Los desafíos del 2006

Por Juan Bolívar Díaz
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La celebración de una sexta elección libre y sin traumas en forma consecutiva es uno de los desafíos que enfrenta la nación dominicana en el año 2006, período en que deberán hacerse esfuerzos por mejorar los mecanismos de diálogo, concertación y cumplimiento de los acuerdos nacionales.

El primer desafío para el gobierno del presidente Leonel Fernández es evitar que el proceso electoral descarrile el país de la estabilidad macroeconómica recuperada en el 2005 y conducir políticas sociales y de mejoramiento de los servicios públicos que contribuyan a reducir efectivamente la pobreza.

Para avanzar efectivamente e incorporarse con éxito al tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, la nación deberá realizar una serie de reformas legales e institucionales y abocarse a ejecutar con firmeza muchas otras que han ido quedando en los papeles.

La primera prueba

No hay razón objetiva para temer que los comicios congresionales programados para mayo del 2006 vayan a romper el récord nacional de 5 elecciones consecutivas en una década en que se ha expresado y respetado la voluntad democrática. El sistema electoral que se ha ido instituyendo ha mostrado eficacia y el actual equilibrio en el control de los poderes del Estado no auspicia arrebatos ni fraudes.

El desafío en torno a las elecciones es al sistema político, ya envuelto en una vorágine temprana, con enorme derroche de recursos y tendencias al descrédito y la disolución a consecuencia del pragmatismo salvaje que lo afecta.

La lucha por el poder por encima del interés nacional, podría desatar demonios de confrontación capaces de afectar el proceso de recuperación económica tras las quiebras financieras del 2003 y dificultar aún más la incorporación del país al nuevo escenario que conllevará la entrada en vigencia del tratado de libre comercio.

Es significativo que por primera vez en casi una década la nación comienza un año sin que se hubiese aprobado la ley de presupuesto de ingresos y gastos públicos, sin que falten quienes teman que el interés electoral y las contradicciones partidistas determinen que el gobierno se maneje con el presupuesto del año que concluye.

Incluso hay quienes consideran que el gobierno podría estar deseando calentar las contradicciones para que el proyecto sometido tardíamente al Congreso no sea aprobado, lo que le daría mayor discrecionalidad en el uso de los excedentes fiscales con relación al 2005.

La última vez, y probablemente la única, que eso ocurrió fue en el 2000, precisamente en el primer gobierno del presidente Fernández, cuando el proyecto de presupuesto llegó atado a una serie de reformas impositivas que el Congreso, como ahora mayoritariamente perredeísta, se negó a avalar.

Una repetición de tal incapacidad de negociación estaría en contradicción abierta con el escenario internacional de reclamo de legitimidad y transparencia, donde resulta inconcebible que un gobierno pueda manejarse sin presupuesto. También chocaría con el acuerdo que el Estado mantiene con el Fondo Monetario Internacional y los requerimientos del tratado de libre comercio.

El gran riesgo electoral

Aunque se registra un atraso en la reorganización de las juntas electorales y en la creación de algunas de las correspondientes a 17 nuevos municipios, ese factor podría ser superado sin mayores consecuencias. El gran riesgo del proceso electoral está en la exacerbación de las contradicciones y enfrentamientos en la lucha por el poder. La matanza de cuatro políticos el pasado 16 de agosto en Piedra Blanca, Bonao, disputándose la administración de un pobre distrito municipal, y la impunidad en que ha quedado, es un indicativo de lo primitiva que sigue siendo la práctica partidista en el país.

El riesgo no consiste tan solo en cuánto pueda la lucha partidista viciar las posibilidades de diálogo, concertación y convivencia nacional y dificultar las reformas legales e institucionales que se imponen, sino también en que genere un desbordamiento del gasto público y abusos de los recursos estatales en el esfuerzo por lograr el control del Congreso Nacional y los ayuntamientos.

La virtual conformación de dos bloques de partidos para disputar los comicios legislativos y municipales tenderá a una elevación de la temperatura política, lo que junto al derroche de recursos y la insatisfacción de importantes segmentos poblacionales con la lucha partidista, podría también constituirse en riesgos de mayor abstención y descrédito de las instituciones básicas del proceso democrático.

Con un padrón electoral eficiente y en manos de todos, y obligada la Junta Central Electoral a administrar el proceso con transparencia y participación de los delegados políticos, más la vigilancia de la sociedad, no hay razones para temer que pueda cortarse la racha de elecciones sin mayores impugnaciones.

De acuerdo al calendario organizativo, las juntas electorales correspondientes a los 151 municipios, debieron estar estructuradas al 30 de noviembre. Al comenzar el año quedan todavía 15 de ellas por “consensuar”, incluyendo 8 de los nuevos municipios, y algunas tan importantes como las de Santiago, Moca, San Juan de la Maguana y Puerto Plata. En algunas las autoridades electorales esperan propuestas o respuestas de los partidos. Hay casos, como el de Puerto Plata, donde las diferencias son por uno solo de los integrantes.

Para la elección de este año se realizará un plan piloto para someter a prueba en el país el uso de “urnas electrónicas”. Se prevé que el voto electrónico pueda ser probado entre 650 y 1300 colegios electorales, 5 a 10 por ciento del total. Hasta ahora la JCE cuenta con 500 de esas urnas prestadas en un convenio con la Organización de Estados Americanos y Brasil, que las proporciona.

Pruebas institucionales

El 2006 comienza con un desafío entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no sólo en torno al presupuesto de ingresos y gastos, sino también porque el primero ha anunciado que mantendrá por tiempo indefinido el ilegal recargo cambiario que se prometió eliminar con las reformas tributarias que entran en vigencia desde el 1 de enero.

Lo que esa decisión implica es que prevalecen prácticas gubernamentales en contradicción con las normas institucionales, como también la de haber iniciado una inversión de la categoría de un sistema de transporte subterráneo sin los suficientes estudios de factibilidad ni aprobación previa de los ayuntamientos, sin estar incluida en la ley de presupuesto del año pasado, y con el rechazo de organismos creados por el mismo gobierno, como fue el caso del Consejo Nacional de Desarrollo Social e Institucional.

En la débil institucionalidad democrática nacional sería insólito que el Congreso no aprobara una obra emprendida a su espalda por el Ejecutivo, y de la magnitud del Metro, lo que sería absolutamente legítimo en las naciones donde se respetan los mandatos institucionales. Y la constitución dice que el presupuesto de ingresos y gastos lo aprueba el Congreso.

Con el agravante de que mientras insiste en aventurarse en una mega inversión como el Metro, el proyecto de presupuesto del Ejecutivo evade destinar el diez por ciento de los ingresos a los ayuntamientos como se estableció por ley.

El fortalecimiento de la institucionalidad democrática pasa necesariamente por dar vigencia a una serie de legislaciones de los últimos años que permanecen burladas. Tal es el caso de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la Ley sobre Instituciones sin Fines de Lucro, la del Defensor del Pueblo, la de Migración, la de Libre Acceso a la Información y la de Seguridad Social que instituye el 8 veces postergado seguro familiar de salud.

Las reformas pendientes

El país requiere urgentemente de un conjunto de disposiciones que permitan mejorar la capacidad competitiva de los productores nacionales de cara al nuevo escenario del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, particularmente para los industriales y servicios que enfrentarán de inmediato fuertes retos, sin períodos de gracia ni escalones.

Un sistema energético ineficiente y costoso, pese a un subsidio que este año se llevó más de 500 millones de dólares, es una daga sobre el sector productivo, y todavía no se vislumbra que ese obstáculo pueda comenzar a ser eliminado este año. Para otros sectores productivos, como el agropecuario, las repercusiones del libre comercio serán de mediano y hasta largo plazo.

La entrada en vigencia del acuerdo comercial conlleva una serie de reformas pendientes de conocimiento en el Congreso Nacional, que incluyen reorganización del sistema de gestión financiera del Estado, nuevas normas para presupuesto, una nueva legislación sobre compra y contrataciones del Estado, y leyes de libre competencia y de defensa del consumidor.

También están pendientes reformas para dar mayor autonomía a la Dirección General de Impuestos Internos, para la eficiencia tributaria, de modificaciones del código tributario y de reorganización mercantil y liquidaciones.

Ese armazón de reformas legales debería ser aprobado en breve para que el país esté en mejores condiciones de adscribirse a las obligaciones del tratado de libre comercio. Incluso constituye un desafío particular para los dos mayores partidos de oposición, que buscan presentarse en un frente electoral para mayo, pero que ya en el actual Congreso controlan 31 de los 32 senadores y dos terceras partes de los diputados.

Sin embargo, contra la eficiencia legislativa conspirará la larga campaña electoral que precederá a los comicios de mayo, por la circunstancias de que muchos de los senadores y diputados tendrán su atención concentrada en buscar votos para mantener sus curules.-

El crecimiento económico salva la cara del 2005

Por Juan Bolívar Díaz

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Solo el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, con un crecimiento del producto bruto interno del orden del 8 por ciento, según las cuentas del Banco Central, salva la cara a este 2005, que pasará a la historia nacional como el año de la ratificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Este año marcó profundas decepciones por la falta de prioridades y transparencia gubernamental, escasos avances en combatir la corrupción, por el aumento de la delincuencia, la inseguridad y la violencia criminal, sin que las autoridades hayan podido convertir en realidad los planes anunciados.

Aunque los principales partidos políticos realizaron esfuerzos por reformar sus estructuras y renovar sus dirigentes, sus extensas campañas internas para elegir candidatos y el mercado público en que convirtieron las negociaciones para alianzas de cara a las próximas elecciones han seguido marchitando su imagen.

Milagroso crecimiento económico

Que este año concluya con un crecimiento del producto interno de un 8 por ciento, entre los más altos del mundo, con inflación de un solo dígito e incremento de las reservas de divisas, pese a la crisis del 2003-04 y al desproporcionado aumento de los precios del petróleo, que han promediado cerca de los 60 dólares el barril, constituye un milagro económico.

Esos datos ofrecidos por el Banco Central son más sorprendentes por cuanto la generalidad de la población no advierte las consecuencias de tal crecimiento, como ha quedado patente en las encuestas, y por el registro de un creciente desempleo, que en las zonas francas y el turismo alcanza a decenas de miles de trabajadores.

No han faltado quienes cuestionen las cifras oficiales, como lo hizo recientemente el exgerente general del Banco Central Apolinar Veloz, quien sostiene que son fruto de la reposición de métodos de medición que habían sido superados y cambiados en la gestión precedente.

De cualquier forma es indiscutible que las autoridades han logrado mantener la estabilidad macroeconómica en un marco singularmente desfavorable. La tasa cambiaria que comenzó el año en 31.50 pesos por dólar, y que a mediados de abril descendió hasta 28.30, concluye diciembre entre 33 y 34 pesos por dólar. Las mediciones oficiales reportan una inflación del 8 por ciento.

Es relevante que este año las autoridades no incrementaran el endeudamiento y mantuvieran reservas fiscales, cumpliendo las metas establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque la varita mágica pudo haber sido la renegociación de las deudas con el Club de París, con tenedores de bonos y banca privada por más de mil millones de dólares.

Para algunos analistas esos parámetros se explican también en el mantenimiento de un peso sobrevaluado, a costa de los exportadores y de los 900 mil adultos que reciben remesas del exterior, estimadas para este año en unas 3 mil millones de dólares, y que  tuvieron que cambiarlas con pérdidas que se llegan a calcular sobre los 20 mil millones de pesos. Eso explicaría, en parte, el grito de que hubo poco circulante y la alta proporción de los que opinan en las encuestas que el país va por rumbo equivocado.

Pero en términos económicos el mayor problema del año fue el no haber enfrentado el déficit cuasifiscal del Banco Central, que sigue pendiendo como amenaza sobre la estabilidad macroeconómica. La reducción de las tasas de interés desaceleraron el crecimiento de ese déficit, que ya alcanza casi 150 mil millones de pesos, representando más del 40 por ciento del presupuesto proyectado para el 2006.

Decepciones y frustraciones

Los asuntos que dominaron el debate nacional a lo largo del año que concluye fueron decepciones y concluyeron en nuevas frustraciones, relevándose lo que Participación Ciudadana diagnosticó ya en mayo como falta de transparencia, carencia de prioridades efectivas y de racionalidad en la inversión, junto a un proceso de descomposición moral  en la vida pública y privada.

El primer tema dominante con que comenzó el año fue el llamado “escándalo Quirino”, originado en la incautación de 1,200 kilogramos de cocaína el 18 de diciembre del 2004, cuyas ramificaciones aún no han sido despejadas completamente, faltando aún por establecer si hubo cómplices en las esferas gubernamentales, del antes y de ahora.

Como era convencimiento general que nuestras instituciones judiciales no tienen integridad y capacidad para juzgar un caso de esa magnitud, hubo que resignarse a que el principal acusado Quirino Ernesto Paulino y una docena de los involucrados fueran extraditados a Estados Unidos.

Otro tema que dominó durante la segunda mitad del año fue el de la ratificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica y la reforma fiscal que le era consubstancial para compensar al fisco por la reducción de ingresos aduanales y de la comisión cambiaria y para mejorar la competitividad de los sectores productivos.

Muy temprano se evidenció que la reforma no abarcaría todo lo fiscal, como reclamaba gran parte de la opinión pública, sino simplemente una modificación impositiva más. Después de más de dos meses de negociaciones en torno al Diálogo Nacional, el “consenso” que se anunció, y que al principio fue tan solo entre el gobierno y el empresariado, se deshizo cuando la pieza era considerada, por tres meses, en la Cámara de Diputados. El proceso excluyó a los sectores sociales y sindicales, dividió al empresarial y dejó insatisfecho al gobierno, que en la recta final impuso nuevos gravámenes  rechazados hasta por la  cúpula empresarial del “consenso”.

Como colofón, el gobierno anuncia que mantendrá por algún tiempo un recargo cambiario del 9 por ciento, lo que nuevamente rompe la institucionalidad y remite a una confrontación con el Congreso, mientras se informa que las autoridades procuraran que el tratado de libre comercio no entre en vigencia hasta julio.

El metro y la isla artificial

El inicio de un metro en la ciudad capital, que gran parte de la opinión publica considera no prioritario en las actuales circunstancias, y el contrato que autoriza la construcción de una isla artificial frente al malecón de Santo Domingo dominaron también gran parte del debate nacional.

En los primeros meses del año el presidente Leonel Fernández  planteó la construcción del metro y luego pareció aceptar el rechazo generalizado, que incluyó al Consejo Económico, Social e Institucional que él mismo instituyó. Pero ya en octubre el proyecto fue retomado e iniciado como tantas otras obras sin suficiente transparencia, sin todos los estudios de factibilidad ni presupuesto.

La isla artificial ha tenido un rechazo aún mayor, agravado cuado se conocieron los términos de la contratación que incluyeron garantías del Estado hasta por reducción de su factibilidad económica. Al final del año el proyecto luce en proceso de desarticulación con la renuncia de los asociados dominicanos.

La falta de prioridades, de concursos  y de transparencia en la inversión pública causó escándalos en el lujoso mobiliario del edificio de la Suprema Corte de Justicia, en la Biblioteca de la Universidad Autónoma, en la compra de un edificio para Aduanas  por mil millones de pesos, en el aporte de 25 millones de dólares a un hospital privado en Santiago y finalmente en el concurso para la instalación del propio “portal para la transparencia del gobierno”. Todo eso mientras la educación y la salud seguían relegadas y se daba cuenta de la existencia de más de mil 200 obras inconclusas.

Abundantes insatisfacciones

El gobierno ha tenido buenos desempeños en el aparato recaudatorio, en el mejoramiento de la administración pública, en las secretarías de Educación y Salud Pública, a pesar de sus limitaciones presupuestarás, pero ha dejado frustraciones al no poder enfrentar la eterna crisis energética.

Mas allá del discurso y las promesas, la realidad es que no arranca una verdadera política de seguridad ciudadana que enfrente con eficiencia la creciente delincuencia y la violencia. Los recursos solo han alcanzado para  el kilómetro y medio cuadrado del barrio capitalino de Capotillo. La Policía sigue esperando los vehículos, equipos de comunicaciones, laboratorios, el personal y el aumento de sueldo del 40 por ciento consignado en el decreto 145-05 del comienzo de abril. El resultado ha sido el incremento de la delincuencia y los “intercambios de disparos” que este año arrojarán cerca de 500 muertos, a pesar de la contención de los últimos dos meses. El año concluye sin que se haya adelantado significativamente en la sanción de la corrupción pública y privada que tanto ha contribuido a la pobreza nacional, y sin que se aprobara la prometida nueva ley de concursos y licitaciones para las contrataciones de obras y las compras del Estado. Ni siquiera se ha emitido el “decreto puente” elaborado al efecto por la Comisión Nacional de Etica que instituyó el presidente Fernández.

Finalmente la política siguió generando decepciones. Los partidos dominantes comenzaron el año con un esfuerzo de reformas estatutarias para mejorar su democracia interna y con la renovación de sus cuadros directivos. Pero una prematura y prolongada campaña interna para elegir candidatos para las elecciones de mayo y el mercado público que montaron para abordar posibilidades de alianza, sembraron nuevas decepciones y frustraciones.

El 2005 termina sin que se implementara el 8 veces aplazado seguro familiar de salud y desafiando la capacidad de los dominicanos y dominicanas para el optimismo y la esperanza.

 

Es urgente aflojar la cuerda con Haití

Por Juan Bolívar Díaz
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Los dominicanos y dominicanas debemos hacer votos porque de las elecciones presidenciales haitianas de enero próximo salga un gobierno de amplio apoyo y capacidad para iniciar una distensión en las relaciones entre las dos naciones que permita construir un nuevo tipo de relaciones y cooperación.

Los anárquicos incidentes que marcaron la visita a Puerto Príncipe del presidente Leonel Fernández el pasado lunes y las masivas persecuciones de haitianos en Villa Trina y Pontón la semana anterior indican que prosigue el deterioro que se inició en mayo en la región Noroeste.

En los sectores pensantes dominicanos hay creciente preocupación por el tono del discurso antihaitiano predominante en el país hasta el grado que un ex-secretario de las Fuerzas Armadas y dirigente político salió a la palestra para anunciar una inminente guerra que tendría un costo devastador para las dos naciones.

Costosa visita de Leonel

La visita realizada el lunes 12 a la capital haitiana por el presidente Leonel Fernández constituyó un costoso error al producirse apenas una semana después de la destrucción y quema de unas 60 viviendas de haitianos en Villa Trina de Espaillat y en pontón de La Vega, dando oportunidad para que un grupo radical y poco representativo buscara capital político exacerbando el sentimiento anti-dominicano que se incuba en sectores de la población de Haití.

No hay razón para dudar de las buenas intenciones del mandatario dominicano, quien ha tenido un discurso prudente frente a los problemas bilaterales, aunque su gobierno no ha hecho suficiente para contener los recientes desbordamientos ni para condenar con energía y esclarecer múltiples crímenes, por ejemplo cuando tres jóvenes haitianos fueron quemados vivos en plena capital el pasado 16 de agosto.

Ha habido bastante consenso, tanto aquí como en los círculos políticos haitianos, de que el doctor Fernández no merecía el tratamiento desconsiderado y agresivo de que fue objeto, expresión de la anarquía que ha caracterizado la vida política de la vecina nación.

Pero aquí por más vueltas que se le dé al asunto no se entiende la oportunidad de la visita, de paso a Cancún, México. Aparentemente el presidente quiso invertir en una reducción de las tensiones de los meses recientes, apersonándose a la propia capital haitiana para formular un llamado desde allí a la concordia.

Pero el riesgo era alto, sobre todo si se tenía en cuenta que Haití está en campaña electoral, a menos de un mes de elecciones presidenciales, con un gobierno provisional, de escasa base de apoyo y que debe entregar el poder dentro de un par de meses, por lo tanto sin posibilidades de atender eficientemente las relaciones bilaterales.

Otra circunstancia a tomarse en cuenta es que Haití es una nación intervenida por una fuerza militar multilateral, lo que obligaba a una doble concertación por razones de seguridad, para la visita del mandatario de la nación vecina, en medio de crecientes tensiones bilaterales.

Ni siquiera la presencia de esa fuerza, de unos 8 mil miembros, ha garantizado la seguridad en las calles de Puerto Príncipe, donde las fuerzas policiales locales son frecuentemente superadas por grupos de pandilleros comunes y políticos.

Informes extraoficiales indican que los aparatos nacionales de seguridad eran conscientes de los riesgos y los advirtieron al presidente. Ello explica que lo acompañaran cientos de soldados dominicanos, con abundante equipo militar, incluyendo varios helicópteros.

Un final poco afortunado

Hay quienes creen que se ha magnificado el peligro que representó para la seguridad del presidente Fernández la anárquica manifestación, aún con lanzamiento de piedras y algunos disparos y las conocidas quemas de neumáticos desechados en las calles. Nunca estuvo al alcance de un grupo de apenas varios cientos de jóvenes enardecidos.

Pero el salir precipitadamente de Puerto Príncipe, si bien fue una expresión de desagrado ante el desbordamiento, y a lo mejor de prudencia para evitar peores circunstancias, también constituyó una autoderrota para el mandatario dominicano y una tremenda concesión a un pequeño grupo para nada representativo de la sociedad haitiana, encabezado por Guy Phillipe, situado en la cola de los múltiples aspirantes a la presidencia de Haití.

Si en vez de tomar camino hacia el aeropuerto el presidente Fernández se llega a la embajada dominicana en Petion Ville, donde le esperaba el liderazgo político haitiano, previamente invitado para un encuentro, hubiese derrotado a la minoría anarquista. Allí habría recibido la solidaridad y el desagravio de lo más representativo de Haití y el incidente habría quedado en segundo plano.

Fernández andaba en vehículo blindado y con suficiente protección para no huir de un grupito. Y disponía de helicóptero para trasladarse a las cercanías de la embajada, donde no había problemas, y luego al aeropuerto si era prudente evitar las calles. En la decisión parece haber predominado la indignación en vez del razonamiento político, probablemente de parte de los responsables de la seguridad.

De cualquier forma, en vez de incentivar el espíritu de confrontación con los haitianos, el incidente debe generar mayor prudencia, tolerancia y hasta generosidad dominicana ante la debilidad delas instituciones de la vecina nación, donde sus autoridades no controlan las calles y cualquier día pudiera producirse una chispa que originara graves actos de violencia aquí y allá.

Llama a la moderación el hecho de que tanto el presidente como el primer ministro y la cancillería haitiana condenaran desde el primer momento el comportamiento agresivo de los manifestantes y desagraviaran al presidente dominicano. Lo mismo han hecho voceros políticos y consulares de la vecina nación.

El pleito “casao” de Wessin

El repudiable incidente de Puerto Príncipe incentivó de inmediato el espíritu de confrontación que desde hace algún tiempo se escucha en la radio y la televisión con manifestaciones en los periódicos, resaltando la carta enviada a El Nacional por el general retirado Elías Wessin y Wessin.

Sin la mínima prudencia de un veterano militar que fue secretario de las Fuerzas Armadas y dirigente político, Wessin advirtió que “la guerra civil y militar entre República Dominicana y Haití es un pleito casao que cada día está más cerca”. Lo que el “hombre fuerte de San Isidro” en la guerra civil de 1965 prevé es un desastre mayúsculo, de características espantosas, pues él mismo advierte que tal guerra tendría características diferentes a las del siglo 19, “porque tendríamos al adversario dentro de nuestros barrios y campos por cientos de miles”.

Como si ese augurio no fuera suficiente, el general Wessin llegó al grado de cuestionar la preparación de las Fuerzas Armadas para afrontar la defensa de la soberanía nacional, reivindicando que sí lo estaban en los tiempos de la tiranía trujillista. Fue el ejército que protagonizó la matanza de miles de haitianos en la frontera en 1937, en un triste capítulo que en nada honra la nobleza del pueblo dominicano ni su imagen internacional.

Afortunadamente el actual titular de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez, rechazó los criterios de Wessin y ubicó el aparato militar dominicano dentro de un régimen democrático.

Al igual que el exgeneral, muchos dominicanos y dominicanas ignoran las consecuencias que pudiera tener para el país una confrontación armada con Haití o una matanza de ciudadanos de ese país en nuestro territorio, por más ilegales o invasores que se les quiera considerar.

Una guerra o confrontación militar desencadenaría odios tan profundos que nadie puede saber hasta qué límites podrían llegar. En ese escenario lo más probable sería una masiva intervención militar multilateral extranjera y un verdadero desastre para la imagen del país en el exterior. Las repercusiones sobre el turismo, la cooperación internacional y la inversión extranjera serían gravísimas. Sembraría anarquía y miseria a lo largo y ancho de la isla. Y complicaría enormemente la convivencia futura de dos naciones sin alternativas de separación ni distancia.

Esfuerzos constructivos

Alienta el hecho de que las autoridades de los dos países han hecho esfuerzos por demostrar que los incidentes del lunes no afectan las relaciones, que el gobierno haitiano haya designado un nuevo embajador y que las actividades sean normales tanto en la embajada como en los consulados dominicanos en Haití, como informara el jueves la cancillería.

A los sectores dominicanos más conscientes, especialmente en los medios de comunicación corresponde atender el llamado a la racionalidad, la serenidad y la cooperación entre las dos naciones que recientemente formulara el arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado, monseñor Ramón de la Rosa.

Todos deberían colaborar y apostar por unas elecciones limpias el mes próximo en Haití y para que de las mismas salga un gobierno representativo, de amplio apoyo, en capacidad de iniciar un reordenamiento y convertirse en contraparte no sólo del diálogo necesario con las autoridades dominicanas, sino también para la cooperación internacional que necesita el pueblo haitiano.

El reordenamiento de la casa haitiana es fundamental para que disminuya el flujo migratorio hacia el Este de la isla y para convenios que permitan organizar la contratación de la mano de obra que rea imprescindible en el país. Ni las guapezas, ni los insultos, ni la prepotencia, ni el discurso agresivo abonarán otra cosa que no sea la tragedia, y tal vez la desgraciada guerra que ha previsto el viejo general de San Isidro.-

¿Haitianos, dominicanos ó domínico-haitianos?

Por Juan Bolívar Díaz

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la nacionalidad a todo nacido en el país hasta que se elimine el jus solis de la Constitución                                          

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (La Corte) emitida la semana pasada reconoce la nacionalidad dominicana a todo el que nace en el territorio nacional y rechaza el criterio de “en tránsito” que se viene aplicando en los últimos años para negarla a los descendientes de haitianos.

El dictamen tiene como base la Constitución nacional, que tendría que ser modificada para eliminar su artículo 11 que reconoce como dominicanas “Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática, o los que estén de tránsito en él”

En cualquier caso, por provenir del más alto tribunal de las Américas, integrado por cinco destacados juristas, la sentencia debería ser analizada fríamente sin los prejuicios ni emociones con que ha reaccionado la generalidad de la opinión pública nacional.

Origen del conflicto

El proceso se inicia el 28 de octubre de 1998 cuando el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA) presenta una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (La Comisión) por la negativa de las autoridades dominicanas a emitir actas de nacimiento a las niñas Violeta Bosico Cofi y Dilcia Oliven Yean, nacidas en Sabana Grande Boyá en 1985 y 1998 respectivamente.

Ambas niñas eran hijas de mujeres dominicanas, con sus respectivas cédulas, y de padres haitianos. Se criaban con sus madres, pues los padres se habían desentendido de ellas. La mamá de Violeta, Tiramen Bosico Cofi, había nacido el 24 de octubre de 1956 en el batey Las Charcas de Sabana Grande de Boyá. La de Dilcia, Leonidas Oliven Yean, es nativa del batey Enriquillo, del mismo Sabana Grande de Boyá.

Las dos mujeres descendían de haitianos, lo que en sus casos no les impidió obtener su documentación como dominicanas. La mayor, Tiramen, ya tenía 6 hijos, a 3 de los cuales, Teresa, Heriberto y Rudelania, se les había expedido actas de nacimiento.

La denuncia del MUDA fue sustentada por el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, con sede en Washington y Costa Rica, por la International Human Rigths y la Escuela de Leyes de la Universidad de Berkeley, California.

En julio de 1999 La Comisión abrió el caso, tramitando la denuncia ante el Estado dominicano y solicitando información. En agosto pidió medidas cautelares a favor de las niñas. En noviembre se puso a disposición de las partes para buscar una solución amistosa. Los demandantes la favorecen, pero El Estado alega que estos no han agotado los recursos internos y que la ley les impide acoger la solicitud de las niñas.

En mayo del 2000 los demandantes comunican a La Comisión que habían agotado los recursos internos. En Junio El Estado replica que deben acudir a los tribunales ordinarios. En febrero del 2001 La Comisión declara el caso admisible. El 17 de abril los demandantes comunican que ya no tienen interés en solución amistosa y piden conocer el fondo de su demanda. El 24 de agosto La Comisión sesiona en Santo Domingo buscando solución amistosa. El 27 decide convocar audiencia sobre el fondo de la demanda. El 1 de octubre El Estado comunica a La Comisión que había decidido acogerse a la solución amistosa por lo que el 25 de septiembre del 2001 emitió actas de nacimientos a las dos niñas.

El 15 de noviembre del 2001 y el 6 de marzo del 2003 La Comisión sesionó conociendo el fondo del caso. Concluyó con 6 demandas al Estado para que establezca “requisitos razonables y no impongan cargas excesivas ni discriminatorias a fin de facilitar el registro de los niños domínico-haitianos…” También recursos sencillos, rápidos y económicos para las personas que carezcan de actas de nacimiento, y adoptar medidas para que esas situaciones no vuelvan a repetirse.

El 11 de marzo del 2003 La Comisión dio un plazo de 2 meses al Estado para que respondiera sobre sus demandas, y luego una prórroga. El 5 de junio y 3 de julio El Estado respondió negando que hubiese violado la Convención Americana de Derechos Humanos. Alegó que el pasaporte podría ser un documento de identificación para la declaración tardía de nacimiento y anexó un proyecto de ley que facilitaría el procedimiento del registro civil.

Finalmente el 11 de julio del 2003 La Comisión decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre ese mes y marzo del 2005 se agotó el proceso de documentaciones. El Estado tuvo un revés al designar para “juez adhoc” a su embajadora en Costa Rica Rhadys Abreu de Polanco, la que fue objetado por los demandantes. La Corte aceptó el veto considerando incompatibles las funciones. Las audiencias públicas se produjeron el 14 y 15 de marzo del 2005 y hasta septiembre recibió documentos de las partes. La sentencia fue emitida el 8 de septiembre y hecha pública el 7 de octubre.

Resumen del dictamen

La condena al pago de 8 mil dólares de indemnización a cada una de las niñas y de 6 mil dólares para compensar los gastos de MUDA es intrascendente. Lo relevante es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictaminara que el Estado ha violado los derechos de las dos niñas y estableciera jurisprudencia sobre el derecho a la nacionalidad de todos los nacidos en territorio dominicano, al margen del estatus migratorio de sus padres.

Además de la Constitución de la República, La Corte se basó en el artículo 9 del Código Civil que también confiere la nacionalidad a todos los nacidos en el territorio nacional, “cualquiera que sea la nacionalidad de sus padres”, excepto diplomáticos.

También se fundamenta en la sentencia 453 de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 16 de octubre del 2003, que ratificó el principio constitucional y el mandato del código civil. Aparte de los mandatos de numerosos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En el número 174 de la sentencia “La Corte encuentra que por razones discriminatorias y contrarias a la normativa interna pertinente, el Estado dejó de otorgar la nacionalidad a las niñas, lo que constituyó una privación arbitraria de su nacionalidad, y las dejó apartidas por más de cuatro años y cuatro meses en violación de los artículos 20 y 24 de la Convención Americana…”

En el párrafo 156 considera que “el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir, de ninguna forma, una justificación para privarla del derecho a la nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos”. Luego plantea que “el estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos” y que “la condición de nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad…”

Se refiere también al alegato que equipara como persona en tránsito a los inmigrantes haitianos. Cita el propio Reglamento de Migración de la República Dominicana Número 279 de 1939 que fija un máximo de 10 días para considerar transeúnte por el territorio nacional a un extranjero. “La Corte observa que, para considerar a una persona como transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un límite temporal razonable, y ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no puede ser equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito”.

La sentencia remata diciendo en su número 158 que “no cabría bajo ninguna circunstancia que el Estado hubiese aplicado a las niñas Yean y Bosico la excepción referente a los hijos de una persona en tránsito, ya que las madres de las dos presuntas víctimas son dominicanas y las niñas nacieron en la República Dominicana, esta última siendo la condición establecida en el artículo 11 de la Constitución para el otorgamiento de la nacionalidad dominicana.”

Finalmente la Corte se hace eco de la recomendación del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas a la República Dominicana para que asegure “la inscripción inmediata del nacimiento de todos los niños”, por lo que en el párrafo 241 recomiendo que el Estado adopte “las medidas necesarias y permanentes que faciliten la inscripción temprana y oportuna de los menores, independientemente de su ascendencia y origen, con el propósito de reducir el número de personas que recurran al trámite de inscripción tardía de nacimiento”.

Reacciones emotivas

Llama la atención que la generalidad de las reacciones dominicanas ante la sentencia han sido emotivas. En la mayoría de los casos sin haber leído el dictamen de 90 páginas a renglón seguido. Sin que hayan faltado quienes ignoren que el Estado dominicano es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos y reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999, lo que implica que sus sentencias lo obligan.

Las reacciones asumen que La Corte actuó con ligereza, desconociendo que está integrada por cinco eminentes juristas de diferentes naciones del continente y que para ser juez de la misma se requiere una larga experiencia y fuerte reputación profesional, ética y moral e ignorando las causas reales de la condena.

Aunque “declara categóricamente que son inaceptables las motivaciones que se usaron como base para la demanda la reacción del gobierno dominicano, emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 11 de octubre, y pese a que niega los cargos, se cuida de no desafiar la sentencia.

Después de este dictamen emitido por la “suprema de supremas cortes americanas” habrá que reformar la Constitución para eliminar el principio del “jus solis” si se quiere seguir negando la nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en el país, lo que no podrá ser retroactivo. El mismo abre una nueva etapa en la que tendrá que superarse el problema de millares de niños, adolescentes y hasta adultos que están indocumentados porque se les ha regateado la nacionalidad dominicana.

Sin eso y de persistir esa política seguramente que habrá una lluvia de demandas contra el Estado en los próximos años, lo que se traducirá en la generalización de la convicción internacional de que los prejuicios antihaitianos están por encima de las propias normas dominicanas.-

Tensión con haitianos en su peor momento

Por Juan Bolívar Díaz

En ámbitos internacionales y de derechos humanos estiman urgente un esfuerzo para contener el deterioro de las relaciones domínico-haitianas, mientras se espera una condena al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

             Los asesinatos en los últimos meses de por lo menos una docena de haitianos, en su mayoría con saña y alevosía, deportaciones masivas y un ambiente de persecución que invade hasta los medios de comunicación indican un preocupante deterioro de la convivencia entre las dos naciones que comparten la isla.

            Tanto en Haití como en ámbitos internacionales se expresan preocupación y denuncias que hieren la hipersensibilidad dominicana, lo que ha provocado esta semana una llamada para consultas al embajador en Puerto Príncipe, mientras se espera una condena al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

            Más que alarmarse por una realidad reflejada en los periódicos dominicanos, las autoridades nacionales deben reactivar las negociaciones bilaterales y abocarse a buscar soluciones de fondo a partir de la puesta en vigencia del Consejo Nacional de Migración que según la ley establecería un Plan Nacional de Regularización Migratoria.

Creciente deterioro 

            A partir del 9 de mayo, cuando la comerciante dominicana Maritza Núñez fue muerta y su esposo Domingo Luzón quedó herido durante un asalto atribuido a dos haitianos en Hatillo Palma, Montecristi, se registra lo que algunos consideran como el peor momento en las relaciones entre las dos naciones de la isla después de la matanza de 1937 dispuesta por el tirano Rafael Trujillo.

            Las tensiones en las relaciones bilaterales han sido constantes en la historia, pero generalmente se expresaba en las altas esferas políticas y en deportaciones masivas de inmigrantes haitianos indocumentados. Tales fueron los casos de la década del noventa, cuando el régimen de Joaquín Balaguer explotaba el antihaitianismo como forma de enfrentar las aspiraciones presidenciales de José Francisco Peña Gómez, mientras Jean Bertrand Aristide hacía demagogia con el trato dominicano a los trabajadores de su país.

            Pero los discursos oficiales y los prejuicios reflejados en los medios de comunicación no bajaban a los pueblos y en la región fronteriza se mantenían vigentes el intercambio comercial y hasta cierto género de solidaridad.

            Tras la agresión a la joven pareja de Hatillo Palma, en esa y otras comunidades fronterizas, desde Montecristi, por el noroeste, hasta Elías Piña en el centro y Pedernales en el suroeste se han producido actos de agresión contra inmigrantes haitianos que se han extendido a otras zonas como Santiago, Moca y hasta el extremo oriental Higuey.

            Paralelamente se registra en los medios de comunicación de las dos naciones, una creciente hostilidad y rechazos mutuos. En el caso dominicano hay expresiones típicas de xenofobia, aunque la generalidad las considera legítimas preocupaciones ante el incremento sostenido del flujo migratorio haitiano. Las denuncias reflejadas en los medios de comunicación de Puerto Príncipe son percibidos aquí como expresión de antidominicanismo o intento por desacreditar al país.

            Las tensiones han llegado tan lejos que activistas defensores de los derechos humanos, incluyendo a sacerdotes encargados de la pastoral católica para los inmigrantes, como Pedro Riquoy y Christopher Hartley, han sido amenazados y considerados enemigos de la nación, llegándose a pedir su deportación.

            Recientemente, hasta dirigentes sociales haitianos que han trabajado por el entendimiento entre las dos naciones, han expresado públicas y privadas preocupaciones por las tensiones, sin que en los altos niveles se advierta un interés por contenerlas.

Barbaridades a la vista

            En los periódicos dominicanos hay registros de los asesinatos de por lo menos 16 haitianos tras la muerte de la dominicana Núñez en Hatillo Palma. Los de Olaní Pie y Vitelio Charles, por una turba de esa misma comunidad, y la de Solano Pie y Pitel Chele en una finca de Villa Vásquez, pueden tener explicación en una irracional venganza. Aunque de ninguna forma pueden justificarse los asesinatos, y menos el del pastor adventista Charles, quien tenía más de 20 años ejerciendo su ministerio y era conocido y estimado en la comunidad.

              Diario libre informó que el 12 de mayo fueron hallados baleados los cadáveres de dos haitianos en la carretera Santiago-Tamboril. El Nacional del 23 de mayo cuenta la muerte a palos y cuchilladas de los hermanos Lilian y Ana Luz Pierre, en la avenida Manolo Tavárez de Puerto Plata; el mismo diario informa el 30 de Junio la muerte de Daniel Pie en Comendador, Elías Piña. Otros dos cadáveres, sin documentación pero de facciones haitianas, fueron encontrados debajo de un puente en Jamao al Norte, provincia Espaillat el 27 de septiembre.

            Los casos más bárbaros fueron la quema de tres jóvenes haitianos en plena capital, sector Mirador Oeste, en la madrugada del 16 de agosto; el de Jean Claude Dot, a quien le cercenaron la cabeza mientras dejaban herida a su esposa Vilna, con 5 meses de embarazo, en la finca de Luciano Matos en Los Arroyos, Pedernales; y el una niña haitiana de 7 años, violada y descuartizada en la finca arrocera de Juan María Genao, en Jicomé, Esperanza. Daniel Pie

            El más relevante e impactante fue el triple asesinato de los jóvenes Pablo Marcos, Willie Pie y Gilbert Dominique, de 19, 20 y 22 años de edad, rociados con amoníaco y quemados. Murieron entre 4 y 7 días después tras terrible agonía en un hospital capitalino. Un cuarto, que logró escapar a la atrocidad, Bernius Pierre, testimonió que entre sus agresores había uno vestido de policía y con arma de fuego.

            Lo peor es que las autoridades dominicanas no se inmutaron hasta que el gobierno haitiano protestó el hecho. Fue el 25 de agosto cuando el Jefe de la Policía designó una comisión para investigar esa barbarie, y hasta la fecha nada se ha informado al respecto. El caso tuvo mucha difusión internacional, dañando la imagen del país.

Una inminente condena  

            Con esa cadena de asesinatos, más deportaciones masivas e indiscriminadas que alcanzaron a unos 53 dominicanos en mayo, y la admisión por el propio Presidente Leonel Fernández el 23 de junio, de que las repatriaciones de haitianos se hacían “en forma abusiva e inhumana”, no hay por qué sorprenderse de las denuncias internacionales.

            Una colección de titulares de periódicos dominicano sustentan las denuncias de abusos: Arrasan casuchas haitianos en Hatillo (El Nacional 11 de mayo); Repatriación lleva caos a familias (HOY, 18 de mayo); Arrestan y desvalijan haitianos (HOY, 26 de mayo); queman viviendas haitianos, hieren varios (HOY, 5 de agosto); Dominicanos hieren haitiano en Jaibón (Diario Libre, 8 de agosto); Xenofobia en barrios de la Ciudad Corazón (El Caribe, 17 de junio); Fadul: Gobierno trata de deshaitianizar el país (Listín Diario, 11 de Junio); Dominicanas se sienten expulsadas ”ilegales” El Caribe, 18 de mayo) Sobreviviente narra cómo quemaron haitianos (El Nacional, 25 de agosto).

            Nadie ha dado una cifra de los deportados en los últimos meses, pero se cuentan por millares. En un documento del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas y del Comité Dominicano de Derechos Humanos, se citan declaraciones del director de Migración, Carlos Almarante Baret, recogidas por HOY y Listín Diario, del 20 y 22 de abril, donde afirma que en su gestión habían expulsado más de 15 mil haitianos. En 8 meses que llevaba en el cargo, eso implicaba casi 2 mil mensuales y 62 por día.

            En cualquier parte que se publiquen informaciones como esas, se produce escándalo con repercusiones internacionales. Sólo hay que recordar la difusión que tuvo la muerte de la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez en España a finales del siglo pasado. Hace cuatro meses cuando un inmigrante dominicano mató a un ciudadano español, en Madrid, y jóvenes madrileños comenzaron a perseguir dominicanos, las autoridades intervinieron enérgicamente para contener las venganzas.

            El escenario internacional podría tornarse más adverso en los próximos días cuando se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita sentencia en relación al caso de dos niñas nacidas en el país de ascendencia haitiana a las cuales se les ha negado la inscripción de nacimiento.

            Se da por hecho que la Corte ratificará el dictamen de primer grado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizó al Estado dominicano por violación de los derechos de las niñas. La sentencia sería ya inapelable y obligatoria por cuanto el país es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana el 25 de marzo de 1999, justamente en el anterior gobierno del presidente Fernández.

Urge rectificar el rumbo

            Ante los informes de crecientes denuncias de malos tratos a haitianos, el gobierno llamó para consultas al embajador en Puerto príncipe, el economista José Serrulle. Fuentes bien informadas aseguran que no hay alarma en la cancillería dominicana y que las relaciones con las autoridades haitianas se mantienen en buenos niveles, pese a las tensiones, incluyendo las directas del canciller Carlos Morales Troncoso con el primer ministro haitiano Gerard Latourtue.

            El departamento de Relaciones con Haití lo dirige el embajador Inocencio García, quien fue ministro consejero de la embajada en Haití entre 1996 y 2000 y tiene buenas relaciones con autoridades de la vecina nación y es un funcionario que no se deja dominar por pasiones.

            Dirigentes sociales dominicanos que siguen la situación estiman que el gobierno tiene que cambiar el rumbo y buscarse soluciones de fondo a partir de la reactivación de las negociaciones en la Comisión Bilateral instituida en la anterior gestión del presidente Fernández y puesta en vigencia del Consejo Nacional de Migración, llamado a establecer una política nacional y un Plan Nacional de Regularización Migratoria, según la ley 285-04 del 15 de agosto del 2004.      

            El Consejo fue convocado por primera vez en julio pasado, sin que haya trascendido si está activo. Debería presentar el Plan de Regularización en un plazo de 90 días. Su Reglamento debió dictarse en un plazo de 180 días a partir de la promulgación de la ley, mismo que venció en febrero.

            Lo indiscutible es que urge pasar a las negociaciones y regulaciones migratorias, para ordenar las deportaciones y evitar tensiones que de seguir en incremento pueden originar situaciones indeseables para la imagen del país. En otras palabras, cambiar el discurso agresivo por las políticas racionales.-                      

Que se prepare el gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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La forma tan agresiva y desproporcionada como funcionarios del gobierno y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reaccionaron frente a un simple reclamo de Monseñor Antonio Camilo demostró hipersensibilidad, falta de receptividad y de agudeza política.

Si a eso se suman las ofensivas lanzadas paralelamente contra dos sacerdotes emblemáticos en la defensa de los derechos de los trabajadores haitianos, se puede convenir en que a algunos peledeístas relevantes les falta madurez para la convivencia política, ya que pueden provocar un remolino en un vaso de agua.

Los actos gubernamentales deberían registrar que la luna de miel de la población con ellos ha llegado a su fin, y no tanto por sus desméritos, sino por las deudas y frustraciones acumuladas y que las demandas y protestas sociales se incrementarán y no precisamente en el sosegado estilo del obispo de La Vega.

¿Para alante o para atrás?

El primer sorprendido ha sido Monseñor Camilo, quien en una entrevista con Edith Febles, de Clave Digital, se confesó “un enamorado de los refranes” como forma de comunicarse con el pueblo. Nunca pensó que su homilía del Día de las Mercedes, el 24 de septiembre, provocaría una reacción tan iracunda.

El no hizo un enjuiciamiento del gobierno, ni de su política económica o social. En el contexto de una homilía escrita se refirió al estado de la carretera que comunica La Vega con Moca y el Santo Cerro, y que sirve a decenas de comunidades de su diócesis.

Leyó: “Esperamos que el Señor bendiga la carretera La Vega-Moca y del Santo Cerro, iniciada hace más de un año, pero que no ha adelantado, sino está peor. Eso desorienta a los vecinos e interrumpe a los que trabajan en esa zona”. Saliéndose del texto el obispo Camilo enfatizó que la obra todavía está en los comienzos y “al paso que vamos, no vamos a llegar. No es pa´lante sino para atrás. Por eso es necesario que las autoridades pongan más atención a esa carretera que antes estaba mal pero ahora está peor. No es mi voz, sino la de todas las personas que viven alrededor”.

Del texto y la grabación de la homilía no puede interpretarse otra cosa que un reclamo de atención a la reconstrucción de una carretera paralizada, donde un tramo incluso fue roto en preparación para echarle una nueva capa asfáltica, y que ahora es polvo o lodo. En ese sentido fue que el obispo consideró que no es pa´lante que vamos sino para atrás. Utilizó graciosamente el slogan del gobierno para decir que la vía está ahora peor que cuando comenzaron a arreglarla.

En el tono de Monseñor Camilo no hubo acidez ni altivez. Es de los obispos más humildes y tranquilos, quien confiesa que reza el rosario 4 veces por día (20 misterios dijo), “porque la oración serena los ánimos”, y que no se deja “embobecer por las lisonjas, ni nos deben entristecer las críticas”.

Truenos y relámpagos

El simple reclamo del prelado nativo de Salcedo se complicó porque el Listín Diario lo convirtió en principal información en su edición del domingo 25, en un fin de semana escaso de noticias nacionales y hasta internacionales. Y el título pregonó que “Monseñor Antonio Camilo critica política económica del Gobierno”. El texto iba más lejos y ubicaba la homilía en un enjuiciamiento global, que no tuvo, de la corrupción, el descalabro del sector salud y la falta de oportunidades.

Fue suficiente para que se desatara la ofensiva y aquello se convirtiera en la noticia de la semana, llevada y traída por el periodismo de bla bla. La secretaria de Educación, Alejandrina Germán, el consultor jurídico del Ejecutivo, César Pina Toribio, el secretario general del PLD, Reinaldo Pared, el director de Prensa del Gobierno, Rafael Núñez, movimientos políticos progubernamentales y muchos de sus voceros en los medios de comunicación salieron a cuestionar al prelado católico.

Nadie parecía saber que muchas veces las informaciones salen descontextualizadas. La peor reacción provino de la secretaria de Educación, quien llegó a cuestionar la corrección del obispo y a plantear que su reclamo obedecía a militancia partidista y al deseo de agradar al expresidente Hipólito Mejía presente en la misa. El director de Prensa sacó una lista de obras que se ejecutan en La Vega.

Ya el lunes, políticos y periodistas daban por cierto un enjuiciamiento de la política gubernamental que el obispo no hizo, y hasta el presidente Leonel Fernández reaccionó, aunque con la prudencia que lo caracteriza, advirtiendo que no tiene una varita mágica para enfrentar los problemas y pidiendo al prelado vegano una plegaria al Todopoderoso “para que nos ilumine y podamos decir que es pa´lante que vamos”.

Monseñor Camilo no se da por ofendido y responde que “Si él me pide una oración, la haré con mucho gusto a los pies de las Mercedes, porque la oración serena los ánimos…Nos hace más disponibles, más sensibles a Dios y más sensibles también al pueblo”. El religioso no dejó de reivindicar su derecho al reclamo, diciendo que la verdad suele doler y pasó a otra cita popular: “cuando uno mete la mano en jabón, pica donde hay un palaíto; la culpa no es del jabón, sino del palaíto.

Alborotadas las avispas

La desproporcionada reacción gubernamental no solo alborotó a los obispos, varios de los cuales salieron a defender a su colega vegano, sino también a las avispas y sacerdotes “lenguas de máuser” como Rogelio Cruz y Regino Martínez quienes salieron al ruedo disparando duros y curveros, diciendo uno que el gobierno falta el respeto a la Iglesia, y el otro que no ha hecho nada y que se ha burlado de la sociedad.

Los obispos que salieron al ruedo fueron el emérito de Santiago, monseñor Juan Antonio Flores, el de San Francisco de Macorís, Jesús María de Jesús Moya y el de Puerto Plata, Julio César Corniel Amaro. Los dos primeros sí que enjuiciaron la política del gobierno y se refirieron a las prioridades presupuestarias y a las necesidades insatisfechas.

Flores dijo a “los amiguitos” del gobierno que ya los dominicanos se dan cuenta cuando se distribuye el presupuesto de forma errada, y reclamó mejores resultados. Por su parte, Moya dijo que lo que debe hacer el gobierno, en vez de reaccionar airado ante las críticas, es trabajar para atender las necesidades de la población.

En la mañana del miércoles el vocero del Gobierno Roberto Rodríguez Marchena puso freno a las reacciones con una declaración certera y conciliadora, indicando que acogían de buena forma y con reflexión los reclamos del obispo vegano. Los consideró absolutamente normales en un país democrático y recordó que “históricamente la Iglesia Católica ha querido ser la voz de los que no tienen voz”.

La intervención de Rodríguez Marchena marcó el final del enfrentamiento, aunque ya el daño estaba hecho y se había reflejado una actitud de intolerancia, que en algunos medios electrónicos fue considerada peligrosa porque si así respondían a un obispo, qué puede esperar un simple periodista o un ciudadano común.

Pero es que la ofensiva tuvo un marco más amplio. Las cosas se han desmadrado hasta el punto de que un político tan veterano como Euclides Gutiérrez Félix pidió el fin de semana la deportación de los sacerdotes Christopher Hartley y Pedro Requoy, quienes trabajan en la pastoral para los haitianos en la región oriental y el suroeste.

El domingo 25 el director del Instituto Nacional del Azúcar, Faustino Jiménez, llegó al grado de sugerir la posibilidad de que ambos religiosos estuvieran vinculados a quemas de cañaverales que según dijo han ocasionado pérdidas de 350 millones de pesos en este año.

La ofensiva contra esos dos religiosos trajo a la memoria la época de los 12 años de Balaguer cuando sacerdotes como Sergio Figuereo y Antonio Cabezas fueron extrañados del país a causa de su labor pastoral con la juventud. Una acción similar contra Hartley y Requoy sería muy contraproducente, no solo en el país sino en el exterior. Ambos son europeos y se dice que tienen fuerte protección de sus gobiernos.

Que se vayan preparando

Al clásico peledeísta siempre les han acusado de intolerante y a algunos hasta de prepotentes, y que toman demasiado a pecho las disensiones, críticas o reclamos. Como muchos son profesores universitarios a menudo se les asimila dictando cátedras, y como se vendieron como parte de una élite disciplinada e impoluta, suelen reaccionar con ira frente a lo que estimen ofensiva de sus contradictores. Por cierto que el presidente Fernández nunca ha sido asimilado a esa corriente, y en realidad su temperamento paciente y calmado proyecta otra imagen, de ponderación y tolerancia, una de las razones por las que está en el Palacio Nacional y por segunda vez.

Los dirigentes del PLD y especialmente los funcionarios del gobierno tienen que prepararse para las ofensivas que les vienen ahora que ha terminado la luna de miel de la población con ellos y que la oposición empieza a meterse en campaña con sus miras puestas en los comicios de mayo próximo.

Tienden a menudear las denuncias de precariedades y los reclamos sociales, independientemente de los méritos gubernamentales, porque las deudas e insatisfacciones acumuladas son demasiado grandes. Por eso nadie debe extrañarse que el jueves, Día de los Derechos de la Niñez, el representante de UNICEF haya dicho que hay poco que celebrar porque miles de escolares no tienen butacas, otros no reciben vacunas y muchos ni siquiera existen legalmente porque no tienen actas de nacimiento.

No se puede responsabilizar a este gobierno de 14 meses de las precariedades nacionales, pero sus ejecutivos son parte de la clase política a la que se atribuye gran culpa del atraso. Eso ocurre en muchos países latinoamericanos donde al año la popularidad gubernamental cae en picada. Por eso han sido arrasados varios gobiernos en Ecuador, Bolivia y Argentina, y otros como los del Perú y Nicaragua se tambalean.

La carga social acumulada es una de las explicaciones de que la reelección prácticamente haya desaparecido en América Latina y los presidentes que han vuelto al poder en las últimas tres décadas se cuentan con una sola mano.

Entre ellos está Leonel Fernández. Lo lograron también Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Sánchez Lozada en Bolivia, quienes no pudieron terminar el segundo período. Y también Rafael Caldera, quien llegó al final arrastrándose y originando el chavismo.-

Un reto al Congreso

Por Juan Bolívar Díaz
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El gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) retarían la capacidad política del congreso opositor si le dan un tiempo razonable para que conozca el proyecto de “reformas tributarias” presentado esta semana, como planteó el secretario de la Presidencia Danilo Medina.

De cualquier forma es iluso pretender que las dos cámaras legislativas se van a precipitar a aprobar la conflictiva reforma, siendo muy probable que eso no ocurra hasta fin del año, conjuntamente con el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos públicos para el 2006 que deberá enviar el gobierno en las próximas 6 ó 7 semanas.

Sólo el acercamiento del próximo año pondrá presión sobre el Congreso que tratará de ampliar “el consenso” satisfaciendo demandas sectoriales y con una buena negociación conferirle al proyecto el carácter de “reforma fiscal” que amplios sectores pretendieron durante la primera fase de las negociaciones.

El TLC abre el telón
Tal como se advirtió en HOY del 31 de julio pasado (El TLC y Reforma fiscal pueden ir en dos etapas), el tratado de libre comercio con Estados Unidos fue aprobado y promulgado dejando pendiente la reforma fiscal que impone. El Congreso forzó al gobierno a aterrizar en un proyecto específico adelantando la aprobación del convenio.

Después de más de dos meses de negociaciones en el marco del Diálogo Nacional que coordina monseñor Agripino Núñez Collado, el gobierno finalmente sometió al Congreso un proyecto de “reformas tributarias”, dejando insatisfechos a los sectores que reclamaban que abarcara todo el ámbito fiscal y más allá para incluir nuevos mecanismos de transparencia y
control del gasto.

Ahora la bola está en la cancha congresional donde domina la oposición política,  encabezada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y en segundo lugar el Reformista Social Cristiano (PRSC) cuyos voceros han adelantado que de ninguna manera festinarán la reforma, formulando numerosos reparos y disposición a atender reclamos de los sectores sociales y hasta empresariales cuyos intereses no encontraron nido en el “consenso” orquestado por el gobierno.

Enviado con un simple mensajero, el proyecto de reformas tributarias auspiciado por el gobierno entró por la Cámara de Diputados que esta semana lo sometió a su comisión de Finanzas con el encargo de abrir vistas públicas para escuchar a todos los sectores interesados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, adelantó que las vistas públicas comenzarán el 26 de septiembre, después que la próxima semana los comisionados se reúnan con el equipo económico del gobierno para escuchar sus fundamentos, advirtiendo que no será festinado y que los legisladores se tomarán el tiempo preciso para analizar y ponderar el proyecto y que no se debe esperar una simple aprobación. Estimó que eso podría tomarse de uno a dos meses.

Si se le da el mismo tiempo después a los senadores, la reforma podría tardar de tres a cuatro meses, remitiéndose para enero. La fijación de una fecha para entrada en vigencia del TLC, cosa aún indefinida, pondría presión sobre el Congreso.

Como telón de fondo están los intereses políticos de cara a las elecciones congresionales y municipales de mayo próximo, los que determinaron que el gobierno procurara el refuerzo del “consenso” básicamente con la cúpula empresarial industrial y comercial y los mismos que llevarán a las cámaras legislativas a transar con los sectores inconformes, en especial el turístico, agropecuario, fabricantes de ron y el sindical-social.

Acierta Danilo Medina
Abandonando la posición talibanesca que llegó a reclamar al PRD que aprobara la reforma tributaria o fiscal antes de que el gobierno tuviera un proyecto propio, el secretario de la Presidencia, Danilo Medina, optó esta semana por una posición racional, al plantear que se dé tiempo al Congreso para que formule sus recomendaciones.

Aunque defendió la propuesta del gobierno, Medina fue considerado con los legisladores y aseguró que el gobierno no tiene intención de inmiscuirse en la labor legislativa. Su acierto quedó confirmado cuando el jueves el único senador oficialista, José Tomás Pérez, reclamó públicamente que el gobierno respete la jurisdicción legislativa, dejando que el Congreso cumpla su misión sin presiones extemporáneas.

Si los funci onarios del gobierno y dirigentes del PLD comienzan temprano a presionar el Congreso para que apruebe el proyecto, alentarán una confrontación política que hará más tortuoso y lento el proceso. Un tiempo razonable podría ser hasta fin del año, sobre todo si se determina que el TLC arranque en enero.

En el mejor de los casos, el gobierno debería preparar su proyecto de presupuesto para el 2006 en base al proyecto que sometió al Congreso. Detenerlo en espera de la aprobación de la reforma tributaria incentivaría la prolongación.

Lo que sería lógico es que el gobierno se prepare para algún género de transacción política, ya que es muy difícil que los opositores en control del Congreso le aprueben un proyecto que tiene objeciones en numerosos sectores, incluyendo al empresarial, que fue el principal pie de amigo sobre el cual logró sustentarlo.

En cualquier caso, la reforma, ya sea tributaria o fiscal, pondrá una vez más a prueba la capacidad del sistema político dominicano para la gobernabilidad y la convivencia entre los diversos poderes del Estado, sin que ninguna de las partes apele a la compra o venta de votos legislativos.

De lo tributario a lo fiscal
La reforma que está planteada en el Congreso Nacional sería la cuarta en cinco años y como en los casos anteriores está en camino de quedarse en lo simplemente tributario, un parche más, al decir de algunos, que dentro de uno o dos años podría estar demandando otro.

Nunca como esta vez se había reclamado tanto que esta reforma pasara del límite de lo tributario para convertirse en fiscal, es decir que abarcara no sólo la ampliación de los tributos, sino también las prioridades y transparencia del gasto, incluyendo nuevas normas que garanticen mayor racionalidad y controles.

El liderazgo empresarial, tanto del Consejo Nacional de la Empresa Privada como de la Asociación de Industrias, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y la Asociación de Industriales de Herrera proclamó reiteradas veces que esta vez era imprescindible una reforma fiscal. Las organizaciones sociales y sindicales, la oposición política y gran parte de los comunicadores sociales compartieron esa demanda.

Pero sin mayor explicación, convencidos por los negociadores gubernamentales de que “esta es la reforma posible”, la cúpula empresarial dio por buena y válida un proyecto de simple carácter tributario, supuestamente “neutro”, que sustituye los impuestos que caerán con la entrada en vigencia del TLC, el recargo cambiario y el desmonte arancelario, y para  suplir unos 5 mil millones de pesos de incentivos a los sectores productivos para que puedan insertarse en el nuevo escenario de competitividad.

Una de las alternativas que tendría la oposición congresional sería la de devolver el debate al ámbito de la reforma fiscal, reivindicando planteamientos que serían difícil de rechazar hasta por una parte de los sustentadores del proyecto presentado por el gobierno.

Sería iluso pretender una reducción de la nómina gubernamental, como algunos llegan a requerir. Pero al menos una real congelación, con mecanismos de control y sanción, y una reducción de las numerosas partidas de gastos corrientes, dentro de una declaración de austeridad. En manos del Congreso está aprobar el proyecto de ley para establecer concursos y licitaciones en las contrataciones de obras, compras y concesiones del Estado, que el gobierno procura dilatar, pero a lo que está comprometido con el Fondo Monetario Internacional y con el TLC.

De amplia visión política
Si en los líderes de los partidos de oposición y del Congreso primara una amplia visión política de cara al desarrollo institucional de la nación, podrían aprovechar la circunstancia para negociar con el gobierno la aprobación y puesta en vigencia de toda una serie de normativas que han sido reclamadas por los organismos internacionales multilaterales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, reivindicadas además por organizaciones sociales y empresariales.

Entre esas normativas se señalan nuevas leyes de autonomía de la Dirección de Impuestos Internos, de Eficiencia Tributaria, de Reorganización Mercantil y liquidaciones. Lo mismo que una reforma del sistema de gestión financiera del Estado, de la ley de Presupuesto, de Tesorería Nacional y una ley de defensa del consumidor.

Para reivindicar todas esas reformas, el liderazgo político y legislativo tendría que estar imbuido de una visión crítica positiva y de una voluntad política de superar el tráfico de influencia que ha caracterizado la labor del Congreso, como está ocurriendo también con la mayoría de las salas capitulares de los ayuntamientos.

Tanto el PRD como el PRSC requerirían de grandes miras para recuperar el crédito que han perdido en la sociedad y conservar o recuperar importantes cuotas de poder en el Estado. Pero esas visiones lucen cada vez más distantes en partidos que tienen sus energías demasiado concentradas en las luchas grupales con miras al inmediatismo electorero.

Los líderes políticos y legislativos tienen por delante un enorme reto con el proyecto de reformas tributarias, susceptible de ser convertido en uno de reformas fiscales. Sería un gran aliento que volaran a la altura de las circunstancias, pero su simple planteamiento deja la sensación de estar predicando en el desierto o lanzando piedras a la luna, ya que la política nacional se ha tornada indecentemente pragmática y limitada.-

La reforma fiscal presa de intereses

Por Juan Bolívar Díaz
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Los intereses políticos de cara a las elecciones congresionales y municipales del año próximo siguen condicionando la reforma fiscal en discusión para la cual todavía no existe un proyecto específico, que no ha podido lograrse ni siquiera en el nivel de la subcomisión técnica que lo discutió durante cuatro semanas.

Esa subcomisión, creada dentro de la instancia del Diálogo Nacional, sólo pudo establecer una serie de opciones en la madeja de intereses económicos, sin lograr consenso para una propuesta definitiva, lo que ahora corresponderá a una “comisión ampliada” , donde entrará también la representación de los partidos políticos.

Resalta que el gobierno no ha dado la menor señal de que auspiciará una reforma integral que abarque el gasto, prioridades y rendición de cuentas con nuevos mecanismos legales de control. En definitiva ha quedado de manifiesto que la reforma fiscal todavía requerirá de tiempo y voluntad política.

¿Expectativa frustrada?

La expectativa general de que la subcomisión técnica, integrada por representantes del gobierno, el empresariado, sindicalistas y sector social, llegaría a un consenso para la reforma fiscal quedó frustrada el jueves cuando concluyó su labor.

Todo lo que pudo lograrse fue identificar cuatro opciones, provenientes de los sectores representados, en medio de crecientes suspicacias porque el gobierno no acaba de dar señales de que auspiciará una reforma que incluya austeridad, límites al gasto público, y normas para reducir la discrecionalidad y garantizar un orden de prioridades y rendición de cuentas.

Tal como advirtieron ayer viernes la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Federación de Asociaciones Industriales las diferencias sobre la reforma fiscal son mínimas y pueden armonizarse, -especialmente entre las propuestas gubernamentales y el empresariado-, pero el gobierno no acaba de dar señales de que mejorará la calidad del gasto y adoptará cambios profundos para tener una administración pública menos costosa.

Los empresarios estiman que están identificadas las fuentes de recaudación, pero no han visto manifestarse el compromiso del gobierno con el manejo eficiente del gasto público, de que los recursos que recaude serán bien utilizados y no se irán por la cañería de la corrupción.

Ya a mediados de semana, el Consejo Nacional de la Empresa Privada se había manifestado en términos aún más conminatorios, indicando que no puede haber consensos parciales y que “la reforma tiene que ir mucho más allá que un simple acuerdo tributario, más allá de tan solo los impuestos”.

Específicamente el CONEP pidió que el gobierno presente los proyectos para leyes de autonomía de la Dirección de Impuestos Internos, de Eficiencia Tributaria, de modificación del título 1 del Código Tributario y de Reorganización Mercantil y Liquidaciones.

También reclamaron consenso general para aprobar proyectos depositados en el Congreso para nuevas leyes de presupuesto, de compra y contrataciones estatales, de Tesorería Nacional, de crédito público, de reforma del sistema de gestión financiera del Estado, de competencia y de defensa del consumidor.

Amplia y abarcadoramente integral fue también la propuesta publicada esta semana por el grupo empresarial León Jiménes, que en materia de organización gubernamental y social parece la más completa.

A Comisión Ampliada

La subcomisión entregó una matriz con cuatro opciones, correspondientes a los planteamientos de los representantes gubernamentales, empresariales, sindicales y sociales. Las del gobierno y los empresarios están bien aproximadas en cuanto a los montos, de 28 mil 492 y 27 mil 490 millones de pesos respectivamente, para una diferencia de sólo 998 millones.

A su vez, la sindical y social coinciden mucho más aunque se distancian en los montos, de 35 mil 378 y 38 mil 806 millones de pesos, para una diferencia de 3 mil 428 millones de pesos, de los cuales 2 mil 400 millones corresponden a ingresos por focalización de subsidios y 640 millones de pesos por impuestos a personas físicas que la propuesta social (CIECA-Centro Juan Montalvo) incluye.

Las diferencias del empresariado con las propuestas del gobierno son los 2,400 millones de pesos que este propone de impuestos sobre la renta de sociedades, 300 millones a la renta de personas físicas, 900 millones por la retención del 4 por ciento del valor de las importaciones como anticipo de impuesto sobre la renta, y 580 millones de pesos por el gravamen del 1 por ciento a los activos de las empresas, para un total de 4 mil 180 millones de pesos.

Pero a su vez, el gobierno mantiene distancia de la propuesta empresarial de destinar 2 mil 200 millones de pesos para focalización de subsidios. En los renglones vitales de Itbis, selectivo a bebidas y tabaco, propiedad de vehículos de motor, hidrocarburos e impuesto a los profesionales liberales, no difieren los montos de las propuestas gubernamental y empresarial.

Las diferencias fundamentales entre las propuestas sindical y social con la gubernamental y la empresarial es que la de los dos primeros proponen gravar los intereses financieros de las personas por un monto de 3 mil 800 millones de pesos y estiman que por eficiencia en la administración se generarían otros 4 mil 683 millones de pesos, para un total de 8 mil 483 millones.

Se duda que en el segundo escalón, el de la Comisión Ampliada, pueda lograrse consenso, especialmente si no participa en la misma el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que es con quien pulsea el gobierno por repartir la responsabilidad de la carga impositiva.

En caso positivo, el consenso tendría que ir al tercer escalón, el pleno del Diálogo Nacional, donde ya no habría mayores inconvenientes en ratificar un acuerdo, aunque tenga la disensión de los sectores sindical y social que son minoría en el mismo.

El cuarto escalón, sería la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, donde le darían forma, para enviarlo finalmente al Congreso, donde la oposición, y especialmente el PRD volvería a discutirlo, tratando de complacer a sectores inconformes, del empresariado o sociales.

Debe advertirse que aún subsisten diferencias entre diversos intereses empresariales. Por ejemplo, no han definido el mecanismo de aplicación del impuesto selectivo al ron y la cerveza, donde hay contradicciones, y los empresarios de Herrera abogan públicamente porque se graven los beneficios de las industrias de zona franca.

Son casi nulas las posibilidades de que todo el ciclo pueda cumplirse en la próxima semana para que el presidente Leonel Fernández pudiera someterlo al Congreso, al inicio de la próxima legislatura el martes16 de agosto.

Intenso pulseo político

            Desde el planteo de la reforma fiscal se ha advertido un pulseo político de creciente intensidad entre el gobierno y el principal partido de oposición, el PRD, por sacarle provecho político al proceso o por lo menos para no cargar con las inconformidades que puedan derivarse, de cara a los comicios dentro de 9 meses.

            De ahí que el proceso haya marchado sin una propuesta base del gobierno, que sin duda era a quien le correspondía, por liderazgo de la nación y por disponer de la información fundamental de sustento.

            Pero a su vez el PRD rehusó comprometerse en el Diálogo Nacional, argumentando que el escenario natural del consenso e institucional es el Congreso Nacional, mientras pedía la definición de las posiciones gubernamentales.

            El martes 2 se produjo un sorpresivo encuentro entre el presidente Leonel Fernández y el expresidente Hipólito Mejía, que para muchos significaba una apertura de puertas al entendimiento. Aunque para otros sembraba discordias en el perredeísmo, que justamente estrenaba los dirigentes electos recientemente, el principal de los cuales, el senador Ramón Alburquerque, no es incondicional de Mejía, y ya había manifestado reservas sobre los escenarios del debate.

            Lo que prometió el exmandatario ha sido la política oficial del PRD, como lo definió una reunión de su presidium: apoyar el tratado de libre comercio y aprobar la reforma fiscal con incentivos para los productores nacionales.

            Apenas dos días después, el jueves 4, llamó la atención la declaración del secretario de la Presidencia y líder orgánico del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, en una rueda de prensa que convocó en el Palacio Nacional, retando al PRD a que apoye la reforma fiscal, advirtiendo que de no hacerlo provocará la quiebra del Estado, porque no podrían atender los programas sociales, ni la educación, salud pública y asistencia social.

Las declaraciones de Medina echaron por el suelo cualquier intención de distensión que pudiera haber habido en el encuentro Fernández-Mejía, promovido por Monseñor Agripino Núñez Collado, en el cual él mismo participó. Sobre todo cuando acusó al gobierno pasado de haber provocado “la crisis que devastó la economía”.

Esas declaraciones parecieron inapropiadas por cuanto al mismo tiempo se publicó (HOY de ayer viernes) un comunicado del PRD reiterando su compromiso con la aprobación del TLC y su disposición a conversar sobre la reforma fiscal una vez que el gobierno presente el proyecto ante el Congreso Nacional. Si el proyecto es de consenso con el empresariado y los sectores sindicales y sociales, el PRD no podría hacer otra cosa que aprobarlo. Aunque sabe de las dificultades de lograr tal consenso y por eso deja la carga al gobierno.

Ambos son posicionamientos políticos, pero sin duda es al gobierno a quien corresponde la iniciativa y el liderazgo en el esfuerzo de concertación para que se apruebe tanto el tratado de libre comercio como la reforma fiscal, que los perredeístas no aprobarán si no es integral, como reclama la sociedad. Algo que –desde luego- ellos no hicieron cuando les tocó proponer reformas fiscales que quedaron en el simple incremento de tributos.-

TLC y reforma fiscal pueden ir en dos etapas

Por Juan Bolívar Díaz
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La aprobación del tratado de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana (TLC) por el Congreso de los Estados Unidos no tiene que precipitar la reforma fiscal que se discute en el país ni las compensaciones a los productores dominicanos para que puedan enfrentar los nuevos desafíos de competitividad.

No hay que entrar en pánico, ya que el consenso es generalizado en cuanto a que la ratificación del acuerdo es inevitable para la nación dominicana en las presentes circunstancias, dado que ya lo han hecho tres de las naciones centroamericanas.

En última instancia, si se quiere enviar un rápido mensaje sobre la suerte local del TLC éste se puede aprobar dejando pendiente el conocimiento de las reformas fiscales y las compensaciones que son imprescindibles, ya que sus efectos no se sentirán aquí por lo menos hasta principios del próximo año, cuando entraría en vigencia.

NO HAY ALTERNATIVA

La última esperanza de los que no simpatizan con el tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos por los países Centroamericanos y la República Dominicana estaba  cifrada en que el mismo fuera rechazado por el congreso norteamericano.

Pero tal como se preveía el acuerdo salió adelante con la estrecha aprobación de la Cámara de Representantes con apenas dos votos de diferencia, casi un mes después que lo hiciese el Senado.

El criterio es generalizado en el sentido de que la República Dominicana no tiene alternativa que no sea la ratificación del TLC, ya que El Salvador, Guatemala y Honduras lo hicieron e independientemente de la suerte que corra en Costa Rica y Nicaragua, ya entraría en vigencia para aquellos. Y el país no está en condiciones de quedarse al margen sin sufrir peores consecuencias.

Más allá de las diferencias verbales, el tratado tiene su suerte sellada en el país, por el hecho de que los dos mayores partidos están comprometidos con el mismo, por la gestión de los dos últimos gobiernos, el perredeista del expresidente Hipólito Mejía y el peledeísta del actual mandatario, Leonel Fernández.

Pero para que no quedaran dudas, tanto el presidente Fernández como el presidium del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) reaccionaron expresando su decisión de ratificar el TLC tan pronto fue aprobado esta semana en Washington. En el mismo sentido se manifestó la presidenta en funciones de la tercera fuerza política nacional, el reformismo, doctora Rafaela Alburquerque.

El propio Hipólito Mejía ratificó su respaldo al tratado que firmara hace trece meses en Washington, en la carta que esta semana dirigió al presidente Fernández.

Entre empresarios, y en reductos de los partidos quedan dirigentes convencidos de que el daño que el tratado haría a la economía nacional sería severo, especialmente en sus primeros años, cuando se prevé que productores industriales, agrícolas y agropecuarios no puedan pasar con éxito el desafío de la competencia de productos subsidiados provenientes de Estados Unidos, y hasta de América Central, con menores costos de producción.

FUERTES DIVERGENCIAS

Las dificultades no están en la aprobación del TLC, sino en la reforma fiscal y las compensaciones a los sectores productivos que necesariamente tienen que acompañarlo.

Los estimados que han adelantado funcionarios del gobierno y técnicos del sector privado indican que en su primer año el TLC solo derribaría aranceles por unos 3 mil millones de pesos. Pero se lleva la comisión cambiaria que este año montaría 22 mil millones de pesos. Los incentivos a los productores están siendo estimados en 5 mil millones de pesos, para un total de 30 mil millones de pesos.

Al menos dos posiciones han sido sustentadas para suplir esa pérdida de ingreso. La mayoritaria, enarbolada por empresarios y la oposición política plantea sustituir unos impuestos por otros, sin elevar la carga fiscal, poniendo acento en la eficiencia en el cobro de los tributos vigentes y aumentando la eficiencia recaudatoria del Estado. Al mismo tiempo reduciendo el gasto público.

Aunque el gobierno no ha presentado un proyecto propio, sus voceros en los escenarios de negociación han planteado elevar la tasa del impuesto sobre la renta, los impuestos selectivos al consumo y el de la vivienda suntuaria y ampliar la base del impuesto a la transferencia de bienes y servicios. También han barajado un impuesto a los intereses financieros y otro a los activos netos de las empresas.

Entre las propuestas más acabadas que se conocen figuran las del Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo y el Centro de Investigación Económica del Caribe, así como la del Centro Nacional de Investigaciones Tributarias, y el de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. También han formulado propuestas el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, y la Asociación de Industriales de Herrera.

Las divergencias se han expresado en el seno de una comisión técnica, tripartita, integrada por funcionarios gubernamentales, empresarios y sindicalistas, con participación de los presidentes de las cámaras legislativas, que aspiraba a lograr un consenso para el 27 de julio, que sería conocido por el Diálogo Nacional ayer viernes, lo que resultó imposible.

Al ser suspendida antier la sesión del Diálogo Nacional que coordina Monseñor Agripino Núñez Collado, se convocó para el próximo miércoles, con la esperanza de que sean superadas las divergencias, que han impedido consenso hasta entre los mismos empresarios. Como es natural nadie está dispuesto a aceptar más cargas impositivas.

En principio se habían propuesto la meta de aprobar esta semana un proyecto de reforma fiscal consensuado para entregarlo al gobierno a tiempo para que el Presidente Leonel Fernández lo someta al Congreso Nacional al inicio de la próxima legislatura, el 16 del mes que se inicia.

DESATAR TLC Y REFORMA FISCAL

A decir verdad nada obliga a apresurar la aprobación del TLC en el Congreso Nacional, aunque en la opinión pública se siente presión en ese sentido. Tanta que algunos plantean que lo desaten de la reforma fiscal y las compensaciones.

Tal es la posición de la Coalición de Apoyo al Tratado de Libre Comercio, que ha pedido al Congreso que simplemente ratifique el TLC, “para que el país envíe una señal a todos los inversionistas indicando que es abierto al libre comercio y que no somos un Estado proteccionista”, según dijo a El Nacional el presidente de ese bloque y de la Cámara Americana de Comercio, Kevin Manning.

El presidente de la Comisión de Industria y Comercio del Senado, Alejandro Santos, coincide en la conveniencia de adelantar la aprobación del TLC, pero le adiciona también las medidas compensatorias para el sector productivo, considerando que en su mayoría ya cuentan con el apoyo del gobierno. Empero, como esas compensaciones serían básicamente exenciones impositivas, lo lógico sería que se conocieran dentro del paquete de reformas fiscales.

Sin embargo, otro bloque, integrado por el Comité de Emergencia Agropecuaria y la Asociación de Industrias, es tajante en cuanto a que TLC, y reformas fiscales, incluidas las compensaciones, deben irse en un solo paquete, expresando desconfianza en que adelantar el tratado pudiera relegar las medidas de incentivo a la competitividad.

Pero por más justificación que se pueda encontrar a la desconfianza, resulta indiscutible que no puede haber TLC sin reforma fiscal, y es a ésta que deben atarse las compensaciones a los productores, por lo cual carece de fuerza la oposición a que se apruebe primero el acuerdo de libre comercio. Sobre todo porque pasarán por lo menos cinco meses para que entre en vigencia y años para que se sientan sus peores efectos.

La separación conlleva el riesgo de que se dé larga a la reforma, pero también el beneficio de que no tenga que festinarse y se dé oportunidad a atar todos los cabos, incluso para que el Congreso haga sus ponderaciones.

Al efecto debe tenerse en cuenta el criterio expresado esta semana por el nuevo presidente del PRD, el senador Ramón Alburquerque, quien reivindica el papel del Congreso Nacional, que ciertamente no puede ser sustituido por el Diálogo Nacional. Ese asunto cobra mayor fuerza para los perredeístas porque controlan el 90 por ciento del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados.

SOBRE EL GASTO PÚBLICO

La oposición perredeísta y reformista, el empresariado y otros sectores han insistido en la importancia de que esta vez la reforma no sea simplemente tributaria, sino que sea integralmente fiscal, es decir que incluya el gasto público, con prioridades y transparencia incluidas.

Lo volvió a plantear esta semana la presidenta del CONEP, Elena Viyella de Paliza, en el contexto de un seminario auspiciado por la Dirección General de Impuestos Internos, donde planteó que la reforma sea “integral, que garantice el control de los ingresos y el uso de los recursos públicos de forma racional, eficiente y transparente”.

La dirigente empresarial agregó que las reformas deben promover la adecuación y modernización del Estado en el marco de la competitividad, minimizando la evasión fiscal, ampliando la base de los contribuyentes, y eliminando impuestos de baja recaudación y alto costo administrativo.

Por de pronto, entre los beneficios que impondrá el TLC está la mayor transparencia pública, ya que obligará a instituir definitivamente nuevas normas para las compras y contrataciones del Estado, que ya no podrán realizarse dentro del maridaje del grado a grado.

Sin duda entre los objetivos de los opositores está reclamar desde el Congreso Nacional el establecimiento de prioridades y nuevas normas para el gasto público. Y el gobierno tendría que hacer concesiones en esa dirección. Es una de las razones por las que no ha presentado un proyecto propio de reforma fiscal.-

El gran desafío: El consenso para la reforma fiscal

Por Juan Bolívar Díaz

El liderazgo nacional está desafiado a abandonar la demagogia para consensuar la reforma fiscal e incentivos a los productores; luce inevitable la ampliación del Itbis

 El consenso para la reforma fiscal que impone la inminente aprobación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (TLC) es probablemente el desafío más importante que ha afrontado en los últimos tiempos el sistema político y social dominicano.

Los líderes políticos, funcionarios gubernamentales, legisladores, empresarios y sindicalistas tendrán que abandonar la demagogia y asumir un debate racional para pactar las reformas fiscales y los incentivos a los productores nacionales que imponen las circunstancias.

Con la eliminación de la comisión cambiaria y la caída de los aranceles parece inevitable que se amplíe lo más posible la base del impuesto a la transferencia de bienes industriales y servicios (Itbis), lo que contribuiría a reducir la evasión de ese gravamen, que se estima sobre el 40 por ciento y permitiría aumentar la inversión social.

Arranca el debate

Con la instalación de comisiones técnicas y apelación al liderazgo político se inició esta semana la búsqueda del necesario como urgente consenso para ejecutar una reforma fiscal equitativa que compense al Estado de los impuestos que desaparecerán con el tratado de libre comercio y genere incentivos para los productores nacionales en serias desventajas para competir con los productos norteamericanos y centroamericanos.

Los funcionarios del área económica del gobierno, representantes de las cámaras legislativas y de los sectores empresariales y sindicales han comenzado conversaciones, a través de comisiones técnicas que deberán evaluar fría y racionalmente todas las propuestas.

El infantilismo institucional dominicano determina que Monseñor Agripino Núñez Collado esté de nuevo como coordinador del consenso. De inmediato empezó a tocar las puertas de los líderes políticos llamados a facilitar los acuerdos, reuniéndose con dirigentes de los tres partidos que controlan el Congreso Nacional.

El embajador de Estados Unidos, Hans Hertell, y funcionarios gubernamentales, como el secretario Técnico de la Presidencia Temístocles Montás, plantean la conveniencia de que el Congreso apruebe el TLC independientemente de la reforma fiscal, pero tanto en la oposición política, como entre legisladores y en los sectores empresariales predomina el criterio de que ambas cuestiones tienen que ser realizadas simultáneamente.

El hecho de que el gobierno necesitará reformas impositivas que compensen la caída de los ingresos por efectos del TLC, debería quitar importancia a que se apruebe primero el convenio. Pero los productores quieren asegurarse compensaciones y los legisladores y dirigentes de oposición buscan capitalizar estas expectativas.

Las elecciones congresionales y municipales del próximo año, condicionan la actitud de todos los sectores políticos, tanto del gobierno como de la oposición, dificultando las posiciones sinceras e incentivando la demagogia política. La generalidad aduce que el pueblo no soporta más impuestos, cuando en realidad lo que se plantea es sustituir unos por otros.

De tales actitudes demagógicas, que llegan a pretender la reducción de impuestos, no escapan dirigentes sociales de todos los niveles, incluso de las altas jerarquías religiosas, sindicales y populares.

Al término de la reunión de este jueves en la que quedaron instaladas las comisiones técnicas, las expectativas eran que el consenso pueda producirse a tiempo para que el proyecto de reformas fiscales e incentivos sea introducido al Congreso Nacional con el inicio de la próxima legislatura, el 16 de agosto.

Más de 30 mil millones

            Al comparecer el miércoles al almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el director general de Impuestos Internos, Juan Hernández, estimó en por lo menos 30 mil millones de pesos el monto impositivo de la reforma fiscal a que obligará el TLC. Unos 22 mil millones por la eliminación del recargo cambiario a las importaciones, 3 mil millones por la reducción de aranceles, y otros 5 mil millones de pesos en compensaciones a los sectores productivos.

            El funcionario recordó que sólo son tres las fuentes de ingresos fiscales, de las que hay que sacar los ingresos compensatorios: impuestos al consumo y servicios, al patrimonio o propiedad, y al ingreso o renta.

De acuerdo a un estimado en un documento que se atribuye al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), el renglón de impuesto al patrimonio sólo aportaría este año 2 mil 900 millones de pesos, apenas el 2 por ciento de 140 mil 200 millones de pesos que serían el ingreso total. El impuesto sobre la renta aportaría 28 mil 100 millones de pesos, equivalentes al 20 por ciento del total.

El 78 por ciento restante corresponde a impuestos al consumo, encabezados por el Itbis, estimado para este año en 40,900 millones de pesos, equivalente al 29 por ciento del total de los ingresos. Otros gravámenes al consumo como la comisión cambiaria, aportaría 18 mil 500 millones de pesos, los combustibles 14 mil 800 millones, los aranceles 13 mil 700 millones, y los selectivos a bebidas alcohólicas y cigarrillos otros 11 mil millones de pesos.

Es obvio que deberá hacerse un mayor esfuerzo por gravar el patrimonio y la renta, pero los analistas fiscales convienen en que estos impuestos directos son más difíciles de recaudar, porque en su mayoría hay que perseguirlos individualmente. Asumiendo que puedan aumentarse en algo, persiguiendo evasores, el grueso seguirá proviniendo de los gravámenes al consumo, justamente donde se producirá la reducción de ingresos por vía de la comisión cambiaria y los aranceles.

Impuesto clandestino

Así como el Itbis es el impuesto más visible y el que más aporta al Estado, el recargo o comisión cambiaria es clandestino, casi invisible. Tanto que muchas personas no entienden que suprimirlo es quitar un impuesto del 13 por ciento, que este año implica entre 20 y 22 mil millones de pesos, de acuerdo a diversos estimados.

El asunto es que ese 13 por ciento que se cobra por todas las importaciones, se carga como cualquier otro al consumidor y va en aumento en proporción al número de los intermediarios comerciales, que son más para los sectores de menores ingresos. El CONEP estima que se convierte al menos en un 20 por ciento promedio.

El país está obligado a suprimir la comisión cambiaria en virtud del TLC y, además, como consecuencia de un dictamen de la Organización Mundial del Comercio, atendiendo a un recurso incoado por Honduras en virtud del acuerdo de libre comercio de la República Dominicana con Centroamérica.

Ese impuesto clandestino está gravando todos los bienes exentos del Itbis, incluyendo la leche, los combustibles y las medicinas. También indirectamente a los productos agropecuarios nacionales, a través de los insumos, las maquinarias agrícolas, el transporte y los empaques. No se salva ningún producto, sea alimenticio o de lujo.

Una alternativa de largo plazo hubiese sido el desmonte gradual de la comisión cambiaria, que todavía algunos proponen, pero tanto el TLC como la OMC obligan a eliminarlo de golpe.

Itbis: fuente inevitable

            Todos los caminos conducen al Itbis. Es la vía más corta y segura para sustituir los ingresos que se perderán con la eliminación de la comisión cambiaria. También porque ambos son al consumo, aunque uno sea más visible que el otro.

            Hay consenso en que ya no se puede elevar más la tasa del Itbis y que el camino lógico conduce a ampliar su base, que es lo mismo que aplicarlo a productos y servicios que no están gravados, entre los que sobresalen los de la canasta básica, medicinas, alimentos, combustibles, electricidad y servicios como educación y salud.

            Se estima que sólo la mitad de los productos y servicios pagan Itbis, y que entre 40 y 50 por ciento de los gravados, son evadidos por los comerciantes. El que unos estén gravados y otros no facilita las evasiones, razón por la cual se cree que su aplicación a todos los productos contribuirá a elevar los ingresos del Estado.

            Es la razón por la que el CONEP y diversos expertos fiscales abogan por la generalización del Itbis. El máximo organismo empresarial ha propuesto una tasa más baja del 8 por ciento para los productos que no lo pagan.

            Otros han propuesto una tasa única de Itbis, bajándolo del 16 actual a un 14 o 13 por ciento, pero aplicándolo a todos los productos y servicios, excepto los agropecuarios nacionales y la educación. Otros agregan los servicios de salud.

            Con un 13 universal no se puede decir que se esté gravando más la canasta básica, los combustibles o la medicina. Si al mismo tiempo les están quitando la comisión cambiaria del 13 por ciento, que con las escalas de intermediación equivaldría a un 20 promedio.

            Los sectores que defienden el interés de las mayorías empobrecidas tienen que entender que ahora mismo no se trata de reducir impuestos, que una victoria es que no se los aumenten. Cambiar uno por otro no es aumento, y en este caso habría márgenes de beneficio, como la reducción de la tasa del Itebis que ya se paga y las evasiones, lo que supone mayores recaudaciones y más posibilidades de devolverlas a los pobres vía incremento de la inversión social.       

            Por demás, si no amplían la base del Itbis habría que elevar la tasa o buscar nuevas fuentes de ingresos que en su mayoría saldrán del consumo, mientras se dejaría a la voluntad de los empresarios el destino del 13 por ciento, equivalente al 20, en que se reduciría la comisión cambiaria. Se piensa que en gran proporción se quedaría en manos de los importadores y productores nacionales.

            En otras palabras: ampliar el Itbis, en vez de ser una maldición, puede ser la mejor sustitución de los ingresos que se perderán con la eliminación de la comisión cambiaria. Eso, demagogia aparte.-