Por Juan Bolívar Díaz

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) empieza la segunda mitad de su gobierno con grandes posibilidades de afianzarse como fuerza política dominante, sobre todo si evade el inmediatismo y se concentra en una gestión de largo plazo acompañada de una vuelta a sus orígenes que reduzca los riesgos de luchas internas.

Ahora que por primera vez concentra los poderes Ejecutivo y Legislativo, y con los partidos de oposición sin perspectivas de repuntar a corto plazo, el gobierno del presidente Leonel Fernández puede emprender importantes transformaciones institucionales y sociales sin urgencias para los comicios del 2008.

Sus principales retos podrían presentarse en las políticas económicas que han representado su mayor éxito en la primera mitad, en una transparencia que todavía escasea, en una mejor distribución del ingreso y en desarrollar capacidad para establecer una alianza con la sociedad civil.

Gestión de largo plazo

Con mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas y un Poder Ejecutivo que mantiene amplia aceptación popular, el PLD tiene muchas posibilidades de afianzarse como fuerza política dominante si evade las tentaciones del inmediatismo y realiza una gestión gubernamental de largo plazo.Dado el deterioro interno y el descrédito de los partidos de oposición, sin mayores posibilidades de repuntar en el corto plazo, el gobierno peledeísta no parece tener urgencias políticas de cara al próximo desafío electoral dentro de 21 meses. Los dos mayores partidos de oposición aparecen sin un líder capaz de unificarlos y convertirlos en una alternativa real de poder.

Tres meses después de las elecciones en que la alianza de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) resultara un fiasco, en vez de abrirse expectativas de rectificación y renovación, aparecen sumidos en el desconcierto y las luchas internas.

La últimas decisiones de los legisladores de esos partidos al concluir el período constitucional en que dominaron el Congreso sólo ha servido para ratificarlos como traficantes de la política, sin que sus partidos hayan producido las sanciones prometidas.

El clientelismo con el que sobreviven determina que les resulte casi imposible ponerse de acuerdo para una candidatura común en la Liga Municipal Dominicana, lo que permitirá al PLD quedarse también con el control de ese organismo. Por lo menos  en el ayuntamiento de Santiago ya perredeistas y reformistas demostraron sus incapacidades para actuar en consonancia con la alianza que sostuvieron en los pasados comicios.

Pero más que preocuparse por unos centenares de empleos en la Liga Municipal, o por el reciente absurdo de concentrar los cuerpos de bomberos en violación a la ley de organización municipal, el PLD y su gobierno deberían concentrarse en las grandes demandas nacionales, con soluciones de mediano y largo plazo y diferenciarse de los otros partidos evadiendo las confrontaciones, dejando que ellos se consuman en sus luchas intestinas.

Retos institucionales

El PLD acertó al elegir a su secretario general Reinaldo Pared Pérez y a Julio César Valentín para presidir el Senado y la Cámara de diputados y sus discursos al posesionarse dejaron esperanzas. El primero planteó entre las prioridades un amplio programa de reformas institucionales y políticas en consonancia con el legado político y moral del fundador de ese partido, el profesor Juan Bosch.

Entre esas reformas están algunas integradas al tratado de libre comercio suscrito con Estados Unidos, como las leyes que crearían las secretarías de Planificación y Desarrollo y de Hacienda. También las de Arbitraje, Defensa de la Competencia, Planificación e Inversión Pública, Sistema Integrado de Administración Financiera y el Sistema de Control Interno.

No menos importantes para el fortalecimiento institucional serían también las nuevas leyes para regular el Presupuesto Nacional y la Contraloría General, que junto a la recién aprobada ley sobre contrataciones, compras y concesiones del Estado, deben ser base de una nueva transparencia y de políticas para reducir la corrupción.

Una ley de partidos políticos, que regule su funcionamiento interno y sus finanzas es otra urgencia para el mejoramiento institucional,  paralela con una ley de participación social.

Todo ese prontuario legislativo está sobradamente diagnosticado, discutido y prometido por el sistema político y deben ser parte fundamental de una gestión gubernamental de largo plazo, junto a un empeño por dar vigencia a otras legislaciones vigentes que aún no se cumplen, como las que crean el Sistema de Seguridad Social, la Defensoría del Pueblo y la de Defensa del Consumidor.

Esa agenda legislativa es prioritaria a la reforma constitucional en la que el gobierno parece centrar su prioridad con el agravante de que está renunciando al compromiso programático y  los pactos que han acordado realizarla mediante una Asamblea Constituyente de elección popular.

En las actuales perspectivas políticas, el gobierno debería honrar ese compromiso en una alianza con la sociedad civil, auspiciando la elección de la constituyente junto a la presidencial del 2008 para culminar la agenda de reformas políticas e institucionales “guiado -como planteó Reinaldo Pared- por la pluralidad, tolerancia, participación, respeto, moderación y prudencia”.

Ese programa legislativo ejecutado con transparencia, convirtiendo el Congreso en la casa de cristal que evocó Valentín, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, produciría un rescate de la credibilidad del Poder Legislativo, situado como los partidos políticos entre las cinco institucionales nacionales que menor confianza tienen de la ciudadanía, según la encuesta de Gallup para HOY publicada esta semana.

Retos económicos

El primer gran reto del gobierno peledeista es no repetir el error de concentrar la inversión en grandes proyectos capitalinos, como ocurrió en su gestión 1996–2000. La amenaza la representa el barril sin fondo del Metro que construye en Santo Domingo y el desbordamiento del gasto que ya obligaron a paralizar las obras en el interior del país como reconoció esta semana el vocero Roberto Rodríguez.

Una real política de austeridad parece inaplazable y más posible sin urgencias  clientelistas, lo que le daría fuerza moral para las nuevas cargas impositivas que han adelantado como inevitables para enfrentar la bomba de tiempo del déficit del Banco Central, cuantificado ya en más de 162 mil millones de pesos. El secretario Técnico de la Presidencia, Temístocles Montás, consideró esta semana que el déficit cuasifiscal y el déficit energético son los principales retos del gobierno.

El gobierno peledeísta debe cuidarse de mantener  el triunfalismo del crecimiento económico sin redistribución del ingreso -otra de las deficiencias de su anterior gestión- y de no dar prioridad real a la educación, la salud, la vivienda popular, la energía eléctrica y la seguridad social.

Deberían considerar que la reciente encuesta Gallup para HOY  arroja que el 62.7 por ciento de la población considera mal o muy mal la situación económica, casi 20 por ciento más que en abril pasado, pese a que el Banco Central registra un crecimiento del producto bruto de casi 12 por ciento en la primera mitad del año.

Tal como planteó esta semana la socióloga Rosario Espinal, las posibilidades de afianzamiento del PLD como fuerza política dominante pasan por una vuelta a sus orígenes boschistas con  reformas económicas y sociales en orden a una mejor distribución del ingreso y reducción de la pobreza.

Los mayores peligros

Entre los mayores peligros que corre la nueva hegemonía peledeísta está su creciente asociación con posiciones conservadoras y seguir el camino de gobernar en función de estas.

Así mismo dar rienda suelta a ciertos pujos autoritarios y realizar una reforma constitucional a la medida del partido, con absoluto predominio de su fuerza legislativa, sin dar participación a los diversos sectores sociales para que tenga un profundo contenido democrático, como prometiera en su programa de gobierno.

El empeño, casi imposible, de concluir el Metro capitalino antes de los comicios del 2008, lo que conllevaría una reducción de inversiones prioritarias, y el no enfrentar con equidad el déficit del Banco Central, en medio de las penalidades del precio del petróleo y una mayor carga de deuda externa para los próximos dos años, podrían revertir el mayor éxito gubernamental que ha sido la estabilidad macroeconómica.

Gobernar con inmediatismo, en función de la reelección presidencial obligaría a políticas de efectos inmediatos que podrían tornarse en riesgos políticos incluso al interior del PLD, donde amplios sectores no ocultan su preocupación sobre el particular. Sobre todo la maquinaria política cada vez más inclinada a Danilo Medina como alternativa de poder.

Las encuestas muestran que el presidente Fernández mantiene un alto nivel de aceptación, y los analistas entienden que buscaría una reelección con buenas posibilidades de lograrla. Pero su propio carácter y vocación más académica que de activismo partidista, dejan el campo abierto a la emergencia de una alternativa en su propio partido.

En definitiva, la propia debilidad de los partidos de oposición podría convertirse en un riesgo de sobreestimación del gobierno y llevarle a ignorar que en estos tiempos la popularidad de los gobernantes se esfuma con rapidez como ha ocurrido en las últimas décadas en América Latina, donde las reelecciones democráticas no alcanzan para los dedos de una sola mano.

La enorme deuda social y las profundas insatisfacciones generan convulsiones sorpresivas, y si no hay partidos alternativos, se imponen  figuras casi siempre con rasgos providencialistas.-

Por Juan Bolívar Díaz

El alto número de provincias y municipios donde los resultados de los comicios del pasado día 16 son estrechos entre los dos primeros lugares arrojará numerosas impugnaciones que determinarán que el veredicto definitivo se tome entre una y dos  semanas, lo que no debe alarmar a nadie.

Esa circunstancia y la alta proporción de actas de colegios electorales mal elaboradas son las causas fundamentales de la lentitud que ha marcado el proceso de cómputos de los comicios congresionales y municipales, manchados por una violencia que ha arrojado 10 muertos y por alegatos de maniobras fraudulentas.

Aunque pudiera variar el resultado en alguna jurisdicción, es imposible que cambie en lo fundamental el balance que favorece al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que le otorga la mayoría absoluta en las cámaras legislativas y en 64 de los 151 municipios.

Comicios manchados

El proceso electoral del 2006 quedará manchado por la ineficiencia con que fueron operados los colegios electorales, determinando extrema lentitud en el cómputo de las juntas electorales y una violencia desenfrenada que arrojó 10 muertos en las 72 horas que siguieron al cierre de las urnas.

La incorporación del voto preferencial por los diputados ya arrojó problemas de sumatorias en las actas en los comicios congresionales y municipales del 2002, pero esta vez se multiplicaron para sorpresa general, a un extremo que debe ser registrado para que no se repita en el futuro.

 Como hace cuatro años la incapacidad para cuadrar las sumatorias de votos afectó fundamentalmente las grandes conglomeraciones de la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, La Vega, San Cristóbal y otras.

Puede ser que en algunas provincias contribuyeran las maniobras dilatorias, pero lo fundamental fueron los errores en las actas. La mejor prueba quedó en el DN, donde una diferencia de 16 por ciento determinó que los perdedores reconocieron su derrota a 22 horas de cerradas las urnas, pero los cotejos y correcciones de las actas duraron 6 días.

 En la capital de la República el 80 por ciento de las actas llegaron descuadradas, 1,500 de los 1,920 colegios electorales, según testimonió el presidente de la correspondiente Junta Electoral, doctor Mariano Rodríguez. Para finalizar el cómputo la tarde del martes 23, autoridades y delegados políticos convinieron en prescindir de 25 de las actas. De estas 7 no pudieron ser cuadradas, 10 estaban incompletas, 5 se perdieron y 3 no pudieron ser leídas.

La provincia Santo Domingo registró el mismo problema, con la mayoría de las actas mal sumadas, hasta el punto que al emitirse el boletín 18 con los resultados provisionales definitivos, todavía no se había podido completar el cómputo más que en dos de sus 7 municipios. En un par de municipios las diferencias eran pequeñas, pero de 17 por ciento para la senaduría. En el Santo Domingo Norte, de 390 actas de colegios, sólo 40 pasaron el escáner, lo que implica que el 90 por ciento tenía algún descuadre.

En la provincia de Santiago más de la mitad de las actas tenían problemas y pasó más de una semana para concluir el cómputo, pese a que allí también el ganador llevaba una gran ventaja, de más de 8 por ciento. Cuando transcurrieron 48 horas del cierre de la votación, en el boletín 7, sólo habían completado el cómputo tres de las provincias menos pobladas, Altagracia, Dajabón y Samaná, arrojando ganancias para cada uno de los tres partidos mayoritarios.

 En la mayoría de las juntas se trabajaba entre 12 y 16 horas por día, buscando cuadrar acta por acta, lo que se hizo más lento y tenso en las que tenían cientos de colegios y en las 9 donde los resultados eran más estrechos, porque los delegados políticos extremaban los reclamos.

Resultados estrecho

En 9 de las 31 provincias y el DN los resultados arrojados por las urnas fueron muy cerrados, en el mayor de los casos del 2.39 por ciento. Pero en siete quedó en menos del 2 por ciento y en 5 en menos del 1 por ciento. La menor diferencia, del 0.29 por ciento se registra en María Trinidad Sánchez, donde el PRD y aliados aventaja al PLD y aliados por sólo 165 votos. En La Vega el PLD gana al PRSC y aliados por 661 votos, equivalentes al 0.45 por ciento.

En Valverde el PLD y aliados superan al PRD y aliados por 273 votos, para un 0.47 por ciento. En Barahona el PRSC y aliados ganan al PLD y aliados por 369 votos, el 0.55 por ciento. Y en Elías Piña el PRSC aventaja al PLD por sólo 218 votos, equivalentes al 0.87 por ciento.

 En todas esas provincias y en Peravia, San Pedro de Macorís, Bahoruco e Independencia, donde las diferencias oscilan entre 1.20 y 2.39 por ciento, los tres partidos mayoritarios anuncian impugnaciones y solicitudes de revisión de los votos nulos, que superan las diferencias.

Las elecciones del 2002 se definieron con amplias diferencias en 29 provincias. La menor se registró en Santiago, donde el PRD terminó ganando por 1073 votos, para 0.45 por ciento, después que le anularon más de 500 fraudulentos. En el DN el PLD ganó su única senaduría por 2,436 votos, 0.91 por ciento. La siguiente menor diferencia fue en la provincia Santo Domingo, ganada por el PRD al superar al PLD en 4.26 por ciento.   Ahora los resultados estrechos afectan a casi la tercera parte de los 151 municipios. En 45 de ellos los ganadores se definen por menos de 300 votos. En 34 por menos de 200 y 14 por menos de 100 votos.

El extremo se da en 8 municipios donde la diferencia entre el primer y el segundo lugar es menor de 25 votos, con el agravante de que los votos nulos, sujetos a revisión, son mucho más. En Pedro Brand (aún incompleto), la diferencia es de 6 votos; de 8 en Peralvillo con 269 nulos; 12 en Tenares con 523 nulos; 13 en Neyba con 674 nulos; y 14 en Padre las Casas con 265 anulados. En Hato Mayor  17 votos de diferencia, pero con 1,088 anulados. En San Cristóbal  45 votos con 3,246.  Las ventajas se reparten entre los tres partidos mayoritarios y sus aliados.

Las Impugnaciones

Los artículos 152 al 157 de la Ley Electoral establecen los procedimientos para las impugnaciones, indicando que proceden por error, fraude, prevariación, por haberse admitido votos ilegales o rechazado votos legales y “por cualquier otra irregularidad grave que sea suficiente para cambiar el resultado de la elección”.

Con tantos resultados estrechos y dado el número de irregularidades en las actas y de votos anulados que superan las diferencias en decenas de municipios, y a la luz de los reclamos que formulan los diversos partidos, incluyendo al que encabeza las votaciones, no sorprende que el jueves se informara de 170 recursos de impugnación. El PLD ha reclamado el triunfo en tres de las provincias donde la oposición gana por corta diferencia. PRD y PRSC lo reclaman por lo menos en cinco.

El plazo de 2 días para impugnar en las juntas electorales de los municipios ya venció ayer para todos los resultados oficializados hasta el boletín 18 del miércoles 24. Las juntas electorales tenían 3 días de plazo para conocer los recursos y luego 2 días para emitir su fallo, cosa que algunas ya han hecho.

Pero existe también el recurso de apelación ante la Junta Central Electoral, en el plazo de 2 días. El máximo tribunal tiene cinco días para fijar audiencia pública para conocerlo y hasta tres días después para emitir el fallo que será definitivo. Dependiendo de la documentación podrían decidir en cámara sin audiencia.

 Las circunstancias recomiendan serenidad de los agentes políticos, paciencia de la ciudadanía y honradez de las autoridades electorales. La extrema desconfianza y las descalificaciones del liderazgo político, las celebraciones antes de tiempo y la renuencia a aceptar las derrotas ya han tenido un costo humano de 10 muertos y numerosos heridos.

También lucieron desproporcionadas las presiones de instituciones sociales y personalidades a la Junta Central Electoral para que diera los ganadores, cuando la mayoría de las juntas municipales no habían podido completar el cómputo por la grave deficiencia de las actas de los colegios de votación y la dilación de los delegados políticos en la validación de las mismas.

Sin cambios significativos

La madurez democrática y el afianzamiento de los procesos electorales pasan por los recursos de impugnación establecidos en la ley. Pero también por la transparencia y el fundamento de las instancias y los fallos de los árbitros instituidos.

Con tantos resultados estrechos, especialmente en el nivel municipal, nadie puede descartar que alguna impugnación tenga fundamento, y se produzca algún cambio, especialmente en los que se han definido con apenas decenas de votos de diferencia.

En comicios anteriores los recursos de revisión han logrado que se convalide parte de los votos anulados injustificadamente.

A nivel provincial las diferencias menores afectan a cinco provincias, en dos de las cuales encabeza el PLD, y en tres el PRSC y el PRD. De los diez municipios con menores diferencias en la mitad gana el PLD y aliados, en cuatro la alianza PRD-PRSC y en el otro el Partido Revolucionario Independiente.

Dada esa diversidad es casi imposible que las revisiones puedan afectar significativamente los resultados conocidos, con el triunfo del PLD y aliados en 22 provincias, PRD y aliados en 6 y PRSC y aliados en 4. Por municipios la distribución es de 64 al PLD, 51 al PRD y 27 al PRSC. El PRI tiene 2 y los partidos Revolucionario Social Demócrata y Popular Cristiano, de a uno.

Todavía la institucionalidad electoral tiene que pasar la prueba de estas impugnaciones con resultados tan estrechos. La convicción general es de que los tiempos de las decisiones chanchulleras han pasado a la historia, por lo que deberá prevalecer la voluntad popular, transparentemente fundamentada.-