2009: mucho circo y poco pan

Por Juan Bolívar Díaz

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El 2009 ha sido un año para olvidar por los dominicanos que vieron agudizarse un proceso de descomposición política y social mientras la crisis económica golpeaba tan duro que al final, para no declararse en quiebra y sin renunciar al dispendio, el Gobierno tuvo que aferrarse a la tabla de salvación del ahora generoso Fondo Monetario Internacional.

Pese al descrédito, el Gobierno logró entretener el país con la Cumbre de las Fuerzas Vivas y el debate de una nueva Constitución, con la colaboración de los partidos opositores, mientras el sistema político mostraba extremas debilidades en la garata con puños de las elecciones de candidatos para los ya próximos comicios legislativos y municipales.

Se cayó el blindaje

Las repercusiones de la crisis económica internacional golpearon duramente el país durante el año que concluye afectando a la mayor parte de los sectores productivos con excepción de la agricultura, aumentando el desempleo y la pobreza y si termina con un crecimiento del 2 al 3 por ciento del Producto Bruto Interno hay quienes lo atribuyen al magno incremento del narcotráfico y el consecuente lavado de dinero.

La reducción de las exportaciones y las importaciones en proporciones cercanas al 25 por ciento, de la producción industrial, de zona franca y minera, así como del turismo y las remesas explican la caída de  las recaudaciones fiscales en alrededor de 20 mil millones de pesos, lo que aumentó el elevado déficit fiscal del presupuesto anual, financiado con un alarmante endeudamiento nacional e internacional.

Ya para la mitad del año no había duda de que no existía el blindaje ante la crisis internacional que el Gobierno argumentó durante más de un año como forma de encubrir la continuación de su elevado gasto corriente y de evadir los ajustes fiscales y la austeridad que le reclamó casi toda la sociedad.

Al tercer trimestre del año el gobernador del Banco Central y el secretario de Economía lograron convencer al Gobierno de que para mantener la estabilidad macroeconómica tenía que recurrir al FMI, del que había adjurado reiteradas veces a través del secretario de Haciendas, quien al comenzar diciembre reconoció que el Gobierno no tenía ni con qué pagar los sueldos.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en octubre abrió al Gobierno financiamiento por 3 mil 850 millones de pesos a ser recibidos en apenas 14 meses, sin el menor compromiso de controlar el dispendio ni ajustar el gasto y con un escandaloso crecimiento del endeudamiento, que sobrepasaría el año próximo 40 por ciento del Producto Interno Bruto y obligaría a una nueva reforma impositiva sugerida ya para la segunda mitad del 2010, cuando hayan pasado las elecciones congresionales y municipales.

Gran circo nacional

Al final del año el balance de la descomposición es tan grave que llevó al presidente Leonel Fernández a aceptar una oferta de organismos internacionales para mejorar los mecanismos de prevención de la corrupción y la transparencia en la administración pública, lo que para algunos es parte del gran circo nacional.

Pero los grandes entretenimientos del país fueron la llamada Cumbre de las Fuerzas Vivas y la aprobación de la “Constitución de Leonel Fernández y Miguel Vargas” que ocuparon la atención nacional a lo largo del año. Hay que sumarle el caso de Sobeida Félix, objeto de todas las especulaciones tras su captura y posterior escape con los mismos ribetes de complicidad que beneficiaron a su marido el narcotraficante Figueroa Agosto.

Las dos grandes entretenciones fueron montadas exitosamente por el presidente Fernández y contribuyeron a restar atención a las graves consecuencias de la crisis económica y a las protestas sociales que se desbordaban en la primera mitad del año. Con la cumbre, convocada en enero,  también desvió la atención de los escándalos con que había cerrado el 2008.

Pero sin duda su gran espectáculo fue la nueva Constitución aprobada con más del doble de los artículos de la actual, 277 contra 120, especialmente por la habilidad con que el doctor Fernández  consiguió viabilizar su aprobación con el sorpresivo pacto acordado en mayo con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado a título de excandidato presidencial.

El mandatario consiguió una nueva fórmula constitucional que le permitirá volver a la Presidencia de la nación, eliminando el “nunca más” que establece la carta magna a ser sustituida. También logró la conformidad perredeísta para una serie de reformas que le dejarán gran influencia sobre los poderes del Estado y que lo consagran como el sucesor de Joaquín Balaguer como líder de los poderes fácticos tradicionales. Sólo a cambio de haber reconocido a Vargas Maldonado como líder del Partido Revolucionario Dominicano lo que le facilitó asumir la presidencia del mismo.

Aunque éste reivindica como triunfo la prohibición de la reelección consecutiva.

Sin oposición política

Este año el presidente Fernández terminó de echarse en los bolsillos a todos los grupos en que se ha fragmentado el instrumento partidista de Balaguer y al pactar con Vargas Maldonado logró neutralizar el mayor partido de oposición. Eso le permitió capear con relativo éxito la crisis económica y las protestas sociales, así como las insatisfacciones por la creciente percepción de corrupción y descomposición social,  por la delincuencia y la terrible política de ejecuciones de presuntos delincuentes que este año cobraría más de 500 vidas, según el conteo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Aunque el nuevo líder perredeísta sostiene que el Presidente se comprometió a aprobar el proyecto de ley de partidos políticos, objeto de múltiples consensos partidistas y sociales en la última década, el año concluye sin que el Gobierno dé muestras de interés en una legislación llamada a contener y sancionar los abusos de los recursos estatales en las campañas electorales y a crear mecanismos de transparencia del financiamiento de los partidos y las campañas electorales.

El proyecto también normaría la democracia interna de los partidos, fuertemente sacudida en el proceso de selección de candidatos para los comicios de mayo próximo convertido en un mercado donde sienta sus reales el poder del dinero, incluyendo el derivado de la malversación pública y el narcotráfico.

El deterioro de la política marca el fin del 2009, período en que todas las evaluaciones internacionales ratificaron al país en los últimos escalones del desarrollo humano, la transparencia y la fortaleza institucional.

Ello explica la vehemencia con que la ciudadanía se aferró al fenómeno de la jovencita Martha Heredia en un año en que se sintió frustrada hasta por la doble derrota de la selección nacional de béisbol a manos de una Holanda que apenas ensaya en ese deporte.-

Alarmante deterioro

El 2009 cierra con creciente alarma por el incremento de la corrupción y del narcotráfico,  especialmente por los niveles de involucramiento de militares y policías de todos los rangos. La frecuencia con que personal de la seguridad del Estado aparece vinculado al tráfico de drogas y hasta a matanzas derivados del mismo hace temer niveles de penetración difíciles de erradicar.

Algunos de los casos más relevantes como el del prófugo puertoriqueño José Figueroa Agosto han despertado sospechas de protección y complicidad de importantes autoridades. Aunque es relevante que en el último trimestre, tras la designación de un nuevo jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, se incrementaron las capturas de cargamentos de narcóticos, casi siempre cocaína, a ritmo de más de uno por semana.

Las denuncias de corrupción y malversación de fondos, en su mayoría develadas por periodistas, generalizaron la percepción de descomposición en amplios estamentos del Estado. Afectaron particularmente a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales y su Programa de Reducción de Apagones, donde quedó evidente la malversación en sueldos y contratos en beneficio de seguidores políticos, familiares y relacionados por montos de centenares de millones de pesos. El nuevo administrador designado en agosto ha despedido dos mil quinientos empleados y todavía no ha terminado la barrida.

Pero la gran corrupción denunciada es la que se refiere a sobre valoraciones  por cientos de millones de dólares en obras como la presa de Pinalito inaugurada este año, que fue presupuestada en 119 millones de dólares para terminar en 340 millones. Hasta el nuevo director de la Comisión Nacional de Ética, Vincho Castillo, pasó a formar parte de los denunciantes, señalando sobre valoración en el contrato para la presa de Montegrande, mientras en la construcción del acueducto de Samaná se denunció un sobreprecio de hasta 450 millones de pesos.

La Secretaría de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la Lotería Nacional y hasta el Senado de la República estuvieron en la picota pública por denuncias de malversación, nepotismo y tráfico de influencia, y por compras y contrataciones en violación a la ley que las rige.

 

Miguel Vargas en un laberinto


Por Juan Bolívar Díaz

La estrategia del ingeniero Miguel Vargas Maldonado de asumir un liderazgo único  en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) salió adelante en su convención eleccionaria del domingo 27 de septiembre, al imponer los dirigentes de su preferencia, pero a cambio de exclusiones generadoras de profundas confrontaciones.

El nuevo liderazgo perredeísta ha desaprovechado un año de crisis económica para el Gobierno consumiéndose en su propia salsa y en vez de afianzarse como alternativa prefiere pactar con el presidente Leonel Fernández para imponer lo que podría ser una de las constituciones más atrasadas de la historia nacional.

La maquinaria bajó línea

A ningún buen observador puede haberle sorprendido el resultado inicial de la Vigésimo Séptima Convención Nacional Ordinaria del PRD. Los estrategas de Miguel Vargas Maldonado lograron el doble objetivo de cerrar el paso a Guido Gómez Mazara y Tony Peña Guaba, imponiendo en la Secretaría General y en la Secretaría de Organización a dos dirigentes con los que “se sienten cómodos”: Orlando Jorge Mera y Geanilda Vásquez.

Gómez Mazara y Peña Guaba son remanentes del “viejo PRD” que, aunque a menudo erráticamente, se  movió entre el centro y la izquierda política, y es simbólico que sean hijos de Maximiliano Gómez, el obrero que encarnó el mayor liderazgo en los años de apogeo del Movimiento Popular Dominicano, y del líder histórico del perredeísmo, José Francisco Peña Gómez.

Tal como reconoció por televisión el secretario general provisional Mario Torres, “la maquinaria bajó la línea y eso se cumplió”. Hubiese sido desastroso que no ocurriera después que se llegó al extremo de publicar páginas en los periódicos bajo el título “El PRD decidió”, exhortando a votar para ratificar a Vargas Maldonado con el 98 por ciento, a Jorge Mera con el 60 y a Geanilda con el 40 por ciento “para avanzar en el 10 y triunfar en el 12”.

Las proporción de 96.35 de los votos obtenida por Vargas Maldonado en la boleta plebiscitaria que buscaba su ratificación como presidente del partido blanco, quedó apenas a, l.65 por ciento del objetivo, casi la misma proporción que le sobró a Jorge Mera, a quien se le atribuyó el 61.55 por ciento. Pero la meta quedó bien sobrepasada en el caso de la doctora Vásquez a quien se acreditó el 48.48 por ciento.

Votos significativos

Aún asumiendo que no hubiese ninguno de los fraudes que denuncian Gómez Mazara y Peña Guaba y los equipos que los impulsan, es bien significativo que enfrentando  el veto del nuevo liderazgo ambos hayan podido conseguir 4 de cada 10 votos de los contados por una comisión organizadora impuesta en julio por “la maquinaria”, en sustitución de la que presidió el “viejo perredeísta” Tirso Mejía Ricart. Aunque no conformaban una plancha, a Gómez y Peña se le otorga casi la misma proporción de votos: 38.99 y 38.95 por ciento respectivamente.

Esas proporciones de la votación son suficientes para avalar los reclamos de revisión de actas que formulan los que denuncian fraude, pero pocos creen que haya algún organismo perredeísta en capacidad de dilucidar el conflicto con suficiente imparcialidad y menos para admitir que se haya apelado a maniobras fraudulentas.

De hecho es sumamente difícil verificar el resultado, porque habría que apelar a varios miles de actas de todo el país, ya que no hay resultados segregados por municipios. Las actas de los centros de votación fueron transmitidas directamente al centro de cómputos del PRD, donde se fueron acumulando, con el agravante de que el primer boletín se ofreció sin previamente haber buscado que fuera avalado por los representantes de los candidatos.

Pero aún en el caso de que las denuncias no fueren más que “pataleo de los vencidos”, el trauma es mayor por percibirse como imposición del nuevo liderazgo partidario sobre la voluntad de las bases. Pocos dudan que de no haber tenido el veto de Vargas Maldonado y sus estrategas Gómez Mazara y Peña Guaba hubiesen resultado electos.

El costo puede ser mayor

Que el 39 por ciento de la militancia quede insatisfecho con los resultados ofrecidos es un costo fuerte, pero el mismo está llamado a multiplicarse cuando se conozcan los 21 vicepresidentes y 21 subsecretarios generales nacionales electos en la misma convención, cargos para los que compitieron más de 200 personas, las cuales no tienen ninguna incidencia ni representación en el procesamiento de los resultados. Los rumores de fraudes y favoritismos se sienten en todos los ámbitos del perredeísmo.

El malestar podría ser tan grande que se extienda a la convención que habrá de elegir los candidatos para los comicios congresionales y municipales de mayo próximo. Peor si Gómez Mazara y Peña Guaba persisten y llevan hasta la Junta Central Electoral sus alegatos de fraudes. De paso también se la pondrán difícil al organismo arbitral, puesto que éste no es responsable del cómputo, habiéndose limitado a prestar la tecnología de transmisión de las actas y sólo puede testimoniar sobre el orden en que se realizó la votación.

Aunque la convención perredeísta  para elegir candidatos está programada para fines del próximo mes de noviembre, es muy difícil que logren realizarla antes de enero, no sólo por la confrontación derivada de la elección de dirigentes, sino especialmente porque contando con que la JCE sería la organizadora de esa primaria en virtud de la dilatada ley de partidos políticos, el partido blanco no ha iniciado el difícil proceso organizativo con miles de aspirantes a los cargos. Ya la dirigencia parece convencida de que aún si el proyecto de ley fuera aprobado en octubre, se requerirían varios meses para organizar una elección conjunta de candidaturas aunque sólo fuera de los dos partidos mayoritarios.

Pero en noviembre o enero, el PRD llegará a la elección de sus candidatos en medio de una confrontación que se inició hace un año cuando Vargas Maldonado se lanzó a la persecución de la presidencia del partido, dentro del predicamento de un solo líder que concentrara también la próxima candidatura presidencial. Para ello también sería necesario candidatos al Congreso Nacional y los municipios que respondan a esa estrategia, lo que de por sí garantiza la prolongación de las tensiones y enfrentamientos, probablemente hasta mucho después de mayo próximo. A no ser que Vargas rectifique la línea absolutista y transe internamente con tanta diligencia como ha hecho con el presidente Fernández y su partido para la aprobación de la nueva Constitución.

Una pobre inversión

Vargas Maldonado, quien ha dado muestras de ser un gran inversionista en los negocios de bienes raíces, podría quedar atrapado en un laberinto político, con una mala inversión del tiempo y sus energías dentro del partido donde más se implementó un liderazgo plural y donde dirigentes y militantes se acostumbraron al principio de la representación de las minorías y a discutir públicamente sus diferencias.

El contraste es mayor por el hecho de que mientras la estrategia interna se basa en “cero acuerdos de aposento” en el ámbito nacional auspicia negociaciones sin la menor transparencia ni aprobación de los organismos partidarios, asumiendo como propio el proyecto de Constitución del presidente Fernández y su partido. Peor aún cuando esos acuerdos han extremado aspectos críticos de ese proyecto, denunciados esta semana hasta por legisladores peledeístas de la categoría de Isabel Bonilla y Minou Tavárez Mirabal.

La diputada Bonilla proclamó que “al comparar la Constitución vigente con la que estamos haciendo, determiné quiénes son los ganadores, qué hemos perdido y, si ganamos algo, estamos pagando un precio muy caro, que es el repudio de la población. Tavárez Mirabal, por su parte, sacudió el jueves la Asamblea con un largo discurso llamando la atención sobre la responsabilidad de los legisladores de cara al pueblo que representan, advirtiendo “un notable cambio en las expectativas de dominicanos y dominicanas respecto del proceso de Reforma Constitucional”, y señalando “la ingrata percepción de que la ciudadanía está perdiendo la esperanza de tener una nueva y buena Constitución…”

Las críticas a los acuerdos Leonel-Miguel han rebasado con mucho lo referente al polémico candado constitucional a todo género de aborto, pasando por una constitucionalización de la exclusión de los hijos de los inmigrantes ilegales que avala las extremas impugnaciones de su nacionalidad que sufrió José Francisco Peña Gómez. Pero se extienden a múltiples aspectos como el sobreponer el derecho de propiedad al libre  acceso a las playas, o los que fomentan el presidencialismo, la debilidad de los demás poderes del Estado, el clientelismo y la falta de transparencia.

En resumen, que el nuevo PRD pelea adentro y pacta afuera sin eficiente cálculo de los costos políticos, y desaprovechando todo un año preelectoral en que el Gobierno es sacudido por la crisis económica y por la percepción generalizada de corrupción. Compite por el electorado más conservador, aumentando la insatisfacción de una parte de sus propias bases y de las clases medias liberales que fueron decisivas en sus éxitos electorales y su vigencia de siete décadas.

La transparencia es fundamental

Por Juan Bolívar Díaz

La reconocida organización Transparencia Internacional (TI) publicó esta semana un nuevo informe sobre el masivo alcance de la corrupción mundial, con un mayúsculo costo que obstaculiza el crecimiento económico sostenible, relevando la connivencia entre el sector público y el privado.

Mientras tanto en el país trascendían dos proyectos encaminados a reducir los alcances de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública a nombre de una seguridad nacional que nunca ha estado en peligro por la transparencia que promueven esa legislación y su correspondiente reglamento, fruto de amplias consultas.

US$40,000 por año

El informe Global de la Corrupción 2009 de TI pone énfasis en los enormes costos derivados de los sobornos, carteles de fijación de precios y de la influencia indebida de las grandes fuerzas empresariales sobre las políticas públicas “que se convierten en una fuerza destructiva que debilita la competencia leal, retarda el crecimiento económico y, en definitiva, atenta contra la existencia misma de las empresas”, con repercusiones negativas para el desarrollo sostenible.

Tan solo en los países en vías de desarrollo y en transición, las compañías que actúan en colusión con políticos y funcionarios corruptos habrían pagado sobornos por un total de hasta 40 mil millones de dólares por año, sostiene el informe que documenta numerosos casos de gerentes, accionistas mayoritarios y otros actores empresariales que abusan de su poder para beneficio propio, perjudicando a propietarios, inversionistas, empleados y a la sociedad en general.

La mitad de los ejecutivos de empresas internacionales que fueron encuestados para el informe de TI estimaron que la corrupción eleva al menos en 10 por ciento el costo de los proyectos y son los ciudadanos quienes pagan el costo. Resalta que “los casi 300 carteles privados internacionales descubiertos entre 1990 y 2005 aplicaron a sus consumidores sobreprecios por 300 mil millones de dólares”.

La connivencia o traspaso entre el sector público y el privado facilita contrataciones fraudulentas, en las que la oferta no competitiva y la falta de transparencia generan enormes derroches de bienes y servicios poco confiables, indica el informe presentado el miércoles simultáneamente en Nueva York y Berlín. Sostiene además que el poder económico de algunas empresas les otorga una influencia desproporcionada sobre los procesos de adopción de decisiones políticas.

Contra la corrupción

Como su mismo nombre indica, Transparencia Internacional tiene como misión fundamental promover en el mundo normas que hagan transparente la gestión pública y promuevan un uso eficiente de los recursos económicos para reducir la pobreza y las desigualdades. Este año quiso llamar la atención sobre la responsabilidad del sector privado en la corrupción de los políticos y gobernantes.

“Cuando empresas irresponsables son partícipes de actos de corrupción, las consecuencias pueden ser devastadoras. La corrupción puede causar daños imprevisibles, desde escasez de agua, condiciones laborales indignas o tala ilegal hasta medicamentos peligrosos o el desplome mortal de construcciones deficientes o ilegales. El sector privado tiene un rol crucial en prevenir estas consecuencias, actuando de manera transparente y responsable cada vez que realiza operaciones con fines de lucro”, indica el informe.

Abunda en que muchos de los países que ocupan los últimos puestos en el Indice de Percepción de la Corrupción que elabora cada año TI no sólo están a merced de los actos de gobiernos inescrupulosos, sino también de grandes empresas dispuestas a establecer acuerdos corruptos con los funcionarios gubernamentales.

La República Dominicana aparece en ese índice con una puntuación de 3 sobre 10, es decir con apenas un 30 por ciento de aprobación, ocupando la posición 102 entre 180 países evaluados y figura entre los 7 del continente de mayor percepción de corrupción.  Chile y Uruguay tienen el mejor promedio en América Latina con 6.9, mientras Haití ocupa el último escalón regional con apenas 1.4, lo que a nivel mundial le deja en la posición 177. Con todo, el país no queda tan mal parado en el índice de TI si se le compara con las posiciones que ocupa en el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, que lo coloca en los últimos 7 puestos entre 132 países, en diversas expresiones de la malversación de los recursos públicos.

Proyectan restricciones

Mientras en el ámbito internacional se insiste cada vez más en la promoción de la transparencia como mecanismo fundamental para combatir la corrupción, en el país se asiste a una ofensiva encaminada a reducir los alcances de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, que tiene apenas 5 años de promulgada, y con un reglamento de aplicación que data del 2005.

Ya no sólo se trata del mal hilvanado “Proyecto de Ley de Acceso Regulado a los Datos e Información Públicos”, presentado por el diputado Alfonso Crisóstomo, sino que esta semana circuló por Internet un mejor redactado “Anteproyecto de Modificación de la Ley General de libre Acceso a la Información Pública, que no identifica sus patrocinadores.

El proyecto del diputado puertoplateño  pretende sustituir por completo la ley vigente, mientras el segundo busca una modificación de una decena de artículos, pero ambos coinciden en ampliar las excepciones al libre acceso a la información pública, que han sido argumentadas para negar informaciones requeridas por comunicadores sociales. La Ley 200-04 contiene una docena de excepciones, incluyendo la información vinculada con la defensa y la seguridad del Estado que generalmente se argumenta para justificar el secretismo en la gestión pública.

Crisóstomo busca complicar el procedimiento de solicitud y obtención de información, llegando al extremo de plantear en su artículo 12 que quien al obtener una información de organismo público detecte “la existencia de un acto indebido, de una indelicadeza, de un procedimiento administrativo mal aplicado, de una iniciativa excesiva, pero que no alcance la categoría de un ilícito penal, crimen o delito”,  deberá notificar por escrito al funcionario responsable dándole un plazo de 15 días para que la corrija y sólo en caso de que no lo haga podría publicarla.

El proyecto de autor desconocido crearía un Consejo de Información Clasificada en cada entidad pública para establecer los informes que no podrían ser publicados atendiendo a cuatro categorías: máximo secreto, secreto, confidencial y restringido. En esta última categoría cabría todo, atendiendo a su definición: “Caso en que la información podría causar efectos no deseados si estuviera públicamente disponible”. Es obvio que toda denuncia de malversación crea efectos “no deseados” para los responsables.

Ofensiva injustificada

Ni los proyectos de leyes ni los desafíos que han hecho funcionarios públicos a la ley que promueve la transparencia en la gestión pública han tenido la menor justificación, a no ser la molestia que causan las frecuentes denuncias de diversos grados de malversación de los recursos públicos.

De hecho, en múltiples casos los funcionarios han evadido la entrega de información, haciendo a los solicitantes agotar hasta el último recurso. El caso más notable fue el de Diandino Peña, quien se amparó en la seguridad nacional para no entregar los estudios de factibilidad del Metro de Santo Domingo solicitados por  el periodista Huchi Lora. Un tribunal no aceptó el argumento de seguridad nacional y le ordenó la entrega, ya que Lora siempre especificó que no pedía los planos mismos, sino los estudios geológicos y económicos. Se ignora que el Metro haya derivado alguna consecuencia.

El concepto de seguridad nacional está en devaluación en todo el mundo desde el final de la guerra fría, donde todo se justificaba en nombre de la defensa de las “sagradas instituciones occidentales y cristianas”, pero sobre todo en países pequeños y pobres que tienen muy pocas cosas que ocultar por razones de supervivencia y donde el ocultamiento  sólo ha servido para auspiciar la corrupción en sus múltiples expresiones.

Resalta que la Ley 200-04 es fruto de un largo proceso de consultas entre el sector público e instituciones sociales, que fue promulgada el 28 de julio del 2004 al final del Gobierno de Hipólito Mejía y aprobada cuando su Partido Revolucionario Dominicano tenía mayoría en el Congreso.  Pero el reglamento fue elaborado durante el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y promulgado por el presidente Leonel Fernández, lo que implica que involucra a los dos partidos mayoritarios.

Es relevante la ponderación de la ley que hizo el doctor César Pina Toribio, entonces Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, y actual secretario de la Presidencia, al presentar su reglamento, mediante el Decreto 130 del 25 de febrero de 2005. Entre muchas otras cosas decía que “la transparencia es un valor democrático y ético indispensable”.

El peor año de Leonel

Por Juan Bolívar Díaz

Este  primer año de su tercer período de gobierno ha sido el peor para el presidente Leonel Fernández, atrapado en la crisis económica internacional que ha generado una severa recesión atando las manos al gobierno para satisfacer crecientes necesidades que se expresan en protestas populares.

El fracaso energético y el aumento de la percepción de dispendio y corrupción han minado la imagen del gobierno, el cual logró amortiguar su declive  con la Cumbre de las Fuerzas Vivas y los pactos con Miguel Vargas Maldonado y el Partido Reformista Social Cristiano.

Arranque muy optimista

El tercer período de gobierno del presidente Leonel Fernández, y segundo consecutivo, arrancó con un discurso excesivamente optimista cuando ya la crisis financiera internacional devenía en recesión económica llamada a repercutir inevitablemente sobre el país. Un impresionante anuncio de obras a ser construidas y de financiamientos externos  contrastaban con la crisis de los mercados financieros.

El discurso presidencial persistía en que el país estaba blindado ante la crisis internacional, llegando a sostener el 23 de septiembre que “lo peor del huracán financiero ha pasado”, y que no veía forma de que afectara a la nación. Si se revisa el discurso de juramentación del año pasado se advierte que no sólo no han podido arrancar las obras físicas, sino tampoco la priorización de la educación, salud y viviendas, ni el incremento prometido a la inversión para fomento de la producción agropecuaria y de las pequeñas y medianas empresas, ni ha tenido éxito el combate a la corrupción y al narcotráfico.

Como en sus anteriores gestiones, el mayor éxito del presidente Fernández ha radicado en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, que no es poca cosa en un escenario de crisis nacional e internacional, con baja inflación, pero con un alto costo recesivo traducido en desempleo. Aunque todavía el año pasado el crecimiento económico registrado por el Banco Central alcanzó el 5 por ciento, para este 2009 sólo el persistente optimismo gubernamental lo cifra en 3 por ciento.

Aunque gran parte de las precariedades se derivan de la crisis económica internacional, también hay ingredientes nacionales. El gobierno se auto heredó un déficit fiscal sobre 55 mil millones de pesos, cercano al 4 por ciento del producto interno bruto, como costo de la reelección del presidente Fernández por la multiplicación de los subsidios, el clientelismo y el gasto público en la campaña electoral del 2008.

La terrible realidad

El presupuesto de 329 mil millones de pesos, con casi dos mil de financiamiento internacional, siguió en la línea optimista, pero los resultados de los primeros meses provocan un aterrizaje a la realidad de la recesión, y la caída de los ingresos ata las manos del gobierno para responder a las expectativas creadas. Ya en junio el presidente Fernández dijo que en el último año ha enfrentado el período  más grave y severo y de mayores precariedades en todo su ejercicio de  gobierno.

Los resultados a la primera mitad del año indican caídas del 7 y 8 por ciento en el turismo, las exportaciones de zonas francas y las remesas, del 30 por ciento en las exportaciones nacionales y en las importaciones no petroleras, y los ingresos fiscales se  han reducido en más de 17 mil millones de pesos, equivalentes al 13.4 por ciento. Para un gobierno acostumbrado al dispendio, gracias a 4 reformas tributarias que elevaron sus ingresos en más de un 150 por ciento en el período 2004-08, resulta difícil realizar los ajustes correspondientes, pese a los persistentes reclamos de los sectores empresariales y los economistas e incluso de los organismos internacionales para que reduzca el gasto ineficiente y entre a un período de austeridad. En vez de ello, el período comenzó con un festival de designaciones de altos funcionarios que ya en octubre Participación Ciudadana cifró en 53 secretarios de Estado y 320 subsecretarios.

Aunque el gasto corriente se redujo en 8 por ciento en el primer semestre de este año, fue básicamente por la supresión de subsidios, porque en personal se elevó 20 por ciento. La contracción se reflejó básicamente en la inversión de capital, que se vio reducida en 64 por ciento, peor aún en la construcción gubernamental que cayó  93 por ciento. No han aparecido los 4 mil millones de pesos adicionales al presupuesto de Educación que anunció el primer mandatario y la inversión en el sector  volverá a quedar este año en 2 por ciento del producto interno bruto.

Creciente insatisfacción

La virtual paralización de las inversiones, más que la acción de una oposición que se muestra autodestructiva e incapaz, es lo que explica la proliferación de las protestas sociales a un ritmo que la antropóloga Tahira Vargas cifra en una por día en lo que va del año. Aunque la insatisfacción se ha extendido también a sectores como el empresarial, que ha demandado insistentemente cambios de políticas y de modelo económico.

Uno de los factores que más incentivan las protestas son los prolongados apagones, con algunas treguas a lo largo del año, a causa de las deudas con los generadores. El gobierno sigue dando palos de oscuridad, electrocutándose a la vista de todos. En cinco años apenas aumentó en 50 megavatios la oferta energética, no ha cumplido la reiterada promesa de revisar los contratos, readquirió  Edeeste, pagando 29 millones de dólares y asumiendo una deuda sobre 500 millones de dólares, y elevó la tarifa en proporción que ha irritado, mientras ha sido incapaz de aplicar la ley del 2007 que penaliza el robo de energía.

En diciembre del 2007 el presidente Fernández creó un Consejo Presidencial para el Fortalecimiento del Sector Energético, integrado por altos empresarios y funcionarios, pero que ha devenido en otro organismo inoperante. Luego en la Cumbre de las Fuerzas Vivas consensuó 26 propuestas que no ha ejecutado, para volver en las últimas semanas a reuniones con organismos internacionales en busca de un plan de desarrollo que abra compuertas al financiamiento del sector, y proponer otra reunión cumbre.

Zoom

Transparencia y corrupción

Lo que más ha pegado los cables al gobierno ha sido la poca transparencia y la corrupción que se percibe en el país y en los ámbitos internacionales, tanto que hasta el Papa pidió en abril “fuerte determinación para erradicar definitivamente la corrupción”. Las denuncias de malversación, nepotismo, sobrevaluación, violación a la ley de compras y contrataciones han afectado a la Secretaría de Obras Públicas, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, el Instituto de Recursos Hidráulicos, el programa de Reducción de Apagones, la oficina Técnica del Transporte Terrestre, la Dirección de Migración, la Lotería Nacional, así como a varios ayuntamientos.

La percepción de que la corrupción aumenta quedó patente en la última encuesta Gallup-HOY, con tasa sobre el 80 por ciento, incluyendo al 59 por ciento de los mismos que se decían simpatizantes del partido de gobierno. En la última evaluación de 134 países del Foro Económico Mundial  la nación ocupa el puesto 132 en favoritismo gubernamental, 131 en despilfarro del gasto del gobierno, y 127 en desvío de fondos públicos.

En los indicadores de Buen Gobierno del Banco Mundial publicados en junio, el país obtuvo 32 por ciento en control de la corrupción. En el estudio del International Budget Partnership sobre transparencia en manejo presupuestario de 85 países, publicado en Washington en enero, ocupó el escalón 68 con sólo 11 puntos sobre 100.

El éxito de la Cumbre

Las habilidades comunicativas del presidente Fernández siguen siendo uno de los mayores haberes de su gobierno, aunque hay quienes creen que pierde influjo por la saturación de seminarios y viajes al exterior, que en este año han sido once, tres de ellos de larga duración, incluyendo a Europa, Asia y África.

Entre los mayores éxitos del año se cuenta la Cumbre con las Fuerzas Vivas, celebrada entre enero y febrero, con la que logró neutralizar la caída de popularidad determinada por los indultos navideños a la banquera Vivian Lubrano y cinco de los seis condenados por las irregularidades del Plan Renove. El gobierno ha hecho esfuerzos por cumplir los acuerdos de esta cumbre, pero la crisis económica le ha impuesto límites.

Otros éxitos presidenciales fueron la firma de pactos con el nuevo líder del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, y con el Partido Reformista  Social Cristiano, que facilitaron el curso aprobatorio del proyecto de Constitución del doctor Fernández, calificado de conservador y presidencialista.  Sin embargo, los escándalos de narcotráfico que han envuelto a la Marina de Guerra, la Policía Nacional, la Dirección de Control de Drogas y al  Ministerio Público durante el último año, han afectado severamente la imagen del gobierno, con las mayores expresiones  focalizadas en Baní, Azua, Puerto Plata y Bonao.

Los resultados de este primer año del período gubernamental han sido tan devastadores que justifican el empate en las preferencias electorales del partido de gobierno y el principal de la oposición, registradas en la última encuesta HOY-Gallup, aunque este lleve un año consumiéndose en rencillas internas.

El gobierno sigue contra las cuerdas

El enérgico discurso del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el paro de los profesionales de la salud y un nuevo comunicado de múltiples entidades reclamando acción contra la corrupción siguieron zarandeando esta semana al gobierno, mientras el deterioro de los servicios de energía y agua no da tregua.

Las prepotentes descalificaciones de las entidades y comunicadores sociales que denuncian corrupción y reclaman  sancionar la malversación de recursos públicos y mejorar los servicios parecen alentar la confrontación en momentos en que se pretende concluir a la carrera el largo proceso de aprobación de una nueva Constitución.

Una semana terrible

La última semana de julio ha sido devastadora para el gobierno del presidente Leonel Fernández, colocado contra las cuerdas por las denuncias de corrupción, las protestas y los reclamos sociales en momentos en que la precariedad de los servicios de energía, agua potable y atenciones hospitalarias alcanzan niveles críticos.

El liderazgo empresarial aumentó las críticas, los profesionales de la salud reanudaron su lucha de más de un año por mejoras salariales paralizando los hospitales públicos, prosiguieron las iniciativas de protestas populares y se produjo un nuevo comunicado de múltiples instituciones sociales reclamando acción contra la corrupción.

La Cámara de Cuentas avaló las denuncias de malversación, al señalar que en la mayoría de 154 auditorías que ha realizado en el año a instituciones estatales se han detectado violaciones a la ley de compras y contrataciones públicas, evasiones impositivas  y otras irregularidades, y su presidenta Liselott Marte se quejó de que el ministerio público no sanciona la corrupción.

HOY dio cuenta de las auditorías practicadas a la Junta Central Electoral y a la Dirección de Migración, que arrojan numerosas irregularidades como la ausencia de soportes justificativos de gastos por más de 30 millones de pesos, no consignación de pagos de Itebis en facturas, evasión de impuestos sobre la renta,  así como gastos injustificados de representación y comida, y donaciones de materiales de construcción. Se consigna que Migración tiene 16 subdirectores, cuatro sin funciones ni oficina.

Por su parte la periodista Alicia Ortega denunció otras irregularidades en la adjudicación de obras y en pagos sin registro de contrato por parte de la Secretaría de Obras Públicas por cientos de millones de pesos. La entidad explicó que había recibido una dispensa y que posteriormente registró los contratos en la Contraloría General, publicando una carta del contralor del 29 de Julio donde se dice que los expedientes (libramientos) por más de mil 35 millones de pesos “han sido debidamente completados y los contratos registrados”. No se especifica cuándo fueron completados, pero se supo que 30 de los contratos fueron registrados después de la denuncia.

Firmeza empresarial

Ha llamado la atención la firmeza con que sectores empresariales han cuestionado últimamente  la malversación de recursos públicos. Han vuelto a firmar comunicados con las otras instituciones de la sociedad civil, después de haberse ausentado de escenarios como el Foro Ciudadano y la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que pusieron presiones al gobierno perredeísta de Hipólito Mejía, especialmente cuando se temieron manipulaciones en las elecciones del 2004 que ganó el PLD.

La semana comenzó con la petición de la Federación de Asociaciones Industriales y la Asociación de Industriales de Herrera de que el gobierno deje de manejar la corrupción con paños tibios y que pase del discurso a la acción. Acogieron el planteamiento del presidente Leonel Fernández de un pacto por la transparencia con el sector privado, expresando su esperanza de que se convierta en realidad.

El discurso del presidente del CONEP, bien acogido en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, fue un análisis profundo de la estructura y políticas nacionales para concluir en la necesidad de un nuevo modelo económico. Criticó la baja inversión estimando que el clientelismo se traga todos los ingresos públicos”. Rechazó el excesivo endeudamiento, llegando a señalar el absurdo de que el Estado se endeuda para financiar gastos corrientes, arremetiendo contra una economía basada en las importaciones y el consumo y no en la promoción de la producción agropecuaria e industrial.

En sectores empresariales se manifiesta un creciente disgusto con la política económica del gobierno, que ha minimizado sistemáticamente los efectos de sus déficits e incluso de la crisis financiera y económica internacional con tal de no implementar austeridad. Recuerdan cómo han sido ignorados los múltiples consensos para reducir el gasto corriente, el último de los cuales generó la burlada ley de austeridad para el 2007.

Es creciente el temor a los efectos de otro déficit fiscal parecido al del año pasado, que sobrepasó los 50 mil millones de pesos, ya que los ingresos  han disminuido y el gobierno, negado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le obligue al equilibrio fiscal,  apenas ha podido ejecutar el 18 por ciento del financiamiento   externo contemplado en el presupuesto de este año.

El frente popular

El frente popular y las instituciones de la sociedad civil tampoco dan tregua en los reclamos de obras y servicios y de sanción de la corrupción. Esta semana tuvieron expresión en la peregrinación de campesinos del Este hasta el Palacio Nacional  y la crucifixión del dirigente comunitario José Ortiz, en el barrio Cienfuegos, de Santiago. Un nuevo grupo “Autoconvocados” montó piquete a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, mientras se producían nuevas protestas en Puerto Plata y Santiago.

Lo peor fue la reactivación de los reclamos salariales de los gremios de profesionales de la salud, encabezados por el Colegio Médico y asociaciones de enfermeras, con la ocupación del edificio de la Secretaría de Trabajo por unos 40 dirigentes. Tras ser desalojados violentamente la madrugada del martes y encerrados en una cárcel, convocaron un paro de los hospitales públicos que afectó los servicios durante tres días, con amenaza de extenderlo a la próxima semana.

El grupo juvenil “Toy Jarto pero Creo en mi País” depositó una querella en el Departamento de Prevención de la corrupción contra el Secretario Administrativo de la Presidencia, Luis Manuel Bonetti, mientras el jueves un grupo de entidades sociales que hace dos semanas reclamaron sanción a la corrupción, volvieron a formular condenas a todo género de malversación de fondos. Se dirigieron a la Procuraduría General, la Suprema Corte, la Cámara de Cuentas, y otras instancias del Estado reclamando sancionar la corrupción, el nepotismo y otras irregularidades en la administración pública.

“Deseamos señalar que el dispendio de recursos públicos y los claros signos de corrupción que observa la ciudadanía, junto al deterioro del acceso a la educación, salud, energía eléctrica, agua potable y otros servicios básicos, están limitando el desarrollo de la nación y la capacidad para combatir la pobreza”, indica el documento. Y agrega que “la indiferencia y la permisividad frente a la corrupción están provocando un creciente y justificado descontento en la población. Todo esto demanda mayor compromiso moral para emprender acciones que contribuyan a que los fondos públicos sean administrados con pulcritud y transparencia”.

Los firmantes del comunicado están encabezados por el Foro Ciudadano que agrupa a más de un centenar de instituciones, la Federación de Asociaciones industriales, el movimiento Participación Ciudadana, el Centro Juan XXIII, Fundación Probién, La Lucha, Ciudad Alternativa y el Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo.

Reacciones destempladas

Los resultados de la encuesta Gallup-HOY publicados la semana pasada, que muestran una dramática insatisfacción con el gobierno y la caída de las preferencias por el PLD no han impedido reacciones destempladas y prepotentes frente a demandas y críticas. Llegan al extremo de atribuir las denuncias de irregularidades en la CDEEE a un plan financiado por empresarios para perjudicar a su gerente, como indica un escrito que circuló esta semana, involucrando  a un general y varios oficiales militares, así como al secretario de Economía Temístocles Montás y a Danilo Medina.

Euclides Gutiérrez, dirigente y funcionario, llama a los peledeístas a pelear contra quienes considera detractores, descalificando a todos los contestatarios del gobierno e insultando a cientos de dirigentes reconocidos de la Fundación Institucionalidad y Justicia y de Participación Ciudadana, pidiéndoles que expliquen “de dónde sacan dinero para andar en carros bonitos, ropa, muchos sacos y corbatas”.

El secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, reacciona ante el planteamiento del CONEP de cambio de modelo económico, diciendo que pueden comenzar suprimiendo incentivos a las empresas por más de cien mil millones de pesos anuales, y el secretario de Salud desafía a los médicos y enfermeras a abandonar los hospitales. Otros atribuyen las protestas sociales y las denuncias de corrupción a malévolos planes políticos, sin que falten quienes entiendan que todos los periodistas críticos están vendidos.

Esa intolerancia y prepotencia es signo de borrachera de poder cuyo más cercano antecedente fueron los “pepeachistas-perredeístas” que en la campaña electoral del 2004 desdeñaron todas las críticas y se burlaron de periodistas y de la sociedad civil, convencidos de que sólo ellos “sabían de política”. Lo grave  de ahora es que ocurre muy temprano,  cuando al gobierno le quedan tres años, lo que hace difícil prever cómo terminará.

El Gobierno en picada y el PLD pierde ventaja

Por Juan Bolívar Díaz

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha perdido la fuerte ventaja que tuvo durante 6 años en las preferencias electorales sobre el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de acuerdo a los resultados de la última encuesta Gallup para HOY publicados esta semana, donde aparecen en un virtual empate de cara a los comicios del año próximo.

Aunque sorprende el nivel de preferencias de la primera dama Margarita Cedeño, lo que remite al fuerte liderazgo que conserva el presidente Fernández, los resultados de la encuesta muestran una gran insatisfacción con el gobierno, frente a la corrupción, lucha contra la delincuencia y la crisis económica y el desempleo.

Adversos resultados.  Los resultados de la última encuesta Gallup-HOY publicados esta semana sugieren que el apoyo al gobierno está en picada, ratificando la percepción general de que sufre un franco desgaste y paga las consecuencias de la crisis económica, el persistente desastre energético y de las denuncias de corrupción de los últimos tiempos.

Resalta que del 55% que consideraba negativa la situación de la economía nacional en la anterior encuesta de esta firma, realizada en abril del año pasado, se elevó ahora al 82%, para un incremento de 37 puntos. 64% dice que su economía personal es negativa y 76% percibe al país por mal camino.

La insatisfacción con la gestión gubernamental alcanza los dos tercios en seis de trece renglones fundamentales puestos a consideración de los 1,200 encuestados en la semana del 8 al 12 de julio en curso, sobrepasando el 60% en otros tres. La peor valoración la obtiene en el control y regulación  de la inmigración con 78%. En cuanto a los precios de los artículos básicos y la creación de empleos tiene la reprobación del 76%, en las luchas contra el narcotráfico y contra la delincuencia registra la misma proporción de 68%, y 66% en combate a la corrupción administrativa.

Llama la atención que aún en cuanto a estabilidad económica, considerado el principal logro del gobierno de Leonel Fernández, la desaprobación se aproxima a los dos tercios con el 64.5%, casi la misma que en la conflictiva materia de energía eléctrica, donde alcanza el 64%.

Sólo en el mejoramiento de la educación la aprobación se aproxima a la mitad, con el 47%, alcanzando 36% en mejoría del transporte público, mientras en atención a la salud, y en obras públicas alcanza el 34%.  En energía eléctrica y aumento de sueldos a la administración pública registra el 21%.

También se recoge gran insatisfacción en la pregunta sobre al manejo de la crisis económica, pues sólo el 35% la estima positiva, mientras 45% cree que ha sido negativa, y el 18% la califica como regular, y 60% considera que el presidente Fernández gobierna en beneficio de los privilegiados.

Cuando se puso a escoger a los encuestados sobre 20 dificultades vinculadas a la economía, 64% señaló la inflación y el costo de la vida, pese a que las autoridades cifraron en 5% el alza de precios durante el año pasado y menor en la primera mitad del 2009. Los apagones (55%) y el desempleo con 42% fueron las otras dificultades más indicadas.

Rechazo a la corrupción.  Lo que más contundentemente queda ratificado en la encuesta es el rechazo al dispendio y la corrupción que en las últimas semanas ha alcanzado niveles casi sin precedentes. Dos terceras partes de los entrevistados (66%) consideran que la corrupción está en aumento, mientras un abrumador 84% estima que hay mucha impunidad.

El 58% de la muestra estimó que la corrupción es ahora mayor que antes, y cuando se quiso establecer comparación con el gobierno anterior, el de Hipólito Mejía, casi la mitad, (48%) consideró que ahora es mayor, mientras 23% la estima igual. Sólo el 25% cree que ahora la corrupción es menor.

La percepción sobre el reinado de la corrupción es tan generalizada que incluso el 59% de los encuestados que confesaron simpatías por el PLD la advierten en crecimiento.

Ese resultado descarta la recurrente consideración gubernamental que atribuye a la oposición política las denuncias de corrupción y dispendio de los recursos públicos.

Por consecuencia del escándalo que ha sacudido  la administración de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales en las últimas semanas, no resultó sorprendente que esta encabezara los señalamientos de las instituciones donde se percibe mayor corrupción, seguida en orden descendente por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de la Presidencia, el ministerio público, la Suprema Corte, Aduanas, el Senado, Salud Pública, Instituto de Recursos Hidráulicos, Junta Central Electoral y la Cámara de Diputados.

Preferencias electorales.  El desgaste del gobierno parece tan fuerte que el PRD se ha igualado en preferencias electorales con el PLD de cara a los comicios legislativos y municipales del próximo año, pese a que para el 41% de los encuestados la oposición que ese partido hace es muy mala o mala, proporción que alcanza el 48% en el caso del Partido Reformista Social Cristiano. Mientras sólo el 32%  cree que es buena o muy buena la oposición perredeísta y 23% la reformista.

Es relevante que las intenciones de voto para el 2010 estén en virtual empate entre los dos partidos dominantes. 32% dijo preferir al PLD y 31% se inclinaba al PRD. Otro tercio se repartió entre 12% que no prefiere a ninguno y 20%  que no sabe si votará ni por quién. El PRSC quedó con 5%, casi similar a su votación del año pasado.

Este resultado debe haber alentado a los perredeístas que desde hace 6 años habían aparecido muy a la zaga de los peledeístas en las preferencias expresadas en las encuestas independientes, lo mismo que en las tres últimas elecciones generales. Las  últimas encuestas Gallup y Penn and Schoen  que favorecieron al PRD se  conocieron para la campaña electoral del 2002, cuando el partido blanco obtuvo 42% del sufragio en el nivel congresional, contra 29% del partido morado.

En una encuesta Penn and Shoen publicada por El Caribe el 17 de septiembre del mismo 2002 ya aparecía el PLD encabezando las preferencias para los comicios del 2004, superando al PRD por 5 puntos, 33 a 28% y desde entonces ha predominado en todas las encuestas de esa firma y de Gallup Dominicana, así como en otras consideradas independientes.  La preferencia registrada en la Gallup-HOY publicada esta semana para el PRD es similar a la votación de las anteriores elecciones congresionales, del 2006, que fue de 31%. Pero para el PLD que hace 3 años obtuvo 41%, significa 9 puntos menos. En relación a los comicios presidenciales de 2008, la actual preferencia del PRD supone 7 puntos menos, ya que sin aliados obtuvo 38.5%, pero para el PLD, que sin aliados obtuvo 45%, la caída es de 13 puntos. Estos datos podrían estar indicando un declive peledeísta.

La sorprendente Margarita

Si hubo una auténtica sorpresa en los resultados de esta Gallup-HOY lo fue en las preferencias expresadas por la primera dama, Margarita Cedeño de Fernández para la candidatura presidencial del PLD en el 2012, tanto en el universo encuestado como entre los que se confesaron simpatizantes del partido de gobierno.

En el primer caso empata con Danilo Medina con 26%, pero lo más significativo es que entre los peledeístas casi lo duplica 38 a 20%, lo que podría significar que el fuerte liderazgo del presidente Fernández se está trasvasando hacia su esposa, aparte del crédito que ella se ha ganado trabajando intensamente en programas sociales de amplio financiamiento estatal.

Ese resultado es más significativo por cuanto la doctora Cedeño no ha tenido una maquinaria trabajando para su candidatura como el licenciado Danilo Medina, aunque no han faltado quienes la promueven para la candidatura presidencial, sobre todo teniendo en cuenta que por razones constitucionales hasta ahora el presidente Fernández está descartado como candidato para el 2012.

Para Danilo Medina el resultado puede ser un mensaje de que debe definir posiciones de cara a los graves problemas nacionales, abandonando el bajo perfil en que se ha empeñado en mantenerse desde mediados del 2007 cuando el doctor Fernández lo venció en la lucha por la candidatura presidencial peledeísta.

Otra sorpresa es que Amable Aristy triplique, (45 a 15%) en preferencia para candidato presidencial, a Carlos Morales Troncoso, a quien se  baraja como presidente de consenso para salvar lo que queda del Partido Reformista Social Cristiano.

La encuesta ratifica que en el PRD Miguel Vargas Maldonado corre solo para la candidatura presidencial, al otorgarle preferencias del 67% en el universo y 89% entre los que se dicen perredeístas. Con Hipólito Mejía (6%) y Luis Abinader (4%), en un dígito.

Hay honduras en la crisis de Honduras

Por Juan Bolívar Díaz
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Por más vueltas que se le dé no hay explicación política ni racional para que los poderes fácticos hondureños decidieran la chapucería del golpe de Estado del domingo 28 a sólo 5 meses de las elecciones presidenciales, sumiendo a Honduras en una crisis de graves repercusiones internacionales.

Como tampoco se puede entender con qué racionalidad se empeñaba el presidente Manuel Zelaya Rosado en realizar una consulta sin amparo constitucional que no contaba ni siquiera con un mínimo de apoyo en su propio partido pero sí con el rechazo del sistema judicial, el Congreso y las fuerzas políticas y sociales tradicionales.

Gran atraso y pobreza

Sólo el atraso político, la escasa cultura democrática y la miseria institucional de los principales actores y de la sociedad hondureña pueden explicar el intento del presidente Zelaya de realizar una consulta no prevista legalmente y sobre todo la chapucería del golpe de Estado militar-congresional que genera una crisis de gran magnitud.

Honduras aparece invariablemente entre los cuatro o cinco países más atrasados en términos económicos, políticos y sociales de los 35 que integran el sistema interamericano. Compite con Haití, Nicaragua y Bolivia en los informes sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en la generalidad de evaluaciones internacionales.

Con una población menor que la dominicana, estimada de 7.8 millones de 5habitantes, asentados en un territorio montañoso de más de 112 mil kilómetros cuadrados, más del doble que República Dominicana, es un país de escaso protagonismo internacional, ya sea en la política o la diplomacia, en la literatura, las artes o los deportes.

Los informes del  PNUD y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indican que casi dos tercios de los hondureños viven en niveles de pobreza, llegando al 85 por ciento en la zona rural que alberga el 53 por ciento de la población. Tiene una de las más altas tasas de crecimiento poblacional del continente. Su capital, Tegucigalpa, está virtualmente petrificada, hasta el punto que el impulso desarrollista se ha desplazado hacia San Pedro Sula que con un millón 600 mil habitantes la supera en 300 mil.

Como casi toda América Central y el Caribe, Honduras ha sido signada por la inestabilidad política y la debilidad de sus instituciones democráticas, aunque tenía 31 años de haber superado una cadena de golpes de Estado. El último había sido en 1978, cuando el general Policarpo Paz García depuso al coronel Juan Alberto Melgar Castro, quien había alcanzado el poder 3 años antes derribando al coronel Osvaldo López Arellano, que a su vez  había encabezado el golpe de estado que  el 3 de octubre de 1963 derribó el gobierno liberal y progresista de Ramón Villeda Morales.

Los sueños de Zelaya

Manuel Zelaya, 57 años, de una familia acomodada, ganó la presidencia en el 2005 postulado por el Partido Liberal, uno de los dos que se han disputado el gobierno hondureño por décadas. Inició su gestión en enero del 2006 con éxitos que determinaron un relativo crecimiento económico. A finales del 2007, atraído por los beneficios de Petrocaribe, cuando la carga del petróleo se hizo demasiado pesada, se acercó al eje que hegemoniza el presidente venezolano Hugo Chávez, se declaró de izquierda y prosocialista y amistó con Cuba, lo que lo distanciaría progresivamente de los poderes fácticos hondureños, representados por Fuerzas Armadas, Iglesias, terratenientes, empresarios.

Ese salto pareció una ruptura en una sociedad muy conservadora, donde el pragmatismo represivo apenas guardó las formalidades democráticas, aunque no se envolvió en la guerra civil que afectó a sus vecinos Nicaragua, El Salvador y Guatemala en las últimas cuatro décadas del siglo pasado. Con una base militar norteamericana, su territorio usado para el entrenamiento y la retaguardia de “los Contras” financiados por Estados Unidos para enfrentar al gobierno sandinista de Nicaragua.

En la medida en que se acercaban las elecciones presidenciales programadas para noviembre próximo, Zelaya fue corroído por el virus político del continuismo, pero tropezaba con un amarre constitucional desproporcionado que  prohíbe la reelección, y no deja posibilidad a modificarla en ese sentido, llegando a sancionar a quien lo proponga. De ahí que se haya considerado inconstitucional el referendo convocado por el presidente Zelaya que no era todavía para modificar la constitución, sino para que el pueblo dijera si se podía realizar una consulta sobre ello, con una boleta adicional en la elección presidencial de noviembre.

Desde aquí no se entiende qué ganaba Zelaya, pues de ninguna forma se podría repostular en noviembre. Peor aún que insistiera en realizar la consulta del domingo 28 después de la prohibición de la misma por parte de la Corte Suprema, del Consejo Electoral y de la Asamblea Nacional, de los jefes militares e incluso con la hostilidad de su propio partido y de los poderes fácticos que lo acusaban de populista. Aparentemente un cierto respaldo popular le hizo perder las perspectivas y aferrarse al criterio de que en la democracia ninguna consulta al pueblo puede considerarse delictiva. Pudo basarse en la jurisprudencia colombiana donde la Suprema Corte autorizó una boleta adicional para una consulta que abrió las puertas a la elección de una asamblea constituyente en 1991.

Un peor absurdo

Si la persistencia presidencial en su consulta o “encuesta” como él le llamó, podría ser absurda y hasta ilegal, caía en el plano jurídico y podría ser dilucidado en una corte constitucional, en la Suprema Corte o en la Asamblea Nacional, escenarios en los que sus opositores tenían las de ganar. Eso procedería sobre todo en caso de que el mandatario consumara el acto inconstitucional intentando aplicar el resultado de una encuesta que no era realizada por el organismo electoral.

Pero el imprudente absurdo político presidencial fue respondido con un acto muchas veces peor, cuando se ordenó secuestrar al presidente Zelaya de su residencia, meterlo en un avión y deportarlo para Costa Rica, sin siquiera dejar que se cambiara la pijama de dormir. No sólo se violaron los derechos constitucionales del mandatario y se rompió con la fuerza militar el orden jurídico, sino que también se violaron los derechos de la población que lo eligió y se impuso una censura sobre los medios de comunicación, cortaron la energía eléctrica y los servicios de telecomunicaciones y se suspendieron derechos ciudadanos universales.

Eso y la posterior actuación del Congreso demostró que el golpe político-militar no estaba inspirado en la preservación del orden constitucional, sino en el deseo de salir precipitadamente y a cualquier costo de Zelaya. Hay quienes creen que allí confluyeron diversos intereses regionales que de esa forma querían golpear no solo al mandatario hondureño sino también a sus nuevos aliados, especialmente al presidente Chávez.

Todo fue tan absurdo e irreflexivo que el Congreso Nacional “aceptó la renuncia” del presidente Zelaya en base a una carta falsa leída en la sesión cuando ya hacía horas que el mandatario deportado denunciaba el golpe de estado desde Costa Rica. Designado sucesor, Roberto Micheletti llegó a decir que la actuación militar obedeció a una orden judicial, improvisando así un nuevo ordenamiento constitucional.

La Carta Democrática

Es obvio que en la crisis hondureña faltó capacidad para medir las consecuencias de los actos tanto en el presidente Zelaya como en los golpistas, sumiendo a esa nación pobre en una crisis política que puede conllevar también consecuencias sociales y económicas si no se rectifica atendiendo al contexto internacional.

Los golpistas para nada tuvieron en cuenta los compromisos contenidos en la Carta Democrática Interamericana que en su artículo 19 sanciona “la ruptura del orden democrático o  una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro”.

Para nada pensaron que el contexto internacional imponía sancionar un golpe de Estado, como lo hicieron de inmediato el Sistema de Integración Centroamericana, el Grupo de Río, la Organización de Estados Americanos, la Asamblea de las Naciones Unidas, la Unión Europea y todos los gobiernos e instituciones democráticas.

No será fácil que los golpistas cedan, ya que su actuación tiene una carga emocional, subjetiva e irracional significativa. Al fin de cuentas los poderes tradicionales apenas habían sido amagados por el gobierno.  Puede esperarse que persistan en la vía ya anunciada por Micheletti: simplemente salir del lío adelantando las elecciones de noviembre. Pero en cuánto tiempo pueden precipitarlas, si sólo faltan poco más de 4 meses, el tiempo preciso para poder organizarlas en un país pobre y de instituciones débiles. Con el agravante de que la alternativa constitucional de sucesión quedó comprometida y quemada con el golpe.

En Honduras se han metido en honduras, porque tampoco será fácil para la OEA lavarse las manos, sobre todo teniendo a Chávez y su Alba a la ofensiva, y es obvio que Estados Unidos no quiere dejar ese espacio al beligerante y carismático gobernante venezolano.

 

La depuración de las FF.AA. y la PN

Por Juan Bolívar Díaz
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Los escándalos cada vez mayores por la participación de militares y policías, incluidos oficiales de alta gradación, en el narcotráfico y demás actividades criminales, están determinando un creciente clamor por una depuración a fondo de las instituciones relacionadas con la seguridad nacional.

Depurar no es tarea fácil a unas Fuerzas Armadas (FF.AA) hipertrofiadas con 53,114 miembros activos y 20 mil 547 pensionados que suman 73 mil 661 asalariados, y a una  Policía Nacional que tiene 31 mil 385 activos y 12 mil 209 pensionados, 43 mil 594, para un total general de 117 mil 255, según los datos de la Contraloría General actualizados a noviembre pasado.

Los bajos salarios y el pobre equipamiento no permiten selectividad en el reclutamiento, y se constituyen en incentivos al pluriempleo y a las actividades ilícitas para alcanzar niveles de vida competitivos con los altos mandos del Estado, la política y las clases medias y altas.

Alarma generalizada

Aunque la incursión de militares y policías en actividades delictivas viene de lejos, los escándalos de los últimos cinco meses protagonizados en Baní, Bonao, Puerto Plata y Santo Domingo Este, todos pendientes de esclarecer en sus alcances, han disparado la alarma general.

Datan de muchos años las denuncias de participación de policías y militares en la creciente delincuencia, incluido el narcotráfico, pero en la mayoría de los casos no saltaban objetivamente a la opinión pública, amparados por el temor a “desacreditar” a las instituciones encargadas del orden público y la seguridad nacional.

Sin embargo la copa se ha rebosado con la masacre de 7  narcotraficantes en Paya, Baní, en agosto pasado, que ha involucrado a una docena de oficiales de la Marina de Guerra;  la cancelación de 22 miembros de la Policía en Puerto Plata, también vinculados al narcotráfico y que, según versiones, incluye el asesinato por encargo de tres jóvenes imputados luego de  delincuentes, más el traslado masivo de la dotación policial de Bonao, y el  reciente asalto a la empresa Parmalat por una docena de militares y civiles comandados por un mayor de la Fuerza Aérea.

En todos esos casos se presume responsabilidad de mandos superiores, si no de hecho, por omisión, y todavía las investigaciones no han concluido, siquiera en el caso de Paya, del que han transcurrido seis meses, aunque en diciembre el procurador general prometió públicamente que en enero quedarían expuestos todos los responsables. Ni siquiera se ha podido establecer el paradero de grandes  volúmenes de cocaína y millones de dólares que habrían motivado el secuestro y ejecución por militares de siete presuntos narcotraficantes colombianos. Se cree que sin las frecuentes denuncias y reclamos del Senador Wilton Guerrero, de Peravia,  el caso hubiese quedado en la superficie.

Hace diez  años, el 14 de septiembre de 1999, fue asaltado  un transporte de valores de la remesadora  Vimenca con balance de dos muertos y un herido, y desde entonces se ha rumoreado que fue obra de un comando militar, razón a la que se atribuye que no se haya establecido responsabilidades, aunque cuatro  jefes policiales  se lo propusieron. Pero, hasta lo de Paya, el mayor escándalo fue el de Ernesto Quirino, quien con grado de capitán del Ejército Nacional operó una banda de narcotraficantes detectada en diciembre de 2004, que involucró por lo menos a un coronel de la policía.

La alarma es tal que en la reciente “Cumbre de las Fuerzas Vivas” hubo consenso en la necesidad de una depuración de las fuerzas de seguridad. El Caribe del jueves 26 trajo tres páginas  encabezadas por reclamos de esa depuración de dirigentes empresariales y sociales, del exsecretario de las Fuerzas Armadas Miguel Soto Jiménez y del capellán del Ejército Federico Marcial.

Muy alta rotación

No han faltado quienes reclamen una  reestructuración total de la Policía Nacional, pero aún una profunda profilaxis en  ese cuerpo y en  las instituciones castrenses no resultará algo  fácil, dada la ascendencia que mantienen en la enclenque institucionalidad nacional y en el alto número de personal que las integran.

De hecho, si se atiende a las informaciones de cancelaciones por actos delictivos y mala conducta suministradas por los jefes policiales y militares de los últimos años es alta la rotación del personal policiaco-militar, incluida la Dirección Nacional de Control de Drogas.

Todavía en HOY Digital del 3 de agosto pasado se puede encontrar la información del Jefe del Ejército, general José Ricardo Estrella, de que en los dos años que llevaba al frente del organismo había cancelado a 5 mil 200 miembros, un veinte por ciento de los 25 mil 600  que lo integraban. No especificó las causas de la mayoría, aunque sí que 54, incluidos oficiales, fue por haber dado positivo en pruebas antidrogas.

Por su parte, la Secretaría de las FF.AA. dio cuenta el 15 de febrero del año pasado de que desde el 2004 fueron cancelados 2 mil 300 militares, incluidos dos generales y seis coroneles por narcotráfico, robo y otros delitos. El actual jefe de la Policía Nacional dijo recientemente que en su gestión de  año y medio ha cancelado a más de mil 200 por actividades ilícitas y mala conducta. Mientras el 25 de julio pasado el entonces presidente de la Dirección de Control de Drogas afirmó que en su mandato de dos años había cancelado a casi cinco mil de sus miembros, suma que es mayor al total de los que lo integran.

Muchos de esos miles de despedidos logran reciclarse en otras instituciones o se integran también al mundo de la delincuencia, con la ventaja de haber sido entrenados en el uso de armas y en el conocimiento de los mecanismos de seguridad y la disposición de uniformes y credenciales.

Paupérrimas condiciones

Entre los factores que incentivan la vinculación de militares y policías a las actividades ilícitas de todo género se cuentan los bajos salarios y paupérrimas asignaciones para comida en los cuarteles, así como para vestuario. Ingresar como raso en las instituciones militares y la Policía supone sueldos por debajo de 5 mil pesos, y de 8 mil, si salen de las academias de cadetes.

Un coronel  gana alrededor de 20 mil pesos, un capitán por los 12 mil y los tenientes menos de 10 mil. Esos niveles de sueldos atraen a muchos que ven esas instituciones como un escalón para, con uniforme y armamento, buscarse la vida a cualquier precio, especialmente en una sociedad de tantos contrastes y tan desigual distribución del ingreso, incluido el enorme desorden salarial del Estado, donde un regidor ya recibe sin trabajar hasta 100 mil pesos mensuales,  y ni hablar de los “políticos botellas” y altos funcionarios.

La cada vez mayor exhibición de riquezas resultante  de la corrupción, es otro factor que induce a quienes disponen de un arma y un uniforme a buscarse lo que creen que les corresponde. Cada vez será más difícil que un teniente o un sargento policial salgan  a las calles a jugarse la vida enfrentando a los delincuentes a cambio de los salarios oficiales que perciben.

La depuración o reestructuración pasa necesariamente por una reducción del personal de las Fuerzas Armadas para que el ahorro presupuestario permita elevar de manera significativa los salarios,  condiciones de vida y las pensiones  de quienes  cumplen efectivamente la misión encomendada.

Una tarea difícil

Una depuración a fondo de las FF.AA. y la PN es una tarea sumamente difícil, dada la natural tendencia de sus integrantes a protegerse mutuamente. Un alto oficial militar confió que hay que “agarrarlos con la masa en la mano” para cancelarlos. Y aún así, si no se produce un gran escándalo, la reacción inicial es a ocultar los hechos y proteger a quienes  delinquen. Fue lo que ocurrió con el mayor Jorge Vargas Cuello, herido en el asalto a Parmalat.

Un general de la Fuerza Aérea se lo llevó del hospital donde lo había recluido la Policía y lo trasladó al de su institución. Las Fuerzas Armadas son instituciones hipertrofiadas por el clientelismo, como casi todas las del Estado. No hay explicación racional para que el país necesite 53 mil 114 militares activos. El Ejército encabeza con 26 mil 388, le sigue la Fuerza Aérea con 12 mil 160 y la Marina tiene 10 mil 581. El resto es personal de la Secretaría que sirve a todas las entidades militares. Nadie quiere decir cuántos son los generales, pero se admite que son varios centenares.

Por su parte, la PN tiene una nómina de 31 mil 385, incluidos  los 474 de la Autoridad Metropolitana del Transporte, 781 del Instituto de Capacitación y otros 554 en diversos departamentos de servicios. No serían muchos para un eficiente servicio de prevención, protección  y persecución de la creciente delincuencia.  Las  FF.AA. y la PN integran el 29 por ciento de los 410 mil 861 empleados y pensionados del gobierno central registrados  en la nómina de la Contraloría General. Aparte quedan las instituciones autónomas, Aduanas, Impuestos Internos y el Congreso, el Poder Judicial y los 80 mil de los ayuntamientos.

Una proporción significativa de los agentes policiales, como también ocurre con los militares, sirven como guardaespaldas, choferes y hasta en trabajos domésticos a particulares, entre ellos  funcionarios, altos oficiales,  políticos, y hasta a empresarios y comunicadores. Muchos ejercen el “pluriempleo”  trabajando a tiempo parcial a particulares como transportistas, guardianes privados o en diversos oficios.

Los retos del 2009

Por Juan Bolívar Díaz
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El gobierno y la nación dominicana confrontan grandes desafíos en este nuevo año que ha llegado entre augurios de mayores dificultades económicas nacionales e internacionales que las verificadas en el traumático 2008.

El primer reto para el presidente Leonel Fernández es revertir la pendiente resbaladiza en que su gobierno cerró el año la que lo obligó a ofrecer su primera rueda de prensa en sus últimos cuatro años y medio de gestión.

Para recuperar la iniciativa lo primero que debería hacer el mandatario es cumplir la promesa formulada a principio de diciembre pasado de convocar a las “fuerzas vivas” de la nación para trazar un curso de acción frente a la crisis económica.

Pendiente resbaladiza.  Para muchos observadores el primer desafío del gobierno en el nuevo año consiste en revertir la pendiente resbaladiza en que cayó desde la campaña electoral cuando hizo un abuso desproporcionado de los recursos del poder para lograr su prolongación, lo que conllevó a un elevado déficit fiscal que a su vez obligó a una política de contracción monetaria para contener los desequilibrios.

La elevación del gasto hasta en un 37 por ciento durante la primera mitad del año no estuvo exenta de escándalos como el de las nominillas con un total de 143 millones de pesos mensuales para pagar sueldos a los presidentes de los comités de base del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Lograda la reelección el gobierno tuvo que empezar a desmontar el enorme aparato de subsidios creado al calor del interés electoral, mientras el dinero no alcanzaba para cumplir sus compromisos de pagos con productores agrícolas, constructores y generadores eléctricos, generando inconformidades y una tanda de “apagones financieros”.

En los últimos meses el gobierno no salió de un escándalo, los más relevantes el del desayuno escolar, la masacre de Paya con las denuncias  de complicidad e indiferencia y la vinculación de una decena de altos oficiales que le siguieron, los desistimientos del ministerio público en varios procesos por corrupción y los indultos a varios condenados por la misma causa, uno de ellos, incluso, designado asesor presidencial.

El contradictorio fallo de la Suprema Corte que rechazó recursos de inconstitucionalidad, aunque reconoció que la contratación con la Sun Land de 130 millones de dólares debió ser sometida al Congreso, los escándalos en la Cámara de Cuentas y la denuncia de que la remodelación del Palacio de Bellas Artes costó más del doble de lo que se informó oficialmente, también afectaron la imagen del gobierno.

Tampoco ayudó el discurso presidencial de septiembre y octubre de que “lo peor de la crisis ya pasó”, que “no veo como la crisis internacional pueda afectarnos” para concluir en diciembre reclamando a Estados Unidos que transparente toda la magnitud de una crisis que afectará a todo el mundo. El discurso de juramentación del 16 de agosto, cargado de promesas de grandes inversiones, contrastó con el de un mes antes que planteó una austeridad que incluía suspender todas las obras que no tuvieran en etapa final.

El reparto de cargos políticos entre agosto y noviembre y el proyecto de nueva Constitución considerado excesivamente presidencialista y conservador, generaron rechazos hasta en el partido de gobierno, donde crecieron las disensiones. Mientras el recrudecimiento del narcotráfico, la delincuencia y la violencia, incluyendo el récord de más de 450 muertos en el año a manos de la Policía Nacional, aumentaban la inseguridad.

Agenda específica

El éxito de una convocatoria a concertación nacional dependerá de la sinceridad con que sea concebida y de la disposición del primer mandatario a hacer concesiones a las fuerzas económico-sociales y políticas, siquiera en asuntos que han sido objeto de anteriores consensos.

Un llamado del Presidente siempre hallará algún eco en el  sector empresarial, las iglesias y parte significativa de las organizaciones no gubernamentales. Pero tendrá que ser promisorio y específico para que lo acojan el principal partido de oposición y las organizaciones sociales que tienen su propia agenda de reivindicaciones.

El encuentro nacional tendría que partir de propuestas para enfrentar las serias repercusiones que se esperan este año de la crisis económica internacional. El gobierno se encontraría con el reclamo general de que ajuste el gasto y ponga en práctica una real austeridad. No tendría sentido si persiste –por ejemplo- en obras que como el proyectado tren Haina-Santiago no han sido reclamadas por ningún sector.

El ajuste fiscal es visto como fundamental por los sectores económicos nacionales y los organismos internacionales para que las autoridades monetarias puedan desmontar las tasas de interés con el objetivo de incentivar las actividades productivas, sin hacer depender la estabilidad macroeconómica tan solo de la contracción del circulante.

Pocas posibilidades de materialización y éxito tendría un llamado a concertar que no incluya el respeto a la ley que destina uno de cada diez pesos del ingreso nacional a los gobiernos municipales y la que especifica que cuatro de cada cien pesos producidos deben destinarse a educación. En ambos casos el presupuesto del 2009 apenas supera la mitad.

En la sensible materia del combate a la corrupción no cabrían proclamas de “cero tolerancia” si el gobierno no dispone de inmediato el pleno cumplimiento de la ley que rige las compras, contrataciones y concesiones estatales.

Durante este año se desatará la lucha por las candidaturas para las elecciones legislativas y municipales previstas para el 2010, lo que hace imperativo un concierto entre las fuerzas políticas para materializar la postergada ley de partidos políticos y el reglamento de las campañas electorales que la Junta Central Electoral intentó sin éxito antes de los comicios presidenciales.

Tensiones acumuladas

Antes de que terminen las agradables temperaturas del invierno caribeño el gobierno tendrá que buscar alguna forma que le permita mejorar su promedio de bateo de la segunda mitad del 2008, reducir frustraciones y tensiones y así desmontar el escenario de protestas populares que ya muchos vaticinan.

Esa tarea no será nada fácil en un período de vacas flacas como el que se vive ahora para un gobierno que casi triplicó los ingresos fiscales en cuatro años gracias a tres reformas tributarias y consciente de que es imposible emprender una cuarta.

Un gran encuentro nacional podría abrir caminos para atravesar sin mayores confrontaciones el difícil 2009, pero para ello será  fundamental un desmonte del  mesianismo en que se ha colocado el presidente Fernández, atrapado en la vorágine tradicional de un presidencialismo que impide concertar hasta con su propio partido.

Si el objetivo es un nuevo listado de promesas que luego no se cumplen, como las numerosas realizadas el año pasado a los productores agropecuarios, se podría cosechar un fracaso, y aún un relativo éxito de corto plazo devendría en mayores frustraciones.

Si la convocatoria al encuentro nacional no es acompañada de una agenda específica de amplio interés para los diversos sectores y de un firme y sincero propósito de concertación, sería preferible que el gobierno no se exponga a un mayor descrédito. Pero algún grado de concierto tendrá que lograr el presidente Fernández, siquiera con su partido, o aplazar proyectos como el de la nueva Constitución.-

El gran encuentro

Además de su inusitada rueda de prensa del martes 30, el presidente Fernández se vio precisado a pronunciar dos discursos para responder cuestionamientos de la opinión pública, el del 17 de Julio cuando planteó un período de austeridad que no se ha cumplido, y el del 8 de diciembre, cuando reconoció la gravedad de la crisis económica internacional.

En su último discurso el primer mandatario prometió convocar en enero “un gran encuentro de todas las fuerzas vivas del país, para que entre todos podamos definir el curso de acción que como sociedad debemos seguir en estos momentos de adversidades, infortunios e incertidumbres”.

Esa posible convocatoria chocaría con el presupuesto recién aprobado por el Congreso, definido por la oposición política y los economistas como deficitario y con un financiamiento externo desproporcionado y en gran parte sin identificación de fuentes. No se advierte cómo podrían las “fuerzas vivas” abocarse a discutir un curso de acción frente a la crisis económica internacional, sin incluir el presupuesto de gastos públicos.

Otro elemento contradictorio y fundamental será el proyecto  de nueva Constitución bajo consideración del Congreso Nacional, sobre el cual se han formulado decenas de observaciones. No hay manera de hablar de concertación política  y de proyecto de nación sin incluir la carta fundamental de la nación.

Resalta que el proyecto tiene un sello personal del presidente Fernández, sin haber sido asumido ni siquiera por su partido. La pieza, que duplica el articulado de la Constitución vigente, es de los elementos que ha creado tensiones al interior del PLD. Algunos de sus legisladores han prometido acoger numerosas de las observaciones formuladas por instituciones políticas y sociales.