2009: mucho circo y poco pan

Por Juan Bolívar Díaz

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El 2009 ha sido un año para olvidar por los dominicanos que vieron agudizarse un proceso de descomposición política y social mientras la crisis económica golpeaba tan duro que al final, para no declararse en quiebra y sin renunciar al dispendio, el Gobierno tuvo que aferrarse a la tabla de salvación del ahora generoso Fondo Monetario Internacional.

Pese al descrédito, el Gobierno logró entretener el país con la Cumbre de las Fuerzas Vivas y el debate de una nueva Constitución, con la colaboración de los partidos opositores, mientras el sistema político mostraba extremas debilidades en la garata con puños de las elecciones de candidatos para los ya próximos comicios legislativos y municipales.

Se cayó el blindaje

Las repercusiones de la crisis económica internacional golpearon duramente el país durante el año que concluye afectando a la mayor parte de los sectores productivos con excepción de la agricultura, aumentando el desempleo y la pobreza y si termina con un crecimiento del 2 al 3 por ciento del Producto Bruto Interno hay quienes lo atribuyen al magno incremento del narcotráfico y el consecuente lavado de dinero.

La reducción de las exportaciones y las importaciones en proporciones cercanas al 25 por ciento, de la producción industrial, de zona franca y minera, así como del turismo y las remesas explican la caída de  las recaudaciones fiscales en alrededor de 20 mil millones de pesos, lo que aumentó el elevado déficit fiscal del presupuesto anual, financiado con un alarmante endeudamiento nacional e internacional.

Ya para la mitad del año no había duda de que no existía el blindaje ante la crisis internacional que el Gobierno argumentó durante más de un año como forma de encubrir la continuación de su elevado gasto corriente y de evadir los ajustes fiscales y la austeridad que le reclamó casi toda la sociedad.

Al tercer trimestre del año el gobernador del Banco Central y el secretario de Economía lograron convencer al Gobierno de que para mantener la estabilidad macroeconómica tenía que recurrir al FMI, del que había adjurado reiteradas veces a través del secretario de Haciendas, quien al comenzar diciembre reconoció que el Gobierno no tenía ni con qué pagar los sueldos.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en octubre abrió al Gobierno financiamiento por 3 mil 850 millones de pesos a ser recibidos en apenas 14 meses, sin el menor compromiso de controlar el dispendio ni ajustar el gasto y con un escandaloso crecimiento del endeudamiento, que sobrepasaría el año próximo 40 por ciento del Producto Interno Bruto y obligaría a una nueva reforma impositiva sugerida ya para la segunda mitad del 2010, cuando hayan pasado las elecciones congresionales y municipales.

Gran circo nacional

Al final del año el balance de la descomposición es tan grave que llevó al presidente Leonel Fernández a aceptar una oferta de organismos internacionales para mejorar los mecanismos de prevención de la corrupción y la transparencia en la administración pública, lo que para algunos es parte del gran circo nacional.

Pero los grandes entretenimientos del país fueron la llamada Cumbre de las Fuerzas Vivas y la aprobación de la “Constitución de Leonel Fernández y Miguel Vargas” que ocuparon la atención nacional a lo largo del año. Hay que sumarle el caso de Sobeida Félix, objeto de todas las especulaciones tras su captura y posterior escape con los mismos ribetes de complicidad que beneficiaron a su marido el narcotraficante Figueroa Agosto.

Las dos grandes entretenciones fueron montadas exitosamente por el presidente Fernández y contribuyeron a restar atención a las graves consecuencias de la crisis económica y a las protestas sociales que se desbordaban en la primera mitad del año. Con la cumbre, convocada en enero,  también desvió la atención de los escándalos con que había cerrado el 2008.

Pero sin duda su gran espectáculo fue la nueva Constitución aprobada con más del doble de los artículos de la actual, 277 contra 120, especialmente por la habilidad con que el doctor Fernández  consiguió viabilizar su aprobación con el sorpresivo pacto acordado en mayo con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado a título de excandidato presidencial.

El mandatario consiguió una nueva fórmula constitucional que le permitirá volver a la Presidencia de la nación, eliminando el “nunca más” que establece la carta magna a ser sustituida. También logró la conformidad perredeísta para una serie de reformas que le dejarán gran influencia sobre los poderes del Estado y que lo consagran como el sucesor de Joaquín Balaguer como líder de los poderes fácticos tradicionales. Sólo a cambio de haber reconocido a Vargas Maldonado como líder del Partido Revolucionario Dominicano lo que le facilitó asumir la presidencia del mismo.

Aunque éste reivindica como triunfo la prohibición de la reelección consecutiva.

Sin oposición política

Este año el presidente Fernández terminó de echarse en los bolsillos a todos los grupos en que se ha fragmentado el instrumento partidista de Balaguer y al pactar con Vargas Maldonado logró neutralizar el mayor partido de oposición. Eso le permitió capear con relativo éxito la crisis económica y las protestas sociales, así como las insatisfacciones por la creciente percepción de corrupción y descomposición social,  por la delincuencia y la terrible política de ejecuciones de presuntos delincuentes que este año cobraría más de 500 vidas, según el conteo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Aunque el nuevo líder perredeísta sostiene que el Presidente se comprometió a aprobar el proyecto de ley de partidos políticos, objeto de múltiples consensos partidistas y sociales en la última década, el año concluye sin que el Gobierno dé muestras de interés en una legislación llamada a contener y sancionar los abusos de los recursos estatales en las campañas electorales y a crear mecanismos de transparencia del financiamiento de los partidos y las campañas electorales.

El proyecto también normaría la democracia interna de los partidos, fuertemente sacudida en el proceso de selección de candidatos para los comicios de mayo próximo convertido en un mercado donde sienta sus reales el poder del dinero, incluyendo el derivado de la malversación pública y el narcotráfico.

El deterioro de la política marca el fin del 2009, período en que todas las evaluaciones internacionales ratificaron al país en los últimos escalones del desarrollo humano, la transparencia y la fortaleza institucional.

Ello explica la vehemencia con que la ciudadanía se aferró al fenómeno de la jovencita Martha Heredia en un año en que se sintió frustrada hasta por la doble derrota de la selección nacional de béisbol a manos de una Holanda que apenas ensaya en ese deporte.-

Alarmante deterioro

El 2009 cierra con creciente alarma por el incremento de la corrupción y del narcotráfico,  especialmente por los niveles de involucramiento de militares y policías de todos los rangos. La frecuencia con que personal de la seguridad del Estado aparece vinculado al tráfico de drogas y hasta a matanzas derivados del mismo hace temer niveles de penetración difíciles de erradicar.

Algunos de los casos más relevantes como el del prófugo puertoriqueño José Figueroa Agosto han despertado sospechas de protección y complicidad de importantes autoridades. Aunque es relevante que en el último trimestre, tras la designación de un nuevo jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, se incrementaron las capturas de cargamentos de narcóticos, casi siempre cocaína, a ritmo de más de uno por semana.

Las denuncias de corrupción y malversación de fondos, en su mayoría develadas por periodistas, generalizaron la percepción de descomposición en amplios estamentos del Estado. Afectaron particularmente a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales y su Programa de Reducción de Apagones, donde quedó evidente la malversación en sueldos y contratos en beneficio de seguidores políticos, familiares y relacionados por montos de centenares de millones de pesos. El nuevo administrador designado en agosto ha despedido dos mil quinientos empleados y todavía no ha terminado la barrida.

Pero la gran corrupción denunciada es la que se refiere a sobre valoraciones  por cientos de millones de dólares en obras como la presa de Pinalito inaugurada este año, que fue presupuestada en 119 millones de dólares para terminar en 340 millones. Hasta el nuevo director de la Comisión Nacional de Ética, Vincho Castillo, pasó a formar parte de los denunciantes, señalando sobre valoración en el contrato para la presa de Montegrande, mientras en la construcción del acueducto de Samaná se denunció un sobreprecio de hasta 450 millones de pesos.

La Secretaría de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la Lotería Nacional y hasta el Senado de la República estuvieron en la picota pública por denuncias de malversación, nepotismo y tráfico de influencia, y por compras y contrataciones en violación a la ley que las rige.

 

Sigue la política de ejecuciones

Por Juan Bolívar Díaz

La política policial de ejecución de presuntos delincuentes, en los denominados  intercambios de disparos ha proseguido con alta tasa durante este año, cuando según el informe oficial de la Procuraduría llegarían a unos 340, un centenar menos que en el 2008,  pero para la Comisión Nacional de Derechos Humanos pasarían de 500.

En cualquier caso el número de muertos a manos de la PN, que contribuye a una elevada tasa de homicidios, sigue ocasionando alarma en los sectores más conscientes de la sociedad, en contraste con las máximas autoridades nacionales que parecen auspiciar una política que violenta el derecho fundamental a la vida.

De 340 a 500 muertos

El año pasado los muertos a manos de agentes policiales oscilaron entre 450 y “casi 500” según las estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que preside Manuel María Mercedes. Los estimados para este año difieren considerablemente, pues mientras la contabilidad oficial los cifraba en 254 hasta septiembre, la comisión los eleva 400 en un informe dado a conocer esta semana en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Las estadísticas de la PGR se nutren de dos fuentes: la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, cuyas diferencias suelen ser de poca significación. El informe de Septiembre  registra 254 muertes por “acción policial” en los primeros 9 meses del año, lo que implica 28.2 por mes, casi uno diario, lo que proyectado a los 12 meses del 2009, arrojaría unos 340.

En cambio la CNDH indica que “en los denominados intercambios de disparos -enfrentamientos entre autoridades y supuestos delincuentes- han muerto cerca de 400 personas”, asegurando que en su gran mayoría se trató de “apresados con vida y luego ejecutados”.

En una entrevista en Teleantillas Mercedes aseguró que ese balance es hasta  septiembre y elaborado en base a recortes de los periódicos que mostró. Proyectada a los 12 meses terminaría en 533, lo que implicaría un aumento del 16% en relación a los 450 del año pasado y los 437 de 2005, que fueron los mayores registros. Sería la primera vez que sobrepasa el medio millar. En el 2007 se estimaron en 345.

Generalmente hay diferencias entre las cifras policiales y las de la CNDH y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos que preside Virgilio Almánzar, los cuales suelen aducir que las autoridades ocultan muchos casos, pero nunca tantos como esta vez, cuando las primeras son menores en más de un 50%. La diferencia se atribuye también a que muchos que mueren en los hospitales quedan registrados como heridos.

La tasa de homicidios

Las estadísticas de la PGR sobre  muertes a manos de agentes policiales se reducirían este año en 25%  en relación al récord histórico de 2008, lo que no se corresponde con lo percibido. Pero aún así es casi un muerto por día y equivalen al 15% de los 1,701 homicidios registrados en todo el país en los primeros 9 meses del año.

La tasa de homicidios es estimada este año en 23.25 por cada cien mil habitantes, en reducción en relación al 24.94 de 2008, pero superior a la de 20.53 de 2007. Si se le restan los caídos por balas policiales se reduciría a 19.78.

Enero fue el mes de mayor tasa de muertos por la PN, cuando cayeron 40,  para un 25.83 por cien mil habitantes, y la menor fue en julio, que sólo fueron 11, para una tasa de 1.35, según las estadísticas oficiales.

La dimensión del problema puede ser percibida también cuando se compara la tasa de muertos por la PN en lo que va del año, que es de 3.46, con la de los muertos por delincuentes, que es de 9.01, pues equivale al 38%.

La tasa de muertos por la Policía llama la atención no sólo de dirigentes de organismos relacionados con los derechos humanos, sino hasta de funcionarios vinculados al combate de la delincuencia. Un latino que trabaja para la policía de Nueva York resaltaba el año pasado que en todos los Estados Unidos los muertos a manos de los agentes del orden habían sumado 391 en el 2007, sólo 46 más que los 345 estimados en el país ese año. Sólo que la población norteamericana es unas 33 veces la de República Dominicana.

Asesinatos múltiples

Las actuaciones policiales cotidianas ya no llaman mucho la atención de una sociedad acostumbrada a ver como normal que un simple policía decida quién vive o muere en los barrios pobres, en la mayoría de los casos jóvenes que se inician en la delincuencia, pero con mucha frecuencia personas inocentes. Con el agravante de que los errores o equivocaciones no pueden ser enmendados cuando se ha aniquilado una vida.

Lo que genera escándalo son los asesinatos múltiples, que en varias ocasiones han llegado a cuatro y cinco en un solo acto. HOY cifró en 121 las personas muertas por la PN en casos múltiples en los últimos tres años. El mayor de este año, según el informe de la CNDH ocurrió el 12 de febrero cuando una patrulla mató a cinco presuntos delincuentes en el ensanche Isabelita, del municipio Santo Domingo Este.

En algunos casos las documentaciones de los medios de comunicación obligan a investigar y a veces se concluye en sometimiento a la justicia de agentes responsables de verdaderas ejecuciones. Justamente el pasado jueves 10, en el Día de los Derechos Humanos, un tribunal penal del Distrito Nacional condenó a 10 años de cárcel a dos policías que el 30 de diciembre del 2008 asesinaron a cinco hombres en el parque Mirador del Sur. Con el agravante de que la PN sostuvo que eran delincuentes y luego se determinó que se trataba de choferes públicos que no tenían prontuario delictivo.

Otro grave escándalo ocurrió en enero pasado cuando se anunció que tres jóvenes vinculados al narcotráfico habían sido muertos en Puerto Plata en un intercambio de disparos con una patrulla policial. Los testimonios dieron cuenta de una masacre y la investigación arrojó que fue un encargo de una banda de narcotraficantes.

La propensión de los agentes policiales a utilizar sus armas quedó patente el lunes pasado cuando una patrulla hirió de balas a cinco en el barrio capitalino de La Ciénega que se oponían al maltrato de un enajenado mental. En los últimos dos meses se registran dos casos de personas muertas dentro de centros de salud y un tercero cuando salía de otro.

Pero el caso más escandaloso del año parece haber sido la ejecución en octubre de Cecilio Díaz y William Batista Checo, vinculados al secuestro del joven de Nagua Eduardo Baldera, asesinados no obstante haber sido entregados a autoridades policiales y de la Marina de Guerra con múltiples testigos, y en el segundo hasta con fotografías. El mismo jefe de la PN figuró entre quienes ofrecieron informaciones de la “heróica” actuación policial, tras la que anunció ascensos.

La firmeza de un simple alcalde pedáneo y de numerosos campesinos, y la fotografía de Batista Checo dentro de un auto patrullero, obligaron a las autoridades judiciales a designar una comisión investigadora, integrada por el Procurador General adjunto, una procuradora fiscal provincial y un mayor general de la Policía. La conclusión de que se trató de ejecuciones y la recomendación de procesos judiciales han sido cuestionadas hasta por el secretario de Interior y Policía, que en otras ocasiones ha responsabilizado a sus agentes de elevar la tasa de homicidios. Pero ante el escándalo que salpica hasta las máximas autoridades policiales, parece que se impone la defensa de lo que se señala ya como una política de Estado.

Encuesta Gallup-HOY sin cambios significativos

Por Juan Bolívar Díaz

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Los resultados de la última encuesta Gallup-HOY publicados esta semana no indican cambios significativos ni en los aspectos económicos ni en los políticos, en relación a la de cinco meses atrás, manteniéndose altas tasas de insatisfacción con la gestión económica del Gobierno y la corrupción administrativa.

Las preferencias electorales de cara a los comicios del próximo año y los tentativos candidatos presidenciales para el 2012 se mantienen casi similares, aunque el partido de Gobierno detuvo la picada que había registrado en julio, superando ahora al principal opositor con un tres por ciento.

Aumenta la corrupción

En general el Gobierno mantiene bajas tasas de aprobación en los aspectos fundamentales de la gestión económica y fuerte reprobación por la corrupción administrativa, incluyendo la lucha contra el narcotráfico.

Lo más notable parece ser un ligero incremento de quienes consideran que la corrupción va en aumento, los cuales pasaron de 66 por ciento en la encuesta realizada entre el 8 y 12 de julio, a 70 por ciento en la del 16 al 22 de noviembre pasado.

Sólo un 11 por ciento estima que disminuye, y el 16 por ciento que sigue igual.

También creció, del 58 al 64 por ciento, la proporción de quienes entienden que la corrupción es mayor que antes, e incluso pasaron del 48 al 53 por ciento los que creen que en el actual Gobierno supera la registrada en la gestión del presidente Hipólito Mejía.

Para otro 22 por ciento es igual y la misma proporción la considera menor.

Hasta un 85 por ciento opina que predomina la impunidad.

Igual principales problemas

La ciudadanía no manifiesta cambios significativos en la apreciación sobre los principales problemas nacionales, señalándose la inmigración ilegal, el desempleo, costo de la vida, la delincuencia y la deficiencia energética.

Es relevante que más de la mitad de los encuestados atribuye el auge del tráfico de drogas a la complicidad de las autoridades con los narcotraficantes.

La delincuencia y la pobreza fueron los otros dos factores más señalados por el 20 por ciento en ambos renglones.

Aspectos económicos

La encuesta de noviembre registra un ligero descenso del 2 por ciento entre quienes  consideran mala la situación económica del país, proporción dentro del margen de error de la investigación estimado en alrededor del 2.8 por ciento.

En julio era 82 por ciento y ahora se redujo al 80, lo que sigue siendo muy elevado. Sólo el 5 por ciento de los encuestados cree que la economía está bien.

Sin embargo, crece en el mismo 2 por ciento la proporción de quienes consideran que los asuntos económicos nacionales van por mal camino, al pasar de 76 a 78 por ciento. El 19 por ciento los aprecia bien encaminados.

Las expectativas no son optimistas, pues sólo el 20 por ciento estima que la situación económica será mejor al final del actual Gobierno, mientras el 46 por ciento, cree que estará peor, y el 23 por ciento que seguirá igual. Cuando se preguntó a los encuestados por su situación económica personal los porcentajes arrojados fueron mal para el 64 por ciento, regular para el 25 y sólo el 11 por ciento la consideró buena.

Es notable que las apreciaciones de la ciudadanía sobre la situación económica no empeoraran en los últimos cinco meses, a pesar de que en el período se sintieron más fuertemente los efectos de la crisis económica nacional e internacional, a juicio de la generalidad de los economistas y analistas que registran un incremento del desempleo por la reducción de la inversión pública y de las actividades empresariales. Aunque también podría fundamentar la apreciación de autoridades del Banco Central que advierten un repunte económico en los últimos dos o tres meses, hasta el punto que han vuelto a expresar expectativas de que el crecimiento del producto interno bruto se sitúe en el 3 por ciento, aunque los últimos vaticinios internacionales no lo pasan del 1.5 por ciento.

Repercusiones políticas

Si la crisis económica ha empeorado en la segunda mitad del año por lo menos no ha repercutido en lo político, ya que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aparece deteniendo el declive en que lo situó la Gallup-HOY de julio pasado cuando sus preferencias de cara a los comicios legislativos y municipales de mayo próximo quedaron técnicamente empatadas con las que se expresaron por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

En la anterior encuesta los que planteaban que votarían por los candidatos peledeístas alcanzaban al 32 por ciento, mientras por los perredeístas se pronunciaban el 31 por ciento, y apenas 5 por ciento por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Ahora en la encuesta de noviembre el PLD mantuvo su 32 por ciento y el PRD cayó al 29, un ligero descenso aunque dentro del margen de error de la investigación mercadotécnica. Por los reformistas se manifestó ahora el 7 por ciento.

La ventaja del peledeísmo sobre el perredeísmo se amplió cuando se preguntó a los encuestados con cuál de los partidos nacionales se sienten más identificados.

En este renglón, el partido de Gobierno alcanzó casi 12 puntos sobre el principal de oposición, con porcentajes de 41.6 a 30.2.

Según esta investigación, el bipartidismo sigue firme, porque apenas el 7 por ciento se identifica con un tercer partido, el Reformista Social Cristiano, y sólo un cuarto, el Movimiento de Integración, Unidad y Cambio (MIUCA), logra sobrepasar el medio por ciento, al registrar el 0.7.

Aunque es relevante que un tercio de los encuestados no manifiestan entusiasmo por las opciones partidarias para las elecciones de mayo próximo, ya que el 22 por ciento dijo no saber o no respondió la pregunta sobre su preferencia electoral, mientras el 13 por ciento declaró que no votaría por ninguno.

Mensaje al perredeísmo

Así como la anterior encuesta Gallup-HOY llevó un mensaje al PLD, cuando apareció empatado con el PRD en preferencias electorales por primera vez en las encuestas profesionales reconocidas de los últimos 7 años, la de ahora remite a los ámbitos perredeístas, por su ligera caída.

Aunque la reducción perredeísta se mantenga en el margen de error, lo que podía esperar cualquier opción de oposición es el crecimiento, sobre todo cuando el Gobierno ha afrontado en el último año y medio la peor situación económica después de la crisis del 2003-04 determinante para la caída del PRD y el auge del PLD.

Es significativo que el partido de Gobierno mantenga sus preferencias y se reduzca la de la oposición en medio de un período  caracterizado, además, por un notable deterioro de su imagen moral, por el auge de los escándalos de corrupción y particularmente del narcotráfico y por una creciente sensación de inseguridad ciudadana.

La explicación podría encontrarse, al menos en parte, en las luchas internas que durante el último año han consumido las energías de los perredeístas y en la percepción generalizada de que no sacan tiempo para aprovechar las debilidades del Gobierno.

Para algunos porque no tiene una concepción diferente en relación a la corrupción y descomposición social.

De por medio está el firme liderazgo del presidente Leonel Fernández, factor al que se atribuye, en parte, las fuertes preferencias que se repiten en esta última encuesta por la primera dama Margarita Cedeño, quien vuelve a superar a Danilo Medina tanto en el universo de los electores como entre los que simpatizan por el PLD como potencial candidata presidencial para el 2012.

Debe considerarse su fuerte dedicación al trabajo, ya que es una activista incansable y que dispone de muchos recursos estatales para realizar labores de asistencia y promoción social. Su ventaja también podría explicarse en el hecho de que Medina mantiene un bajo perfil, evadiendo confrontar el Gobierno y no se ha lanzado abiertamente a una campaña política. Cuando lo haga podría mejorar sus porcentajes.

La cifra

70 por ciento.  Es la proporción de encuestados en la investigación Gallup-HOY de noviembre que considera que la corrupción va en aumento, cuatro puntos más que en julio, mientras que hasta un 85% considera que predomina la impunidad.

 

Aliento y temor de que el pacto con el FMI sólo aplace la crisis

Por Juan Bolívar Díaz

Los temores se fundamentan en la pobre austeridad del Gobierno y la tradición de desbordamiento de gastos en tiempos de campaña.

En los sectores empresariales, profesionales y políticos predomina un sentimiento cruzado de aliento porque el acuerdo con el FMI reactivaría la economía, y de temor a que sólo aplace la crisis y genere nuevas cargas por el alto endeudamiento

La inminencia de la aprobación del nuevo acuerdo entre el gobierno dominicano y el Fondo Monetario Internacional (FMI) genera un sentimiento cruzado de aliento porque permitiría al país salir de la recesión y del temor a que sólo sirva para aplazar la crisis económica y generar nuevas cargas por el alto endeudamiento que conlleva.

Los temores se fundamentan en la pobre austeridad del gobierno y la tradición de desbordamiento del gasto en las campañas electorales, dándose por hecho que tras las elecciones de mayo próximo se impondrá una nueva reforma tributaria, alzas de tasas de interés y presiones inflacionarias.

Un FMI “muy generoso”

Cuando se conocieron los términos del acuerdo negociado por el equipo económico del gobierno con una misión del FMI la reacción generalizada entre economistas, políticos, empresarios y periodistas fue de sorpresa. El documento no contiene las condicionalidades a que acostumbraba el organismo internacional, como ajustes fiscales y control de déficits, apenas con una leve promesa de que “los gastos del Gobierno Central en sueldos y salarios se reducirán gradualmente luego de alcanzar el 4 por ciento del PIB en el 2009, mientras que el gasto actual en bienes y servicios permanecerá estable como porcentaje del PIB”.

De lo que se trata es de expandir libremente el gasto gubernamental. El FMI ha suspendido provisionalmente su papel de guardián de la estabilidad fiscal en aras del pago de las deudas para convertirse en un incentivador del gasto mediante el endeudamiento, como forma de incentivar el consumo y contribuir a que los países desarrollados, que son sus propietarios, salgan de la recesión económica.

Economistas como Carlos Despradel, Isidoro Santana y Apolinar Veloz han advertido que el cambio de política partió de la reunión de Abril del Grupo de los Países Desarrollados (G-20) que decidió un conjunto de medidas para afrontar la crisis económica que entonces estaba en pleno apogeo. Se acordó proporcionar al FMI y al Banco Mundial abundantes recursos para que presten a manos abiertas. Después se verá qué hacer para que los endeudados paguen, pero mientras tanto lo fundamental es que importen bienes y servicios del mundo desarrollado.

Al gobierno dominicano le costó mucho tiempo entender las nuevas pautas del FMI, en parte porque había quedado preso de un discurso tan optimista que despreciaba la posibilidad de auxiliarse de ese organismo y porque quería tener las manos libres para gastar de cara a las elecciones legislativas y municipales del 2010.

La recesión es grave

El gobierno abandonó su discurso optimista y el mismo acuerdo que el directorio del FMI aprobará en las próximas horas estima el crecimiento económico dominicano entre  0.5 y 1.5 por ciento en el 2009, aún contando con los recursos financieros que de inmediato empezará a recibir el país. Lo peor no es que los ingresos fiscales se hayan reducido en 11 por ciento, es que es consecuencia de la caída del consumo nacional, de las exportaciones, del turismo, de las remesas, de la inversión extranjera y del financiamiento internacional.

En sectores empresariales el grito va en aumento a causa de la recesión, los del sector turístico lo manejan con discreción, pero entre los industriales nacionales y de zona franca ya no se ocultan los temores y reportan fuerte incremento del desempleo, que se oculta en la cada vez mayor falta de transparencia en la gestión gubernamental.

La tibia oposición política, una entregada al gobierno y la otra dispersa y entretenida en confrontaciones internas, ha contribuido a ocultar la realidad económica, ayudando al gobierno a sobrellevar la crisis, aunque esta semana el Partido Revolucionario Dominicano sacó tiempo para entregar una extensa “Posición ante el Acuerdo Stand by con el FMI”, en la que presenta graves indicadores de crisis y culpabiliza la política gubernamental.

El PRD sostiene que el financiamiento avalado por el FMI llevará la deuda pública a 20 mil 318 millones de dólares, equivalentes al 44 por ciento del PIB y al 319 por ciento de los ingresos tributarios estimados para el 2010. Expresa temores de que el nuevo financiamiento sea gastado con objetivos electorales, por lo que propone que se exija al gobierno integrar  una “Comisión de Seguimiento y Supervisión del Uso de los Recursos Externos e Internos que se recibirán en los próximos 14 meses y que ascenderán a US$3,850 millones”.

Satisfacción y temores

Entre los empresarios y los economistas ha habido satisfacción por la decisión del gobierno de pactar con el FMI, lo que ellos habían reclamado desde que se registró el grave déficit fiscal derivado del desbordamiento del gasto en la campaña electoral del 2008. Expresan la esperanza de que los 5,400 millones de dólares que canaliza el acuerdo para lo que resta de este año y el 2010, contribuyan a una reactivación importante de la economía nacional. En tanto sectores sociales agrupados en el Foro Ciudadano reclaman una inversión social de calidad.

Pero al mismo tiempo, los diversos sectores expresan temores de que esos recursos no sean invertidos en forma que se reproduzcan y generen rentabilidad para afrontar la carga de la deuda que representan. Una serie de pronunciamientos de líderes empresariales han advertido sobre la necesidad de invertir adecuadamente ese financiamiento.

El domingo  25 de octubre el presidente de la Asociación de Industrias, Manuel Díez Cabral, sostuvo que la deuda del Estado podría alcanzar pronto 24 ó 25 mil millones de dólares, cercana al 50 por ciento del PIB, poniendo en peligro la estabilidad macroeconómica. Agregó que no ve voluntad política para variar el “desgastado modelo económico dominicano”.

Al día siguiente el empresario Pepín Corripio expresó sus temores de que el financiamiento que canaliza el FMI sólo sirva para aplazar la crisis económica nacional, especialmente si no se invierten en renglones reproductivos.

El día 28 el presidente de la Cámara Americana de Comercio, Alejando Peña Prieto, remachó la crítica al fuerte endeudamiento, afirmando que pronto aumentará a un nivel muy superior al promedio histórico, y pidió invertirlo para desarrollar el capital humano, fortalecer el sistema de salud y generar más y mejores empleos.

Por su parte el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Lisandro Macarrulla, no ocultó su preocupación sobre el uso que dará el gobierno a los más de 5 mil millones de dólares, indicando que se requiere prudencia en el gasto, que “deben ser orientados a fomentar los sectores productivos de forma tal que aumente el empleo y tengan un efecto multiplicador sobre la economía”.

Pronto habrá que pagar

El Banco Central informó el miércoles que el acuerdo con el FMI será aprobado mañana lunes y que al día siguiente estarán disponibles los primeros 300 millones de dólares. El jueves el secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, firmó un acuerdo con el representante local del Banco interamericano de Desarrollo, Manuel Labrado, para  canalizar 500 millones de dólares, 300 millones de inmediato y el resto el año próximo.

En círculos políticos y profesionales se habla de la suerte del presidente Leonel Fernández que recibirá un baño de dólares que le permitirá recorrer todo el país anunciando inversiones y gastos que tendrán repercusión en los resultados de los comicios a celebrarse en seis meses.

Pero los economistas advierten que aunque el pacto con el FMI no preconiza una reforma tributaria, la deja implícita al anunciar “un esfuerzo gradual de consolidación fiscal a mediano plazo (comenzando a mediados de 2010)”, es decir después de las elecciones. Se plantea “apoyar la consolidación fiscal y mejorar la administración tributaria”, lo que se lograría “por medio de mejorar la legislación relativa a los gravámenes sobre hidrocarburos, así como la racionalización de las exenciones e incentivos fiscales”.  En el punto 12 el pacto entra en detalles como que “el gobierno va a revisar todas las legislaciones que incluyan exenciones tributarias con el fin de eliminar esos esquemas que no satisfacen el objetivo de la legislación”.

No sólo habrá que recaudar más para pagar la deuda, sino que la supresión de exenciones podría llegar a los productos básicos hasta ahora liberados del itebis y a la reducción de incentivos, lo que con una previsible alza de las tasas de interés y presiones inflacionarias afectarían seriamente a sectores productivos y  a la población en general.

Desde luego, en todos los sectores se teme que el fuerte chorro de financiamiento dispare aún más la malversación en obras y compras sin planificación ni concursos y la corrupción gubernamental. La cada vez menor vigencia de mecanismos de control y la pobreza opositora no garantizan suficiente contención.

 

La democracia en retroceso

Por Juan Bolívar Díaz

Si hay algo que marca muy claramente el retroceso democrático dominicano es la forma en que los partidos están procediendo a elegir sus candidatos para los comicios legislativos y municipales del próximo año en alta proporción dejada en manos de las cúpulas, en contraste con el proyecto de ley de partidos que preconiza la votación primaria.

El dedo de los principales dirigentes, las encuestas y las alianzas están decidiendo las candidaturas en detrimento del derecho de los miembros que habían ganado terreno en el proceso electoral dominicano, debilitando la democracia interna y generando conflictos.

Un claro retraso

En el actual proceso de elección de candidaturas se está retrocediendo en la democracia interna de los principales partidos, incluso vulnerando el principio de libre elección por convenciones regularmente convocadas que preconiza el artículo 68 de la Ley Electoral vigente. Aunque seguramente todos convocarán delegados nacionales para que levanten las manos es un hecho incontrovertible que una gran proporción de las candidaturas serán distribuidas previamente por los principales dirigentes de los partidos.

A la cabeza de la elección de dedo se ha colocado el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que fue el primero en instituir la votación de sus bases en la elección de candidatos desde los comicios de 1978, cuando la votación de delegados fue sustituida por el voto universal de los militantes.

También el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha decidido reducir el alcance de su elección interna, en altísima proporción en el caso de las candidaturas a senadores, mientras el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), reducido al papel de comodín de los dos partidos mayoritarios, parece depender nuevamente de una alianza, esta vez con el partido de gobierno.

Para la anterior elección congresional y municipal, en el 2006, los tres partidos mayoritarios celebraron elecciones primarias para casi todos los puestos electivos, aún cuando múltiples alianzas obligaron a sustituir candidatos, pero en proporción muy inferior a lo que se plantea en la actualidad.

Hace 4 años los reformistas comenzaron coqueteando con el PLD para terminar negociando con el PRD lo que se conoció como “alianza rosada” que fue proclamada el 28 de febrero del 2006, cuando concluía el plazo legal para registrarla. Agotaron tres meses en negociaciones interminables que desgastaron a ambos partidos y conllevaron disturbios internos, especialmente en el PRSC que sufrió fraccionamientos de emigrantes hacia los predios del partido gobernante. Al final hubo dos grandes bloques electorales: el encarnado por el PLD, Alianza por la Democracia, Fuerza Nacional Progresista, Partido de los Trabajadores Dominicanos, Bloque Institucional Socialdemócrata, Partido Liberal de la RD y la Unión Demócrata Cristiana. En el otro, junto al PRD y el PRSC participaron el Partido Quisqueyano Demócrata, Unidad Democrática, Partido Renacentista, Alianza Social Dominicana, Partido Demócrata Popular, Partido de la Unidad Nacional, y Partido Nacional de Veteranos y Civiles.

Candidaturas reservadas

El primero en restringir el alcance de su elección primaria fue el PLD, que desde hace varias semanas anunció que no permitiría competencia interna en los lugares donde sus encuestas definen un claro ganador para senador y síndico.

El 12 de octubre el Comité Político decidió reservarse 26 de las 32 candidaturas, lo que equivale al 81%. La proporción de  candidaturas a diputados, síndicos y regidores reservadas es mucho menor, y en general vinculadas a la alianza con una docena de partidos y varios fraccionamientos reformistas que reclaman participación.

En el PLD se tiene la convicción de que muchas de las candidaturas reservadas terminarán beneficiando a personas de la absoluta confianza del líder del partido y presidente de la nación, Leonel Fernández, para protegerlo de una tentativa barrida de los seguidores de Danilo Medina con mayoría en los bloques de legisladores de esa organización.

Pero ha sido el PRD el que ha roto el saco, ya que su Comité Político aprobó esta semana reservar a la presidencia del partido la elección de más de la mitad de los 3,368 cargos de elección. Ello implica el 30% de las candidaturas para senadores, diputados y síndicos, y otro 15% de las mismas para tentativas alianzas, lo que suma 45%.

También la totalidad de las candidaturas a vicesíndicos y suplentes, y el 50% de las correspondientes a los distritos municipales.

Los dos partidos mayoritarios han convocado sus primarias para este mes de noviembre, entre los días 21 y 29, alternándose por regiones. El PRSC decidió “respetar las festividades navideñas” dejando su escogencia para enero, probablemente a espera de comprobar las candidaturas que le deja el PLD dentro de la alianza proyectada.

Consecuencias previsibles

La restricción de la participación de las militancias de los principales partidos en la elección de las candidaturas para los comicios del 2010 se inscribe dentro de una tendencia al fortalecimiento del caudillismo, del clientelismo y del transfuguismo que se viene registrando en la política nacional y que tuvo su punto más alto en el pacto para aprobar la nueva Constitución de la República suscrito entre el presidente Leonel Fernández y el entonces sólo ex candidato presidencial Miguel Vargas Maldonado, impuesto a los legisladores de los dos partidos mayoritarios.

La repartición de altas proporciones de cargos refuerza la lealtad a quien otorga y no a los miembros de los partidos, fomentando el caudillismo. También incentiva el transfuguismo que se registra en los últimos años, primero en aras del liderazgo del presidente Fernández y ahora también del de Vargas Maldonado.

Aunque la restricción ha creado malestar en ambos partidos, el mismo es mayor en el PRD, donde las candidaturas a elegir por sus militantes no llegarán a la mitad del total, y dirigentes como Hipólito Mejía, Luis Abinader y Rafael Calderón, han advertido que eso tendrá serias consecuencias. El diputado Calderón, quien aspira a la candidatura a senador por Azua, llegó a proclamar el jueves que si la base no decide allí, perderán la provincia.

En el PLD por estar en el poder tiene mucho más que repartir, además de que tiene una tradición de mayor cohesión interna, por lo que las consecuencias previsibles no serían traumáticas. No así en el PRD, con una tradición de enconadas luchas internas y donde miles de dirigentes y militantes cifran sus expectativas de ascenso político, social y económico en un cargo electivo.

Las consecuencias pueden ser más devastadoras para un PRD en la oposición, aún sin aliados definidos, frente a un PLD que mantiene un “Bloque Progresista”, que en los últimos comicios incluyó a una docena de partidos y cientos de agrupamientos, con el beneficio adicional del presupuesto nacional y los recursos del Estado.

¿Y la Ley de Partidos?

Llama la atención que los líderes perredeístas, tal vez por estar tan embarcados en  sus feroces luchas internas, no han insistido últimamente en la aprobación del proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, tras haber concluido la tarea constitucional. Se había dicho que existía el compromiso con el PLD de aprobarlo en octubre, tan pronto terminaran con la Constitución.

Finalmente los líderes del PRD se convencieron que aunque aprobaran ahora la Ley de Partidos, era imposible que fuera aplicada de inmediato la parte de su contenido que ponía en manos de la Junta Central Electoral la organización de las primarias de todos los partidos en una misma jornada de votación. Perdieron demasiado tiempo contando con lo que siempre pareció imposible, pero ahora pueden cometer otro error, al no insistir en la aprobación de una ley que conllevaría límites y sanciones al abuso de los recursos estatales en la campaña electoral, cada vez más escandaloso en las elecciones nacionales.

Pero es contradictorio y significativo que quienes más insistieron en la Ley de Partidos que instituye la elección primaria obligatoria para el 90 por ciento de los cargos, sean ahora los que más han restringido el derecho a elegir de sus militantes.

El artículo 47 del proyecto reza: “Con la aprobación de sus integrantes, el organismo de máxima dirección colegiada de todo Partido o Agrupación Política tiene el derecho, en el marco de lo establecido en la presente Ley, de reservar a conveniencia de su organización política, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes del mismo partido o por acuerdos, alianzas o fusiones con otros Partidos o Agrupaciones Políticas, un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalentes al diez por ciento (10%) del total de las nominaciones establecidas por la Constitución y las leyes en todo el país, para los puestos de senador, diputado, síndico y regidor”. Luego se dijo que el diez por ciento había sido elevado al 15.

 

 

 

El peor año de Leonel

Por Juan Bolívar Díaz

Este  primer año de su tercer período de gobierno ha sido el peor para el presidente Leonel Fernández, atrapado en la crisis económica internacional que ha generado una severa recesión atando las manos al gobierno para satisfacer crecientes necesidades que se expresan en protestas populares.

El fracaso energético y el aumento de la percepción de dispendio y corrupción han minado la imagen del gobierno, el cual logró amortiguar su declive  con la Cumbre de las Fuerzas Vivas y los pactos con Miguel Vargas Maldonado y el Partido Reformista Social Cristiano.

Arranque muy optimista

El tercer período de gobierno del presidente Leonel Fernández, y segundo consecutivo, arrancó con un discurso excesivamente optimista cuando ya la crisis financiera internacional devenía en recesión económica llamada a repercutir inevitablemente sobre el país. Un impresionante anuncio de obras a ser construidas y de financiamientos externos  contrastaban con la crisis de los mercados financieros.

El discurso presidencial persistía en que el país estaba blindado ante la crisis internacional, llegando a sostener el 23 de septiembre que “lo peor del huracán financiero ha pasado”, y que no veía forma de que afectara a la nación. Si se revisa el discurso de juramentación del año pasado se advierte que no sólo no han podido arrancar las obras físicas, sino tampoco la priorización de la educación, salud y viviendas, ni el incremento prometido a la inversión para fomento de la producción agropecuaria y de las pequeñas y medianas empresas, ni ha tenido éxito el combate a la corrupción y al narcotráfico.

Como en sus anteriores gestiones, el mayor éxito del presidente Fernández ha radicado en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, que no es poca cosa en un escenario de crisis nacional e internacional, con baja inflación, pero con un alto costo recesivo traducido en desempleo. Aunque todavía el año pasado el crecimiento económico registrado por el Banco Central alcanzó el 5 por ciento, para este 2009 sólo el persistente optimismo gubernamental lo cifra en 3 por ciento.

Aunque gran parte de las precariedades se derivan de la crisis económica internacional, también hay ingredientes nacionales. El gobierno se auto heredó un déficit fiscal sobre 55 mil millones de pesos, cercano al 4 por ciento del producto interno bruto, como costo de la reelección del presidente Fernández por la multiplicación de los subsidios, el clientelismo y el gasto público en la campaña electoral del 2008.

La terrible realidad

El presupuesto de 329 mil millones de pesos, con casi dos mil de financiamiento internacional, siguió en la línea optimista, pero los resultados de los primeros meses provocan un aterrizaje a la realidad de la recesión, y la caída de los ingresos ata las manos del gobierno para responder a las expectativas creadas. Ya en junio el presidente Fernández dijo que en el último año ha enfrentado el período  más grave y severo y de mayores precariedades en todo su ejercicio de  gobierno.

Los resultados a la primera mitad del año indican caídas del 7 y 8 por ciento en el turismo, las exportaciones de zonas francas y las remesas, del 30 por ciento en las exportaciones nacionales y en las importaciones no petroleras, y los ingresos fiscales se  han reducido en más de 17 mil millones de pesos, equivalentes al 13.4 por ciento. Para un gobierno acostumbrado al dispendio, gracias a 4 reformas tributarias que elevaron sus ingresos en más de un 150 por ciento en el período 2004-08, resulta difícil realizar los ajustes correspondientes, pese a los persistentes reclamos de los sectores empresariales y los economistas e incluso de los organismos internacionales para que reduzca el gasto ineficiente y entre a un período de austeridad. En vez de ello, el período comenzó con un festival de designaciones de altos funcionarios que ya en octubre Participación Ciudadana cifró en 53 secretarios de Estado y 320 subsecretarios.

Aunque el gasto corriente se redujo en 8 por ciento en el primer semestre de este año, fue básicamente por la supresión de subsidios, porque en personal se elevó 20 por ciento. La contracción se reflejó básicamente en la inversión de capital, que se vio reducida en 64 por ciento, peor aún en la construcción gubernamental que cayó  93 por ciento. No han aparecido los 4 mil millones de pesos adicionales al presupuesto de Educación que anunció el primer mandatario y la inversión en el sector  volverá a quedar este año en 2 por ciento del producto interno bruto.

Creciente insatisfacción

La virtual paralización de las inversiones, más que la acción de una oposición que se muestra autodestructiva e incapaz, es lo que explica la proliferación de las protestas sociales a un ritmo que la antropóloga Tahira Vargas cifra en una por día en lo que va del año. Aunque la insatisfacción se ha extendido también a sectores como el empresarial, que ha demandado insistentemente cambios de políticas y de modelo económico.

Uno de los factores que más incentivan las protestas son los prolongados apagones, con algunas treguas a lo largo del año, a causa de las deudas con los generadores. El gobierno sigue dando palos de oscuridad, electrocutándose a la vista de todos. En cinco años apenas aumentó en 50 megavatios la oferta energética, no ha cumplido la reiterada promesa de revisar los contratos, readquirió  Edeeste, pagando 29 millones de dólares y asumiendo una deuda sobre 500 millones de dólares, y elevó la tarifa en proporción que ha irritado, mientras ha sido incapaz de aplicar la ley del 2007 que penaliza el robo de energía.

En diciembre del 2007 el presidente Fernández creó un Consejo Presidencial para el Fortalecimiento del Sector Energético, integrado por altos empresarios y funcionarios, pero que ha devenido en otro organismo inoperante. Luego en la Cumbre de las Fuerzas Vivas consensuó 26 propuestas que no ha ejecutado, para volver en las últimas semanas a reuniones con organismos internacionales en busca de un plan de desarrollo que abra compuertas al financiamiento del sector, y proponer otra reunión cumbre.

Zoom

Transparencia y corrupción

Lo que más ha pegado los cables al gobierno ha sido la poca transparencia y la corrupción que se percibe en el país y en los ámbitos internacionales, tanto que hasta el Papa pidió en abril “fuerte determinación para erradicar definitivamente la corrupción”. Las denuncias de malversación, nepotismo, sobrevaluación, violación a la ley de compras y contrataciones han afectado a la Secretaría de Obras Públicas, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, el Instituto de Recursos Hidráulicos, el programa de Reducción de Apagones, la oficina Técnica del Transporte Terrestre, la Dirección de Migración, la Lotería Nacional, así como a varios ayuntamientos.

La percepción de que la corrupción aumenta quedó patente en la última encuesta Gallup-HOY, con tasa sobre el 80 por ciento, incluyendo al 59 por ciento de los mismos que se decían simpatizantes del partido de gobierno. En la última evaluación de 134 países del Foro Económico Mundial  la nación ocupa el puesto 132 en favoritismo gubernamental, 131 en despilfarro del gasto del gobierno, y 127 en desvío de fondos públicos.

En los indicadores de Buen Gobierno del Banco Mundial publicados en junio, el país obtuvo 32 por ciento en control de la corrupción. En el estudio del International Budget Partnership sobre transparencia en manejo presupuestario de 85 países, publicado en Washington en enero, ocupó el escalón 68 con sólo 11 puntos sobre 100.

El éxito de la Cumbre

Las habilidades comunicativas del presidente Fernández siguen siendo uno de los mayores haberes de su gobierno, aunque hay quienes creen que pierde influjo por la saturación de seminarios y viajes al exterior, que en este año han sido once, tres de ellos de larga duración, incluyendo a Europa, Asia y África.

Entre los mayores éxitos del año se cuenta la Cumbre con las Fuerzas Vivas, celebrada entre enero y febrero, con la que logró neutralizar la caída de popularidad determinada por los indultos navideños a la banquera Vivian Lubrano y cinco de los seis condenados por las irregularidades del Plan Renove. El gobierno ha hecho esfuerzos por cumplir los acuerdos de esta cumbre, pero la crisis económica le ha impuesto límites.

Otros éxitos presidenciales fueron la firma de pactos con el nuevo líder del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, y con el Partido Reformista  Social Cristiano, que facilitaron el curso aprobatorio del proyecto de Constitución del doctor Fernández, calificado de conservador y presidencialista.  Sin embargo, los escándalos de narcotráfico que han envuelto a la Marina de Guerra, la Policía Nacional, la Dirección de Control de Drogas y al  Ministerio Público durante el último año, han afectado severamente la imagen del gobierno, con las mayores expresiones  focalizadas en Baní, Azua, Puerto Plata y Bonao.

Los resultados de este primer año del período gubernamental han sido tan devastadores que justifican el empate en las preferencias electorales del partido de gobierno y el principal de la oposición, registradas en la última encuesta HOY-Gallup, aunque este lleve un año consumiéndose en rencillas internas.

Urgen renovación en el gobierno

Por Juan Bolívar Díaz

La propuesta del doctor Vincho Castillo de una renuncia colectiva de los altos funcionarios para facilitar una renovación del equipo fundamental del gobierno, recoge expectativas que se anidan en sectores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y entre algunos de sus aliados.

Aunque se ven escasas las posibilidades de una real renovación, analistas políticos estiman que convendría al presidente Leonel Fernández y su partido alguna maniobra que permitiera rejuvenecer un Gobierno que nació viejo hace un año y camina hacia el desgaste tres años antes de la conclusión de su período.

La renuncia colectiva

El doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho) sorprendió el pasado fin de semana al formular públicamente una propuesta de renuncia colectiva de los altos funcionarios para facilitar al presidente Leonel Fernández una reestructuración de su gobierno, que luce viejo cuando apenas va a cumplir su primer año el próximo día 16.

La idea, expresada en un programa de televisión, fue recogida por los diarios del lunes y tuvo pocas reacciones, ya que los peledeístas no son proclives a reconocer que tengan necesidad de renovación alguna. En la opinión pública no se le ve perspectiva de materialización, pero muchos comentaristas de radio y televisión la estimaron conveniente.

Tal vez Vincho Castillo fue demasiado franco al vincular la necesidad de renovación gubernamental con la proliferación de denuncias y el crecimiento de la percepción de corrupción en el aparato gubernamental, lo que hace más difícil que sea tomada en cuenta en un partido que se cree por encima del bien y del mal.

Para el polémico abogado y líder de la Fuerza Nacional Progresista, aliado del presidente Fernández desde su primer gobierno en 1996, éste debe ejecutar “cambios drásticos en su administración” para crear nuevas expectativas. Explicó que el líder peledeísta ha dado autonomía e independencia a sus funcionarios, ya que es partidario de la descentralización, pero a veces llegan exponentes que “medio se pierden”.

Los periodistas se apresuraron a buscar reacciones entre funcionarios gubernamentales, tropezando con un muro de silencio, con la excepción del secretario de la Presidencia y no precisamente para apoyarlo, sino recordando que “es al Presidente a quien corresponde decidir los cambios de funcionarios en el momento que los considere acordes con las orientaciones de su gobierno”. El rechazo del doctor César Pina Toribio se derivó más que nada de la consideración de que hay corrupción.

Que pidan  perdón

En el caliente debate radiofónico y de Internet fue generalizado el clamor de apoyo a la sugerencia del doctor Castillo, la que coincidió con un abierto reclamo formulado por uno de los superiores de los franciscanos capuchinos, durante una rueda de prensa celebrada el domingo al anunciar las celebraciones del centenario de presencia en el país de esa orden religiosa.

Fray Santiago Bautista pidió al presidente Fernández una renovación de su gabinete, llegando a identificar funcionarios específicos y sosteniendo que “hay que poner gente nueva, porque hay personas mayores que ya debieran estar en sus casas, pidiéndole perdón a Dios, por una parte, y por la otra descansando, porque lo que están es repitiendo lo mismo y le han mentido al pueblo”.

Analistas políticos y sociales coinciden en descartar que Fernández vaya a hacer un cambio significativo en su equipo, ya que lo consideran parte de una concepción de gobierno basada en la repartición entre los integrantes del Comité Político de su partido y las cabezas de una docena de grupos políticos aliados, donde cada quien es dueño de una parcela. Se estima que a lo más que podría llegar es a un intercambio de posiciones.  El politólogo Pedro Catrain fue radical al plantear esta semana en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio que el Presidente de la nación “está en medio de una gran tensión para decidir si modifica el esquema clientelista y de corrupción, en un proceso en que la política tiene costos tan altos”. Sostiene que el discurso del doctor Fernández “se ha agotado y ha pasado al terreno de la simple simulación”.

En el mismo escenario, la socióloga Rosario Espinal descartó que tenga efecto un simple cambio “de Juan por Pedro”, creyendo necesario el envío de verdaderas señales de cambio. “De lo que se trata es de que el Presidente puede reinventar una nueva idea de su gobierno y de la política dominicana”, sostuvo. Considera que el Presidente cuenta con la debilidad de las alternativas de oposición y basado en ello podría correr el riesgo de evadir la necesaria renovación.

Silenciosa aprobación

Entre aliados del PLD hay una expectativa de que el Presidente encuentre fórmulas para dar una imagen de renovación de su gobierno, conscientes de que el declive de popularidad registrado por la reciente encuesta Gallup-HOY se percibe en cualquier sector social. Hubo uno que bajó la voz para decir que él comparte la conveniencia de la renuncia colectiva para incentivar al Presidente a la renovación, pero sostiene que “ese es un recurso de un estadio más racional de la política en países desarrollados”.

En el mismo partido de gobierno hay también quienes creen que una forma de enfrentar el desgaste, aunque sea engañosa, es renovando los ejecutivos. Algunos dan por hecho que habrá un significativo movimiento. Advirtiendo incluso el riesgo de que puedan pagar justos por pecadores, un miembro del Comité Central peledeísta expresó que de cara a las elecciones legislativas y municipales del próximo año sería conveniente “siquiera un bulto de cambios, que de paso incluya a algunos de los más señalados, sino por corrupción, al menos por manejo inapropiado o indelicado de recursos públicos”.

Otros consultados no sueltan prenda, pero uno aseguró que habrá rotaciones, llegando a señalar algunos por sus nombres, a condición de que no fueran citados. Los rumores circulan desde hace varias semanas, atribuyéndose las versiones a personas muy próximas al presidente Fernández.

En la opinión pública existe la convicción de que al no realizar cambios significativos en su equipo el presidente Fernández pegó un sello de viejo al período que inició el 16 de agosto del año pasado. La columna AM del Diario Libre lo recogió el pasado lunes 3 cuando señaló que el régimen “está bajo fuego y asediado por todos los frentes”, estimando que es causa de varios factores entre ellos que “El Gobierno nació viejo. Con un gabinete casi sin cambios, el Gobierno arrastró impopularidades y obsolescencia sin necesidad. Para la gente el PLD es un partido cautivo del Comité Político,  mayoría de cuyos miembros componen el gabinete”.

Tradición balaguerista

Durante sus 22 años de gobierno el presidente Joaquín Balaguer hizo tradición la realización de múltiples cambios para las fiestas nacionales del 27 de febrero y el 16 de agosto. La mayoría de las veces se trataba de simple rotación, pero de vez en cuando dejaba sin cargo, aunque transitoriamente, a los que más habían concentrado el rechazo de la opinión pública.

Autocrático, el viejo caudillo maniobraba para convertir a algunos de sus incondicionales en chivo expiatorio. Llegó al grado en una ocasión de dejar sin funciones a su mano derecha de toda la vida entonces secretario de la Presidencia, el doctor Rafael Bello Andino, señalado como responsable de una turbia contratación energética con la empresa franco-canadiense Hydro-Quebec Sofati.

Los gobiernos que le han sucedido, tanto los de Fernández, como el de Hipólito Mejía, se han caracterizado por su poca rotación de funcionarios y renuencia a sacar de circulación aún a los más rechazados, protegidos  por su condición de dirigentes del partido oficial o aliados políticos circunstanciales. Una excepción fue la de Ángel Lockward sometido a la justicia por denuncias de irregularidades en la distribución de bonos para subsidiar el gas propano, cuando era secretario de Industria y Comercio en el gobierno perredeísta de Mejía.

Al iniciar su segundo período de gobierno hace un año, el presidente Fernández hizo el mayor número de cambios de la etapa post Balaguer, pero sin dejar fuera a ningún funcionario de alto nivel. La rotación involucró a los titulares de la mitad de las secretarías,  Educación, Fuerzas Armadas, Presidencia, Industria y Comercio, Turismo, Trabajo, Medio Ambiente, de la Mujer y de la Juventud.

Múltiples movimientos en los mandos de las Fuerzas Armadas, y de las direcciones nacionales de  Investigación y de Control  de Drogas dieron alguna sensación de renovación. Pero el equipo económico permaneció casi intacto, lo que fortaleció la percepción de que el nuevo gobierno era “más de lo mismo”.

El gobierno sigue contra las cuerdas

El enérgico discurso del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el paro de los profesionales de la salud y un nuevo comunicado de múltiples entidades reclamando acción contra la corrupción siguieron zarandeando esta semana al gobierno, mientras el deterioro de los servicios de energía y agua no da tregua.

Las prepotentes descalificaciones de las entidades y comunicadores sociales que denuncian corrupción y reclaman  sancionar la malversación de recursos públicos y mejorar los servicios parecen alentar la confrontación en momentos en que se pretende concluir a la carrera el largo proceso de aprobación de una nueva Constitución.

Una semana terrible

La última semana de julio ha sido devastadora para el gobierno del presidente Leonel Fernández, colocado contra las cuerdas por las denuncias de corrupción, las protestas y los reclamos sociales en momentos en que la precariedad de los servicios de energía, agua potable y atenciones hospitalarias alcanzan niveles críticos.

El liderazgo empresarial aumentó las críticas, los profesionales de la salud reanudaron su lucha de más de un año por mejoras salariales paralizando los hospitales públicos, prosiguieron las iniciativas de protestas populares y se produjo un nuevo comunicado de múltiples instituciones sociales reclamando acción contra la corrupción.

La Cámara de Cuentas avaló las denuncias de malversación, al señalar que en la mayoría de 154 auditorías que ha realizado en el año a instituciones estatales se han detectado violaciones a la ley de compras y contrataciones públicas, evasiones impositivas  y otras irregularidades, y su presidenta Liselott Marte se quejó de que el ministerio público no sanciona la corrupción.

HOY dio cuenta de las auditorías practicadas a la Junta Central Electoral y a la Dirección de Migración, que arrojan numerosas irregularidades como la ausencia de soportes justificativos de gastos por más de 30 millones de pesos, no consignación de pagos de Itebis en facturas, evasión de impuestos sobre la renta,  así como gastos injustificados de representación y comida, y donaciones de materiales de construcción. Se consigna que Migración tiene 16 subdirectores, cuatro sin funciones ni oficina.

Por su parte la periodista Alicia Ortega denunció otras irregularidades en la adjudicación de obras y en pagos sin registro de contrato por parte de la Secretaría de Obras Públicas por cientos de millones de pesos. La entidad explicó que había recibido una dispensa y que posteriormente registró los contratos en la Contraloría General, publicando una carta del contralor del 29 de Julio donde se dice que los expedientes (libramientos) por más de mil 35 millones de pesos “han sido debidamente completados y los contratos registrados”. No se especifica cuándo fueron completados, pero se supo que 30 de los contratos fueron registrados después de la denuncia.

Firmeza empresarial

Ha llamado la atención la firmeza con que sectores empresariales han cuestionado últimamente  la malversación de recursos públicos. Han vuelto a firmar comunicados con las otras instituciones de la sociedad civil, después de haberse ausentado de escenarios como el Foro Ciudadano y la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que pusieron presiones al gobierno perredeísta de Hipólito Mejía, especialmente cuando se temieron manipulaciones en las elecciones del 2004 que ganó el PLD.

La semana comenzó con la petición de la Federación de Asociaciones Industriales y la Asociación de Industriales de Herrera de que el gobierno deje de manejar la corrupción con paños tibios y que pase del discurso a la acción. Acogieron el planteamiento del presidente Leonel Fernández de un pacto por la transparencia con el sector privado, expresando su esperanza de que se convierta en realidad.

El discurso del presidente del CONEP, bien acogido en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, fue un análisis profundo de la estructura y políticas nacionales para concluir en la necesidad de un nuevo modelo económico. Criticó la baja inversión estimando que el clientelismo se traga todos los ingresos públicos”. Rechazó el excesivo endeudamiento, llegando a señalar el absurdo de que el Estado se endeuda para financiar gastos corrientes, arremetiendo contra una economía basada en las importaciones y el consumo y no en la promoción de la producción agropecuaria e industrial.

En sectores empresariales se manifiesta un creciente disgusto con la política económica del gobierno, que ha minimizado sistemáticamente los efectos de sus déficits e incluso de la crisis financiera y económica internacional con tal de no implementar austeridad. Recuerdan cómo han sido ignorados los múltiples consensos para reducir el gasto corriente, el último de los cuales generó la burlada ley de austeridad para el 2007.

Es creciente el temor a los efectos de otro déficit fiscal parecido al del año pasado, que sobrepasó los 50 mil millones de pesos, ya que los ingresos  han disminuido y el gobierno, negado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le obligue al equilibrio fiscal,  apenas ha podido ejecutar el 18 por ciento del financiamiento   externo contemplado en el presupuesto de este año.

El frente popular

El frente popular y las instituciones de la sociedad civil tampoco dan tregua en los reclamos de obras y servicios y de sanción de la corrupción. Esta semana tuvieron expresión en la peregrinación de campesinos del Este hasta el Palacio Nacional  y la crucifixión del dirigente comunitario José Ortiz, en el barrio Cienfuegos, de Santiago. Un nuevo grupo “Autoconvocados” montó piquete a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, mientras se producían nuevas protestas en Puerto Plata y Santiago.

Lo peor fue la reactivación de los reclamos salariales de los gremios de profesionales de la salud, encabezados por el Colegio Médico y asociaciones de enfermeras, con la ocupación del edificio de la Secretaría de Trabajo por unos 40 dirigentes. Tras ser desalojados violentamente la madrugada del martes y encerrados en una cárcel, convocaron un paro de los hospitales públicos que afectó los servicios durante tres días, con amenaza de extenderlo a la próxima semana.

El grupo juvenil “Toy Jarto pero Creo en mi País” depositó una querella en el Departamento de Prevención de la corrupción contra el Secretario Administrativo de la Presidencia, Luis Manuel Bonetti, mientras el jueves un grupo de entidades sociales que hace dos semanas reclamaron sanción a la corrupción, volvieron a formular condenas a todo género de malversación de fondos. Se dirigieron a la Procuraduría General, la Suprema Corte, la Cámara de Cuentas, y otras instancias del Estado reclamando sancionar la corrupción, el nepotismo y otras irregularidades en la administración pública.

“Deseamos señalar que el dispendio de recursos públicos y los claros signos de corrupción que observa la ciudadanía, junto al deterioro del acceso a la educación, salud, energía eléctrica, agua potable y otros servicios básicos, están limitando el desarrollo de la nación y la capacidad para combatir la pobreza”, indica el documento. Y agrega que “la indiferencia y la permisividad frente a la corrupción están provocando un creciente y justificado descontento en la población. Todo esto demanda mayor compromiso moral para emprender acciones que contribuyan a que los fondos públicos sean administrados con pulcritud y transparencia”.

Los firmantes del comunicado están encabezados por el Foro Ciudadano que agrupa a más de un centenar de instituciones, la Federación de Asociaciones industriales, el movimiento Participación Ciudadana, el Centro Juan XXIII, Fundación Probién, La Lucha, Ciudad Alternativa y el Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo.

Reacciones destempladas

Los resultados de la encuesta Gallup-HOY publicados la semana pasada, que muestran una dramática insatisfacción con el gobierno y la caída de las preferencias por el PLD no han impedido reacciones destempladas y prepotentes frente a demandas y críticas. Llegan al extremo de atribuir las denuncias de irregularidades en la CDEEE a un plan financiado por empresarios para perjudicar a su gerente, como indica un escrito que circuló esta semana, involucrando  a un general y varios oficiales militares, así como al secretario de Economía Temístocles Montás y a Danilo Medina.

Euclides Gutiérrez, dirigente y funcionario, llama a los peledeístas a pelear contra quienes considera detractores, descalificando a todos los contestatarios del gobierno e insultando a cientos de dirigentes reconocidos de la Fundación Institucionalidad y Justicia y de Participación Ciudadana, pidiéndoles que expliquen “de dónde sacan dinero para andar en carros bonitos, ropa, muchos sacos y corbatas”.

El secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, reacciona ante el planteamiento del CONEP de cambio de modelo económico, diciendo que pueden comenzar suprimiendo incentivos a las empresas por más de cien mil millones de pesos anuales, y el secretario de Salud desafía a los médicos y enfermeras a abandonar los hospitales. Otros atribuyen las protestas sociales y las denuncias de corrupción a malévolos planes políticos, sin que falten quienes entiendan que todos los periodistas críticos están vendidos.

Esa intolerancia y prepotencia es signo de borrachera de poder cuyo más cercano antecedente fueron los “pepeachistas-perredeístas” que en la campaña electoral del 2004 desdeñaron todas las críticas y se burlaron de periodistas y de la sociedad civil, convencidos de que sólo ellos “sabían de política”. Lo grave  de ahora es que ocurre muy temprano,  cuando al gobierno le quedan tres años, lo que hace difícil prever cómo terminará.

El Gobierno en picada y el PLD pierde ventaja

Por Juan Bolívar Díaz

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha perdido la fuerte ventaja que tuvo durante 6 años en las preferencias electorales sobre el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de acuerdo a los resultados de la última encuesta Gallup para HOY publicados esta semana, donde aparecen en un virtual empate de cara a los comicios del año próximo.

Aunque sorprende el nivel de preferencias de la primera dama Margarita Cedeño, lo que remite al fuerte liderazgo que conserva el presidente Fernández, los resultados de la encuesta muestran una gran insatisfacción con el gobierno, frente a la corrupción, lucha contra la delincuencia y la crisis económica y el desempleo.

Adversos resultados.  Los resultados de la última encuesta Gallup-HOY publicados esta semana sugieren que el apoyo al gobierno está en picada, ratificando la percepción general de que sufre un franco desgaste y paga las consecuencias de la crisis económica, el persistente desastre energético y de las denuncias de corrupción de los últimos tiempos.

Resalta que del 55% que consideraba negativa la situación de la economía nacional en la anterior encuesta de esta firma, realizada en abril del año pasado, se elevó ahora al 82%, para un incremento de 37 puntos. 64% dice que su economía personal es negativa y 76% percibe al país por mal camino.

La insatisfacción con la gestión gubernamental alcanza los dos tercios en seis de trece renglones fundamentales puestos a consideración de los 1,200 encuestados en la semana del 8 al 12 de julio en curso, sobrepasando el 60% en otros tres. La peor valoración la obtiene en el control y regulación  de la inmigración con 78%. En cuanto a los precios de los artículos básicos y la creación de empleos tiene la reprobación del 76%, en las luchas contra el narcotráfico y contra la delincuencia registra la misma proporción de 68%, y 66% en combate a la corrupción administrativa.

Llama la atención que aún en cuanto a estabilidad económica, considerado el principal logro del gobierno de Leonel Fernández, la desaprobación se aproxima a los dos tercios con el 64.5%, casi la misma que en la conflictiva materia de energía eléctrica, donde alcanza el 64%.

Sólo en el mejoramiento de la educación la aprobación se aproxima a la mitad, con el 47%, alcanzando 36% en mejoría del transporte público, mientras en atención a la salud, y en obras públicas alcanza el 34%.  En energía eléctrica y aumento de sueldos a la administración pública registra el 21%.

También se recoge gran insatisfacción en la pregunta sobre al manejo de la crisis económica, pues sólo el 35% la estima positiva, mientras 45% cree que ha sido negativa, y el 18% la califica como regular, y 60% considera que el presidente Fernández gobierna en beneficio de los privilegiados.

Cuando se puso a escoger a los encuestados sobre 20 dificultades vinculadas a la economía, 64% señaló la inflación y el costo de la vida, pese a que las autoridades cifraron en 5% el alza de precios durante el año pasado y menor en la primera mitad del 2009. Los apagones (55%) y el desempleo con 42% fueron las otras dificultades más indicadas.

Rechazo a la corrupción.  Lo que más contundentemente queda ratificado en la encuesta es el rechazo al dispendio y la corrupción que en las últimas semanas ha alcanzado niveles casi sin precedentes. Dos terceras partes de los entrevistados (66%) consideran que la corrupción está en aumento, mientras un abrumador 84% estima que hay mucha impunidad.

El 58% de la muestra estimó que la corrupción es ahora mayor que antes, y cuando se quiso establecer comparación con el gobierno anterior, el de Hipólito Mejía, casi la mitad, (48%) consideró que ahora es mayor, mientras 23% la estima igual. Sólo el 25% cree que ahora la corrupción es menor.

La percepción sobre el reinado de la corrupción es tan generalizada que incluso el 59% de los encuestados que confesaron simpatías por el PLD la advierten en crecimiento.

Ese resultado descarta la recurrente consideración gubernamental que atribuye a la oposición política las denuncias de corrupción y dispendio de los recursos públicos.

Por consecuencia del escándalo que ha sacudido  la administración de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales en las últimas semanas, no resultó sorprendente que esta encabezara los señalamientos de las instituciones donde se percibe mayor corrupción, seguida en orden descendente por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de la Presidencia, el ministerio público, la Suprema Corte, Aduanas, el Senado, Salud Pública, Instituto de Recursos Hidráulicos, Junta Central Electoral y la Cámara de Diputados.

Preferencias electorales.  El desgaste del gobierno parece tan fuerte que el PRD se ha igualado en preferencias electorales con el PLD de cara a los comicios legislativos y municipales del próximo año, pese a que para el 41% de los encuestados la oposición que ese partido hace es muy mala o mala, proporción que alcanza el 48% en el caso del Partido Reformista Social Cristiano. Mientras sólo el 32%  cree que es buena o muy buena la oposición perredeísta y 23% la reformista.

Es relevante que las intenciones de voto para el 2010 estén en virtual empate entre los dos partidos dominantes. 32% dijo preferir al PLD y 31% se inclinaba al PRD. Otro tercio se repartió entre 12% que no prefiere a ninguno y 20%  que no sabe si votará ni por quién. El PRSC quedó con 5%, casi similar a su votación del año pasado.

Este resultado debe haber alentado a los perredeístas que desde hace 6 años habían aparecido muy a la zaga de los peledeístas en las preferencias expresadas en las encuestas independientes, lo mismo que en las tres últimas elecciones generales. Las  últimas encuestas Gallup y Penn and Schoen  que favorecieron al PRD se  conocieron para la campaña electoral del 2002, cuando el partido blanco obtuvo 42% del sufragio en el nivel congresional, contra 29% del partido morado.

En una encuesta Penn and Shoen publicada por El Caribe el 17 de septiembre del mismo 2002 ya aparecía el PLD encabezando las preferencias para los comicios del 2004, superando al PRD por 5 puntos, 33 a 28% y desde entonces ha predominado en todas las encuestas de esa firma y de Gallup Dominicana, así como en otras consideradas independientes.  La preferencia registrada en la Gallup-HOY publicada esta semana para el PRD es similar a la votación de las anteriores elecciones congresionales, del 2006, que fue de 31%. Pero para el PLD que hace 3 años obtuvo 41%, significa 9 puntos menos. En relación a los comicios presidenciales de 2008, la actual preferencia del PRD supone 7 puntos menos, ya que sin aliados obtuvo 38.5%, pero para el PLD, que sin aliados obtuvo 45%, la caída es de 13 puntos. Estos datos podrían estar indicando un declive peledeísta.

La sorprendente Margarita

Si hubo una auténtica sorpresa en los resultados de esta Gallup-HOY lo fue en las preferencias expresadas por la primera dama, Margarita Cedeño de Fernández para la candidatura presidencial del PLD en el 2012, tanto en el universo encuestado como entre los que se confesaron simpatizantes del partido de gobierno.

En el primer caso empata con Danilo Medina con 26%, pero lo más significativo es que entre los peledeístas casi lo duplica 38 a 20%, lo que podría significar que el fuerte liderazgo del presidente Fernández se está trasvasando hacia su esposa, aparte del crédito que ella se ha ganado trabajando intensamente en programas sociales de amplio financiamiento estatal.

Ese resultado es más significativo por cuanto la doctora Cedeño no ha tenido una maquinaria trabajando para su candidatura como el licenciado Danilo Medina, aunque no han faltado quienes la promueven para la candidatura presidencial, sobre todo teniendo en cuenta que por razones constitucionales hasta ahora el presidente Fernández está descartado como candidato para el 2012.

Para Danilo Medina el resultado puede ser un mensaje de que debe definir posiciones de cara a los graves problemas nacionales, abandonando el bajo perfil en que se ha empeñado en mantenerse desde mediados del 2007 cuando el doctor Fernández lo venció en la lucha por la candidatura presidencial peledeísta.

Otra sorpresa es que Amable Aristy triplique, (45 a 15%) en preferencia para candidato presidencial, a Carlos Morales Troncoso, a quien se  baraja como presidente de consenso para salvar lo que queda del Partido Reformista Social Cristiano.

La encuesta ratifica que en el PRD Miguel Vargas Maldonado corre solo para la candidatura presidencial, al otorgarle preferencias del 67% en el universo y 89% entre los que se dicen perredeístas. Con Hipólito Mejía (6%) y Luis Abinader (4%), en un dígito.

Hay honduras en la crisis de Honduras

Por Juan Bolívar Díaz
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Por más vueltas que se le dé no hay explicación política ni racional para que los poderes fácticos hondureños decidieran la chapucería del golpe de Estado del domingo 28 a sólo 5 meses de las elecciones presidenciales, sumiendo a Honduras en una crisis de graves repercusiones internacionales.

Como tampoco se puede entender con qué racionalidad se empeñaba el presidente Manuel Zelaya Rosado en realizar una consulta sin amparo constitucional que no contaba ni siquiera con un mínimo de apoyo en su propio partido pero sí con el rechazo del sistema judicial, el Congreso y las fuerzas políticas y sociales tradicionales.

Gran atraso y pobreza

Sólo el atraso político, la escasa cultura democrática y la miseria institucional de los principales actores y de la sociedad hondureña pueden explicar el intento del presidente Zelaya de realizar una consulta no prevista legalmente y sobre todo la chapucería del golpe de Estado militar-congresional que genera una crisis de gran magnitud.

Honduras aparece invariablemente entre los cuatro o cinco países más atrasados en términos económicos, políticos y sociales de los 35 que integran el sistema interamericano. Compite con Haití, Nicaragua y Bolivia en los informes sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en la generalidad de evaluaciones internacionales.

Con una población menor que la dominicana, estimada de 7.8 millones de 5habitantes, asentados en un territorio montañoso de más de 112 mil kilómetros cuadrados, más del doble que República Dominicana, es un país de escaso protagonismo internacional, ya sea en la política o la diplomacia, en la literatura, las artes o los deportes.

Los informes del  PNUD y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indican que casi dos tercios de los hondureños viven en niveles de pobreza, llegando al 85 por ciento en la zona rural que alberga el 53 por ciento de la población. Tiene una de las más altas tasas de crecimiento poblacional del continente. Su capital, Tegucigalpa, está virtualmente petrificada, hasta el punto que el impulso desarrollista se ha desplazado hacia San Pedro Sula que con un millón 600 mil habitantes la supera en 300 mil.

Como casi toda América Central y el Caribe, Honduras ha sido signada por la inestabilidad política y la debilidad de sus instituciones democráticas, aunque tenía 31 años de haber superado una cadena de golpes de Estado. El último había sido en 1978, cuando el general Policarpo Paz García depuso al coronel Juan Alberto Melgar Castro, quien había alcanzado el poder 3 años antes derribando al coronel Osvaldo López Arellano, que a su vez  había encabezado el golpe de estado que  el 3 de octubre de 1963 derribó el gobierno liberal y progresista de Ramón Villeda Morales.

Los sueños de Zelaya

Manuel Zelaya, 57 años, de una familia acomodada, ganó la presidencia en el 2005 postulado por el Partido Liberal, uno de los dos que se han disputado el gobierno hondureño por décadas. Inició su gestión en enero del 2006 con éxitos que determinaron un relativo crecimiento económico. A finales del 2007, atraído por los beneficios de Petrocaribe, cuando la carga del petróleo se hizo demasiado pesada, se acercó al eje que hegemoniza el presidente venezolano Hugo Chávez, se declaró de izquierda y prosocialista y amistó con Cuba, lo que lo distanciaría progresivamente de los poderes fácticos hondureños, representados por Fuerzas Armadas, Iglesias, terratenientes, empresarios.

Ese salto pareció una ruptura en una sociedad muy conservadora, donde el pragmatismo represivo apenas guardó las formalidades democráticas, aunque no se envolvió en la guerra civil que afectó a sus vecinos Nicaragua, El Salvador y Guatemala en las últimas cuatro décadas del siglo pasado. Con una base militar norteamericana, su territorio usado para el entrenamiento y la retaguardia de “los Contras” financiados por Estados Unidos para enfrentar al gobierno sandinista de Nicaragua.

En la medida en que se acercaban las elecciones presidenciales programadas para noviembre próximo, Zelaya fue corroído por el virus político del continuismo, pero tropezaba con un amarre constitucional desproporcionado que  prohíbe la reelección, y no deja posibilidad a modificarla en ese sentido, llegando a sancionar a quien lo proponga. De ahí que se haya considerado inconstitucional el referendo convocado por el presidente Zelaya que no era todavía para modificar la constitución, sino para que el pueblo dijera si se podía realizar una consulta sobre ello, con una boleta adicional en la elección presidencial de noviembre.

Desde aquí no se entiende qué ganaba Zelaya, pues de ninguna forma se podría repostular en noviembre. Peor aún que insistiera en realizar la consulta del domingo 28 después de la prohibición de la misma por parte de la Corte Suprema, del Consejo Electoral y de la Asamblea Nacional, de los jefes militares e incluso con la hostilidad de su propio partido y de los poderes fácticos que lo acusaban de populista. Aparentemente un cierto respaldo popular le hizo perder las perspectivas y aferrarse al criterio de que en la democracia ninguna consulta al pueblo puede considerarse delictiva. Pudo basarse en la jurisprudencia colombiana donde la Suprema Corte autorizó una boleta adicional para una consulta que abrió las puertas a la elección de una asamblea constituyente en 1991.

Un peor absurdo

Si la persistencia presidencial en su consulta o “encuesta” como él le llamó, podría ser absurda y hasta ilegal, caía en el plano jurídico y podría ser dilucidado en una corte constitucional, en la Suprema Corte o en la Asamblea Nacional, escenarios en los que sus opositores tenían las de ganar. Eso procedería sobre todo en caso de que el mandatario consumara el acto inconstitucional intentando aplicar el resultado de una encuesta que no era realizada por el organismo electoral.

Pero el imprudente absurdo político presidencial fue respondido con un acto muchas veces peor, cuando se ordenó secuestrar al presidente Zelaya de su residencia, meterlo en un avión y deportarlo para Costa Rica, sin siquiera dejar que se cambiara la pijama de dormir. No sólo se violaron los derechos constitucionales del mandatario y se rompió con la fuerza militar el orden jurídico, sino que también se violaron los derechos de la población que lo eligió y se impuso una censura sobre los medios de comunicación, cortaron la energía eléctrica y los servicios de telecomunicaciones y se suspendieron derechos ciudadanos universales.

Eso y la posterior actuación del Congreso demostró que el golpe político-militar no estaba inspirado en la preservación del orden constitucional, sino en el deseo de salir precipitadamente y a cualquier costo de Zelaya. Hay quienes creen que allí confluyeron diversos intereses regionales que de esa forma querían golpear no solo al mandatario hondureño sino también a sus nuevos aliados, especialmente al presidente Chávez.

Todo fue tan absurdo e irreflexivo que el Congreso Nacional “aceptó la renuncia” del presidente Zelaya en base a una carta falsa leída en la sesión cuando ya hacía horas que el mandatario deportado denunciaba el golpe de estado desde Costa Rica. Designado sucesor, Roberto Micheletti llegó a decir que la actuación militar obedeció a una orden judicial, improvisando así un nuevo ordenamiento constitucional.

La Carta Democrática

Es obvio que en la crisis hondureña faltó capacidad para medir las consecuencias de los actos tanto en el presidente Zelaya como en los golpistas, sumiendo a esa nación pobre en una crisis política que puede conllevar también consecuencias sociales y económicas si no se rectifica atendiendo al contexto internacional.

Los golpistas para nada tuvieron en cuenta los compromisos contenidos en la Carta Democrática Interamericana que en su artículo 19 sanciona “la ruptura del orden democrático o  una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro”.

Para nada pensaron que el contexto internacional imponía sancionar un golpe de Estado, como lo hicieron de inmediato el Sistema de Integración Centroamericana, el Grupo de Río, la Organización de Estados Americanos, la Asamblea de las Naciones Unidas, la Unión Europea y todos los gobiernos e instituciones democráticas.

No será fácil que los golpistas cedan, ya que su actuación tiene una carga emocional, subjetiva e irracional significativa. Al fin de cuentas los poderes tradicionales apenas habían sido amagados por el gobierno.  Puede esperarse que persistan en la vía ya anunciada por Micheletti: simplemente salir del lío adelantando las elecciones de noviembre. Pero en cuánto tiempo pueden precipitarlas, si sólo faltan poco más de 4 meses, el tiempo preciso para poder organizarlas en un país pobre y de instituciones débiles. Con el agravante de que la alternativa constitucional de sucesión quedó comprometida y quemada con el golpe.

En Honduras se han metido en honduras, porque tampoco será fácil para la OEA lavarse las manos, sobre todo teniendo a Chávez y su Alba a la ofensiva, y es obvio que Estados Unidos no quiere dejar ese espacio al beligerante y carismático gobernante venezolano.