Los desafíos del 2008

Por Juan Bolívar Díaz

El primer desafío de la sociedad dominicana para el año que comienza es lograr una nueva elección presidencial sin mayores traumas, evitando que el proyecto reeleccionista vuelva a avasallar el proceso de institucionalización democrática y disloque la estabilidad macroeconómica.

El país enfrentará un escenario internacional más adverso como consecuencia de los elevados precios del petróleo y el decrecimiento de la economía norteamericana, de la que tradicionalmente ha dependido en buena proporción la estabilidad económica dominicana.

Como aliento de mediano plazo la nación debería generar nuevas energías que insuflen optimismo y esperanza en que pueden ser superadas las exclusiones sociales y las carencias institucionales para lo cual se requiere una mayor voluntad de los actores políticos y una renovación de la sociedad civil.

El desafío electoral

Si el año que concluye estuvo excesivamente marcado por la lucha política, el 2008 se proyecta con amenazas a la institucionalidad democrática por el desenfreno de las actividades partidistas que tradicionalmente han caracterizado los procesos electorales dominicanos, sobre todo cuando se juega una reelección presidencial.

Las extremas descalificaciones en que han caído los partidos políticos apuntan a una campaña electoral dominada por las pasiones, con escaso contenido ideológico y programático y una competencia basada fundamentalmente en el clientelismo y la manipulación de la conciencia de los electores.

Con una Junta Central Electoral (JCE) afectada por fuertes divergencias internas y una sociedad civil menos dispuesta a jugar su papel moderador, la elección presidencial podría ser manchada por sombras que arrojen retroceso en el proceso de democratización iniciado a partir del trauma electoral de 1994.

Aunque se ha avanzado con más anticipación que nunca en la organización de las votaciones, el tribunal electoral sostiene que el presupuesto que se les asigna para el próximo año es insuficiente para culminar exitosamente el proceso, quedando a expensas de la voluntad de un presidente que es también candidato a la reelección. Puede que la JCE se haya excedido en los fondos solicitados, pero no tanto para que pueda operar con la tercera parte que se le asigna en el presupuesto para el 2008.

Ya este año los jueces electorales tuvieron que implorar al presidente Leonel Fernández mayores recursos y después de varios meses esperando ser recibidos por el mandatario, se les prometió un financiamiento adicional de 200 millones de pesos, de los que sólo recibieron la mitad.

Otra vez la reelección

El proyecto reeleccionista podría volver a constituirse en un elemento perturbador del proceso democrático, como ha resultado históricamente en el país por la recurrencia al uso y abuso de los recursos del Estado. Las preocupaciones han aumentado desde que el presidente Leonel Fernández se declaró un discípulo de Joaquín Balaguer, uno de los más exitosos manipuladores electorales, y entre los actuales aliados del proyecto continuista se encuentran algunos que acumularon basta experiencia en esa materia.

Esas manipulaciones incluían mantener en aprietos presupuestales a la JCE para subordinarla obligándola a negociar recursos directamente con el presidente candidato. Para las elecciones de 1990 se llegó al extremo de que pocos días antes de los comicios el doctor Froilán Tavárez, quien presidía el tribunal electoral, declaró públicamente su disposición a hipotecar una propiedad personal para financiar la culminación del proceso.

Una diferencia importante es que el sistema electoral ha sido revestido de mayores garantías, haciendo virtualmente imposible maniobras como la manipulación del padrón de votantes que vició los comicios de 1994, además de que hay una ciudadanía y una opinión pública más exigente de transparencia.

Sin embargo, todavía no se ha logrado evitar que los candidatos a la reelección desborden el gasto público y abusen de los recursos del Estado en aras de su interés continuista, lo que ya ha quedado evidente incluso desde la campaña interna del actual partido gobernante, como denunció reiterativamente Danilo Medina al disputar al doctor Fernández la candidatura presidencial.

Hace meses que hay abundante publicidad política pagada por organismos del Estado, lo que este año elevó el gasto en ese renglón a unos 187 millones de pesos mensuales. El propio presidente Fernández recorre en estos días el país repartiendo 950 millones de pesos en canastas navideñas marcadas con su consigna política de que “e pa lante que vamos”. Y la mayoría de los altos funcionarios realizan campaña en vehículos y con personal y combustible del Estado.

A la luz de lo que han indicado las encuestas más acreditadas, el presidente y su partido no tendrían que apelar a esas prácticas para asegurarse la continuidad. Pero lo mismo ocurría en la campaña interna pese a lo cual se utilizó el poder del Estado para aplastar al contrincante. Si la competencia se cierra en las proximidades de los comicios de mayo se teme que el proceso pueda ser manchado gravemente por el abuso de los recursos estatales.

La sociedad civil

Entre los factores que aumentan las preocupaciones se señala el proceso de desmovilización que se advierte en importantes organizaciones sociales que en la década que siguió a la última crisis generada por el reeleccionismo se activaron para jugar un papel relevante en el proceso de institucionalización democrática y particularmente en lo electoral. Se registra una mezcla de decepción y cansancio de la política, con expresiones de pesimismo que llegan al grado de plantear que “no vale la pena el esfuerzo”.

La vigilancia y participación de la sociedad civil fue de los factores que impidieron que el intento reeleccionista de Hipólito Mejía afectara el proceso democrático. Ahora hay diferencias fundamentales. Aquel proyecto continuista fue nati-muerto por la crisis financiera que hundió la economía nacional, y que contribuyó relevantemente a que el presidente Fernández ganara con un 57 por ciento del sufragio. En el 2004 la barrida estuvo advertida por las encuestas y la opinión pública desde el comienzo de la campaña electoral. Esta vez la continuidad tiene claras perspectivas, el gobierno dispone de mucho más recursos y es más difícil de confrontar.

Todavía hay tiempo para que la sociedad civil y la opinión pública reclamen transparencia y contribuyan con su vigilancia y participación a evitar los disturbios que tradicionalmente ha generado el reeleccionismo para lo cual tienen que sacudirse del pesimismo y retomar los esfuerzos por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

La renovación de energías es más urgente para que la confrontación electoral no ignore la situación en que han quedado amplios segmentos de pobladores y productores afectados por las recientes inundaciones y para que se reclame centrar el debate en las iniciativas para superar las graves exclusiones sociales cada vez más evidentes.

El gran desafío del 2008 para la nación dominicana es realizar un torneo electoral democrático, fundamental para iniciar una nueva etapa de superación de la pobreza y las carencias institucionales, comenzando por el acatamiento del imperio de la ley.-

Estabilidad en juego

En sectores políticos y económicos ya existe preocupación de que el esfuerzo continuista ponga en juego la estabilidad macroeconómica, que es precisamente el mayor logro que se le reconoce al gobierno del presidente Fernández.

El desbordamiento del gasto en la campaña electoral acompañó el fracasado intento reeleccionista del presidente Hipólito Mejía, hasta el punto de haber roto el acuerdo que sostenía con el Fondo Monetario Internacional. De ahí que se hayan visto con aprensión anuncios de altos funcionarios actuales en el sentido de que no es necesario mantener el acuerdo vigente con el mismo organismo.

El gasto desmesurado en las campañas reeleccionistas de Balaguer dejó mal parada la economía nacional en varias ocasiones, especialmente en 1990 cuando tras las elecciones se produjo la mayor crisis económica de la historia nacional, con inflación que alcanzó al 100 por ciento y grave crisis en el suministro de electricidad, combustibles y hasta azúcar, con quiebras de las empresas estatales incluyendo la Lotería Nacional.

Los temores se fundamentan también por el difícil escenario internacional que se prevé para el nuevo año por el alto costo del petróleo y una reducción del crecimiento de la economía norteamericana que impacta sobre el país. El petróleo cierra el año alrededor de 96 dólares el barril, lo que elevó la factura dominicana por el combustible a unos 3 mil 300 millones de dólares, que se proyectarían a casi 4 mil millones en el 2008.

El propio FMI ya expresó inquietudes de que esos factores, sumados al costo de la rehabilitación de los daños de las inundaciones y a los riesgos electorales pudieran afectar la estabilidad de la economía nacional. Una campaña electoral violenta y muy conflictiva espantaría las inversiones extranjeras y retornos de capitales nacionales que han sido claves en la estabilidad de los últimos tres años, agudizando el desincentivo que ha representado la drástica disminución de intereses del último año y medio.

El 2007 Año de retrocesos

Por Juan Bolívar Díaz

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Se registran retrocesos institucionales, aumento de la corrupción y el clientelismo político y aunque se mantiene la estabilidad y el crecimiento económico, persiste la baja inversión social

El año que concluye queda marcado por dos catástrofes que desnudaron nuevamente la pobreza nacional y la incapacidad para prevenir, pero también por el activismo político desenfrenado con altas cuotas de clientelismo y corrupción con expresiones de retroceso institucional.

 Aunque se vuelve a registrar un apreciable crecimiento del producto   bruto interno  con estabilidad macroeconómica y un aumento extraordinario de los ingresos fiscales, la escasa inversión social sigue determinando que el país se mantenga en los últimos escalones del desarrollo social latinoamericano.

 Resaltan los esfuerzos por establecer el seguro familiar de salud, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, pero la acción gubernamental estuvo de nuevo condicionada por un proyecto reeleccionista que distrae la atención de las soluciones de largo plazo.

La política sobre todo

 La revisión del acontecer nacional del 2007 arroja un predominio desproporcionado de la acción política con miras a las elecciones de mayo próximo, con un alto costo económico y de distracción de las energías nacionales.

 Los primeros meses estuvieron marcados por las luchas por las candidaturas presidenciales que desestabilizaron los principales partidos políticos y generaron un auge del clientelismo y el transfuguismo en desmedro de la ética y los principios políticos, afianzando la idea de que ya no hay diferencias ideológicas ni programáticas.

 Aunque las convenciones de los tres partidos mayoritarios culminaron en el primer semestre, el año concluye sin que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) haya superado los conflictos generados en su campaña interna, mientras el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sufre interminables   fraccionamientos.

 En esos dos partidos como en el Revolucionario Dominicano (PRD) se impusieron los candidatos que más dinero invirtieron fundando su predominio en la capacidad para comprar adhesiones en las estructuras partidarias y la población pobre.

 El fracaso de los proyectos de la Junta Central Electoral para establecer límites a la extensión y costo de las campañas electorales y revestir el gasto político de alguna transparencia, ratificaron las dificultades institucionalizar la actividad política.

 La convicción general es que la política sin tregua sigue siendo financiada en gran proporción por la corrupción, el empleo estatal y las actividades ilegales, aparte de   cientos de millones de pesos anuales del presupuesto nacional.

Costo del reeleccionismo

 La respostulación del presidente Leonel Fernández en la elección primaria del PLD celebrada en mayo quedó marcada por el uso y abuso de los recursos estatales, hasta el punto que el segundo líder del partido, Danilo Medina, proclamó que fue vencido por el Estado y siete meses después él y sus seguidores no han perdonado los excesos.

 La gestión gubernamental ha estado determinada por el interés reeleccionista que ha consumido gran parte de las energías y la atención del mandatario, empeñado en atraerse a todos los políticos que se pusieron precio, cientos de ellos a cambio de empleos en la administración pública.

 La temprana campaña electoral pareció frenada en el último fin de semana de octubre, cuando la tormenta tropical Noel sorprendió al gobierno en pleno y a los partidos de oposición en intensa labor proselitista. En septiembre, el presidente Fernández había presentado su comando de campaña integrado por 13 de los 16 ministros orgánicos y otros diez altos funcionarios, incluyendo al secretario de Obras Públicas como tesorero.

 El transfuguismo incentivado con los recursos del Estado ha   socavado los cimientos del PRSC. Por lo menos cuatro grupos de antiguos reformistas se cuentan entre los que apoyan la reelección del presidente Fernández, todos ellos integrados a cargos gubernamentales.

 Como ha sido tradición en la pobreza institucional dominicana el continuismo se nutre no solo del empleo estatal, sino también del uso de vehículos, combustibles y del pago de dietas con cargo a los organismos del Estado, así como mediante una desaforada propaganda de corte electoral. Hasta octubre el gasto gubernamental en propaganda se había elevado a un promedio de 187 millones de pesos mensuales. En 2004 fue de 70 millones, 120 millones en el 2005 y 160 millones de pesos mensuales en el 2006.

Estabilidad económica

 El mayor éxito gubernamental siguió siendo la estabilidad macroeconómica, con un crecimiento estimado del 8 por ciento, inflación de un dígito, pese a la inmensa carga del costo del petróleo, aunque la deuda interna del Banco Central ya sobrepasa los 200 mil millones de pesos, con un preocupante crecimiento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, estimado en   mil 800 millones de dólares. La industria y la agropecuaria sólo han crecido 2 por ciento en el 2007. Las zonas francas siguieron en retroceso y el turismo se estancó.

 Otro reconocimiento generalizado es el mejoramiento de las recaudaciones, no sólo como fruto de 4 reformas tributarias en cinco años, sino también por la eficiencia de los funcionarios fiscales y los buenos precios internacionales   del ferroníquel. El año cerrará con un incremento de las recaudaciones sin precedente con de baja inflación, que casi duplicará el promedio de 15 por ciento registrado en el período del 2000 al 2005.

 La reforma tributaria del 2006 perseguía un incremento fiscal de 17 mil 500 millones de pesos, con igual cifra de reducción del gasto corriente. Los excedentes se aproximan a los 25 mil millones de pesos, aún cuando a mitad del año se redujeron los excesivos gravámenes a licores y tabaco, así como en el impuesto sobre la renta. Las recaudaciones terminarán en unos 230 mil millones de pesos, un crecimiento del 64 por ciento en relación a los 140 mil del 2005, con una inflación acumulada de alrededor del 21 por ciento en esos tres años.

 El cuestionamiento sigue generalizado sobre la calidad del gasto. Aunque el gobierno se comprometió a reducir el corriente en un 20 por ciento, este año volvió a crecer en un 16 por ciento. El subsidio a la electricidad y el gas propano, ahora también en parte al gasoil absorberá unos 30 mil millones de pesos. El de la energía pasa de 400 a 600 millones de dólares, en lo que se ha fundado un mejoramiento del servicio.

 En cambio en educación y salud (2 y 1.5 por ciento del PIB) el gasto siguió muy por debajo de los promedios de América Latina y el país apareció en numerosos informes internacionales a la cola de la inversión social en la región. Según el último informe de UNICEF, el gasto social dominicano es del 7.6 por ciento del PIB, poco más de la mitad del 13.5 por ciento del promedio de Latinoamérica, y antepenúltimo entre 18 naciones.

Retrocesos institucionales

Aunque se aprobaron nuevas legislaciones tendentes al fortalecimiento institucional el incumplimiento de algunas de ellas y de otras recientes permite diagnosticar un cierto retroceso institucional, comenzando por la ley de austeridad promulgada en diciembre del 2005, violada por el incremento del gasto corriente y en la congelación del empleo con la designación de cientos de altos funcionarios y elevaciones de altos sueldos que constituyeron escándalos en la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el Banco Nacional de la Vivienda y el Congreso Nacional. Los senadores se atribuyeron 230 millones de pesos para sus propias “inversiones sociales”.

El gobierno siguió ignorando las leyes que asignan proporciones del presupuesto a Educación, la Suprema Corte de Justicia y los municipios, lo que se repite en el proyecto de gastos públicos para el 2008, aunque este año fue promulgada la ley 176-07 que busca descentralizar el Estado ampliando las atribuciones de los ayuntamientos. La cartera con mayor asignación para el próximo año es la de la Presidencia a la que se destinarían 35 mil millones de pesos, reafirmando el presidencialismo.

La negativa a cumplir una sentencia judicial sobre la ley de libre acceso a la información pública en el caso del periodista Luis E. Lora en relación al metro en construcción y el aplazamiento de la aplicación de la ley 186-07 que penaliza el robo de electricidad, forman parte también del retroceso institucional.

Lo mismo se puede decir de la decadencia del Departamento de Prevención de la Corrupción y del silencio de la Comisión Nacional de Ética frente a numerosos escándalos de corrupción, algunos tan flagrantes como el contrato mediante el cual el Estado se endeudó en 130 millones de dólares en violación a la Constitución, suma que dejó en manos de la empresa Sun Land, en un hecho sin precedente en la historia del país. O en el oneroso arrendamiento de un hotel del Estado, que tuvo que ser anulado tras el correspondiente escándalo.

La justicia no quedó bien parada con la contradictoria sentencia sobre el fraude que quebró el Banco Intercontinental, en la que pretende dejar impune el del Banco Nacional de Crédito y la dilación en conocer el del Banco Mercantil. Tampoco con la descarga de los oficiales policiales que usufructuaron vehículos robados y mucho menos cuando el ministerio público consagró la impunidad en el expediente sobre el Programa de Empleo Mínimo (PEME), tras 7 años en un tribunal.

El esfuerzo por poner en vigencia el plan básico de salud del régimen contributivo y la ampliación de los beneficiarios del subsidiado, aunque con remiendos legales y pasando por encima a aspectos de la ley de seguridad social del 2001, amortiguaron en parte la decadencia institucional.-

 

RD y Honduras, atrasados en reglamentación electoral

Por Juan Bolívar Díaz

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Aunque aquí acaba de fracasar un intento de reglamentar las campañas electorales, bajo el alegato de la libertad de expresión, en casi todas las naciones latinoamericanas existen regulaciones sobre la difusión de propaganda política, especialmente en radio y televisión.

Las leyes y reglamentos electorales han tenido como objetivo reducir los elevados costos de las campañas electorales, promover la transparencia del financiamiento y garantizar la equidad en la competencia por el poder, evitando la imposición del dinero sobre la conciencia ciudadana.

La concentración de los medios de comunicación que ha constituido enormes poderes de manipulación y la necesidad de evitar que la democracia electoral se convierta en un simple mercado, sin proyección de ideas ni programas, ha determinado las regulaciones siguiendo el “modelo europeo”.

Otro atraso dominicano

 Los tratados y estudios sobre la legislación electoral indican que la República Dominicana y Honduras son los únicos dos países de 17 latinoamericanos que no han establecido ningún tipo de regulación a la propaganda electoral en los medios masivos de comunicación, lo que se intentó en el recién fracasado proyecto de reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE).

 Aquí partidos y medios de comunicación se opusieron firmemente a la reglamentación de la campaña aduciendo el derecho constitucional a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Sin embargo, tal prerrogativa está instituida también en la totalidad de las constituciones de las naciones latinoamericanas, que como República Dominicana son suscriptoras de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 13 instituye la libertad de pensamiento y de expresión.

 Las regulaciones han seguido lo que Jaime Cárdenas, extitular del Instituto Federal Electoral de México, ha llamado el modelo europeo, basado en las legislaciones de España, Francia, Alemania y otras naciones nada sospechosas de violaciones a la libertad de expresión, en un compendio sobre “El Financiamiento de la Política en México”, editado por la Fundación Fiedrich Ebert.

 En la misma publicación los expertos Steven Griner y César Arias, en su estudio “Medios de comunicación y Partidos Políticos en América Latina”, recogen las regulaciones sobre propaganda electoral en la región, en su mayoría referentes a la radio y la televisión, aunque también hay sobre medios impresos.

 Estos autores documentan que “15 de los 17 países de América Latina han implementado algún tipo de regulación sobre los medios de comunicación con el fin de reducir los gastos, tener una mayor transparencia en el proceso electoral y promover una mayor equidad en el mercado político”.

 Señalan a República Dominicana y Honduras como los dos donde no existen   regulaciones a la compra o transmisión de publicidad política, aunque indican que la legislación dominicana  garantiza el acceso gratuito a la televisión estatal, “pero no tiene una aplicación práctica relevante”.

 En el “Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina” del Fondo de Cultura Económica, puesto en circulación aquí en marzo pasado, diversos tratadistas abordan en los capítulos 28 al 32 las numerosas regulaciones en la región sobre propaganda electoral, financiamiento de los   partidos, acceso de los mismos a los medios de comunicación, fiscalización del gasto, y encuestas y sondeos.

Los fundamentos

 Llama la atención que ni en los países de restricciones radicales a la propaganda electoral, como Chile y Brasil, se aduce que se esté violando la libertad de expresión. De lo que se trata es de reducir la extensión y el costo de las campañas electorales para que el poder económico no apabulle el ejercicio democrático y la competencia electoral no se convierta en un simple mercado.

 En vez de reducir la libertad de expresión y difusión del pensamiento se busca incentivarla, mediante la discusión por todos los medios de ideas y propuestas de gobierno, evitando la máxima de que “un político sin rating es un pobre político”, como señala el analista mexicano Jenaro Villamil, en su estudio “Poder-Dinero-Medios y Elecciones en México”, incluido en el citado compendio de la Fundación Ebert.

 Este aborda el monopolio de difusión en que se han constituido dos empresas mexicanas, Televisa y TV Azteca, que controlan el 85 por ciento de la televisión abierta   y cuyo poder de manipulación contribuyó a la crisis electoral del 2006. Aún el Partido que se benefició, Acción Nacional, pactó en septiembre pasado con los otros dos grandes una nueva reforma electoral para aumentar las restricciones a la propaganda electoral.

Según Villamil la campaña electoral en México es hasta 15 y 20 veces más costosa que en Japón, Francia y España. Cita a Porfirio Muñoz Ledo, quien tiene el privilegio de haber presidido dos de los tres partidos mayoritarios de ese país, el PRI y luego el PRD, diciendo que “el retroceso más peligroso para la transición democrática mexicana es haber cambiado de la dictadura de partido hegemónico a la dictadura de la pantalla hegemónica”. También recuerda una sentencia del reputado intelectual mexicano Carlos Monsiváis: “Si encarecemos el voto abaratamos la República”.

La preocupación no es sólo por el poder de los monopolios de medios de comunicación, sino también por la imposición de los grandes consorcios económicos, del dinero sustraído al Estado y del proveniente del narcotráfico y otras actividades ilegales.

El caso dominicano

En la República Dominicana ya ha habido intentos de concentrar inmensos imperios mediáticos, como fue el caso del Banco Intercontinental, que llegó a poseer 4 diarios, 8 canales de televisión, 76 radiodifusoras y gran parte del sistema de telecable.

Aún así en el país no hay monopolios como los de México o Brasil, ni mucho menos como el imperio mediático de Berlusconi en Italia, que le permitió acceder dos veces al poder. Pero aquí ni la JCE ni nadie se ha planeado regulaciones tan restrictivas como en varios países latinoamericanos.

El frustrado proyecto para reglamentar las campañas electorales sólo pretendía limitar la propaganda y actividades electorales a los 90 días que indica la ley para limitar el desmesurado costo de la democracia dominicana y garantizar un mínimo de igualdad de acceso de partidos y candidatos a los medios de comunicación.

Lo del límite a la libertad de expresión pareció un pretexto o un celo exagerado por la misma. De hecho aquí hay limitaciones municipales a la propaganda y regulaciones al uso de las frecuencias de radio y televisión. También se prohíbe la propaganda desde el día antes de cada elección y la difusión de resultados no oficiales y encuestas en la jornada de votación.

Como algunos adujeron que esas regulaciones correspondían a una ley, se podría esperar que la JCE elabore un proyecto más completo, tan pronto pasen las elecciones y lo envíe al Congreso, incluyendo las normas para la transparencia y rendición de cuentas de los partidos contenidas en otro proyecto que ni siquiera se llegó a discutir. Aunque la mayoría del liderazgo político no lo haya entendido, sería un buen servicio al fortalecimiento de la democracia y a la preservación de los mismos partidos.

Diversidad de grado

    El citado trabajo de Griner y Arias recoge una gran diversidad de grado de regulaciones a la propaganda electoral en 15 naciones latinoamericanas, siendo las más radicales las de Brasil y Chile, donde se prohíbe en los canales abiertos de televisión. En el primero se incluye también la radio.

 Para las elecciones presidenciales y de diputados, en Brasil sólo se permite en radio y televisión 25 minutos de propaganda política gratuita, tres días semanales en dos tandas, la tercera parte en igual proporción para todos los partidos y dos tercios atendiendo a su representación legislativa. En Chile se destinan 30 minutos diarios, distribuidos en igual proporción para todas las candidaturas presidenciales, y de acuerdo al resultado de la elección anterior en las candidaturas al Congreso.

 Bolivia, Colombia, México, Paraguay y Perú tienen sistemas mixtos de franjas y límites para los medios electrónicos públicos y privados. En el primero se restringe a 10 minutos diarios por partido político en canales nacionales y cinco en los locales. Para los colombianos son 2 minutos diarios en televisión y 4 en radio. Los partidos argentinos tienen 180 segundos diarios en televisión y 120 segundos en radio.

En Paraguay y Perú sólo se autoriza 5 minutos diarios por partido, durante 10 y 30 días respectivamente. Los partidos uruguayos tienen 5 minutos diarios al inicio de la campaña y 15 al final. En segunda vuelta 15 minutos diarios en televisión y radio. En Costa Rica los partidos pueden comprar hasta 10 minutos de televisión y radio por día, en Nicaragua 3 y en Venezuela 2.  En Guatemala las autoridades electorales y los partidos establecen el límite que no puede ser menor a 30 minutos semanales.

En cinco países latinoamericanos –Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Venezuela- las limitaciones a la propaganda electoral se extienden incluso a los periódicos, variando entre media página, una y dos páginas por día.

 En la mayoría de los países latinoamericanos las regulaciones abarcan también el financiamiento, sobre todo desde que se generalizó el estatal, conllevando fiscalización y transparencia, especialmente en los limitados aportes individuales, y en muchos países prohibidos a las empresas. En Estados Unidos también hay límites al financiamiento privado de los partidos y candidatos. Ningún precandidato presidencial puede recibir más de 2,300 dólares por persona.

El bajo desarrollo democrático de RD

Por Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana volvió a aparecer esta semana en los últimos lugares del desarrollo democrático, de inversión en educación y salud  y en calidad de la gestión pública, en contradicción con el crecimiento económico que sigue registrando y el discurso de modernidad de los gobernantes.

En el Indice de Desarrollo Democrático (IDD), difundido esta semana por la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, el país aparece entre los últimos tres de 18 latinoamericanos que abarca su estudio, resaltándose incluso que registra un retroceso.

No se había digerido esta evaluación cuando el jueves se difundió el Informe

Anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), donde se afirma que la nación fracasó en mejorar la calidad y el alcance de la educación dentro de los Objetivos del Milenio.

Democracia de bajo relieve
El análisis del IDD difundido por la Fundación Adenauer coloca la República Dominicana entre los últimos tres de 18 naciones latinoamericanas que abarca el estudio sólo ligeramente por encima de Venezuela y Nicaragua, con una puntuación de 2,900 en una escala de 10 mil, muy por debajo del promedio regional situado en 5,114 puntos. Chile, Costa Rica y Uruguay encabezan las mejor valoradas.

En contradicción con el alto crecimiento económico, es significativo que el país sufrió el mayor retroceso en materia de desarrollo democrático en el informe del 2007, en relación al año anterior, al caer 1,287 puntos, equivalente al 30 por ciento. La siguiente mayor reducción fue la de El Salvador, con un 16 por ciento.

Aunque el IDD data de 6 años, Dominicana sólo viene siendo evaluada desde el 2004 cuando apareció con 4,631 puntos, cayendo a 3,823 en el 2005, para repuntar a 4,187 en el 2006, antes de la estrepitosa caída a 2,900 en este año. Haití y Cuba no están incluidos en el estudio.

Este índice es calculado en base a cuatro dimensiones: condiciones básicas de la democracia, respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, calidad institucional y eficiencia política, y ejercicio de poder efectivo para gobernar. Presenta resultados de la totalidad y en cada una de estas dimensiones.

La evaluación se sustenta en informes de diversas fuentes nacionales e internacionales, incluyendo al Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Amnistía Internacional, Freedom House y Heritage Foundation, entre otras. El informe del 2007 se cerró con estadísticas hasta diciembre del 2006.

La peor dimensión
La peor evaluación de República Dominicana se encuentra en la cuarta dimensión, con el indicador titulado “capacidad para generar políticas que aseguren bienestar, donde aparece en el último escalón del ranking de 18 países, con 2,958 puntos, lo que está determinado por el bajo gasto en educación y salud, desempleo urbano y hogares bajo la línea de pobreza.

En porcentaje del producto bruto interno (PBI) destinado a la educación, el país tiene el más bajo, con 1.8 por y puntuación de 2,500, seguido por Guatemala y Uruguay con 3,611 puntos. Es relevante que Honduras destina el 7.2 por ciento y alcanza el tope de los 10 mil puntos de la escala, Bolivia 9,306 y México 8,056.

También en el porcentaje del gasto público para salud Dominicana está en el último escalón con 1.4, por ciento del PBI y 2,188 puntos seguida por Guatemala que registra 1.8, con puntuación de 2,813. Lo mismo en desempleo urbano con 2,204 puntos en la escala de 10 mil, seguida por Nicaragua con 3,280, y Panamá y Uruguay con 3,388 puntos.

En los hogares bajo la línea de pobreza, el país registra 4,075 puntos, lo mismo que Colombia, y sólo mejor que Honduras, Paraguay y Bolivia. Un reciente informe de este mes de la CEPAL estima que el 45 por ciento de la población dominicana vive bajo la línea de la pobreza.

En la subdimensión referente a políticas que generan eficiencia económica,   hay un renglón, el de la brecha en el ingreso de los distintos estamentos sociales, donde República Dominicana aparece también con la puntuación más baja, 2,428 puntos. Mejora en endeudamiento con 6,051 y en inversión con 5,017 puntos.

En cuanto al respeto a los derechos políticos y las libertades civiles, segunda dimensión de la evaluación, Dominicana aparece en el escalón 13 del ranking, por encima de cinco países, con 4,301 puntos, pero 253 puntos menos que en el 2006. Se cae en libertades civiles con 3,333 puntos y sobre todo en condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad donde apenas alcanza 1,455 puntos.

En la tercera dimensión, sobre calidad institucional y eficiencia política, el país aparece en el escalón 11 del ranking, con 4,598 puntos, lo que quiere decir que hay 7 con peores resultados. Aunque registra una reducción de 1,404 puntos, equivalente al 30 por ciento, en relación al informe del 2006.

La nación alcanza el máximo de 10 mil puntos en la escala en los renglones referentes a elección de jueces y acceso a información pública. En condicionamiento a la prensa libre la puntuación está por encima del promedio con 7,333 puntos.

Resultados reiterados
Los resultados para la República Dominicana en esta evaluación se inscriben en las tendencias registradas en los últimos años en los informes de diversos organismos internacionales, comenzando por los del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, CEPAL, Amnistía Internacional y Transparencia Internacional, aunque aparecen  agravados al sintetizar un conjunto de ellos.

El informe anual de la UNESCO, publicado anteayer jueves en Santiago de Chile, sostiene que el país ha fracasado en mejorar la calidad y alcance de la educación dentro de los objetivos establecidos por las Naciones Unidas para el milenio.

Estas evaluaciones llegan a tiempo para que los planificadores del gobierno lo tomen en cuenta ahora que están dando los toques finales al proyecto de presupuesto de ingresos y gastos públicos para el próximo año. De hecho en el año que culmina se registra una mejoría en la inversión en salud y educación, aunque todavía falta mucho para alcanzar los niveles reclamados por la opinión pública nacional y los organismos internacionales.

La campaña electoral ya en curso, donde el gasto social en general, y en particular en educación y salud, estará en el debate, debe contribuir a una mejoría significativa en esos renglones para el presupuesto del 2008. También el hecho de que probablemente en ningún año anterior el país había sido tan desfavorecido en los informes internacionales al respecto.

El presidencialismo
La presentación del informe de la Fundación Adenauer relaciona “el escaso avance de los últimos años” en su Indice de Calidad Institucional y Eficiencia Política con “la concentración de atribuciones y poder en la figura presidencial y la caída simultánea de las instituciones parlamentarias en las democracias de la región”, que se ha ido acentuando en el tiempo.

“El régimen presidencialista, que caracteriza a las democracias de la región, con el ejercicio del Poder Ejecutivo a cargo de un Jefe de Estado que es al mismo tiempo Jefe de Gobierno, promulga las leyes, dirige la política interna o externa de la nación y nombra a sus ministros y asesores sin interferencia de otros poderes del Estado, ha derivado en excesos que van potenciado la exclusión del Parlamento generando vacíos institucionales que no solo degradan el funcionamiento institucional, sino que, además, abonan el camino de las recurrentes crisis de gobierno y de los procedimientos de excepción que se utilizan para sortearlas”, indica.

El informe se remonta el presidencialismo a los orígenes de las naciones latinoamericanas, a la anarquía y los liderazgos locales que siguieron a la ruptura con Europa, fortaleciéndose con las dictaduras que rigieron por décadas en gran parte de la región.

Al reivindicar el papel moderador y supervisor que corresponde a los parlamentos, el informe concluye en que “Los sistemas hiper-presidencialistas no sólo alientan un tipo de democracia débil, inestable y de menor legitimidad, en tanto no se respetan las atribuciones constitucionales de cada una de las instancias que conforman el cuerpo institucional de un Estado, sino que además desalientan la impronta democrática volcada a través de la cultura cívica de los habitantes de cada uno de los países”.-

Dajabón quiere orden

Por Juan Bolívar Díaz

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 Los prejuicios y la irracionalidad pusieron en jaque el mercado dominico-haitiano  que se desarrolla dos veces por semana en la fronteriza comunidad de Dajabón que se puso de pie la semana pasada para defender sus derechos y reclamar ser escuchada por las autoridades.

 Cuando se creía que se había levantado un muro de separación y rechazo con el recién creado Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), la comunidad encontró un extraordinario interlocutor en el comandante del mismo, mayor general Adriano Silverio Rodríguez, quien respondió positivamente a los reclamos.

 Ha quedado claro que el mercado binacional tiene que ser preservado en beneficio no solo de los dajabonenses, sino también de los productores agropecuarios e industriales de todo el país, beneficiarios de una balanza comercial absolutamente inclinada hacia el lado este de la isla a razón de 43 por 1.

Beneficio repartido

 La mayor parte de las exportaciones hacia Haití cruzan por el punto fronterizo de Dajabón, en patanas y camiones. Lo que se registra del mercado que opera lunes y viernes en Dajabón no se precisa, pero los estimados rondan alrededor de los 50 millones de pesos semanales, mil millones al año, equivalentes a unos 33 millones de dólares.

 También en este el balance es ampliamente favorable para los productores nacionales. Se exportan productos industriales principalmente harina, cemento, salami,  pasta de tomate, catchup, plásticos; y agropecuarios como pollos, huevos y puntilla de arroz, además de repuestos de vehículos. Los haitianos venden básicamente ropa, zapatos y electrodomésticos, nuevos y de medio uso, bebidas alcohólicas y frutas.

 La comunidad de Dajabón se beneficia no tanto por la exportación, pues la local es agropecuaria, sino por la comercialización y venta de servicios, hoteleros (hay 25 hoteles con más de 800 habitaciones), de comidas y bebidas, alquiler de sanitarios, transporte y otros, que se ofrecen no solo a los compradores haitianos, sino también a los dominicanos que provienen de distintas regiones para comprar y vender. Los mayores beneficiarios son los productores industriales y de huevos del Cibao y de todo el país.  El mercado binacional no sólo es víctima de irracionalidades dominicanas, sino también de intereses haitianos, que a principios de noviembre impusieron restricciones al paso hacia Dajabón. Los grandes importadores de Puerto Príncipe están pensando en el mercado del norte haitiano, que se suple en gran proporción desde Dajabón. Una razón adicional por la que la sociedad civil dajabonense cree que su mercado tiene que ser organizado y protegido, en vez de reprimírsele.

Una comunidad unida

 No era sólo el padre jesuita Regino Martínez y su Solidaridad Fronteriza la que reclamaba. Estaba toda la Iglesia Católica, con el párroco Roberto Guzmán, y la influyente Radio Marién que dirige el padre Guillermo Perdomo, y la Iglesia  Evangélica Misionera con su pastor Raymundo Abad. Lo mismo las asociaciones de Hoteleros, de Comerciantes, de Vendedores del Mercado, de Distribuidores de Pollos, de Ganaderos, de dueños de Farmacias y Farmacéuticos, de Coqueros, de Profesores, y juntas de vecinos, clubes de madres, Club Rotario, y otras.

 En clara demostración de lo que querían era el orden esas entidades se agruparon en un Comité de Defensa y Desarrollo de la Sociedad Civil de Dajabón, la que en vez de decretar un paro o quemar gomas en las calles se dirigió a la gobernación para entregar un documento contentivo de sus reclamos. No encontraron a nadie que lo recibiera.

 No rechazaban el CESFRONT ni se oponían al cumplimiento de su misión. Un documento del 15 de noviembre comienza planteando que desde hace muchos años abogan por la legalidad en la frontera, con estricto control para el tráfico de indocumentados, de los robos, del contrabando, el tráfico de armas y de drogas.

 Se referían a varias propuestas anteriores “para que haya normas claras para el comercio en la frontera dominico-haitiana, que nuestro mercado sea justo, legal y organizado”, con regulaciones para el tráfico de personas, denunciando el maltrato en los puestos fronterizos y especialmente en el puente que une las dos naciones, con el saqueo de compradores que regresaban a Haití con mercancías adquiridas aquí, sosteniendo que “la ilegalidad y   el desorden dan grandes beneficios a quienes la mantienen”.

 El punto quinto del pliego decía que “En múltiples ocasiones hemos pedido un cuerpo especializado para la frontera, con equipos que les permitan hacer un trabajo eficiente y una labor a favor del crecimiento de Dajabón”

 Eso es lo que esperaba la comunidad dajabonense del CESFRONT, pero la llegada de las nuevas tropas en vez de poner límites a los abusos de las tradicionales los incrementó, en nombre del orden. Se despojaba a compradores de mercancías adquiridas en el mercado, se prohibió a los comerciantes mayoristas haitianos que llegaran el día anterior a los de mercado y se incrementaron hasta 9 los puestos de control en los 40 kilómetros de carretera que separan a Dajabón de Montrecristi, donde comerciantes y compradores dominicanos tenía que pagar peaje o someterse a minuciosos, lentos y humillantes registros.

Algunas pruebas documentales fueron tan contundentes que provocaron la cancelación de una decena de integrantes del nuevo cuerpo militar, incluyendo un oficial.

Pero las autoridades dominicanas parecían coincidir con las haitianas en reducir el mercado que da vida a Dajabón y a la región y que beneficia a productores y comerciantes nacionales.

Acuerdos para el orden

 Como las autoridades locales ni siquiera conversaban con el Comité de Defensa, vinieron a la capital el jueves 15 y desde Teleantillas, y luego en rueda de prensa, denunciaron la situación, obteniendo inmediata respuesta del   mayor general Adriano Silverio Rodríguez, comandante del CESFRONT, quien llamó al telediario Uno más Uno para manifestar su disposición a reunirse con los dirigentes sociales.

 Se acordó que el encuentro sería el martes 20 en Dajabón,   pero antes el oficial analizó la situación con los altos mandos militares y el lunes se reunió con el gobernador, la síndica, comandantes locales del Ejército y la Policía, el fiscal y otras autoridades, mientras los dirigentes del   Comité eran invitados a reunirse con el secretario de las Fuerzas Armadas la noche del lunes. Cuando llegó a la reunión del martes en el salón parroquial y antes de que hablaran los dirigentes sociales, con extraordinaria habilidad e inteligencia, el general Silverio Rodríguez se adelantó a anunciar que aceptaba casi todas las propuestas de la comunidad, buscando precisar los alcances de algunas. La reunión fue un ejemplo de rápida concertación y demostró que sólo prejuicios y actuaciones tradicionales separaban al CESFRONT del Comité de Defensa. Duró apenas hora y media y al final, tras la visita de una decena de diputados integrantes de la Comisión de Fronteras, se firmó el pliego contentivo de los acuerdos.

 En resumen: el general se reuniría con los demás comandantes para contemplar la reducción y funcionalidad de los puestos de control; la oficina local de Migración otorgará un carnet de identificación a las haitianas que hacen trabajos domésticos en Dajabón; los pequeños y medianos comerciantes haitianos podrán cruzar la frontera los martes, miércoles y jueves con un carnet especial. También los compradores que se provean de un papel de autorización; los comerciantes haitianos podrán cruzar los jueves y domingo para hospedarse en los hoteles de la ciudad en espera de los días del mercado abierto, donde todo lo que se compre será lícito, excepto artículos prohibidos por ley. También se acordó que el CESFRONT no intervendrá en la realización del mercado, a menos que lo soliciten las autoridades civiles o judiciales; controlará las entradas por el río Masacre para impedir la proliferación de haitianos en áreas fuera del mercado; coordinará con los demás organismos militares y policiales para garantizar la seguridad ciudadana; y se compromete con el respeto a los derechos humanos.

 La sociedad civil recompromete a colaborar con las autoridades identificando los puntos vulnerables de la frontera por donde pasan contrabandos, mientras la Dirección de Migración facilitará la carnetización de la mano de obra haitiana que trabaja en el cultivo del arroz.-

Tremendo desbalance

 La comunidad de Dajabón expresaba con enfado su indignación frente a comunicadores y autoridades que presentaban sus reclamos de respeto al intercambio comercial con Haití y reglas claras para la vigilancia en la frontera como oposición a la legítima actuación de las autoridades.

 Se dijo que detrás de la sociedad civil dajabonense se ocultaban los intereses de contrabandistas, narcotraficantes y prohaitianos que se amparaban en la anarquía con que opera el mercado binacional, por lo que se justificaba cualquier actividad represiva sin importar que quebrara una actividad comercial de decenas de millones de dólares al año.

En los 9 años entre el 1997 y el 2005, los dominicanos exportaron hacia Haití productos por 659 millones 140 mil dólares, que si se les suman los 96 millones 316 mil de las zonas francas, totalizan 755 millones 457 mil dólares. En cambio las importaciones desde Haití apenas sumaron 15 millones 711 mil dólares. Sin los productos de zona franca la relación es 43 dólares de exportación por 1 de importación.

 En el 2005 el balance es más desproporcionado. Las exportaciones nacionales fueron por 122 millones 88 mil dólares, y las importaciones alcanzaron apenas los 2 millones 196 mil dólares, para una relación de 56 por 1.Incluidas las zonas francas el desbalance es de 161 millones 49 mil a 2 millones 196 mil dólares, 73 por 1.

Una sentencia complaciente

Por Juan Bolívar Díaz

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El caso Baninter, uno de los mayores fraudes bancarios de la historia, seguirá pendiente de dilucidar al menos hasta que sea conocido en apelacion, ya que la sentencia en primera instancia emitida el domingo 21 de octubre es un amasijo de concesiones para, contradictoriamente, complacer a múltiples actores.

 La sentencia no ha satisfecho plenamente a ninguna de las partes, pero hasta los abogados del principal acusado y condenado a 10 a;os de cárcel y una indeminizacion sobre 64 mil millones de pesos (casi 2 mil millones de dólares) se han considerado gananciosos, ya que su cliente fue generosamente liberado de los dos cargos más graves.

 Tanto los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, como los de los principales procesados han adelantado su decision de apelar la sentencia, pero aun se ignora si lo hará el ministerio público, atrapado en contradicciones políticas y señalado como partidario de concesiones a los acusados.

Rechazo generalizado

 Salvo Vivian Lubrano, reconocida como “la más exitosa ejecutiva” del quebrado Banco Intercontinental, y Jesús Troncoso Ferrúa, favorecido por tecnicismos judiciales desde la instrucción del caso, que resultaron absueltos, ninguna de las demás partes del proceso ha resultado satisfecha con la sentencia.

 En la opinión pública prevalece el criterio de que el tribunal colegiado de la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional no quiso herir mortalmente a nadie ni dejar mal parada la nación ante organismos internacionales y dictó una sentencia contradictoria que algunos califican impropiamente de salomónica.

 En el dictamen hay complacencia pero no la sabiduria del bíblico rey Salomón, pues las contradicciones y las desproporciones saltan a la vista de cualquier aficionado a las disciplinas jurídicas, hasta el grado de debilitar aun más el sistema judicial, como lo planteó el licenciado Francisco Domínguez Brito, presidente de la Comisión de Justicia del Senado y exprocurador general de la República.

 “Técnicamente no me parece coherente. Parece contradictoria y la impresión es que lo que se persigue es dejar satisfechas a todas las partes”, dijo a HOY el jurista y senador por Santiago, quien   a la vez consideró que la sentencia “puede prestarse a serias confusiones”, por lo que la Corte de Apelación “tendrá una gran responsabilidad jurídica de aclarar las dudas”.

 Aunque dos de los principales acusados fueron condenados a 10 años de cárcel, y el presidente del quebrado banco a una indemnización de 64 mil millones 262 mil pesos, desde el primer momento los abogados de la parte civil constituida denunciaron la contradicción de que al mismo tiempo el señor Ramón Báez Figueroa fuera liberado de los principales cargos de abusos de confianza y lavado de activos, mientras Luis Álvarez Renta, quien no era ejecutivo del banco y era procesado como cómplice resultó sancionado por lavado de activos y condenado a la misma pena de cárcel, aunque los beneficios irregulares por los que se le sanciona eran infinitamente menores. Tal vez para no chocar con el juez que en Florida ya lo condenó por ese delito.

 Eric Raful, abogado de Álvarez Renta, al anunciar que recurrirán el dictamente que calificó como político, resaltó la desproporción en las penas y la contradicción de que a su cliente se le condenara por lavado de activos mientras se liberaba del mismo cargo al presidente y al ejecutivo del banco que entregaron los fondos del lavado.

 Esa contradicción fue caricaturizada genialmente por el reputado jurista santiagués Ramón Antonio Veras, quien tras considerar la sentencia como un triunfo de la corrupción y una burla al pueblo, ironizó que “el dueño de la batea fuera considerado inocente del lavado que en ella se hacía”.

Fruto de incoherencias

 La sentencia del caso Baninter es el fruto de una serie de incoherencias que marcaron el proceso desde su comienzo con el gobierno dividido y jerárquicamente inclinado hacia los principales acusados del fraude que costó al Banco Central unos 74 mil millones de pesos, en asistencia para evitar la quiebra y posteriormente en un discutido como ilegal pago de la totalidad de los depósitos perdidos.

 El presidente Leonel Fernández Reyna fue de los primeros en visitar a Báez Figueroa cuando fue apresado en mayo del 2003, tras acusársele del enorme fraude y a lo largo de la campaña que lo retornó al poder insistió en que fue el gobierno de Hipólito Mejía quien provocó la quiebra del Baninter y de los otros dos bancos que le siguieron.

Aun después de volver al poder el doctor Fernández insistió en la implícita defensa de los banqueros, bajo la tesis de que lo que hubo fue mal manejo de la economía.

 En diversos sectores se expresó preocupación en agosto del 2006 cuando Domínguez Brito, quien había defendido el procesamiento fue electo senador y tuvo que abandonar la Procuraduría General, siendo sustituido por el actual incumbente Radhamés Jiménez, a quien se considera cercano a los abogados del principal   acusado.

 Otra contradicción es que el presidente Fernández designara al principal abogado de Báez Figueroa, Vincho Castillo, como secretario de Estado sin cartera, asesor en materia de drogas, lo que no justifica el despacho que se le asignó en el Palacio Nacional, aunque su pequeño grupo político fuera aliado del partido de gobierno.

 A esas afinidades se atribuye el hecho de que cuando el ministerio público presentaba sus conclusiones en el juicio, a último instante variara la petición de que se incluyera al Listín Diario entre los bienes cuya confiscación se solicitaba al igual que la autoridad monetaria y financiera.

 La contradicción hay sido más relevante porque tanto el gobernador del Banco Central como el superintendente de Bancos actuales, Héctor Valdez Albizu y Rafael Camilo, han sostenido firmemente las acusaciones, lo que les ha valido feroces ataques de los mismos asociados políticos de su gobierno.

Extraña complacencia

 Ha llamado la atención que los abogados de Báez Figueroa reaccionaran tras la sentencia como si hubiesen tenido ganancia de causa, cuando su cliente fue condenado a 10 años de cárcel y a pagar una indemnización de monto sin precedente en el país.

 Su satisfacción, empero, está fundada en haber conseguido la exoneración de los cargos de abuso de confianza y lavado de activos, lo que de ser ratificado en la segunda instancia, abriría la puerta para una reducción de la prisión.

Aunque el monto de la indemnización es significativo, son muy pocos los abogados que creen que esa suma pueda volver alguna vez a las bóvedas del Banco Central, por las dificultades y vericuetos jurídicos que habría que vencer para lograrlo, excepto el monto de las empresas y bienes, devaluados, que los mismos acusados decidieron dejar en manos de las autoridades.

 Desde que fue intervenido el Banínter, tras detectarse el hoyo financiero que tenía, en principio ascendente a más de 55 mil millones de pesos, Báez Figueroa trató de negociar una transacción. Ofrecía todas sus empresas menos la compañia aseguradora y el periódico Listín Diario, a cambio de que no se le persiguiera judicialmente, lo que fue rechazado por las autoridades monetarias y financieras de entonces.

 Posteriormente, el año pasado, un abogado se presentó ante los representantes legales de las actuales autoridades monetarias y financieras con un poder de Báez Figueroa para negociar un acuerdo. Se mostraba disposición a aceptar hasta 5 años de cárcel, solo por violación a la ley sobre banca, a cambio de que se le retiraran los cargos de abuso de confianza y lavado de activos. También que se excluyera a Vivian Lubrano y Jesús Troncoso Ferrúa, sin interesarse por la suerte de Alvarez Renta. La propuesta fue rechazada, pero es significativa su semejanza con el dictamen del tribunal.

La mayor contradiccion

 La mayor debilidad y contradicción de la sentencia es que aunque valida prácticamente todas las   pruebas presentadas contra los principales acusados y testimonios claves como el del experto bancario Luis Aurich, así como opiniones del panel de expertos internacionales contratados por las autoridades monetarias, no establece los delitos de abuso de confianza y lavado de activos. El primero era fundamental para el segundo que conllevaba mayores penalidades y automática incautación de bienes.

 El dictamen recoge las maniobras financieras que se hicieron para obtener empresas como el Listín Diario, o bienes como el Yate Patricia, con decenas de millones de dólares y cientos de millones de pesos extraidos del Baninter, y para ocultar o borrar sus huellas, pero no las considera abuso de confianza ni lavado de activos.

 El licenciado Francisco Álvarez Valdez, uno de los abogados de la autoridad monetaria y financiera, apeló a la Enciclopedia Jurídica Dalloz, Repertorio de Derecho Penal, y de Procedimiento Penal, rubrica de Abuso de Confianza, citando “…Cual que sea la fuente y la naturaleza del mandato, el mandatario que distrae las cosas que les son entregadas en razón de su calidad, comete abuso de confianza. Como mandatarios deben ser necesariamente incluidos… aquellos que, estatutariamente o no, sean encargados de administrar los negocios sociales y especialmente el presidente y los administradores de las sociedades anónimas…”

 En sus páginas 177y 178, la sentencia sostiene que “El imputado Ramón Báez Figueroa tuvo una participación principal, activa y efectiva en la materialización del ilícito cometido; principal al tratarse del Presidente del Banco Intercontinental; activa, en tanto las violaciones a la supra indicada ley constituían el quehacer cotidiano de la institución bancaria que presidia; y efectiva, en tanto logró los objetivos de obtención de recursos a través de sus actos ilícitos”.-

Se extiende la insatisfacción

Por Juan Bolívar Díaz

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La encuesta Gallup-HOY muestra una extendida insatisfacción con el gobierno, que se pretende conjurar con una mayor politización y parcelación de la administración.

La encuesta Gallup para HOY muestra que la insatisfacción de la población con la actual gestión gubernamental se extiende de los aspectos económicos a los políticos y confirma la generalizada percepción de que elrégimen del presidente Leonel Fernández está sometido a un intenso desgaste.

En relación a la anterior encuesta, realizada en abril, resalta la caída de las preferencias electorales por el doctor Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el avance del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y su candidato, Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, aunque el mandatario mantiene mejor valoración.

Mientras, la pretendida renovación del gobierno con una masiva designación de  funcionarios obtiene más reprobación que apoyo, al estar determinada por la repartición de parcelas gubernamentales en una costosa acción de corte electoral, que viola la ley de austeridad y atenta contra la institucionalidad partidista.

Pendiente resbaladiza

La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana ha venido a confirmar la percepción, bastante generalizada entre analistas y observadores políticos, de que el  gobierno del presidente Leonel Fernández ha caído en los últimos meses en una pendiente resbaladiza.

La insatisfacción económica que ya demostró en grandes proporciones la encuesta de abril, ha quedado ratificada en la realizada entre el 9 y el 13 de agosto en curso, pero lo novedoso es que la insatisfacción económica se ha extendido a la política con notable reducción de las preferencias por el doctor Fernández y su partido.

Ya al analizar los resultados de la investigación Gallup de abril llamaba la atención que los altos promedios de insatisfacción con la marcha de la economía -pese al sostenido crecimiento económico- no se hubiesen traducido en mayor pérdida del apoyo político del primer mandatario y su partido.

El promedio de los que consideran positiva la gestión gubernamental peledeista cayó del 43 por ciento en abril a 31 por ciento en agosto, mientras los que la consideraban negativa ascendió del 33 al 42 por ciento.

Las preferencias por el doctor Fernández en abril ascendían al 46 por ciento, cayendo cuatro puntos al 42 por ciento en agosto, pero al mismo tiempo las de Vargas Maldonado ascendieron 7 puntos, del 28 al 35 por ciento. La diferencia entre ambos se redujo en 11 puntos, estableciéndose en cuatro meses en sólo 7 puntos.

 Por partidos políticos la diferencia entre los dos mayoritarios, que eran 25 puntos, 47.9 a 22.8, cayó a 14 puntos, para establecerse en 43.9 a 29.8 por ciento. El triunfo peledeista en primera vuelta se aleja considerablemente. El Partido Reformista Social Cristiano registra un pequeño incremento del 12 al 12.9 por ciento y su candidato presidencial, Amable Aristy Castro cosecha un 14 por ciento de las preferencias.

 Con todo aún el presidente Fernández aparece en esta última encuesta como favorito para una segunda vuelta, donde obtendría 47 por ciento frente a un Vargas Maldonado que registra un 39 por ciento. Es notable, sin embargo, que en la tasa de rechazo los dos primeros contendientes registran una tasa de rechazo casi igual, Fernández con un 31.9 y Vargas con 33.6 por ciento.

 Fernández supera ampliamente a los dos principales candidatos de oposición en valoración. Los encuestados por Gallup lo señalan como más honesto, serio y responsable, más inteligente, más trabajador y organizado, más dispuestos a los cambios, de más liderazgo, entre otros indicadores.

Indicadores económicos

 A pesar de que el mayor mérito que se le reconoce a la gestión del PLD es la recuperación de la estabilidad macroeconómica con crecimiento sobre el 10 por ciento el año pasado, la insatisfacción es alta,, aunque explicable por los niveles de exclusión y concentración del ingreso nacional.

 También tendría que ver con la crítica generalizada a la escala de prioridades del actual gobierno. Baste indicar que la construcción del metro capitalino sólo alcanza el 0.4 por ciento en la encuesta Gallup-HOY en una escala de prioridades que incluye 15 renglones. Salud y Educación encabezan con tasas del 60 y 59 por ciento.

 Los que creen que las cosas van por buen camino suman 24 por ciento, y los que creen que van por mal camino 55 por ciento. El porcentaje de los que encuentran bien o muy bien la situación actual de la economía se redujo en 1 punto, respecto a abril, pasando del 11 al 10 por ciento, y los que la ven mal o muy mal del 71 al 68 por ciento.

Es notable que los que ven la situación económica peor que al inicio del gobierno alcanzan el 47 por ciento, mientras los que la ven mejor sólo registran el 35 por ciento, lo que quiere decir que aún una parte de los que prefieren a Fernández y el PLD no están satisfechos con los resultados económicos.

La percepción de corrupción en la actual gestión, también ha aumentado, 14 puntos, del 36 en abril al 50 por ciento en agosto. El 51 por ciento la cree igual o peor que en el gobierno perredeista de Hipólito Mejía. El 47 por ciento la percibe menor.

La carga impositiva

 Entre los factores que estarían promoviendo la insatisfacción se cuenta el desproporcionado aumento de la carga fiscal y el gasto. Los ingresos tributarios que en el 2003, último año completo de la anterior gestión,  sumaron  82 mil millones de pesos,  alcanzarían 250 mil millones de pesos este año, aumento superior al 200 por ciento, fruto de las 3 reformas tributarias, ejecutadas en los primeros 2 años y 4 meses del régimen.

Mientras tanto el gasto se ha elevado en los últimos 4 años en un 131 por ciento, aunque la inflación acumulada en el período es tan sólo de 59 por ciento, según una tabla elaborada por el economista Carlos Despradel con cifras oficiales.

El aumento de las recaudaciones ha sido tan violento que en junio ya el gobierno envió al Congreso un proyecto para reducir las tasas impositivas a la renta, licores y tabaco, elevadas en diciembre. Y este jueves el presidente Fernández anunció una nueva rectificación para eliminar el fuerte incremento a las placas de los vehículos, mientras se

informaba que la Dirección de Aduanas recaudará lo mismo que el año pasado, aunque al final del primer cuatrimestre entró en  vigencia el tratado de libre comercio con Estados Unidos que se suponía llamado a reducir las tarifas aduanales.

Otro factor señalado entre los que han aumentado la insatisfacción es la sensación de burla a las promesas de reducción del gasto corriente, que comenzaron en el discurso inaugural del presidente Fernández. Se incluye el incumplimiento de la ley de austeridad promulgada en diciembre junto a la última reforma tributaria.

El gobierno impuso una nueva carga impositiva que se suponía recaudaría 17 mil 500 millones de pesos y una suma similar sería ahorrada en gastos corrientes. A la mitad del año ya se registraba un excedente fiscal de 14 mil millones de pesos, mientras el gasto corriente se incrementaba en 11 mil 508 millones de pesos, para un 14 por ciento, según documentó esta semana la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.

¿Renovación del gobierno?

La eliminación del incremento de los impuestos a las placas de los vehículos no se esperaba y se le supone fruto de las encuestas. Además de la Gallup, se publicó otra de la firma CID Latinoamérica y una del Centro Económico del Cibao limitada a Santiago,   ambas con resultados más desfavorables para el gobierno.

Lo que sí se esperaba era una renovación del aparato gubernamental, cuya ejecución ha generado mayores críticas que aprobación, al ser caracterizada como  puramente electoral, cosmética en cuanto a sus limitados alcances, aunque abultada por el número de nuevos cargos públicos que implica, y poco ética por haber “comprado” el apoyo de dirigentes de grupos políticos minoritarios y hasta del PRD y PRSC..

Los cambios sólo afectaban hasta ayer a tres secretarías de Estado, Obras Públicas, Industria y Comercio y Medio Ambiente, con funcionarios provenientes de otros cargos gubernamentales. También implican nuevos jefes de la Policía y la Marina de Guerra, así como los directores del sector aguas, Instituto de Recursos Hidráulicos, Instituto de Aguas Potables y la Corporación del Acueducto de Santo Domingo.

Lo demás fueron 12 directores de organismos de segundo y tercer nivel, 2 administradores y 11 subdirectores. También se decretaban 3 nuevos secretarios sin carteras, otros 12 subsecretarios, 4 asesores presidenciales y dos embajadores adscritos.

Con estos movimientos el presidente Fernández siguió rescatando las prácticas del ex presidente Balaguer cuando buscaba reelegirse, por la cantidad de designaciones, en alta proporción para beneficiar  personas provenientes de otros partidos. Entre los nombrados resaltan los máximos dirigentes de cinco partidos: Quisqueyano Demócrata, Renacentista Nacional, Demócrata Popular, Unidad Nacional y Popular Cristiano. Los tres primeros estaban hasta hace poco considerando una “cuarta vía” electoral en torno a Eduardo Estrella. Un quinto, el Partido Humanista también fue convocado al gobierno, pero no compareció según declaró su presidente Eléxido Paula.

Los nombramientos también alcanzaron a dirigentes medios del PRD y el PRSC, así como del Partido Nacional de Veteranos y Civiles. Incluyendo los seis ya antes aliados al PLD,  el presidente podría estar constituyendo el más amplio frente electoral de la historia nacional, con una docena de 20 partidos con derecho a postular. .

Ese amplio frente se financia con “cuotas de poder” que en muchos casos implica no solo el costo de los líderes, sino también de decenas y cientos de seguidores, mientras se mantienen distancias con el importante sector peledeísta que encabeza Danilo Medina.-

Estabilidad económica con desgaste político

Por Juan Bolívar Díaz

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Al agotar tres cuartas partes del periodo, la estabilidad macroeconómica  es el galardón  del Gobierno, pero luce sin rumbo y en creciente descrédito político y social

Al cumplirse la próxima semana el tercer año del gobierno del presidente Leonel Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) la estabilidad macroeconómica sigue siendo su gran galardón, aunque el notable crecimiento económico no logra impactar sobre las mayorías.

En términos políticos y sociales analistas definen la gestión como frustratoria, por las carencias de prioridades, gasto desmesurado y continuidad de la corrupción y de prácticas políticas que contradicen el discurso de modernidad del primer mandatario.

El desgaste en que aparece últimamente el gobierno es tan preocupante que hasta relevantes figuras del mismo expresan expectativas de cambios significativos para el último año que relancen la gestión y renueven las perspectivas de lograr la reelección dentro de 9 meses, posible por la debilidad de la oposición y sus ofertas electorales.

El mayor galardón

En la opinión pública nacional hay consenso en que el mayor galardón del gobierno ha sido la recuperación y mantenimiento de la estabilidad macroeconómica que colapsó en la última mitad de la gestión anterior, sacudida por la crisis derivada de las quiebras bancarias por monto superior al presupuesto del año 2003 en que se produjeron.

La asunción a la presidencia del doctor Leonel Fernández logró restaurar la confianza y seguridad perdidas no solo por la crisis económica sino también por las circunstancias que rodearon la repostulación del presidente Hipólito Mejía generadora de incertidumbres, y ya en su primer año registró un crecimiento económico que en el 2006 superó el 10 por ciento del producto bruto interno.

La buena imagen internacional del presidente y el crecimiento económico mundial generaron un incremento de la inversión atraída por la estabilidad y altas tasas de intereses que han paliado el pesado fardo de la factura petrolera. Nadie creía que el país pudiera crecer significativamente con el petróleo sobre 60 y 70 dólares el barril.

Las reservas internacionales líquidas, agotadas en agosto del 2004, se han elevado a junio pasado a 1,464 millones de dólares, mientras la inflación descendía del 28.7 por ciento en 2004, a 7.4 el año siguiente y apenas 5 por ciento en el 2006. Eso a pesar de que el déficit de la cuenta corriente se elevó a 786 mil millones de dólares en el 2006, proyectándose para unos 1,300 millones en el año en curso, debido a las importaciones, aunque suben las exportaciones, básicamente por los elevados precios del ferroníquel.

Sin embargo, la convicción general es que el crecimiento económico no ha mejorado significativamente el nivel de vida de la población, reducido por la crisis financiera y debido a la concentración del ingreso, y los economistas relativizan los términos del éxito económico por el endeudamiento interno y externo.

El déficit del Banco Central pasó de 89 mil millones a 200 mil millones de pesos por las emisiones de certificados y bonos en que se ha fundamentado la revaloración del peso y el restablecimiento del equilibrio macroeconómico. Esto se refleja negativamente sobre los exportadores nacionales y de zonas francas y especialmente sobre la cuarta parte de las familias dominicanas que reciben las remesas que se aproximan a los 3 mil millones de dólares anuales. Los precios han crecido poco, pero los pesos por dólar se redujeron de 42 al 32 promedio de los tres años, afectando a los más pobres.

Más impuestos y gastos

Uno de los factores que han incidido en la declinación de la aceptación del gobierno diagnosticado por encuestas y analistas independientes es la triple reforma tributaria ejecutada por el gobierno en sus primeros 28 meses, sufridas especialmente por las clases medias, que triplicaron el presupuesto nacional de 89 mil millones de pesos en el 2003 a 267 mil para este año, incluyendo el adicional de 11 mil millones de pesos recién enviado al Congreso por cuenta del excedente en las recaudaciones.

Las críticas han sido sistemáticas al incremento del gasto corriente y la falta de prioridades en las inversiones, comenzando por la del metro que se construye en Santo Domingo a contrapelo de la opinión pública. El exgobernador del Banco Central Carlos Despradel estima el incremento del gasto en 131 por ciento a partir del 2004, con una inflación de 59 por ciento, lo que implica un aumento real del 72 por ciento.

Con el agravante de que el gobierno peledeista ha fallado en sus repetidos compromisos de reducir el gasto corriente. En el discurso inaugural se prometió reducirlo en 20 por ciento. En diciembre pasado se promulgó una ley de austeridad que planteaba disminuir el gasto en 17 mil millones de pesos este año, pero a mayo ya se había elevado en más de 14 mil millones, ( 18.7 por ciento) en relación al mismo período del  2006. El  gasto corriente había crecido en 12.5 por  ciento.

Una parte del gasto se ha ido en subsidios al gas propano y a la cara e ineficiente  energía eléctrica que aunque ha mejorado relativamente, sigue pesando sobre la ineficiencia competitiva de los sectores productivos, en todos los servicios y en la calidad de vida.

Es relevante el aumento en el gasto publicitario del gobierno, sobre el 50 por ciento en el primer semestre de este año, la misma proporción que se prometió reducir en el 2007, así como la multiplicación de la alta burocracia con salarios que llegan a cientos de miles de pesos, generalizado en instituciones estatales como la Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Congreso Nacional, Banco Central y Junta Monetaria, Banco Nacional de la Vivienda y otras, aún en este año de “austeridad legal”.

Mientras tanto el excedente de los ingresos tributarios presupuestados para este año podría alcanzar cerca de 30 mil millones de pesos, no ha alcanzado para cumplir el mandato legal de destinar a educación el 4 por ciento del producto bruto, que aunque   repunta en el 2007, quedará alrededor del 2.4 por ciento.

Fuerte desgaste

En un encuentro de analistas económicos, sociales y políticos reunidos recientemente por un organismo gubernamental hubo consenso en que se registra   un gran desencanto, que el gobierno sufre un fuerte desgaste, con un presidente consciente del mal de la partidocracia, pero que la reproduce en aras de seguir en el poder, con un discurso modernizante que se contradice sistemáticamente.

Se reproducen las prácticas políticas de la premodernidad nacional por un neobalaguerismo continuista que lo legitima todo en aras de la rentabilidad política inmediata, viable por las debilidades institucionales de la nación, la crisis del partidismo, las precarias ofertas de la oposición y la inconsistencia de la sociedad civil.

Apenas transcurría la mitad del período, cuando se iniciaba la campaña reeleccionista que reprodujo el aprovechamiento del poder estatal aún en la lucha interna para la nominación del candidato presidencial del partido de gobierno, lo que permite temer un desbordamiento en la campaña para las elecciones de mayo próximo.

Las precariedades institucionales que invalidan los organismos de control, como el Congreso y a la Cámara de Cuentas, que anularon el Consejo Económico Social e Institucional y la Comisión Nacional de Etica creados al inicio del período, y la falta de voluntad política han permitido la persistencia de altos niveles de corrupción y escasa transparencia, generadores de frecuentes escándalos.

La imagen del presidente Fernández inaugurando obras con el viejo estilo trujillista- balaguerista, al ritmo de merengues reeleccionistas, desde un año antes de los comicios, no es compatible con su discurso de modernidad y le genera desgaste.

¿Habrá un auto-relevo?

La última encuesta Gallup para HOY  de abril pasado ya indicó una creciente insatisfacción con la gestión gubernamental y reducción de su respaldo político. Circulan versiones de encuestas privadas recientes que los ratifican en términos más fuertes.

Hasta en sectores del propio partido se percibe la creciente insatisfacción que quedó manifiesta en el paro de actividades del mes pasado. A eso se atribuye la reciente advertencia del director de Aduanas Miguel Cocco y los planteamientos públicos de renovación del gobierno formulados esta semana por el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared, y de otros tres senadores oficialistas.

De comentaristas y analistas también se escuchan reclamos de cambios en el gabinete gubernamental en ocasión del próximo 16 de agosto, cuando el gobierno entrará en su último año. Se recuerda la tradición balaguerista de frecuentes cambios de funcionarios para derivar las responsabilidades de la insatisfacción.

Como el presidente Fernández ha devenido en un cultor de las prácticas balagueristas y marcha al son del continuismo, es posible que realice algunos cambios, aunque es difícil que sean significativos, dado que el gobierno parece un archipiélago, con múltiples latifundios en pago de apoyo político.

En el período 1996-2000 los cambios fueron mínimos, y en el actual solo lleva tres. Sustituyó al secretario de las Fuerzas Armadas Sigfrido Pared por Ramón Aquino, al jefe de la Policía Nacional, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, por Bernardo Santana Páez, y al secretario de Salud Pública, Sabino Báez, por Bautista Rojas Gómez.

El presidente Leonel Fernández  puede contar con la ausencia de liderazgos en la oposición y sus ofertas electorales, pero como en este país el día más claro llueve, no está demás que agudice la vista y el oído.

El barrilito carece de fundamento en la RD. No hay en Carta Magna algo que justifique los fondos

Por Juan Bolívar Díaz

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Por más vueltas que se le dé a la Constitución de la República no se encuentra un solo enunciado que legitime o fundamente la asignación mensual de 19 millones 160 mil pesos asignada a los senadores desde hace un año para “asistencia social”, lo que totaliza   229 millones 900 mil pesos al año.

El barrilito o cofrecito en promedio de 598 mil 750 pesos mensuales por senador es otra expresión del desorden institucional y el sistema de repartición del presupuesto nacional, que pronto será reivindicado por los diputados, síndicos, vicesíndicos y regidores, que también son funcionarios electos y tienen “obligaciones” con sus electores.

Para colmo y sin el menor rubor hay senadores que se consideran víctimas de la injusticia salarial y están exigiendo un aumento de sus ingresos personales   mensuales, de 265 mil pesos, cuando el 80 por ciento de los salarios nacionales, públicos y privados, se estiman por debajo de 10 mil pesos.

$230 millones anuales

Tras suspender las subvenciones presupuestales a las onegés que tenían la mayoría de los legisladores, el Senado electo el año pasado asignó a cada uno de sus miembros una partida   para “asistencia social”, en proporción a la población de cada provincia y el Distrito Nacional, lo que se ha llamado barrilito o cofrecito.

El senador que menos recibe es el de Pedernales, con 420 mil pesos mensuales. A los del Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal se le asignan 900 mil, según una relación entregada por el Senado. Aunque en una rendición de cuentas del representante de Santiago, Francisco Domínguez Brito, se indica que su límite de gastos es de 1 millón 59 mil pesos.

En el informe de Domínguez Brito, el único que lo ha hecho público, se consignan ingresos de ese fondo por 7 millones 815 mil 675 pesos, entre el 16 de agosto del 2006 y el 30 de abril pasado. Destinó 5 millones 887 mil a programas de ayudas a entidades educativas, deportivas, religiosas, comunitarias y donaciones personales. Otros 874 mil se fueron en gastos administrativos, teniendo en disponibilidad 963 mil 419 pesos.

Según la “reglamentación” adoptada esos fondos “son auditables” por la Cámara de Cuentas, la Contraloría General y los auditores internos del Senado, bajo el compromiso de rendir cuentas, cosa que todavía la mayoría no ha cumplido y nadie cree que lo harán, cuando una buena proporción no acata el mandato de la declaración jurada de bienes, establecido por ley. Tampoco nadie cree que algún organismo dará riguroso seguimiento a las inversiones de cada senador.

Según el informe del Senado la asignación total para asistencia social es de 19 millones 160 mil pesos mensuales, equivalentes a 229 millones 920 mil pesos por año.

Carece de fundamento

Tal como expresó el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, doctor Servio Tulio Castaños, la asignación mensual a cada senador para  “Gestión Provincial, Asistencia Social e Institucional”, carece de fundamento, ya que no existe ninguna disposición constitucional que permita al Congreso Nacional asumir acciones que están dentro del ámbito de la función del Poder Ejecutivo.

En efecto, si se revisa la Constitución de la República por ningún lado se otorga facultad a los legisladores para utilizar recursos del presupuesto nacional en labores de asistencia social, reservada a los organismos del Poder Ejecutivo. Tampoco se ha establecido por una ley, que sería inconstitucional.

El artículo 37 de la Constitución es el que señala las atribuciones del Congreso en 23 acápites que se refieren a la elaboración de las leyes, aprobar o desaprobar informes de la Cámara de cuentas, y el estado de recaudación e inversión de las rentas públicas así como examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo. También interpelar a los secretarios de Estado y a los directores o administradores de los organismos autónomos.

El numeral 4 del artículo 55 otorga al Senado la facultad de aprobar las designaciones de los miembros del cuerpo diplomático. Y el 10 condiciona los contratos del Poder Ejecutivo a la aprobación del Congreso Nacional.

En pocas palabras, la gestión del Poder Legislativo es aprobar las leyes y los actos del ejecutivo y ser guardián de las facultades del Poder Ejecutivo, fundado en el   principio de la separación de funciones, que rige en el sistema democrático universal.

Clientelismo privilegiado

El cofrecito senatorial es una nueva expresión del clientelismo político, financiado ilegalmente con recursos del presupuesto nacional, aún cuando la mayor parte se dedicara a entidades sociales, como indica el informe de Domínguez Brito. Pero nada impide que financien activistas políticos y promociones personales.

De esa manera el fondo se constituye en un privilegio más para los senadores en ejercicio y un ventajismo sobre quienes les disputen una reelección. Es menos justificable si se toma en cuenta que ya los partidos reciben financiamiento estatal para su sostenimiento y campañas electorales, que incluyen sus candidaturas al Senado.

El argumento de que los senadores tienen compromisos que cumplir con sus electores llevaría necesariamente a asignar un barrilito también para cada diputado, síndico, vicesíndico o regidor, que también son electos como representantes de las comunidades. Se ignora si los diputados a quienes que les suprimieron financiamientos a onegés han reclamado su propio cofrecito.

Se sabe que la reglamentación del Senado ha incentivado a síndicos a establecer   programas clientelares de ayudas sociales. El síndico del nuevo municipio de Pedro Brand declaró en Teleantillas la semana pasada que otorga entre 500 y 7 mil pesos mensuales a 300 de sus electores, de un presupuesto de apenas 4 millones 500 mil.

Los dos distritos municipales de Pedro Brand, La Cuaba y La Guáyiga, con presupuesto de un millón 150 mil pesos al mes, pagan “sueldos de 2 mil pesos” a unas 300 personas, la mayoría “de tiempo parcial”, según el síndico.

Un millón 295 mil por mes.

Los senadores de la República están saliendo a un costo de por lo menos un millón 295 mil pesos mensuales promedio, equivalente a 41 millones 448 mil al mes y 538 millones 824 mil pesos al año, considerando solo sus ingresos personales y las asignaciones para “programas sociales” y dos oficinas con 24 empleados. Aparte otros 470 mil pesos mensuales para empleados en las oficinas de los bloques legislativos.

La oficina de la sede central tiene asignado un presupuesto mensual de 289 mil pesos para pago de 13 empleados, que incluyen un “asesor de imagen”, 2 asistentes, 2 secretarias, 2 choferes, y 4 encargados de seguridad. Para la oficina provincial se destina 142 mil 500 con 11 empleados, que incluyen 2 asistentes y un coordinador.

Las asignaciones no incluyen los gastos por seguridad social y otras prestaciones laborales ni lo que cuestan sus viajes al exterior, como tampoco el suministro de materiales y equipamiento de sus oficinas.

El sueldo básico de cada senador es de 125 mil pesos, a lo que se adicionan 50 mil por “gastos de representación”, 25 mil por “viáticos” y 25 mil por “política de hospedaje”, para un total de 200 mil pesos fijos.

Además se ha establecido una “dieta por sesión” de 3 mil 500 pesos y “dieta por comisión” de 2,400 pesos para los miembros, que va subiendo hasta 3,400 pesos para secretarios, vicepresidentes y presidentes de las comisiones. Si se estiman 8 sesiones al mes, se adicionan 28 mil pesos. Y 5 reuniones de comisiones al mes dan otros 12 mil pesos. El total de ingresos personales promedia 265 mil pesos mensuales.

Los ingresos personales de los senadores equivalen a 66 salarios mínimos del gobierno y a más de 36 salarios mínimos de las grandes empresas, pese a lo cual varios legisladores propugnan por un incremento salarial, considerando que son los “peor pagados” de esta zona del continente”. En un comunicado publicado este jueves, representantes de tres centrales sindicales sostienen que según los registros de la Tesorería de la Seguridad Social el 80 por ciento de los trabajadores dominicanos ganan hasta 10 mil pesos mensuales.

Aunque los ingresos de los senadores son más del doble de los del Presidente de la República, se pueden considerar menores que los que reciben otros funcionarios  como el gobernador del Banco Central, superintendentes de bancos y electricidad, varios secretarios de Estado, jueces electorales y de la Cámara de Cuentas y titulares de instituciones autónomas. El gerente del Banco Nacional de la Vivienda se acaba de asignar 500 mil pesos mensuales, según publicó el semanario Clave del jueves 2.

Eso revela el desorden salarial prevaleciente en el sector público donde hay secretarios de Estado que ganan 60 mil pesos mensuales y otros que por diversos conceptos reciben cientos de miles de pesos.

Lo peor es que no hay organismo de control, ya los poderes e instituciones estatales conforman una red de reparto del presupuesto nacional y se protegen entre si, mientras a la población pensante apenas le queda la frustración especialmente al comprobar cómo se multiplican los tributos a golpe de una reforma tributaria por año.-

$13 mil millones adeudan de pensiones

Por Juan Bolívar Díaz

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Más de diez mil empresas e instituciones privadas y cientos de entidades estatales descentralizadas mantienen atrasos por más de 13 mil millones de pesos, incluyendo recargos, con la Tesorería de la Seguridad Social por concepto de las cuotas del régimen contributivo de los planes de pensiones y riesgos laborales, a 4 años de su vigencia.

Entre los deudores estatales se cuentan el Banco Agrícola, la Lotería Nacional, el Instituto Agrario, el Instituto de Aguas Potables y decenas de ayuntamientos, y entre las privadas hay medios de comunicación, universidades, clubes sociales, y hasta la Conferencia del Episcopado Dominicano, además de industrias y comercios.

La introducción al Congreso Nacional de un proyecto de ley para dar facilidades de pago sobre los atrasos acumulados   revela considerables dificultades en el cumplimiento de la ley 87-01 que hace 6 años instituyó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

No sólo el seguro de salud

Mientras persisten las dificultades para implementar el básico régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud, cuya entrada en vigencia acumula 11 aplazamientos, saltan a la vista alarmantes retenciones de las cuotas para los planes de pensiones y riesgos laborales de los empleados dependientes de instituciones públicas y privadas.

La situación revela las graves dificultades de la sociedad dominicana para cumplir las leyes, aún de las que como la de seguridad social han sido fruto de muchos años de negociaciones y consensos.

Esta semana saltaron a luz pública dos proyectos de leyes para poner remiendos al sistema de seguridad social.

Uno de ellos está encaminado a dar facilidades de pago a las entidades que registran atrasos en las cuotas de pensiones y riesgos laborales y el otro para reducir durante un año en 1 por ciento el aporte del 8 por ciento de los salarios   que hacen los empleadores a los planes a este régimen para destinarlos a cubrir el déficit con que nacería el sistema familiar de salud.

Las administradoras de riesgos de salud aducen que la decisión de permitir la asistencia médica sin la puerta de entrada de los centros de atención primaria supone una elevación de los costos que determinaría un déficit en el financiamiento del plan básico de salud.

La solución que se propone para superar escollos al inicio del régimen contributivo del sistema familiar de salud es a costa de una reducción, equivalente al 12 y medio por ciento, de los fondos llamados a acumularse para las pensiones de los asalariados.

El sistema de salud debe comenzar el 1 de septiembre próximo, tras el último aplazamiento anunciado en mayo pasado, que fue el undécimo desde la entrada en vigencia de la ley de Seguridad Social promulgada en mayo del 2001, pero aún persisten diferencias sobre las tarifas profesionales.

Proyecto de facilidades para los atrasados

El proyecto de ley para dar facilidades de pago a los atrasados en las cuotas de pensiones y riesgos laborales fue elaborado por la Tesorería de la Seguridad Social,  también como forma de auspiciar la entrada en vigencia del seguro de salud, ya que según la ley se emitirá una sola factura por los dos sistemas, lo que implica que los retrasos acumulados en el primero arrastrarían al segundo. En tal caso serían decenas de miles los empleados que no podrían recibir las atenciones de salud.

Lo que el proyecto busca facilitar no es el pago de la cuota básica, sino de los recargos del 5 por ciento mensual sobre los atrasos y los intereses, que representan más de la mitad de la deuda de 13 mil 79 millones de pesos acumulada hasta julio en curso. Los recargos totalizan 6 mil 786 millones 875 mil pesos y los intereses 551 millones 215 mil pesos.

Los restantes 5 mil 741 millones 221 mil pesos corresponden al importe original de las cuotas dejadas de pagar.

El artículo 1 del proyecto de ley establece que los empleadores podrán saldar el total de sus deudas pagando el monto principal derivado de las cuotas que les corresponden para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia y del Seguro de Riesgos Laborales, además de una compensación equivalente al porcentaje de rentabilidad mensual   promedio que hayan pagado las Administradoras de Fondos de Pensiones a las cuentas de capitalización de los asegurados.

Quienes se acojan a la facilidad deberán cubrir los atrasos en un plazo no mayor de la mitad de los meses pendientes de pago, concertando acuerdos con la Tesorería de la Seguridad Social. A quienes incumplan se le reaplicarán los recargos e intereses que les hayan sido eliminados.

Desde luego tendrán que pagar las nuevas facturas a ser duplicadas con la entrada en vigor del seguro de salud. También podrán acogerse a la gracia aquellos empleadores que hayan evadido su registro en la Tesorería, es decir los que nunca han pagado.

El proyecto marca un mal precedente, pero no carece de realismo, estimando que será muy difícil cubrir las cuotas dobles para los empleadores que no hayan querido o podido pagar sólo las de pensiones y riesgos laborales.

La deuda por sectores

De los 13 mil 79 millones de pesos acumulados por cuotas, recargos e intereses, la mayor proporción corresponde al sector privado, con 5 mil 21 millones de pesos, el gobierno central debe 4 mil 419 millones y el sector público descentralizado 3 mil 638 millones de pesos.

Una alta proporción de la deuda del gobierno central corresponde a cuotas de la secretaría de Educación en virtud de un conflicto ya que existe una contradicción legal con la ley de seguridad social al crearse el Instituto de Bienestar de los Maestros, donde han ido a parar 4 mil 212 millones de pesos que reclama la Tesorería de la Seguridad Social.

Restando esa cifra la deuda del gobierno central sería de sólo 212 millones de pesos. Los mayores deudores de este sector son la oficina Supervisora de Obras del Estado con 58 millones de pesos, Aeronáutica Civil 28.2 millones, y la Autoridad Metropolitana del Transporte 18.1 millones de pesos.

Del sector descentralizado los mayores deudores son: el instituto de Aguas Potables y Alcantarillados 519.9 millones de pesos; Instituto Agrario Dominicano 413.8 millones; Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 349.9 millones; Lotería Nacional 190.l millones.

También el Instituto de Estabilización de Precios 175 millones; Instituto de Recursos Hidráulicos 157.8 millones; Programa de Medicamentos Esenciales 133.9 millones; y el Instituto Postal Dominicano 120.2 millones de pesos.

Entre más de 50 ayuntamientos deudores resaltan el del Distrito Nacional con 150.7 millones de pesos, y el de Santo Domingo Este con 96 millones de pesos.

Los deudores privados

Del sector privado hay 1,400 entidades que adeudan entre 36 y 48 meses del seguro de pensiones, para un total de 1, 044.6 millones de pesos. Otras 7,600 deben entre 12 y 35 meses, totalizando 1,725.1 millones de pesos. 90 deben más de 49 facturas para un total de 812.3 millones de pesos.

Llama la atención que el mayor deudor privado es un canal televisivo, Telemicro con 62.5 millones de pesos y 49 cuotas atrasadas.

Otros dos, Telecentro y Canal 27 también adeudan 49 cuotas con sumas de 43.8 y 23.4 millones de pesos, lo que implica que han pagado muy poco, ya que las cotizaciones de pensiones se iniciaron en junio del 2003.

Por montos acumulados los otros mayores deudores son: Gerserv RD, C por A 60.4 millones; La Gran Vía 42 millones; PMG LLC,DR 39.8 millones; Empire Atlantic / CO. 37.5 millones; DOS Sportwear 37.3 millones; Hormigones Moya 32.4 millones; y Fundación Educativa Oriental 31.5 millones.

Entre las empresas que adeudan a la Tesorería de la Seguridad Social se cuentan decenas del sector zonas francas, numerosas empresas radiofónicas, impresoras, hoteleras, universidades   y de otros ramos.

Llama la atención que la Conferencia del Episcopado Dominicano aparece con 43 cuotas atrasadas para un monto de 9.2 millones de pesos. También el Club Arroyo Hondo con 24 cuotas y adeudando 3.5 millones; y el Club Paraíso, con 48 cuotas y una deuda de 2.6 millones. La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña no paga desde marzo del 2004 y acumula una deuda de 75.7 millones de pesos

Hay otras instituciones relevantes que ni siquiera se han reportado a la Tesorería, ignorando la ley de Seguridad Social, sin haberse constituido en Aseguradoras de Fondos de Pensiones, bajo el alegato de que tienen sus propios programas de retiro.

Tal es el caso del Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral. El Banco Central y el Banco de Reservas, que también tienen sus propios planes de retiro, sí se constituyeron en Aseguradoras de Fondos de Pensiones.

Las estadísticas disponibles indican que sólo 861 mil empleados están registrados en la Tesorería de la Seguridad Social, lo que representaría poco más de la mitad del estimado de un millón 600 mil que deben ser empleados formales de los sectores público y privado.

Se cree que gran parte de los no asegurados son de micro, medianas y pequeñas empresas.  No se logró establecer cuántos están siendo perjudicados por los atrasos.-