Palos de ciego en la reforma tributaria

Por Juan Bolívar Díaz

http://hoy.com.do/image/article/331/460x390/0/6A28AEAD-509D-4420-BDD1-2B91FA8ADE98.jpeg

Con asombrosa incoherencia el gobierno se enfrenta solo a una oposición sin precedente a mayores impuestos dando palos de ciego y perdiendo credibilidad.

El balance de la semana no podría haber sido peor para el gobierno del presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tras un discurso que no pareció convencer a nadie sobre la procedencia de su tercer paquete fiscal en poco más de dos años de gestión.

Lo peor ha sido la incoherencia en que han aparecido sumidos los principales funcionarios gubernamentales, que a las 24 horas del discurso del Presidente de la República, plantearon una revisión de los impuestos apenas esbozados, para al día siguiente contradecirse.

Al negar que hubiese exceso de gastos perdió credibilidad la promesa presidencial de reducirlos en 17 mil 500 millones de pesos el próximo año y prevaleció en la opinión pública el criterio de que sólo se busca mayores recursos para proseguir una ejecutoria que el país no está en condiciones de financiar.

Todavía sin proyecto

Tres semanas después de su anuncio desde Washington, todavía no se concreta el proyecto de “rectificación fiscal” y lo que prevalece es una enorme confusión y un mar de incoherencias gubernamentales.

El discurso del presidente Fernández el martes estaba destinado a presentar el proyecto de nuevos impuestos, lo que en gran medida hizo, pero a las 24 horas y tras una reunión en el Palacio Nacional su Secretario Técnico, Temístocles Montás, salió diciendo que se había creado una comisión especial para introducir nuevas figuras impositivas en sustitución de algunas consideradas “improcedentes”.

El influyente funcionario palaciego se negaba a identificar las improcedencias, pero afirmaba que habrá nuevos cambios. La opinión pública no se reponía de la sorpresa, cuando el jueves el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, juraba que “aunque lo diga Jesucristo” no habrá modificaciones a los impuestos planteados por el presidente Fernández. “Como tampoco  hay impuestos improcedentes”.

Otro que había contribuido a la confusión fue el representante local del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ery Offerdal quien, al salir el miércoles de una reunión en el Palacio Nacional con Montás y Bengoa, elogió el discurso presidencial de la víspera, pero precisando que “hay que perfeccionar las estimaciones y detalles” de la rectificación tributaria, lo que pareció inscribirse en la línea del Secretario Técnico.

La semana concluye sin que se hayan precisados los productos a los cuales el gobierno aplicará la tasa del 16 por ciento del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITBIS. La “re-rectificación” anunciada por Temístocles Montás” está relacionada con el duro rechazo que 35 organizaciones empresariales formularon al plan impositivo del gobierno apenas horas después de conocerse.

También habían producido asombro las declaraciones del Secretario de Finanzas al día siguiente del discurso presidencial en el sentido de que la rectificación fiscal o tributaria había sido preparada “a punta de revólver” por las presiones del FMI que quería que gravaran con el ITBIS “hasta el aire.”

Un discurso infortunado

Por los planteamientos de rectificación y las reacciones negativas que generó en la opinión pública, el discurso del martes del presidente Fernández debe ser uno de los más infortunados para un gobernante que ha exhibido una excelente capacidad discursiva.

La estrategia publicitaria que lo precedió estuvo marcada por declaraciones del equipo económico que apuntaban a mucho más que “la rectificación” anunciada en Washington para recuperar los recursos que había recortado el anterior Congreso Nacional en la reforma tributaria de hace un año. Hablaron de 7, 9, 12 y hasta 18 mil millones de pesos adicionales.

Esa línea fue reforzada con la presentación en el Palacio Nacional de los técnicos del FMI. Andy Wolfe llegó a plantear que lo procedente era una reforma de fondo para no tener que repetirla, sugiriendo aplicar el ITBIS a todos los productos y servicios. Posteriormente se filtró al Listín Diario un proyecto atribuido al organismo internacional donde se consignaban gravámenes por 28 mil millones de pesos.

En ese contexto se esperaba que al presidente salir con impuestos por tan sólo 17 mil 500 millones de pesos todo el país respiraría aliviado y al menos no habría gran oposición. Por eso el comunicado de tajante rechazo de las organizaciones empresariales pareció aumentar el desconcierto en el equipo económico gubernamental.

El documento ratifica la convicción de que “la situación fiscal para el 2007 es manejable con la estructura tributaria actual, si las autoridades se concentran en mejorar la gestión, racionalizar el gasto y focalizar los subsidios”. Reclama congelar el monto presupuestario, incrementar el cobro de la energía, reducir y focalizar los subsidios a la electricidad y el gas propano, aplicar la ley de compras y contrataciones del Estado, disminuir y penalizar la evasión fiscal y una administración pública eficiente y austera.

Errores de cálculo

El discurso presidencial incurrió en dos errores de cálculo fundamentales: primero negó que el gobierno haya incurrido en exceso de gasto, afirmando que ha mantenido un “estricto control” del mismo, con lo que perdió credibilidad el planteamiento de que lo reduciría en 17 mil 50 millones de pesos el próximo año, suma similar a los nuevos impuestos esbozados.

En segundo lugar atribuyó a irresponsabilidad, insensatez, murmuraciones  y hasta mala fe la oposición a nuevos impuestos, pretendiendo atribuirla tan solo a los partidos opositores, ignorando el firme rechazo empresarial, de sectores sociales y hasta religiosos. Olvidó también  que fueron funcionarios gubernamentales y técnicos del FMI incentivados por el gobierno quienes alarmaron al magnificar su proyecto de reformas tributarias.

El presidente pasó por alto que quienes primero denunciaron el exceso de gasto corriente, estimado sobre el 50 por ciento en dos años, particularmente de personal, de representación, de publicidad y otros, fueron dirigentes de la Asociación de Jóvenes Empresarios, de los industriales de Herrera y la misma presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Elena Viyella.

Para contradecir la opinión pública, el presidente Fernández se aferró a un  cuestionado informe del Banco Central según el cual la nómina del gobierno central a septiembre pasado era de sólo 317 mil 884 empleados, 9 mil menos que dos años atrás. Y las de las instituciones autónomas y descentralizadas 36 mil 887, 4 mil 348 menos.

Contradictoriamente, la Contraloría General de la República, que en esa materia es fuente primaria y fundamental, mucho más que el Banco Central, cuantificaba hasta octubre los empleados del gobierno central en 358 mil 142 y los de las entidades autónomas y descentralizadas en 98 mil 782, detallándolos por cada organismo e incluyendo los salarios, en su sitio de internet.

El total de los empleados estatales, 456 mil 924 según la Contraloría, supera en 102 mil 153 la cifra ofrecida por el presidente. El aumento en los últimos dos años es estimado en más de 58 mil, en gran proporción durante los primeros meses de este año, durante la campaña electoral, como denunciaran empresarios y economistas.

Pérdida de credibilidad

Otro error de la alocución presidencial consistió en magnificar el monto del recorte que hizo el Congreso Nacional a su proyecto del año pasado, después que hasta los voceros empresariales habían advertido que se les dio compensaciones. Aunque los funcionarios habían hablado de 7 mil millones de pesos menos, ahora el doctor Fernández lo elevó a 10 mil millones.

En realidad el Congreso redujo el paquete original del gobierno en 7 mil 360 millones de pesos, básicamente al excluir productos de consumo masivo a los que se extendía la aplicación del ITBIS, como el azúcar, aceite, café, cacao y chocolate, maíz, insecticidas, insumos pecuarios y de bienes de capital agropecuario y otros.

Pero en compensación, se aprobaron otros impuestos que aportarían 4 mil 180 millones de pesos, para dejar en sólo 3 mil 606 millones de pesos la reducción a la propuesta del gobierno, específicamente, la elevación del impuesto sobre la renta del 28 al 30 por ciento, aumento a diferenciales de los combustibles, gravamen a la primera matrícula de los vehículos y aumento del impuesto selectivo a los electrodomésticos.

Al presidente Fernández se le olvidó además que bajo el alegato de la reducción fue que extendió hasta el 30 de junio la aplicación del recargo cambiario a las importaciones que según lo aprobado debía terminar el 31 de diciembre del 2005. Es obvio que ese cobro durante 6 meses dio al gobierno más del doble que la reducción de 3 mil 606 millones de pesos.

La propuesta de impuestos anunciada el martes por el Presidente incluye el polémico gravamen de los artículos de  consumo masivo excluidos el año pasado por el Congreso, pero también restablece el 10 por ciento de impuesto a los seguros, que se les quitó esa vez  pero aplicándole el 16 por ciento del ITBIS, con lo que ahora serían penalizado con el 26 por ciento, como si fuera un lujo asegurar la salud personal, una empresa, propiedad o vehículo. Se dice que este está entre los “improcedentes”.

El sector turístico, al que el año pasado se elevó el ITBIS, y se le gravó con 5 dólares por cada turista, se le afectaría ahora con un nuevo impuesto del 5 por ciento al costo de las habitaciones, que existió hasta 1998 cuando se cambió por el ITBIS, además de las repercusiones del alza de los seguros y del selectivo a las bebidas.

Aunque el presidente Fernández prometió reducir gastos por 17 mil 500 millones de pesos, muchos piensan que quedaría en una promesa más, similar a las que formuló en su discurso inaugural del 16 de agosto del 2004. Se echó de menos que ignoró los reclamos sobre los subsidios a la electricidad y a la energía, que este año han consumido unos 8 mil millones de pesos más de lo presupuestado.

Entre analistas económicos y políticos y en sectores empresariales queda la impresión de que esta vez el discurso del presidente Fernández en vez de abonarle respaldo, le provocó rechazo y pérdida de credibilidad. Y las incoherencias posteriores dejan todas las interrogantes sobre el real proyecto de reformas tributarias y el rancho ardiendo.-

España afronta LA INMIGRACION

Por Juan Bolívar Díaz

Como necesitan inmigrantes se proponen ordenar su llegada e invertir para integrarlos a la sociedad con igualdad de derechos y respeto a la diversidad cultural

Madrid, España.- El gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero está afrontando el problema de la masiva inmigración que cada año preocupa más a esta sociedad, partiendo de un sincero reconocimiento de que España necesita inmigrantes e implementando políticas destinadas a ordenar el tráfico de personas.

La creación de una Dirección General de Integración de los Inmigrantes hace dos años y la reciente propuesta de un Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI) conforman una política de rasgos profundamente humanos, económicamente racional e ideológicamente acorde con las tradiciones solidarias del socialismo.

En vez de aislar y discriminar a los inmigrantes, las actuales autoridades españolas se proponen invertir 2 mil millones de euros (unos 85 mil millones de pesos) en los primeros 4 años de un plan de normalización y universalidad de servicios dentro del principio de la responsabilidad compartida y tomando en cuenta la igualdad de derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural.

Una gran preocupación

La llegada a las costas españolas de miles de inmigrantes del Africa Subsahariana (Senegal, Nigeria, Mali, Gambia, Cabo Verde), en los llamados cayucos, que son embarcaciones tan frágiles y rudimentarias como las que usan miles de dominicanos para llegar a Puerto Rico, exacerba las preocupaciones de los españoles y europeos sobre los flujos migratorios.

Como muchas de esas yolas han naufragado ocasionando centenares de muertos en condiciones dramáticas, su proyección a través de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, ha contribuido a exacerbar las preocupaciones sobre la inmigración.

Resultados de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas publicados este jueves 26 por el diario El País muestra que la inmigración es el problema que más preocupa en la actualidad a los españoles. El 59 por ciento la señaló cuando en septiembre les preguntaron cuáles eran los cuatro principales problemas de España. Llamó la atención un fuerte incremento de 21 puntos sobre el 38 por ciento que la citó en la encuesta anterior de la entidad en julio del 2006, y el 28 por ciento en julio del 2005.

El paro (desempleo) con el 42 por ciento, la vivienda con 21 y el terrorismo con 18 por ciento, son los otros tres problemas más presentes en las preocupaciones de los españoles. En los años anteriores el terrorismo solía ocupar el primer lugar.

El tema de los flujos migratorios y su correcta canalización convocó un seminario de tres días organizado por la Fundación Jaime Vera, del PSOE, en su austero local de formación política enclavado en las afueras de Madrid, donde reunió a funcionarios gubernamentales y de organizaciones sociales vinculadas a los inmigrantes y algunos invitados latinoamericanos y africanos.

Las mayores fuentes

Aunque el drama de los cayuqueros es lo que más impresiona a españoles y europeos, en realidad los que llegan por ese medio (sumarían 27 mil al terminar el año)no son más que el 3 por ciento del total llegados, y en su mayoría han sido devueltos a los países de origen. Serían apenas el 4 por ciento de la emigración africana a España, según sostienen los expertos.

El grueso de los inmigrantes que llegan a España lo han hecho a través de transportes regulares o de las ciudades-territorios españoles africanos de Ceuta y Melilla. Los marroquíes encabezan la lista de los 4 millones de extranjeros (10 por ciento de la población total) residentes en España, estimándoseles en más de un millón. Le siguen los ecuatorianos y colombianos, que juntos suman también más de un millón. Los rumanos y bolivianos se estiman en unos 500 mil y 400 mil respectivamente.

Estos últimos encabezan las entradas en los últimos meses. Llegan por centenares cada día a través de los vuelos comerciales, pues Bolivia, junto a Brasil y Venezuela son los tres países latinoamericanos cuyos ciudadanos aún pueden ingresar a España sin visa. Se da por hecho que en enero se les acabará la gracia a los bolivianos.

A los dominicanos se les señala como los precursores de la gran inmigración latinoamericana en los finales de los setenta y principios de los ochenta. Según los registros del Voluntariado de Madres Dominicanas en España (VOMADE) la comunidad está integrada por poco más de 100 mil personas, de las cuales más de 59 mil tienen residencial legal, mientras otros 24 mil han conseguido nacionalizarse.

La fuerte inmigración a España, como a muchos otros países de Europea Occidental está determinada por la necesidad de mano de obra en capacidad de asumir tareas que su población nativa no quiere realizar, especialmente en los servicios domésticos, incluyendo cuidados de ancianos y niños, restaurantes, tiendas, salones de belleza, transporte, limpieza y construcción.

La población española lleva ya varios años entre las tres o cuatro con tasas más decrecientes en el mundo, lo que determina un envejecimiento progresivo. El promedio de vida anda por los 77 años, 73 los hombres y 80 las mujeres. La edad media de,l trabajador español es 39 años, mientras la de los inmigrantes es 32. Los inmigrantes están haciendo que la población crezca moderadamente y tenderán a ser el sostén productivo y financiero de la seguridad social de que disfrutan los españoles.

Legalizarlos, incluirlos

Las exposiciones de funcionarios del Ministerio del Trabajo, la secretaría de Estado de Inmigración y de la Dirección General de Inmigración, así como los planteamientos de dirigentes del PESOE y de autoridades municipales se inscriben en la necesidad de sincerar el problema de la inmigración, en legalizarla y ordenarla e integrar plenamente a los inmigrantes a la sociedad, de ninguna forma excluirlos ni rechazarlos.

El actual gobierno mantiene una línea firme de esfuerzo por regular la inmigración e integrar a los inmigrantes, bajo responsabilidad compartida y en base a los principios de igualdad de derechos, respeto a la diversidad cultural, y concepto de ciudadanía.

El trabajo oficial gira sobre 4 ejes fundamentales: control migratorio, que incluye la lucha contra las mafias de traficantes; programas de integración; responsabilidad compartida; y políticas sociales, para y con los inmigrantes con la normalización y universalización de los servicios.

En la actualidad se discute el Plan estratégico de Ciudadanía e Integración, sometido a consideración de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las instituciones sociales que trabajan con inmigrantes.

Funcionarios del Ministerio de Trabajo consideran que una política de inmigración duradera tiene que fundarse en penalizar la contratación ilegal, canalizar la inmigración legal, mejorar el análisis del mercado laboral, facilitar las contrataciones y controlar las condiciones de trabajo, todo ello en consenso con los agentes sociales.

La titular de la Dirección de Integración, Estrella Rodríguez, pondera los alcances del plan y postula como fundamental la despolitización y sinceridad en el tratamiento del tema de la inmigración.

Una propuesta de posición común de los ayuntamientos sobre inmigración distribuida en el seminario propone dar continuidad a la política de inmigración “basada en la aplicación de la ley vigente, e insistir sobre el Pacto de Estado, la Política Común Europea y los fondos para acogida e integración”.

Indica que por razones laborales han propuesto las sucesivas regularizaciones de los inmigrantes ilegales, enarbolando “el interés general de la convivencia social y laboral. Porque la economía sumergida perjudica a los trabajadores, crea situaciones que afectan la transparencia en las relaciones laborales, crea situaciones de abuso, perjudica las políticas de igualdad, crea marginalidad, generaban competencia desleal, y afectaba la convivencia en pueblos y ciudades, al crear situaciones de marginalidad”.

El documento especifica que la administración municipal y local tiene que propiciar todos los servicios sociales, igualdad de trato, participación y sensibilización a los antiguos y nuevos vecinos, dando apoyo al Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración.

El fondo de Integración

Las autoridades españolas tienen la convicción de que si necesitan inmigrantes, lo mejor que pueden hacer es organizar su llegada e integrarlos, para lo cual preparan grandes inversiones.

El Plan de Ciudadanía e Integración contempla inversiones de 2 mil millones de euros en los primeros cuatro años, en áreas de trabajo como educación, empleo, vivienda, salud, participación y atención a mujeres, infancia y juventud.

De hecho ya desde el 2005 la Dirección de Integración, creada por el gobierno del PSOE, empezó a recibir importantes recursos para su Fondo de Acogida e Integración. El presupuesto de este año 2006 asciende a 182 millones de euros, equivalentes a cerca de 8 mil millones de pesos.

El 40 por ciento va a la educación, pues “ahí es donde primero hay que trabajar la integración”, dice la señora Rodríguez. Otro porcentaje igual se destina a reforzar los servicios municipales de acogida, y también se dispone un porcentaje progresivamente mayor para las organizaciones sociales que asisten a los inmigrantes, que incluyen a las sindicales y empresariales.

Si algo queda claro al final de encuentro de tres días es que el tema de las inmigraciones está siendo afrontado con valentía y sinceridad por las autoridades del PSOE, que por demás reivindican los principios de solidaridad en que se fundamenta el socialismo.

También dan muestras de buena memoria, pues no faltaron quienes recordaran los siglos de emigración española, especialmente para América latina. Todavía a mitad del siglo pasado llegaban a Venezuela embarcaciones procedentes de las Islas Canarias con cientos de emigrantes españoles indocumentados.-

¿Una consulta democrática?

Por Juan Bolívar Díaz

Hay consenso sobre la necesidad de una reforma constitucional pero también temores de que la misma desplace los problemas nacionales de la atención pública                                   

En un clima de preocupación por los problemas que afronta la nación el presidente Leonel Fernández puso en marcha esta semana la consulta que orientaría una reforma a la Constitución de la República para sustituir el texto que ha regido la vida nacional en las últimas cuatro décadas.

La generalidad de las propuestas de modificaciones presentadas a consideración de la ciudadanía son las mismas que han sido consideradas en múltiples proyectos elaborados en las últimas dos décadas y que fueron recogidas por la Comisión Especial instituida por decreto del presidente Hipólito Mejía en el 2001.

La diferencia más importante es que ahora el Partido de la liberación Dominicana (PLD) reniega de sus planteamientos históricos de que fuera una asamblea constituyente electa al efecto la que realice la reforma constitucional.

Un brillante discurso

Ni siquiera la mezquindad política ha podido negar la brillantez con que el presidente Leonel Fernández propuso su reforma constitucional en el discurso del lunes 9 desde el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Durante más de hora y media el mandatario hizo galas de sus extraordinarias capacidades oratorias, provocando admiración y aprobación de las centenares de personas invitadas para la ocasión.

Aunque insistió en rechazar el método de la asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución, el presidente Fernández pronunció una conferencia estimada como magistral, dejando abierta la posibilidad de que los sectores más activos se pronuncien democráticamente en una consulta popular.

Los reparos de los opositores y sectores de opinión pública se han dirigido a cuestionar la prioridad que el gobierno confiere a la reforma de la Constitución, cuando la nación atraviesa por importantes desafíos y se advierte poca eficiencia de los gobernantes para enfrentarlos.

Se cita particularmente la precariedad de los servicios de energía, agua potable, el desabastecimiento de combustibles de las últimas dos semanas, el brote de dengue que durante dos meses ha causado decenas de muertes y millares de afectados, la paralización de obras públicas, precariedades en la educación y las reformas institucionales y estructurales que conlleva el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Tanto los partidos de oposición, como una gran proporción de los dirigentes de instituciones sociales cuestionan el método para la reforma constitucional que ha propuesto el gobierno del PLD después que alcanzara la mayoría del Congreso en las elecciones de mayo pasado.

Las consultas sobre la materia del anterior gobierno de Fernández y los múltiples consensos de los últimos años ignorados determinan un clima de desconfianza en que pueda prevalecer la opinión de las mayorías sobre el interés del partido gobernante. La frustración generada por la última reforma constitucional, efectuada entre julio y agosto del 2002 por la mayoría que entonces encarnaba el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pende sobre los segmentos más críticos de la sociedad.

Asamblea revisora

            Aunque el cuestionario de la consulta publicado profusamente en los periódicos pregunta sobre el método preferido para la reforma de la Constitución, el presidente Fernández insistió en su discurso en descalificar la convocatoria de la asamblea constituyente que muchos expertos consideran debe regir para una revisión total de la carta magna.

            La posición del mandatario contrasta con los planteado en los programas de gobierno del PLD, con su propio discurso de la última campaña electoral y con la Constitución de 1963, ejecutada por el PRD durante el gobierno del profesor Juan Bosch, proclamado líder histórico del partido gobernante.

            El abandono de ese compromiso determina la desconfianza de los opositores y en el liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil que ha sido partícipe de los consensos al respecto de los últimos años, especialmente del logrado en la Comisión Especial del 2001, del que el PLD fue partícipe activo cuando eran los perredeistas los que tenían una gran mayoría en las cámaras legislativas.

            Se da también la contradicción de que los líderes del PRD y del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), autores de la reforma del 2002, ahora rechazan el método que ellos escogieron hace apenas 4 años cuando desconocieron el consenso, renegaron de la asamblea constituyente e impusieron una mezquina reforma sólo para abrir camino a la repostulación del presidente Mejía. Eso abona la desconfianza de sectores sociales que se manifiestan cansados de ser burlados por un sistema político oportunista.

            El proyecto elaborado en el 2001 con participación de los partidos reconocidos, de una amplia representación de la sociedad civil y una docena de personalidades casi todas juristas, acordó la convocatoria de una reforma revisora para instituir la asamblea constituyente como mecanismo para la redacción de una nueva constitución.

            El documento, que en algún momento se dijo serviría de base a la consulta de ahora, establece que la asamblea constituyente estaría integrada por 155 miembros postulados por los partidos políticos, cinco de ellos en representación de los que no alcanzaren suficientes votos, y 31 por bloques de organizaciones sociales.

            Un “Pacto para la Reforma Constitucional” suscrito en el Palacio Nacional en septiembre del 2001 por los tres partidos mayoritarios ratificó el mecanismo de la constituyente por elección popular que sería burlado por perredeistas y reformistas   menos de un año después.

Propuestas coincidentes

            La principal novedad de las propuestas de reformas constitucionales que ha enarbolado el presidente Fernández ha sido la de un preámbulo o declaración de principios de un Estado democrático.

            Tanto en su discurso de esta semana como en conversaciones con diversos sectores y declaraciones de prensa, ha coincidido con el consenso del 2001 en una mayor especificación de los derechos ciudadanos y sanciones a sus violadores y en una reducción de las facultades presidenciales contenidas en el artículo 55 de la Constitución vigente, algunas de las cuales subsisten en el texto, aunque fueron explícitamente anuladas por la reforma de 1994.

            La institucionalización de la defensoría del pueblo, la representación congresional de la diáspora y la redefinición de la nacionalidad también han dominado los consensos de las últimas décadas. No así la concepción de Fernández de que la Suprema Corte no debe tener facultad para juzgar la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo, ni su propuesta de que la Junta Central Electoral sea electa por el Consejo Nacional de la Magistratura.

El proyecto consensuado en el 2001 dedica un capítulo a los derechos humanos, precisando sobre derechos civiles, sociales, culturales y ecológicos. Establece la protección de los valores culturales y el medio ambiente, la libertad de conciencia y de culto, sin que ninguna confesión pueda tener carácter estatal.

También instituye tres senadores nacionales para representación de las minorías políticas, congela en 150 el número de diputados y 7 adicionales en representación de los residentes en el exterior. Incluye la independencia del ministerio público, la inamovilidad de los jueces de carrera, la descentralización político administrativa, la participación ciudadana en la gestión municipal autónoma, y el referendo para ratificar la reforma constitucional, aún sea mediante Asamblea Constituyente.

En temas donde no hubo consenso, como la definición de la nacionalidad o si se denomina poderes o funciones del Estado, la Comisión presentó dos opciones, y tres para definir el carácter del gobierno de la nación, una de las cuales lo concibe como laico.

La Consulta Popular

La nueva Comisión para la Reforma Constitucional establecida por el decreto 323-06, emitido por el presidente Fernández el 3 de Agosto pasado, elaboró el temario sometido esta semana a consideración de la ciudadanía y que será objeto de reuniones municipales que se habían planificado para iniciarse ayer viernes, pero luego aplazadas para esperar que la población conociera del temario propuesto.

La consulta será en base a 77 preguntas que abarcan todos los aspectos fundamentales de la Constitución. Casi todas son preguntas cerradas que para respuestas de sí o no, excepto en el caso de las facultades del Poder Ejecutivo, donde se pregunta cuáles deben ser modificadas y cuáles eliminadas. En varias se presentan diversas opciones, como sobre la reelección presidencial, que se pregunta si debe permitirse una sola, como rige ahora, o con un período alternado o en número indefinido.

En la presentación del cuestionario se dice que no es restrictivo y que “los ciudadanos y ciudadanas pueden formular cualquier otra propuesta sobre cualquier otro tema siempre que lo consideren pertinente”.

Aunque el presidente Fernández ha insistido en reclamar que la reforma la hagan los legisladores electos en mayo pasado, el cuestionario pregunta si debe hacerse a través de una asamblea constituyente. En la misma comisión no hay consenso sobre el método, ya que varios se han manifestado a favor de la constituyente, mientras otros aceptan que la haga una asamblea revisora.

No se especifica si las respuestas serán tabuladas para ver qué predomina, pero se promete que “servirán de referencia para la formulación del Anteproyecto de Reforma”.-                      

Sólo hay que aplicar la ley

Por Juan Bolívar Díaz

Para transparentar el financiamiento estatal a las ONG, sean de legisladores o no, sólo hay que aplicar la ley 122-05 fruto de muchos años de diálogos y consensos                                              

Todo lo que hay que hacer en relación con el financiamiento estatal a las organizaciones sin fines de lucro, también llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), es aplicar la ley 122-05, promulgada el año pasado y que aún espera por su correspondiente reglamento.

El debate sobre las ONG de los legisladores se viene repitiendo cada año al discutirse el proyecto de presupuesto sin que se haya avanzado en su transparencia mientras se utiliza el caso como mecanismo de negociación para que los legisladores acepten intereses presupuestarios del gobierno.

Son 3 mil 649 las ONG financiadas en el presupuesto del 2006, de las cuales 576 pertenecen a legisladores, el 16 por ciento del total, con una asignación de 355 millones 200 mil pesos equivalentes al 27 por ciento de los 1,301 millones 56 mil pesos destinados a las mismas.

Un debate repetido

Como en muchos otros aspectos el relacionado con las subvenciones de las ONG de los legisladores es un debate repetido, que se viene produciendo hace por lo menos tres años cada vez que se discute el presupuesto nacional.

Esta vez el escarceo comenzó temprano, cuando el titular de la oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), doctor Guarocuya Féliz, advirtió que el presidente Leonel Fernández instruyó para que se elimine el financiamiento a esas entidades en el proyecto de presupuesto para el 2007 que la institución a su cargo elabora.

Las reacciones de los interesados no se ha hecho esperar y algunos reclaman que en la disposición se incluyan también las ONG correspondientes a funcionarios gubernamentales y otros dirigentes políticos. Tal vez con la esperanza de que, al igual que en los años anteriores, todo se quede en un tira y hala o aprieta y afloja, al tenor de negociaciones políticas subterráneas.

En diciembre del año pasado se llegó a anunciar que el gobierno había excluido del presupuesto del 2006 nada menos que a más de 960 ONG apadrinadas por legisladores de los partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, que para esos días bregaban por concretar una alianza para los comicios de este año.

En la cifra había exageración y el tono político dividió hasta a la propia bancada del partido de gobierno, donde los diputados Lidio Cadet e Isabel Bonilla rechazaron la exclusión “a menos que demuestren al país que ha habido alguien que ha usado esos recursos de manera indebida y contraria al bien social”, como indicó el primero.

Diputados perredeistas y reformistas reaccionaron denunciando que hasta funcionarios con cuentas pendientes en la justicia tenían ONG financiadas por el Estado, refiriéndose concretamente a la Fundación Félix Bautista y en otro aspecto a la Fundación Juan Bosch. El reformista Máximo Castro Silverio denunció persecución contra la oposición.

El proyecto de presupuesto fue sometido a estudio de una comisión bicameral y no tardó mucho tiempo en que lograran “consenso” con los funcionarios gubernamentales. Se dijo que a cambio de alguna flexibilidad para aprobar el proyecto del gobierno que incluía una partida de 1,835 millones de pesos para el discutido metro de Santo Domingo que se había iniciado meses antes sin previa aprobación congresual.

Como este año el partido de gobierno controla las dos cámaras, no precisaría ese tipo de negociación, por lo cual tendría más posibilidades de aprobar su presupuesto, aunque tenga que sacrificar a legisladores oficialistas y funcionarios que también apadrinan o poseen entidades financiadas por el Estado.

Ni tanto ni tan poco

La suma que quedó consignada en el presupuesto de este año para las instituciones sin fines de lucro asciende a 1,301 millones 56 mil pesos, que en relación al total del gasto público previsto, de unos 250 mil millones de pesos, es apenas el medio por ciento.

Con esa suma se financian 3,649 ONG de todas las categorías y orígenes, incluyendo muchas que tienen merecido reconocimiento por los servicios que prestan, especialmente a los más pobres. Entre ellos se cuentan los de rehabilitación de discapacitados y de drogadictos, oncología, cardiología, planificación familiar, educación, deportes, iglesias y muchos otros.

De ellas 332 corresponden a diputados y 244 a senadores que suman 576, para un 16 por ciento. Recibirían este año 355 millones 200 mil pesos, que es el 27 por ciento del financiamiento estatal a las ONG.

Las subvenciones a entidades de los legisladores se canalizan por la secretaría Administrativa de la Presidencia a la cual se le asignaron este año 558 millones 664 mil pesos a ser distribuidos entre 1,545 ONG, el 42 por ciento del total. En julio passado las 576 de legisladores recibieron 29 millones 600 mil pesos, el 70 por ciento de lo canalizado por esa cartera. El 23 por ciento fue entregado a “instituciones independientes” y el 7 por ciento restante a “instituciones supervisadas por CONANI”.

De estas cifras se infiere que casi las tres cuartas partes (73 por ciento) del subsidio estatal a entidades sin fines de lucro no corresponden a legisladores, lo cual implica que el problema es más que político y amerita soluciones racionales, ponderadas, sin mezquindades partidarias.

Las demás secretarías de Estado canalizan este año las subvenciones de 2 mil 103 entidades sociales, el 58 por ciento. Educación, Deportes y Salud encabezan con 692, 387 y 310. Entre ellas hay colegios, consultorios y servicios de salud, clubes deportivos, etc. La Secretaría de la Juventud canaliza subvención a 270, la de la Mujer a 122 y Cultura a 104.

Revisar las subvenciones

Es criterio generalizado que la mayoría de las ONG de los legisladores son para canalizar recursos que se distribuyen en base a prácticas clientelistas. Muchas prestan reales servicios de salud y hasta alimentación, pero como forma de hacer proselitismo, por lo que no tienen que ser financiadas del presupuesto nacional. En todo caso esas son labores correspondientes a múltiples organismos especializados del Estado.

Una proporción de las ONG auspiciadas por legisladores podría pasar criterios de racionalidad y equidad que se aplican a muchas de las otras entidades sociales del país. Bajo un esquema rígido tendrían que se excluidas del presupuesto, pero habría que hacer lo mismo con una mayoría de las 3 mil 649 subvencionadas este año para que la acción no se quede en el ámbito de la mezquindad partidista.

También hay casos en que las entidades son simples pantallas para recaudar dinero que se utiliza a discreción para retribuir partidarios y en las campañas electorales cada vez más costosas. Identificar estas no es una tarea fácil en un país de tan poca transparencia, pero puede y debe hacerse.

El camino más expedito para revisar las subvenciones está trazado en la Ley 122-05 promulgada el año pasado “Para la Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro”, pero cuyo reglamento aún no ha sido promulgado.

La legislación que sustituyó una ordenanza de la ocupación norteamericana de principios del siglo pasado, fue fruto de diálogos y concertaciones que se extendieron por 15 años, en las que participaron relevantemente tanto los organismos públicos como múltiples instituciones sociales interesadas en el ordenamiento del sector.

Si esa ley fue aprobada se debe en gran medida al esfuerzo de concertación que impulsaron redes de las organizaciones sociales más reconocidas, como las centenares que se agrupan en el Foro Ciudadano, en su gran mayoría sin financiamiento estatal y sin aspirar a conseguirlo, y en la Alianza ONG e Insalud, que agrupa a muchas entidades que tienen subvención del Estado por los servicios que prestan.

Desde la promulgación de la ley en abril del 2005 se inició un esfuerzo para consensuar el reglamento, encabezado por ONAPLAN que consultó y aceptó modificaciones propuestas por las entidades sociales. El documento está en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Mandatos de la ley

 Independientemente de lo que diga el reglamento pendiente, la ley 122-05 contiene normativas que pautan el financiamiento estatal a las instituciones sin fines de lucro, definidas en su artículo 2 como “el acuerdo entre cinco o más personas físicas o morales, con el objeto de desarrollar o realizar actividades de bien social e interés público, con fines lícitos y que no tengan como propósito u objeto el obtener beneficios pecuniarios o apreciables en dinero para repartir entre sus asociados”.

La legislación establece una amplia clasificación de entidades sociales, pero en su artículo 15 indica que “Sólo las asociaciones de beneficio público o de servicio a terceras personas y los programas de beneficio público o de servicio a terceras personas que desarrollen las asociaciones mixtas u órganos interasociativos, podrán ser consideradas para recibir fondos públicos del presupuesto nacional a través de contratos de servicios, convenios de gestión, apoyo a programas y proyectos, después de haber cumplido un año de incorporación”.

El capítulo VI de la ley crea un Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro, bajo la presidencia del Secretario Técnico. La Oficina Nacional de Presupuesto tiene la primera vicepresidencia y la secretaría descansa en la ONAPLAN. La Procuraduría General, la Contraloría y la oficina de Administración y Personal completan 6 responsables oficiales, a los que se deben sumar 5 en representación de la sociedad civil.

Entre sus funciones está recomendar al Poder Ejecutivo las que deben ser financiadas “mediante contratos de servicios, convenios de gestión, apoyo a programas y proyectos”. Para recibir subvenciones se establecen una serie de requisitos, que incluyen la presentación de informes de sus actividades, proyectos y presupuestos con estados financieros auditados, entre muchas otras previsiones llamadas a la transparencia y la eficiente inversión de los recursos públicos.-

Prioridades y austeridad en la agenda nacional

Por Juan Bolívar Díaz

Al retornar de su último viaje de diez días que lo llevó a Cuba y los Estados Unidos el presidente Leonel Fernández se encontró un ambiente deteriorado por el recrudecimiento de los apagones y la reactivación de la violencia, incluyendo el asesinato de un dirigente popular que generó protestas en diversas poblaciones.

El gobierno atraviesa por dificultades presupuestarias fruto de ingresos menores a los proyectados para este año y del exceso de gasto en la campaña electoral lo que ha determinado acumulación de deudas y paralización de gran parte de las obras públicas, excepto el Metro de Santo Domingo que cada día demanda mayor financiamiento.

Fue relevante en la semana el clamor de los sectores empresariales para que el gobierno implemente una política de austeridad en el gasto y centre su atención en las prioridades que demanda la situación nacional, incluyendo una  enérgica apelación al cumplimiento de las leyes, más que en la reforma de la Constitución.

Signos de deterioro

Diversos signos de deterioro se registraron durante los últimos días con el recrudecimiento de los apagones por una drástica reducción de la oferta energética, lo que ha afectado las actividades productivas y la vida familiar, incluyendo el suministro de agua de una gran proporción de los acueductos operados por bombas eléctricas, mientras el brote de dengue sigue llenando los hospitales.

Al mismo tiempo se advierte una reactivación de la violencia homicida que llevaba varias semanas de reducción, tras las medidas de emergencia establecidas el mes pasado. Resaltan los enfrentamientos a tiros entre agentes policiales y presuntos delincuentes, que han dejado más de una docena de víctimas de ambas partes.

El hecho de violencia más significativo fue el asesinato por agentes policiales del dirigente del Frente Amplio de Lucha Popular en Navarrete, Elvis Amable Rodríguez, lo que desató protestas en esa población, con balance de tres heridos, las que se extendieron por ciudades de la región norte y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que hace tiempo no era afectada por violencia.

La Policía incursionó disparando indiscriminadamente e hiriendo a tres estudiantes en el Centro Universitario del Nordeste, con asiento en San Francisco de Macorís, lo que la directora Ana Rita Guzmán calificó de acción “bestial y brutal”.

Aunque en principio la comandancia de Santiago había afirmado que el estudiante Elvis Rodríguez fue muerto la noche del lunes 25 en un “enfrentamiento a tiros” con sus agentes, dos días después el jefe de la Policía anunció el sometimiento a la justicia de dos agentes, responsabilizados del asesinato, y el traslado de la dotación policial de Navarrete, además de una exhaustiva investigación para determinar si otros de sus miembros son pasibles de sanciones.

En Moca sí hubo enfrentamiento policial con delincuentes que intentaban asaltar una banca de apuestas el miércoles, pues allí murió el raso José Restituyo y fue herido el teniente Ramón Encarnación Montero. También perdieron la vida dos de los asaltantes.

En el sector Gurabo, de Santiago, desconocidos hirieron de perdigones al teniente policial Fernando de los Santos, y horas después agentes del orden mataron allí mismo a dos hombres que intentaban asaltar un supermercado. En esa acción fue herido el sargento Federico García Abréu, mientras en Villa Mella la Policía daba muerte a un hombre que según la versión oficial habría resistido una orden de arresto.

Los asesinatos del periodista Lavatta, en Los Alcarrizos, de tres personas en una tienda de la avenida Padre Castellanos de Santo Domingo, del vigilante Julio Cabrera en Arroyo Hondo despojado de una escopeta, y del sargento del Ejército Nacional Milkis Ramírez, en Brisas del Este, Santo Domingo Este, contribuyeron al recrudecimiento de la violencia criminal, mientras se investiga el asesinato de los empresarios Enrique Serrata y José Checo Estévez, en el sector capitalino de Miraflores.

Prioridades y austeridad

Los reclamos de prioridades en la atención gubernamental y en la inversión pública y de austeridad en el gasto que últimamente habían sido sustentados por economistas como el padre José Luis Alemán, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y la Asociación de Industriales de Herrera, fueron reivindicados esta semana por el Consejo Nacional de la Empresa Privada en el discurso ante la Cámara Americana de Comercio de su presidenta Elena Viyella de Paliza.

Tras denunciar la creación de 30 mil nuevos empleos gubernamentales en los primeros 5 meses del año, que atribuyó al excesivo gasto durante la campaña electoral, la empresaria reclamó el miércoles 27 la reducción de las nóminas estatales supernumerarias y la adopción de un plan de austeridad y racionalidad en el gasto.

Aunque favoreció la reforma de la Constitución de la República, que aparece como prioridad gubernamental, la líder empresarial no la consideró urgente y pidió que el gobierno centre su atención en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, en la solución de la crisis energética, en las reformas estructurales pendientes con la aprobación de leyes acordadas con el Fondo Monetario Internacional y el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Elena Viyella concibe como urgente una estrategia de nación que defina prioridades, fortalezas, debilidades, desafíos y oportunidades, asumiendo los retos y posibilidades que conlleva el tratado de libre comercio aún sin fecha para entrar en vigencia, según declaró esta semana el embajador de Estados Unidos, Hans Hertel.

Pidió mejorar el clima de negocio, venciendo obstáculos al comercio y la competitividad y facilitando la transformación y adecuación del aparato productivo.

El discurso de la presidenta del CONEP discurrió largamente sobre la prioridad de cumplir las leyes, que señaló como “reto fundamental”, al señalar la percepción de “falta de autoridad”, quejándose de que “hemos propiciado el flagrante y generalizado irrespeto a la ley y la autoridad”. Especificó  las violaciones a las leyes de tránsito, de la seguridad social, de servicio civil y carrera administrativa, de libre acceso a la información pública, de defensoría del pueblo,  y de la declaración jurada de bienes, además de la ley general de Electricidad.

El mismo día del crítico discurso de la señora Viyella, la Fundación Institucionalidad y Justicia, del sector empresarial, entregaba un comunicado planteando  que “la mejor manera de contribuir a la institucionalidad del país en este momento, no es aprobando una nueva Constitución, sino creando una verdadera cultura de cumplimiento de la ley y de la Constitución que actualmente nos rigen”.

Coincidió con el CONEP en el inventario de leyes por cumplir, agregando la de sobre compras y contrataciones del Estado, con lineamientos estrictos de transparencia y competencia, y el cumplimiento de la Ley de Educación que dispone el 4 por ciento del productor bruto para ese sector.

Y como reclamo adicional al de Finjus de que “sometamos al orden al mismo Estado”, decenas de instituciones sociales publicaban otro comunicado insistiendo en que la reforma constitucional sea mediante una asamblea constituyente electa al efecto.-

Apremios presupuestarios

En el ámbito económico se registra esta semana una caída del 2.3 por ciento en el valor del peso cuya cotización promedio en el mercado institucional se elevó de  32.15 a 33.94. Al comenzar septiembre era de 32.85, por lo que en el mes el peso cayó 3.2 por ciento. Esta semana la tasa de interés para depósitos de largo plazo en las subastas de los miércoles del Banco Central fue incrementada en 1 por ciento, de 12.6 a 13.5, por primera vez en el curso de este gobierno.

Serias dificultades presupuestarias han afectado en las últimas semanas la gestión gubernamental a consecuencia de recaudaciones por debajo de lo estimado para este año y del exceso de gasto registrado en los meses de la campaña electoral. El martes el director de la Oficina Nacional de Planificación, doctor Guarocuya Féliz reconoció los apremios, indicando que los ingresos están por debajo de lo presupuestado para el año y que la secretaría de Obras Públicas y la Oficina Supervisora de Obras del Estado gastaron en los primeros 6 meses toda la asignación del 2006.

Eso explica la paralización de gran parte de las obras públicas, mientras el Metro de Santo Domingo acapara el grueso de los recursos disponibles. Hace un par de semanas se reveló que en junio se destinaron 160 millones de pesos para el Metro y solo 100 millones para las demás obras. El Colegio de Ingenieros denunció el crecimiento de la deuda con los constructores.

En tanto el Instituto Nacional de Estabilización de Precios está paralizado y los recursos que le asignan apenas alcanzan para pagar 2 mil 200 empleados que no hacen nada y deudas que ascienden a más de 275 millones de pesos. En la Dirección de Bienes Nacionales donde se ejecuta un contrato de privatización sin aprobación congresional se han acumulado deudas de dos salarios con sus empleados. También el Instituto Postal dominicano pasa por graves precariedades, según reveló su director. Y en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo últimamente no ha habido recursos ni para el combustible que mueve sus vehículos.

Mientras tanto en el Congreso se denuncia como oneroso un contrato firmado con la empresa  española Icasur para administrar la revisión de los vehículos de motor. La comisión de diputados que lo estudia se apresta a rechazarlo tras revelarse que la contratación dejaría en manos de los empresarios el 82 por ciento de los ingresos.

También afecta la imagen del gobierno la queja por televisión del Superintendente de Bancos Rafael Camilo, por los ataques personales y contra el sistema financiero de los defensores de los acusados del fraude de Baninter, que al mismo tiempo son funcionarios y aliados gubernamentales.

Los apremios nacionales de las últimas semanas redujeron el impacto de informes positivos como el del Foro Económico Mundial que asegura que en el último año el país ascendió 19 puestos en su escala de competitividad y esfuerzos por atraer inversiones, y el de una encuesta del Banco Central, según la cual la producción del sector manufacturero mejoró 17 por ciento entre abril y junio pasados.

Retos y peligros de la segunda mitad

Por Juan Bolívar Díaz

http://hoy.com.do/image/article/111/460x390/0/FCFEBF93-EA42-478A-B1A2-DD6FEAAC2810.jpeg

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) empieza la segunda mitad de su gobierno con grandes posibilidades de afianzarse como fuerza política dominante, sobre todo si evade el inmediatismo y se concentra en una gestión de largo plazo acompañada de una vuelta a sus orígenes que reduzca los riesgos de luchas internas.

Ahora que por primera vez concentra los poderes Ejecutivo y Legislativo, y con los partidos de oposición sin perspectivas de repuntar a corto plazo, el gobierno del presidente Leonel Fernández puede emprender importantes transformaciones institucionales y sociales sin urgencias para los comicios del 2008.

Sus principales retos podrían presentarse en las políticas económicas que han representado su mayor éxito en la primera mitad, en una transparencia que todavía escasea, en una mejor distribución del ingreso y en desarrollar capacidad para establecer una alianza con la sociedad civil.

Gestión de largo plazo

Con mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas y un Poder Ejecutivo que mantiene amplia aceptación popular, el PLD tiene muchas posibilidades de afianzarse como fuerza política dominante si evade las tentaciones del inmediatismo y realiza una gestión gubernamental de largo plazo.Dado el deterioro interno y el descrédito de los partidos de oposición, sin mayores posibilidades de repuntar en el corto plazo, el gobierno peledeísta no parece tener urgencias políticas de cara al próximo desafío electoral dentro de 21 meses. Los dos mayores partidos de oposición aparecen sin un líder capaz de unificarlos y convertirlos en una alternativa real de poder.

Tres meses después de las elecciones en que la alianza de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) resultara un fiasco, en vez de abrirse expectativas de rectificación y renovación, aparecen sumidos en el desconcierto y las luchas internas.

La últimas decisiones de los legisladores de esos partidos al concluir el período constitucional en que dominaron el Congreso sólo ha servido para ratificarlos como traficantes de la política, sin que sus partidos hayan producido las sanciones prometidas.

El clientelismo con el que sobreviven determina que les resulte casi imposible ponerse de acuerdo para una candidatura común en la Liga Municipal Dominicana, lo que permitirá al PLD quedarse también con el control de ese organismo. Por lo menos  en el ayuntamiento de Santiago ya perredeistas y reformistas demostraron sus incapacidades para actuar en consonancia con la alianza que sostuvieron en los pasados comicios.

Pero más que preocuparse por unos centenares de empleos en la Liga Municipal, o por el reciente absurdo de concentrar los cuerpos de bomberos en violación a la ley de organización municipal, el PLD y su gobierno deberían concentrarse en las grandes demandas nacionales, con soluciones de mediano y largo plazo y diferenciarse de los otros partidos evadiendo las confrontaciones, dejando que ellos se consuman en sus luchas intestinas.

Retos institucionales

El PLD acertó al elegir a su secretario general Reinaldo Pared Pérez y a Julio César Valentín para presidir el Senado y la Cámara de diputados y sus discursos al posesionarse dejaron esperanzas. El primero planteó entre las prioridades un amplio programa de reformas institucionales y políticas en consonancia con el legado político y moral del fundador de ese partido, el profesor Juan Bosch.

Entre esas reformas están algunas integradas al tratado de libre comercio suscrito con Estados Unidos, como las leyes que crearían las secretarías de Planificación y Desarrollo y de Hacienda. También las de Arbitraje, Defensa de la Competencia, Planificación e Inversión Pública, Sistema Integrado de Administración Financiera y el Sistema de Control Interno.

No menos importantes para el fortalecimiento institucional serían también las nuevas leyes para regular el Presupuesto Nacional y la Contraloría General, que junto a la recién aprobada ley sobre contrataciones, compras y concesiones del Estado, deben ser base de una nueva transparencia y de políticas para reducir la corrupción.

Una ley de partidos políticos, que regule su funcionamiento interno y sus finanzas es otra urgencia para el mejoramiento institucional,  paralela con una ley de participación social.

Todo ese prontuario legislativo está sobradamente diagnosticado, discutido y prometido por el sistema político y deben ser parte fundamental de una gestión gubernamental de largo plazo, junto a un empeño por dar vigencia a otras legislaciones vigentes que aún no se cumplen, como las que crean el Sistema de Seguridad Social, la Defensoría del Pueblo y la de Defensa del Consumidor.

Esa agenda legislativa es prioritaria a la reforma constitucional en la que el gobierno parece centrar su prioridad con el agravante de que está renunciando al compromiso programático y  los pactos que han acordado realizarla mediante una Asamblea Constituyente de elección popular.

En las actuales perspectivas políticas, el gobierno debería honrar ese compromiso en una alianza con la sociedad civil, auspiciando la elección de la constituyente junto a la presidencial del 2008 para culminar la agenda de reformas políticas e institucionales “guiado -como planteó Reinaldo Pared- por la pluralidad, tolerancia, participación, respeto, moderación y prudencia”.

Ese programa legislativo ejecutado con transparencia, convirtiendo el Congreso en la casa de cristal que evocó Valentín, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, produciría un rescate de la credibilidad del Poder Legislativo, situado como los partidos políticos entre las cinco institucionales nacionales que menor confianza tienen de la ciudadanía, según la encuesta de Gallup para HOY publicada esta semana.

Retos económicos

El primer gran reto del gobierno peledeista es no repetir el error de concentrar la inversión en grandes proyectos capitalinos, como ocurrió en su gestión 1996–2000. La amenaza la representa el barril sin fondo del Metro que construye en Santo Domingo y el desbordamiento del gasto que ya obligaron a paralizar las obras en el interior del país como reconoció esta semana el vocero Roberto Rodríguez.

Una real política de austeridad parece inaplazable y más posible sin urgencias  clientelistas, lo que le daría fuerza moral para las nuevas cargas impositivas que han adelantado como inevitables para enfrentar la bomba de tiempo del déficit del Banco Central, cuantificado ya en más de 162 mil millones de pesos. El secretario Técnico de la Presidencia, Temístocles Montás, consideró esta semana que el déficit cuasifiscal y el déficit energético son los principales retos del gobierno.

El gobierno peledeísta debe cuidarse de mantener  el triunfalismo del crecimiento económico sin redistribución del ingreso -otra de las deficiencias de su anterior gestión- y de no dar prioridad real a la educación, la salud, la vivienda popular, la energía eléctrica y la seguridad social.

Deberían considerar que la reciente encuesta Gallup para HOY  arroja que el 62.7 por ciento de la población considera mal o muy mal la situación económica, casi 20 por ciento más que en abril pasado, pese a que el Banco Central registra un crecimiento del producto bruto de casi 12 por ciento en la primera mitad del año.

Tal como planteó esta semana la socióloga Rosario Espinal, las posibilidades de afianzamiento del PLD como fuerza política dominante pasan por una vuelta a sus orígenes boschistas con  reformas económicas y sociales en orden a una mejor distribución del ingreso y reducción de la pobreza.

Los mayores peligros

Entre los mayores peligros que corre la nueva hegemonía peledeísta está su creciente asociación con posiciones conservadoras y seguir el camino de gobernar en función de estas.

Así mismo dar rienda suelta a ciertos pujos autoritarios y realizar una reforma constitucional a la medida del partido, con absoluto predominio de su fuerza legislativa, sin dar participación a los diversos sectores sociales para que tenga un profundo contenido democrático, como prometiera en su programa de gobierno.

El empeño, casi imposible, de concluir el Metro capitalino antes de los comicios del 2008, lo que conllevaría una reducción de inversiones prioritarias, y el no enfrentar con equidad el déficit del Banco Central, en medio de las penalidades del precio del petróleo y una mayor carga de deuda externa para los próximos dos años, podrían revertir el mayor éxito gubernamental que ha sido la estabilidad macroeconómica.

Gobernar con inmediatismo, en función de la reelección presidencial obligaría a políticas de efectos inmediatos que podrían tornarse en riesgos políticos incluso al interior del PLD, donde amplios sectores no ocultan su preocupación sobre el particular. Sobre todo la maquinaria política cada vez más inclinada a Danilo Medina como alternativa de poder.

Las encuestas muestran que el presidente Fernández mantiene un alto nivel de aceptación, y los analistas entienden que buscaría una reelección con buenas posibilidades de lograrla. Pero su propio carácter y vocación más académica que de activismo partidista, dejan el campo abierto a la emergencia de una alternativa en su propio partido.

En definitiva, la propia debilidad de los partidos de oposición podría convertirse en un riesgo de sobreestimación del gobierno y llevarle a ignorar que en estos tiempos la popularidad de los gobernantes se esfuma con rapidez como ha ocurrido en las últimas décadas en América Latina, donde las reelecciones democráticas no alcanzan para los dedos de una sola mano.

La enorme deuda social y las profundas insatisfacciones generan convulsiones sorpresivas, y si no hay partidos alternativos, se imponen  figuras casi siempre con rasgos providencialistas.-

Metas incumplidas en primera mitad

Por Juan Bolívar Díaz

http://hoy.com.do/image/article/109/460x390/0/6B30708C-1878-4EE8-A3ED-0E19EEF8412C.jpeg

Al llegar a la mitad del período constitucional el mayor éxito del gobierno del presidente Leonel Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) radica en haber recuperado la estabilidad y el crecimiento macroeconómico, aunque a un costo elevado de endeudamiento del Banco Central.

Una revisión del discurso inaugural del doctor Fernández permite concluir que la mayoría de sus metas no se han cumplido, especialmente al no haber dado prioridad a  la inversión en educación, salud y solución de la eterna crisis de la energía eléctrica, cambiándola por la improvisación en la construcción de un metro capitalino.

El discurso modernizante del primer mandatario ha estado en contradicción con la repetición de viejas prácticas de poca transparencia, que no fortalecen la institucionalidad democrática y que centra la atención más en cerrar la brecha digital que la ignominia social dominicana.

Estabilidad económica

El cambio de gobierno en el 2004 implicó de inmediato la recuperación de la confianza y la estabilización de la economía, que ya había pasado por lo peor de devaluación-inflación y huida de capitales, no sólo fruto de la crisis bancaria, sino también de las incertidumbres generadas por el intento de reelección del presidente Hipólito Mejía en circunstancias tan adversas.

El sosegado discurso del presidente Fernández y las restricciones monetarias contribuyeron a la recuperación de la estabilidad macroeconómica. Siguió el proceso de reducción de la inflación que entre marzo y agosto ya registraba tasas de 1 por ciento mensual y la cotización del peso cayó del 42 al 29 por dólar en unos pocos meses para establecerse alrededor del 32 por uno.

En vez de enfrentar el déficit cuasifiscal del Banco Central, por los certificados emitidos para cubrir el fraude bancario, el nuevo gobierno ha continuado esa política elevándolo de 89 mil millones a unos 162 mil millones, con un crecimiento del 80 por ciento, constituyéndose en una bomba de tiempo para la economía nacional.

Pero esa estabilidad forzada  ha incentivado el retorno de capitales con incremento de inversiones. El resultado ha sido unánimemente reconocido: una reanudación del crecimiento económico con tasa de 9 por ciento en el 2005 y sobre el 11 por ciento en la primera mitad del año en curso.

El restablecimiento del acuerdo con el FMI y una exitosa renegociación de la deuda externa que aplazó el pago de cientos de millones de dólares y dos reformas tributarias han permitido al gobierno disponer de mayores recursos para inversiones y gastos, que han contribuido al crecimiento económico, pero que también representan una amenaza por la acumulación de pagos para la segunda mitad del período.

Al gobierno peledeísta hay que reconocerle éxito en la política monetaria y en un notable fortalecimiento de la supervisión del sistema financiero, en una mayor eficiencia de los organismos recaudadores y de la administración pública en general. También en la profesionalización del ministerio público y mejoramiento del sistema carcelario, así como en una expansiva política internacional.

Los mayores déficits

Entre los mayores déficits de esta gestión se cuenta una política de inversión que dejó relegada la educación y la salud, con tasas inferiores al mandato legal y los parámetros internacionales, reduciendo la política social al asistencialismo de “comer es primero” que proporciona 550 pesos mensuales a más de 150 mil familias.

El discurso de modernización y reducción de la brecha digital y de la sociedad de la información choca con el poco esfuerzo por mejorar la formación de los recursos humanos y establecer políticas para reducir la tremenda brecha social que mantiene en la pobreza a la mitad de la población. Lo destinado para educación en el 2006 alcanza apenas a la mitad del 8 por ciento del producto bruto interno o el 16 por ciento del presupuesto nacional que establece la Ley General de Educación.

La política de austeridad anunciada en el discurso inaugural del presidente Fernández se quedó en el papel, y en vez de reducirse el gasto en “no menos del 20 por ciento” se ha visto incrementado con altos sueldos, excesiva gasto publicitario y de asuntos superfluos. En vez de suprimir cargos excesivos aumentaron los subsecretarios y los vicecónsules. Tampoco se han suprimido los privilegios consulares que se prometió cambiar por sueldos fijos y el Estado ha seguido financiando jepetas y otros vehículos de lujo.

El metro capitalino que no figuraba en el programa de gobierno ni en el discurso inaugural, rechazado por el inoperante Consejo Económico y Social,  ha centralizado la inversión del Estado, extendida también en términos fastuosos al edificio de la Suprema Corte de Justicia, a la biblioteca de la Universidad Autónoma, a la terminación de una clínica privada y la ornamentación de un parque en Santiago.

La falta de transparencia, las inversiones y gastos sin concursos ni licitaciones  y tráficos de influencia han dejado mucho que desear en una real política de prevención y combate a la corrupción, que se ha limitado a dos o tres sometimientos de funcionarios del anterior gobierno. Al mismo tiempo con el retiro de los abogados del Estado  fue congelado el proceso judicial abierto contra funcionarios del anterior gobierno del PLD, que volvieron a ocupar cargos relevantes.

Contradicciones al interior del gobierno han dejado mucho que desear en los procesamientos judiciales a los acusados de los fraudes bancarios, aunque el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Suprema Corte le han salvado la cara, presionados por el acuerdo con el FMI que los reclama.

El fracaso energético

El balance de la mitad del período no permite augurar una solución a la crisis energética, que para la opinión general debería ser la primera prioridad nacional, por sus repercusiones sobre la competitividad de los sectores productivos, sobre todo al aproximarse el inicio del tratado de libre comercio con Estados Unidos.

De las políticas energéticas planteadas por el presidente Fernández en su discurso inaugural sólo se ha logrado la aprobación de la ley de incentivo a las energías renovables, pero lo apagones y una electricidad cada vez más cara han seguido flagelando el cuerpo social, mientras el subsidio de 20-25 millones de dólares anuales se ha duplicado, con el agravante del desmesurado incremento en el costo del petróleo..

Ni se han renegociado los contratos de compra y venta de energía, ni se ha realizado licitación internacional para privatizar la administración de las empresas distribuidoras estatales, como tampoco se han transparentado los costos ni se ha aumentado el índice de cobros, aunque el presidente Fernández ha repetido que sectores pudientes son los que más se roban la energía.

En el ámbito institucional también hay más sombras que luces. El Consejo Económico y social y la Comisión Nacional de Etica aún no pasan de las intenciones, y empañan la gestión gubernamental la recurrencia a las políticas clientelistas, las compras de opositores y el exceso de gasto que generó un déficit de casi 5 mil millones de pesos en la campaña electoral de este año.

A pesar de sus limitaciones, y favorecido por la debilidad en que se han sumido los partidos de oposición, el gobierno puede reivindicar una renovación de la confianza ciudadana por el resultado de las elecciones de este año que le otorga el control del Poder Legislativo, lo que supone mayores posibilidades, aunque también más fuertes riesgos para la segunda mitad de su período.

Consultas no han faltado

Por Juan Bolívar Díaz

http://hoy.com.do/image/article/239/460x390/0/FC22EEF7-3321-468A-8D91-4DD0AD3E6F33.jpeg

Por más vueltas que se le dé no es posible entender que el gobierno y el Diálogo Nacional se puedan embarcar en una nueva consulta sobre reforma constitucional, ignorando las realizadas en la última década, que han involucrado a miles de ciudadanos y ciudadanas representantes de centenares de instituciones políticas y sociales.

Particularmente relevantes y minuciosas, fueron las consultas realizadas en la anterior gestión del presidente Leonel Fernández por su Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado y por el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) como la rebautizó el presidente Hipólito Mejía.

Esas consultas generaron un “Anteproyecto de Constitución de la República Dominicana” elaborado por CONARE, que a su vez fue de los insumos básicos para las modificaciones incluidas en el “Informe de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional” instituida por decreto presidencial en marzo del 2001.

¿Continuidad del Estado?

Lo primero que queda en cuestionamiento con la disposición del presidente Leonel Fernández de que se proceda a una nueva consulta para una reforma constitucional es el principio de continuidad del Estado.

En este caso no solo se ignorarían importantes realizaciones del anterior gobierno, correspondiente a otro partido político, sino también las del actual titular del Poder Ejecutivo en su gestión de 1996-2000.

Las dos consultas anteriores no solo involucraron a una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas independientes y dirigentes de cientos de organizaciones políticas y sociales, que invirtieron miles de horas de trabajo, sino que también tuvieron un costo económico pagado por el Estado.

 Por lo menos una docena de libros y folletos, con miles de ejemplares, fueron impresos y distribuidos por las agencias gubernamentales que patrocinaron asambleas, conferencias y seminarios, muchos de ellos con expertos extranjeros invitados y pagados con fondos del presupuesto nacional y donaciones de instituciones internacionales.

Que el Consejo Económico, Social e Institucional y el Diálogo Nacional que coordinan monseñor Agripino Núñez Collado se involucren en la realización de una nueva y redundante consulta, abonará el criterio de que los dominicanos y dominicanas son prolíferos en consensos que luego no se cumplen.

 Por ahí andan también los numerosos volúmenes de resoluciones y recomendaciones que salieron del Diálogo Nacional que auspició el propio presidente Fernández en su anterior gestión de gobierno, en el cual se invirtieron decenas de millones de pesos en sesiones regionales durante varias semanas y una gran plenaria nacional de varios días.

Además de las consultas realizadas por el organismo “para reforma” del Estado, las hay también auspiciadas por otras instituciones. Resaltan la que realizó a Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2000, que también involucró a decenas de entidades sociales y académicos.

Igualmente relevante fue la realizada entre 1993 y 1994 por la Fundación Siglo 21, con auspicios del Proyecto de Iniciativas Democráticas de financiamiento internacional, que involucró al liderazgo de los partidos políticos, así como a organizaciones de base. El resultado fue un consenso de reformas constitucionales y políticas suscrito por los partidos el 7 de abril de 1994, a excepción del entonces gobernante Partido Reformista Social Cristiano, que aunque participó del consenso no lo suscribió. Quedó impreso en un folleto.

Los foros de la Comisión

Entre el 13 de diciembre de 1997 y el 10 de agosto de 1998, la Comisión para Reforma y Modernización del Estado, en cumplimiento del mandato contenido en el decreto 484-96 del presidente Leonel Fernández, auspició 16 foros regionales sobre reformas constitucionales.

Mil 344 ciudadanos y ciudadanas, representantes de 872 instituciones y de 73 municipios participaron en la consulta, que arrojó 278 propuestas, gran parte de ellas coincidentes. Por ejemplo en casi todas se concluyó recomendando que la reforma a la Constitución se hiciera mediante una Asamblea Constituyente electa directamente. Sólo uno de los foros reclamó que se dejara en manos de los diputados y senadores.

 Las propuestas de cada uno de esos foros están recogidas en el libro de 235   páginas publicado por La Comisión con el título “El Pueblo discute su Constitución”. Se refieren a las funciones Ejecutiva, Judicial, Legislativa, Electoral, de Control y Municipal, así como a Derechos Humanos, Participación Política, Procedimiento de Modificación y otros.

La Comisión publicó otros dos libros sobre la materia: La Reforma Constitucional en Resumen de Prensa, y La Asamblea Constituyente en América Latina Hoy”. En 1999 editó también 8 folletos de más de cien páginas cada uno donde recoge exposiciones que auspició sobre los más diversos aspectos de la reforma constitucional.

 La metodología seguida en los foros fue ampliamente democrática, bajo la dirección de la doctora Leyda Margarita Piña, que ahora ha vuelto a trabajar en CONARE. El secretario Ejecutivo de la Comisión era el doctor Onofre Rojas, actual Ordenador Nacional de los Fondos Europeos.

El proceso fue aprobado por una subcomisión de Reforma Constitucional, coordinada por el doctor Max Puig, actual secretario de Medio Ambiente, e integrada por 21 personalidades de los diversos sectores de la vida nacional, como Agripino Núñez, el actual vicepresidente Rafael Alburquerque, Danilo Medina, César Pina Toribio, Celso Marranzini, José Manuel Paliza, Rafael Toribio, Lourdes Contreras, César Estrella Sadhalá, Huchi Lora y Manuel Estrella, entre otros.

Proyecto de CONARE

A pesar de tan prolífica labor, la Comisión de Reforma del Estado no llegó a formalizar un anteproyecto de Constitución, a lo que debió contribuir el hecho de que el Congreso estaba en manos de la oposición. Se elaboraría en el gobierno de Hipólito Mejía, quien cambió el nombre a la comisión, por el de Consejo Nacional para la Reforma del Estado.

Con una asamblea a la que asistió el presidente Mejía y cientos de dirigentes políticos y sociales, el 7 de noviembre del 2000, se inició un programa para elaborar un anteproyecto de Constitución. El documento quedaría en manos del Poder Ejecutivo y fue ignorado cuando en el 2002 la mayoría legislativa perredeista modificó la Constitución simplemente para restablecer la reelección presidencial y permitir la repostulación de Hipólito Mejía.

Tomando en cuenta las propuestas de los foros, la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, entre otras, diez comisiones trabajaron durante cuatro meses en igual número de temáticas constitucionales. Participaron más de 200 representantes de unas 80 organizaciones políticas y sociales.

En el proceso participaron algunos de los técnicos y expertos, así como muchos de los dirigentes sociales y políticos que habían estado en la consulta realizada por la comisión. El director de CONARE era el doctor Tirso Mejía Ricart, quien promovió el anteproyecto de Constitución en innumerables programas de radio y televisión, así como en la prensa escrita. Fue recogido en un folleto del cual se imprimieron 10 mil ejemplares que fueron distribuidos entre las instituciones nacionales.

La Comisión Especial

El anteproyecto de Constitución ya estaba impreso cuando el presidente Mejía emitió su decreto 410-01, del  21 de marzo del 2001, que creó una “Comisión Especial” con el objetivo de que propusiera las modificaciones, y formas de hacerla, que debieran introducirse a la Constitución de la República.

El documento de CONARE se constituyó en el principal insumo de la Comisión, que comenzó sus labores construyendo una matriz que  resumía esas propuestas, lo mismo que las presentadas por la UASD y la UNPHU, así como las del Dálogo Nacional y la Comisión de Reforma y Modernización del Estado.

Todos los partidos políticos reconocidos, las iglesias, tres universidades, las instituciones empresariales y sindicales, la federación de estudiantes de la UASD, CONARE, y una decena de instituciones sociales, incluyendo organizaciones barriales, estuvieron representadas en esta comisión, donde se incluyó a una decena de juristas.

El documento final fue entregado al presidente Mejía el 13 de agosto del 2001 por monseñor Agripino Núñez, quien coordinó los trabajos. Incluía no solo las propuestas de fondo, sino también un anteproyecto de ley para declarar la necesidad de reformar sus artículos 117 y 118 para instituir la Asamblea Constituyente electa por voto directo y con representación de las organizaciones de la sociedad civil.

El 27 de septiembre del mismo año, dirigentes de los tres partidos mayoritarios y el presidente Hipólito Mejía, con Monseñor Agripino Núñez como testigo,  firmaron un “Pacto por la Reforma Constitucional”, en el que se comprometían a “promover, guiar, orientar y realizar una reforma de la Constitución”.

El acuerdo establecía que el Congreso haría una reforma inicial de cuatro aspectos: eliminar los colegios electorales cerrados; reducir el porcentaje para elección presidencial al 45 por ciento y 40 si el primero superaba al segundo con más de un 10 por ciento; consagrar la elección popular de los diputados al Parlamento Centroamericano; e instituir la figura jurídica de la Constituyente por elección popular, que se abocaría a la reforma integral de la carta magna.

Para nada sirvió todo el proceso, porque el gobierno engavetó las propuestas y en agosto del 2002, sus legisladores, asociados con los del Partido Reformista Social Cristiano, procedieron a una modificación para restablecer la reelección presidencial, aunque también eliminó los obsoletos colegios electorales cerrados.

Ahora lo que correspondería sería reivindicar todos esos consensos, economizando tiempo y recursos, lo que no impediría que una asamblea constituyente hiciera los ajustes procedentes.-

Sobra consenso para La Constituyente

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/100/460x390/0/6CB60187-DCB3-45CC-8CCB-2FF78B0B8C08.jpeg

El inicio de una consulta nacional sobre la reforma constitucional sería sobreabundante y una forma de perder el tiempo, puesto que ya se hizo en el anterior gobierno del presidente Leonel Fernández lo mismo que en el siguiente de Hipólito Mejía. El consenso ha sido amplio sobre la instauración de una asamblea constituyente por elección popular, como mecanismo para reformar la constitución de la República y del mismo han participado relevantemente tanto el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como su líder el doctor Fernández.

Si se va a emprender en serio una reforma constitucional es fundamental rescatar la propuesta de consenso nacional elaborada en el 2001 y el pacto para una reforma constitucional que los tres partidos mayoritarios suscribieron el 27 de septiembre de ese año, teniendo como testigos al presidente Hipólito Mejía y a Monseñor Agripino Núñez.

Propuesta incoherente

La mayoría congresional obtenida por primera vez por el PLD en los comicios del mes pasado ya ha comenzado a determinar cambios en los compromisos programáticos de la organización y en el discurso del presidente Leonel Fernández.

Ha llamado la atención la prioridad que el gobierno atribuye a la reforma constitucional y que el presidente Fernández considere ahora que el mecanismo de la Asamblea Constituyente es “traumático y costoso”.

Para algunos analistas la propuesta de iniciar una amplia consulta nacional sobre la reforma constitucional es redundante puesto que ya se ha hecho varias veces en la última década, y no faltan quienes creen que se trata de un mecanismo para desviar la atención de importantes problemas nacionales. Una nueva consulta a la población para reformar la Constitución ignoraría los acuerdos del Diálogo Nacional auspiciado por el anterior gobierno del presidente Fernández, así como el proyecto de consenso elaborado en el 2001 por una amplia comisión creada por el presidente Hipólito Mejía, y el pacto para la reforma constitucional suscrito en septiembre del mismo año por los tres partidos mayoritarios.

Esta semana monseñor Núñez Collado anunció que una comisión ha comenzado a trabajar en un esquema para la reforma constitucional que presentarán al gobierno a mediados de julio para luego escuchar las propuestas de los diferentes sectores sociales.

La comisión está integrada por el Consejo Económico Social e Institucional que coordina el propio Agripino Núñez, el Consejo Nacional para la Reforma del Estado, que dirige el sociólogo Marcos Villamán, y la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia, a cargo del también sociólogo Carlos Dore.

Para mayor muestra de ignorancia de los consensos y pactos nacionales sobre la materia, el gobierno busca los servicios de consultores extranjeros para que elaboren un documento base a ser sometido a consideración de los diversos sectores sociales.

Amplio consenso

En la primera mitad del gobierno de Fernández (1996-00) tuvo efecto una amplia discusión sobre la reforma constitucional, que culminó en un Diálogo Nacional que incluyó consultas por todo el país durante varios meses.

Todo comenzó en octubre de 1996, dos meses después de instaurado el primer gobierno de Fernández, cuando mediante decreto 484-96 creó la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, integrada por 21 representantes del gobierno y las organizaciones sociales.

Entre los objetivos del nuevo organismo se señaló específicamente presentar “propuestas sobre los contenidos fundamentales de la reforma constitucional y las modificaciones para la convocatoria de una Asamblea Constituyente elegida por voto directo de los ciudadanos”.

Desde entonces y hasta agosto de 1998 cuando legisladores peledeistas y reformistas intentaron una reforma constitucional, se produjo un intenso debate. La generalidad de las instituciones y dirigentes políticos participantes, incluyendo a los del PLD y su gobierno, favorecieron la instauración de la Asamblea Constituyente por elección popular.

Un libro que resume lo publicado en los periódicos sobre la reforma constitucional, editado por la Comisión para la Reforma del Estado, recoge una opinión mayoritaria a favor de la Asamblea Constituyente y de rechazo a una reforma determinada por los intereses de quienes controlen el Congreso Nacional.

A favor de la Asamblea Constituyente se manifestaron numerosos dirigentes peledeístas, resaltando el Presidente Fernández y Danilo Medina en dos ocasiones cada uno, y el entonces secretario general del partido morado Lidio Cadet, quien la reclamó por lo menos 6 veces, llegando a proponer que fuera electa en los comicios de 1998.

El 10 de agosto de 1998 el presidente Fernández fue categórico en que la reforma debía hacerse mediante una Asamblea Constituyente, un día después que se anunciara que el Comité Central de su partido propondría un mecanismo para instituirla.

El 18 de agosto del 1998 Cadet llegó al grado de emplazar a los partidos de oposición, que entonces controlaban el Congreso, a comprometerse en la institución de la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma de la Constitución.

Apoyo generalizado a el 12 de marzo, el doctor Onofre Rojas, quien dirigía la Comisión Presidencial de Reforma del Estado, había anunciado la elaboración de un proyecto de ley para modificar los artículos 116-118 de la Constitución a fin de instituir la Asamblea Constituyente por voto directo. “No hay un solo sector de la vida nacional que no esté de acuerdo con ese mecanismo, proclamó.

El libro ya citado recoge una gran cantidad de opiniones favorables a la elección de una Asamblea Constituyente, que incluyó a los obispos católicos, relevantemente al Cardenal López Rodríguez, quien la reclamó cinco veces, lo mismo que Max Puig. Onofre Rojas en cuatro ocasiones, Danilo Medina, César Pina Toribio y Milton Ray Guevara en dos oportunidades.

Personalidades ya desaparecidas como César Estrella Sadhalá, Julio G. Campillo Pérez, Manuel García Lizardo y Ramón Tapia Espinal también favorecieron el mecanismo de la Asamblea Constituyente, lo mismo que muchos juristas, incluyendo a Jottin Cury, Milton Ray Guevara, Marino Vinicio Castillo, Franklin García Fermín, Mario Fread Vittini y Ramón Blanco Fernández.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Jóvenes Empresarios, Participación Ciudadana, las fundaciones Institucionalidad y Justicia y Siglo 21, asociación de Abogados Empresariales y la Confederación Autónoma Sindical Clasista también favorecieron la Constituyente por voto directo.

El PRD no quedó atrás y su líder José Francisco Peña Gómez, quien siempre favoreció la Asamblea Constituyente con amplia participación social, propuso al presidente Fernández que se eligiera sus integrantes junto a los legisladores y síndicos en los comicios de 1998. Varios dirigentes perredeistas se unieron al clamor.

Igual se pronunciaron los empresarios Alejandro Grullón y José Manuel Paliza, y casi todos los diarios en notas editoriales. Entre las 100 propuestas de modificaciones constitucionales elaboradas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo figuró también la elección de constituyentes.

Compromiso del PLD

La Constituyente ha aparecido en todos los programas de gobierno del PLD. En el de 1996 se prometía “Abogar por un sistema de elección para la Asamblea Constituyente, que sea más abierto y flexible que el que propicia el sistema electoral vigente para facilitar la más amplia participación ciudadana”. En el del 2004: “Propiciar la Asamblea Constituyente, compuesta por miembros electos libremente por la ciudadanía, como un órgano de amplia base popular que sea, por eso mismo, una genuina expresión de la democracia”.

En la campaña electoral del 2004, el doctor Leonel Fernández se manifestó partidario del mecanismo de la Asamblea Constituyente, recordando que era parte del programa de su partido “porque permite una participación más amplia”.

Fue la propuesta más reiterada en la subcomisión de reformas políticas del Diálogo Nacional auspiciado por el gobierno anterior del PLD y aprobada en la plenaria. El libro de su comisión de Reforma del Estado concluye proclamando que “la reforma constitucional mediante una Asamblea Constituyente elegida por voto directo, propuesta por el gobierno del presidente Leonel Fernández, es hoy un tema de sociedad cuya realización es de actualidad”.

El PLD fue participante activo en la Comisión Especial para la Reforma Constitucional creada por el decreto 410-01 del presidente Mejía y que sesionó entre marzo y agosto del 2001, coordinada por Monseñor Núñez Collado. Sintetizaron todas las propuestas de reformas constitucionales conocidas hasta entonces, de universidades, partidos e instituciones sociales, incluyendo las del Diálogo Nacional y la Comisión de Reforma del Estado, con participación de cientos de organizaciones sociales.

Con esa base y la participación de todos los partidos reconocidos, una docena de instituciones sociales y diez juristas, la comisión trabajó durante 4 meses elaborando un proyecto de reformas constitucionales para ser sometido a una Asamblea Constituyente que sería instituida previamente por el Congreso Nacional. Fue entregado al presidente Mejía en agosto del 2001 y publicado en un libro de la Universidad Madre y Maestra.

Resultados estrechos retan la transparencia

http://hoy.com.do/image/article/242/460x390/0/971EC5B3-EBFA-4C6D-979A-E847C3F02E6A.jpeg

Por Juan Bolívar Díaz

El alto número de provincias y municipios donde los resultados de los comicios del pasado día 16 son estrechos entre los dos primeros lugares arrojará numerosas impugnaciones que determinarán que el veredicto definitivo se tome entre una y dos  semanas, lo que no debe alarmar a nadie.

Esa circunstancia y la alta proporción de actas de colegios electorales mal elaboradas son las causas fundamentales de la lentitud que ha marcado el proceso de cómputos de los comicios congresionales y municipales, manchados por una violencia que ha arrojado 10 muertos y por alegatos de maniobras fraudulentas.

Aunque pudiera variar el resultado en alguna jurisdicción, es imposible que cambie en lo fundamental el balance que favorece al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que le otorga la mayoría absoluta en las cámaras legislativas y en 64 de los 151 municipios.

Comicios manchados

El proceso electoral del 2006 quedará manchado por la ineficiencia con que fueron operados los colegios electorales, determinando extrema lentitud en el cómputo de las juntas electorales y una violencia desenfrenada que arrojó 10 muertos en las 72 horas que siguieron al cierre de las urnas.

La incorporación del voto preferencial por los diputados ya arrojó problemas de sumatorias en las actas en los comicios congresionales y municipales del 2002, pero esta vez se multiplicaron para sorpresa general, a un extremo que debe ser registrado para que no se repita en el futuro.

 Como hace cuatro años la incapacidad para cuadrar las sumatorias de votos afectó fundamentalmente las grandes conglomeraciones de la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, La Vega, San Cristóbal y otras.

Puede ser que en algunas provincias contribuyeran las maniobras dilatorias, pero lo fundamental fueron los errores en las actas. La mejor prueba quedó en el DN, donde una diferencia de 16 por ciento determinó que los perdedores reconocieron su derrota a 22 horas de cerradas las urnas, pero los cotejos y correcciones de las actas duraron 6 días.

 En la capital de la República el 80 por ciento de las actas llegaron descuadradas, 1,500 de los 1,920 colegios electorales, según testimonió el presidente de la correspondiente Junta Electoral, doctor Mariano Rodríguez. Para finalizar el cómputo la tarde del martes 23, autoridades y delegados políticos convinieron en prescindir de 25 de las actas. De estas 7 no pudieron ser cuadradas, 10 estaban incompletas, 5 se perdieron y 3 no pudieron ser leídas.

La provincia Santo Domingo registró el mismo problema, con la mayoría de las actas mal sumadas, hasta el punto que al emitirse el boletín 18 con los resultados provisionales definitivos, todavía no se había podido completar el cómputo más que en dos de sus 7 municipios. En un par de municipios las diferencias eran pequeñas, pero de 17 por ciento para la senaduría. En el Santo Domingo Norte, de 390 actas de colegios, sólo 40 pasaron el escáner, lo que implica que el 90 por ciento tenía algún descuadre.

En la provincia de Santiago más de la mitad de las actas tenían problemas y pasó más de una semana para concluir el cómputo, pese a que allí también el ganador llevaba una gran ventaja, de más de 8 por ciento. Cuando transcurrieron 48 horas del cierre de la votación, en el boletín 7, sólo habían completado el cómputo tres de las provincias menos pobladas, Altagracia, Dajabón y Samaná, arrojando ganancias para cada uno de los tres partidos mayoritarios.

 En la mayoría de las juntas se trabajaba entre 12 y 16 horas por día, buscando cuadrar acta por acta, lo que se hizo más lento y tenso en las que tenían cientos de colegios y en las 9 donde los resultados eran más estrechos, porque los delegados políticos extremaban los reclamos.

Resultados estrecho

En 9 de las 31 provincias y el DN los resultados arrojados por las urnas fueron muy cerrados, en el mayor de los casos del 2.39 por ciento. Pero en siete quedó en menos del 2 por ciento y en 5 en menos del 1 por ciento. La menor diferencia, del 0.29 por ciento se registra en María Trinidad Sánchez, donde el PRD y aliados aventaja al PLD y aliados por sólo 165 votos. En La Vega el PLD gana al PRSC y aliados por 661 votos, equivalentes al 0.45 por ciento.

En Valverde el PLD y aliados superan al PRD y aliados por 273 votos, para un 0.47 por ciento. En Barahona el PRSC y aliados ganan al PLD y aliados por 369 votos, el 0.55 por ciento. Y en Elías Piña el PRSC aventaja al PLD por sólo 218 votos, equivalentes al 0.87 por ciento.

 En todas esas provincias y en Peravia, San Pedro de Macorís, Bahoruco e Independencia, donde las diferencias oscilan entre 1.20 y 2.39 por ciento, los tres partidos mayoritarios anuncian impugnaciones y solicitudes de revisión de los votos nulos, que superan las diferencias.

Las elecciones del 2002 se definieron con amplias diferencias en 29 provincias. La menor se registró en Santiago, donde el PRD terminó ganando por 1073 votos, para 0.45 por ciento, después que le anularon más de 500 fraudulentos. En el DN el PLD ganó su única senaduría por 2,436 votos, 0.91 por ciento. La siguiente menor diferencia fue en la provincia Santo Domingo, ganada por el PRD al superar al PLD en 4.26 por ciento.   Ahora los resultados estrechos afectan a casi la tercera parte de los 151 municipios. En 45 de ellos los ganadores se definen por menos de 300 votos. En 34 por menos de 200 y 14 por menos de 100 votos.

El extremo se da en 8 municipios donde la diferencia entre el primer y el segundo lugar es menor de 25 votos, con el agravante de que los votos nulos, sujetos a revisión, son mucho más. En Pedro Brand (aún incompleto), la diferencia es de 6 votos; de 8 en Peralvillo con 269 nulos; 12 en Tenares con 523 nulos; 13 en Neyba con 674 nulos; y 14 en Padre las Casas con 265 anulados. En Hato Mayor  17 votos de diferencia, pero con 1,088 anulados. En San Cristóbal  45 votos con 3,246.  Las ventajas se reparten entre los tres partidos mayoritarios y sus aliados.

Las Impugnaciones

Los artículos 152 al 157 de la Ley Electoral establecen los procedimientos para las impugnaciones, indicando que proceden por error, fraude, prevariación, por haberse admitido votos ilegales o rechazado votos legales y “por cualquier otra irregularidad grave que sea suficiente para cambiar el resultado de la elección”.

Con tantos resultados estrechos y dado el número de irregularidades en las actas y de votos anulados que superan las diferencias en decenas de municipios, y a la luz de los reclamos que formulan los diversos partidos, incluyendo al que encabeza las votaciones, no sorprende que el jueves se informara de 170 recursos de impugnación. El PLD ha reclamado el triunfo en tres de las provincias donde la oposición gana por corta diferencia. PRD y PRSC lo reclaman por lo menos en cinco.

El plazo de 2 días para impugnar en las juntas electorales de los municipios ya venció ayer para todos los resultados oficializados hasta el boletín 18 del miércoles 24. Las juntas electorales tenían 3 días de plazo para conocer los recursos y luego 2 días para emitir su fallo, cosa que algunas ya han hecho.

Pero existe también el recurso de apelación ante la Junta Central Electoral, en el plazo de 2 días. El máximo tribunal tiene cinco días para fijar audiencia pública para conocerlo y hasta tres días después para emitir el fallo que será definitivo. Dependiendo de la documentación podrían decidir en cámara sin audiencia.

 Las circunstancias recomiendan serenidad de los agentes políticos, paciencia de la ciudadanía y honradez de las autoridades electorales. La extrema desconfianza y las descalificaciones del liderazgo político, las celebraciones antes de tiempo y la renuencia a aceptar las derrotas ya han tenido un costo humano de 10 muertos y numerosos heridos.

También lucieron desproporcionadas las presiones de instituciones sociales y personalidades a la Junta Central Electoral para que diera los ganadores, cuando la mayoría de las juntas municipales no habían podido completar el cómputo por la grave deficiencia de las actas de los colegios de votación y la dilación de los delegados políticos en la validación de las mismas.

Sin cambios significativos

La madurez democrática y el afianzamiento de los procesos electorales pasan por los recursos de impugnación establecidos en la ley. Pero también por la transparencia y el fundamento de las instancias y los fallos de los árbitros instituidos.

Con tantos resultados estrechos, especialmente en el nivel municipal, nadie puede descartar que alguna impugnación tenga fundamento, y se produzca algún cambio, especialmente en los que se han definido con apenas decenas de votos de diferencia.

En comicios anteriores los recursos de revisión han logrado que se convalide parte de los votos anulados injustificadamente.

A nivel provincial las diferencias menores afectan a cinco provincias, en dos de las cuales encabeza el PLD, y en tres el PRSC y el PRD. De los diez municipios con menores diferencias en la mitad gana el PLD y aliados, en cuatro la alianza PRD-PRSC y en el otro el Partido Revolucionario Independiente.

Dada esa diversidad es casi imposible que las revisiones puedan afectar significativamente los resultados conocidos, con el triunfo del PLD y aliados en 22 provincias, PRD y aliados en 6 y PRSC y aliados en 4. Por municipios la distribución es de 64 al PLD, 51 al PRD y 27 al PRSC. El PRI tiene 2 y los partidos Revolucionario Social Demócrata y Popular Cristiano, de a uno.

Todavía la institucionalidad electoral tiene que pasar la prueba de estas impugnaciones con resultados tan estrechos. La convicción general es de que los tiempos de las decisiones chanchulleras han pasado a la historia, por lo que deberá prevalecer la voluntad popular, transparentemente fundamentada.-