Los desafíos del 2006

Por Juan Bolívar Díaz
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La celebración de una sexta elección libre y sin traumas en forma consecutiva es uno de los desafíos que enfrenta la nación dominicana en el año 2006, período en que deberán hacerse esfuerzos por mejorar los mecanismos de diálogo, concertación y cumplimiento de los acuerdos nacionales.

El primer desafío para el gobierno del presidente Leonel Fernández es evitar que el proceso electoral descarrile el país de la estabilidad macroeconómica recuperada en el 2005 y conducir políticas sociales y de mejoramiento de los servicios públicos que contribuyan a reducir efectivamente la pobreza.

Para avanzar efectivamente e incorporarse con éxito al tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, la nación deberá realizar una serie de reformas legales e institucionales y abocarse a ejecutar con firmeza muchas otras que han ido quedando en los papeles.

La primera prueba

No hay razón objetiva para temer que los comicios congresionales programados para mayo del 2006 vayan a romper el récord nacional de 5 elecciones consecutivas en una década en que se ha expresado y respetado la voluntad democrática. El sistema electoral que se ha ido instituyendo ha mostrado eficacia y el actual equilibrio en el control de los poderes del Estado no auspicia arrebatos ni fraudes.

El desafío en torno a las elecciones es al sistema político, ya envuelto en una vorágine temprana, con enorme derroche de recursos y tendencias al descrédito y la disolución a consecuencia del pragmatismo salvaje que lo afecta.

La lucha por el poder por encima del interés nacional, podría desatar demonios de confrontación capaces de afectar el proceso de recuperación económica tras las quiebras financieras del 2003 y dificultar aún más la incorporación del país al nuevo escenario que conllevará la entrada en vigencia del tratado de libre comercio.

Es significativo que por primera vez en casi una década la nación comienza un año sin que se hubiese aprobado la ley de presupuesto de ingresos y gastos públicos, sin que falten quienes teman que el interés electoral y las contradicciones partidistas determinen que el gobierno se maneje con el presupuesto del año que concluye.

Incluso hay quienes consideran que el gobierno podría estar deseando calentar las contradicciones para que el proyecto sometido tardíamente al Congreso no sea aprobado, lo que le daría mayor discrecionalidad en el uso de los excedentes fiscales con relación al 2005.

La última vez, y probablemente la única, que eso ocurrió fue en el 2000, precisamente en el primer gobierno del presidente Fernández, cuando el proyecto de presupuesto llegó atado a una serie de reformas impositivas que el Congreso, como ahora mayoritariamente perredeísta, se negó a avalar.

Una repetición de tal incapacidad de negociación estaría en contradicción abierta con el escenario internacional de reclamo de legitimidad y transparencia, donde resulta inconcebible que un gobierno pueda manejarse sin presupuesto. También chocaría con el acuerdo que el Estado mantiene con el Fondo Monetario Internacional y los requerimientos del tratado de libre comercio.

El gran riesgo electoral

Aunque se registra un atraso en la reorganización de las juntas electorales y en la creación de algunas de las correspondientes a 17 nuevos municipios, ese factor podría ser superado sin mayores consecuencias. El gran riesgo del proceso electoral está en la exacerbación de las contradicciones y enfrentamientos en la lucha por el poder. La matanza de cuatro políticos el pasado 16 de agosto en Piedra Blanca, Bonao, disputándose la administración de un pobre distrito municipal, y la impunidad en que ha quedado, es un indicativo de lo primitiva que sigue siendo la práctica partidista en el país.

El riesgo no consiste tan solo en cuánto pueda la lucha partidista viciar las posibilidades de diálogo, concertación y convivencia nacional y dificultar las reformas legales e institucionales que se imponen, sino también en que genere un desbordamiento del gasto público y abusos de los recursos estatales en el esfuerzo por lograr el control del Congreso Nacional y los ayuntamientos.

La virtual conformación de dos bloques de partidos para disputar los comicios legislativos y municipales tenderá a una elevación de la temperatura política, lo que junto al derroche de recursos y la insatisfacción de importantes segmentos poblacionales con la lucha partidista, podría también constituirse en riesgos de mayor abstención y descrédito de las instituciones básicas del proceso democrático.

Con un padrón electoral eficiente y en manos de todos, y obligada la Junta Central Electoral a administrar el proceso con transparencia y participación de los delegados políticos, más la vigilancia de la sociedad, no hay razones para temer que pueda cortarse la racha de elecciones sin mayores impugnaciones.

De acuerdo al calendario organizativo, las juntas electorales correspondientes a los 151 municipios, debieron estar estructuradas al 30 de noviembre. Al comenzar el año quedan todavía 15 de ellas por “consensuar”, incluyendo 8 de los nuevos municipios, y algunas tan importantes como las de Santiago, Moca, San Juan de la Maguana y Puerto Plata. En algunas las autoridades electorales esperan propuestas o respuestas de los partidos. Hay casos, como el de Puerto Plata, donde las diferencias son por uno solo de los integrantes.

Para la elección de este año se realizará un plan piloto para someter a prueba en el país el uso de “urnas electrónicas”. Se prevé que el voto electrónico pueda ser probado entre 650 y 1300 colegios electorales, 5 a 10 por ciento del total. Hasta ahora la JCE cuenta con 500 de esas urnas prestadas en un convenio con la Organización de Estados Americanos y Brasil, que las proporciona.

Pruebas institucionales

El 2006 comienza con un desafío entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no sólo en torno al presupuesto de ingresos y gastos, sino también porque el primero ha anunciado que mantendrá por tiempo indefinido el ilegal recargo cambiario que se prometió eliminar con las reformas tributarias que entran en vigencia desde el 1 de enero.

Lo que esa decisión implica es que prevalecen prácticas gubernamentales en contradicción con las normas institucionales, como también la de haber iniciado una inversión de la categoría de un sistema de transporte subterráneo sin los suficientes estudios de factibilidad ni aprobación previa de los ayuntamientos, sin estar incluida en la ley de presupuesto del año pasado, y con el rechazo de organismos creados por el mismo gobierno, como fue el caso del Consejo Nacional de Desarrollo Social e Institucional.

En la débil institucionalidad democrática nacional sería insólito que el Congreso no aprobara una obra emprendida a su espalda por el Ejecutivo, y de la magnitud del Metro, lo que sería absolutamente legítimo en las naciones donde se respetan los mandatos institucionales. Y la constitución dice que el presupuesto de ingresos y gastos lo aprueba el Congreso.

Con el agravante de que mientras insiste en aventurarse en una mega inversión como el Metro, el proyecto de presupuesto del Ejecutivo evade destinar el diez por ciento de los ingresos a los ayuntamientos como se estableció por ley.

El fortalecimiento de la institucionalidad democrática pasa necesariamente por dar vigencia a una serie de legislaciones de los últimos años que permanecen burladas. Tal es el caso de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la Ley sobre Instituciones sin Fines de Lucro, la del Defensor del Pueblo, la de Migración, la de Libre Acceso a la Información y la de Seguridad Social que instituye el 8 veces postergado seguro familiar de salud.

Las reformas pendientes

El país requiere urgentemente de un conjunto de disposiciones que permitan mejorar la capacidad competitiva de los productores nacionales de cara al nuevo escenario del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, particularmente para los industriales y servicios que enfrentarán de inmediato fuertes retos, sin períodos de gracia ni escalones.

Un sistema energético ineficiente y costoso, pese a un subsidio que este año se llevó más de 500 millones de dólares, es una daga sobre el sector productivo, y todavía no se vislumbra que ese obstáculo pueda comenzar a ser eliminado este año. Para otros sectores productivos, como el agropecuario, las repercusiones del libre comercio serán de mediano y hasta largo plazo.

La entrada en vigencia del acuerdo comercial conlleva una serie de reformas pendientes de conocimiento en el Congreso Nacional, que incluyen reorganización del sistema de gestión financiera del Estado, nuevas normas para presupuesto, una nueva legislación sobre compra y contrataciones del Estado, y leyes de libre competencia y de defensa del consumidor.

También están pendientes reformas para dar mayor autonomía a la Dirección General de Impuestos Internos, para la eficiencia tributaria, de modificaciones del código tributario y de reorganización mercantil y liquidaciones.

Ese armazón de reformas legales debería ser aprobado en breve para que el país esté en mejores condiciones de adscribirse a las obligaciones del tratado de libre comercio. Incluso constituye un desafío particular para los dos mayores partidos de oposición, que buscan presentarse en un frente electoral para mayo, pero que ya en el actual Congreso controlan 31 de los 32 senadores y dos terceras partes de los diputados.

Sin embargo, contra la eficiencia legislativa conspirará la larga campaña electoral que precederá a los comicios de mayo, por la circunstancias de que muchos de los senadores y diputados tendrán su atención concentrada en buscar votos para mantener sus curules.-

El crecimiento económico salva la cara del 2005

Por Juan Bolívar Díaz

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Solo el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, con un crecimiento del producto bruto interno del orden del 8 por ciento, según las cuentas del Banco Central, salva la cara a este 2005, que pasará a la historia nacional como el año de la ratificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Este año marcó profundas decepciones por la falta de prioridades y transparencia gubernamental, escasos avances en combatir la corrupción, por el aumento de la delincuencia, la inseguridad y la violencia criminal, sin que las autoridades hayan podido convertir en realidad los planes anunciados.

Aunque los principales partidos políticos realizaron esfuerzos por reformar sus estructuras y renovar sus dirigentes, sus extensas campañas internas para elegir candidatos y el mercado público en que convirtieron las negociaciones para alianzas de cara a las próximas elecciones han seguido marchitando su imagen.

Milagroso crecimiento económico

Que este año concluya con un crecimiento del producto interno de un 8 por ciento, entre los más altos del mundo, con inflación de un solo dígito e incremento de las reservas de divisas, pese a la crisis del 2003-04 y al desproporcionado aumento de los precios del petróleo, que han promediado cerca de los 60 dólares el barril, constituye un milagro económico.

Esos datos ofrecidos por el Banco Central son más sorprendentes por cuanto la generalidad de la población no advierte las consecuencias de tal crecimiento, como ha quedado patente en las encuestas, y por el registro de un creciente desempleo, que en las zonas francas y el turismo alcanza a decenas de miles de trabajadores.

No han faltado quienes cuestionen las cifras oficiales, como lo hizo recientemente el exgerente general del Banco Central Apolinar Veloz, quien sostiene que son fruto de la reposición de métodos de medición que habían sido superados y cambiados en la gestión precedente.

De cualquier forma es indiscutible que las autoridades han logrado mantener la estabilidad macroeconómica en un marco singularmente desfavorable. La tasa cambiaria que comenzó el año en 31.50 pesos por dólar, y que a mediados de abril descendió hasta 28.30, concluye diciembre entre 33 y 34 pesos por dólar. Las mediciones oficiales reportan una inflación del 8 por ciento.

Es relevante que este año las autoridades no incrementaran el endeudamiento y mantuvieran reservas fiscales, cumpliendo las metas establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque la varita mágica pudo haber sido la renegociación de las deudas con el Club de París, con tenedores de bonos y banca privada por más de mil millones de dólares.

Para algunos analistas esos parámetros se explican también en el mantenimiento de un peso sobrevaluado, a costa de los exportadores y de los 900 mil adultos que reciben remesas del exterior, estimadas para este año en unas 3 mil millones de dólares, y que  tuvieron que cambiarlas con pérdidas que se llegan a calcular sobre los 20 mil millones de pesos. Eso explicaría, en parte, el grito de que hubo poco circulante y la alta proporción de los que opinan en las encuestas que el país va por rumbo equivocado.

Pero en términos económicos el mayor problema del año fue el no haber enfrentado el déficit cuasifiscal del Banco Central, que sigue pendiendo como amenaza sobre la estabilidad macroeconómica. La reducción de las tasas de interés desaceleraron el crecimiento de ese déficit, que ya alcanza casi 150 mil millones de pesos, representando más del 40 por ciento del presupuesto proyectado para el 2006.

Decepciones y frustraciones

Los asuntos que dominaron el debate nacional a lo largo del año que concluye fueron decepciones y concluyeron en nuevas frustraciones, relevándose lo que Participación Ciudadana diagnosticó ya en mayo como falta de transparencia, carencia de prioridades efectivas y de racionalidad en la inversión, junto a un proceso de descomposición moral  en la vida pública y privada.

El primer tema dominante con que comenzó el año fue el llamado “escándalo Quirino”, originado en la incautación de 1,200 kilogramos de cocaína el 18 de diciembre del 2004, cuyas ramificaciones aún no han sido despejadas completamente, faltando aún por establecer si hubo cómplices en las esferas gubernamentales, del antes y de ahora.

Como era convencimiento general que nuestras instituciones judiciales no tienen integridad y capacidad para juzgar un caso de esa magnitud, hubo que resignarse a que el principal acusado Quirino Ernesto Paulino y una docena de los involucrados fueran extraditados a Estados Unidos.

Otro tema que dominó durante la segunda mitad del año fue el de la ratificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica y la reforma fiscal que le era consubstancial para compensar al fisco por la reducción de ingresos aduanales y de la comisión cambiaria y para mejorar la competitividad de los sectores productivos.

Muy temprano se evidenció que la reforma no abarcaría todo lo fiscal, como reclamaba gran parte de la opinión pública, sino simplemente una modificación impositiva más. Después de más de dos meses de negociaciones en torno al Diálogo Nacional, el “consenso” que se anunció, y que al principio fue tan solo entre el gobierno y el empresariado, se deshizo cuando la pieza era considerada, por tres meses, en la Cámara de Diputados. El proceso excluyó a los sectores sociales y sindicales, dividió al empresarial y dejó insatisfecho al gobierno, que en la recta final impuso nuevos gravámenes  rechazados hasta por la  cúpula empresarial del “consenso”.

Como colofón, el gobierno anuncia que mantendrá por algún tiempo un recargo cambiario del 9 por ciento, lo que nuevamente rompe la institucionalidad y remite a una confrontación con el Congreso, mientras se informa que las autoridades procuraran que el tratado de libre comercio no entre en vigencia hasta julio.

El metro y la isla artificial

El inicio de un metro en la ciudad capital, que gran parte de la opinión publica considera no prioritario en las actuales circunstancias, y el contrato que autoriza la construcción de una isla artificial frente al malecón de Santo Domingo dominaron también gran parte del debate nacional.

En los primeros meses del año el presidente Leonel Fernández  planteó la construcción del metro y luego pareció aceptar el rechazo generalizado, que incluyó al Consejo Económico, Social e Institucional que él mismo instituyó. Pero ya en octubre el proyecto fue retomado e iniciado como tantas otras obras sin suficiente transparencia, sin todos los estudios de factibilidad ni presupuesto.

La isla artificial ha tenido un rechazo aún mayor, agravado cuado se conocieron los términos de la contratación que incluyeron garantías del Estado hasta por reducción de su factibilidad económica. Al final del año el proyecto luce en proceso de desarticulación con la renuncia de los asociados dominicanos.

La falta de prioridades, de concursos  y de transparencia en la inversión pública causó escándalos en el lujoso mobiliario del edificio de la Suprema Corte de Justicia, en la Biblioteca de la Universidad Autónoma, en la compra de un edificio para Aduanas  por mil millones de pesos, en el aporte de 25 millones de dólares a un hospital privado en Santiago y finalmente en el concurso para la instalación del propio “portal para la transparencia del gobierno”. Todo eso mientras la educación y la salud seguían relegadas y se daba cuenta de la existencia de más de mil 200 obras inconclusas.

Abundantes insatisfacciones

El gobierno ha tenido buenos desempeños en el aparato recaudatorio, en el mejoramiento de la administración pública, en las secretarías de Educación y Salud Pública, a pesar de sus limitaciones presupuestarás, pero ha dejado frustraciones al no poder enfrentar la eterna crisis energética.

Mas allá del discurso y las promesas, la realidad es que no arranca una verdadera política de seguridad ciudadana que enfrente con eficiencia la creciente delincuencia y la violencia. Los recursos solo han alcanzado para  el kilómetro y medio cuadrado del barrio capitalino de Capotillo. La Policía sigue esperando los vehículos, equipos de comunicaciones, laboratorios, el personal y el aumento de sueldo del 40 por ciento consignado en el decreto 145-05 del comienzo de abril. El resultado ha sido el incremento de la delincuencia y los “intercambios de disparos” que este año arrojarán cerca de 500 muertos, a pesar de la contención de los últimos dos meses. El año concluye sin que se haya adelantado significativamente en la sanción de la corrupción pública y privada que tanto ha contribuido a la pobreza nacional, y sin que se aprobara la prometida nueva ley de concursos y licitaciones para las contrataciones de obras y las compras del Estado. Ni siquiera se ha emitido el “decreto puente” elaborado al efecto por la Comisión Nacional de Etica que instituyó el presidente Fernández.

Finalmente la política siguió generando decepciones. Los partidos dominantes comenzaron el año con un esfuerzo de reformas estatutarias para mejorar su democracia interna y con la renovación de sus cuadros directivos. Pero una prematura y prolongada campaña interna para elegir candidatos para las elecciones de mayo y el mercado público que montaron para abordar posibilidades de alianza, sembraron nuevas decepciones y frustraciones.

El 2005 termina sin que se implementara el 8 veces aplazado seguro familiar de salud y desafiando la capacidad de los dominicanos y dominicanas para el optimismo y la esperanza.

 

El gran desafío para los comicios

Por Juan Bolívar Díaz

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A medio año de las elecciones congresionales y municipales del 2006 el panorama se caracteriza por un creciente desinterés de la ciudadanía impulsado por el progresivo descreimiento en el sistema partidista, lo que plantea la posibilidad de que se incremente la alta tasa de abstención registrada en las dos anteriores.

Embarcados en una prematura lucha interna que llega al nivel de la violencia criminal, dirigentes y activistas políticos ignoran el sentimiento de rechazo que generan, en tanto 38 nuevos grupos buscan obtener reconocimiento con la esperanza de retar el dominio de los partidos tradicionales.

Todavía sin los fuertes cuestionamientos que han caracterizado los anteriores procesos, la Junta Central Electoral (JCE) trata de cumplir un calendario que tiene como inmediato desafío la reestructuración de las juntas electorales e integración de las correspondientes a 17 nuevos municipios.

El desafío del 2006

Hasta el momento nadie está esperando que los comicios del 16 de mayo del 2006 se conviertan en una confrontación de programas ni posiciones ideológicas, sino simplemente en un festival de ambiciones.

La prematura campaña interna en que están embarcados los partidos tradicionales apunta a una simple disputa por las posiciones electorales, más desde el punto de vista individual que de las corporaciones políticas.

Al interior de los principales partidos lo que se percibe es una guerra sin cuartel, que en los ámbitos del Partido Revolucionario Dominicano ha llegado a una violencia que ha cobrado tres vidas, en Los Alcarrizos y Las Matas de Farfán. En el Partido de la Liberación Dominicana los arrebatos no perdonan a políticos de la mejor imagen como Minou Tavarez Mirabal y José Tomás Pérez. Mientras el Reformista Social Cristiano se ofrece a los dos primeros al mejor postor.

En amplios ámbitos de la clase media, incluyendo a los sectores promotores de la democracia dominicana, lo que se respira es una progresiva decepción del nivel de la lucha política. Hasta líderes de opinión, como Ligia Minaya, Mu-Kian Sang y Rafael Toribio no han ocultado su decepción por el rudimentario nivel de la lucha política, el clientelismo y la corrupción..

En ámbitos de la sociedad civil promotores del fortalecimiento de la democracia expresan temores de que el descreimiento en el sistema partidista arroje una abstención superior al 50 por ciento registrada en las dos elecciones congresionales y municipales celebradas en 1998 y 2002, después de la reforma constitucional que las separó de los comicios presidenciales.

Tal nivel de abstención duplica el promedio histórico del 27 por ciento registrado en las elecciones que involucran la Presidencia de la República.

El Director General de Elecciones, Gilberto Cruz Herasme, estima que poco más de 5 millones 300 mil ciudadanos y ciudadanas estarán aptos para ejercer el sufragio en mayo próximo, con un crecimiento de apenas 300 mil en relación a los 5 millones 20 mil registrados para los comicios presidenciales del año pasado, incremento de apenas 6 por ciento.

Nuevos contendientes

Llama la atención el alto número de nuevos partidos y agrupaciones independientes, ascendientes a 38, que han formalizado ante la JCE solicitudes para participar en las próximas elecciones. Cerca de la mitad corresponden a movimientos municipales y provinciales que tratan de retar el predominio de los partidos tradicionales.

La ley dominicana prevé la participación de estos movimientos, a los cuales se les exige para su reconocimiento proporciones de respaldo en el electorado que superan a las que se les pide a los partidos nacionales. En los comicios del 2002 participó una docena de esos movimientos, de los cuales sólo uno de Yaguate, San Cristóbal, quedó reconocido por haber obtenido un regidor.

Se da por hecho que una buena proporción de los nuevos solicitantes serán rechazados por no reunir los requisitos de ley. Mientras 23 partidos mantienen el reconocimiento legal, la mayoría de los cuales acostumbran participar aliados a los tres partidos dominantes.

De éstos últimos los que más votos han alcanzado en los últimos comicios nacionales son el Bloque Institucional Social Demócrata, y la Alianza por la Democracia, aliados al PLD. El Quisqueyano Demócrata, el de Veteranos y Civiles, la Unidad Democrática y el Movimiento de Integración, Unidad y Cambio han perdido terreno en los dos últimos torneos electorales. El financiamiento público de las campañas electorales que rige desde 1997 ha contribuido a fortalecer el predominio de los partidos tradicionales y ha dejado en desventaja progresiva a los nuevos agrupamientos políticos que reciben una ínfima proporción del mismo. Pese al progresivo descontento con los partidos dominantes, las nuevas opciones no han alcanzado proporciones significativas del electorado.

Proceso organizativo

La JCE trabaja cada vez más intensamente en el calendario electoral para mayo del 2006. Para esta ocasión los municipios serán 151, en los cuales se elegirán síndicos, vicesíndicos y regidores, un 20 por ciento superior a los 125 del 2002.

Los diputados a ser electos ascenderán ahora a 178, veintiocho más de los 150 de la última elección, para un crecimiento del 19 por ciento. Sólo los senadores mantendrán el mismo número 32, debido a que el Congreso se atrasó en el conocimiento de varias provincias propuestas.

En el calendario que la JCE se ha dado en el proceso organizativo, lo que está pendiente en lo inmediato es la reestructuración de 43 juntas electorales y la integración de 17 correspondientes a nuevos municipios. En la mayoría de las primeras se trata de sustituir uno a dos de sus integrantes. Hay casos relevantes como el de Santiago, donde hay que escoger de nuevo todos sus integrantes.

En estos días, de acuerdo a los informes de la Dirección General de Elecciones, los inspectores proceden a comprobar las informaciones suministradas por los partidos y movimientos que aspiran a ser reconocidos y se coordina con los partidos la recomposición o integración de las juntas electorales.

Hasta el momento la JCE se desenvuelve sin mayores cuestionamientos sobre el proceso organizativo. Por lo menos están ausentes las denuncias sobre el padrón electoral que han caracterizado los anteriores torneos electorales. Hay quienes creen que por fin los agentes políticos se han convencido de que el registro de electores es sano, como ha quedado evidenciado en los últimos 5 comicios nacionales. El cierre de inscripciones para votar en mayo próximo está programado para el 16 de enero.

En algo en que se ha avanzado es en acuerdos con los partidos sobre el diseño de las boletas y las actas electorales, éstas últimas son tradicionalmente el factor básico de retraso en los cómputos

El calendario electoral

Según el calendario establecido por la JCE, las fechas más relevantes son las siguientes:

28 de noviembre: Inicio del entrenamiento del personal para la transmisión del cómputo electoral.

30 de noviembre: conclusión de la designación de los miembros de las juntas electorales.

16 de diciembre: cierre de los servicios de cedulación y de cambios de residencia con fines electorales.

16 de enero: Cierre de inscripciones en el registro electoral (120 días antes de los comicios, según la Ley Electoral)

31 de enero: fecha límite para entrega a los partidos de la base de datos del registro electoral y los programas a utilizarse en el cómputo.

16 de febrero: límite para publicar la proclama electoral que abre la campaña proselitista (90 días antes de los comicios)

2 de marzo: vence el plazo para depositar las propuestas de alianzas, fusiones o coaliciones (75 días antes de los comicios)

15 de marzo: inicio de la impresión del padrón electoral

17 de marzo: límite para comunicar a los partidos las decisiones sobre alianzas, fusiones y coaliciones y para la presentación de candidaturas y de la relación de ingresos y gastos de los partidos. (60 días antes de los comicios, según la ley.)

23 de marzo: emisión de las resoluciones sobre las candidaturas y comunicación a los partidos políticos y juntas electorales.

30 de marzo: inicio de la impresión de boletas y actas electorales.

16 de abril: límite para publicar la ubicación de los colegios electorales.

1 de mayo: fecha límite para el nombramiento del personal de los colegios electorales.

14 de mayo: límite para instruir el personal de los colegios electorales. Cierre de la campaña proselitista.-

 

Promese reivindica el valor de los concursos

Por Juan Bolívar Díaz

La eliminación de las compras grado a grado ha reducido los precios de compra de los medicamentos en un 50 por ciento en una factura de $900 millones anuales

           El Programa de Medicamentos Esenciales (Promese) ha demostrado en este gobierno el valor de las licitaciones y concursos públicos en las millonarias compras y contrataciones del Estado, ahorrándose alrededor del 50 por ciento de una inversión que este año alcanzará los 900 millones de pesos.

            A pesar de ese logro, gran parte de los medicamentos que adquiere el Estado, a través de la Secretaría de Salud Pública, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y otras instituciones, siguen siendo comprados mediante el sistema de grado a grado que implica el tráfico de comisiones y el favoritismo.

            Los precios de venta de Promese muestran los enormes márgenes de beneficio que tienen en el país los intermediarios de los medicamentos, lo que explica el criterio generalizado de que este es uno de los países donde esos productos fundamentales resultan más caros.

Un ejemplo a seguir

            La doctora Elena Fernández Núñez, directora general del Promese y ejecutiva de la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica, proclama su satisfacción por el ahorro que ha logrado al implementar concursos públicos y transparentes para la compra de medicamentos.

            La funcionaria estima que a consecuencia de esa política de licitaciones públicas los precios de los medicamentos que adquiere ese organismo se han reducido en promedio a un 50 por ciento, con una facturación mensual de 75 millones de pesos, equivalentes a 900 millones al año.

            Al mismo tiempo, con los concursos públicos se ha logrado el suministro de productos garantizados y sometidos a un riguroso control de calidad, desalentando el contrabando y la falsificación de medicamentos, males sistemáticamente denunciados en los últimos años.

            La doctora Fernández Núñez afirma que Promese llegó a comprar polvo talco como medicinas y aceite de bacalao que era agua. En el mercado nacional se venden numerosos productos médicos falsificados, sin las propiedades que dicen contener y pasados de fecha, que son adquiridos por traficantes inescrupulosos en grandes partidas cuando están próximos a caducar. Esas medicinas se ofertan en mercados como Panamá, China e India e ingresan al país sin ser sometidos a controles de calidad.

            Los productos que compra promese son sometidos a una cuarentena de 48 a 72 horas, mientras el Laboratorio Nacional realiza las pruebas correspondientes. El doctor Miguel Ureña dirige el departamento de Control de Calidad.

            Los productos farmacéuticos facturan unos 7 mil millones de pesos anualmente, según sostuvo el exsecretario de Salud Pública Sabino Báez durante el acto de lanzamiento de la Política Farmacéutica Nacional el 27 de junio pasado. Pero hay quienes creen que a ese monto debe agregársele un 27-30 por ciento del comercio ilícito de medicinas, provenientes del contrabando, la falsificación y adulteración.

            Las consecuencias de la política de concursos para las compras de Promese llegan al grado de que algunos medicamentos de marcas reconocidas han sido ofertados a precios por debajo de los productos genéricos, sostiene la doctora Fernández.

Otros siguen campantes

            A pesar de los logros de Promese, publicitados y reflejados en los precios a que vende, otros compradores del Estado siguen con el sistema de grado a grado, donde predomina el favoritismo y el tráfico de comisiones.

            Apoyado en el decreto 2 de 1984, y en el 991 del 2000, Promese distribuye el 25 por ciento de sus compras a través de las boticas populares, y el 75 por ciento es suministrado a los hospitales y las clínicas rurales. Incluye medicinas, materiales y reactivos de laboratorios.

            Pero el organismo sólo recibe el 40 por ciento del presupuesto para productos médicos de los hospitales públicos. La secretaría de Salud, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, los mismos hospitales públicos y los de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizan por su propia cuenta y de grado a grado la mayor parte de las compras.

            Si le compraran a Promese, terminarían economizándose por lo menos un 40 por ciento. Aunque esta semana el recién designado secretario de Salud Pública, doctor Bautista Rojas, dijo a Teleantillas que se propone adoptar también el sistema de concurso.

            Es relevante que pese a haber proclamado en junio pasado una “Política Farmacéutica Nacional”, no se adoptaran criterios de economía en las compras del Estado. Se le establecieron tres objetivos fundamentales: asegurar el acceso a los medicamentos esenciales, garantizar su calidad, seguridad y eficacia, y promover y desarrollar estrategias que propicien la cultura del uso racional de los medicamentos.

            La unificación de las compras de medicinas por una sola fuente estatal, y a través de concursos, podría ser dispuesta y hasta asumida por la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional, creada este año mediante el decreto 274-05.

            A esta comisión se le encarga “una estrategia que permita que todos los actores que inciden en el sector farmacéutico interpongan sus mayores esfuerzos para que la población dominicana reciba medicamentos esenciales y/o genéricos de buena calidad, eficaces, eficientes y a precios accesibles para todos”.

            En manos del Consejo Nacional de Salud hay un proyecto de “Reglamento Farmacéutico”, que se viene elaborando desde 1998. Se espera su aprobación por ese organismo, el cual deberá tramitarlo al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Medicamentos muy caros

            Hace muchos años que se sostiene que este es uno de los países donde más caros se venden los productos farmacéuticos y con menores controles de calidad, persistiendo las denuncias de falsificaciones y alteraciones de medicinas. Hay quienes sostienen que los precios nacionales llegan a duplicar los de otras naciones latinoamericanas.

            Una lista publicada por la Central de apoyo Logístico de Promese muestra enormes diferencias entre los precios de ventas de sus boticas populares y las farmacias. En casi todos los renglones de productos básicos, las diferencias oscilan entre un 150 y 400 por ciento, con casos de 500, 600 y hasta 1,100 por ciento. El promedio de diferencia en 31 productos esenciales es de 331.67 por ciento.

            Por ejemplo, los comprimidos del analgésico Acetaminofén y del Acido Fólico, que la boticas de Promese venden a 50 centavos, cuestan 2 pesos en las farmacias, para una diferencia del 300 por ciento. Los de Enalapril y el frasco de Mebendazol que las boticas venden a 1 y 10 pesos, se cotizan a 5 y 50 pesos en las farmacias, con diferencia del 400 por ciento. En los casos de las penicilinas las diferencias oscilan entre 280 y 550 por ciento. En las insulinas 148 por ciento. Y se señala el caso del comprimido de Captoprilo que Promese vende a peso y las farmacias a 12 pesos, con una diferencia de 1,100 por ciento.

            Aunque la secretaría de Salud Pública está encargada de vigilar la calidad de los productos, esto de ordinario sólo ocurre al momento de otorgar el permiso de ingreso al mercado nacional, pero luego no se le da seguimiento.

            Según consta en el documento de Política Farmacéutica Nacional hay más de 23 mil productos medicinales con autorización para ser vendidos en el país. Suman 70 los laboratorios de producción nacional. Los productos extranjeros están representados por 1,305 distribuidoras.

            Según la Dirección General de Drogas y Farmacias hay en el país más de 3 mil farmacias, alrededor de la mitad en Santo Domingo. Pero también se comercializan medicamentos en establecimientos informales, siendo relevante el caso de la calle Sánchez de Moca, donde hasta en los garajes se anuncian ventas de medicinas.

El decreto más anunciado

            El pasado miércoles el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana anunció como inminente la promulgación del llamado “decreto-puente” con el que el presidente Leonel Fernández instituiría la obligación de concursos y licitaciones para las contrataciones de obras y servicios y para las compras de todo género de bienes, así como para las concesiones del Estado.

            Según el licenciado Reinaldo Pared el decreto está listo para su promulgación, lo que se viene anunciando desde mayo pasado, cuando fue entregado al Ejecutivo por la Comisión Nacional de Etica que lo elaboró, tras más de dos meses de consultas.

            Ya antes el Procurador General, y miembro de la comisión, Francisco Domínguez Brito, había dicho que desde el período de transición (entre mayo y agosto del 2004) se trabajaba en el decreto.

            En ambas cámaras legislativas reposan al menos tres diferentes proyectos de leyes encaminados al establecimiento de nuevas normas para concursos y licitaciones. Recientemente el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que un proyecto consensuado está listo para ser aprobado en la legislación iniciada el 16 de agosto pasado. El presidente del PRD, con el control del Senado y la primera mayoría en la Cámara baja, Ramón Alburquerque, dijo el miércoles que aprobarán el proyecto de consenso.

            En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional suscrito por el actual gobierno se incluye el compromiso de una nueva ley de concursos para las contrataciones y compras del Estado.

            Tanto el proyecto de ley como el de decreto tropiezan con la resistencia del sistema político acostumbrado al tráfico derivado de las concesiones de obras y las compras de grado a grado, con las que se pagan favores económicos y se obtienen jugosas comisiones.

            Las mayores resistencias se originan tradicionalmente en la secretaría de Obras Públicas y las oficinas coordinadoras de obras del Estado, dependientes de la Presidencia de la República, responsables del manejo del grueso de la inversión pública. El argumento es que los concursos hacen lentos las construcciones del Estado.-

                            

 

 

 

Se derrumba el castillo de la transparencia

Por Juan Bolívar Díaz

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El impenetrable silencio con que el gobierno del presidente Leonel Fernández ha respondido a la renuncia del licenciado Gustavo Montalvo al cargo de director técnico de la Comisión Nacional de Etica (CNE) y otras funciones gubernamentales pone en jaque el recién creado organismo encargado de diseñar políticas anticorrupción.

La dimisión del prestigioso dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) estaría también motivada por la renuencia del presidente Fernández a emitir el decreto elaborado por la CNE para establecer concursos y licitaciones para las compras, y contrataciones de obras, servicios y concesiones del Estado.

Esas circunstancias han desprestigiado las políticas anticorrupción que se supone había puesto en práctica el gobierno, generando desconcierto e inconformidad en las instituciones de la sociedad civil comprometidas en la búsqueda de mecanismos de transparencia.

Portal poco transparente

En el diario electrónico Clave Digital se encuentran todos los documentos relacionados con la renuncia de Montalvo, a partir del día primero de septiembre. El detonador parece haber sido la decisión de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación(OPTIC), dirigida por el ingeniero Domingo Tavárez, de contratar por 13 millones de dólares la instalación del portal electrónico del gobierno para un Centro de Atención al Ciudadano.

El asunto es que entre las funciones de Montalvo estaba la de director del programa de Modernización del Poder Ejecutivo (Proreforma), instancia que había elaborado una propuesta de apenas 2 millones de dólares.

Las versiones indican que Tavárez, quien también es coordinador de Informática y Telecomunicaciones de la Fundación Global y desarrollo del presidente Fernández, habría otorgado el contrato a la empresa Microsoft, en una licitación que originó cuestionamientos hasta de la representación local del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Lo más irónico del caso es que el portal forma parte de lo que se ha denominado como “gobierno electrónico”, encaminado a hacer transparentes los actos oficiales, dentro de una política general de prevención de la corrupción, poniendo a disposición del público toda la información oficial.

En varias comunicaciones al Secretario Técnico de la Presidencia, entre junio y julio, el BID mostró preocupación “por la ausencia de procesos transparentes y competitivos en los procesos de licitación que lleva a cabo la OPTIC”, según documentación en manos de Clave Digital.

El 17 de junio una carta del organismo internacional advertía que el proceso seguido por la OPTIC “es contrario a los procedimientos de licitación que recomienda el BID, porque no asegura los principios de economía, eficiencia, transparencia y equidad”.

Los reclamos llevaron al secretario Técnico, Temístocles Montás, y a la Comisión Nacional de Etica a solicitar al director de la OPTIC la suspensión de la licitación. Cuando se convencieron de que Tavárez seguía adelante sin hacerles caso, Montás apeló al presidente de la República, para que ordenara suspender las licitaciones “en razón de que el ingeniero Tavárez no acepta ninguna otra instrucción que no sea la suya”,lo que implicaba una queja de insubordinación del asesor de informática.

Un decreto congelado

Pero la renuncia de Gustavo Montalvo, uno de los fundadores del PLD, parece estar originada en una cadena de frustraciones de los comisionados éticos del gobierno, la mayor de las cuales podría ser la renuencia del mismo presidente Fernández a establecer normas obligatorias para concursos y licitaciones en las compras y contrataciones de obras, bienes, servicios y concesiones del Estado.

Desde su creación, mediante el decreto 101-05 del 16 de febrero pasado, la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción se ha empeñado en eliminar las contrataciones de grado a grado consideradas como uno de los huecos por donde se escapa una mayor proporción de los recursos del Estado y principal fuente de corrupción.

El Procurador General, Francisco Domínguez Brito, miembro también de la comisión, dijo por Uno más Uno de Teleantillas a principio de año, que desde el período de transición, tras las elecciones de mayo del 2004, se venía trabajando en un proyecto de decreto para reglamentar las contrataciones y compras estatales.

La elaboración de ese decreto fue de las primeras tareas emprendidas por la CNE tan pronto fue juramentada . El proyecto fue entregado al presidente Fernández en mayo pasado y casi 4 meses después duerme un prolongado sueño, pese a los numerosos reclamos de la opinión pública y particularmente de las instituciones sociales vinculadas a la lucha contra la corrupción.

Una de las más precisas y contundentes apelaciones a favor del decreto fue formulada el 22 de agosto pasado por la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y el Foro Ciudadano , entidades que agrupan a cientos de organizaciones de la sociedad civil.

Estimaron la emisión del decreto como impostergable para dar aliento a las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción.

Mientras el proyecto de decreto duerme en alguna gaveta presidencial, los organismos del Estado han seguido otorgando contratos de grado a grado para obras públicas, que en algunos casos comprometen el patrimonio público con miles de millones de pesos, y ordenando compras hasta por mil millones de pesos, como fue el caso del antiguo edificio de la telefónica Verizon.

Hay excepciones de organismos estatales que tienen tradición de realizar concursos, como la secretaría de Educación y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Un caso significativo ha sido el del Programa de Medicamentos Esenciales (Promese) , cuya titular, la doctora Elena Fernández Núñez, ha declarado que se está ahorrando hasta un 50 por ciento al comprar medicamentos mediante licitaciones públicas. Pese a ese logro, la secretaría de Salud Pública, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y los hospitales públicos y de las Fuerzas Armadas siguen comprando por su parte y sin licitaciones.

Peligra la Comisión de Etica

Que no haya habido ninguna reacción gubernamental ante la renuncia de Montalvo es visto con preocupación en los ámbitos de la sociedad civil, donde ya se cuestiona abiertamente la voluntad del régimen para instaurar la transparencia y combatir la corrupción.

También ha resultado decepcionante que el presidente de la CNE, el doctor el silencio, mientras el consultor jurídico César Pina Toribio, restaba trascendencia a la renuncia de Montalvo.

Esas circunstancias han llevado a algunos dirigentes de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad a reclamar el retiro de su representante en la CNE, el sociólogo y excoordinador de Participación Ciudadana Ramón Tejada Holguín. Celso Marranzini, en representación del sector empresarial, y el reverendo Cristóbal Cardoza, por las iglesias evangélicas, también forman parte de la comisión.

No ha habido consenso, pues algunas entidades son partidarias de “luchar desde dentro” y evitar lo más posible el retiro, lo que dejaría muy mal tarada y contribuiría al desprestigio de la comisión. Hay quienes creen que los dirigentes sociales no deben renunciar a los escenarios de participación ganados, más que en situaciones extremas.

Aunque de hecho, las inconformidades respecto a la CNE vienen de más atrás, y también están relacionadas con pronunciamientos de su presidente Bidó Medina que habrían rebasado las facultades de la misma. Como por ejemplo cuando tramitó expedientes a la Procuraduría General, identificando a involucrados, desde luego de la oposición perredeista, sin que hubiese una previa investigación ni resolución de la comisión.

Desde el principio hubo confusiones gubernamentales sobre las facultades de la Comisión Nacional de Etica. Hasta el presidente Fernández llegó a decir que la misma tendría facultad para investigar actos de corrupción, cuando su propio decreto de creación la instituye como organismo asesor y fomentador de la etica y la transparencia pública .

Tejada Holguín es el único de los miembros de la Comisión que no ha guardado silencio tras la renuncia de Montalvo. Consideró que el escándalo en que está involucrado el asesor de Informática del Poder Ejecutivo es sumamente grave, y proclamó que la renuncia del peledeista “ha hecho que el castillo se derrumbara, porque parece que estabas sustentado en bases irreales”.

El desazón en la sociedad civil aumentó el jueves cuando los funcionarios intregrantes de la CNE, excepto el director del Departamento de Prevención de la Ciorrupción Octavio Líster, dejaron de asistir a un coloquio donde se debatiría el Plan Nacional Antircorrupción, precisamente elaborado por la comisión. El evento fue convocado con anticipación a los últimos incidentes por la Fundación Institucionalidad y Justicia.

El presidente de la CNE, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y otros ejecutivos se excusaron a último minuto y se anunció que no podía estar porque se encontraban en una reunión urgente de la comisión, lo que provocó burlas ya que Líster y Tejada Holguín, presentes en el evento, dijeron que no habían sido convocados a tal reunión.

Aún quienes creen que todavía hay que hacer esfuerzos por salvar la CNE tienen la convicción de que el gobierno no está siendo coherente en su política anticorrupción y que la misma está en vías de naufragar, lo que genera desconcierto y frustraciones, aunque también nuevas voluntades de lucha contra el flagelo nacional de la corrupción.-

 

Nuevas reformas al sistema electoral

Por Juan Bolívar Díaz

El movimiento cívico Participación Ciudadana ha puesto en manos de la Junta Central Electoral (JCE) un pliego de sugerencias encaminadas a introducir nuevas reformas para democratizar el sistema electoral dominicano que ha registrado considerables avances en la última década.

El fundamento de las nuevas reformas y disposiciones reglamentarias es la necesidad de proteger el derecho de la ciudadanía a elegir libremente y ayudar a los partidos políticos a mejorar su desempeño para detener la erosión que se registra en su crédito público.

El organismo rector de los comicios podría asumir una mayor iniciativa en las normativas electorales, proponiéndose para la próxima cita electoral el perfeccionamiento del voto preferencial que debería incluir la posibilidad de elegir al senador y al síndico independientemente de los diputados y regidores.

Una década de avances

En el ámbito electoral es donde mayores avances concretos ha registrado la democracia dominicana en la última década, superando los traumas y fraudes que vulneraron la voluntad popular en la mayor parte del trayecto de la República.

A partir de la reforma constitucional fruto de la crisis electoral de 1994, se separaron las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales, se estableció el financiamiento estatal de los partidos, se instituyó el voto preferencial para diputados y se elaboró un nuevo padrón electoral fotográfico puesto a disposición de todos a través de la red de internet.

También fueron separadas las funciones administrativas de las contenciosas en la JCE, se establecieron mecanismos más transparentes en todo el proceso electoral, instituyendo la consulta a los partidos políticos para las decisiones claves y se adoptaron nuevas normativas para evitar la adulteración de actas electorales.

Entre las prioridades que afrontan los actuales jueces electorales sobresale la automatización de las oficialías del Estado Civil, fundamento de todo el sistema electoral y los primeros pasos encaminados a instituir el voto electrónico.

A pesar de que ha habido dificultades para un consenso político a la hora de elegir los jueces electorales, lo que ha generado incertidumbres y confrontaciones, las seis votaciones efectuadas en la última década, incluyendo las dos de 1996, han consolidado el sistema democrático, tras concluir sin mayores impugnaciones, especialmente las presidenciales.

Para los próximos comicios congresionales y municipales existe el desafío de superar las dificultades tradicionales en los procesos de cómputo, levantamiento y verificación de actas de votación que han sido excesivamente lentos, originando incertidumbres y conflictos, especialmente en las grandes concentraciones del Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y Santiago.

En el 2002 el proceso de empantanó en estas tres jurisdicciones arrojando sombras sobre los resultados, especialmente en Santiago, donde además se comprobó adulteraciones de actas. Eso determinó que para las elecciones del 2004 se adoptara el sistema de plastificación de las actas luego de ser redactadas y firmadas.

Queda pendiente un mejor entrenamiento para los operadores de los colegios electorales a fin de disminuir la alta proporción de actas que llegaron con errores de sumatorias tras la introducción del voto preferencial por los diputados. También se ha diagnosticado la necesidad de simplificar el proceso de verificación de las actas en las juntas electorales municipales que determinan extrema lentitud en el cómputo.

Nueva iniciativa de PC

El movimiento cívico Participación ciudadana (PC), que tanto ha contribuido al mejoramiento del sistema electoral dominicano, tomó la iniciativa esta semana presentando a la JCE un pliego de sugerencias para que las próximas elecciones conlleven nuevos escalones de perfeccionamiento.

Las propuestas, contenidas en un documento, fueron entregadas al pleno de los jueces electorales que el jueves recibieron a dirigentes de la organización social y dieron amplias muestras de receptividad y disposición a considerarlas.

Al anunciar su decisión de observar rigurosamente todo el proceso electoral próximo, y de proponer nuevamente a los partidos un código de ética electoral, PC formuló varias iniciativas para seguir perfeccionando el sistema comicial dominicano.

Las propuestas se resumen en un acuerdo para limitar la extensión de la campaña electoral, la ampliación del voto preferencial abarcando la elección de los regidores, además de los diputados, un rediseño de las circunscripciones electorales en los lugares que lo demandan, separación de las elecciones de senadores y síndicos de las de los diputados y regidores y una revisión del método de asignación de escaños.

La iniciativa de Participación Ciudadana incluye el establecimiento de una circunscripción electoral nacional para garantizar una mayor representación de las minorías, con mayores dificultades de acceso al Congreso y las salas municipales tras la institución del voto preferencial.

Se reclama solucionar las dificultades que se registraron en algunas provincias con un diseño poco equitativo de las circunscripciones, siendo el caso más relevante el de Santiago, donde todas concluyen en el parque central, con el resultado de que todos los diputados salieron del núcleo urbano santiagués en perjuicio de la representación de los demás municipios.

Para superar esta inequidad la JCE tendrá que hacerse fuerte, ya que los tres partidos mayoritarios coinciden en defenderla, probablemente porque las cúpulas provinciales residen en el municipio central.

Reformas normativas y de ley

Entre las sugerencias presentadas por PC a la JCE las hay que pueden ser adoptadas por resolución normativa y otras que requieren una modificación de la ley electoral.

El establecimiento del voto preferencial para los regidores se previó en la reforma de 1997 a la ley electoral y ya depende de una resolución de la JCE.

Lo mismo puede decirse de la revisión de las circunscripciones y la adopción de un método más democrático para la distribución proporcional de los diputados y regidores.

Participación sostiene que “La experiencia de los países de Centroamérica ha demostrado que el método del cociente electoral permite una distribución de escaños más justa que el método D’Hondt, que es el que hasta ahora se ha utilizado en el país”.

Para establecer una circunscripción nacional, que reservaría determinado número de escaños para la representación de los partidos que registren una cierta cantidad de votos en la totalidad de los colegios, pero que no alcancen a ganar en ninguna circunscripción, se requiere sin duda una reforma legal. Hay quienes creen que también habría que reformar el artículo 24 de la Constitución que establece la forma de elegir los diputados.

De hecho es urgente reformar ese artículo para limitar el crecimiento del número de diputados que el año próximo crecería en una veintena. Pasarían a ser unos 170. Hace cuatro años fueron aumentados de 120 a 150. Otro tanto ocurre con la proporción de los regidores, dependiente del crecimiento poblacional.

La posibilidad de que los electores puedan seleccionar un senador y unsíndico de partidos diferentes a los diputados y regidores, garantizaría el derecho al voto y fortalecería la representación, eliminando el arrastre.

Tal avance, empero, requiere la modificación del artículo 86 de la Ley Electoral, que establece la elección conjunta de senadores y diputados, y de síndicos y regidores, mediante “candidaturas indivisibles o no fraccionables en sí mismas”.

Límite a las campañas

El movimiento cívico expresó su preocupación porque ya se haya comenzado la promoción de candidatos, 9 meses antes de los comicios congresionales y municipales, por lo que pidió a los jueces electorales que convoquen a los partidos reconocidos y propongan un compromiso para aplazar la campaña hasta enero próximo “a fin de reducir los costos de este ejercicio democrático en una nación que aún no se recupera de la grave crisis financiera y económica que estalló en el 2003″.

La petición se basa en que las campañas electorales dominicanas son muy largas y costosas, lo que incentiva el abuso de los recursos del Estado y compromete excesivamente a los elegidos con los poseedores de las mayores riquezas, incluyendo las provenientes de actividades ilícitas.

También porque “van en perjuicios de los candidatos y candidatas que tienen menores financiamientos, que no se apropian de los recursos propios ni alienan su independencia con los grandes poderes económicos”. Considera, así mismo que “las extensas campañas debilitan la institucionalidad de los partidos, pues tienden a crear grupos con finanzas propias y en detrimento de la unidad”.

La limitación de la campaña reduciría la crítica mayor que se formula al voto preferencial, porque estimula la competencia entre los candidatos de un mismo partido. En algunos países se ha limitado también la cantidad de dinero que puede gastar cada candidato para reducir las luchas internas y las ventajas de los adinerados.

En el liderazgo político nacional se justifican las extensas campañas en las votaciones primarias que realizan con excesiva anticipación para que el tiempo “cure las heridas” que dejan las luchas internas, pero éstas son más profundas en la medida en que se extiende el período. Sesenta días de campaña interna y 90 externa deberían ser suficientes para elegir candidatos y presentarlos a la ciudadanía, sobre todo si son para el Congreso y los municipios. Comenzando en enero sería suficiente.

Aunque el tiempo conspira contra las reformas legales propuestas, todavía serían posibles con una firme voluntad de la JCE y la apelación a los partidos, que deben ser los más interesados en mejorar el sistema electoral y su crédito ante los electores. El sistema partidista requiere ayuda para evitar que prosiga por la pendiente enjabonada en que lo sitúan las encuestas y análisis políticos.

 

El gobierno sufre una mala racha

Por Juan Bolívar Díaz

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El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el presidente Leonel Fernández necesita dar un par de golpes de efectos que le permita salir de la mala racha que le ha afectado en las últimas semanas, marchitando temprano su imagen, especialmente en la política anticorrupción y la transparencia.

Hasta altos funcionarios y dirigentes del PLD admiten que abril, su noveno mes en el poder, ha estado teñido por escándalos, discrepancias internas y con sectores empresariales, y desaciertos que les han mellado la credibilidad ante la ciudadanía dejándolos a la defensiva.

La sustitución del director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y de un subsecretario de Obras públicas forman parte del esfuerzo por contener el deterioro y retomar la ofensiva para lo cual también se contempla establecer por decreto nuevas normas para las compras y contrataciones del Estado.

CADENA DE INFORTUNIOS

El gobierno del presidente Leonel Fernández ha pasado por una cadena de infortunios al cumplir su octavo mes, con fuertes cuestionamientos a su política anticorrupción y a la inversión pública, por confrontación en su propio seno y de funcionarios con sectores empresariales.

Lo más grave ha sido lo relacionado con la terminación del edificio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por inversiones en decoración y mobiliario que han sido estimadas como escandalosas, y porque han estado rodeadas por el espectro de Quirino Paulino, extraditado a Estados Unidos tras ser acusado del mayor tráfico de drogas en la historia del país.

Los cuestionamientos comenzaron cuando un decreto del Poder Ejecutivo canceló los abogados que representaban al Estado en el proceso judicial que involucra a funcionarios y dirigentes peledeístas por el Programa Eventual de Empleos Mínimos del período gubernamental 1996-2000.

Aunque ese retiro no implica la anulación del proceso, al no nombrarse nuevos abogados, en la opinión pública quedó como una señal de desinterés por parte del gobierno y una contradicción con la política anticorrupción proclamada, justo en momentos en que se iniciaba un proceso a funcionarios del pasado gobierno perredeista por irregularidades en el Plan de Renovación de Vehículos.

La precipitada citación judicial al expresidente Hipólito Mejía para ser interrogado sobre el llamado “caso Quirino” por parte de la fiscalía fue un craso error político y táctico que lo dejaría como víctima del gobierno y desacreditaría los esfuerzos por combatir la corrupción.

Al advertir que el fiscal no disponía de indicadores que permitieran anticipar un proceso judicial contra el ex mandatario, el presidente Fernández dispuso la suspensión de la cita, lo que en vez de acreditársele como una decisión política y jurídica sabia, se le enrostró como vacilación y miedo, especialmente por parte de un frente mediático y de comunicadores empeñados en destruir a cualquier costo lo que queda del crédito de Hipólito Mejía.

El 17 de abril el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Julio César Ventura Bayonet, quedó en cuestionamiento tras ser encontrado en Moca en la finca donde las autoridades aduanales incautaron un cargamento de varios miles de cajas de licores introducidos al país de contrabando.

Aunque una comisión de las Fuerzas Armadas que indagó el caso concluyó en que el alto oficial no tenía responsabilidad en la acción ilegal, no ha satisfecho a la opinión pública la explicación de Ventura de que había ido allí llamado por el propietario del contrabando, que es su amigo, cuando comenzó a sentirse vigilado.

Otro cuestionamiento a la política anticorrupción del gobierno se originó en la confusión de roles de la recién creada Comisión Nacional de Etica a la que se atribuyó el papel del ministerio público en la lucha contra la corrupción durante la sesión del Consejo de Gobierno del 18 de abril, lo que fue rectificado posteriormente, pero dejó ruido.

Inversiones cuestionadas

Cuatro cuantiosas inversiones del gobierno han estado sujetas a fuertes cuestionamientos en las últimas semanas: más de 200 millones de pesos destinados a amueblar y decorar el nuevo edificio de la Suprema Corte; el anuncio de que se invertirían 25 millones de dólares para la terminación de una clínica privada en Santiago; la compra del antiguo edificio de Verizon por la suma de mil millones de pesos; y la remodelación de la biblioteca de la Universidad del Estado, acabada de inaugurar, para instalar materiales más lujosos por varias decenas de millones de pesos.

En varios de esos casos se ha cuestionado la falta de transparencia. Se trata de compras e inversiones sin licitación ni concurso. Es el caso del edificio para Aduanas vendido por Verizon a una firma privada hace 3 años por la suma de 195.5 millones de pesos. La exagerada reacción de Miguel Cocco a un pedido de transparencia en el programa Jornada Extra de Teleantillas sólo sirvió para concentrar la atención de la opinión pública en la inversión

En la UASD tanto el exrector Porfirio García, como el nuevo Roberto Reyna han expresado su extrañeza por la remodelación de la biblioteca, cuando aún no se le había puesto en funcionamiento. En este caso como en el edificio de la SCJ se ha cuestionado el gasto ostentoso en medio de una crisis económica, sin faltar quienes entiendan que lo predominante ha sido el ganar comisiones en las compras.

La anunciada inversión en el Hospital Metropolitano de Santiago produjo rechazo hasta en la dirección provincial y los legisladores peledeistas de Santiago. Aunque podría ser laudable el propósito de ayudar a reactivar una inversión paralizada, son pocos los que justifican que el Estado destine a un proyecto privado una suma que supera unas 14 veces lo que en el año se dedicará a los precarios hospitales públicos de la ciudad.

Tampoco han ayudado a la buena imagen del gobierno los encontronazos públicos entre el secretario de Obras Públicas Freddy Pérez, y el subsecretario Carlos Polibio Michel, y entre el fiscal del Distrito Nacional y el director de la Cámara de Cuentas.

El asesor económico Julio Ortega Tous acusó a los empresarios de evasores, mientras Miguel Cocco decía que estos no fueron capaces de presentar propuestas integrales para la última reforma tributaria, lo que de inmediato fue desmentido por el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.

Otro asunto desconcertando fue la revelación del director de Aduanas en el sentido de que había asignado al Fiscal del DN un automóvil robado en Estados Unidos, pero que no fue reclamado dentro del plazo establecido. No faltó quiénes preguntaran por qué asignarle ese vehículo precisamente a la autoridad encargada de perseguir crímenes.

La mala racha del gobierno ha sido tal que hasta un calificativo de izquierdista se llevó del exsubsecretario de Estado latinoamericano de los Estados Unidos Otto Rich, un hombre influyente de la tropa republicana. Mientras un invitado de la Fundación del presidente Fernández cometía la ligereza de aprovechar ese escenario para acusar sin ningún fundamento al profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez de haber sido “colaboradores de la CIA”.

EL ESPECTRO DE QUIRINO

En medio del escándalo por la adjudicación del amueblado y la decoración del edificio de la Suprema Corte ha rondado el espectro de Quirino, además del cuestionamiento al monto destinado y al lujo revelado.

También se ha cuestionado la asignación del contrato a la señora Margarita Gómez en octubre pasado, cuando desde  hace cuatro años estaba en manos de la firma Bohenco del ingeniero Guillermo Bonnelly, a quien se le había adelantado decenas de millones de pesos, más 700 mil dólares después de ser despojado del contrato.

La señora Gómez ya hizo varios decorados y siembras de árboles ornamentales en la anterior gestión peledeísta. Se le considera “protegida” del director del DNI, general Manuel Florentino Florentino. Desde que estalló el escándalo Quirino en diciembre los tres personajes han sido vinculados. Se ha llegado a decir públicamente que dinero del extraditado fue usado para financiar la compra de parte de los muebles del edificio de la SCJ

En parte es a ellos a quienes se han referido tanto el expresidente Mejía como algunos de los suyos cuando afirman que es hacia dentro del gobierno que hay que investigar sobre los nexos del acusado de narcotráfico. En diversos ámbitos se ha afirmado que el secretario de las Fuerzas Armadas en el pasado gobierno de Fernández estaba bajo cuestionamiento de la embajada de Estados Unidos.

Sin embargo, desde el principio, el general Florentino dijo que sólo era amigo de infancia de Quirino Paulino, sin que nadie arrojara públicamente acusación alguna contra él.

Pero esta semana se produjeron tres revelaciones que alimentaron el escándalo: La señora Gómez admitió públicamente que decoró apartamentos de Quirino por 8 millones de pesos, el subsecretario de Obras Públicas Polibio Michel aceptó que vendió dos apartamentos al acusado de narcotráfico, y el abogado de este denunció que parte del mobiliario adquirido para la SCJ fue incautado en uno de los almacenes de Quirino Paulino.

Esas revelaciones explicaron para algunos la magnitud del error de haber citado al expresidente Mejía para interrogarlo sobre posibles vínculos con el acusado de traficar en diciembre mil 380 kilos de cocaína. Efectivamente, gente vinculada y favorecida por el gobierno, son salpicadas por el escándalo, aunque eso no significa necesariamente que sean cómplices o responsables de las actividades ilegales del multimillonario acusado de narcotráfico.

EL PRESIDENTE SE SACUDE

En tales circunstancias el presidente Fernández comenzó a sacudirse y a espantar la mala suerte. El jueves destituyó a Florentino de la dirección del DNI y a Michel Presbot de la subsecretaría de Obras Públicas.

El mismo día el mandatario suspendió el acto en que entregaría la primera partida de la inversión en el hospital privado de Santiago, cuyos trabajos se reanudarían con su presencia . En vez de eso auspició un coloquio en la Universidad Madre y Maestra de Santiago para escuchar la diversidad de planteamientos sobre el particular.

En conversaciones privadas se ha aceptado que el presidente está preocupado por la cadena de infortunios que han afectado la imagen de su gobierno en el mes de abril. Y que está dispuesto a cortar por donde sea necesario. Como ejemplo de ello se afirmó que está en elaboración un decreto para adoptar las normas sobre compras y contrataciones de obras y servicios contenidas en el proyecto de ley que recién envió al Congreso Nacional.

El presidente habría comentado lo difícil que resulta gobernar el país sin ser salpicado por la voracidad y la corrupción que afecta al conjunto de la sociedad dominicana.-

 

Valioso proyecto de ley de partidos

Por Juan Bolívar Díaz

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La renovación y recuperación del crédito de los partidos políticos dominicanos podría iniciarse con la discusión y aprobación del Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas elaborado por consenso de dirigentes de los principales partidos y representantes de la Junta Central Electoral (JCE) y de la sociedad civil.

Aunque redactado hace 5 años fue en el 2004 cuando fue introducido a la Cámara de Diputados, donde le dejaron pasar dos legislaturas sin que se haya producido siquiera el informe de la comisión que lo estudia, por lo que caducó, pero sigue siendo un marco de referencia cada vez que se habla de crisis en los partidos.

El proyecto es innovador en múltiples aspectos, resaltando que afianzaría la democracia interna de los partidos, acortaría las precampañas y campañas electorales, garantizaría la educación política de la población y establecería un régimen de transparencia y vigilancia del financiamiento político.

PERSISTENTE REFERENCIA

Este proyecto tiene una larga historia y se ha convertido en una persistente referencia cada vez que se habla de crisis en los partidos políticos y de correctivos para que esas instituciones cumplan un mejor rol en la sociedad dominicana.

Fue elaborado en el anterior período gubernamental del presidente Leonel Fernández por la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, que era como entonces se denominaba la actual Comisión Nacional de Reforma del Estado, (CONARE).

Fue entregado a la JCE y al presidente Leonel Fernández en 1999 y quedó en manos de su consultoría jurídica. Su sucesor Hipólito Mejía tampoco le dio curso y tuvo que ser introducido a la Cámara de diputados hace un año por la doctora Licelotte Marte de Barrios, activa participante en su elaboración, pero caducó al pasarle dos legislaturas sin que la comisión creada para su estudio rindiera el informe de lugar. Se afirma que ni siquiera llegó a reunirse.

Además de la doctora Marte de Barrios, por el Partido Reformista Social Cristiano también participó en su elaboración el politólogo Belarminio Ramírez. Por el Partido Revolucionario Dominicano Tirso Mejía Ricart, y Miguel Angel Rodríguez por el Partido de la Liberación Dominicana.

La JCE estuvo representada por el director de su Departamento de Partidos Políticos, Braulio Alcántara, la encargada de Capacitación Electoral, Dolores Piña, y el asesor José Silié Gatón.

También participaron doce representantes de la sociedad civil, entre ellos destacados politólogos y sociólogos, bajo la coordinación de José Angel Aquino, entonces coordinador del área de Reformas Político-Electorales de la comisión estatal.

La pieza fue consensuada tras una docena de sesiones de trabajo a lo largo de varios meses.

El proyecto es referencia persistente en los ámbitos políticos y de la sociedad civil. El doctor Luis Arias, presidente de la JCE, ponderó su procedencia en una charla hace unos meses. El 8 de diciembre último el movimiento Participación Ciudadana, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la CONARE celebró un seminario para su discusión. Decenas de dirigentes políticos y sociales así como legisladores participaron en el evento y ponderaron sus alcances, formulando aportes para su enriquecimiento.

PROMUEVE LA DEMOCRACIA

El proyecto ha cobrado actualidad tras la aprobación y promulgación de la Ley de Elecciones Primarias, que ha originado divergencias y controversias hasta en el seno de los partidos políticos. Algunos de los objetores de esta ley han planteado que su esencia debió ser parte de una ley general que regule los partidos políticos.

Una de las virtudes del documento es que promueve la democracia a lo interno de los partidos políticos, tanto en su funcionamiento como en la elección de candidatos, tras proclamarlos como “instituciones esenciales para el funcionamiento del sistema democrático”. Obliga a la renovación periódica de los puestos de dirección de sus organismos internos por lo menos cada cuatro años, estableciendo una sola reelección consecutiva por cargo.

Así mismo prohibe las designaciones al margen de la voluntad de los organismos competentes y los miembros del partido, consagrando el derecho de los afiliados y afiliadas a “emitir un voto libre y secreto para la elección de dirigentes y candidatos”, garantizando la participación de las minorías mediante el mecanismo de la proporcionalidad.

A los afiliados les garantiza no solo los tradicionales derechos a elegir y ser elegidos, sino también a recibir información sobre todas las actividades de su partido, a fiscalizarlos e incluso a presentar quejas ante la JCE.

Proclama que ningún ciudadano deberá afiliarse a más de un partido al mismo tiempo, y que la afiliación a uno implica la renuncia simultánea a toda afiliación anterior.

El proyecto obliga a los partidos a contribuir a la formación política y adiestramiento técnico de sus miembros en los asuntos de Estado, en la ideología partidaria y en los valores cívicos y patrióticos. Y para garantizarlo establece que

cada organización establecerá un centro de educación política al que tendrá que destinar el 30 por ciento del financiamiento estatal en los años que no hay elecciones y el 15 por ciento cuando las haya.

Otro aporte importante es que limita las precampañas y campañas electorales a no más de tres meses cada una. También limita la publicación de encuestas o sondeos de preferencias o intención de votos, así como de votación, desde tres días antes de las elecciones, hasta uno después.

TRANSPARENCIA FINANCIERA

El proyecto presenta una serie de previsiones para la transparencia del financiamiento de los partidos, limitándolos al proveniente del Estado, de las actividades de recaudación y a las contribuciones de personas naturales. Estas últimas no podrían ser superiores al 5 por ciento del financiamiento público.

Como la actual ley electoral prohibe la recepción de recursos provenientes de las instituciones del Estado, de gobiernos e instituciones extranjeras, (exceptuando los destinados a la formación política), así como los de cualquier actividad ilícita.

Establece que cada partido tendría que llevar un libro de registro de contribuyentes y otro para consignar todos los gastos de campaña, sujetos a la supervisión de la JCE, la que podrá ordenar auditorías y en caso de violaciones suspender el financiamiento estatal. Dispone la entrega de un informe de ingresos y gastos cada 4 meses.

A la JCE se le faculta al establecimiento, mediante resolución, de una “suma máxima para el gasto en las campañas electorales” y a indicar “topes para la cantidad de anuncios sobre propaganda electoral que los medios de comunicación pueden transmitir”.

Otra novedad del proyecto de ley es que si un partido solo alcanza representación municipal, pasará a ser considerado como una organización local, sólo con derechos en los municipios donde esté representado.

La pieza legislativa establece sanciones rigurosas, que incluyen multas con sumas sujetas a ajustes por inflación, suspensión del financiamiento estatal y hasta inhabilitación a postulación para cargos electivos por un período de 5 años.

EL CRÉDITO DE LOS PARTIDOS

Seguramente que para muchos políticos algunos de estos planteamientos resultarán extremos, pero ya han sido puestos en vigor en otros países como parte de los esfuerzos por mejorar el crédito de los partidos y la calidad de la democracia.

Se asumen a conciencia de que desciende vertiginosamente la credibilidad en los partidos políticos, como vienen mostrando las encuestas que los colocan en la más baja escala de la estimación popular.

Ese descrédito ha determinado el colapso de los partidos tradicionales en países como Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia y Guatemala, donde la corrupción política alcanzó niveles alarmantes. La consecuencia ha sido estancamiento, cuando no retroceso del proceso democrático, y fuertes dificultades de gobernabilidad.

En muchos otros países, como Brasil o Uruguay, los partidos tradicionales se han visto debilitados en extremo, siendo sustituidos por coaliciones de fuerzas políticas emergentes.

La limitación de la extensión de las campañas electorales, y del monto de dinero a ser gastado por los partidos estaría llamada a reducir el costo de la actividad política, evitando la excesiva dependencia de los grandes intereses económicos que a menudo atan de antemano la autonomía de los gobernantes y representantes.

La transparencia en el manejo financiero tendería a reducir el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas, como las del narcotráfico o de la malversación de ahorros privados, de las cuales ha habido escándalos no solo en el país sino en muchas otras naciones.

Las previsiones del proyecto de Ley de Partidos Políticos están destinadas también a reducir el uso de los recursos del Estado, y por consiguiente de la corrupción administrativa, en las actividades políticas.

Hasta ahora la mayoría de los líderes políticos dominicanos no ha compartido las preocupaciones que originaron el proyecto. Pero cada vez son más los que entienden que para preservar el sistema político y afianzar el proceso democrático es urgente una legislación que renueve y democratice los partidos y haga más transparente la actividad política.

Como toda obra humana, el proyecto no será una perfección, pero parece una base excelente para comenzar a reorganizar el aparato político dominicano y evitar que el actual derrotero lo lleve a un colapso que ponga en juego el proceso democrático nacional.-

Un año de desafíos económicos y políticos

Por Juan Bolívar Díaz

Este 2005 que comienza comporta grandes desafíos para la sociedad dominicana, con expectativas de que se convierta en el año de la recuperación económica con reorientación de la inversión y del inicio de una real política de   contención de la delincuencia.

     El gobierno parece empeñado en jugar a la estabilidad macroeconómica para lo cual son claves la implementación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la renegociación de la deuda con el Club de París y la aprobación definitiva del tratado de libre comercio con Estados Unidos, temas trascendentes que ocuparán la agenda nacional.

     Para lograr los objetivos de estabilidad y recuperación sería fundamental evadir la tentación de adelantar la campaña para las elecciones congresionales y municipales del 2006 que estarían en la agenda del partido de gobierno, mientras los de oposición tratarán de superar sus crisis internas.

Año de la recuperación

     El gobierno ha bautizado este 2005 como el año de la recuperación económica, consciente de que los logros de los últimos 6 meses no son más que un leve inicio de la superación de la profunda crisis económica derivada del descalabro bancario del 2003  agravada por el desbordamiento del gasto en el frustrado intento continuista del presidente Hipólito Mejía.

     La expectativa de crecimiento económico para este año situada en 2.5 por ciento por el gobernador del Banco Central Héctor Valdez Albizu, es apenas 0.55 por ciento más que lo registrado en el año recién finalizado. Pero las autoridades cifran esperanzas de que la inflación caiga del 28.74 por ciento a un solo dígito.

     Con un presupuesto en función del pago de deudas externas e internas y un acuerdo stand by de dos años con el FMI, el objetivo del gobierno parece ser mantener la estabilidad económica, con una tasa de cambio que se mantenga por debajo de 35 pesos por dólar, aunque para fines presupuestales fue estimada en 37.

     Lo más relevante en el orden subjetivo parece ser mantener la recuperación de la esperanza en que el país puede recuperarse, que es el gran logro de los primeros meses del gobierno del presidente Leonel Fernández.

     A esos fines se hacen todos los esfuerzos por cumplir el calendario de condiciones impuesto por el FMI, tanto en el orden presupuestario, como fiscal y de regulaciones. Lo mismo para concluir la renegociación de la deuda con el Club de París, todo lo cual se debe traducir en alivio de la carga de pago para este año como en seguridad para los inversionistas y recuperación del crédito externo.

     La culminación de las dos negociaciones son objetivos de este primer mes del año, como forma de alentar las expectativas de recuperación, afianzando la tasa cambiaria y atrayendo mayor inversión, quedando pendiente para más tarde lo relativo al tratado de libre comercio con Estados Unidos, en manos del Congreso de ese país, y una nueva reforma fiscal que, de acuerdo con el FMI, debería aprobarse a mediados del año.

     Pero como quedó demostrado en el anterior gobierno del PLD la estabilidad macroeconómica no es suficiente en un país con una deuda social tan grande con la mitad de la población que vive en niveles de pobreza. Se impondrían esfuerzos para retrasar el estallido de protestas sociales que comiencen a socavar la credibilidad en las actuales autoridades.

     De hecho ya es notable la baja proporción destinada al gasto social en el presupuesto del 2005, y la “focalización” del mismo y de los subsidios no prometen una ampliación de la inversión en el combate a una pobreza que no sabe de macroeconomía ni cree en buenos propósitos.

Un año preelectoral

     Por ser un año preelectoral el 2005 conlleva el riesgo de precipitación de una campaña electoral prematura que no solo consumiría grandes recursos, sino que lo politizaría todo, dificultando la gobernabilidad.

     El partido de gobierno debe ser el primero en evadir la tentación de precipitar la campaña electoral. Es obvio que pudiera actuar abiertamente en función de los comicios del 2006, pero ello dificultaría la colaboración política y especialmente del Congreso Nacional en orden a la gobernabilidad.

     El realismo en aceptar que el Congreso es dominado por la oposición, y la capacidad para negociar con sus representantes ha sido un elemento positivo para esta gestión gubernativa del PLD, a diferencia del período 1996-2000. La pugnacidad con que arrancó el PLD hace 8 años impidió que la oposición le aprobara su primer presupuesto, el correspondiente a 1997, y de inmediato todo se condicionó a los comicios del año siguiente que, contradictoriamente para el gobierno, afianzaron el dominio perredeista en ambas cámaras legislativas.

     Esta vez el PLD puede ser más paciente, entre otras razones por el descalabro que sufren los dos principales partidos de oposición, especialmente el mayoritario. Tanto el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como el Reformista Social Cristiano (PRSC) tienen grandes desafíos que marcarán su porvenir en el mismo primer trimestre del año.

     Los dos partidos tienen programadas convenciones para reformas estatutarias y para renovar sus mandos en todos los niveles orgánicos en procesos que culminarían en marzo. Pero ambos atraviesan por divisiones y fuertes pugnas que consumen parte de sus energías y le restan credibilidad.

     En ambos partidos hay grupos disidentes que podrían terminar negociando acuerdos electorales con el PLD para el 2006, pero una precipitación en ese camino rompería abruptamente el clima de entendimiento entre gobierno y legisladores de oposición con miras a enfrentar los críticos problemas nacionales.

     Sectores peledeístas ya hablan de preparativos para los comicios del próximo año, pero deberían evadir toda provocación que promueva el sentimiento grupal del perredeísmo y el reformismo y dejar que se cuezan en su propia salsa de conflictos, sectarismos y ambiciones. Mientras el gobierno podría seguir proclamando la preponderancia del interés nacional sobre el partidario, llamada a redituarle beneficios políticos inmediatos y para los próximos torneos electorales.           El PLD tiene también programado este año su séptimo congreso ordinario, llamado a renovar cuadros directivos, pero sin los grandes conflictos que afectan a sus opositores.

     Todo el sistema partidario dominicano tiene importantes retos para este año, como la aprobación de una ley de partidos políticos y otra de participación social que tiendan a fortalecer la institucionalidad democrática y mejorar sus relaciones con la sociedad civil organizada. Proyectos al respecto radican hace tiempo en el Congreso Nacional.

     En los primeros meses del año tendrán que decidir sobre la ley que instituye las elecciones primarias, considerada inaplicable en algunos de sus aspectos, y que requeriría un consenso para su modificación. Por de pronto la Junta Central Electoral no dispone de presupuesto para financiar las primarias este año. Aunque nada impide que lo hagan con la partida correspondiente a los partidos políticos que este año serían unos 375 millones de pesos, el 0.25 por ciento del monto de los ingresos nacionales, de acuerdo al artículo 49 de la Ley Electoral.

REFORMAS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL

     Entre los compromisos ya asumidos por el presidente Leonel Fernández para comienzos de este año figura de manera preponderante una nueva política que permita enfrentar con éxito el sostenido crecimiento de la delincuencia.

     Esté o no fundado en la realidad, la percepción subjetiva de la población es que la delincuencia se ha desmadrado en los últimos tiempos y que no hay instrumentos adecuados para combatirla, más allá de la “mano dura” que se ha demostrado ineficaz, dado que en el último decenio ha cobrado la vida de cerca de dos mil delincuentes o presuntos delincuentes, pese a lo cual crece la inseguridad.

     El gobierno tendría que revestirse de una gran voluntad política para enfrentar la situación a fondo, partiendo de una reestructuración de la Policía Nacional que deje fuera a una importante proporción de sus miembros, unos comprometidos en el tráfico y la delincuencia, y otros incapaces para la tarea que se les asigna.

     Ha resultado escandalosa la proporción de miembros de la Policía envueltos en la delincuencia de los últimos tiempos. Son persistentes las denuncias de complicidades que salen de los sacerdotes de los barrios y de los dirigentes de las organizaciones comunitarias. Un caso ilustrativo fue el de Azua, donde en septiembre varios agentes fueron involucrados con bandas de delincuentes, y en diciembre el comandante Lidio Arturo Nin quedó preso, acusado de protagonismo en un tráfico de 1,387 kilogramos de cocaína.

     Para la reforma policial se requiere una gran inversión en el reclutamiento de  recursos humanos, en su entrenamiento, en una elevación considerable de sus salarios y otras condiciones laborales, que permitan atraer cada vez más a jóvenes con mayores niveles de inteligencia y capacidad.

     La inversión en equipamiento, incluyendo movilidad aérea y terrestre, tecnología avanzada, laboratorios y comunicaciones supone la búsqueda de muchos recursos no presupuestados para este año, pero que podrían conseguirse con la cooperación internacional o en última instancia mediante un financiamiento que en este caso nadie podría objetar.

     El presidente Fernández es consciente del desafío inmediato de la delincuencia, pero falta por verse si tiene la voluntad política para pasar de los remiendos en un cuerpo que requiere una reestructuración de fondo. Los dos últimos gobierno, que incluyen el primero de Fernández, han aumentado notable como innecesariamente los efectivos militares y la inversión en equipos para las Fuerzas Armadas.

     En cambio a la Policía Nacional la han dejado languidecer, aunque en esta urgían mayor número de agentes y de recursos. Pero esta vez el desafío luce ineludible, y así lo ha planteado el propio presidente de la República.-