España afronta LA INMIGRACION

Por Juan Bolívar Díaz

Como necesitan inmigrantes se proponen ordenar su llegada e invertir para integrarlos a la sociedad con igualdad de derechos y respeto a la diversidad cultural

Madrid, España.- El gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero está afrontando el problema de la masiva inmigración que cada año preocupa más a esta sociedad, partiendo de un sincero reconocimiento de que España necesita inmigrantes e implementando políticas destinadas a ordenar el tráfico de personas.

La creación de una Dirección General de Integración de los Inmigrantes hace dos años y la reciente propuesta de un Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI) conforman una política de rasgos profundamente humanos, económicamente racional e ideológicamente acorde con las tradiciones solidarias del socialismo.

En vez de aislar y discriminar a los inmigrantes, las actuales autoridades españolas se proponen invertir 2 mil millones de euros (unos 85 mil millones de pesos) en los primeros 4 años de un plan de normalización y universalidad de servicios dentro del principio de la responsabilidad compartida y tomando en cuenta la igualdad de derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural.

Una gran preocupación

La llegada a las costas españolas de miles de inmigrantes del Africa Subsahariana (Senegal, Nigeria, Mali, Gambia, Cabo Verde), en los llamados cayucos, que son embarcaciones tan frágiles y rudimentarias como las que usan miles de dominicanos para llegar a Puerto Rico, exacerba las preocupaciones de los españoles y europeos sobre los flujos migratorios.

Como muchas de esas yolas han naufragado ocasionando centenares de muertos en condiciones dramáticas, su proyección a través de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, ha contribuido a exacerbar las preocupaciones sobre la inmigración.

Resultados de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas publicados este jueves 26 por el diario El País muestra que la inmigración es el problema que más preocupa en la actualidad a los españoles. El 59 por ciento la señaló cuando en septiembre les preguntaron cuáles eran los cuatro principales problemas de España. Llamó la atención un fuerte incremento de 21 puntos sobre el 38 por ciento que la citó en la encuesta anterior de la entidad en julio del 2006, y el 28 por ciento en julio del 2005.

El paro (desempleo) con el 42 por ciento, la vivienda con 21 y el terrorismo con 18 por ciento, son los otros tres problemas más presentes en las preocupaciones de los españoles. En los años anteriores el terrorismo solía ocupar el primer lugar.

El tema de los flujos migratorios y su correcta canalización convocó un seminario de tres días organizado por la Fundación Jaime Vera, del PSOE, en su austero local de formación política enclavado en las afueras de Madrid, donde reunió a funcionarios gubernamentales y de organizaciones sociales vinculadas a los inmigrantes y algunos invitados latinoamericanos y africanos.

Las mayores fuentes

Aunque el drama de los cayuqueros es lo que más impresiona a españoles y europeos, en realidad los que llegan por ese medio (sumarían 27 mil al terminar el año)no son más que el 3 por ciento del total llegados, y en su mayoría han sido devueltos a los países de origen. Serían apenas el 4 por ciento de la emigración africana a España, según sostienen los expertos.

El grueso de los inmigrantes que llegan a España lo han hecho a través de transportes regulares o de las ciudades-territorios españoles africanos de Ceuta y Melilla. Los marroquíes encabezan la lista de los 4 millones de extranjeros (10 por ciento de la población total) residentes en España, estimándoseles en más de un millón. Le siguen los ecuatorianos y colombianos, que juntos suman también más de un millón. Los rumanos y bolivianos se estiman en unos 500 mil y 400 mil respectivamente.

Estos últimos encabezan las entradas en los últimos meses. Llegan por centenares cada día a través de los vuelos comerciales, pues Bolivia, junto a Brasil y Venezuela son los tres países latinoamericanos cuyos ciudadanos aún pueden ingresar a España sin visa. Se da por hecho que en enero se les acabará la gracia a los bolivianos.

A los dominicanos se les señala como los precursores de la gran inmigración latinoamericana en los finales de los setenta y principios de los ochenta. Según los registros del Voluntariado de Madres Dominicanas en España (VOMADE) la comunidad está integrada por poco más de 100 mil personas, de las cuales más de 59 mil tienen residencial legal, mientras otros 24 mil han conseguido nacionalizarse.

La fuerte inmigración a España, como a muchos otros países de Europea Occidental está determinada por la necesidad de mano de obra en capacidad de asumir tareas que su población nativa no quiere realizar, especialmente en los servicios domésticos, incluyendo cuidados de ancianos y niños, restaurantes, tiendas, salones de belleza, transporte, limpieza y construcción.

La población española lleva ya varios años entre las tres o cuatro con tasas más decrecientes en el mundo, lo que determina un envejecimiento progresivo. El promedio de vida anda por los 77 años, 73 los hombres y 80 las mujeres. La edad media de,l trabajador español es 39 años, mientras la de los inmigrantes es 32. Los inmigrantes están haciendo que la población crezca moderadamente y tenderán a ser el sostén productivo y financiero de la seguridad social de que disfrutan los españoles.

Legalizarlos, incluirlos

Las exposiciones de funcionarios del Ministerio del Trabajo, la secretaría de Estado de Inmigración y de la Dirección General de Inmigración, así como los planteamientos de dirigentes del PESOE y de autoridades municipales se inscriben en la necesidad de sincerar el problema de la inmigración, en legalizarla y ordenarla e integrar plenamente a los inmigrantes a la sociedad, de ninguna forma excluirlos ni rechazarlos.

El actual gobierno mantiene una línea firme de esfuerzo por regular la inmigración e integrar a los inmigrantes, bajo responsabilidad compartida y en base a los principios de igualdad de derechos, respeto a la diversidad cultural, y concepto de ciudadanía.

El trabajo oficial gira sobre 4 ejes fundamentales: control migratorio, que incluye la lucha contra las mafias de traficantes; programas de integración; responsabilidad compartida; y políticas sociales, para y con los inmigrantes con la normalización y universalización de los servicios.

En la actualidad se discute el Plan estratégico de Ciudadanía e Integración, sometido a consideración de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las instituciones sociales que trabajan con inmigrantes.

Funcionarios del Ministerio de Trabajo consideran que una política de inmigración duradera tiene que fundarse en penalizar la contratación ilegal, canalizar la inmigración legal, mejorar el análisis del mercado laboral, facilitar las contrataciones y controlar las condiciones de trabajo, todo ello en consenso con los agentes sociales.

La titular de la Dirección de Integración, Estrella Rodríguez, pondera los alcances del plan y postula como fundamental la despolitización y sinceridad en el tratamiento del tema de la inmigración.

Una propuesta de posición común de los ayuntamientos sobre inmigración distribuida en el seminario propone dar continuidad a la política de inmigración “basada en la aplicación de la ley vigente, e insistir sobre el Pacto de Estado, la Política Común Europea y los fondos para acogida e integración”.

Indica que por razones laborales han propuesto las sucesivas regularizaciones de los inmigrantes ilegales, enarbolando “el interés general de la convivencia social y laboral. Porque la economía sumergida perjudica a los trabajadores, crea situaciones que afectan la transparencia en las relaciones laborales, crea situaciones de abuso, perjudica las políticas de igualdad, crea marginalidad, generaban competencia desleal, y afectaba la convivencia en pueblos y ciudades, al crear situaciones de marginalidad”.

El documento especifica que la administración municipal y local tiene que propiciar todos los servicios sociales, igualdad de trato, participación y sensibilización a los antiguos y nuevos vecinos, dando apoyo al Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración.

El fondo de Integración

Las autoridades españolas tienen la convicción de que si necesitan inmigrantes, lo mejor que pueden hacer es organizar su llegada e integrarlos, para lo cual preparan grandes inversiones.

El Plan de Ciudadanía e Integración contempla inversiones de 2 mil millones de euros en los primeros cuatro años, en áreas de trabajo como educación, empleo, vivienda, salud, participación y atención a mujeres, infancia y juventud.

De hecho ya desde el 2005 la Dirección de Integración, creada por el gobierno del PSOE, empezó a recibir importantes recursos para su Fondo de Acogida e Integración. El presupuesto de este año 2006 asciende a 182 millones de euros, equivalentes a cerca de 8 mil millones de pesos.

El 40 por ciento va a la educación, pues “ahí es donde primero hay que trabajar la integración”, dice la señora Rodríguez. Otro porcentaje igual se destina a reforzar los servicios municipales de acogida, y también se dispone un porcentaje progresivamente mayor para las organizaciones sociales que asisten a los inmigrantes, que incluyen a las sindicales y empresariales.

Si algo queda claro al final de encuentro de tres días es que el tema de las inmigraciones está siendo afrontado con valentía y sinceridad por las autoridades del PSOE, que por demás reivindican los principios de solidaridad en que se fundamenta el socialismo.

También dan muestras de buena memoria, pues no faltaron quienes recordaran los siglos de emigración española, especialmente para América latina. Todavía a mitad del siglo pasado llegaban a Venezuela embarcaciones procedentes de las Islas Canarias con cientos de emigrantes españoles indocumentados.-

Haití en la hora de la conciliación

Por Juan Bolívar Díaz

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Una vez más las élites políticas  y sociales de Haití afrontan el desafío de la conciliación para garantizar la gobernabilidad y un período de recuperación, tras los resultados de las elecciones del pasado día 7 que dieron a René Preval como nuevo presidente.

El éxito de la jornada de votación quedó empañado por denuncias de fraude,  presiones callejeras y precaria superación del 50 por ciento de los votos por el candidato proclamado presidente por el Consejo Electoral con obvio respaldo de la comunidad internacional presente en la vecina nación.

Corresponde a Preval y su partido tomar lainiciativa para iniciar un régimen político de amplio espectro, de inclusión y conciliación, que le permitagobernar con autonomía de los grupos radicales que siguen al expresidente Aristide y al mismo tiempo viabilizar una amplia ayuda económica internacional.

El resultado electoral

El pueblo haitiano no dejó dudas sobre su disposición al juego democrático y sus expectativas de superar la crisis política en que se ha debatido durante demasiado tiempo. Más de dos tercios de la población apta para el sufragio acudió a las urnas el 7 de febrero y lo hizo en orden, con paciencia y entusiasmo, aunque en dos o tres centros de votación hubo desbordamientos.

Dos muertos por asfixia y otros tanto en un acto de violencia no fueron suficientes para manchar la jornada de votación. Casos similares se han registrado en votaciones dominicanas y en otros países de más arraigo democrático. Proporción insignificante en relación a la violencia cotidiana que sacude a la vecina nación.

Lo que sí ha arrojado sombras sobre el proceso ha sido la lentitud del cómputo, que no había concluido todavía en la madrugada del jueves, nueve días después de la votación, cuando se proclamó el triunfo de Preval, y todavía se ignoran los resultados para la integración del parlamento llamado a escoger el primer ministro, quien es el responsable de la formación del gabinete de gobierno.

Las denuncias de fraude, poco documentadas más allá de unas cuantas bolsas de votos halladas en basurero, que bien podrían haber sido sobrantes, y la presión de las masas con amenazas de violencia en las calles, también han dejado manchas sobre el proceso electoral haitiano.

La sombra más relevante es que hayan tenido que prorratear los votos en blanco para que Preval alcanzara el 51 por ciento del sufragio, y pudiera ser proclamado presidente, lo que ha dejado margen para los alegatos de ilegalidad que aduce el bloque de partidos que había pactado una alianza en torno al que quedara en segundo lugar para una segunda vuelta el 19 de marzo. Los votos en blanco fueron el 4.67 por ciento de la votación. Parecía más lógico que lo hubiesen hecho con el 7 por ciento de los anulados.

Préval es el presidente

De cualquier forma, con el 48.76 por ciento de los votos era inevitable que René Preval se alzara con la presidencia, superando la totalidad de los alcanzados en conjunto por los demás 32 candidatos participantes, sobre todo cuando el segundo más votado, Leslie Manigat, apenas llegaba al 11.83 por ciento.

Con tales proporciones era una insensatez someter ese país a los costos y riesgos de una nueva campaña electoral, ya que era virtualmente imposible evitar que Preval consiguiera la victoria en la segunda ronda el 19 de marzo. Eso sólo serviría para dividir más profundamente el país en dos bloques, y generar una nueva crisis de ingobernabilidad en el remoto caso de que el segundo pudiera salir victorioso.

Con 49 a 12 por ciento era más imperativo que se reconociera la victoria de Preval que aquí en el 2000 cuando Hipólito Mejía logró el 49.85 por ciento frente al 25 por ciento de Danilo Medina. Otro precedente de sensatez política se registró en Perú en el 1985, cuando Alfonso Barrantes declinó la segunda vuelta con un registro del 24 por ciento frente a un 47 de Alan García.

Fue evidente que la comunidad internacional, presente en Haití con una fuerza militar de intervención, no estaba dispuesta, en tales circunstancias, a correr los costos y riesgos de una segunda ronda que consideraba inútil. Aunque el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, lo negara, han quedado pocas dudas de que hubo presión externa para la proclama de Preval. Se atribuye al asesor del presidente brasileño Lula Da Silva, Marco Aurelio García, la solución del prorrateo.

Manigat y sus seguidores se aferran al imperativo de la ley, que lo mismo hubiese regido si faltara un solo voto para la mitad del sufragio. El problema se resolvía con el reconocimiento de que ante tales proporciones no había nada que buscar en segunda vuelta, siguiendo los precedentes peruano y dominicano.

En Perú no hubo que presionar a Barrantes, quien era un caballero de la política. Aquí Joaquín Balaguer, quien casi tenía los mismos votos que Medina, forzó el retiro de éste, al dar por elegido a Mejía.

Aparentemente en Haití no pudieron persuadir a Manigat y los suyos de que declinaran a favor de la gobernabilidad.

Aunque aducen que la segunda vuelta fortalecería la institucionalidad y salvaría el respeto a la ley, el bloque en torno a Manigat también reaccionaba frente al chantaje de la violencia puesto en marcha con las masas de seguidores de Preval en las calles. Consideran que la salida fue “un premio a la violencia”, como dijo un destacado intelectual haitiano. También rechazan la presión internacional. La llamada Alianza de los Nueve, que respaldaría a Manigat en segunda vuelta, incluye al candidato que ocupó la tercera posición, con 9 por ciento del sufragio, el empresario Charles Henry Baker, a los partidos que encabezan Serge Gilles, Paul Denis y Evans Paul, así como a la Organización del Pueblo en Lucha OPL que lideraba el fallecido Gerard Pierre Charles.

Hora de la conciliación

Más allá de la legalidad, en las presentes circunstancias Haití pasa necesariamente por una negociación política que permita superar la crisis de las últimas décadas y valerse por sí mismo al margen de los 8 mil 867 soldados y policías y 160 voluntarios de las Naciones Unidas y de los 438 funcionarios internacionales presentes en el país.

A 35 años de la muerte del tirano Francois Duvalier y a 20 de la expulsión del poder de su hijo Jean Claude, Haití ocupado por tropas extranjeras que precariamente evitan el caos, tal vez precise de una transacción al estilo dominicano, que en varias oportunidades, la última en 1994, no respetó la ortodoxia institucional, pero impidió que este país cayera en el abismo y abrió puertas al crecimiento económico-social y al mejoramiento de las instituciones democráticas.

Tal como expresó recientemente el intelectual haitiano Steven Gehy en un artículo publicado en Clave Digital, las expectativas y el alborozo que siguieron al final de la dictadura duvalierista de tres décadas se esfumaron y el resultado es “todo lo contrario de lo esperado: la miseria creció, los pobres se hicieron más pobres y la democracia que se intentó implementar más de una vez, fue constantemente agredida por numerosos golpes de estado encabezados por sectores conservadores y retrogrados”.

El problema haitiano luce más complicado por la extrema precariedad económico-social y por la carencia de fuertes y representativos partidos políticos, lo que explica que los candidatos presidenciales llegaran a 33, después que decenas fueron descalificados al no llenar los requisitos legales. Los protagonismos y ambiciones individuales están por encima de las instituciones.

El secretario general de la OEA, Insulza, y el delegado de las Naciones Unidas Juan Gabriel Valdez, parecieron certeros al proclamar el jueves en rueda de prensa que para Haití ha llegado la hora del diálogo nacional y la reconciliación.

Corresponde a los sectores más esclarecidos de la sociedad haitiana, nucleados en la Alianza de los Nueve, reconocer la realidad de su país con todas sus precariedades  y disponerse a una transacción que abra las puertas a la recuperación de la soberanía y a un cierto orden para, con la ayuda internacional, empezar a recrear la esperanza.

Un gobierno de unidad

En las actuales circunstancias sólo un gobierno de unidad permitiría iniciar la recuperación de Haití. Ya pasa necesariamente por el reconocimiento del relativo triunfo de René Preval, a quien corresponde la iniciativa, hasta para garantizarse un mínimo de gobernabilidad. Jean Michel Caroit, el corresponsal de Le Monde en la isla, cree que es posible porque el presidente electo se lo planteó antes de los comicios.

Un gobierno que incluya a las demás fuerzas concurrentes al proceso político haitiano es fundamental para que Preval pueda gobernar con autonomía del aristidismo. Tiene que tener más disposición a la negociación por la precariedad con que ha sido proclamado presidente. En una segunda vuelta el 51 por ciento podría haberse convertido en 60 o 70 por ciento y entonces hubiese sido más difícil que se aviniera a un gobierno de amplia base política.

No hay que olvidar que los sectores opuestos a Preval estaban enfrentados al caudillo Aristide que había devenido en dictador, y que provocaron su caída hace dosaños, junto a la intervención extranjera. Desde entonces la crisis se agrava sistemáticamente. Evitar que Preval tenga que apoyarse en el exsacerdote, parece fundamental para superar la crisis.

El sistema semi-parlamentario haitiano puede facilitar la constitución de un gobierno de unidad, con una negociación política que determine un primer ministro de conciliación, alguna figura de la intelectualidad o la tecnocracia aceptable para todos y con participación pluralen el gabinete.

La iniciativa de Preval no puede dilatar, ni siquiera esperar la definición del parlamento, para lo cual es casi seguro que habrá segunda vuelta el 19 de marzo.

Debe jugar un papel la mediación de la comunidad internacional, no sólo de las naciones participantes en la fuerza de las Naciones Unidas, sino también los bloques de partidos a los cuales están vinculadas las organizaciones políticas haitianas. La alternativa sería la profundización  del caos y la miseria que consumen y degradan a la primera nación independiente de América Latina.-