Por Juan Bolívar Díaz

El acuerdo de “Resolución” del contrato por 130 millones de dólares suscrito por el Estado dominicano con la empresa Sun Land Corporation hace 19 meses, del que informó la Presidencia de la República el viernes 7 de diciembre, deja claro que el gobierno se endeudó violando la Constitución de la República.

 El haber dejado sin efecto la contratación de las cinco obras que serían construidas con ese financiamiento no anula el compromiso contraído con la venta de 19 pagarés firmados por el secretario de Estado Félix Bautista ni mucho menos el hecho sin precedente de haber dejado tanto dinero en manos privadas por más de año y medio.

 Queda pendiente el dictamen de la Suprema Corte de Justicia sobre los recursos de inconstitucionalidad del endeudamiento sin aprobación del   Congreso Nacional que le fueron sometidos por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo, del cual deberían derivarse responsabilidades.

Anuncio sorpresivo

 El viernes 7 de diciembre en curso la Dirección de Información del gobierno entregó una declaración dando por rescindido el polémico contrato suscrito en mayo del 2006 con la empresa Sun Land para la colocación en el mercado financiero internacional de 19 pagarés o notas promisorias por 130 millones de dólares para la construcción y equipamiento de “obras prioritarias”.

 La declaración se refirió en términos generales a un nuevo acuerdo firmado el 28 de noviembre, afirmando que el contrato “ha sido rescindido y por consiguiente dejado sin efecto”, lo que sorprendió pero fue aceptado con alivio por la opinión pública, aunque el PRD y algunos medios han mantenido los cuestionamientos.

Sin embargo el nuevo contrato titulado  “Resolución de Contrato de Construcción, Suministro de Materiales y Equipamiento de Obras Prioritarias para el Estado Dominicano, entre el Estado Dominicano y The Sun Land Corporation R.D. y sus Modificaciones” en ninguna de sus cláusulas habla de rescisión ni anulación.

Es más bien la tercera modificación al contrato original suscrito a nombre del Estado Dominicano por el ingeniero Félix Bautista, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que cancela la participación de la empresa en la construcción de las obras que habían sido contratadas, pero la consumada venta de los 19 pagarés no se puede anular ni rescindir. Se establecen nuevos mecanismos para saldarlos.

 El contrato original fue firmado el 15 de mayo del 2006 y establecía que con el producto de la venta de 19 pagarés se construirían 11 obras contenidas en un listado anexo. El 5 de diciembre fue modificado para eliminar 6 de las obras, sin la menor explicación, lo que por lo menos revelaba improvisación en la contratación. La segunda y mayor modificación fue el “Adendum y Precisiones” firmado el 25 de octubre pasado, horas antes de que el presidente Leonel Fernández se reuniera con directores de medios de comunicación para formular una radical defensa del contrato, negando que conllevara endeudamiento del Estado.

 En la información del día 7 se dice que el contrato fue “rescindido” porque la empresa se había retrasado en la construcción de las obras contratadas, aunque el adéndum firmado 33 días antes ya reconocía el atraso y establecía un nuevo calendario para concluirlas en julio del 2008, en vez del 15 de mayo pasado.

La autoincriminación

Es en la cláusula novena donde aparece más claramente establecido que la deuda derivada de los pagarés es del Estado Dominicano. En esta la Sun Land se compromete a saldar los restantes pagarés, numerados 13, 14, 15,17, 18 y 19, los cuales vencerán entre enero y julio del 2008. El número16 dice (cláusula séptima) haberlo readquirido inmediatamente después de su venta.

La empresa afirma que esas 6 notas promisorias, por un monto de 41 millones 52 mil 630 dólares, “fueron endosadas y transferidas a favor de terceros por la declarante, y en consecuencia, es obligación honrar con fondos propios el pago de las mismas, incluyendo sus accesorios; liberando, desde ahora y para siempre a la PRIMERA PARTE (EL Estado) de toda obligación de pago vinculada a dichas notas promisorias”.

Y para no dejar dudas, se agrega un párrafo donde la Sun Land se obliga a entregar al Estado “una carta de crédito irrevocable por la suma de US$41,052, 630.00 como garantía de cumplimiento de las obligaciones de pago que pudieran originarse a cargo de LA PRIMERA PARTE”, que es el Estado. Si la deuda fuera de la empresa y no del Estado, esa carta de crédito sobraría.

Es sorprendente que en la undécima y última cláusula se establece que el dominicano Daniel Mejía, domiciliado en Estados Unidos, por sí y en su calidad de presidente de R.O. International Trading Corporation “declara libre y voluntariamente que se obliga, por él y la compañía representada, de manera solidaria y con renuncia al beneficio de exclusión a pagar conjuntamente con The Sun Land Corporation R.D. la suma de cuarenta y un millones cincuenta y dos mil seiscientos treinta dólares norteamericanos por los conceptos especificados en el ordinal noveno de este acto”.

Ni Mejía ni su corporación habían aparecido en el contrato original o en sus modificaciones anteriores, aunque es creencia generalizada que es el propietario principal de la Sun Land

Algo sin precedente

 Este contrato no tiene precedente en la historia dominicana, no sólo por haber involucrado un endeudamiento externo al margen del Congreso Nacional, sino también por haber implicado que una empresa privada usufructuara durante 19 meses, sin contar los que faltan para saldar los pagarés, un financiamiento bajo responsabilidad del Estado Dominicano por 130 millones de dólares.

 El dinero debió haber sido recibido por el deudor y depositado en el Banco Central tras pagar una comisión por la gestión de la Sun Land, pero eso hubiese roto el secreto de la operación establecido en la cláusula 25.7 del contrato original que prohibía a la empresa divulgarlo.

 Aún con el control del Congreso por parte del partido de gobierno (desde agosto del 2006) hubiese sido difícil la aprobación de ese contrato, que establecía una comisión del 13.8 por ciento. La inversión en las cinco obras para la Universidad Estatal sería de 111 millones 986 mil dólares, según consta en el adéndum del 25 de Octubre.

 El texto del acuerdo de “rescisión”, lo mismo que el de los pagarés, no deja duda que el Estado Dominicano asumió esa deuda y que la Sun Land no puso un centavo, que fue una simple intermediaria que quedó con el dinero fruto de la venta de los pagarés, y que no lo invirtió en lo programado, sin que nadie le reclamara hasta que el PRD hizo estallar el escándalo.

Es preciso recordar que la fotocopia del pagaré 3-19 firmado por Félix Bautista, como secretario de Estado y en representación del Estado Dominicano, y por nadie más, dice que “Las obligaciones del Prestatario, bajo este pagaré, son obligaciones por las cuales se compromete la completa credibilidad y crédito del Gobierno de la República Dominicana”.Añade que “su pago no depende de la terminación de ningún contrato o acuerdo”. El firmante “certifica que tiene total autoridad legal para firmar este Pagaré” y que el mismo “es pagadero en la secretaría de Finanzas, Departamento de Deuda Pública, Santo Domingo, República Dominicana”.

También cabe recordar que este no es el primer contrato escandaloso firmado por el actual gobierno con la Sun Land. Hubo otro para vender pagarés por 200 millones de dólares que fue posteriormente anulado, lo mismo que el de 132 millones de dólares para suministrar equipos a la Policía Nacional que fue dejado sin efecto hace 15 meses por las enormes sobre valuaciones de precios que contenía.

Si grave fueron los términos y el manejo del contrato ahora “rescindido”, peor ha sido el desprecio por la opinión pública y las agresivas explicaciones cuando ya no se pudo guardar más silencio. Queda pendiente ver si la Suprema Corte de Justicia no sancionará la clandestina contratación y si todo quedará en la impunidad, sin ni siquiera una amonestación a los responsables.-

Esencia del acuerdo

Aunque el gobierno ha negado sistemáticamente que la venta de los pagarés implica un endeudamiento, diversas cláusulas del acuerdo de “rescisión” establecen su responsabilidad.  En la cláusula cuarta el Estado asume el pago de los pagarés números 6, 9, 10, 11 y 12, vencidos entre junio y diciembre del 2007, a cambio de 31 millones 984 mil 846 dólares que Sun Land “declara” haber entregado a contratistas de las obras, sin el menor detalle. Pero esa suma es menor en 2.2 millones de dólares que la suma de los 5 pagarés, que es de 34.2 millones de dólares, sin sumarle los intereses originales y por los atrasos.

En la quinta cláusula Sun Land declara haber saldado los pagarés 3, 4, 5, 7 y 8, por un monto de 35 millones 97 mil 261 dólares, aquí sí incluyendo los intereses. En la octava dice que “en momento alguno transfirió, endosó o contrajo obligaciones” con los pagarés 1, 2 y 3-A, por lo que los entrega libre de cartas al Estado. Obsérvese que el 3 figura entre los que dice haber saldado.

La cláusula 6 es confusa. En ella la empresa declara haber entregado al Estado las notas promisorias (pagarés) números 4A,   5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A y 12A, emitidas por el Estado en sustitución de las de los mismos números, pero sin letra A, que son las que se pagarán con los 31.9 millones de dólares que le reconoce el Estado y las que Sun Land dice haber saldado, excepto que se saltan la 3.

Por Juan Bolívar Díaz

El contrato suscrito por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con la Sunland Corporation es un instrumento contradictorio y oscuro que puso en manos de una empresa sin mayor aval 130 millones de dólares para obras que no se han ejecutado 17 meses después.

 Independientemente de que el endeudamiento externo no fuera sometido a consideración del Congreso Nacional, está el agravante de que el Estado dominicano haya dejado en manos privadas tan alta suma de dinero, sin concurso público ni presupuesto para las obras que se buscaba financiar.

 También resulta inexplicable que las once obras originalmente contratadas fueran reducidas a cinco, siete meses después, sin ninguna explicación ni presupuesto, mediante un anexo también suscrito por el ingeniero Félix Bautista, secretario de Estado y director de la OISOE.

APARECIÓ EL CONTRATO

 Esta semana, a un mes de la denuncia del Partido Revolucionario Dominicano, se conoció por fin el contrato, gracias a una instancia elevada ante el director de la OISOE por el periodista Luis Eduardo Lora, ya un experto en apelar a la ley sobre libre acceso a la información pública.

 El documento consta de 64 páginas, escritas a renglón seguido, y entra en minuciosidades, pero sin embargo es extremadamente vago en las cuestiones fundamentales, como ejemplo, no señala las obras específicas que la empresa habría de construir, lo que posteriormente se incluiría en un anexo sin valor legal.

Aunque en dos de los artículos del contrato se indica que las obras serían realizadas en un plazo de 12 meses, con multas e indemnizaciones por retrasos, sólo algunas han sido iniciadas 17 meses después, sin que se sepa cuál es su estatus legal.

El artículo 15, sección 1, establece que “El contratista deberá terminar la totalidad de las obras, incluido, sin limitación, el suministro, construcción, demoliciones, obras civiles, montaje, pruebas y Puesta en Marcha, y el Proyecto deberá estar en condiciones de recibir la Recepción Provisional Total de las Obras, a plena satisfacción de El Jefe de Proyecto, (la OISOE) a más tardar en doce meses a partir de la firma del presente Contrato”.

En la carta que dirigiera la gerente general de The Sunland Corporation RD, Heredia Lombert, al secretario de Hacienda el 12 de abril del 2007, 11 meses después de firmado el acuerdo, se afirma que “Este contrato no se ha ejecutado”, alegando que “por lo tanto el Estado dominicano no ha contraído ningún compromiso financiero sobre el mismo”, aunque varios documentos indican lo contrario.

La misiva respondía a “su solicitud de aclaración a la copia de aviso de cobro de HSBC Panamá”, entidad bancaria que reclamó a la secretaría de Hacienda el pago del tercero de los 19 pagarés firmados por el ingeniero Bautista en virtud del Poder 106-06 del 12 de mayo del 2006 del presidente Leonel Fernández.

Intermediación financiera

Aunque a lo largo del contrato se supone que la Sunland sería la responsable de las obras por valor de 130 millones de dólares, la misma carece de credenciales como empresa constructora ni como financiera, tratándose más bien de una intermediaria en la venta de los pagarés.

En la sección 4 del artículo 4 del contrato se establece que el contratista debe obtener el 100 por ciento del costo del proyecto y en consecuencia “está autorizado y apoderado mediante el presente acto para negociar, a nombre de LA PRIMERA PARTE (el gobierno dominicano) con cualquier entidad financiera los términos de cualquier garantía y/o Crédito”.

El párrafo 4.5.1 indica que los pagarés serán garantizados “con toda la solvencia moral y crediticia del Gobierno de la República Dominicana” Esa responsabilidad del Estado en la venta de los 19 pagarés   queda más clara en la “Carta-acuerdo” firmada por Bautista y la gerente de la Sunland el 27 de junio del 2006, 42 días después del contrato, donde se consigna que las obligaciones derivadas serían registradas en el Departamento de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas, el cual “emitirá una autorización al Departamento de Tesorería para el repago de las notas (pagarés) en la fecha de vencimiento”.

 El punto 8 de la Carta-acuerdo indica que “Las obligaciones de pago bajo el Acuerdo y las Notas (pagarés) tendrán la mayor prioridad frente a todas las obligaciones internacionales del Estado Dominicano”.

 El texto mismo de los pagarés vendidos a la financiera Cox & Co., subsidiaria del banco HSBC, no deja duda del compromiso del Estado dominicano con el financiamiento. Dice que son “obligaciones por las cuales se compromete la completa credibilidad y crédito del Gobierno de la República Dominicana”.

 Es obvio que la Sunland ha sido apenas un agente de negociación de los pagarés por lo cual recibiría el 8.26 por ciento de los 130 millones de dólares, es decir 10.7 millones de dólares, según la sección 3 del artículo 4 del contrato, que precisa 1 por ciento por honorarios “de manejo administrativo y financiero”, 1 por ciento por “Honorarios Legales y de arreglos” y 6.26 por ciento por “Administración de Proyectos, Seguros de Riesgos y costos administrativos”.

Reducen las obras de 11 a 5

 Llama la atención que el contrato no especifica las obras a ser construidas con el financiamiento Pero un Anexo 1, sin fecha, ni logo, ni firma, ni iniciales, ni sello de ninguna de las partes contiene la “Lista de Proyectos a ser Construidos”, que son 11: Edificio Tecnológico, Torre Administrativa, Comedor Universitario y Edificio de Parqueos de la UASD, así como Instituto Técnico Comunitario, Hospital Oncológico, edificios de Medio Ambiente y del Indotel, y la remodelación del Archivo General de la Nación, del Palacio de Bellas Artes y de la Biblioteca Nacional.

 Pero lo más sorprendente es el “Anexo 1 Enmendado”, éste sí con fecha (5 de diciembre del 2006) y con las firmas y sellos de las partes, que sin ninguna explicación reduce la lista de proyectos a ser construidos a cinco, los cuatro de la UASD y el Hospital Oncológico. Pero mantiene que su costo “no excederá la suma de US$130,000,000″.

 Este anexo es más extraño por cuanto indica que “El Presupuesto de estas Obras será suministrado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado en los primeros 30 días después de la firma del contrato”. Esto el 5 de diciembre del 2006,   casi 7 meses después que el contrato fuera firmado. Y todavía se prometían los costos, cronograma de ejecución y nombre de los contratistas y suplidores de cada proyecto.

 Dos formas de pago

 La suerte de la Sunland es tan grande que el contrato establece dos formas de pago, excluyentes entre sí. En la sección 1 del artículo 4 se indica que el Jefe del Proyecto (la OISOE) “deberá anticiparle a EL CONTRATISTA el treinta por ciento sobre el valor total de las obras”, presentando “fianza de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 10 por ciento del Precio del Contrato”. Eso equivaldría a 39 millones de dólares, mil 287 millones de pesos, a 33 por dólar. El párrafo 4.2 dice que el importe restante del contrato se pagará mediante cubicaciones mensuales de las obras.

 Pero el 4.5.1 indica que La porción del precio total del contrato, incluyendo, pero no limitado a, todos los honorarios auxiliares elegibles y costos financieros, relativos al crédito del Contratista, serán pagados por el Estado “mediante pagarés garantizados con toda la solvencia moral y crediticia del Gobierno”. La cuestión se hace más confusa en el siguiente punto 4.5.2, que se refiere al repago de los 19 pagarés de 6 millones 845 mil 105 dólares cada uno, en igual número de meses consecutivos. Y hasta se establece un recargo del 2.16 por ciento que debería pagar el gobierno por cualquier retraso en hacer efectivo los pagarés.

 Es inconcebible tanta confusión sobre la forma de pago de 130 millones de dólares, que al parecer están en manos de la Sunland Corporation, puesto que la gerente Lombert dijo en su carta al secretario de Hacienda del 12 de abril pasado, que “el desembolso realizado por este banco (el HSBC) fue a nuestra empresa, por lo que el Estado Dominicano no ha contraído ningún compromiso financiero con ese banco y los pagos de las cuotas han sido realizados por nuestra empresa”.

 En los documentos no aparece la tasa de interés a que fueron vendidos los pagarés, que al igual que las comisiones de la Sunlad tendrían que ser pagadas por el Estado con encarecimiento de las obras. Más inexplicable que no las ejecutara la misma OISOE si tendría que avanzar un 30 por ciento del costo total.

Al constituirse en una deuda externa asumida por el Estado, el contrato debió ser aprobado por el Congreso Nacional. Y todavía más porque exonera todos los impuestos personales y sobre la renta a que esté sujeto el contratista, los subcontratistas y su personal,

 Todo parece indicar que la Sunland vendió los pagarés y recibió el dinero, y que   los está pagando. Pero como las obras no se han ejecutado 7 meses después de vencido el plazo, esa dichosa empresa privada ha usufructuado durante casi año y medio un dinero que debió ingresar al Banco Central. Los mismos pagarés dicen que fue contratado por el gobierno dominicano.

Una explicación de por qué no se han recibido los 130 millones de dólares es que se trató de un crédito clandestino, al margen del Congreso y burlando los topes de créditos que había impuesto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

  El escándalo es un reto a un gobierno que se ubica en la postmodernidad.-

Por Juan Bolívar Díaz

La progresiva conversión de las inauguraciones de obras públicas en manifestaciones reeleccionistas y la proliferación de propaganda gubernamental de promoción del candidato oficialista están ratificando la necesidad de reglamentar las campañas electorales.

Sin embargo la lentitud con que el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) conoce la primera de dos propuestas de reglamentación hace temer que se empantane con las objeciones de los partidos y no   puedan ser puestas en vigencia antes de los comicios presidenciales del año próximo.

Aunque los principios democráticos, la Constitución y la Ley Electoral fundamentan las reglamentaciones elaboradas por la Cámara Administrativa de la JCE, toma cuerpo el criterio de que las mismas quedan muy grandes al presidencialismo y a la precariedad institucional dominicana.

Indicadora lentitud

Las dificultades con que ha tropezado el proyecto de “Reglamento de Campaña Electoral, Actos de Propaganda y Uso de Medios de Comunicación” para pasar la primera prueba del consenso entre los 9 jueces electorales, es un claro indicador de sus precarias perspectivas.

El documento tiene ya más de dos meses en manos de los jueces electorales y aunque esta semana se ha avanzado en la aprobación de una parte de su articulado, se teme que se está haciendo tarde para discutirlo con los partidos políticos, las instituciones sociales y los medios de comunicación, como se ha prometido desde el principio.

En una sesión el martes se avanzó aprobando 27 de los 79 artículos y se convocó de nuevo el Pleno para ayer viernes, conscientes de que en las próximas dos semanas ese organismo no podrá sesionar porque varios de los jueces viajarán a México y Paraguay para participar en sendos eventos internacionales.

Lo que el Pleno discute es el proyecto a ser consultado con los delegados de los partidos políticos, en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la Ley Electoral, que se viene observando desde la junta que encabezó el doctor César Estrella Sahdalá, tras el último trauma electoral en 1994. Después tendría que ponderar las opiniones y abocarse a una aprobación definitiva.

No han faltado quienes observen que la lentitud con que los jueces conocen el proyecto contrasta con el avance de la propaganda y las actividades propias de la campaña electoral que según la ley debería iniciarse 90 días antes de los comicios.

Objeciones adelantadas

Antes de que el proyecto fuera conocido ya el presidente Leonel Fernández había advertido su criterio de que las limitaciones al proselitismo electoral violarían principios constitucionales como libertad de expresión, de reunión, circulación y de proselitismo, lo que habría ratificado hace dos semanas al reunirse con los jueces electorales.

El mismo criterio fue sustentado por el delegado político del partido de gobierno y Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, al participar en uno de los dos seminarios efectuados por la JCE para discutir las experiencias de reglamentación de las campañas en otros países.

Desde el principio se ha temido que la objeción oficialista decrete la muerte de los proyectos. Además de que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, y otros dirigentes del mismo, así como el juez electoral Eddy Olivares han advertido que no favorecerán la reglamentación si no impide que el presidente candidato utilice los actos y recursos estatales para promoverse.

Frente a esos requerimientos el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, quien en discursos y entrevistas ha favorecido la legislación, reaccionó diciendo que el organismo no puede paralizar las   ejecutorias gubernamentales. “Un gobierno tiene que gobernar y nosotros aquí bajo ningún concepto estamos para cortarle las alas a un gobierno gobernando”.

Esta semana el juez  José Angel Aquino, uno de los propulsores de las reglamentaciones, expresó temores de que los intereses partidistas están boicoteando la aprobación del reglamento de las campañas electorales. El otro proyecto de “Reglamento sobre Sistema Contable y Rendición de Cuentas de los Partidos Políticos” no ha sido tramitado al pleno de la JCE ni ha trascendido textualmente, aunque sus líneas generales fueron expuestas por Aquino en el segundo de los seminarios celebrados a fin de junio.

Puntos conflictivos

La esencia del reglamento en discusión es restringir a 90 días la  promoción de candidaturas, mediante manifestaciones masivas y publicidad en los espacios públicos y los medios de comunicación social. No afecta los derechos de libre expresión ni de reunión o movimiento de los candidatos y dirigentes políticos.

Persigue evitar que la campaña electoral atente contra los derechos ciudadanos, el medio ambiente y el orden público. También pretende preservar los principios democráticos de   igualdad entre los competidores, garantizar el acceso a los medios de publicidad, evitar la propaganda ofensiva y negativa e impedir que esta se realice a costa del medio ambiente y las normas municipales.

Contiene numerosos artículos que contravienen vicios del primitivismo político, como el uso de los recursos y actividades estatales en campañas proselitistas. El 55 prohibe la promoción de candidaturas en los actos públicos de entidades estatales.

El artículo 56 indica que durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno, nacional o municipal, “no podrá contener elementos que promuevan directa o indirectamente la motivación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos”. Prohibe la inauguración de obras públicas y el inicio de programas de apoyo sociales en los 30 días anteriores a los comicios.

Además de prohibir la propaganda en las edificaciones estatales, el artículo 57 establece que en los anuncios financiados por los diversos organismos del Estado no se podrá incluir las fotos ni los lemas de campaña de los candidatos y partidos.

Las prácticas que tienden a evitar esos tres artículos son ya cotidianas por parte de los promotores de la reelección del presidente Leonel Fernández, razón fundamental para oponerse a la reglamentación. Mientras los opositores plantean que esas prácticas deben quedar prohibidas en todo tiempo o desde que se proclaman candidatos, no sólo en el período de los tres meses de campaña electoral.

El proyecto contiene otros planteamientos que han sido objetados y que no son esenciales, como la prohibición de promocionar la abstención electoral y  la publicación de encuestas desde 10 días antes de los comicios.

Piedra de contradicción

La principal contradicción que ha afectado la aprobación del reglamento en el Pleno de la JCE es la diferencia de criterios en torno a las facultades de la Cámara Administrativa del organismo. Al magistrado John Guiliani, de la Cámara Contenciosa, se le atribuyó en informaciones periodísticas haber criticado las “grandes compras” dispuestas por los miembros de la Administrativa sin conocimiento del Pleno y “engavetar las propuestas de nombramiento de personal que hacen los demás jueces”.

Pero  la Ley Electoral separa las funciones administrativas de las contenciosas. Las compras son administrativas, igual que la organización de los procesos electorales y gestión de los diversos órganos de dirección y operación de la JCE. La primera facultad que otorga la Ley Electoral a la   Cámara Administrativa es “Recomendar al Pleno, para su designación, todos los funcionarios y empleados de la JCE y sus dependencias y fijarles sus remuneraciones”.

Una amplia propuesta de modificación al proyecto de reglamento, cuya formulación se atribuyó públicamente a iniciativas de varios miembros del Pleno, pero suscrito sólo por la doctora Aura Celeste Fernández, contiene numerosas sugerencias, varias de ellas enriquecedoras del documento, como las que recogen objeciones a las expresiones a favor del abstencionismo, y reduce la veda de la publicación de encuestas a las 48 horas antes de los comicios cuando termina la campaña.

La doctora Fernández también propone la prohibición de personalizar las obras de   cualquier dependencia del Estado y extiende a los tres meses de la campaña electoral la veda de actos oficiales de inauguración, no la puesta en servicio de obras.

Pero la propuesta plantea la sustitución del Departamento de Partidos Políticos,   por “una unidad administrativa dependiente del Pleno de la JCE” que denomina Dirección de Partidos Políticos y Campaña Electoral, a la cual atribuye facultades que según la Ley corresponden a la Cámara Administrativa, incluyendo la aplicación del reglamento. Se fundamenta en la facultad de reglamentación del Pleno, pero esta no puede estar por encima de la ley.

Esa modificación chocaría también con el principio de la separación de las funciones administrativas de las contenciosas que se instituyó en la última reforma de la Ley Electoral en el 2002, puesto que los jueces de la contenciosa son integrantes   del Pleno y vendrían a ser “juez y parte” cuando tengan que decidir sobre conflictos. Equivaldría a atribuir facultades al Pleno que la ley atribuye exclusivamente a la Cámara Contenciosa, y que ni siquiera tienen que ser ratificadas por aquel.

Lo procedente, acorde con la ley,  sería que el Pleno dicte el reglamento, la Cámara Administrativa gestione su cumplimiento y se deje a la Contenciosa los recursos de impugnación. Todo un desafío a la precaria institucionalidad nacional.-