Los desafíos del 2008

Por Juan Bolívar Díaz

El primer desafío de la sociedad dominicana para el año que comienza es lograr una nueva elección presidencial sin mayores traumas, evitando que el proyecto reeleccionista vuelva a avasallar el proceso de institucionalización democrática y disloque la estabilidad macroeconómica.

El país enfrentará un escenario internacional más adverso como consecuencia de los elevados precios del petróleo y el decrecimiento de la economía norteamericana, de la que tradicionalmente ha dependido en buena proporción la estabilidad económica dominicana.

Como aliento de mediano plazo la nación debería generar nuevas energías que insuflen optimismo y esperanza en que pueden ser superadas las exclusiones sociales y las carencias institucionales para lo cual se requiere una mayor voluntad de los actores políticos y una renovación de la sociedad civil.

El desafío electoral

Si el año que concluye estuvo excesivamente marcado por la lucha política, el 2008 se proyecta con amenazas a la institucionalidad democrática por el desenfreno de las actividades partidistas que tradicionalmente han caracterizado los procesos electorales dominicanos, sobre todo cuando se juega una reelección presidencial.

Las extremas descalificaciones en que han caído los partidos políticos apuntan a una campaña electoral dominada por las pasiones, con escaso contenido ideológico y programático y una competencia basada fundamentalmente en el clientelismo y la manipulación de la conciencia de los electores.

Con una Junta Central Electoral (JCE) afectada por fuertes divergencias internas y una sociedad civil menos dispuesta a jugar su papel moderador, la elección presidencial podría ser manchada por sombras que arrojen retroceso en el proceso de democratización iniciado a partir del trauma electoral de 1994.

Aunque se ha avanzado con más anticipación que nunca en la organización de las votaciones, el tribunal electoral sostiene que el presupuesto que se les asigna para el próximo año es insuficiente para culminar exitosamente el proceso, quedando a expensas de la voluntad de un presidente que es también candidato a la reelección. Puede que la JCE se haya excedido en los fondos solicitados, pero no tanto para que pueda operar con la tercera parte que se le asigna en el presupuesto para el 2008.

Ya este año los jueces electorales tuvieron que implorar al presidente Leonel Fernández mayores recursos y después de varios meses esperando ser recibidos por el mandatario, se les prometió un financiamiento adicional de 200 millones de pesos, de los que sólo recibieron la mitad.

Otra vez la reelección

El proyecto reeleccionista podría volver a constituirse en un elemento perturbador del proceso democrático, como ha resultado históricamente en el país por la recurrencia al uso y abuso de los recursos del Estado. Las preocupaciones han aumentado desde que el presidente Leonel Fernández se declaró un discípulo de Joaquín Balaguer, uno de los más exitosos manipuladores electorales, y entre los actuales aliados del proyecto continuista se encuentran algunos que acumularon basta experiencia en esa materia.

Esas manipulaciones incluían mantener en aprietos presupuestales a la JCE para subordinarla obligándola a negociar recursos directamente con el presidente candidato. Para las elecciones de 1990 se llegó al extremo de que pocos días antes de los comicios el doctor Froilán Tavárez, quien presidía el tribunal electoral, declaró públicamente su disposición a hipotecar una propiedad personal para financiar la culminación del proceso.

Una diferencia importante es que el sistema electoral ha sido revestido de mayores garantías, haciendo virtualmente imposible maniobras como la manipulación del padrón de votantes que vició los comicios de 1994, además de que hay una ciudadanía y una opinión pública más exigente de transparencia.

Sin embargo, todavía no se ha logrado evitar que los candidatos a la reelección desborden el gasto público y abusen de los recursos del Estado en aras de su interés continuista, lo que ya ha quedado evidente incluso desde la campaña interna del actual partido gobernante, como denunció reiterativamente Danilo Medina al disputar al doctor Fernández la candidatura presidencial.

Hace meses que hay abundante publicidad política pagada por organismos del Estado, lo que este año elevó el gasto en ese renglón a unos 187 millones de pesos mensuales. El propio presidente Fernández recorre en estos días el país repartiendo 950 millones de pesos en canastas navideñas marcadas con su consigna política de que “e pa lante que vamos”. Y la mayoría de los altos funcionarios realizan campaña en vehículos y con personal y combustible del Estado.

A la luz de lo que han indicado las encuestas más acreditadas, el presidente y su partido no tendrían que apelar a esas prácticas para asegurarse la continuidad. Pero lo mismo ocurría en la campaña interna pese a lo cual se utilizó el poder del Estado para aplastar al contrincante. Si la competencia se cierra en las proximidades de los comicios de mayo se teme que el proceso pueda ser manchado gravemente por el abuso de los recursos estatales.

La sociedad civil

Entre los factores que aumentan las preocupaciones se señala el proceso de desmovilización que se advierte en importantes organizaciones sociales que en la década que siguió a la última crisis generada por el reeleccionismo se activaron para jugar un papel relevante en el proceso de institucionalización democrática y particularmente en lo electoral. Se registra una mezcla de decepción y cansancio de la política, con expresiones de pesimismo que llegan al grado de plantear que “no vale la pena el esfuerzo”.

La vigilancia y participación de la sociedad civil fue de los factores que impidieron que el intento reeleccionista de Hipólito Mejía afectara el proceso democrático. Ahora hay diferencias fundamentales. Aquel proyecto continuista fue nati-muerto por la crisis financiera que hundió la economía nacional, y que contribuyó relevantemente a que el presidente Fernández ganara con un 57 por ciento del sufragio. En el 2004 la barrida estuvo advertida por las encuestas y la opinión pública desde el comienzo de la campaña electoral. Esta vez la continuidad tiene claras perspectivas, el gobierno dispone de mucho más recursos y es más difícil de confrontar.

Todavía hay tiempo para que la sociedad civil y la opinión pública reclamen transparencia y contribuyan con su vigilancia y participación a evitar los disturbios que tradicionalmente ha generado el reeleccionismo para lo cual tienen que sacudirse del pesimismo y retomar los esfuerzos por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

La renovación de energías es más urgente para que la confrontación electoral no ignore la situación en que han quedado amplios segmentos de pobladores y productores afectados por las recientes inundaciones y para que se reclame centrar el debate en las iniciativas para superar las graves exclusiones sociales cada vez más evidentes.

El gran desafío del 2008 para la nación dominicana es realizar un torneo electoral democrático, fundamental para iniciar una nueva etapa de superación de la pobreza y las carencias institucionales, comenzando por el acatamiento del imperio de la ley.-

Estabilidad en juego

En sectores políticos y económicos ya existe preocupación de que el esfuerzo continuista ponga en juego la estabilidad macroeconómica, que es precisamente el mayor logro que se le reconoce al gobierno del presidente Fernández.

El desbordamiento del gasto en la campaña electoral acompañó el fracasado intento reeleccionista del presidente Hipólito Mejía, hasta el punto de haber roto el acuerdo que sostenía con el Fondo Monetario Internacional. De ahí que se hayan visto con aprensión anuncios de altos funcionarios actuales en el sentido de que no es necesario mantener el acuerdo vigente con el mismo organismo.

El gasto desmesurado en las campañas reeleccionistas de Balaguer dejó mal parada la economía nacional en varias ocasiones, especialmente en 1990 cuando tras las elecciones se produjo la mayor crisis económica de la historia nacional, con inflación que alcanzó al 100 por ciento y grave crisis en el suministro de electricidad, combustibles y hasta azúcar, con quiebras de las empresas estatales incluyendo la Lotería Nacional.

Los temores se fundamentan también por el difícil escenario internacional que se prevé para el nuevo año por el alto costo del petróleo y una reducción del crecimiento de la economía norteamericana que impacta sobre el país. El petróleo cierra el año alrededor de 96 dólares el barril, lo que elevó la factura dominicana por el combustible a unos 3 mil 300 millones de dólares, que se proyectarían a casi 4 mil millones en el 2008.

El propio FMI ya expresó inquietudes de que esos factores, sumados al costo de la rehabilitación de los daños de las inundaciones y a los riesgos electorales pudieran afectar la estabilidad de la economía nacional. Una campaña electoral violenta y muy conflictiva espantaría las inversiones extranjeras y retornos de capitales nacionales que han sido claves en la estabilidad de los últimos tres años, agudizando el desincentivo que ha representado la drástica disminución de intereses del último año y medio.

El 2007 Año de retrocesos

Por Juan Bolívar Díaz

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Se registran retrocesos institucionales, aumento de la corrupción y el clientelismo político y aunque se mantiene la estabilidad y el crecimiento económico, persiste la baja inversión social

El año que concluye queda marcado por dos catástrofes que desnudaron nuevamente la pobreza nacional y la incapacidad para prevenir, pero también por el activismo político desenfrenado con altas cuotas de clientelismo y corrupción con expresiones de retroceso institucional.

 Aunque se vuelve a registrar un apreciable crecimiento del producto   bruto interno  con estabilidad macroeconómica y un aumento extraordinario de los ingresos fiscales, la escasa inversión social sigue determinando que el país se mantenga en los últimos escalones del desarrollo social latinoamericano.

 Resaltan los esfuerzos por establecer el seguro familiar de salud, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, pero la acción gubernamental estuvo de nuevo condicionada por un proyecto reeleccionista que distrae la atención de las soluciones de largo plazo.

La política sobre todo

 La revisión del acontecer nacional del 2007 arroja un predominio desproporcionado de la acción política con miras a las elecciones de mayo próximo, con un alto costo económico y de distracción de las energías nacionales.

 Los primeros meses estuvieron marcados por las luchas por las candidaturas presidenciales que desestabilizaron los principales partidos políticos y generaron un auge del clientelismo y el transfuguismo en desmedro de la ética y los principios políticos, afianzando la idea de que ya no hay diferencias ideológicas ni programáticas.

 Aunque las convenciones de los tres partidos mayoritarios culminaron en el primer semestre, el año concluye sin que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) haya superado los conflictos generados en su campaña interna, mientras el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sufre interminables   fraccionamientos.

 En esos dos partidos como en el Revolucionario Dominicano (PRD) se impusieron los candidatos que más dinero invirtieron fundando su predominio en la capacidad para comprar adhesiones en las estructuras partidarias y la población pobre.

 El fracaso de los proyectos de la Junta Central Electoral para establecer límites a la extensión y costo de las campañas electorales y revestir el gasto político de alguna transparencia, ratificaron las dificultades institucionalizar la actividad política.

 La convicción general es que la política sin tregua sigue siendo financiada en gran proporción por la corrupción, el empleo estatal y las actividades ilegales, aparte de   cientos de millones de pesos anuales del presupuesto nacional.

Costo del reeleccionismo

 La respostulación del presidente Leonel Fernández en la elección primaria del PLD celebrada en mayo quedó marcada por el uso y abuso de los recursos estatales, hasta el punto que el segundo líder del partido, Danilo Medina, proclamó que fue vencido por el Estado y siete meses después él y sus seguidores no han perdonado los excesos.

 La gestión gubernamental ha estado determinada por el interés reeleccionista que ha consumido gran parte de las energías y la atención del mandatario, empeñado en atraerse a todos los políticos que se pusieron precio, cientos de ellos a cambio de empleos en la administración pública.

 La temprana campaña electoral pareció frenada en el último fin de semana de octubre, cuando la tormenta tropical Noel sorprendió al gobierno en pleno y a los partidos de oposición en intensa labor proselitista. En septiembre, el presidente Fernández había presentado su comando de campaña integrado por 13 de los 16 ministros orgánicos y otros diez altos funcionarios, incluyendo al secretario de Obras Públicas como tesorero.

 El transfuguismo incentivado con los recursos del Estado ha   socavado los cimientos del PRSC. Por lo menos cuatro grupos de antiguos reformistas se cuentan entre los que apoyan la reelección del presidente Fernández, todos ellos integrados a cargos gubernamentales.

 Como ha sido tradición en la pobreza institucional dominicana el continuismo se nutre no solo del empleo estatal, sino también del uso de vehículos, combustibles y del pago de dietas con cargo a los organismos del Estado, así como mediante una desaforada propaganda de corte electoral. Hasta octubre el gasto gubernamental en propaganda se había elevado a un promedio de 187 millones de pesos mensuales. En 2004 fue de 70 millones, 120 millones en el 2005 y 160 millones de pesos mensuales en el 2006.

Estabilidad económica

 El mayor éxito gubernamental siguió siendo la estabilidad macroeconómica, con un crecimiento estimado del 8 por ciento, inflación de un dígito, pese a la inmensa carga del costo del petróleo, aunque la deuda interna del Banco Central ya sobrepasa los 200 mil millones de pesos, con un preocupante crecimiento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, estimado en   mil 800 millones de dólares. La industria y la agropecuaria sólo han crecido 2 por ciento en el 2007. Las zonas francas siguieron en retroceso y el turismo se estancó.

 Otro reconocimiento generalizado es el mejoramiento de las recaudaciones, no sólo como fruto de 4 reformas tributarias en cinco años, sino también por la eficiencia de los funcionarios fiscales y los buenos precios internacionales   del ferroníquel. El año cerrará con un incremento de las recaudaciones sin precedente con de baja inflación, que casi duplicará el promedio de 15 por ciento registrado en el período del 2000 al 2005.

 La reforma tributaria del 2006 perseguía un incremento fiscal de 17 mil 500 millones de pesos, con igual cifra de reducción del gasto corriente. Los excedentes se aproximan a los 25 mil millones de pesos, aún cuando a mitad del año se redujeron los excesivos gravámenes a licores y tabaco, así como en el impuesto sobre la renta. Las recaudaciones terminarán en unos 230 mil millones de pesos, un crecimiento del 64 por ciento en relación a los 140 mil del 2005, con una inflación acumulada de alrededor del 21 por ciento en esos tres años.

 El cuestionamiento sigue generalizado sobre la calidad del gasto. Aunque el gobierno se comprometió a reducir el corriente en un 20 por ciento, este año volvió a crecer en un 16 por ciento. El subsidio a la electricidad y el gas propano, ahora también en parte al gasoil absorberá unos 30 mil millones de pesos. El de la energía pasa de 400 a 600 millones de dólares, en lo que se ha fundado un mejoramiento del servicio.

 En cambio en educación y salud (2 y 1.5 por ciento del PIB) el gasto siguió muy por debajo de los promedios de América Latina y el país apareció en numerosos informes internacionales a la cola de la inversión social en la región. Según el último informe de UNICEF, el gasto social dominicano es del 7.6 por ciento del PIB, poco más de la mitad del 13.5 por ciento del promedio de Latinoamérica, y antepenúltimo entre 18 naciones.

Retrocesos institucionales

Aunque se aprobaron nuevas legislaciones tendentes al fortalecimiento institucional el incumplimiento de algunas de ellas y de otras recientes permite diagnosticar un cierto retroceso institucional, comenzando por la ley de austeridad promulgada en diciembre del 2005, violada por el incremento del gasto corriente y en la congelación del empleo con la designación de cientos de altos funcionarios y elevaciones de altos sueldos que constituyeron escándalos en la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el Banco Nacional de la Vivienda y el Congreso Nacional. Los senadores se atribuyeron 230 millones de pesos para sus propias “inversiones sociales”.

El gobierno siguió ignorando las leyes que asignan proporciones del presupuesto a Educación, la Suprema Corte de Justicia y los municipios, lo que se repite en el proyecto de gastos públicos para el 2008, aunque este año fue promulgada la ley 176-07 que busca descentralizar el Estado ampliando las atribuciones de los ayuntamientos. La cartera con mayor asignación para el próximo año es la de la Presidencia a la que se destinarían 35 mil millones de pesos, reafirmando el presidencialismo.

La negativa a cumplir una sentencia judicial sobre la ley de libre acceso a la información pública en el caso del periodista Luis E. Lora en relación al metro en construcción y el aplazamiento de la aplicación de la ley 186-07 que penaliza el robo de electricidad, forman parte también del retroceso institucional.

Lo mismo se puede decir de la decadencia del Departamento de Prevención de la Corrupción y del silencio de la Comisión Nacional de Ética frente a numerosos escándalos de corrupción, algunos tan flagrantes como el contrato mediante el cual el Estado se endeudó en 130 millones de dólares en violación a la Constitución, suma que dejó en manos de la empresa Sun Land, en un hecho sin precedente en la historia del país. O en el oneroso arrendamiento de un hotel del Estado, que tuvo que ser anulado tras el correspondiente escándalo.

La justicia no quedó bien parada con la contradictoria sentencia sobre el fraude que quebró el Banco Intercontinental, en la que pretende dejar impune el del Banco Nacional de Crédito y la dilación en conocer el del Banco Mercantil. Tampoco con la descarga de los oficiales policiales que usufructuaron vehículos robados y mucho menos cuando el ministerio público consagró la impunidad en el expediente sobre el Programa de Empleo Mínimo (PEME), tras 7 años en un tribunal.

El esfuerzo por poner en vigencia el plan básico de salud del régimen contributivo y la ampliación de los beneficiarios del subsidiado, aunque con remiendos legales y pasando por encima a aspectos de la ley de seguridad social del 2001, amortiguaron en parte la decadencia institucional.-

 

El acuerdo con Sun Land es autoincriminatorio

Por Juan Bolívar Díaz

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El acuerdo de “Resolución” del contrato por 130 millones de dólares suscrito por el Estado dominicano con la empresa Sun Land Corporation hace 19 meses, del que informó la Presidencia de la República el viernes 7 de diciembre, deja claro que el gobierno se endeudó violando la Constitución de la República.

 El haber dejado sin efecto la contratación de las cinco obras que serían construidas con ese financiamiento no anula el compromiso contraído con la venta de 19 pagarés firmados por el secretario de Estado Félix Bautista ni mucho menos el hecho sin precedente de haber dejado tanto dinero en manos privadas por más de año y medio.

 Queda pendiente el dictamen de la Suprema Corte de Justicia sobre los recursos de inconstitucionalidad del endeudamiento sin aprobación del   Congreso Nacional que le fueron sometidos por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo, del cual deberían derivarse responsabilidades.

Anuncio sorpresivo

 El viernes 7 de diciembre en curso la Dirección de Información del gobierno entregó una declaración dando por rescindido el polémico contrato suscrito en mayo del 2006 con la empresa Sun Land para la colocación en el mercado financiero internacional de 19 pagarés o notas promisorias por 130 millones de dólares para la construcción y equipamiento de “obras prioritarias”.

 La declaración se refirió en términos generales a un nuevo acuerdo firmado el 28 de noviembre, afirmando que el contrato “ha sido rescindido y por consiguiente dejado sin efecto”, lo que sorprendió pero fue aceptado con alivio por la opinión pública, aunque el PRD y algunos medios han mantenido los cuestionamientos.

Sin embargo el nuevo contrato titulado  “Resolución de Contrato de Construcción, Suministro de Materiales y Equipamiento de Obras Prioritarias para el Estado Dominicano, entre el Estado Dominicano y The Sun Land Corporation R.D. y sus Modificaciones” en ninguna de sus cláusulas habla de rescisión ni anulación.

Es más bien la tercera modificación al contrato original suscrito a nombre del Estado Dominicano por el ingeniero Félix Bautista, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que cancela la participación de la empresa en la construcción de las obras que habían sido contratadas, pero la consumada venta de los 19 pagarés no se puede anular ni rescindir. Se establecen nuevos mecanismos para saldarlos.

 El contrato original fue firmado el 15 de mayo del 2006 y establecía que con el producto de la venta de 19 pagarés se construirían 11 obras contenidas en un listado anexo. El 5 de diciembre fue modificado para eliminar 6 de las obras, sin la menor explicación, lo que por lo menos revelaba improvisación en la contratación. La segunda y mayor modificación fue el “Adendum y Precisiones” firmado el 25 de octubre pasado, horas antes de que el presidente Leonel Fernández se reuniera con directores de medios de comunicación para formular una radical defensa del contrato, negando que conllevara endeudamiento del Estado.

 En la información del día 7 se dice que el contrato fue “rescindido” porque la empresa se había retrasado en la construcción de las obras contratadas, aunque el adéndum firmado 33 días antes ya reconocía el atraso y establecía un nuevo calendario para concluirlas en julio del 2008, en vez del 15 de mayo pasado.

La autoincriminación

Es en la cláusula novena donde aparece más claramente establecido que la deuda derivada de los pagarés es del Estado Dominicano. En esta la Sun Land se compromete a saldar los restantes pagarés, numerados 13, 14, 15,17, 18 y 19, los cuales vencerán entre enero y julio del 2008. El número16 dice (cláusula séptima) haberlo readquirido inmediatamente después de su venta.

La empresa afirma que esas 6 notas promisorias, por un monto de 41 millones 52 mil 630 dólares, “fueron endosadas y transferidas a favor de terceros por la declarante, y en consecuencia, es obligación honrar con fondos propios el pago de las mismas, incluyendo sus accesorios; liberando, desde ahora y para siempre a la PRIMERA PARTE (EL Estado) de toda obligación de pago vinculada a dichas notas promisorias”.

Y para no dejar dudas, se agrega un párrafo donde la Sun Land se obliga a entregar al Estado “una carta de crédito irrevocable por la suma de US$41,052, 630.00 como garantía de cumplimiento de las obligaciones de pago que pudieran originarse a cargo de LA PRIMERA PARTE”, que es el Estado. Si la deuda fuera de la empresa y no del Estado, esa carta de crédito sobraría.

Es sorprendente que en la undécima y última cláusula se establece que el dominicano Daniel Mejía, domiciliado en Estados Unidos, por sí y en su calidad de presidente de R.O. International Trading Corporation “declara libre y voluntariamente que se obliga, por él y la compañía representada, de manera solidaria y con renuncia al beneficio de exclusión a pagar conjuntamente con The Sun Land Corporation R.D. la suma de cuarenta y un millones cincuenta y dos mil seiscientos treinta dólares norteamericanos por los conceptos especificados en el ordinal noveno de este acto”.

Ni Mejía ni su corporación habían aparecido en el contrato original o en sus modificaciones anteriores, aunque es creencia generalizada que es el propietario principal de la Sun Land

Algo sin precedente

 Este contrato no tiene precedente en la historia dominicana, no sólo por haber involucrado un endeudamiento externo al margen del Congreso Nacional, sino también por haber implicado que una empresa privada usufructuara durante 19 meses, sin contar los que faltan para saldar los pagarés, un financiamiento bajo responsabilidad del Estado Dominicano por 130 millones de dólares.

 El dinero debió haber sido recibido por el deudor y depositado en el Banco Central tras pagar una comisión por la gestión de la Sun Land, pero eso hubiese roto el secreto de la operación establecido en la cláusula 25.7 del contrato original que prohibía a la empresa divulgarlo.

 Aún con el control del Congreso por parte del partido de gobierno (desde agosto del 2006) hubiese sido difícil la aprobación de ese contrato, que establecía una comisión del 13.8 por ciento. La inversión en las cinco obras para la Universidad Estatal sería de 111 millones 986 mil dólares, según consta en el adéndum del 25 de Octubre.

 El texto del acuerdo de “rescisión”, lo mismo que el de los pagarés, no deja duda que el Estado Dominicano asumió esa deuda y que la Sun Land no puso un centavo, que fue una simple intermediaria que quedó con el dinero fruto de la venta de los pagarés, y que no lo invirtió en lo programado, sin que nadie le reclamara hasta que el PRD hizo estallar el escándalo.

Es preciso recordar que la fotocopia del pagaré 3-19 firmado por Félix Bautista, como secretario de Estado y en representación del Estado Dominicano, y por nadie más, dice que “Las obligaciones del Prestatario, bajo este pagaré, son obligaciones por las cuales se compromete la completa credibilidad y crédito del Gobierno de la República Dominicana”.Añade que “su pago no depende de la terminación de ningún contrato o acuerdo”. El firmante “certifica que tiene total autoridad legal para firmar este Pagaré” y que el mismo “es pagadero en la secretaría de Finanzas, Departamento de Deuda Pública, Santo Domingo, República Dominicana”.

También cabe recordar que este no es el primer contrato escandaloso firmado por el actual gobierno con la Sun Land. Hubo otro para vender pagarés por 200 millones de dólares que fue posteriormente anulado, lo mismo que el de 132 millones de dólares para suministrar equipos a la Policía Nacional que fue dejado sin efecto hace 15 meses por las enormes sobre valuaciones de precios que contenía.

Si grave fueron los términos y el manejo del contrato ahora “rescindido”, peor ha sido el desprecio por la opinión pública y las agresivas explicaciones cuando ya no se pudo guardar más silencio. Queda pendiente ver si la Suprema Corte de Justicia no sancionará la clandestina contratación y si todo quedará en la impunidad, sin ni siquiera una amonestación a los responsables.-

Esencia del acuerdo

Aunque el gobierno ha negado sistemáticamente que la venta de los pagarés implica un endeudamiento, diversas cláusulas del acuerdo de “rescisión” establecen su responsabilidad.  En la cláusula cuarta el Estado asume el pago de los pagarés números 6, 9, 10, 11 y 12, vencidos entre junio y diciembre del 2007, a cambio de 31 millones 984 mil 846 dólares que Sun Land “declara” haber entregado a contratistas de las obras, sin el menor detalle. Pero esa suma es menor en 2.2 millones de dólares que la suma de los 5 pagarés, que es de 34.2 millones de dólares, sin sumarle los intereses originales y por los atrasos.

En la quinta cláusula Sun Land declara haber saldado los pagarés 3, 4, 5, 7 y 8, por un monto de 35 millones 97 mil 261 dólares, aquí sí incluyendo los intereses. En la octava dice que “en momento alguno transfirió, endosó o contrajo obligaciones” con los pagarés 1, 2 y 3-A, por lo que los entrega libre de cartas al Estado. Obsérvese que el 3 figura entre los que dice haber saldado.

La cláusula 6 es confusa. En ella la empresa declara haber entregado al Estado las notas promisorias (pagarés) números 4A,   5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A y 12A, emitidas por el Estado en sustitución de las de los mismos números, pero sin letra A, que son las que se pagarán con los 31.9 millones de dólares que le reconoce el Estado y las que Sun Land dice haber saldado, excepto que se saltan la 3.

RD y Honduras, atrasados en reglamentación electoral

Por Juan Bolívar Díaz

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Aunque aquí acaba de fracasar un intento de reglamentar las campañas electorales, bajo el alegato de la libertad de expresión, en casi todas las naciones latinoamericanas existen regulaciones sobre la difusión de propaganda política, especialmente en radio y televisión.

Las leyes y reglamentos electorales han tenido como objetivo reducir los elevados costos de las campañas electorales, promover la transparencia del financiamiento y garantizar la equidad en la competencia por el poder, evitando la imposición del dinero sobre la conciencia ciudadana.

La concentración de los medios de comunicación que ha constituido enormes poderes de manipulación y la necesidad de evitar que la democracia electoral se convierta en un simple mercado, sin proyección de ideas ni programas, ha determinado las regulaciones siguiendo el “modelo europeo”.

Otro atraso dominicano

 Los tratados y estudios sobre la legislación electoral indican que la República Dominicana y Honduras son los únicos dos países de 17 latinoamericanos que no han establecido ningún tipo de regulación a la propaganda electoral en los medios masivos de comunicación, lo que se intentó en el recién fracasado proyecto de reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE).

 Aquí partidos y medios de comunicación se opusieron firmemente a la reglamentación de la campaña aduciendo el derecho constitucional a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Sin embargo, tal prerrogativa está instituida también en la totalidad de las constituciones de las naciones latinoamericanas, que como República Dominicana son suscriptoras de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 13 instituye la libertad de pensamiento y de expresión.

 Las regulaciones han seguido lo que Jaime Cárdenas, extitular del Instituto Federal Electoral de México, ha llamado el modelo europeo, basado en las legislaciones de España, Francia, Alemania y otras naciones nada sospechosas de violaciones a la libertad de expresión, en un compendio sobre “El Financiamiento de la Política en México”, editado por la Fundación Fiedrich Ebert.

 En la misma publicación los expertos Steven Griner y César Arias, en su estudio “Medios de comunicación y Partidos Políticos en América Latina”, recogen las regulaciones sobre propaganda electoral en la región, en su mayoría referentes a la radio y la televisión, aunque también hay sobre medios impresos.

 Estos autores documentan que “15 de los 17 países de América Latina han implementado algún tipo de regulación sobre los medios de comunicación con el fin de reducir los gastos, tener una mayor transparencia en el proceso electoral y promover una mayor equidad en el mercado político”.

 Señalan a República Dominicana y Honduras como los dos donde no existen   regulaciones a la compra o transmisión de publicidad política, aunque indican que la legislación dominicana  garantiza el acceso gratuito a la televisión estatal, “pero no tiene una aplicación práctica relevante”.

 En el “Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina” del Fondo de Cultura Económica, puesto en circulación aquí en marzo pasado, diversos tratadistas abordan en los capítulos 28 al 32 las numerosas regulaciones en la región sobre propaganda electoral, financiamiento de los   partidos, acceso de los mismos a los medios de comunicación, fiscalización del gasto, y encuestas y sondeos.

Los fundamentos

 Llama la atención que ni en los países de restricciones radicales a la propaganda electoral, como Chile y Brasil, se aduce que se esté violando la libertad de expresión. De lo que se trata es de reducir la extensión y el costo de las campañas electorales para que el poder económico no apabulle el ejercicio democrático y la competencia electoral no se convierta en un simple mercado.

 En vez de reducir la libertad de expresión y difusión del pensamiento se busca incentivarla, mediante la discusión por todos los medios de ideas y propuestas de gobierno, evitando la máxima de que “un político sin rating es un pobre político”, como señala el analista mexicano Jenaro Villamil, en su estudio “Poder-Dinero-Medios y Elecciones en México”, incluido en el citado compendio de la Fundación Ebert.

 Este aborda el monopolio de difusión en que se han constituido dos empresas mexicanas, Televisa y TV Azteca, que controlan el 85 por ciento de la televisión abierta   y cuyo poder de manipulación contribuyó a la crisis electoral del 2006. Aún el Partido que se benefició, Acción Nacional, pactó en septiembre pasado con los otros dos grandes una nueva reforma electoral para aumentar las restricciones a la propaganda electoral.

Según Villamil la campaña electoral en México es hasta 15 y 20 veces más costosa que en Japón, Francia y España. Cita a Porfirio Muñoz Ledo, quien tiene el privilegio de haber presidido dos de los tres partidos mayoritarios de ese país, el PRI y luego el PRD, diciendo que “el retroceso más peligroso para la transición democrática mexicana es haber cambiado de la dictadura de partido hegemónico a la dictadura de la pantalla hegemónica”. También recuerda una sentencia del reputado intelectual mexicano Carlos Monsiváis: “Si encarecemos el voto abaratamos la República”.

La preocupación no es sólo por el poder de los monopolios de medios de comunicación, sino también por la imposición de los grandes consorcios económicos, del dinero sustraído al Estado y del proveniente del narcotráfico y otras actividades ilegales.

El caso dominicano

En la República Dominicana ya ha habido intentos de concentrar inmensos imperios mediáticos, como fue el caso del Banco Intercontinental, que llegó a poseer 4 diarios, 8 canales de televisión, 76 radiodifusoras y gran parte del sistema de telecable.

Aún así en el país no hay monopolios como los de México o Brasil, ni mucho menos como el imperio mediático de Berlusconi en Italia, que le permitió acceder dos veces al poder. Pero aquí ni la JCE ni nadie se ha planeado regulaciones tan restrictivas como en varios países latinoamericanos.

El frustrado proyecto para reglamentar las campañas electorales sólo pretendía limitar la propaganda y actividades electorales a los 90 días que indica la ley para limitar el desmesurado costo de la democracia dominicana y garantizar un mínimo de igualdad de acceso de partidos y candidatos a los medios de comunicación.

Lo del límite a la libertad de expresión pareció un pretexto o un celo exagerado por la misma. De hecho aquí hay limitaciones municipales a la propaganda y regulaciones al uso de las frecuencias de radio y televisión. También se prohíbe la propaganda desde el día antes de cada elección y la difusión de resultados no oficiales y encuestas en la jornada de votación.

Como algunos adujeron que esas regulaciones correspondían a una ley, se podría esperar que la JCE elabore un proyecto más completo, tan pronto pasen las elecciones y lo envíe al Congreso, incluyendo las normas para la transparencia y rendición de cuentas de los partidos contenidas en otro proyecto que ni siquiera se llegó a discutir. Aunque la mayoría del liderazgo político no lo haya entendido, sería un buen servicio al fortalecimiento de la democracia y a la preservación de los mismos partidos.

Diversidad de grado

    El citado trabajo de Griner y Arias recoge una gran diversidad de grado de regulaciones a la propaganda electoral en 15 naciones latinoamericanas, siendo las más radicales las de Brasil y Chile, donde se prohíbe en los canales abiertos de televisión. En el primero se incluye también la radio.

 Para las elecciones presidenciales y de diputados, en Brasil sólo se permite en radio y televisión 25 minutos de propaganda política gratuita, tres días semanales en dos tandas, la tercera parte en igual proporción para todos los partidos y dos tercios atendiendo a su representación legislativa. En Chile se destinan 30 minutos diarios, distribuidos en igual proporción para todas las candidaturas presidenciales, y de acuerdo al resultado de la elección anterior en las candidaturas al Congreso.

 Bolivia, Colombia, México, Paraguay y Perú tienen sistemas mixtos de franjas y límites para los medios electrónicos públicos y privados. En el primero se restringe a 10 minutos diarios por partido político en canales nacionales y cinco en los locales. Para los colombianos son 2 minutos diarios en televisión y 4 en radio. Los partidos argentinos tienen 180 segundos diarios en televisión y 120 segundos en radio.

En Paraguay y Perú sólo se autoriza 5 minutos diarios por partido, durante 10 y 30 días respectivamente. Los partidos uruguayos tienen 5 minutos diarios al inicio de la campaña y 15 al final. En segunda vuelta 15 minutos diarios en televisión y radio. En Costa Rica los partidos pueden comprar hasta 10 minutos de televisión y radio por día, en Nicaragua 3 y en Venezuela 2.  En Guatemala las autoridades electorales y los partidos establecen el límite que no puede ser menor a 30 minutos semanales.

En cinco países latinoamericanos –Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Venezuela- las limitaciones a la propaganda electoral se extienden incluso a los periódicos, variando entre media página, una y dos páginas por día.

 En la mayoría de los países latinoamericanos las regulaciones abarcan también el financiamiento, sobre todo desde que se generalizó el estatal, conllevando fiscalización y transparencia, especialmente en los limitados aportes individuales, y en muchos países prohibidos a las empresas. En Estados Unidos también hay límites al financiamiento privado de los partidos y candidatos. Ningún precandidato presidencial puede recibir más de 2,300 dólares por persona.

El bajo desarrollo democrático de RD

Por Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana volvió a aparecer esta semana en los últimos lugares del desarrollo democrático, de inversión en educación y salud  y en calidad de la gestión pública, en contradicción con el crecimiento económico que sigue registrando y el discurso de modernidad de los gobernantes.

En el Indice de Desarrollo Democrático (IDD), difundido esta semana por la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, el país aparece entre los últimos tres de 18 latinoamericanos que abarca su estudio, resaltándose incluso que registra un retroceso.

No se había digerido esta evaluación cuando el jueves se difundió el Informe

Anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), donde se afirma que la nación fracasó en mejorar la calidad y el alcance de la educación dentro de los Objetivos del Milenio.

Democracia de bajo relieve
El análisis del IDD difundido por la Fundación Adenauer coloca la República Dominicana entre los últimos tres de 18 naciones latinoamericanas que abarca el estudio sólo ligeramente por encima de Venezuela y Nicaragua, con una puntuación de 2,900 en una escala de 10 mil, muy por debajo del promedio regional situado en 5,114 puntos. Chile, Costa Rica y Uruguay encabezan las mejor valoradas.

En contradicción con el alto crecimiento económico, es significativo que el país sufrió el mayor retroceso en materia de desarrollo democrático en el informe del 2007, en relación al año anterior, al caer 1,287 puntos, equivalente al 30 por ciento. La siguiente mayor reducción fue la de El Salvador, con un 16 por ciento.

Aunque el IDD data de 6 años, Dominicana sólo viene siendo evaluada desde el 2004 cuando apareció con 4,631 puntos, cayendo a 3,823 en el 2005, para repuntar a 4,187 en el 2006, antes de la estrepitosa caída a 2,900 en este año. Haití y Cuba no están incluidos en el estudio.

Este índice es calculado en base a cuatro dimensiones: condiciones básicas de la democracia, respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, calidad institucional y eficiencia política, y ejercicio de poder efectivo para gobernar. Presenta resultados de la totalidad y en cada una de estas dimensiones.

La evaluación se sustenta en informes de diversas fuentes nacionales e internacionales, incluyendo al Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Amnistía Internacional, Freedom House y Heritage Foundation, entre otras. El informe del 2007 se cerró con estadísticas hasta diciembre del 2006.

La peor dimensión
La peor evaluación de República Dominicana se encuentra en la cuarta dimensión, con el indicador titulado “capacidad para generar políticas que aseguren bienestar, donde aparece en el último escalón del ranking de 18 países, con 2,958 puntos, lo que está determinado por el bajo gasto en educación y salud, desempleo urbano y hogares bajo la línea de pobreza.

En porcentaje del producto bruto interno (PBI) destinado a la educación, el país tiene el más bajo, con 1.8 por y puntuación de 2,500, seguido por Guatemala y Uruguay con 3,611 puntos. Es relevante que Honduras destina el 7.2 por ciento y alcanza el tope de los 10 mil puntos de la escala, Bolivia 9,306 y México 8,056.

También en el porcentaje del gasto público para salud Dominicana está en el último escalón con 1.4, por ciento del PBI y 2,188 puntos seguida por Guatemala que registra 1.8, con puntuación de 2,813. Lo mismo en desempleo urbano con 2,204 puntos en la escala de 10 mil, seguida por Nicaragua con 3,280, y Panamá y Uruguay con 3,388 puntos.

En los hogares bajo la línea de pobreza, el país registra 4,075 puntos, lo mismo que Colombia, y sólo mejor que Honduras, Paraguay y Bolivia. Un reciente informe de este mes de la CEPAL estima que el 45 por ciento de la población dominicana vive bajo la línea de la pobreza.

En la subdimensión referente a políticas que generan eficiencia económica,   hay un renglón, el de la brecha en el ingreso de los distintos estamentos sociales, donde República Dominicana aparece también con la puntuación más baja, 2,428 puntos. Mejora en endeudamiento con 6,051 y en inversión con 5,017 puntos.

En cuanto al respeto a los derechos políticos y las libertades civiles, segunda dimensión de la evaluación, Dominicana aparece en el escalón 13 del ranking, por encima de cinco países, con 4,301 puntos, pero 253 puntos menos que en el 2006. Se cae en libertades civiles con 3,333 puntos y sobre todo en condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad donde apenas alcanza 1,455 puntos.

En la tercera dimensión, sobre calidad institucional y eficiencia política, el país aparece en el escalón 11 del ranking, con 4,598 puntos, lo que quiere decir que hay 7 con peores resultados. Aunque registra una reducción de 1,404 puntos, equivalente al 30 por ciento, en relación al informe del 2006.

La nación alcanza el máximo de 10 mil puntos en la escala en los renglones referentes a elección de jueces y acceso a información pública. En condicionamiento a la prensa libre la puntuación está por encima del promedio con 7,333 puntos.

Resultados reiterados
Los resultados para la República Dominicana en esta evaluación se inscriben en las tendencias registradas en los últimos años en los informes de diversos organismos internacionales, comenzando por los del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, CEPAL, Amnistía Internacional y Transparencia Internacional, aunque aparecen  agravados al sintetizar un conjunto de ellos.

El informe anual de la UNESCO, publicado anteayer jueves en Santiago de Chile, sostiene que el país ha fracasado en mejorar la calidad y alcance de la educación dentro de los objetivos establecidos por las Naciones Unidas para el milenio.

Estas evaluaciones llegan a tiempo para que los planificadores del gobierno lo tomen en cuenta ahora que están dando los toques finales al proyecto de presupuesto de ingresos y gastos públicos para el próximo año. De hecho en el año que culmina se registra una mejoría en la inversión en salud y educación, aunque todavía falta mucho para alcanzar los niveles reclamados por la opinión pública nacional y los organismos internacionales.

La campaña electoral ya en curso, donde el gasto social en general, y en particular en educación y salud, estará en el debate, debe contribuir a una mejoría significativa en esos renglones para el presupuesto del 2008. También el hecho de que probablemente en ningún año anterior el país había sido tan desfavorecido en los informes internacionales al respecto.

El presidencialismo
La presentación del informe de la Fundación Adenauer relaciona “el escaso avance de los últimos años” en su Indice de Calidad Institucional y Eficiencia Política con “la concentración de atribuciones y poder en la figura presidencial y la caída simultánea de las instituciones parlamentarias en las democracias de la región”, que se ha ido acentuando en el tiempo.

“El régimen presidencialista, que caracteriza a las democracias de la región, con el ejercicio del Poder Ejecutivo a cargo de un Jefe de Estado que es al mismo tiempo Jefe de Gobierno, promulga las leyes, dirige la política interna o externa de la nación y nombra a sus ministros y asesores sin interferencia de otros poderes del Estado, ha derivado en excesos que van potenciado la exclusión del Parlamento generando vacíos institucionales que no solo degradan el funcionamiento institucional, sino que, además, abonan el camino de las recurrentes crisis de gobierno y de los procedimientos de excepción que se utilizan para sortearlas”, indica.

El informe se remonta el presidencialismo a los orígenes de las naciones latinoamericanas, a la anarquía y los liderazgos locales que siguieron a la ruptura con Europa, fortaleciéndose con las dictaduras que rigieron por décadas en gran parte de la región.

Al reivindicar el papel moderador y supervisor que corresponde a los parlamentos, el informe concluye en que “Los sistemas hiper-presidencialistas no sólo alientan un tipo de democracia débil, inestable y de menor legitimidad, en tanto no se respetan las atribuciones constitucionales de cada una de las instancias que conforman el cuerpo institucional de un Estado, sino que además desalientan la impronta democrática volcada a través de la cultura cívica de los habitantes de cada uno de los países”.-

Dajabón quiere orden

Por Juan Bolívar Díaz

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 Los prejuicios y la irracionalidad pusieron en jaque el mercado dominico-haitiano  que se desarrolla dos veces por semana en la fronteriza comunidad de Dajabón que se puso de pie la semana pasada para defender sus derechos y reclamar ser escuchada por las autoridades.

 Cuando se creía que se había levantado un muro de separación y rechazo con el recién creado Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), la comunidad encontró un extraordinario interlocutor en el comandante del mismo, mayor general Adriano Silverio Rodríguez, quien respondió positivamente a los reclamos.

 Ha quedado claro que el mercado binacional tiene que ser preservado en beneficio no solo de los dajabonenses, sino también de los productores agropecuarios e industriales de todo el país, beneficiarios de una balanza comercial absolutamente inclinada hacia el lado este de la isla a razón de 43 por 1.

Beneficio repartido

 La mayor parte de las exportaciones hacia Haití cruzan por el punto fronterizo de Dajabón, en patanas y camiones. Lo que se registra del mercado que opera lunes y viernes en Dajabón no se precisa, pero los estimados rondan alrededor de los 50 millones de pesos semanales, mil millones al año, equivalentes a unos 33 millones de dólares.

 También en este el balance es ampliamente favorable para los productores nacionales. Se exportan productos industriales principalmente harina, cemento, salami,  pasta de tomate, catchup, plásticos; y agropecuarios como pollos, huevos y puntilla de arroz, además de repuestos de vehículos. Los haitianos venden básicamente ropa, zapatos y electrodomésticos, nuevos y de medio uso, bebidas alcohólicas y frutas.

 La comunidad de Dajabón se beneficia no tanto por la exportación, pues la local es agropecuaria, sino por la comercialización y venta de servicios, hoteleros (hay 25 hoteles con más de 800 habitaciones), de comidas y bebidas, alquiler de sanitarios, transporte y otros, que se ofrecen no solo a los compradores haitianos, sino también a los dominicanos que provienen de distintas regiones para comprar y vender. Los mayores beneficiarios son los productores industriales y de huevos del Cibao y de todo el país.  El mercado binacional no sólo es víctima de irracionalidades dominicanas, sino también de intereses haitianos, que a principios de noviembre impusieron restricciones al paso hacia Dajabón. Los grandes importadores de Puerto Príncipe están pensando en el mercado del norte haitiano, que se suple en gran proporción desde Dajabón. Una razón adicional por la que la sociedad civil dajabonense cree que su mercado tiene que ser organizado y protegido, en vez de reprimírsele.

Una comunidad unida

 No era sólo el padre jesuita Regino Martínez y su Solidaridad Fronteriza la que reclamaba. Estaba toda la Iglesia Católica, con el párroco Roberto Guzmán, y la influyente Radio Marién que dirige el padre Guillermo Perdomo, y la Iglesia  Evangélica Misionera con su pastor Raymundo Abad. Lo mismo las asociaciones de Hoteleros, de Comerciantes, de Vendedores del Mercado, de Distribuidores de Pollos, de Ganaderos, de dueños de Farmacias y Farmacéuticos, de Coqueros, de Profesores, y juntas de vecinos, clubes de madres, Club Rotario, y otras.

 En clara demostración de lo que querían era el orden esas entidades se agruparon en un Comité de Defensa y Desarrollo de la Sociedad Civil de Dajabón, la que en vez de decretar un paro o quemar gomas en las calles se dirigió a la gobernación para entregar un documento contentivo de sus reclamos. No encontraron a nadie que lo recibiera.

 No rechazaban el CESFRONT ni se oponían al cumplimiento de su misión. Un documento del 15 de noviembre comienza planteando que desde hace muchos años abogan por la legalidad en la frontera, con estricto control para el tráfico de indocumentados, de los robos, del contrabando, el tráfico de armas y de drogas.

 Se referían a varias propuestas anteriores “para que haya normas claras para el comercio en la frontera dominico-haitiana, que nuestro mercado sea justo, legal y organizado”, con regulaciones para el tráfico de personas, denunciando el maltrato en los puestos fronterizos y especialmente en el puente que une las dos naciones, con el saqueo de compradores que regresaban a Haití con mercancías adquiridas aquí, sosteniendo que “la ilegalidad y   el desorden dan grandes beneficios a quienes la mantienen”.

 El punto quinto del pliego decía que “En múltiples ocasiones hemos pedido un cuerpo especializado para la frontera, con equipos que les permitan hacer un trabajo eficiente y una labor a favor del crecimiento de Dajabón”

 Eso es lo que esperaba la comunidad dajabonense del CESFRONT, pero la llegada de las nuevas tropas en vez de poner límites a los abusos de las tradicionales los incrementó, en nombre del orden. Se despojaba a compradores de mercancías adquiridas en el mercado, se prohibió a los comerciantes mayoristas haitianos que llegaran el día anterior a los de mercado y se incrementaron hasta 9 los puestos de control en los 40 kilómetros de carretera que separan a Dajabón de Montrecristi, donde comerciantes y compradores dominicanos tenía que pagar peaje o someterse a minuciosos, lentos y humillantes registros.

Algunas pruebas documentales fueron tan contundentes que provocaron la cancelación de una decena de integrantes del nuevo cuerpo militar, incluyendo un oficial.

Pero las autoridades dominicanas parecían coincidir con las haitianas en reducir el mercado que da vida a Dajabón y a la región y que beneficia a productores y comerciantes nacionales.

Acuerdos para el orden

 Como las autoridades locales ni siquiera conversaban con el Comité de Defensa, vinieron a la capital el jueves 15 y desde Teleantillas, y luego en rueda de prensa, denunciaron la situación, obteniendo inmediata respuesta del   mayor general Adriano Silverio Rodríguez, comandante del CESFRONT, quien llamó al telediario Uno más Uno para manifestar su disposición a reunirse con los dirigentes sociales.

 Se acordó que el encuentro sería el martes 20 en Dajabón,   pero antes el oficial analizó la situación con los altos mandos militares y el lunes se reunió con el gobernador, la síndica, comandantes locales del Ejército y la Policía, el fiscal y otras autoridades, mientras los dirigentes del   Comité eran invitados a reunirse con el secretario de las Fuerzas Armadas la noche del lunes. Cuando llegó a la reunión del martes en el salón parroquial y antes de que hablaran los dirigentes sociales, con extraordinaria habilidad e inteligencia, el general Silverio Rodríguez se adelantó a anunciar que aceptaba casi todas las propuestas de la comunidad, buscando precisar los alcances de algunas. La reunión fue un ejemplo de rápida concertación y demostró que sólo prejuicios y actuaciones tradicionales separaban al CESFRONT del Comité de Defensa. Duró apenas hora y media y al final, tras la visita de una decena de diputados integrantes de la Comisión de Fronteras, se firmó el pliego contentivo de los acuerdos.

 En resumen: el general se reuniría con los demás comandantes para contemplar la reducción y funcionalidad de los puestos de control; la oficina local de Migración otorgará un carnet de identificación a las haitianas que hacen trabajos domésticos en Dajabón; los pequeños y medianos comerciantes haitianos podrán cruzar la frontera los martes, miércoles y jueves con un carnet especial. También los compradores que se provean de un papel de autorización; los comerciantes haitianos podrán cruzar los jueves y domingo para hospedarse en los hoteles de la ciudad en espera de los días del mercado abierto, donde todo lo que se compre será lícito, excepto artículos prohibidos por ley. También se acordó que el CESFRONT no intervendrá en la realización del mercado, a menos que lo soliciten las autoridades civiles o judiciales; controlará las entradas por el río Masacre para impedir la proliferación de haitianos en áreas fuera del mercado; coordinará con los demás organismos militares y policiales para garantizar la seguridad ciudadana; y se compromete con el respeto a los derechos humanos.

 La sociedad civil recompromete a colaborar con las autoridades identificando los puntos vulnerables de la frontera por donde pasan contrabandos, mientras la Dirección de Migración facilitará la carnetización de la mano de obra haitiana que trabaja en el cultivo del arroz.-

Tremendo desbalance

 La comunidad de Dajabón expresaba con enfado su indignación frente a comunicadores y autoridades que presentaban sus reclamos de respeto al intercambio comercial con Haití y reglas claras para la vigilancia en la frontera como oposición a la legítima actuación de las autoridades.

 Se dijo que detrás de la sociedad civil dajabonense se ocultaban los intereses de contrabandistas, narcotraficantes y prohaitianos que se amparaban en la anarquía con que opera el mercado binacional, por lo que se justificaba cualquier actividad represiva sin importar que quebrara una actividad comercial de decenas de millones de dólares al año.

En los 9 años entre el 1997 y el 2005, los dominicanos exportaron hacia Haití productos por 659 millones 140 mil dólares, que si se les suman los 96 millones 316 mil de las zonas francas, totalizan 755 millones 457 mil dólares. En cambio las importaciones desde Haití apenas sumaron 15 millones 711 mil dólares. Sin los productos de zona franca la relación es 43 dólares de exportación por 1 de importación.

 En el 2005 el balance es más desproporcionado. Las exportaciones nacionales fueron por 122 millones 88 mil dólares, y las importaciones alcanzaron apenas los 2 millones 196 mil dólares, para una relación de 56 por 1.Incluidas las zonas francas el desbalance es de 161 millones 49 mil a 2 millones 196 mil dólares, 73 por 1.

La JCE necesita lograr cohesión interna para garantizar el proceso

Por Juan Bolívar Díaz

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A seis meses de las elecciones presidenciales parece necesario que la Junta Central Electoral (JCE) logre una dosis significativa de cohesión interna que le permita garantizar un proceso electoral sin traumas que afiance la aún débil democracia dominicana, contra la que conspira el desbordado ajetreo partidista.

 El desafío a la autoridad del organismo rector de las elecciones por parte de los partidos mayoritarios que inciden en su seno lo está dejando mal parado, por lo que urge un entendimiento que abra una amplia puerta a la reglamentación de la campaña electoral, evitando que una vez más necesite el auxilio de comisiones externas.

 Todo parece indicar que una vez más el reeleccionismo pondrá en jaque la democracia y que todavía las instituciones dominicanas no alcanzan el grado de fortaleza necesario para disminuir la rémora del presidencialismo en el proceso de institucionalización democrática.

La JCE en crisis

 La resolución 07-2007 de la Junta Central Electoral que dispuso el 7 de Noviembre la suspensión de un mensaje televisivo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el que se empleó un miembro activo de las Fuerzas Armadas en   violación de preceptos constitucionales y legales, y que al mismo tiempo suspende la promoción de todos los candidatos hasta que se proclame el inicio formal de la campaña electoral, ha generado lo que se puede catalogar como una crisis de credibilidad.

 La crisis tiene una doble connotación, al interior de la JCE, por el enfrentamiento entre algunos de los jueces titulares, y al exterior por la decisión de los partidos mayoritarios de proseguir su campaña proselitista, lo que sienta un peligroso precedente en un proceso electoral que se proyecta conflictivo.

 Tanto las encuestas como la percepción general indican que, a diferencia de las dos anteriores elecciones presidenciales, esta vez ninguno de los candidatos alcanzaría una victoria en la primera votación, lo que obligaría a una segunda ronda con proyecciones conflictivas.

 Ya se expresan temores de que el reeleccionismo vuelva a constituirse en una amenaza a la transparencia democrática, como ha sido tradición en la historia del país, y que en el 2004 generó un clima de incertidumbre dañino para la estabilidad económica e institucional.

 En ese escenario es fundamental un arbitraje electoral libre de la presión de los partidos políticos, especialmente del que ejerce el poder, para que pueda contener los posibles desbordamientos, como los que ya comienzan a manifestarse en abundante promoción pagada por organismos del Estado.

Conflictiva resolución

 Desde que a comienzos del mes pasado un grupo de oficiales militares retirados vinculados al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) denunció ante la JCE  que un teniente activo de las Fuerzas Armadas era el protagonista de una promoción televisiva del presidente Leonel Fernández, postulado por el PLD a la reelección, era obvio que procedía disponer la suspensión del mensaje, como desde el primer momento lo preanunció el presidente del tribunal electoral, doctor Julio César Castaños.

 Si había alguna duda quedó disipada cuando la secretaría de las Fuerzas Armadas dispuso la cancelación del oficial actor Elías Caamaño Pérez. Pero aún después de eso la JCE tuvo la debilidad de pedir la opinión del PLD que se negaba a retirar la promoción. Y se dio un plazo de dos semanas para decidir.

 Cuando el organismo electoral vino a adoptar la decisión ya la promoción se había difundido miles de veces durante un mes, hasta la saturación, al punto de que el PLD de inmediato anunció su retiro. Su mantenimiento tras la cancelación del mayor del Ejército Nacional fue una demostración de prepotencia, puesto que en esas circunstancias el mensaje adquiría la categoría de conflictivo y perdía eficacia.

La decisión de la JCE tuvo el agravante de que, en un intento salomónico mal hilvanado, fue acompañada de la prohibición de la publicidad electoral de todos los partidos hasta que se declare abierta la campaña electoral. Pero este aspecto es parte del proyecto de Reglamento de la Campaña Electoral que lleva cinco meses en discusión, y cuyo conocimiento no figuraba en la agenda de la sesión del día 7.

 La resolución sobre un tema no contemplado en la agenda es lo que da paso a la rebeldía del juez Eddy Olivares Ortega, quien se ampara en el artículo 9 de la Ley Electoral que dispone que en las convocatorias del Pleno de los jueces se debe indicar con 48 horas reanticipación los temas a tratar.

 Los partidos mayoritario, primero el PLD y luego el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano, han aducido que el Proyecto de Reglamento viola la constitución al establecer límites al proselitismo electoral, aunque el artículo 92 de la Constitución otorga facultad a la JCE para “juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley”.

 Al negarse a acatar la disposición que prohíbe la publicidad electoral los partidos dejan mal parada la autoridad de la JCE, cuyo presidente respondió indicando que no darán marcha atrás, aunque carecen de recursos para hacerla cumplir.

La repercusión interna

 La situación es más delicada por cuanto la  autoridad de la JCE no sólo está siendo cuestionada externamente, sino que de nuevo evidencia su falta de cohesión interna, lo que viene afectando su imagen casi desde la elección de sus actuales miembros titulares, que han discutido públicamente sus diferencias, protagonizando enfrentamientos hasta personales.

Los primeros choques públicos estuvieron determinados por la cuestionada asignación de incentivos salariales, luego sobre la contratación de una firma para auditar el contrato de compra de equipos para el registro civil y más tarde en torno al Proyecto de Reglamento de la Campaña Electoral y las facultades de la Cámara Administrativa.

Esta vez el juez Olivares sacó a la luz pública su rechazo a la resolución sobre la publicidad electoral, mientras su colega John Guiliani recordaba que éste fue propuesto para el cargo por el PRD, al igual que Roberto Rosario y César Francisco Féliz por el PLD y el PRSC, respectivamente, algo innecesario pues es de público dominio desde su elección. La confrontación ha alcanzado ribetes personales, incluyendo la petición pública de Guiliani de que el Pleno sancione a Olivares.

Es difícil prever que una sanción resuelva la crisis, y más bien podría agravarla, sobre todo porque la rebeldía de Olivares está motivada en la resolución sobre una materia no contemplada en la agenda de la convocatoria, y porque se adhiere a los cuestionamientos de los partidos y buena parte de la opinión pública al Proyecto de Reglamento de la Campaña Electoral.

Urgencia de acuerdos

Los partidos políticos y todas las instituciones interesadas en el fortalecimiento del proceso democrático tienen que ayudar a la JCE a salir del pantano, pero los jueces tienen que ayudarse a sí mismos en primer lugar, poniendo fin definitivamente a sus enfrentamientos públicos.

Tendrán que comprometerse firmemente a resolver internamente sus diferencias y terminar de decidir qué hacer con el proyectado reglamento electoral, al que los intereses partidistas y de la industria de la comunicación se oponen bajo argumento de inconstitucionalidad.

El haberse tomado cinco meses, debatiendo en público sus diferencias   sobre la reglamentación, mientras los partidos desarrollaban las actividades propias del período de campaña electoral ha permitido el fortalecimiento de las posiciones de quienes se oponen a toda restricción del desbordado y costoso laborantismo político.

Existe el agravante de que la JCE y la generalidad de las instituciones nacionales todavía no muestran el valor y la fuerza necesaria para establecer límites al uso de los recursos estatales para fines proselitistas, especialmente cuando el presidente de turno busca su reelección. Porque casi todo el gobierno andaba en campaña electoral fue que el último fin de semana de octubre no hubo posibilidad de adoptar las disposiciones preventivas que demandaba la tormenta Noel. Trece de los 16 secretarios de Estado orgánicos forman parte del comando de campaña del partido oficial, además de otra docena de altos funcionarios.

 No falta razón a los partidos de oposición para rechazar la prohibición de la limitación de su propaganda electoral, si la medida no va acompañada de igual restricción a la promoción de la obra del presidente candidato que  hacen numerosos organismos estatales, pagada con fondos del Presupuesto Nacional, utilizando incluso sus propias frases de campaña electoral.

Todo parece indicar que la positiva intención de instituir reglamentaciones a la campaña electoral va, como ocurrió en el 2004, en camino al fracaso y que la nación seguirá pagando un alto costo económico e institucional en la presente campaña electoral. Los límites abundan en las legislaciones del mundo democrático, incluyendo a la mayoría de los países latinoamericanos.

Pero en la República Dominicana prevalece un salvaje pragmatismo político. No sólo está en vías de fracasar el Proyecto de Reglamentación de la Campaña Electoral, sino que otro proyecto para reglamentar la contabilidad y transparencia del financiamiento, también preparado por la Cámara Administrativa de la JCE, ni siquiera tendría ya posibilidades de ser considerado.-

Una sentencia complaciente

Por Juan Bolívar Díaz

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El caso Baninter, uno de los mayores fraudes bancarios de la historia, seguirá pendiente de dilucidar al menos hasta que sea conocido en apelacion, ya que la sentencia en primera instancia emitida el domingo 21 de octubre es un amasijo de concesiones para, contradictoriamente, complacer a múltiples actores.

 La sentencia no ha satisfecho plenamente a ninguna de las partes, pero hasta los abogados del principal acusado y condenado a 10 a;os de cárcel y una indeminizacion sobre 64 mil millones de pesos (casi 2 mil millones de dólares) se han considerado gananciosos, ya que su cliente fue generosamente liberado de los dos cargos más graves.

 Tanto los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, como los de los principales procesados han adelantado su decision de apelar la sentencia, pero aun se ignora si lo hará el ministerio público, atrapado en contradicciones políticas y señalado como partidario de concesiones a los acusados.

Rechazo generalizado

 Salvo Vivian Lubrano, reconocida como “la más exitosa ejecutiva” del quebrado Banco Intercontinental, y Jesús Troncoso Ferrúa, favorecido por tecnicismos judiciales desde la instrucción del caso, que resultaron absueltos, ninguna de las demás partes del proceso ha resultado satisfecha con la sentencia.

 En la opinión pública prevalece el criterio de que el tribunal colegiado de la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional no quiso herir mortalmente a nadie ni dejar mal parada la nación ante organismos internacionales y dictó una sentencia contradictoria que algunos califican impropiamente de salomónica.

 En el dictamen hay complacencia pero no la sabiduria del bíblico rey Salomón, pues las contradicciones y las desproporciones saltan a la vista de cualquier aficionado a las disciplinas jurídicas, hasta el grado de debilitar aun más el sistema judicial, como lo planteó el licenciado Francisco Domínguez Brito, presidente de la Comisión de Justicia del Senado y exprocurador general de la República.

 “Técnicamente no me parece coherente. Parece contradictoria y la impresión es que lo que se persigue es dejar satisfechas a todas las partes”, dijo a HOY el jurista y senador por Santiago, quien   a la vez consideró que la sentencia “puede prestarse a serias confusiones”, por lo que la Corte de Apelación “tendrá una gran responsabilidad jurídica de aclarar las dudas”.

 Aunque dos de los principales acusados fueron condenados a 10 años de cárcel, y el presidente del quebrado banco a una indemnización de 64 mil millones 262 mil pesos, desde el primer momento los abogados de la parte civil constituida denunciaron la contradicción de que al mismo tiempo el señor Ramón Báez Figueroa fuera liberado de los principales cargos de abusos de confianza y lavado de activos, mientras Luis Álvarez Renta, quien no era ejecutivo del banco y era procesado como cómplice resultó sancionado por lavado de activos y condenado a la misma pena de cárcel, aunque los beneficios irregulares por los que se le sanciona eran infinitamente menores. Tal vez para no chocar con el juez que en Florida ya lo condenó por ese delito.

 Eric Raful, abogado de Álvarez Renta, al anunciar que recurrirán el dictamente que calificó como político, resaltó la desproporción en las penas y la contradicción de que a su cliente se le condenara por lavado de activos mientras se liberaba del mismo cargo al presidente y al ejecutivo del banco que entregaron los fondos del lavado.

 Esa contradicción fue caricaturizada genialmente por el reputado jurista santiagués Ramón Antonio Veras, quien tras considerar la sentencia como un triunfo de la corrupción y una burla al pueblo, ironizó que “el dueño de la batea fuera considerado inocente del lavado que en ella se hacía”.

Fruto de incoherencias

 La sentencia del caso Baninter es el fruto de una serie de incoherencias que marcaron el proceso desde su comienzo con el gobierno dividido y jerárquicamente inclinado hacia los principales acusados del fraude que costó al Banco Central unos 74 mil millones de pesos, en asistencia para evitar la quiebra y posteriormente en un discutido como ilegal pago de la totalidad de los depósitos perdidos.

 El presidente Leonel Fernández Reyna fue de los primeros en visitar a Báez Figueroa cuando fue apresado en mayo del 2003, tras acusársele del enorme fraude y a lo largo de la campaña que lo retornó al poder insistió en que fue el gobierno de Hipólito Mejía quien provocó la quiebra del Baninter y de los otros dos bancos que le siguieron.

Aun después de volver al poder el doctor Fernández insistió en la implícita defensa de los banqueros, bajo la tesis de que lo que hubo fue mal manejo de la economía.

 En diversos sectores se expresó preocupación en agosto del 2006 cuando Domínguez Brito, quien había defendido el procesamiento fue electo senador y tuvo que abandonar la Procuraduría General, siendo sustituido por el actual incumbente Radhamés Jiménez, a quien se considera cercano a los abogados del principal   acusado.

 Otra contradicción es que el presidente Fernández designara al principal abogado de Báez Figueroa, Vincho Castillo, como secretario de Estado sin cartera, asesor en materia de drogas, lo que no justifica el despacho que se le asignó en el Palacio Nacional, aunque su pequeño grupo político fuera aliado del partido de gobierno.

 A esas afinidades se atribuye el hecho de que cuando el ministerio público presentaba sus conclusiones en el juicio, a último instante variara la petición de que se incluyera al Listín Diario entre los bienes cuya confiscación se solicitaba al igual que la autoridad monetaria y financiera.

 La contradicción hay sido más relevante porque tanto el gobernador del Banco Central como el superintendente de Bancos actuales, Héctor Valdez Albizu y Rafael Camilo, han sostenido firmemente las acusaciones, lo que les ha valido feroces ataques de los mismos asociados políticos de su gobierno.

Extraña complacencia

 Ha llamado la atención que los abogados de Báez Figueroa reaccionaran tras la sentencia como si hubiesen tenido ganancia de causa, cuando su cliente fue condenado a 10 años de cárcel y a pagar una indemnización de monto sin precedente en el país.

 Su satisfacción, empero, está fundada en haber conseguido la exoneración de los cargos de abuso de confianza y lavado de activos, lo que de ser ratificado en la segunda instancia, abriría la puerta para una reducción de la prisión.

Aunque el monto de la indemnización es significativo, son muy pocos los abogados que creen que esa suma pueda volver alguna vez a las bóvedas del Banco Central, por las dificultades y vericuetos jurídicos que habría que vencer para lograrlo, excepto el monto de las empresas y bienes, devaluados, que los mismos acusados decidieron dejar en manos de las autoridades.

 Desde que fue intervenido el Banínter, tras detectarse el hoyo financiero que tenía, en principio ascendente a más de 55 mil millones de pesos, Báez Figueroa trató de negociar una transacción. Ofrecía todas sus empresas menos la compañia aseguradora y el periódico Listín Diario, a cambio de que no se le persiguiera judicialmente, lo que fue rechazado por las autoridades monetarias y financieras de entonces.

 Posteriormente, el año pasado, un abogado se presentó ante los representantes legales de las actuales autoridades monetarias y financieras con un poder de Báez Figueroa para negociar un acuerdo. Se mostraba disposición a aceptar hasta 5 años de cárcel, solo por violación a la ley sobre banca, a cambio de que se le retiraran los cargos de abuso de confianza y lavado de activos. También que se excluyera a Vivian Lubrano y Jesús Troncoso Ferrúa, sin interesarse por la suerte de Alvarez Renta. La propuesta fue rechazada, pero es significativa su semejanza con el dictamen del tribunal.

La mayor contradiccion

 La mayor debilidad y contradicción de la sentencia es que aunque valida prácticamente todas las   pruebas presentadas contra los principales acusados y testimonios claves como el del experto bancario Luis Aurich, así como opiniones del panel de expertos internacionales contratados por las autoridades monetarias, no establece los delitos de abuso de confianza y lavado de activos. El primero era fundamental para el segundo que conllevaba mayores penalidades y automática incautación de bienes.

 El dictamen recoge las maniobras financieras que se hicieron para obtener empresas como el Listín Diario, o bienes como el Yate Patricia, con decenas de millones de dólares y cientos de millones de pesos extraidos del Baninter, y para ocultar o borrar sus huellas, pero no las considera abuso de confianza ni lavado de activos.

 El licenciado Francisco Álvarez Valdez, uno de los abogados de la autoridad monetaria y financiera, apeló a la Enciclopedia Jurídica Dalloz, Repertorio de Derecho Penal, y de Procedimiento Penal, rubrica de Abuso de Confianza, citando “…Cual que sea la fuente y la naturaleza del mandato, el mandatario que distrae las cosas que les son entregadas en razón de su calidad, comete abuso de confianza. Como mandatarios deben ser necesariamente incluidos… aquellos que, estatutariamente o no, sean encargados de administrar los negocios sociales y especialmente el presidente y los administradores de las sociedades anónimas…”

 En sus páginas 177y 178, la sentencia sostiene que “El imputado Ramón Báez Figueroa tuvo una participación principal, activa y efectiva en la materialización del ilícito cometido; principal al tratarse del Presidente del Banco Intercontinental; activa, en tanto las violaciones a la supra indicada ley constituían el quehacer cotidiano de la institución bancaria que presidia; y efectiva, en tanto logró los objetivos de obtención de recursos a través de sus actos ilícitos”.-

¿Y los cuartos dónde están?

Por Juan Bolívar Díaz

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El contrato suscrito por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con la Sunland Corporation es un instrumento contradictorio y oscuro que puso en manos de una empresa sin mayor aval 130 millones de dólares para obras que no se han ejecutado 17 meses después.

 Independientemente de que el endeudamiento externo no fuera sometido a consideración del Congreso Nacional, está el agravante de que el Estado dominicano haya dejado en manos privadas tan alta suma de dinero, sin concurso público ni presupuesto para las obras que se buscaba financiar.

 También resulta inexplicable que las once obras originalmente contratadas fueran reducidas a cinco, siete meses después, sin ninguna explicación ni presupuesto, mediante un anexo también suscrito por el ingeniero Félix Bautista, secretario de Estado y director de la OISOE.

APARECIÓ EL CONTRATO

 Esta semana, a un mes de la denuncia del Partido Revolucionario Dominicano, se conoció por fin el contrato, gracias a una instancia elevada ante el director de la OISOE por el periodista Luis Eduardo Lora, ya un experto en apelar a la ley sobre libre acceso a la información pública.

 El documento consta de 64 páginas, escritas a renglón seguido, y entra en minuciosidades, pero sin embargo es extremadamente vago en las cuestiones fundamentales, como ejemplo, no señala las obras específicas que la empresa habría de construir, lo que posteriormente se incluiría en un anexo sin valor legal.

Aunque en dos de los artículos del contrato se indica que las obras serían realizadas en un plazo de 12 meses, con multas e indemnizaciones por retrasos, sólo algunas han sido iniciadas 17 meses después, sin que se sepa cuál es su estatus legal.

El artículo 15, sección 1, establece que “El contratista deberá terminar la totalidad de las obras, incluido, sin limitación, el suministro, construcción, demoliciones, obras civiles, montaje, pruebas y Puesta en Marcha, y el Proyecto deberá estar en condiciones de recibir la Recepción Provisional Total de las Obras, a plena satisfacción de El Jefe de Proyecto, (la OISOE) a más tardar en doce meses a partir de la firma del presente Contrato”.

En la carta que dirigiera la gerente general de The Sunland Corporation RD, Heredia Lombert, al secretario de Hacienda el 12 de abril del 2007, 11 meses después de firmado el acuerdo, se afirma que “Este contrato no se ha ejecutado”, alegando que “por lo tanto el Estado dominicano no ha contraído ningún compromiso financiero sobre el mismo”, aunque varios documentos indican lo contrario.

La misiva respondía a “su solicitud de aclaración a la copia de aviso de cobro de HSBC Panamá”, entidad bancaria que reclamó a la secretaría de Hacienda el pago del tercero de los 19 pagarés firmados por el ingeniero Bautista en virtud del Poder 106-06 del 12 de mayo del 2006 del presidente Leonel Fernández.

Intermediación financiera

Aunque a lo largo del contrato se supone que la Sunland sería la responsable de las obras por valor de 130 millones de dólares, la misma carece de credenciales como empresa constructora ni como financiera, tratándose más bien de una intermediaria en la venta de los pagarés.

En la sección 4 del artículo 4 del contrato se establece que el contratista debe obtener el 100 por ciento del costo del proyecto y en consecuencia “está autorizado y apoderado mediante el presente acto para negociar, a nombre de LA PRIMERA PARTE (el gobierno dominicano) con cualquier entidad financiera los términos de cualquier garantía y/o Crédito”.

El párrafo 4.5.1 indica que los pagarés serán garantizados “con toda la solvencia moral y crediticia del Gobierno de la República Dominicana” Esa responsabilidad del Estado en la venta de los 19 pagarés   queda más clara en la “Carta-acuerdo” firmada por Bautista y la gerente de la Sunland el 27 de junio del 2006, 42 días después del contrato, donde se consigna que las obligaciones derivadas serían registradas en el Departamento de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas, el cual “emitirá una autorización al Departamento de Tesorería para el repago de las notas (pagarés) en la fecha de vencimiento”.

 El punto 8 de la Carta-acuerdo indica que “Las obligaciones de pago bajo el Acuerdo y las Notas (pagarés) tendrán la mayor prioridad frente a todas las obligaciones internacionales del Estado Dominicano”.

 El texto mismo de los pagarés vendidos a la financiera Cox & Co., subsidiaria del banco HSBC, no deja duda del compromiso del Estado dominicano con el financiamiento. Dice que son “obligaciones por las cuales se compromete la completa credibilidad y crédito del Gobierno de la República Dominicana”.

 Es obvio que la Sunland ha sido apenas un agente de negociación de los pagarés por lo cual recibiría el 8.26 por ciento de los 130 millones de dólares, es decir 10.7 millones de dólares, según la sección 3 del artículo 4 del contrato, que precisa 1 por ciento por honorarios “de manejo administrativo y financiero”, 1 por ciento por “Honorarios Legales y de arreglos” y 6.26 por ciento por “Administración de Proyectos, Seguros de Riesgos y costos administrativos”.

Reducen las obras de 11 a 5

 Llama la atención que el contrato no especifica las obras a ser construidas con el financiamiento Pero un Anexo 1, sin fecha, ni logo, ni firma, ni iniciales, ni sello de ninguna de las partes contiene la “Lista de Proyectos a ser Construidos”, que son 11: Edificio Tecnológico, Torre Administrativa, Comedor Universitario y Edificio de Parqueos de la UASD, así como Instituto Técnico Comunitario, Hospital Oncológico, edificios de Medio Ambiente y del Indotel, y la remodelación del Archivo General de la Nación, del Palacio de Bellas Artes y de la Biblioteca Nacional.

 Pero lo más sorprendente es el “Anexo 1 Enmendado”, éste sí con fecha (5 de diciembre del 2006) y con las firmas y sellos de las partes, que sin ninguna explicación reduce la lista de proyectos a ser construidos a cinco, los cuatro de la UASD y el Hospital Oncológico. Pero mantiene que su costo “no excederá la suma de US$130,000,000″.

 Este anexo es más extraño por cuanto indica que “El Presupuesto de estas Obras será suministrado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado en los primeros 30 días después de la firma del contrato”. Esto el 5 de diciembre del 2006,   casi 7 meses después que el contrato fuera firmado. Y todavía se prometían los costos, cronograma de ejecución y nombre de los contratistas y suplidores de cada proyecto.

 Dos formas de pago

 La suerte de la Sunland es tan grande que el contrato establece dos formas de pago, excluyentes entre sí. En la sección 1 del artículo 4 se indica que el Jefe del Proyecto (la OISOE) “deberá anticiparle a EL CONTRATISTA el treinta por ciento sobre el valor total de las obras”, presentando “fianza de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 10 por ciento del Precio del Contrato”. Eso equivaldría a 39 millones de dólares, mil 287 millones de pesos, a 33 por dólar. El párrafo 4.2 dice que el importe restante del contrato se pagará mediante cubicaciones mensuales de las obras.

 Pero el 4.5.1 indica que La porción del precio total del contrato, incluyendo, pero no limitado a, todos los honorarios auxiliares elegibles y costos financieros, relativos al crédito del Contratista, serán pagados por el Estado “mediante pagarés garantizados con toda la solvencia moral y crediticia del Gobierno”. La cuestión se hace más confusa en el siguiente punto 4.5.2, que se refiere al repago de los 19 pagarés de 6 millones 845 mil 105 dólares cada uno, en igual número de meses consecutivos. Y hasta se establece un recargo del 2.16 por ciento que debería pagar el gobierno por cualquier retraso en hacer efectivo los pagarés.

 Es inconcebible tanta confusión sobre la forma de pago de 130 millones de dólares, que al parecer están en manos de la Sunland Corporation, puesto que la gerente Lombert dijo en su carta al secretario de Hacienda del 12 de abril pasado, que “el desembolso realizado por este banco (el HSBC) fue a nuestra empresa, por lo que el Estado Dominicano no ha contraído ningún compromiso financiero con ese banco y los pagos de las cuotas han sido realizados por nuestra empresa”.

 En los documentos no aparece la tasa de interés a que fueron vendidos los pagarés, que al igual que las comisiones de la Sunlad tendrían que ser pagadas por el Estado con encarecimiento de las obras. Más inexplicable que no las ejecutara la misma OISOE si tendría que avanzar un 30 por ciento del costo total.

Al constituirse en una deuda externa asumida por el Estado, el contrato debió ser aprobado por el Congreso Nacional. Y todavía más porque exonera todos los impuestos personales y sobre la renta a que esté sujeto el contratista, los subcontratistas y su personal,

 Todo parece indicar que la Sunland vendió los pagarés y recibió el dinero, y que   los está pagando. Pero como las obras no se han ejecutado 7 meses después de vencido el plazo, esa dichosa empresa privada ha usufructuado durante casi año y medio un dinero que debió ingresar al Banco Central. Los mismos pagarés dicen que fue contratado por el gobierno dominicano.

Una explicación de por qué no se han recibido los 130 millones de dólares es que se trató de un crédito clandestino, al margen del Congreso y burlando los topes de créditos que había impuesto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

  El escándalo es un reto a un gobierno que se ubica en la postmodernidad.-

¿Parará el PRSC Su hemorragia?

Por Juan Bolívar Díaz

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El gran desafío de Amable Aristy es contener la hemorragia que afecta a su partido con siete desprendimientos en 4 años y un partido de gobierno que succiona su base

La renuncia de Luis Toral esta semana a la jefatura de la campaña electoral del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) deja en situación difícil a esa organización política sometida a un fraccionamiento sin precedente con la deserción de siete grupos en los últimos 4 años.

Independientemente de las razones que originaran estas deserciones, el candidato presidencial Amable Aristy Castro enfrenta el desafío de   poner coto a la dispersión de los últimos años incrementada desde su elección a principios de Junio pasado.

El problema fundamental es que Aristy no parece acabar de construir su propio liderazgo partidario y se enfrenta a un partido de gobierno que en la última década se ha nutrido de su base y luce dispuesto a pagar cualquier precio por incrementar esa tendencia y reducir los riesgos de una segunda vuelta en la próxima elección.

Una fuerte sacudida

Mas allá de los escándalos en que se debate el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, el acontecimiento político de la semana ha sido la renuncia del licenciado Luis Toral a la jefatura de la campaña electoral del partido colorado, cuyas razones no han sido explicadas.

La dimisión es más significativa al haber sido antecedida por las renuncias de la secretaria de Organización y el secretario de Relaciones Internacionales los esposos Sergia Elena y Juan Luis Séliman, así como del presidente del Comité del Distrito Nacional, Héctor Marte y de la diputada Milagros Díaz, ambos con importantes ascendientes sobre las bases de la capital.

Fuentes del PRSC aducen que la renuncia de Toral se originó en la decisión del candidato de dejar en manos del presidente del partido, Federico Antún, el manejo de las finanzas, que sólo por el subsidio estatal ascenderá a más de 300 millones de pesos el próximo año, cuando se destinará a los partidos el 0.5 por ciento de los ingresos nacionales que andarían por los 260 mil millones de pesos, lo que apartaría unos 1,300 millones de pesos a repartir en más de un 80 por ciento entre los tres partidos mayoritarios.

Toral compitió por la candidatura presidencial, alcanzando el 3 por ciento de los votos en la elección primaria del 10 de junio, pero rápidamente reconoció el triunfo de Aristy Castro, cuando el otro contendiente, Eduardo Estrella, con el 42 por ciento del sufragio, restaba legitimidad a la escogencia. El ganador obtuvo el 55 por ciento.

Poco después Aristy Castro lo designó jefe de su campaña electoral, pero desde el principio se advirtieron diferencias. Se llegó a publicar que Toral quería la presidencia del partido, a lo que se habría negado Antún basado en que su cargo no estaba en juego con la elección del candidato. Posteriormente, cuando se produjo la proclamación del candidato presidencial fue notable la ausencia de Luis Toral. Aunque sostuvo un discurso muy crítico del gobierno en la precampaña, no faltan en el PRSC los que aducen que habría recibido ofertas de cargos gubernamentales después de la elección.

No deja de ser significativo que Toral no haya explicado las razones de su renuncia y que se haya mantenido alejado de los periodistas, sin responder las llamadas que se le han hecho a su oficina y al teléfono celular.

Hemorragia incontenible

El fraccionamiento del partido colorado se inició en el 2003 con candidatura presidencial del ingeniero Eduardo Estrella cuando un notable grupo de dirigentes encabezados por Jacinto Peynado, y el actual canciller Carlos Morales Troncoso, alegaron fraude y formaron el Consejo Presidencial Reformista. En principio también participó   Federico Antún, quien posteriormente se reintegró al partido.

Luego el actual secretario de Agricultura, Amílcar Romero, creó el Partido Popular Reformista, junto a Leoncio Almánzar y otros dirigentes. Lograron el reconocimiento en la Junta Central Electoral, siendo el único de los desprendimientos que ha conseguido derecho a postular candidatos.

Modesto Guzmán aceptó la dirección del Instituto Postal Dominicano y creó su propio Movimiento de Balagueristas Auténticos.

Para la elección congresional y municipal del 2006 se separaron Angel Lockward y Héctor Rodríguez Pimentel, quienes apoyaron las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y luego conformaron el Movimiento Primera Vuelta en apoyo a la reelección del presidente Leonel Fernández.

 Alexandra Izquierdo salió de un alto cargo en el PRSC para postularse en el 2006 a vicesíndica del Distrito Nacional junto a Roberto Salcedo en la boleta del PLD que resultó triunfadora. Estructuró un Comando Electoral Reformista, que al decir de un dirigente colorado se nutre de cuadros de la base incorporados a la nómina del ayuntamiento.

Se afirma que Leonardo Matos Berrido un antiguo y aguerrido dirigente reformista que es ahora gerente general del estatal Banco Nacional de la Vivienda, encabeza un núcleo designado como Amigos de la República.

El último y uno de los más significativos desprendimientos fue el protagonizado por Eduardo Estrella tras la elección de Aristy Castro en junio. Postulado a la presidencia por el Partido Revolucionario Social Demócrata que lidera Hatuey de Camps y a punto de serlo también por el Partido Humanista Dominicano, podría arrastrar una parte de los votos reformistas.

Competencia del gobierno

La competencia más letal que amenaza al PRSC y su candidatura es la del gobierno del presidente Leonel Fernández, quien ha dado “cuotas de poder”  a seis de sus siete desprendimientos, aunque Lockward hizo pública su renuncia a la inorgánica secretaría sin cartera que ostentaba, cuando su carnal Rodríguez Pimentel fue designado director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en el festival de reparto político de agosto pasado.

Sin embargo, Lockward sigue activo al frente de su Movimiento Primera Vuelta y esta semana apareció en HOY encabezando una reunión de cuadros en el mismo Palacio Nacional. Entre sus antiguos “compatriotas” se le considera peligroso porque estaría disponiendo de abundantes recursos para atraer militantes reformistas, ya que el año pasado movilizó a muchos cuando compitió y perdió por la presidencia del PRSC.

Desde su primera gestión gubernamental (1996-2000) el PLD comenzó a absorber dirigentes, militantes y simpatizantes del reformismo, lo que se acentuó a partir de la muerte del caudillo Joaquín Balaguer, tomando mayor impulso en el actual período de gobierno con el reparto de cargos en la administración pública, incluyendo a algunos que, como Lockwatrd, Rodríguez Pimentel y Matos Berrido, fueron funcionarios del gobierno perredeista de Hipólito Mejía.

Se estima que el presidente Fernández juega a seguir nutriéndose del reformismo para lo cual estaría presto a “comprar” a todo el que se muestre disponible para reducir los votos de Aristy y evitar que éste sea un factor decisivo en su contra en una eventual segunda vuelta en la elección de mayo próximo. Mientras más lo reduzca, mayor podría ser el peligro de una venganza del cacique higueyano, lo que conduciría a una batalla total. Aunque al final tampoco se descartaría una negociación con éste, quien antes de pactar con los perredeístas para los comicios del 2004, lo había hecho con el PLD para alcanzar la secretaría general de la Liga Municipal en 1999.

En pendiente resbaladiza

El PRSC ha caído a un lejano tercer lugar en los comicios tras la muerte de Balaguer, con apenas 8.65 por ciento en las presidenciales del 2004, y 11 y 13 por  ciento en las congresionales y municipales del 2006. La última encuesta Gallup para HOY en agosto pasado arrojó un 14 por ciento de las preferencias electorales a favor de su candidato presidencial.

El propio Aristy Castro resta importancia a las deserciones y el miércoles declaró que “mientras el gobierno compra algunos amigos y ex compatriotas, miles de ex peledeistas y personas que votaron el PLD apoyan mi candidatura”

El dirigente reformista Guillermo Caram sostiene que la candidatura colorada sigue creciendo en recientes encuestas y minimiza las renuncias aduciendo que “los que nos abandonan ponen en tela de juicio su propio liderazgo”.

Otros dirigentes, incluyendo a Johnny Jones, son mencionados entre los que darían el salto hacia el PLD en el futuro cercano, en tanto se discute si los esposos Séliman se sumarían a la cuarta vía de Eduardo Estrella o si también emigrarían hacia el gobierno. Sergia Elena estaría más cerca de Estrella, pero Juan Luis se inclinaría hacia el presidente Fernández. Héctor Marte estaría esperando “su cuota de poder” en el gobierno.

De lo que no parece haber dudas es que el PRSC y su candidato presidencial están urgidos de dar algunos golpes de efecto para detener la hemorragia y evitar el descalabro que los amenaza.