicos del mismo han sido consensuados durante una década entre dirigentes políticos y sociales y en la Comisión para Reforma del Estado de la primera gestión del PLD, así como por el Consejo Nacional de Reforma del Estado en el gobierno perredeísta y ahora en el peledeísta.

Las comisiones de negociación están integradas, por parte del PLD, por el vicepresidente Rafael Alburquerque, los presidentes de las cámaras legislativas Reinaldo Pared y Julio César Valentín, y los juristas César Pina Toribio y Abel Rodríguez. Por el PRD los juristas Milton Ray Guevara, Virgilio Bello Rosa, Eduardo Jorge Prats, Orlando Jorge Mera y Neney Cabrera.  Como ya se ha analizado (HOY, 23 de agosto 2009) el proyecto de ley de partidos contiene muchos avances fundamentales para la democratización interna de los partidos,  la elección de candidatos, reglamentación de las campañas electorales, y para la transparencia del financiamiento y el gasto. Pero el proyecto tendrá que ser afinado en cuanto a la elección primaria, que pretende conjunta para todos los partidos reconocidos en una sola boleta bajo organización y escrutinio de la JCE.

En sus artículos del 35 al 49 el proyecto establece todo un sistema de regulación de la elección de candidatos de todos los partidos el segundo domingo de noviembre del año anterior a los comicios nacionales después de tres meses de campaña, cuya organización y escrutinio estará a cargo de la JCE en los colegios electorales habituales, en una sola boleta y con financiamiento del Estado, lo que implica un aumento indirecto del subsidio al partidismo político. Establece que los partidos podrán designar el 10 por ciento de los candidatos y tendrán que mantener la proporción del 33 por ciento para las mujeres.

Vargas decide no jugársela

 

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, dispuso marcha atrás a los dirigentes de su organización y a su vocero en la Cámara de Diputados que habían condicionado la aprobación de aspectos de la nueva Constitución a la sanción del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas.

Aunque esta semana el senador peledeísta Tommy Galán dijo que basta con  los votos de su partido y de los reformistas para aprobar la Constitución, la realidad es que a esa virtual alianza política le faltan tres votos para completar las dos terceras partes de la Asamblea Nacional mínimas para reformar la carta magna.

Ordena marcha atrás

El perredeísmo dio una nota de inconsistencia cuando su presidente Miguel Vargas Maldonado dispuso marcha atrás luego que el presidente en funciones y el secretario general provisional, así como su vocero en la Cámara de Diputados habían condicionado la aprobación de la reforma constitucional que permitiría la repostulación del presidente Leonel Fernández en el 2016, a una previa sanción del proyecto de ley de partidos.

Es obvio que Vargas Maldonado prefiere agarrarse de un “acuerdo verbal” que según dijo esta semana existe entre él y el líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y presidente de la nación, antes que jugársela poniéndole presión. El cambio podría haberse derivado de haber hecho conciencia de que no pueden contar con la totalidad de votos de los perredeístas para trancarle el juego a Fernández en lo referente a la modificación del artículo 49 de la actual Constitución, el cual instituye que “El Presidente de la República podrá optar por un segundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás” al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República”.

El asunto es que también el ex presidente Hipólito Mejía cifra esperanzas en esa reforma para poder volver a ser candidato presidencial. De hecho arrancó a hacer campaña desde el acuerdo de mayo pasado entre el presidente Fernández y Vargas Maldonado que prohibiría sólo la reelección consecutiva, pero dejando libre la opción después de un período fuera del gobierno. Se estima que Mejía conserva la lealtad de entre 5 y 8 legisladores.

La semana pasada el presidente perredeísta  en funciones Andrés Bautista y el secretario general Mario Torres, ambos con rango provisional, convocaron una rueda de prensa para formular el condicionamiento que también fue anunciado por el vocero en la Cámara de Diputados José Leonel Cabrera, quien el lunes 31 rectificó al precisar que “el PRD honrará su compromiso de aprobar los siete puntos del pacto por la reforma constitucional” firmado el 14 de mayo entre Vargas Maldonado y Fernández Reyna. Bautista y Torres, en cambio, no volvieron a tocar el tema en la semana que concluye.

Aterrizaje constitucional

Parece obvio que el presidente Leonel Fernández y los dirigentes de su partido prefieren un suave aterrizaje de su Constitución, que fue la razón por la que el líder peledeísta buscó el acuerdo de mayo con Vargas Maldonado, quien por demás no ha manifestado mayores disparidades con el proyecto y más bien parece competir con el primer mandatario por el espacio más conservador de la sociedad dominicana, como ha quedado de manifiesto en los temas más conflictivos, como los relativos al aborto, la nacionalidad, el tribunal constitucional y otros.

Esta semana el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, dijo que en la segunda lectura del proyecto de Constitución programada para iniciarse esta semana, sólo se volverán a debatir los dos temas más polémicos, el del aborto y el de la justicia, y que los demás se aprobarán por consenso. De ser así podrían concluir en un par de semanas de labores, ya que en esas materias no hay diferencias entre los tres mayores partidos. De hecho el PRD nunca reunió algunos de sus organismos dirigenciales para analizar el proyecto de Constitución y fijar posiciones.

Sin embargo, en lo relacionado con el artículo 30 que establece la inviolabilidad de la vida “desde la concepción” se expresan disensiones activas tanto en el PLD como en el PRD, que se evidenció en la primera lectura. Se cree que son mucho más de la tercera parte los que no están de acuerdo con el predicamento religioso que quiere poner candado a la posibilidad de que un día se modifique el código penal para seguir la corriente universal que ha liberalizado el aborto en casos dramáticos como cuando se juega la vida de la madre o si la concepción es fruto de un acto de violencia.

Pero es una incógnita cuántos desafiarán la “vigilancia religiosa” convertida en chantaje moral.

Distribución de los votos

En agosto de 2008, cuando el presidente Fernández presentó su proyecto de nueva Constitución, podía contar con los dos tercios de la Asamblea Nacional. De los 210 legisladores que integran la Asamblea Nacional, 178 diputados y 32 senadores, en los comicios de 2006 el PLD obtuvo 96 diputados y 22 senadores para un total de 118, y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) logró 22 diputados y 4 senadores que totalizan 26. Entre ambas formaciones políticas sumaban 144 escaños de la asamblea, cuatro más de los dos tercios que garantizan cualquier reforma constitucional.

Pero el PRD, que salió de los comicios con 66 legisladores, 60 diputados y 6 senadores, se ha atraído 4 diputados y dos senadores reformistas y al peledeísta Raúl Mondesí, totalizando 73 escaños, para un 34.76% . La sumatoria de legisladores peledeístas y reformistas es ahora de 137 votos, faltándole tres para completar las dos terceras partes.

Nadie descarta que si es necesario para aprobar la Constitución, los gobiernistas apelen a “un mercado secundario de votos” para “convencer” a tres perredeístas de que los apoyen o no asistan a la sesión en que se vaya a conocer determinada reforma constitucional. Para la de 2002 que restableció la reelección inmediata a fin de dar paso a una repostulación del presidente Mejía, sus partidarios “convencieron” a los reformistas y a una docena de diputados del PLD para que  les prestaran su voto.

Por otro lado se ha descartado la posibilidad de que legisladores que siguen a Danilo Medina vayan a sumarse al PRD para “jubilar a Leonel e Hipólito”, manteniendo la actual norma constitucional sobre la reelección, como alguna vez se barajó en círculos políticos y legislativos.

El PRSC se ha quedado sin representación en el Senado, ya que los cuatro senadores que obtuvo en la alianza con el PRD en los comicios de 2006 han abandonado esa organización. El original de La Altagracia, Amable Aristy no se juramentó y en su lugar fue designado Germán Castro, quien este año pasó a formar parte del perredeísmo, lo mismo que el de Barahona, Noé Sterling. Los de Sánchez Ramírez y Elías Piña, Félix Vásquez y Adriano Sánchez Roa, se fueron al PLD en los comicios presidenciales de 2008. Los diputados Angel Acosta Féliz y Radhamés Fermín Cruz, de Santiago, José Ramón Martínez, de Puerto Plata, y Agné Berenice Contreras, de Elías Piña pasaron al PRD, mientras Radhamés Castro emigró al PLD.

La Ley de Partidos ha creado un impasse entre bancadas PLD y PRD

Los perredeístas insisten en que hay un compromiso “implícito” o “verbal” con el PLD para aprobar la ley de partidos y los peledeístas han dicho que podrían aprobarla después que se proclame la nueva Constitución. A los primeros se les atribuye la esperanza de que eso ocurra pronto para que se instituya la elección primaria de candidatos bajo responsabilidad organizativa de la Junta Central Electoral para reducir las posibilidades de traumas internos. Por la misma razón los segundos quieren darle largas.

Pero es una verdadera ilusión pretender que la JCE pudiera organizar en dos meses, para noviembre como dice el proyecto, una elección muchas veces más compleja que las nacionales, ya que implica escoger los candidatos a 3,602  cargos electivos –senadores, diputados, síndicos y vicesíndicos, regidores y directores de distritos municipales- que estarán en juego en las próximas elecciones por cada uno de 22 partidos reconocidos y en una boleta única.

Causa pánico sólo pensar en cuántos serán los precandidatos por cada partido y en la preparación de la boleta, del instructivo, la preparación del personal que operará los colegios y hará el cómputo, y muchas tareas más. Es más, hay quienes creen que nunca será posible poner en práctica una primaria conjunta con tantos partidos y para tantos cargos. En la generalidad de los países donde se ha instituido la elección primaria conjunta ha sido para escoger sólo el candidato presidencial. En algunos abarca los legislativos, y con menos partidos.

El PRD debería negociar la aprobación del proyecto de ley de partidos centrando la atención pública en sus previsiones para regular la próxima campaña electoral, transparentando  el gasto, organizando las finanzas de los partidos y evitando los abusos de los recursos estatales, que como dijo el juez electoral Eddy Olivares supondrá mayores desafíos por lo que él bautizó como la “guerra de los seis años”, ya que esta vez se elegirá para un período de seis años a fin de unificar todos los comicios en el 2016.

 

El PRD se la juega con la ley de partidos

Por Juan Bolívar Díaz

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tiene posibilidad de lograr la ley de partidos políticos para limitar los abusos del poder en las campañas electorales, condicionando a ello su aprobación del artículo del proyecto de Constitución que permitiría la repostulación del presidente Leonel Fernández en el 2016.

Sin embargo, para ganar apoyo de la opinión pública tienen que reconocer que ya no hay tiempo para aplicar el proyecto esta vez en lo referente a las elecciones primarias de los partidos, a fin de concentrar la atención en la reglamentación de la campaña electoral y la prohibición y sanción del abuso de los recursos del Estado.

Plantean condiciones.  El PRD condicionó el jueves su aprobación del artículo del proyecto de nueva Constitución que permitiría la repostulación del  presidente Leonel Fernández en el 2016, a que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) apruebe el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que, entre otros aspectos, obligaría a elecciones primarias y  sancionaría el abuso de los recursos estatales en las campañas electorales.

La posición fue adoptada por la dirección perredeísta después que el miércoles la mayoría de los diputados peledeístas no asistió a la sesión en que debían conocer en segunda lectura el proyecto de ley de partidos que ya aprobaron en la primera y que habían sancionado en la última semana de la legislatura que concluyó el 16 de este mes.

Tan pronto se suspendió la sesión, el vocero del PRD en la Cámara de Diputados, José Neney Cabrera, acusó a los peledeístas de boicotear la aprobación de la ley de partidos,  “para volver a abusar de los recursos del Estado en la próxima campaña electoral, como hicieron en los comicios presidenciales del año pasado”.

Ya el martes, al reunirse con el presidente de su partido, Miguel Vargas Maldonado, el bloque congresional perredeísta le expresó su disposición de “no aprobar determinados artículos del proyecto de Constitución” si primero no es promulgada la ley de partidos.

En los predios del partido blanco se ha generalizado la decisión de impedir que los recursos estatales sean determinantes en los comicios congresionales y municipales de mayo próximo.

Todavía hay posibilidad

Cuando el 14 de mayo el presidente Fernández escogió a Vargas Maldonado, sin ser presidente ni candidato del PRD, para firmar un acuerdo que viabiliza su proyecto de nueva Constitución, se interpretó que buscaba garantizarse la eliminación del precepto actual que le impide volver a ser candidato presidencial “jamás”, al agotar  un segundo período. Lo cambió por la prohibición de la reelección inmediata. El proyecto permitiría a un presidente  repostularse después de agotar dos períodos, y de haber dejado uno de intervalo.

Se entendió que aunque Fernández cuente con el voto de los legisladores reformistas, no estaba seguro de los de su propio partido, porque una buena proporción  favorece la postulación de Danilo Medina para las presidenciales del 2012. Como después del pacto unos 5 legisladores reformistas han pasado al PRD, el poder de éste ha aumentado en la Asamblea Nacional que conoce el proyecto de Constitución. Bastaría con la ausencia o el voto negativo de cinco o seis “danilistas” para que Fernández no pueda “jamás” aspirar a la presidencia.

Como se entiende que Fernández está poseído por  la “debilidad histórica nacional del continuismo”, preferirá la ley de partidos aunque imponga límites al abuso del poder estatal en los comicios del próximo año. Aprobar la ley sólo requiere la mitad más uno de los votos de los presentes siempre que se logre el quórum de la mayoría de los miembros de cada cámara, más fácil que la reforma constitucional que demanda dos terceras partes.

Por demás, el PRD podría contar con el visto bueno de gran parte de la opinión pública que simpatiza con una ley que limite los abusos de las campañas electorales, que el año pasado determinaron un déficit fiscal de 55 mil millones de pesos. Ya antes de esas elecciones la Junta Central Electoral propuso reglamentar las campañas electorales y el financiamiento de los partidos, pero se dijo que no había tiempo.

En la rueda de prensa donde anunciaron su condicionamiento de la reforma constitucional, los perredeístas entregaron a la prensa copia del informe final de la misión de la Organización de Estados Americanos que observó las elecciones presidenciales del 2008 en el que se expresa preocupación por “la utilización de recursos del Estado por parte del Poder Ejecutivo para favorecer la reelección del candidato oficialista”, y recomendó “ampliar y mejorar la ley electoral y generar nueva legislación en cuestiones tan críticas como el financiamiento y funcionamiento de los partidos políticos”.

Necesaria transacción

El proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es resultado de un reiterado consenso entre organizaciones políticas y de la sociedad civil a lo largo de una década, cuya primera versión correspondió a la Comisión para la Modernización y Reforma del Estado del primer gobierno del PLD en el período 1996-2000. Un segundo consenso, con ligeras variantes y tras nuevas consultas con instituciones políticas y sociales fue logrado por el Consejo Nacional de Reforma del Estado en el gobierno del PRD, 2000-04.

El proyecto de ley de partidos ha sido introducido al Congreso en por lo menos seis oportunidades con beneplácito de legisladores de los tres principales partidos, la última vez la semana pasada. Pero previo a su aprobación por la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, fue objeto de nuevo consenso en una comisión pluripartidista. Vale recordar que entre el 1998 y el 2006 los perredeístas tuvieron mayoría en ambas cámaras pero entonces no les interesaba esa ley.

Ahora el pretexto aducido por voceros del PLD es que ya no hay tiempo para regular las elecciones primarias en marcha de los partidos, mientras la JCE expresa dudas sobre el financiamiento que necesitaría para organizar la elección de los candidatos.

Tienen razón los que plantean que ya no hay tiempo para que la JCE organice las elecciones primarias obligatorias para escoger los candidatos a las elecciones congresionales y municipales como plantea el proyecto de ley. El artículo 37 del mismo establece que las elecciones primarias, para escoger candidatos de los partidos y agrupaciones políticas  reconocidas, deberán celebrarse el segundo domingo de noviembre del año anterior a las elecciones generales. El artículo 39 responsabiliza a la Junta Central Electoral de elaborar un reglamento de las primarias que deberá publicarse 30 días antes de iniciarse el período de campaña para esas elecciones.

Aún se aprobara la ley en ambas cámaras y se promulgara a mediados de septiembre, es obvio que ya no hay tiempo para cumplir los plazos y celebrar la votación primaria en noviembre. Ni tampoco para que la JCE pueda organizar una votación tan compleja, que supone una enorme boleta con los precandidatos de todos los partidos, reclutar personal para operar los centros de votación e instruir a la población. Cualquier elección menos compleja requiere muchos meses más de anticipación.

No reconocer esa realidad es una necedad que en nada ayuda a viabilizar la ley de partidos. Es obvio que los perredeístas perdieron el tiempo y desaprovecharon las dos oportunidades que tuvieron antes (en febrero y mayo) para negociar la aprobación del proyecto.-

Con bastante retraso

Dirigentes del PRD reconocen que perdieron tiempo, por causas de la distracción generada por las luchas internas, para concentrarse en la aprobación de una ley que impida la repetición de los abusos de los recursos estatales que denunciaron infructíferamente en las elecciones presidenciales del 2008. Pero entienden que la pendiente aprobación del proyecto de nueva Constitución abre un espacio de negociación.

En la rueda de prensa en la que el presidente y el secretario general provisional del PRD, Andrés Bautista y Mario Torres, anunciaron el condicionamiento se dijo que aunque la ley de partidos no figuró entre los acuerdos para viabilizar la nueva Constitución firmados el 14 de mayo entre el presidente Fernández y el ahora presidente perredeísta Vargas Maldonado, había un implícito consenso para aprobarla.

Dos días antes el vicepresidente perredeísta Milton Ray Guevara dijo por Teleantillas que la comisión resultante del acuerdo de Vargas Maldonado con Fernández, de la que él es miembro, trataba de reunirse con su contraparte peledeísta para, en atención a lo pactado, seguir buscando consenso en asuntos importantes como la ley de partidos.

Dirigentes del partido blanco reconocen que fue un error no haber incluido esa ley en los acuerdos pactados por Vargas Maldonado y el presidente Fernández para viabilizar la aprobación de su proyecto de Constitución, especialmente en lo concerniente a la reforma del artículo constitucional actual que instituye que nadie podrá optar por la presidencia después de haberlo hecho en dos períodos consecutivos.

También cuando el presidente Fernández convocó la Cumbre política celebrada en febrero el PRD pudo haber condicionado su participación a que se incluyeran reformas políticas como las que implica la ley de partidos, pero las luchas internas le impidieron  reunir sus órganos directivos para tomar una decisión.

 

La Ley de Partidos implicaría avances

Por Juan Bolívar Díaz

El proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas recién reintroducido en la Cámara de Diputados contiene importantes avances para garantizar la democracia interna, la elección de candidatos y para reglamentar las campañas electorales y garantizar la transparencia del financiamiento y el gasto.

Aunque fue aprobado por los diputados al finalizar la anterior legislatura, todavía se duda que pueda finalmente convertirse en ley un proyecto múltiples veces consensuado por dirigentes políticos y sociales y reiterativamente relegado a lo largo  de una década.

Objetivos de la ley

Tal como señala su artículo 1,  el proyecto “regula el ejercicio del derecho de todos los  ciudadanos y ciudadanas a organizar Partidos y Agrupaciones Políticas o formar parte de ellos, y establece las normas que regirán la constitución y reconocimiento, organización, autorización, funcionamiento, participación en procesos electorales, sanciones, y vigilancia de los Partidos y Agrupaciones políticas”. En gran parte ratifica el limitado ordenamiento contenido en la ley electoral vigente, pero también introduce múltiples regulaciones, especialmente para la elección de los candidatos, con votación primaria obligatoria.

No hay novedades en los procedimientos para fundar y registrar partidos y agrupaciones políticas, pero entre sus deberes se consigna que permitirán la fiscalización de sus eventos, libros y registros por parte de la autoridad electoral, que instituirán mecanismos para garantizar la democracia interna y la equidad de género en todos sus niveles estructurales y la representación de las minorías en la elección de sus dirigentes.

También estarán obligados a respetar el desarrollo, integridad e independencia de las organizaciones de la sociedad civil, a rendir cuentas e informar de sus actividades y actos administrativos, así como publicar informes financieros, incluyendo nóminas de contribuyentes en una página de Internet y cuando lo requiera cualquier interesado, a tenor de lo establecido en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, en tanto reciben financiamiento estatal.  Se establece un límite a las contribuciones individuales a partidos y candidatos, que no podrá ser superior al 3 por ciento del financiamiento público que reciba la agrupación durante un año. Instituye todo un régimen de contabilidad y supervisión, autoriza auditorías y obliga a informes periódicos.

Así mismo el proyecto consigna la obligación de los partidos de fomentar la formación política y cívica de sus miembros y de la ciudadanía, para lo que deberán dedicar  por lo menos el 25 por ciento del financiamiento que reciban del Estado. Prohíbe a los partidos recibir deducciones de salarios de los empleados públicos o particulares y el uso en cualquier forma de los bienes y los fondos de todas las instancias del Estado.

Importantes reformas

Conlleva importantes reformas como la elección de senadores y diputados “mediante boletas separadas”, aunque mantiene la de síndicos, vicesíndicos y regidores “mediante boletas conjuntas”. Establece que los puestos de elección, excepto presidente y vicepresidente de la nación, corresponden de pleno derecho al partido que postula y lo perderían quienes se pasen a otra agrupación u organicen una nueva o si se declaran independientes o apoyan candidaturas de otra organización. Pero un electo no pierde el puesto si lo expulsan del partido, a menos que sea por condena judicial derivada de graves violaciones constitucionales o legales.

La ley garantizaría el derecho a encuestas o sondeos de preferencias electorales, incluyendo las realizadas a salida de urnas y los conteos rápidos, con la limitación de que sus resultados no se publiquen “mientras se esté votando”, lo que rompe una tradicional norma electoral dominicana que prohíbe difundir resultados que no sean los de la autoridad electoral.

Otras novedades del proyecto son que la Junta Central Electoral propiciará y reglamentará debates entre los candidatos en las campañas electorales, que no se permitirá la propaganda anónima o publicaciones en los medios de comunicación que no estén avaladas por firma responsable, y que los partidos y candidatos no podrán contratar publicidad en un mismo medio por más de 5 minutos diarios, lo que evitaría el virtual monopolio de emisoras de radio y televisión por los partidos que reúnen más recursos, especialmente en los finales de las campañas electorales.

El proyecto limita a tres meses los períodos de campaña electoral tanto para la elección primaria como para la general, garantiza la igualdad de condiciones, acceso y tarifas de los medios de comunicación para todos los partidos y candidatos en las campañas electorales. Prohíbe a todas las instituciones estatales realizar publicidad, propaganda o difusión de mensajes para apoyar, directa o indirectamente, candidaturas o partidos. Y faculta a la JCE a reglamentar la publicidad electoral, con cantidades y horarios.

Hay todo un capítulo dedicado al régimen penal para sancionar las violaciones a la ley de partidos, independientemente de las que correspondan penalmente, incluyendo prisión correccional de hasta un año y multas que pueden llegar al equivalente de 200 salarios mínimos, inhabilitación para ser candidato y hasta pérdida del derecho al financiamiento público.

Complicadas Primarias

Lo más complejo y extenso del proyecto es lo relativo a la reglamentación y realización de las precampañas y votaciones para elegir candidatos, de cuya organización y escrutinio  responsabiliza a la JCE, con el padrón de electores, en un mismo día para todos los partidos. Sólo el diez por ciento de las postulaciones podrán ser decididas por los órganos directivos.

La organización de las primarias por parte de la JCE persigue darle mayor garantía de equidad, lo que no deja de implicar una confesión de que los partidos no están en capacidad de respetar la democracia interna y la transparencia ni en su propio seno. Con el agravante de lo complejo que resultará un cómputo tan múltiple, ya que en cada partido habrá numerosos candidatos a cada cargo.  Igualmente complicada sería la boleta única que se instituye. Actualmente  hay 25 partidos reconocidos, asumiendo que sólo 10 lleven boletas propias, implicaría diez veces más candidatos a quienes contar votos que en una elección general, dónde sólo se escoge un senador, un síndico y un número limitado de diputados y regidores por circunscripción. En las elecciones del 2002 y 2006, únicas en las que ha regido el voto preferencial por los diputados, la JCE ha tardado varios días para concluir los cómputos.

El proyecto establece que a cada candidatura partidaria sólo podrá inscribirse un número no mayor del doble de los cargos a elegir, lo que en una circunscripción grande puede implicar 10 competidores para diputados y 30 para regidores, además de dos para senadores, síndicos y vicesíndicos, por cada partido. El límite de postulaciones puede determinar una pre-pre campaña en los partidos donde hay miles de aspirantes a cargos electivos, lo que complicaría el sistema electoral dominicano. Ese sistema de elección primaria requiere una logística muy grande y sólo funciona en naciones de fuerte institucionalidad democrática y donde hay pocos partidos, mayormente para candidaturas presidenciales.

Un proyecto que ha tenido  un largo peregrinaje de diez años

El proyecto de ley de partidos ha tenido un largo peregrinaje de una década y con más o menos el mismo texto, que ha sido consensuado tres o cuatro veces tanto en el Congreso Nacional como en organismos estatales, con participación no sólo de los partidos políticos sino también de las principales entidades sociales que se preocupan por el régimen político. Esos proyectos han sido sometidos al Congreso por lo menos en seis ocasiones por legisladores de diversos partidos.

El primer anteproyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas fue aprobado en 1999 tras un largo proceso de seminarios y consultas de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, dirigida por Onofre Rojas, en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández. En el gobierno de Hipólito Mejía el Consejo Nacional de Reforma del Estado, dirigido por Tirso Mejía Ricart, actualizó el consenso con nuevas consultas.

El proyecto que conoce el Congreso mantiene casi el mismo texto de los anteriores y fue objeto de estudio por una comisión multipartidaria de diputados que lo retocó y recomendó que sea convertido en ley. Fue aprobado por la Cámara Baja la última semana de  la legislatura que concluyó el 16 de agosto. Perimió y fue reintroducido esta semana. Como ha ocurrido siempre, los que están en la oposición son los que impulsan su aprobación, ahora los perredeístas, mientras los que están en el poder tratan de darle larga.

Hace dos años fracasó todo un esfuerzo de la Junta Central Electoral por reglamentar lo concerniente a la campaña electoral y al financiamiento y se dijo que había que dejarlo a la ley de partidos y que no había tiempo para aplicarlo en los pasados comicios. Lo mismo se empieza a decir ahora. Es obvio que se acaba el tiempo para que pueda aplicarse la reglamentación de las elecciones primarias, pero no así los demás aspectos de la ley.

 

El peor año de Leonel

Por Juan Bolívar Díaz

Este  primer año de su tercer período de gobierno ha sido el peor para el presidente Leonel Fernández, atrapado en la crisis económica internacional que ha generado una severa recesión atando las manos al gobierno para satisfacer crecientes necesidades que se expresan en protestas populares.

El fracaso energético y el aumento de la percepción de dispendio y corrupción han minado la imagen del gobierno, el cual logró amortiguar su declive  con la Cumbre de las Fuerzas Vivas y los pactos con Miguel Vargas Maldonado y el Partido Reformista Social Cristiano.

Arranque muy optimista

El tercer período de gobierno del presidente Leonel Fernández, y segundo consecutivo, arrancó con un discurso excesivamente optimista cuando ya la crisis financiera internacional devenía en recesión económica llamada a repercutir inevitablemente sobre el país. Un impresionante anuncio de obras a ser construidas y de financiamientos externos  contrastaban con la crisis de los mercados financieros.

El discurso presidencial persistía en que el país estaba blindado ante la crisis internacional, llegando a sostener el 23 de septiembre que “lo peor del huracán financiero ha pasado”, y que no veía forma de que afectara a la nación. Si se revisa el discurso de juramentación del año pasado se advierte que no sólo no han podido arrancar las obras físicas, sino tampoco la priorización de la educación, salud y viviendas, ni el incremento prometido a la inversión para fomento de la producción agropecuaria y de las pequeñas y medianas empresas, ni ha tenido éxito el combate a la corrupción y al narcotráfico.

Como en sus anteriores gestiones, el mayor éxito del presidente Fernández ha radicado en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, que no es poca cosa en un escenario de crisis nacional e internacional, con baja inflación, pero con un alto costo recesivo traducido en desempleo. Aunque todavía el año pasado el crecimiento económico registrado por el Banco Central alcanzó el 5 por ciento, para este 2009 sólo el persistente optimismo gubernamental lo cifra en 3 por ciento.

Aunque gran parte de las precariedades se derivan de la crisis económica internacional, también hay ingredientes nacionales. El gobierno se auto heredó un déficit fiscal sobre 55 mil millones de pesos, cercano al 4 por ciento del producto interno bruto, como costo de la reelección del presidente Fernández por la multiplicación de los subsidios, el clientelismo y el gasto público en la campaña electoral del 2008.

La terrible realidad

El presupuesto de 329 mil millones de pesos, con casi dos mil de financiamiento internacional, siguió en la línea optimista, pero los resultados de los primeros meses provocan un aterrizaje a la realidad de la recesión, y la caída de los ingresos ata las manos del gobierno para responder a las expectativas creadas. Ya en junio el presidente Fernández dijo que en el último año ha enfrentado el período  más grave y severo y de mayores precariedades en todo su ejercicio de  gobierno.

Los resultados a la primera mitad del año indican caídas del 7 y 8 por ciento en el turismo, las exportaciones de zonas francas y las remesas, del 30 por ciento en las exportaciones nacionales y en las importaciones no petroleras, y los ingresos fiscales se  han reducido en más de 17 mil millones de pesos, equivalentes al 13.4 por ciento. Para un gobierno acostumbrado al dispendio, gracias a 4 reformas tributarias que elevaron sus ingresos en más de un 150 por ciento en el período 2004-08, resulta difícil realizar los ajustes correspondientes, pese a los persistentes reclamos de los sectores empresariales y los economistas e incluso de los organismos internacionales para que reduzca el gasto ineficiente y entre a un período de austeridad. En vez de ello, el período comenzó con un festival de designaciones de altos funcionarios que ya en octubre Participación Ciudadana cifró en 53 secretarios de Estado y 320 subsecretarios.

Aunque el gasto corriente se redujo en 8 por ciento en el primer semestre de este año, fue básicamente por la supresión de subsidios, porque en personal se elevó 20 por ciento. La contracción se reflejó básicamente en la inversión de capital, que se vio reducida en 64 por ciento, peor aún en la construcción gubernamental que cayó  93 por ciento. No han aparecido los 4 mil millones de pesos adicionales al presupuesto de Educación que anunció el primer mandatario y la inversión en el sector  volverá a quedar este año en 2 por ciento del producto interno bruto.

Creciente insatisfacción

La virtual paralización de las inversiones, más que la acción de una oposición que se muestra autodestructiva e incapaz, es lo que explica la proliferación de las protestas sociales a un ritmo que la antropóloga Tahira Vargas cifra en una por día en lo que va del año. Aunque la insatisfacción se ha extendido también a sectores como el empresarial, que ha demandado insistentemente cambios de políticas y de modelo económico.

Uno de los factores que más incentivan las protestas son los prolongados apagones, con algunas treguas a lo largo del año, a causa de las deudas con los generadores. El gobierno sigue dando palos de oscuridad, electrocutándose a la vista de todos. En cinco años apenas aumentó en 50 megavatios la oferta energética, no ha cumplido la reiterada promesa de revisar los contratos, readquirió  Edeeste, pagando 29 millones de dólares y asumiendo una deuda sobre 500 millones de dólares, y elevó la tarifa en proporción que ha irritado, mientras ha sido incapaz de aplicar la ley del 2007 que penaliza el robo de energía.

En diciembre del 2007 el presidente Fernández creó un Consejo Presidencial para el Fortalecimiento del Sector Energético, integrado por altos empresarios y funcionarios, pero que ha devenido en otro organismo inoperante. Luego en la Cumbre de las Fuerzas Vivas consensuó 26 propuestas que no ha ejecutado, para volver en las últimas semanas a reuniones con organismos internacionales en busca de un plan de desarrollo que abra compuertas al financiamiento del sector, y proponer otra reunión cumbre.

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Transparencia y corrupción

Lo que más ha pegado los cables al gobierno ha sido la poca transparencia y la corrupción que se percibe en el país y en los ámbitos internacionales, tanto que hasta el Papa pidió en abril “fuerte determinación para erradicar definitivamente la corrupción”. Las denuncias de malversación, nepotismo, sobrevaluación, violación a la ley de compras y contrataciones han afectado a la Secretaría de Obras Públicas, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, el Instituto de Recursos Hidráulicos, el programa de Reducción de Apagones, la oficina Técnica del Transporte Terrestre, la Dirección de Migración, la Lotería Nacional, así como a varios ayuntamientos.

La percepción de que la corrupción aumenta quedó patente en la última encuesta Gallup-HOY, con tasa sobre el 80 por ciento, incluyendo al 59 por ciento de los mismos que se decían simpatizantes del partido de gobierno. En la última evaluación de 134 países del Foro Económico Mundial  la nación ocupa el puesto 132 en favoritismo gubernamental, 131 en despilfarro del gasto del gobierno, y 127 en desvío de fondos públicos.

En los indicadores de Buen Gobierno del Banco Mundial publicados en junio, el país obtuvo 32 por ciento en control de la corrupción. En el estudio del International Budget Partnership sobre transparencia en manejo presupuestario de 85 países, publicado en Washington en enero, ocupó el escalón 68 con sólo 11 puntos sobre 100.

El éxito de la Cumbre

Las habilidades comunicativas del presidente Fernández siguen siendo uno de los mayores haberes de su gobierno, aunque hay quienes creen que pierde influjo por la saturación de seminarios y viajes al exterior, que en este año han sido once, tres de ellos de larga duración, incluyendo a Europa, Asia y África.

Entre los mayores éxitos del año se cuenta la Cumbre con las Fuerzas Vivas, celebrada entre enero y febrero, con la que logró neutralizar la caída de popularidad determinada por los indultos navideños a la banquera Vivian Lubrano y cinco de los seis condenados por las irregularidades del Plan Renove. El gobierno ha hecho esfuerzos por cumplir los acuerdos de esta cumbre, pero la crisis económica le ha impuesto límites.

Otros éxitos presidenciales fueron la firma de pactos con el nuevo líder del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, y con el Partido Reformista  Social Cristiano, que facilitaron el curso aprobatorio del proyecto de Constitución del doctor Fernández, calificado de conservador y presidencialista.  Sin embargo, los escándalos de narcotráfico que han envuelto a la Marina de Guerra, la Policía Nacional, la Dirección de Control de Drogas y al  Ministerio Público durante el último año, han afectado severamente la imagen del gobierno, con las mayores expresiones  focalizadas en Baní, Azua, Puerto Plata y Bonao.

Los resultados de este primer año del período gubernamental han sido tan devastadores que justifican el empate en las preferencias electorales del partido de gobierno y el principal de la oposición, registradas en la última encuesta HOY-Gallup, aunque este lleve un año consumiéndose en rencillas internas.

Urgen renovación en el gobierno

Por Juan Bolívar Díaz

La propuesta del doctor Vincho Castillo de una renuncia colectiva de los altos funcionarios para facilitar una renovación del equipo fundamental del gobierno, recoge expectativas que se anidan en sectores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y entre algunos de sus aliados.

Aunque se ven escasas las posibilidades de una real renovación, analistas políticos estiman que convendría al presidente Leonel Fernández y su partido alguna maniobra que permitiera rejuvenecer un Gobierno que nació viejo hace un año y camina hacia el desgaste tres años antes de la conclusión de su período.

La renuncia colectiva

El doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho) sorprendió el pasado fin de semana al formular públicamente una propuesta de renuncia colectiva de los altos funcionarios para facilitar al presidente Leonel Fernández una reestructuración de su gobierno, que luce viejo cuando apenas va a cumplir su primer año el próximo día 16.

La idea, expresada en un programa de televisión, fue recogida por los diarios del lunes y tuvo pocas reacciones, ya que los peledeístas no son proclives a reconocer que tengan necesidad de renovación alguna. En la opinión pública no se le ve perspectiva de materialización, pero muchos comentaristas de radio y televisión la estimaron conveniente.

Tal vez Vincho Castillo fue demasiado franco al vincular la necesidad de renovación gubernamental con la proliferación de denuncias y el crecimiento de la percepción de corrupción en el aparato gubernamental, lo que hace más difícil que sea tomada en cuenta en un partido que se cree por encima del bien y del mal.

Para el polémico abogado y líder de la Fuerza Nacional Progresista, aliado del presidente Fernández desde su primer gobierno en 1996, éste debe ejecutar “cambios drásticos en su administración” para crear nuevas expectativas. Explicó que el líder peledeísta ha dado autonomía e independencia a sus funcionarios, ya que es partidario de la descentralización, pero a veces llegan exponentes que “medio se pierden”.

Los periodistas se apresuraron a buscar reacciones entre funcionarios gubernamentales, tropezando con un muro de silencio, con la excepción del secretario de la Presidencia y no precisamente para apoyarlo, sino recordando que “es al Presidente a quien corresponde decidir los cambios de funcionarios en el momento que los considere acordes con las orientaciones de su gobierno”. El rechazo del doctor César Pina Toribio se derivó más que nada de la consideración de que hay corrupción.

Que pidan  perdón

En el caliente debate radiofónico y de Internet fue generalizado el clamor de apoyo a la sugerencia del doctor Castillo, la que coincidió con un abierto reclamo formulado por uno de los superiores de los franciscanos capuchinos, durante una rueda de prensa celebrada el domingo al anunciar las celebraciones del centenario de presencia en el país de esa orden religiosa.

Fray Santiago Bautista pidió al presidente Fernández una renovación de su gabinete, llegando a identificar funcionarios específicos y sosteniendo que “hay que poner gente nueva, porque hay personas mayores que ya debieran estar en sus casas, pidiéndole perdón a Dios, por una parte, y por la otra descansando, porque lo que están es repitiendo lo mismo y le han mentido al pueblo”.

Analistas políticos y sociales coinciden en descartar que Fernández vaya a hacer un cambio significativo en su equipo, ya que lo consideran parte de una concepción de gobierno basada en la repartición entre los integrantes del Comité Político de su partido y las cabezas de una docena de grupos políticos aliados, donde cada quien es dueño de una parcela. Se estima que a lo más que podría llegar es a un intercambio de posiciones.  El politólogo Pedro Catrain fue radical al plantear esta semana en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio que el Presidente de la nación “está en medio de una gran tensión para decidir si modifica el esquema clientelista y de corrupción, en un proceso en que la política tiene costos tan altos”. Sostiene que el discurso del doctor Fernández “se ha agotado y ha pasado al terreno de la simple simulación”.

En el mismo escenario, la socióloga Rosario Espinal descartó que tenga efecto un simple cambio “de Juan por Pedro”, creyendo necesario el envío de verdaderas señales de cambio. “De lo que se trata es de que el Presidente puede reinventar una nueva idea de su gobierno y de la política dominicana”, sostuvo. Considera que el Presidente cuenta con la debilidad de las alternativas de oposición y basado en ello podría correr el riesgo de evadir la necesaria renovación.

Silenciosa aprobación

Entre aliados del PLD hay una expectativa de que el Presidente encuentre fórmulas para dar una imagen de renovación de su gobierno, conscientes de que el declive de popularidad registrado por la reciente encuesta Gallup-HOY se percibe en cualquier sector social. Hubo uno que bajó la voz para decir que él comparte la conveniencia de la renuncia colectiva para incentivar al Presidente a la renovación, pero sostiene que “ese es un recurso de un estadio más racional de la política en países desarrollados”.

En el mismo partido de gobierno hay también quienes creen que una forma de enfrentar el desgaste, aunque sea engañosa, es renovando los ejecutivos. Algunos dan por hecho que habrá un significativo movimiento. Advirtiendo incluso el riesgo de que puedan pagar justos por pecadores, un miembro del Comité Central peledeísta expresó que de cara a las elecciones legislativas y municipales del próximo año sería conveniente “siquiera un bulto de cambios, que de paso incluya a algunos de los más señalados, sino por corrupción, al menos por manejo inapropiado o indelicado de recursos públicos”.

Otros consultados no sueltan prenda, pero uno aseguró que habrá rotaciones, llegando a señalar algunos por sus nombres, a condición de que no fueran citados. Los rumores circulan desde hace varias semanas, atribuyéndose las versiones a personas muy próximas al presidente Fernández.

En la opinión pública existe la convicción de que al no realizar cambios significativos en su equipo el presidente Fernández pegó un sello de viejo al período que inició el 16 de agosto del año pasado. La columna AM del Diario Libre lo recogió el pasado lunes 3 cuando señaló que el régimen “está bajo fuego y asediado por todos los frentes”, estimando que es causa de varios factores entre ellos que “El Gobierno nació viejo. Con un gabinete casi sin cambios, el Gobierno arrastró impopularidades y obsolescencia sin necesidad. Para la gente el PLD es un partido cautivo del Comité Político,  mayoría de cuyos miembros componen el gabinete”.

Tradición balaguerista

Durante sus 22 años de gobierno el presidente Joaquín Balaguer hizo tradición la realización de múltiples cambios para las fiestas nacionales del 27 de febrero y el 16 de agosto. La mayoría de las veces se trataba de simple rotación, pero de vez en cuando dejaba sin cargo, aunque transitoriamente, a los que más habían concentrado el rechazo de la opinión pública.

Autocrático, el viejo caudillo maniobraba para convertir a algunos de sus incondicionales en chivo expiatorio. Llegó al grado en una ocasión de dejar sin funciones a su mano derecha de toda la vida entonces secretario de la Presidencia, el doctor Rafael Bello Andino, señalado como responsable de una turbia contratación energética con la empresa franco-canadiense Hydro-Quebec Sofati.

Los gobiernos que le han sucedido, tanto los de Fernández, como el de Hipólito Mejía, se han caracterizado por su poca rotación de funcionarios y renuencia a sacar de circulación aún a los más rechazados, protegidos  por su condición de dirigentes del partido oficial o aliados políticos circunstanciales. Una excepción fue la de Ángel Lockward sometido a la justicia por denuncias de irregularidades en la distribución de bonos para subsidiar el gas propano, cuando era secretario de Industria y Comercio en el gobierno perredeísta de Mejía.

Al iniciar su segundo período de gobierno hace un año, el presidente Fernández hizo el mayor número de cambios de la etapa post Balaguer, pero sin dejar fuera a ningún funcionario de alto nivel. La rotación involucró a los titulares de la mitad de las secretarías,  Educación, Fuerzas Armadas, Presidencia, Industria y Comercio, Turismo, Trabajo, Medio Ambiente, de la Mujer y de la Juventud.

Múltiples movimientos en los mandos de las Fuerzas Armadas, y de las direcciones nacionales de  Investigación y de Control  de Drogas dieron alguna sensación de renovación. Pero el equipo económico permaneció casi intacto, lo que fortaleció la percepción de que el nuevo gobierno era “más de lo mismo”.