Por Juan Bolívar Díaz
El primer desafío de la sociedad dominicana para el año que comienza es lograr una nueva elección presidencial sin mayores traumas, evitando que el proyecto reeleccionista vuelva a avasallar el proceso de institucionalización democrática y disloque la estabilidad macroeconómica.
El país enfrentará un escenario internacional más adverso como consecuencia de los elevados precios del petróleo y el decrecimiento de la economía norteamericana, de la que tradicionalmente ha dependido en buena proporción la estabilidad económica dominicana.
Como aliento de mediano plazo la nación debería generar nuevas energías que insuflen optimismo y esperanza en que pueden ser superadas las exclusiones sociales y las carencias institucionales para lo cual se requiere una mayor voluntad de los actores políticos y una renovación de la sociedad civil.
El desafío electoral
Si el año que concluye estuvo excesivamente marcado por la lucha política, el 2008 se proyecta con amenazas a la institucionalidad democrática por el desenfreno de las actividades partidistas que tradicionalmente han caracterizado los procesos electorales dominicanos, sobre todo cuando se juega una reelección presidencial.
Las extremas descalificaciones en que han caído los partidos políticos apuntan a una campaña electoral dominada por las pasiones, con escaso contenido ideológico y programático y una competencia basada fundamentalmente en el clientelismo y la manipulación de la conciencia de los electores.
Con una Junta Central Electoral (JCE) afectada por fuertes divergencias internas y una sociedad civil menos dispuesta a jugar su papel moderador, la elección presidencial podría ser manchada por sombras que arrojen retroceso en el proceso de democratización iniciado a partir del trauma electoral de 1994.
Aunque se ha avanzado con más anticipación que nunca en la organización de las votaciones, el tribunal electoral sostiene que el presupuesto que se les asigna para el próximo año es insuficiente para culminar exitosamente el proceso, quedando a expensas de la voluntad de un presidente que es también candidato a la reelección. Puede que la JCE se haya excedido en los fondos solicitados, pero no tanto para que pueda operar con la tercera parte que se le asigna en el presupuesto para el 2008.
Ya este año los jueces electorales tuvieron que implorar al presidente Leonel Fernández mayores recursos y después de varios meses esperando ser recibidos por el mandatario, se les prometió un financiamiento adicional de 200 millones de pesos, de los que sólo recibieron la mitad.
Otra vez la reelección
El proyecto reeleccionista podría volver a constituirse en un elemento perturbador del proceso democrático, como ha resultado históricamente en el país por la recurrencia al uso y abuso de los recursos del Estado. Las preocupaciones han aumentado desde que el presidente Leonel Fernández se declaró un discípulo de Joaquín Balaguer, uno de los más exitosos manipuladores electorales, y entre los actuales aliados del proyecto continuista se encuentran algunos que acumularon basta experiencia en esa materia.
Esas manipulaciones incluían mantener en aprietos presupuestales a la JCE para subordinarla obligándola a negociar recursos directamente con el presidente candidato. Para las elecciones de 1990 se llegó al extremo de que pocos días antes de los comicios el doctor Froilán Tavárez, quien presidía el tribunal electoral, declaró públicamente su disposición a hipotecar una propiedad personal para financiar la culminación del proceso.
Una diferencia importante es que el sistema electoral ha sido revestido de mayores garantías, haciendo virtualmente imposible maniobras como la manipulación del padrón de votantes que vició los comicios de 1994, además de que hay una ciudadanía y una opinión pública más exigente de transparencia.
Sin embargo, todavía no se ha logrado evitar que los candidatos a la reelección desborden el gasto público y abusen de los recursos del Estado en aras de su interés continuista, lo que ya ha quedado evidente incluso desde la campaña interna del actual partido gobernante, como denunció reiterativamente Danilo Medina al disputar al doctor Fernández la candidatura presidencial.
Hace meses que hay abundante publicidad política pagada por organismos del Estado, lo que este año elevó el gasto en ese renglón a unos 187 millones de pesos mensuales. El propio presidente Fernández recorre en estos días el país repartiendo 950 millones de pesos en canastas navideñas marcadas con su consigna política de que “e pa lante que vamos”. Y la mayoría de los altos funcionarios realizan campaña en vehículos y con personal y combustible del Estado.
A la luz de lo que han indicado las encuestas más acreditadas, el presidente y su partido no tendrían que apelar a esas prácticas para asegurarse la continuidad. Pero lo mismo ocurría en la campaña interna pese a lo cual se utilizó el poder del Estado para aplastar al contrincante. Si la competencia se cierra en las proximidades de los comicios de mayo se teme que el proceso pueda ser manchado gravemente por el abuso de los recursos estatales.
La sociedad civil
Entre los factores que aumentan las preocupaciones se señala el proceso de desmovilización que se advierte en importantes organizaciones sociales que en la década que siguió a la última crisis generada por el reeleccionismo se activaron para jugar un papel relevante en el proceso de institucionalización democrática y particularmente en lo electoral. Se registra una mezcla de decepción y cansancio de la política, con expresiones de pesimismo que llegan al grado de plantear que “no vale la pena el esfuerzo”.
La vigilancia y participación de la sociedad civil fue de los factores que impidieron que el intento reeleccionista de Hipólito Mejía afectara el proceso democrático. Ahora hay diferencias fundamentales. Aquel proyecto continuista fue nati-muerto por la crisis financiera que hundió la economía nacional, y que contribuyó relevantemente a que el presidente Fernández ganara con un 57 por ciento del sufragio. En el 2004 la barrida estuvo advertida por las encuestas y la opinión pública desde el comienzo de la campaña electoral. Esta vez la continuidad tiene claras perspectivas, el gobierno dispone de mucho más recursos y es más difícil de confrontar.
Todavía hay tiempo para que la sociedad civil y la opinión pública reclamen transparencia y contribuyan con su vigilancia y participación a evitar los disturbios que tradicionalmente ha generado el reeleccionismo para lo cual tienen que sacudirse del pesimismo y retomar los esfuerzos por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
La renovación de energías es más urgente para que la confrontación electoral no ignore la situación en que han quedado amplios segmentos de pobladores y productores afectados por las recientes inundaciones y para que se reclame centrar el debate en las iniciativas para superar las graves exclusiones sociales cada vez más evidentes.
El gran desafío del 2008 para la nación dominicana es realizar un torneo electoral democrático, fundamental para iniciar una nueva etapa de superación de la pobreza y las carencias institucionales, comenzando por el acatamiento del imperio de la ley.-
Estabilidad en juego
En sectores políticos y económicos ya existe preocupación de que el esfuerzo continuista ponga en juego la estabilidad macroeconómica, que es precisamente el mayor logro que se le reconoce al gobierno del presidente Fernández.
El desbordamiento del gasto en la campaña electoral acompañó el fracasado intento reeleccionista del presidente Hipólito Mejía, hasta el punto de haber roto el acuerdo que sostenía con el Fondo Monetario Internacional. De ahí que se hayan visto con aprensión anuncios de altos funcionarios actuales en el sentido de que no es necesario mantener el acuerdo vigente con el mismo organismo.
El gasto desmesurado en las campañas reeleccionistas de Balaguer dejó mal parada la economía nacional en varias ocasiones, especialmente en 1990 cuando tras las elecciones se produjo la mayor crisis económica de la historia nacional, con inflación que alcanzó al 100 por ciento y grave crisis en el suministro de electricidad, combustibles y hasta azúcar, con quiebras de las empresas estatales incluyendo la Lotería Nacional.
Los temores se fundamentan también por el difícil escenario internacional que se prevé para el nuevo año por el alto costo del petróleo y una reducción del crecimiento de la economía norteamericana que impacta sobre el país. El petróleo cierra el año alrededor de 96 dólares el barril, lo que elevó la factura dominicana por el combustible a unos 3 mil 300 millones de dólares, que se proyectarían a casi 4 mil millones en el 2008.
El propio FMI ya expresó inquietudes de que esos factores, sumados al costo de la rehabilitación de los daños de las inundaciones y a los riesgos electorales pudieran afectar la estabilidad de la economía nacional. Una campaña electoral violenta y muy conflictiva espantaría las inversiones extranjeras y retornos de capitales nacionales que han sido claves en la estabilidad de los últimos tres años, agudizando el desincentivo que ha representado la drástica disminución de intereses del último año y medio.
