Los desafíos del 2006

Por Juan Bolívar Díaz
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La celebración de una sexta elección libre y sin traumas en forma consecutiva es uno de los desafíos que enfrenta la nación dominicana en el año 2006, período en que deberán hacerse esfuerzos por mejorar los mecanismos de diálogo, concertación y cumplimiento de los acuerdos nacionales.

El primer desafío para el gobierno del presidente Leonel Fernández es evitar que el proceso electoral descarrile el país de la estabilidad macroeconómica recuperada en el 2005 y conducir políticas sociales y de mejoramiento de los servicios públicos que contribuyan a reducir efectivamente la pobreza.

Para avanzar efectivamente e incorporarse con éxito al tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, la nación deberá realizar una serie de reformas legales e institucionales y abocarse a ejecutar con firmeza muchas otras que han ido quedando en los papeles.

La primera prueba

No hay razón objetiva para temer que los comicios congresionales programados para mayo del 2006 vayan a romper el récord nacional de 5 elecciones consecutivas en una década en que se ha expresado y respetado la voluntad democrática. El sistema electoral que se ha ido instituyendo ha mostrado eficacia y el actual equilibrio en el control de los poderes del Estado no auspicia arrebatos ni fraudes.

El desafío en torno a las elecciones es al sistema político, ya envuelto en una vorágine temprana, con enorme derroche de recursos y tendencias al descrédito y la disolución a consecuencia del pragmatismo salvaje que lo afecta.

La lucha por el poder por encima del interés nacional, podría desatar demonios de confrontación capaces de afectar el proceso de recuperación económica tras las quiebras financieras del 2003 y dificultar aún más la incorporación del país al nuevo escenario que conllevará la entrada en vigencia del tratado de libre comercio.

Es significativo que por primera vez en casi una década la nación comienza un año sin que se hubiese aprobado la ley de presupuesto de ingresos y gastos públicos, sin que falten quienes teman que el interés electoral y las contradicciones partidistas determinen que el gobierno se maneje con el presupuesto del año que concluye.

Incluso hay quienes consideran que el gobierno podría estar deseando calentar las contradicciones para que el proyecto sometido tardíamente al Congreso no sea aprobado, lo que le daría mayor discrecionalidad en el uso de los excedentes fiscales con relación al 2005.

La última vez, y probablemente la única, que eso ocurrió fue en el 2000, precisamente en el primer gobierno del presidente Fernández, cuando el proyecto de presupuesto llegó atado a una serie de reformas impositivas que el Congreso, como ahora mayoritariamente perredeísta, se negó a avalar.

Una repetición de tal incapacidad de negociación estaría en contradicción abierta con el escenario internacional de reclamo de legitimidad y transparencia, donde resulta inconcebible que un gobierno pueda manejarse sin presupuesto. También chocaría con el acuerdo que el Estado mantiene con el Fondo Monetario Internacional y los requerimientos del tratado de libre comercio.

El gran riesgo electoral

Aunque se registra un atraso en la reorganización de las juntas electorales y en la creación de algunas de las correspondientes a 17 nuevos municipios, ese factor podría ser superado sin mayores consecuencias. El gran riesgo del proceso electoral está en la exacerbación de las contradicciones y enfrentamientos en la lucha por el poder. La matanza de cuatro políticos el pasado 16 de agosto en Piedra Blanca, Bonao, disputándose la administración de un pobre distrito municipal, y la impunidad en que ha quedado, es un indicativo de lo primitiva que sigue siendo la práctica partidista en el país.

El riesgo no consiste tan solo en cuánto pueda la lucha partidista viciar las posibilidades de diálogo, concertación y convivencia nacional y dificultar las reformas legales e institucionales que se imponen, sino también en que genere un desbordamiento del gasto público y abusos de los recursos estatales en el esfuerzo por lograr el control del Congreso Nacional y los ayuntamientos.

La virtual conformación de dos bloques de partidos para disputar los comicios legislativos y municipales tenderá a una elevación de la temperatura política, lo que junto al derroche de recursos y la insatisfacción de importantes segmentos poblacionales con la lucha partidista, podría también constituirse en riesgos de mayor abstención y descrédito de las instituciones básicas del proceso democrático.

Con un padrón electoral eficiente y en manos de todos, y obligada la Junta Central Electoral a administrar el proceso con transparencia y participación de los delegados políticos, más la vigilancia de la sociedad, no hay razones para temer que pueda cortarse la racha de elecciones sin mayores impugnaciones.

De acuerdo al calendario organizativo, las juntas electorales correspondientes a los 151 municipios, debieron estar estructuradas al 30 de noviembre. Al comenzar el año quedan todavía 15 de ellas por “consensuar”, incluyendo 8 de los nuevos municipios, y algunas tan importantes como las de Santiago, Moca, San Juan de la Maguana y Puerto Plata. En algunas las autoridades electorales esperan propuestas o respuestas de los partidos. Hay casos, como el de Puerto Plata, donde las diferencias son por uno solo de los integrantes.

Para la elección de este año se realizará un plan piloto para someter a prueba en el país el uso de “urnas electrónicas”. Se prevé que el voto electrónico pueda ser probado entre 650 y 1300 colegios electorales, 5 a 10 por ciento del total. Hasta ahora la JCE cuenta con 500 de esas urnas prestadas en un convenio con la Organización de Estados Americanos y Brasil, que las proporciona.

Pruebas institucionales

El 2006 comienza con un desafío entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no sólo en torno al presupuesto de ingresos y gastos, sino también porque el primero ha anunciado que mantendrá por tiempo indefinido el ilegal recargo cambiario que se prometió eliminar con las reformas tributarias que entran en vigencia desde el 1 de enero.

Lo que esa decisión implica es que prevalecen prácticas gubernamentales en contradicción con las normas institucionales, como también la de haber iniciado una inversión de la categoría de un sistema de transporte subterráneo sin los suficientes estudios de factibilidad ni aprobación previa de los ayuntamientos, sin estar incluida en la ley de presupuesto del año pasado, y con el rechazo de organismos creados por el mismo gobierno, como fue el caso del Consejo Nacional de Desarrollo Social e Institucional.

En la débil institucionalidad democrática nacional sería insólito que el Congreso no aprobara una obra emprendida a su espalda por el Ejecutivo, y de la magnitud del Metro, lo que sería absolutamente legítimo en las naciones donde se respetan los mandatos institucionales. Y la constitución dice que el presupuesto de ingresos y gastos lo aprueba el Congreso.

Con el agravante de que mientras insiste en aventurarse en una mega inversión como el Metro, el proyecto de presupuesto del Ejecutivo evade destinar el diez por ciento de los ingresos a los ayuntamientos como se estableció por ley.

El fortalecimiento de la institucionalidad democrática pasa necesariamente por dar vigencia a una serie de legislaciones de los últimos años que permanecen burladas. Tal es el caso de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la Ley sobre Instituciones sin Fines de Lucro, la del Defensor del Pueblo, la de Migración, la de Libre Acceso a la Información y la de Seguridad Social que instituye el 8 veces postergado seguro familiar de salud.

Las reformas pendientes

El país requiere urgentemente de un conjunto de disposiciones que permitan mejorar la capacidad competitiva de los productores nacionales de cara al nuevo escenario del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, particularmente para los industriales y servicios que enfrentarán de inmediato fuertes retos, sin períodos de gracia ni escalones.

Un sistema energético ineficiente y costoso, pese a un subsidio que este año se llevó más de 500 millones de dólares, es una daga sobre el sector productivo, y todavía no se vislumbra que ese obstáculo pueda comenzar a ser eliminado este año. Para otros sectores productivos, como el agropecuario, las repercusiones del libre comercio serán de mediano y hasta largo plazo.

La entrada en vigencia del acuerdo comercial conlleva una serie de reformas pendientes de conocimiento en el Congreso Nacional, que incluyen reorganización del sistema de gestión financiera del Estado, nuevas normas para presupuesto, una nueva legislación sobre compra y contrataciones del Estado, y leyes de libre competencia y de defensa del consumidor.

También están pendientes reformas para dar mayor autonomía a la Dirección General de Impuestos Internos, para la eficiencia tributaria, de modificaciones del código tributario y de reorganización mercantil y liquidaciones.

Ese armazón de reformas legales debería ser aprobado en breve para que el país esté en mejores condiciones de adscribirse a las obligaciones del tratado de libre comercio. Incluso constituye un desafío particular para los dos mayores partidos de oposición, que buscan presentarse en un frente electoral para mayo, pero que ya en el actual Congreso controlan 31 de los 32 senadores y dos terceras partes de los diputados.

Sin embargo, contra la eficiencia legislativa conspirará la larga campaña electoral que precederá a los comicios de mayo, por la circunstancias de que muchos de los senadores y diputados tendrán su atención concentrada en buscar votos para mantener sus curules.-

El crecimiento económico salva la cara del 2005

Por Juan Bolívar Díaz

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Solo el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, con un crecimiento del producto bruto interno del orden del 8 por ciento, según las cuentas del Banco Central, salva la cara a este 2005, que pasará a la historia nacional como el año de la ratificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Este año marcó profundas decepciones por la falta de prioridades y transparencia gubernamental, escasos avances en combatir la corrupción, por el aumento de la delincuencia, la inseguridad y la violencia criminal, sin que las autoridades hayan podido convertir en realidad los planes anunciados.

Aunque los principales partidos políticos realizaron esfuerzos por reformar sus estructuras y renovar sus dirigentes, sus extensas campañas internas para elegir candidatos y el mercado público en que convirtieron las negociaciones para alianzas de cara a las próximas elecciones han seguido marchitando su imagen.

Milagroso crecimiento económico

Que este año concluya con un crecimiento del producto interno de un 8 por ciento, entre los más altos del mundo, con inflación de un solo dígito e incremento de las reservas de divisas, pese a la crisis del 2003-04 y al desproporcionado aumento de los precios del petróleo, que han promediado cerca de los 60 dólares el barril, constituye un milagro económico.

Esos datos ofrecidos por el Banco Central son más sorprendentes por cuanto la generalidad de la población no advierte las consecuencias de tal crecimiento, como ha quedado patente en las encuestas, y por el registro de un creciente desempleo, que en las zonas francas y el turismo alcanza a decenas de miles de trabajadores.

No han faltado quienes cuestionen las cifras oficiales, como lo hizo recientemente el exgerente general del Banco Central Apolinar Veloz, quien sostiene que son fruto de la reposición de métodos de medición que habían sido superados y cambiados en la gestión precedente.

De cualquier forma es indiscutible que las autoridades han logrado mantener la estabilidad macroeconómica en un marco singularmente desfavorable. La tasa cambiaria que comenzó el año en 31.50 pesos por dólar, y que a mediados de abril descendió hasta 28.30, concluye diciembre entre 33 y 34 pesos por dólar. Las mediciones oficiales reportan una inflación del 8 por ciento.

Es relevante que este año las autoridades no incrementaran el endeudamiento y mantuvieran reservas fiscales, cumpliendo las metas establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque la varita mágica pudo haber sido la renegociación de las deudas con el Club de París, con tenedores de bonos y banca privada por más de mil millones de dólares.

Para algunos analistas esos parámetros se explican también en el mantenimiento de un peso sobrevaluado, a costa de los exportadores y de los 900 mil adultos que reciben remesas del exterior, estimadas para este año en unas 3 mil millones de dólares, y que  tuvieron que cambiarlas con pérdidas que se llegan a calcular sobre los 20 mil millones de pesos. Eso explicaría, en parte, el grito de que hubo poco circulante y la alta proporción de los que opinan en las encuestas que el país va por rumbo equivocado.

Pero en términos económicos el mayor problema del año fue el no haber enfrentado el déficit cuasifiscal del Banco Central, que sigue pendiendo como amenaza sobre la estabilidad macroeconómica. La reducción de las tasas de interés desaceleraron el crecimiento de ese déficit, que ya alcanza casi 150 mil millones de pesos, representando más del 40 por ciento del presupuesto proyectado para el 2006.

Decepciones y frustraciones

Los asuntos que dominaron el debate nacional a lo largo del año que concluye fueron decepciones y concluyeron en nuevas frustraciones, relevándose lo que Participación Ciudadana diagnosticó ya en mayo como falta de transparencia, carencia de prioridades efectivas y de racionalidad en la inversión, junto a un proceso de descomposición moral  en la vida pública y privada.

El primer tema dominante con que comenzó el año fue el llamado “escándalo Quirino”, originado en la incautación de 1,200 kilogramos de cocaína el 18 de diciembre del 2004, cuyas ramificaciones aún no han sido despejadas completamente, faltando aún por establecer si hubo cómplices en las esferas gubernamentales, del antes y de ahora.

Como era convencimiento general que nuestras instituciones judiciales no tienen integridad y capacidad para juzgar un caso de esa magnitud, hubo que resignarse a que el principal acusado Quirino Ernesto Paulino y una docena de los involucrados fueran extraditados a Estados Unidos.

Otro tema que dominó durante la segunda mitad del año fue el de la ratificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica y la reforma fiscal que le era consubstancial para compensar al fisco por la reducción de ingresos aduanales y de la comisión cambiaria y para mejorar la competitividad de los sectores productivos.

Muy temprano se evidenció que la reforma no abarcaría todo lo fiscal, como reclamaba gran parte de la opinión pública, sino simplemente una modificación impositiva más. Después de más de dos meses de negociaciones en torno al Diálogo Nacional, el “consenso” que se anunció, y que al principio fue tan solo entre el gobierno y el empresariado, se deshizo cuando la pieza era considerada, por tres meses, en la Cámara de Diputados. El proceso excluyó a los sectores sociales y sindicales, dividió al empresarial y dejó insatisfecho al gobierno, que en la recta final impuso nuevos gravámenes  rechazados hasta por la  cúpula empresarial del “consenso”.

Como colofón, el gobierno anuncia que mantendrá por algún tiempo un recargo cambiario del 9 por ciento, lo que nuevamente rompe la institucionalidad y remite a una confrontación con el Congreso, mientras se informa que las autoridades procuraran que el tratado de libre comercio no entre en vigencia hasta julio.

El metro y la isla artificial

El inicio de un metro en la ciudad capital, que gran parte de la opinión publica considera no prioritario en las actuales circunstancias, y el contrato que autoriza la construcción de una isla artificial frente al malecón de Santo Domingo dominaron también gran parte del debate nacional.

En los primeros meses del año el presidente Leonel Fernández  planteó la construcción del metro y luego pareció aceptar el rechazo generalizado, que incluyó al Consejo Económico, Social e Institucional que él mismo instituyó. Pero ya en octubre el proyecto fue retomado e iniciado como tantas otras obras sin suficiente transparencia, sin todos los estudios de factibilidad ni presupuesto.

La isla artificial ha tenido un rechazo aún mayor, agravado cuado se conocieron los términos de la contratación que incluyeron garantías del Estado hasta por reducción de su factibilidad económica. Al final del año el proyecto luce en proceso de desarticulación con la renuncia de los asociados dominicanos.

La falta de prioridades, de concursos  y de transparencia en la inversión pública causó escándalos en el lujoso mobiliario del edificio de la Suprema Corte de Justicia, en la Biblioteca de la Universidad Autónoma, en la compra de un edificio para Aduanas  por mil millones de pesos, en el aporte de 25 millones de dólares a un hospital privado en Santiago y finalmente en el concurso para la instalación del propio “portal para la transparencia del gobierno”. Todo eso mientras la educación y la salud seguían relegadas y se daba cuenta de la existencia de más de mil 200 obras inconclusas.

Abundantes insatisfacciones

El gobierno ha tenido buenos desempeños en el aparato recaudatorio, en el mejoramiento de la administración pública, en las secretarías de Educación y Salud Pública, a pesar de sus limitaciones presupuestarás, pero ha dejado frustraciones al no poder enfrentar la eterna crisis energética.

Mas allá del discurso y las promesas, la realidad es que no arranca una verdadera política de seguridad ciudadana que enfrente con eficiencia la creciente delincuencia y la violencia. Los recursos solo han alcanzado para  el kilómetro y medio cuadrado del barrio capitalino de Capotillo. La Policía sigue esperando los vehículos, equipos de comunicaciones, laboratorios, el personal y el aumento de sueldo del 40 por ciento consignado en el decreto 145-05 del comienzo de abril. El resultado ha sido el incremento de la delincuencia y los “intercambios de disparos” que este año arrojarán cerca de 500 muertos, a pesar de la contención de los últimos dos meses. El año concluye sin que se haya adelantado significativamente en la sanción de la corrupción pública y privada que tanto ha contribuido a la pobreza nacional, y sin que se aprobara la prometida nueva ley de concursos y licitaciones para las contrataciones de obras y las compras del Estado. Ni siquiera se ha emitido el “decreto puente” elaborado al efecto por la Comisión Nacional de Etica que instituyó el presidente Fernández.

Finalmente la política siguió generando decepciones. Los partidos dominantes comenzaron el año con un esfuerzo de reformas estatutarias para mejorar su democracia interna y con la renovación de sus cuadros directivos. Pero una prematura y prolongada campaña interna para elegir candidatos para las elecciones de mayo y el mercado público que montaron para abordar posibilidades de alianza, sembraron nuevas decepciones y frustraciones.

El 2005 termina sin que se implementara el 8 veces aplazado seguro familiar de salud y desafiando la capacidad de los dominicanos y dominicanas para el optimismo y la esperanza.

 

El duro negocio de las alianzas

Por Juan Bolívar Díaz

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En un contexto de campaña electoral adelantada, los tres partidos mayoritarios se han envuelto prematuramente en un frenesí de negociaciones en búsqueda de alianzas para los comicios legislativos y municipales de mayo próximo.

La clave de las negociaciones están en manos del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que negocia al mismo tiempo con los otros dos mayoritarios, al mejor postor y muestra impúdicamente sus dificultades para recuperar terreno perdido y volver a ser opción de poder.

Si es por quien puede ofrecer más, los reformistas podrán sacar mayores ventajas negociando con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que tiene más que ofrecer al controlar el gobierno central, pero estratégicamente remarcan el camino hacia su disolución como fuerza política de primer nivel.

Decisión precipitada

Aun a más de seis meses para las elecciones congresionales y municipales, es evidente que los partidos mayoritarios se han precipitado en un frenesí de negociaciones para alianzas guardando relación con una intensa lucha por las candidaturas que lleva ya meses al interior de esas organizaciones.

El artículo 62 de la Ley Electoral establece un plazo para el registro de alianzas electorales que vence a más tardar 75 días antes de las elecciones, es decir hasta el 28 de febrero, para lo que todavía faltan 80 días.

Las negociaciones, iniciadas a partir de una reunión efectuada entre perredeístas y reformistas a comienzo de octubre pasado, han sido precipitadas por el también temprano proceso de selección de candidatos, ya iniciado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y fijado para diciembre por el PLD y para enero por el PRSC.

Muchos no entienden qué necesidad tienen los partidos de iniciar tan temprano la campaña electoral para los cargos legislativos y municipales, adelantándose tanto a la proclama de la campaña electoral que según la ley debe dictarse a más tardar 90 días antes de los comicios, en este caso el 16 de febrero. Los partidos tienen hasta el 15 de marzo para inscribir sus candidatos, según el artículo 70 de la Ley Electoral que lo establece a más tardar 60 días antes de cada elección.

Hasta el momento son dos las reuniones formales que han sostenido los reformistas con los perredeístas, la última de las cuales fue el lunes 7 de noviembre. Han tenido una con el PLD habiéndose anunciado otra para los próximos días, aunque el jueves se anunció que las negociaciones quedan en suspenso. Aparte se cuentan los contactos informales efectuados entre dirigentes políticos.

Las negociaciones han involucrado las cúpulas directivas de los tres partidos mayoritarios, incluyendo al presidente de la República y líder del PLD, doctor Leonel Fernández. Peledeístas y perredeístas aparecen dispuestos a “cualquier sacrificio” para conseguir un pacto con el PRSC que les permita una mejor perspectiva de controlar el poder legislativo y el municipal. Para ambos partidos puede ser decisivo aún el 8 por ciento de los votos que obtuvo el reformismo en las elecciones del 2004, que puede ser mayor en el plano provincial y municipal.

En las últimas elecciones congresionales y municipales, las del 2002, el PRSC ocupó el segundo lugar, habiendo ganado en 2 provincias y 11 municipios. El PLD sólo ganó en el Distrito Nacional y en 7 municipios. El PRD se alzó con una mayoría apabullante al obtener mayoría de votos en 29 provincias y 104 municipios. El Partido Revolucionario Independiente (PRI) fue el cuarto ganador, en 3 municipios.

Sorpresiva suspensión

Este jueves cuando se esperaba una nueva reunión de los dirigentes reformistas con los peledeístas, el presidente del PRSC, ingeniero Federico Antún, sorprendió anunciando que las negociaciones “quedaron en suspenso, por el momento” para discutir con la dirección nacional el camino a seguir en relación a la participación electoral.

Al parecer los líderes del partido colorado decidieron transitar el camino institucional, acogiendo reclamos como el del ingeniero Guillermo Caram, quien estima que el Directorio Nacional es el organismo que debe decidir las líneas políticas y las estrategias electorales, por lo que había solicitado su convocatoria.

Caram, partidario de que el PRSC trille su propio camino, se había quejado de que las negociaciones para alianza habían sustituido el mecanismo instituido por los estatutos del partido para escoger sus candidatos que es la elección primaria, para lo cual se han inscrito cientos de candidatos a nivel nacional.

Otros partidarios públicos de la participación “para reafirmar el partido” y abandonar el papel de comodín, son el excandidato presidencial Eduardo Estrella, Luis Toral y Berlarminio Ramírez.

Esta semana emergió en Santiago la “Corriente Reformista No a las Negociaciones”, ni con el PLD ni con el PRD, reclamando “apoyo militante a las candidaturas propias”, presidida por Conrado Asencio y Jorge Coronado, la cual envió una carta a Quique Antún pidiendo rectificar el camino.

Con más de dos meses por delante para negociar, la máxima dirección reformista hace bien en consultar a la directiva nacional. En cualquier caso para que pueda darse una alianza con otro de los partidos mayoritarios tendrá que mediar la renuncia de una parte de los aspirantes de cada una de las organizaciones involucradas. El que ya hayan sido escogidos hace más difícil los pactos, pero no imposible. Por demás, tanto en el PRD como en el PLD podrían hacer reservas de candidaturas para cuando esté maduro el tiempo para una negociación final con el PRSC.

En la dirección colorada son muchos los que estiman que el partido no está en condiciones de irse solo a los comicios porque podría exponerse a quedar en peores condiciones que en los comicios del 2002, celebrados cuando todavía Balaguer vivía, aunque estaba virtualmente en agonía. Falleció dos meses después.

Hay quienes creen, como la doctora Licelotte Marte de Barrios, que ninguno de los tres mayoritarios puede darse el lujo de despreciar la posibilidad de una sumatoria de fuerzas por lo menos en las jurisdicciones en que son débiles, que todos las tienen. Ella rechaza que su partido haya sido bisagra, argumentando que sólo pactó en 1996 “por razones patrióticas”, lo cual es cierto, pero se desgastó en infructíferas negociaciones y diversidad de corrientes que favorecían los pactos para los comicios del 1998, 2000, 2002 y 2004.

El dilema: ¿PLD o PRD?

Si decide, como se espera, volver a las negociaciones el PRSC tendrá que afrontar el dilema de si se alía al partido de gobierno o al de oposición. Aunque podría optar por dejar que sea en cada provincia que decidan con quién se juntan. Caram cree que en unos lugares favorecerán la alianza con el PLD y en otros con el PRD, de acuerdo a las conveniencias locales. Hay quienes preferirán irse solos.

En lo inmediato parece claro que el partido morado está en condiciones de ofertar más. Se afirma que ofrecería la mitad de las candidaturas a senadores y regidores y por lo menos un tercio de las de diputados. Se ha llegado a hablar de 16, 90 y 60.

El PLD tendría más facilidad para desprenderse de esas candidaturas, pues tiene el poder para ofrecer cargos de compensaciones a quienes queden insatisfechos. Por demás, entre sus dirigentes hay más conciencia de corporación que en el perredeísmo.

Estratégicamente, para el gobierno peledeísta es fundamental despojar al PRD del control de las cámaras legislativas, especialmente del Senado, y de una buena parte del dominio municipal, lo que contribuiría al debilitamiento del partido blanco y en consecuencia abriría mayores perspectivas para un largo reinado morado en el poder.

Claro que por las mismas razones los perredeístas tratan de sumar sus fuerzas con el reformismo, no sólo buscando mantener su fuerza congresional y municipal sino especialmente para debilitar al PLD y abrirse posibilidades de retorno al poder.

La alianza PRSC-PLD es estratégicamente más peligrosa para los colorados, porque el partido morado ha crecido a su costa, atrayéndose parte de sus militantes, desde el Frente Patriótico de 1996 hasta ahora. Ambos tienden a ocupar el mismo espacio social e ideológico. Justamente esa alianza tropieza con el hecho de que la última fragmentación del reformismo está precisamente aliada al PLD. Coincidir con éstos le resta fuerza moral a los dirigentes salidos de la renovación directiva de este año.

En cualquier caso la alianza tendería a reafirmar al PRSC como tercer partido, como la bisagra del sistema electoral dominicano. Pero un poco más si es con el PLD. Una alianza de oposición siempre es más digerible. Juntarse con el que está en el gobierno resta fuerza para reclamar sustituir a quienes ejercen el poder.

La experiencia de 1996 no abona mucho las simpatías por la alianza colorado-morada, porque los primeros creen que los peledeístas “fueron ingratos”, que “comieron solos” y además pescaron en sus aguas, atrayéndose parte de sus cuadros y militantes.

Pero con el PRD habrá mucho más dificultades para conseguir una buena tajada del pastel congresional y municipal, que satisfaga las expectativas de dirigentes y militantes, muchos de los cuales no están acostumbrados a tan prolongada ausencia del poder. Hay quienes creen que la supervivencia del partido colorado pasa necesariamente por una buena cuota del poder, y eso sólo lo garantiza el que está en el gobierno, donde hay muchas otras formas de premiar o compensar, incluyendo cargos, compras y contratas.

No hay dudas de que el proceso pone en juego el futuro del Partido Reformista, incluyendo riesgos de nuevos fraccionamientos, por disensión sobre las negociaciones. Todo dependerá del nivel en que se encuentre la fe en la organización y el propio aprecio de sus posibilidades de recuperación. Los que tienen bajos esos dos ingredientes favorecerán la alianza y con el que más ofrezca.

Finalmente, para los que desconocen el sistema electoral, hay que recordar que las candidaturas congresionales y municipales son indivisibles. Es decir que se vota por el senador y los diputados de un mismo partido, lo mismo que por el síndico y los regidores. Eso y el voto preferencial hacen más difícil las alianzas.-

 

Que se prepare el gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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La forma tan agresiva y desproporcionada como funcionarios del gobierno y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reaccionaron frente a un simple reclamo de Monseñor Antonio Camilo demostró hipersensibilidad, falta de receptividad y de agudeza política.

Si a eso se suman las ofensivas lanzadas paralelamente contra dos sacerdotes emblemáticos en la defensa de los derechos de los trabajadores haitianos, se puede convenir en que a algunos peledeístas relevantes les falta madurez para la convivencia política, ya que pueden provocar un remolino en un vaso de agua.

Los actos gubernamentales deberían registrar que la luna de miel de la población con ellos ha llegado a su fin, y no tanto por sus desméritos, sino por las deudas y frustraciones acumuladas y que las demandas y protestas sociales se incrementarán y no precisamente en el sosegado estilo del obispo de La Vega.

¿Para alante o para atrás?

El primer sorprendido ha sido Monseñor Camilo, quien en una entrevista con Edith Febles, de Clave Digital, se confesó “un enamorado de los refranes” como forma de comunicarse con el pueblo. Nunca pensó que su homilía del Día de las Mercedes, el 24 de septiembre, provocaría una reacción tan iracunda.

El no hizo un enjuiciamiento del gobierno, ni de su política económica o social. En el contexto de una homilía escrita se refirió al estado de la carretera que comunica La Vega con Moca y el Santo Cerro, y que sirve a decenas de comunidades de su diócesis.

Leyó: “Esperamos que el Señor bendiga la carretera La Vega-Moca y del Santo Cerro, iniciada hace más de un año, pero que no ha adelantado, sino está peor. Eso desorienta a los vecinos e interrumpe a los que trabajan en esa zona”. Saliéndose del texto el obispo Camilo enfatizó que la obra todavía está en los comienzos y “al paso que vamos, no vamos a llegar. No es pa´lante sino para atrás. Por eso es necesario que las autoridades pongan más atención a esa carretera que antes estaba mal pero ahora está peor. No es mi voz, sino la de todas las personas que viven alrededor”.

Del texto y la grabación de la homilía no puede interpretarse otra cosa que un reclamo de atención a la reconstrucción de una carretera paralizada, donde un tramo incluso fue roto en preparación para echarle una nueva capa asfáltica, y que ahora es polvo o lodo. En ese sentido fue que el obispo consideró que no es pa´lante que vamos sino para atrás. Utilizó graciosamente el slogan del gobierno para decir que la vía está ahora peor que cuando comenzaron a arreglarla.

En el tono de Monseñor Camilo no hubo acidez ni altivez. Es de los obispos más humildes y tranquilos, quien confiesa que reza el rosario 4 veces por día (20 misterios dijo), “porque la oración serena los ánimos”, y que no se deja “embobecer por las lisonjas, ni nos deben entristecer las críticas”.

Truenos y relámpagos

El simple reclamo del prelado nativo de Salcedo se complicó porque el Listín Diario lo convirtió en principal información en su edición del domingo 25, en un fin de semana escaso de noticias nacionales y hasta internacionales. Y el título pregonó que “Monseñor Antonio Camilo critica política económica del Gobierno”. El texto iba más lejos y ubicaba la homilía en un enjuiciamiento global, que no tuvo, de la corrupción, el descalabro del sector salud y la falta de oportunidades.

Fue suficiente para que se desatara la ofensiva y aquello se convirtiera en la noticia de la semana, llevada y traída por el periodismo de bla bla. La secretaria de Educación, Alejandrina Germán, el consultor jurídico del Ejecutivo, César Pina Toribio, el secretario general del PLD, Reinaldo Pared, el director de Prensa del Gobierno, Rafael Núñez, movimientos políticos progubernamentales y muchos de sus voceros en los medios de comunicación salieron a cuestionar al prelado católico.

Nadie parecía saber que muchas veces las informaciones salen descontextualizadas. La peor reacción provino de la secretaria de Educación, quien llegó a cuestionar la corrección del obispo y a plantear que su reclamo obedecía a militancia partidista y al deseo de agradar al expresidente Hipólito Mejía presente en la misa. El director de Prensa sacó una lista de obras que se ejecutan en La Vega.

Ya el lunes, políticos y periodistas daban por cierto un enjuiciamiento de la política gubernamental que el obispo no hizo, y hasta el presidente Leonel Fernández reaccionó, aunque con la prudencia que lo caracteriza, advirtiendo que no tiene una varita mágica para enfrentar los problemas y pidiendo al prelado vegano una plegaria al Todopoderoso “para que nos ilumine y podamos decir que es pa´lante que vamos”.

Monseñor Camilo no se da por ofendido y responde que “Si él me pide una oración, la haré con mucho gusto a los pies de las Mercedes, porque la oración serena los ánimos…Nos hace más disponibles, más sensibles a Dios y más sensibles también al pueblo”. El religioso no dejó de reivindicar su derecho al reclamo, diciendo que la verdad suele doler y pasó a otra cita popular: “cuando uno mete la mano en jabón, pica donde hay un palaíto; la culpa no es del jabón, sino del palaíto.

Alborotadas las avispas

La desproporcionada reacción gubernamental no solo alborotó a los obispos, varios de los cuales salieron a defender a su colega vegano, sino también a las avispas y sacerdotes “lenguas de máuser” como Rogelio Cruz y Regino Martínez quienes salieron al ruedo disparando duros y curveros, diciendo uno que el gobierno falta el respeto a la Iglesia, y el otro que no ha hecho nada y que se ha burlado de la sociedad.

Los obispos que salieron al ruedo fueron el emérito de Santiago, monseñor Juan Antonio Flores, el de San Francisco de Macorís, Jesús María de Jesús Moya y el de Puerto Plata, Julio César Corniel Amaro. Los dos primeros sí que enjuiciaron la política del gobierno y se refirieron a las prioridades presupuestarias y a las necesidades insatisfechas.

Flores dijo a “los amiguitos” del gobierno que ya los dominicanos se dan cuenta cuando se distribuye el presupuesto de forma errada, y reclamó mejores resultados. Por su parte, Moya dijo que lo que debe hacer el gobierno, en vez de reaccionar airado ante las críticas, es trabajar para atender las necesidades de la población.

En la mañana del miércoles el vocero del Gobierno Roberto Rodríguez Marchena puso freno a las reacciones con una declaración certera y conciliadora, indicando que acogían de buena forma y con reflexión los reclamos del obispo vegano. Los consideró absolutamente normales en un país democrático y recordó que “históricamente la Iglesia Católica ha querido ser la voz de los que no tienen voz”.

La intervención de Rodríguez Marchena marcó el final del enfrentamiento, aunque ya el daño estaba hecho y se había reflejado una actitud de intolerancia, que en algunos medios electrónicos fue considerada peligrosa porque si así respondían a un obispo, qué puede esperar un simple periodista o un ciudadano común.

Pero es que la ofensiva tuvo un marco más amplio. Las cosas se han desmadrado hasta el punto de que un político tan veterano como Euclides Gutiérrez Félix pidió el fin de semana la deportación de los sacerdotes Christopher Hartley y Pedro Requoy, quienes trabajan en la pastoral para los haitianos en la región oriental y el suroeste.

El domingo 25 el director del Instituto Nacional del Azúcar, Faustino Jiménez, llegó al grado de sugerir la posibilidad de que ambos religiosos estuvieran vinculados a quemas de cañaverales que según dijo han ocasionado pérdidas de 350 millones de pesos en este año.

La ofensiva contra esos dos religiosos trajo a la memoria la época de los 12 años de Balaguer cuando sacerdotes como Sergio Figuereo y Antonio Cabezas fueron extrañados del país a causa de su labor pastoral con la juventud. Una acción similar contra Hartley y Requoy sería muy contraproducente, no solo en el país sino en el exterior. Ambos son europeos y se dice que tienen fuerte protección de sus gobiernos.

Que se vayan preparando

Al clásico peledeísta siempre les han acusado de intolerante y a algunos hasta de prepotentes, y que toman demasiado a pecho las disensiones, críticas o reclamos. Como muchos son profesores universitarios a menudo se les asimila dictando cátedras, y como se vendieron como parte de una élite disciplinada e impoluta, suelen reaccionar con ira frente a lo que estimen ofensiva de sus contradictores. Por cierto que el presidente Fernández nunca ha sido asimilado a esa corriente, y en realidad su temperamento paciente y calmado proyecta otra imagen, de ponderación y tolerancia, una de las razones por las que está en el Palacio Nacional y por segunda vez.

Los dirigentes del PLD y especialmente los funcionarios del gobierno tienen que prepararse para las ofensivas que les vienen ahora que ha terminado la luna de miel de la población con ellos y que la oposición empieza a meterse en campaña con sus miras puestas en los comicios de mayo próximo.

Tienden a menudear las denuncias de precariedades y los reclamos sociales, independientemente de los méritos gubernamentales, porque las deudas e insatisfacciones acumuladas son demasiado grandes. Por eso nadie debe extrañarse que el jueves, Día de los Derechos de la Niñez, el representante de UNICEF haya dicho que hay poco que celebrar porque miles de escolares no tienen butacas, otros no reciben vacunas y muchos ni siquiera existen legalmente porque no tienen actas de nacimiento.

No se puede responsabilizar a este gobierno de 14 meses de las precariedades nacionales, pero sus ejecutivos son parte de la clase política a la que se atribuye gran culpa del atraso. Eso ocurre en muchos países latinoamericanos donde al año la popularidad gubernamental cae en picada. Por eso han sido arrasados varios gobiernos en Ecuador, Bolivia y Argentina, y otros como los del Perú y Nicaragua se tambalean.

La carga social acumulada es una de las explicaciones de que la reelección prácticamente haya desaparecido en América Latina y los presidentes que han vuelto al poder en las últimas tres décadas se cuentan con una sola mano.

Entre ellos está Leonel Fernández. Lo lograron también Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Sánchez Lozada en Bolivia, quienes no pudieron terminar el segundo período. Y también Rafael Caldera, quien llegó al final arrastrándose y originando el chavismo.-

Promese reivindica el valor de los concursos

Por Juan Bolívar Díaz

La eliminación de las compras grado a grado ha reducido los precios de compra de los medicamentos en un 50 por ciento en una factura de $900 millones anuales

           El Programa de Medicamentos Esenciales (Promese) ha demostrado en este gobierno el valor de las licitaciones y concursos públicos en las millonarias compras y contrataciones del Estado, ahorrándose alrededor del 50 por ciento de una inversión que este año alcanzará los 900 millones de pesos.

            A pesar de ese logro, gran parte de los medicamentos que adquiere el Estado, a través de la Secretaría de Salud Pública, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y otras instituciones, siguen siendo comprados mediante el sistema de grado a grado que implica el tráfico de comisiones y el favoritismo.

            Los precios de venta de Promese muestran los enormes márgenes de beneficio que tienen en el país los intermediarios de los medicamentos, lo que explica el criterio generalizado de que este es uno de los países donde esos productos fundamentales resultan más caros.

Un ejemplo a seguir

            La doctora Elena Fernández Núñez, directora general del Promese y ejecutiva de la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica, proclama su satisfacción por el ahorro que ha logrado al implementar concursos públicos y transparentes para la compra de medicamentos.

            La funcionaria estima que a consecuencia de esa política de licitaciones públicas los precios de los medicamentos que adquiere ese organismo se han reducido en promedio a un 50 por ciento, con una facturación mensual de 75 millones de pesos, equivalentes a 900 millones al año.

            Al mismo tiempo, con los concursos públicos se ha logrado el suministro de productos garantizados y sometidos a un riguroso control de calidad, desalentando el contrabando y la falsificación de medicamentos, males sistemáticamente denunciados en los últimos años.

            La doctora Fernández Núñez afirma que Promese llegó a comprar polvo talco como medicinas y aceite de bacalao que era agua. En el mercado nacional se venden numerosos productos médicos falsificados, sin las propiedades que dicen contener y pasados de fecha, que son adquiridos por traficantes inescrupulosos en grandes partidas cuando están próximos a caducar. Esas medicinas se ofertan en mercados como Panamá, China e India e ingresan al país sin ser sometidos a controles de calidad.

            Los productos que compra promese son sometidos a una cuarentena de 48 a 72 horas, mientras el Laboratorio Nacional realiza las pruebas correspondientes. El doctor Miguel Ureña dirige el departamento de Control de Calidad.

            Los productos farmacéuticos facturan unos 7 mil millones de pesos anualmente, según sostuvo el exsecretario de Salud Pública Sabino Báez durante el acto de lanzamiento de la Política Farmacéutica Nacional el 27 de junio pasado. Pero hay quienes creen que a ese monto debe agregársele un 27-30 por ciento del comercio ilícito de medicinas, provenientes del contrabando, la falsificación y adulteración.

            Las consecuencias de la política de concursos para las compras de Promese llegan al grado de que algunos medicamentos de marcas reconocidas han sido ofertados a precios por debajo de los productos genéricos, sostiene la doctora Fernández.

Otros siguen campantes

            A pesar de los logros de Promese, publicitados y reflejados en los precios a que vende, otros compradores del Estado siguen con el sistema de grado a grado, donde predomina el favoritismo y el tráfico de comisiones.

            Apoyado en el decreto 2 de 1984, y en el 991 del 2000, Promese distribuye el 25 por ciento de sus compras a través de las boticas populares, y el 75 por ciento es suministrado a los hospitales y las clínicas rurales. Incluye medicinas, materiales y reactivos de laboratorios.

            Pero el organismo sólo recibe el 40 por ciento del presupuesto para productos médicos de los hospitales públicos. La secretaría de Salud, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, los mismos hospitales públicos y los de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizan por su propia cuenta y de grado a grado la mayor parte de las compras.

            Si le compraran a Promese, terminarían economizándose por lo menos un 40 por ciento. Aunque esta semana el recién designado secretario de Salud Pública, doctor Bautista Rojas, dijo a Teleantillas que se propone adoptar también el sistema de concurso.

            Es relevante que pese a haber proclamado en junio pasado una “Política Farmacéutica Nacional”, no se adoptaran criterios de economía en las compras del Estado. Se le establecieron tres objetivos fundamentales: asegurar el acceso a los medicamentos esenciales, garantizar su calidad, seguridad y eficacia, y promover y desarrollar estrategias que propicien la cultura del uso racional de los medicamentos.

            La unificación de las compras de medicinas por una sola fuente estatal, y a través de concursos, podría ser dispuesta y hasta asumida por la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional, creada este año mediante el decreto 274-05.

            A esta comisión se le encarga “una estrategia que permita que todos los actores que inciden en el sector farmacéutico interpongan sus mayores esfuerzos para que la población dominicana reciba medicamentos esenciales y/o genéricos de buena calidad, eficaces, eficientes y a precios accesibles para todos”.

            En manos del Consejo Nacional de Salud hay un proyecto de “Reglamento Farmacéutico”, que se viene elaborando desde 1998. Se espera su aprobación por ese organismo, el cual deberá tramitarlo al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Medicamentos muy caros

            Hace muchos años que se sostiene que este es uno de los países donde más caros se venden los productos farmacéuticos y con menores controles de calidad, persistiendo las denuncias de falsificaciones y alteraciones de medicinas. Hay quienes sostienen que los precios nacionales llegan a duplicar los de otras naciones latinoamericanas.

            Una lista publicada por la Central de apoyo Logístico de Promese muestra enormes diferencias entre los precios de ventas de sus boticas populares y las farmacias. En casi todos los renglones de productos básicos, las diferencias oscilan entre un 150 y 400 por ciento, con casos de 500, 600 y hasta 1,100 por ciento. El promedio de diferencia en 31 productos esenciales es de 331.67 por ciento.

            Por ejemplo, los comprimidos del analgésico Acetaminofén y del Acido Fólico, que la boticas de Promese venden a 50 centavos, cuestan 2 pesos en las farmacias, para una diferencia del 300 por ciento. Los de Enalapril y el frasco de Mebendazol que las boticas venden a 1 y 10 pesos, se cotizan a 5 y 50 pesos en las farmacias, con diferencia del 400 por ciento. En los casos de las penicilinas las diferencias oscilan entre 280 y 550 por ciento. En las insulinas 148 por ciento. Y se señala el caso del comprimido de Captoprilo que Promese vende a peso y las farmacias a 12 pesos, con una diferencia de 1,100 por ciento.

            Aunque la secretaría de Salud Pública está encargada de vigilar la calidad de los productos, esto de ordinario sólo ocurre al momento de otorgar el permiso de ingreso al mercado nacional, pero luego no se le da seguimiento.

            Según consta en el documento de Política Farmacéutica Nacional hay más de 23 mil productos medicinales con autorización para ser vendidos en el país. Suman 70 los laboratorios de producción nacional. Los productos extranjeros están representados por 1,305 distribuidoras.

            Según la Dirección General de Drogas y Farmacias hay en el país más de 3 mil farmacias, alrededor de la mitad en Santo Domingo. Pero también se comercializan medicamentos en establecimientos informales, siendo relevante el caso de la calle Sánchez de Moca, donde hasta en los garajes se anuncian ventas de medicinas.

El decreto más anunciado

            El pasado miércoles el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana anunció como inminente la promulgación del llamado “decreto-puente” con el que el presidente Leonel Fernández instituiría la obligación de concursos y licitaciones para las contrataciones de obras y servicios y para las compras de todo género de bienes, así como para las concesiones del Estado.

            Según el licenciado Reinaldo Pared el decreto está listo para su promulgación, lo que se viene anunciando desde mayo pasado, cuando fue entregado al Ejecutivo por la Comisión Nacional de Etica que lo elaboró, tras más de dos meses de consultas.

            Ya antes el Procurador General, y miembro de la comisión, Francisco Domínguez Brito, había dicho que desde el período de transición (entre mayo y agosto del 2004) se trabajaba en el decreto.

            En ambas cámaras legislativas reposan al menos tres diferentes proyectos de leyes encaminados al establecimiento de nuevas normas para concursos y licitaciones. Recientemente el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que un proyecto consensuado está listo para ser aprobado en la legislación iniciada el 16 de agosto pasado. El presidente del PRD, con el control del Senado y la primera mayoría en la Cámara baja, Ramón Alburquerque, dijo el miércoles que aprobarán el proyecto de consenso.

            En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional suscrito por el actual gobierno se incluye el compromiso de una nueva ley de concursos para las contrataciones y compras del Estado.

            Tanto el proyecto de ley como el de decreto tropiezan con la resistencia del sistema político acostumbrado al tráfico derivado de las concesiones de obras y las compras de grado a grado, con las que se pagan favores económicos y se obtienen jugosas comisiones.

            Las mayores resistencias se originan tradicionalmente en la secretaría de Obras Públicas y las oficinas coordinadoras de obras del Estado, dependientes de la Presidencia de la República, responsables del manejo del grueso de la inversión pública. El argumento es que los concursos hacen lentos las construcciones del Estado.-

                            

 

 

 

Se derrumba el castillo de la transparencia

Por Juan Bolívar Díaz

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El impenetrable silencio con que el gobierno del presidente Leonel Fernández ha respondido a la renuncia del licenciado Gustavo Montalvo al cargo de director técnico de la Comisión Nacional de Etica (CNE) y otras funciones gubernamentales pone en jaque el recién creado organismo encargado de diseñar políticas anticorrupción.

La dimisión del prestigioso dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) estaría también motivada por la renuencia del presidente Fernández a emitir el decreto elaborado por la CNE para establecer concursos y licitaciones para las compras, y contrataciones de obras, servicios y concesiones del Estado.

Esas circunstancias han desprestigiado las políticas anticorrupción que se supone había puesto en práctica el gobierno, generando desconcierto e inconformidad en las instituciones de la sociedad civil comprometidas en la búsqueda de mecanismos de transparencia.

Portal poco transparente

En el diario electrónico Clave Digital se encuentran todos los documentos relacionados con la renuncia de Montalvo, a partir del día primero de septiembre. El detonador parece haber sido la decisión de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación(OPTIC), dirigida por el ingeniero Domingo Tavárez, de contratar por 13 millones de dólares la instalación del portal electrónico del gobierno para un Centro de Atención al Ciudadano.

El asunto es que entre las funciones de Montalvo estaba la de director del programa de Modernización del Poder Ejecutivo (Proreforma), instancia que había elaborado una propuesta de apenas 2 millones de dólares.

Las versiones indican que Tavárez, quien también es coordinador de Informática y Telecomunicaciones de la Fundación Global y desarrollo del presidente Fernández, habría otorgado el contrato a la empresa Microsoft, en una licitación que originó cuestionamientos hasta de la representación local del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Lo más irónico del caso es que el portal forma parte de lo que se ha denominado como “gobierno electrónico”, encaminado a hacer transparentes los actos oficiales, dentro de una política general de prevención de la corrupción, poniendo a disposición del público toda la información oficial.

En varias comunicaciones al Secretario Técnico de la Presidencia, entre junio y julio, el BID mostró preocupación “por la ausencia de procesos transparentes y competitivos en los procesos de licitación que lleva a cabo la OPTIC”, según documentación en manos de Clave Digital.

El 17 de junio una carta del organismo internacional advertía que el proceso seguido por la OPTIC “es contrario a los procedimientos de licitación que recomienda el BID, porque no asegura los principios de economía, eficiencia, transparencia y equidad”.

Los reclamos llevaron al secretario Técnico, Temístocles Montás, y a la Comisión Nacional de Etica a solicitar al director de la OPTIC la suspensión de la licitación. Cuando se convencieron de que Tavárez seguía adelante sin hacerles caso, Montás apeló al presidente de la República, para que ordenara suspender las licitaciones “en razón de que el ingeniero Tavárez no acepta ninguna otra instrucción que no sea la suya”,lo que implicaba una queja de insubordinación del asesor de informática.

Un decreto congelado

Pero la renuncia de Gustavo Montalvo, uno de los fundadores del PLD, parece estar originada en una cadena de frustraciones de los comisionados éticos del gobierno, la mayor de las cuales podría ser la renuencia del mismo presidente Fernández a establecer normas obligatorias para concursos y licitaciones en las compras y contrataciones de obras, bienes, servicios y concesiones del Estado.

Desde su creación, mediante el decreto 101-05 del 16 de febrero pasado, la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción se ha empeñado en eliminar las contrataciones de grado a grado consideradas como uno de los huecos por donde se escapa una mayor proporción de los recursos del Estado y principal fuente de corrupción.

El Procurador General, Francisco Domínguez Brito, miembro también de la comisión, dijo por Uno más Uno de Teleantillas a principio de año, que desde el período de transición, tras las elecciones de mayo del 2004, se venía trabajando en un proyecto de decreto para reglamentar las contrataciones y compras estatales.

La elaboración de ese decreto fue de las primeras tareas emprendidas por la CNE tan pronto fue juramentada . El proyecto fue entregado al presidente Fernández en mayo pasado y casi 4 meses después duerme un prolongado sueño, pese a los numerosos reclamos de la opinión pública y particularmente de las instituciones sociales vinculadas a la lucha contra la corrupción.

Una de las más precisas y contundentes apelaciones a favor del decreto fue formulada el 22 de agosto pasado por la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y el Foro Ciudadano , entidades que agrupan a cientos de organizaciones de la sociedad civil.

Estimaron la emisión del decreto como impostergable para dar aliento a las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción.

Mientras el proyecto de decreto duerme en alguna gaveta presidencial, los organismos del Estado han seguido otorgando contratos de grado a grado para obras públicas, que en algunos casos comprometen el patrimonio público con miles de millones de pesos, y ordenando compras hasta por mil millones de pesos, como fue el caso del antiguo edificio de la telefónica Verizon.

Hay excepciones de organismos estatales que tienen tradición de realizar concursos, como la secretaría de Educación y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Un caso significativo ha sido el del Programa de Medicamentos Esenciales (Promese) , cuya titular, la doctora Elena Fernández Núñez, ha declarado que se está ahorrando hasta un 50 por ciento al comprar medicamentos mediante licitaciones públicas. Pese a ese logro, la secretaría de Salud Pública, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y los hospitales públicos y de las Fuerzas Armadas siguen comprando por su parte y sin licitaciones.

Peligra la Comisión de Etica

Que no haya habido ninguna reacción gubernamental ante la renuncia de Montalvo es visto con preocupación en los ámbitos de la sociedad civil, donde ya se cuestiona abiertamente la voluntad del régimen para instaurar la transparencia y combatir la corrupción.

También ha resultado decepcionante que el presidente de la CNE, el doctor el silencio, mientras el consultor jurídico César Pina Toribio, restaba trascendencia a la renuncia de Montalvo.

Esas circunstancias han llevado a algunos dirigentes de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad a reclamar el retiro de su representante en la CNE, el sociólogo y excoordinador de Participación Ciudadana Ramón Tejada Holguín. Celso Marranzini, en representación del sector empresarial, y el reverendo Cristóbal Cardoza, por las iglesias evangélicas, también forman parte de la comisión.

No ha habido consenso, pues algunas entidades son partidarias de “luchar desde dentro” y evitar lo más posible el retiro, lo que dejaría muy mal tarada y contribuiría al desprestigio de la comisión. Hay quienes creen que los dirigentes sociales no deben renunciar a los escenarios de participación ganados, más que en situaciones extremas.

Aunque de hecho, las inconformidades respecto a la CNE vienen de más atrás, y también están relacionadas con pronunciamientos de su presidente Bidó Medina que habrían rebasado las facultades de la misma. Como por ejemplo cuando tramitó expedientes a la Procuraduría General, identificando a involucrados, desde luego de la oposición perredeista, sin que hubiese una previa investigación ni resolución de la comisión.

Desde el principio hubo confusiones gubernamentales sobre las facultades de la Comisión Nacional de Etica. Hasta el presidente Fernández llegó a decir que la misma tendría facultad para investigar actos de corrupción, cuando su propio decreto de creación la instituye como organismo asesor y fomentador de la etica y la transparencia pública .

Tejada Holguín es el único de los miembros de la Comisión que no ha guardado silencio tras la renuncia de Montalvo. Consideró que el escándalo en que está involucrado el asesor de Informática del Poder Ejecutivo es sumamente grave, y proclamó que la renuncia del peledeista “ha hecho que el castillo se derrumbara, porque parece que estabas sustentado en bases irreales”.

El desazón en la sociedad civil aumentó el jueves cuando los funcionarios intregrantes de la CNE, excepto el director del Departamento de Prevención de la Ciorrupción Octavio Líster, dejaron de asistir a un coloquio donde se debatiría el Plan Nacional Antircorrupción, precisamente elaborado por la comisión. El evento fue convocado con anticipación a los últimos incidentes por la Fundación Institucionalidad y Justicia.

El presidente de la CNE, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y otros ejecutivos se excusaron a último minuto y se anunció que no podía estar porque se encontraban en una reunión urgente de la comisión, lo que provocó burlas ya que Líster y Tejada Holguín, presentes en el evento, dijeron que no habían sido convocados a tal reunión.

Aún quienes creen que todavía hay que hacer esfuerzos por salvar la CNE tienen la convicción de que el gobierno no está siendo coherente en su política anticorrupción y que la misma está en vías de naufragar, lo que genera desconcierto y frustraciones, aunque también nuevas voluntades de lucha contra el flagelo nacional de la corrupción.-

 

El gobierno sufre una mala racha

Por Juan Bolívar Díaz

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El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el presidente Leonel Fernández necesita dar un par de golpes de efectos que le permita salir de la mala racha que le ha afectado en las últimas semanas, marchitando temprano su imagen, especialmente en la política anticorrupción y la transparencia.

Hasta altos funcionarios y dirigentes del PLD admiten que abril, su noveno mes en el poder, ha estado teñido por escándalos, discrepancias internas y con sectores empresariales, y desaciertos que les han mellado la credibilidad ante la ciudadanía dejándolos a la defensiva.

La sustitución del director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y de un subsecretario de Obras públicas forman parte del esfuerzo por contener el deterioro y retomar la ofensiva para lo cual también se contempla establecer por decreto nuevas normas para las compras y contrataciones del Estado.

CADENA DE INFORTUNIOS

El gobierno del presidente Leonel Fernández ha pasado por una cadena de infortunios al cumplir su octavo mes, con fuertes cuestionamientos a su política anticorrupción y a la inversión pública, por confrontación en su propio seno y de funcionarios con sectores empresariales.

Lo más grave ha sido lo relacionado con la terminación del edificio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por inversiones en decoración y mobiliario que han sido estimadas como escandalosas, y porque han estado rodeadas por el espectro de Quirino Paulino, extraditado a Estados Unidos tras ser acusado del mayor tráfico de drogas en la historia del país.

Los cuestionamientos comenzaron cuando un decreto del Poder Ejecutivo canceló los abogados que representaban al Estado en el proceso judicial que involucra a funcionarios y dirigentes peledeístas por el Programa Eventual de Empleos Mínimos del período gubernamental 1996-2000.

Aunque ese retiro no implica la anulación del proceso, al no nombrarse nuevos abogados, en la opinión pública quedó como una señal de desinterés por parte del gobierno y una contradicción con la política anticorrupción proclamada, justo en momentos en que se iniciaba un proceso a funcionarios del pasado gobierno perredeista por irregularidades en el Plan de Renovación de Vehículos.

La precipitada citación judicial al expresidente Hipólito Mejía para ser interrogado sobre el llamado “caso Quirino” por parte de la fiscalía fue un craso error político y táctico que lo dejaría como víctima del gobierno y desacreditaría los esfuerzos por combatir la corrupción.

Al advertir que el fiscal no disponía de indicadores que permitieran anticipar un proceso judicial contra el ex mandatario, el presidente Fernández dispuso la suspensión de la cita, lo que en vez de acreditársele como una decisión política y jurídica sabia, se le enrostró como vacilación y miedo, especialmente por parte de un frente mediático y de comunicadores empeñados en destruir a cualquier costo lo que queda del crédito de Hipólito Mejía.

El 17 de abril el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Julio César Ventura Bayonet, quedó en cuestionamiento tras ser encontrado en Moca en la finca donde las autoridades aduanales incautaron un cargamento de varios miles de cajas de licores introducidos al país de contrabando.

Aunque una comisión de las Fuerzas Armadas que indagó el caso concluyó en que el alto oficial no tenía responsabilidad en la acción ilegal, no ha satisfecho a la opinión pública la explicación de Ventura de que había ido allí llamado por el propietario del contrabando, que es su amigo, cuando comenzó a sentirse vigilado.

Otro cuestionamiento a la política anticorrupción del gobierno se originó en la confusión de roles de la recién creada Comisión Nacional de Etica a la que se atribuyó el papel del ministerio público en la lucha contra la corrupción durante la sesión del Consejo de Gobierno del 18 de abril, lo que fue rectificado posteriormente, pero dejó ruido.

Inversiones cuestionadas

Cuatro cuantiosas inversiones del gobierno han estado sujetas a fuertes cuestionamientos en las últimas semanas: más de 200 millones de pesos destinados a amueblar y decorar el nuevo edificio de la Suprema Corte; el anuncio de que se invertirían 25 millones de dólares para la terminación de una clínica privada en Santiago; la compra del antiguo edificio de Verizon por la suma de mil millones de pesos; y la remodelación de la biblioteca de la Universidad del Estado, acabada de inaugurar, para instalar materiales más lujosos por varias decenas de millones de pesos.

En varios de esos casos se ha cuestionado la falta de transparencia. Se trata de compras e inversiones sin licitación ni concurso. Es el caso del edificio para Aduanas vendido por Verizon a una firma privada hace 3 años por la suma de 195.5 millones de pesos. La exagerada reacción de Miguel Cocco a un pedido de transparencia en el programa Jornada Extra de Teleantillas sólo sirvió para concentrar la atención de la opinión pública en la inversión

En la UASD tanto el exrector Porfirio García, como el nuevo Roberto Reyna han expresado su extrañeza por la remodelación de la biblioteca, cuando aún no se le había puesto en funcionamiento. En este caso como en el edificio de la SCJ se ha cuestionado el gasto ostentoso en medio de una crisis económica, sin faltar quienes entiendan que lo predominante ha sido el ganar comisiones en las compras.

La anunciada inversión en el Hospital Metropolitano de Santiago produjo rechazo hasta en la dirección provincial y los legisladores peledeistas de Santiago. Aunque podría ser laudable el propósito de ayudar a reactivar una inversión paralizada, son pocos los que justifican que el Estado destine a un proyecto privado una suma que supera unas 14 veces lo que en el año se dedicará a los precarios hospitales públicos de la ciudad.

Tampoco han ayudado a la buena imagen del gobierno los encontronazos públicos entre el secretario de Obras Públicas Freddy Pérez, y el subsecretario Carlos Polibio Michel, y entre el fiscal del Distrito Nacional y el director de la Cámara de Cuentas.

El asesor económico Julio Ortega Tous acusó a los empresarios de evasores, mientras Miguel Cocco decía que estos no fueron capaces de presentar propuestas integrales para la última reforma tributaria, lo que de inmediato fue desmentido por el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.

Otro asunto desconcertando fue la revelación del director de Aduanas en el sentido de que había asignado al Fiscal del DN un automóvil robado en Estados Unidos, pero que no fue reclamado dentro del plazo establecido. No faltó quiénes preguntaran por qué asignarle ese vehículo precisamente a la autoridad encargada de perseguir crímenes.

La mala racha del gobierno ha sido tal que hasta un calificativo de izquierdista se llevó del exsubsecretario de Estado latinoamericano de los Estados Unidos Otto Rich, un hombre influyente de la tropa republicana. Mientras un invitado de la Fundación del presidente Fernández cometía la ligereza de aprovechar ese escenario para acusar sin ningún fundamento al profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez de haber sido “colaboradores de la CIA”.

EL ESPECTRO DE QUIRINO

En medio del escándalo por la adjudicación del amueblado y la decoración del edificio de la Suprema Corte ha rondado el espectro de Quirino, además del cuestionamiento al monto destinado y al lujo revelado.

También se ha cuestionado la asignación del contrato a la señora Margarita Gómez en octubre pasado, cuando desde  hace cuatro años estaba en manos de la firma Bohenco del ingeniero Guillermo Bonnelly, a quien se le había adelantado decenas de millones de pesos, más 700 mil dólares después de ser despojado del contrato.

La señora Gómez ya hizo varios decorados y siembras de árboles ornamentales en la anterior gestión peledeísta. Se le considera “protegida” del director del DNI, general Manuel Florentino Florentino. Desde que estalló el escándalo Quirino en diciembre los tres personajes han sido vinculados. Se ha llegado a decir públicamente que dinero del extraditado fue usado para financiar la compra de parte de los muebles del edificio de la SCJ

En parte es a ellos a quienes se han referido tanto el expresidente Mejía como algunos de los suyos cuando afirman que es hacia dentro del gobierno que hay que investigar sobre los nexos del acusado de narcotráfico. En diversos ámbitos se ha afirmado que el secretario de las Fuerzas Armadas en el pasado gobierno de Fernández estaba bajo cuestionamiento de la embajada de Estados Unidos.

Sin embargo, desde el principio, el general Florentino dijo que sólo era amigo de infancia de Quirino Paulino, sin que nadie arrojara públicamente acusación alguna contra él.

Pero esta semana se produjeron tres revelaciones que alimentaron el escándalo: La señora Gómez admitió públicamente que decoró apartamentos de Quirino por 8 millones de pesos, el subsecretario de Obras Públicas Polibio Michel aceptó que vendió dos apartamentos al acusado de narcotráfico, y el abogado de este denunció que parte del mobiliario adquirido para la SCJ fue incautado en uno de los almacenes de Quirino Paulino.

Esas revelaciones explicaron para algunos la magnitud del error de haber citado al expresidente Mejía para interrogarlo sobre posibles vínculos con el acusado de traficar en diciembre mil 380 kilos de cocaína. Efectivamente, gente vinculada y favorecida por el gobierno, son salpicadas por el escándalo, aunque eso no significa necesariamente que sean cómplices o responsables de las actividades ilegales del multimillonario acusado de narcotráfico.

EL PRESIDENTE SE SACUDE

En tales circunstancias el presidente Fernández comenzó a sacudirse y a espantar la mala suerte. El jueves destituyó a Florentino de la dirección del DNI y a Michel Presbot de la subsecretaría de Obras Públicas.

El mismo día el mandatario suspendió el acto en que entregaría la primera partida de la inversión en el hospital privado de Santiago, cuyos trabajos se reanudarían con su presencia . En vez de eso auspició un coloquio en la Universidad Madre y Maestra de Santiago para escuchar la diversidad de planteamientos sobre el particular.

En conversaciones privadas se ha aceptado que el presidente está preocupado por la cadena de infortunios que han afectado la imagen de su gobierno en el mes de abril. Y que está dispuesto a cortar por donde sea necesario. Como ejemplo de ello se afirmó que está en elaboración un decreto para adoptar las normas sobre compras y contrataciones de obras y servicios contenidas en el proyecto de ley que recién envió al Congreso Nacional.

El presidente habría comentado lo difícil que resulta gobernar el país sin ser salpicado por la voracidad y la corrupción que afecta al conjunto de la sociedad dominicana.-

 

¿Reciprocidad Leonel-Hipólito?

Por Juan Bolívar Díaz

La suspensión de la cita que el Procurador Fiscal del Distrito Nacional había notificado al expresidente Hipólito Mejía para interrogarlo sobre supuestos vínculos con el acusado de narcotráfico Quirino Paulino pudo derivarse de la astucia y prudencia política del presidente Leonel Fernández, pero el espectáculo no prestigia la lucha contra la corrupción.

La decisión anunciada la tarde del jueves quita un escenario al exmandatario, empeñado en mantener la polarización con su sucesor, pero también podría ser la reciprocidad a la protección de Mejía cuando en el cuatrienio pasado se amenazó con procesar a Fernández Reyna, que en una ocasión fue interrogado por el ministerio público y en otra por una jueza de instrucción.

En cualquier caso, el agrónomo Mejía debe aprovechar la circunstancia para aclarar definitivamente los vínculos que le atribuyen con Quirino Paulino y su actuación en el programa de renovación de vehículos de transporte, conocido como Plan Renove, que ocupan la atención judicial y del país.

UNA JUGADA DE LEONEL

Aunque el procurador fiscal del Distrito Nacional José Manuel Hernández sostenga que no recibió instrucciones del Presidente Leonel Fernández, parece obvio que el mandatario influyó en la decisión de revocar la cita judicial que había hecho al expresidente Hipólito Mejía para interrogarlo el martes 19 sobre supuestos vínculos con el acusado de narcotráfico Quirino Ernesto Paulino.

Los indicios apuntan a que el mandatario quiso dejar clara su posición: el anuncio fue hecho por el doctor Hernández, poco después de reunirse con él para informarle del caso. Si la decisión no salió de esa conversación, no tenía sentido tal prisa, pues pudo haberse hecho el viernes o hasta el lunes.

Múltiples pueden haber sido las causas de la recomendación presidencial, pero en el imaginario social se fortalece la creencia de que podría haber una especie de reciprocidad del presidente con su antecesor, quien sostuvo la “doctrina” de que a los expresidentes se les deben consideraciones especiales, cuantas veces se debatió si interrogaban a Fernández por irregularidades denunciadas sobre su período de gobierno 1996-2000.

La decisión también puede haber sido fruto de la propia experiencia, de la astucia política y la capacidad jurídica del presidente Fernández, considerando:

1.- Que el agrónomo Mejía cultiva una polarización con él para mantenerse vigente y como líder de la oposición, lo que hizo a lo largo de su período de gobierno. El retorno al poder de Leonel Fernández es un incentivo para que aquel pretenda mantenerse en la palestra.

2.- Un interrogatorio que no arroje bases sólidas para un proceso judicial en vez de perjudicar beneficiaría al expresidente, que saldría como ganador y víctima de persecución política. Aún si Mejía admitiera que reenganchó al Ejército a Quirino, eso no lo hace responsable judicialmente de los actos de éste. Lo más que cabría es procesarlo por violar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, con el inconveniente de que el actual mandatario también ha dispuesto reincorporaciones.

3.- La cita constituía un escenario espectacular, al que confluirían cientos de dirigentes perredeistas y seguidores de Mejía, con riesgos de confrontaciones peligrosas como la del 24 de noviembre del 2000, cuando Fernández y el liderazgo peledeísta acudieron a la Procuraduría General para “constituirse en prisión”, tras el inicio del proceso judicial por el Programa de Empleos Mínimos (PEME). La presión de las masas sobre un cordón policial generó el lanzamiento de bombas lacrimógenas y un feo incidente que no benefició al gobierno, ya que el propio Fernández tuvo que recibir atención médica por los efectos de los gases.

EL FISCAL MAL PARADO

La revocación de la citación a Mejía ha dejado al procurador fiscal mal parado. Fue débil el argumento de que la había decidido porque tenía que ponderar una lluvia de nuevas informaciones sobre Quirino Paulino, procesado por el cargamento de 1,300 kilogramos de cocaína incautados el 18 de diciembre y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

El doctor Hernández, un abogado de firmes criterios éticos, pudo haber subestimado los factores políticos implícitos en cualquier interrogatorio a un expresidente, sobre todo si tiene el respaldo de un partido grande que controla el poder legislativo y el municipal. También pudo haber sido influido por corrientes políticas, empresariales y periodísticas que buscan a cualquier precio liquidar a Hipólito Mejía, cobrándole deudas personales o sectoriales.

Por el momento, el traspiés beneficia al expresidente y queda como parte del circo que desprestigia la lucha contra la corrupción, al presentarla por un lado como oportunismo y persecución política y, por otro, como ingrediente de negociación entre los políticos. También tiende a debilitar la posición del ministerio público en las investigaciones sobre denuncias de corrupción en la pasada administración.

Sin embargo, de cara a la opinión pública, las circunstancias recomiendan al expresidente Mejía esclarecer al máximo su relación con Quirino Paulino. Por lo menos debe admitir responsablemente que dispuso su reincorporación al Ejército, después que su designación había sido cancelada, como se afirma, o señalar al responsable.

Hipólito Mejía tiene una oportunidad de esclarecer sus actuaciones con la expectativa que se ha creado a propósito de la entrevista que desde antes de la citación tenía pautada para el lunes 18 de abril con los telediarios Uno más Uno y El Día, de los canales 2 y 11. El mismo ha adelantado que se referirá al caso Quirino y a otros asuntos en los que ha sido involucrado.

Tendrá también la oportunidad de formular sus precisiones sobre las denunciadas irregularidades del Plan Renove, por el que están siendo procesados varios funcionarios de su gobierno, y por el que autoridades judiciales también amenazan con interrogarlo.

La reacción de Mejía cuando fue citado por la fiscalía el miércoles fue de que asistiría, llegando a decir al día siguiente que estaba feliz porque eso le permitiría importantes formulaciones sobre el caso Quirino y otros, en clara actitud de contraofensiva. Como elemento positivo quedó su resolución de atender el llamado, reivindicando el principio de que nadie está por encima de la justicia.

CÍRCULO POLÍTICO DOMINICANO

Las circunstancias por las que atraviesa Hipólito Mejía demuestran la “circularidad” de la política dominicana, ya que guardan similitudes con lo que ocurría hace cuatro años cuando él era el presidente y Leonel Fernández su antecesor.

Las persecuciones judiciales contra funcionarios de la anterior administración del PLD comenzaron el 20 de noviembre del 2000, poco antes de los 100 días del gobierno de Mejía, con la detención del ingeniero Félix Bautista, quien fuera encargado de obras del Estado, y tres contratistas acusados de sobrevaluar en 50 millones de pesos la carretera San Juan de la Maguana-Vallejuelo. Casi cuatro años después serían descargados, y desde el primer momento se dijo que podrían interrogar al expresidente Fernández.

Tres días después se produjo la detención y el sometimiento a la justicia de un grupo de exfuncionarios peledeistas, acusados de asociación de malhechores, estafa, desfalco, falsedad en escritura pública, prevariación y robo, en relación al PEME. Los detenidos fueron Luis Incháusti, y su hermana Grecia Peguero, Diandino Peña, Simón Lizardo Mézquita, Haivanjoe Ng Cortiñas, Noé Camacho Ovalle y Antonio López Mata. Se les acusa de haber distraído mil 458 millones de pesos.

Casi 4 años después, el 18 de noviembre pasado, también al llegar a los 100 días del gobierno, un grupo de perredeistas fue apresado y sometido a la justicia bajo cargos similares en el Plan Renove, también por más de mil millones de pesos. Los encausados son Pedro Franco Badía, Siguió Ng de la Rosa Diógenes Castillo, Milcíades Amaro, Fabio Ruiz, Ramón Emilio Jiménez, Angel Rondón, Gervasio de la Rosa, Antonio Marte y Sam Goodson.

En uno y otro caso tanto los acusados como sus partidos y los expresidentes Fernández y Mejía han aducido persecución política. Hace 4 años el PLD dijo que el PRD era una amenaza para la democracia y anunció una campaña internacional de denuncias. Al día siguiente fue que los integrantes de su Comité Político fueron a la Procuraduría General para “constituirse en prisión”, una figura inexistente y sin precedente en el país. El Procurador Virgilio Bello Rosa dijo que contra el exmandatario no existía denuncia, querella o citación o mandamiento alguno que justificara apresarlo.

El 25 de enero del 2001, el doctor Leonel Fernández fue interrogado sobre el PEME durante 5 horas por la jueza Esther Agelán Casasnovas, en calidad de testigo. El 6 de junio la jueza de instrucción dicta no ha lugar a favor de Fernández y de Cortiñas, pero decide que procede procesar al resto. Fernández volvió donde ella el 14 de junio para apelar el dictamen, por entenderlo improcedente en su caso, ya que había sido interrogado como testigo. Cuatro años y medio después este proceso sigue en la justicia, sin haber pasado de la etapa de instrucción y todos sus implicados están en libertad bajo fianza.

Leonel Fernández sería citado por el Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría General para interrogarlo el 30 de agosto del 2001 sobre irregularidades en una cuenta especial para “Construcción y Reconstrucción de Obras Prioritarias, entre enero y agosto del 2000. Se aducían irregularidades por mil 427.6 millones de pesos.

En carta del 3 de septiembre, el exmandatario se negó a acudir a la cita restándole calidad al DEPRECO, por cierto creado en su gobierno, para interrogarlo. Su partido lo respaldó. Pero tras escarceos y mediaciones se produjo el interrogatorio el 20 de septiembre, después del cual el procurador Bello Rosa dijo que el presidente no ejecuta obras y que no había razón para acusarlo. Aunque finalmente el DEPRECO elaboró un expediente acusatorio contra varios funcionarios, el mismo quedó engavetado en la Procuraduría General.

En todo el proceso el presidente Mejía sostuvo en unas diez ocasiones que a su antecesor no debían molestarlo, porque los expresidentes merecen consideraciones especiales.-

El grado a grado en capilla ardiente

Por Juan Bolívar Díaz

Gracias a la presión del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales, la nación dominicana parece encaminarse a la adopción de un marco legal adecuado para regular las compras y contrataciones de obras y servicios así como las concesiones estatales.

Sin embargo, el proyecto de ley enviado esta semana al Congreso por el Presidente Leonel Fernández dejó de lado otro recién reintroducido a la Cámara de Diputados, que ya fue aprobado en primera lectura en anterior legislatura y que es fruto de un amplio consenso de varios años entre legisladores y organizaciones sociales.

El nuevo proyecto del Ejecutivo es prácticamente el mismo propuesto el año pasado por el ex-presidente Hipólito Mejía, que deja amplias brechas por donde podría burlarse el interés nacional de limitar el tráfico de influencia, la corrupción y la pérdida de recursos que tradicionalmente implican las compras y contrataciones estatales.

UN GOLPE SORPRESIVO

Desde hacía dos semanas el movimiento Participación Ciudadana (PC) había convocado para el jueves 7 de abril un encuentro con periodistas y legisladores para promover el “Proyecto de Ley de Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones”, fruto de un amplio consenso construido durante 7 años.

La pieza fue reintroducida al Congreso la semana pasada por un grupo de diputados representativo de los tres partidos que dominan las dos cámaras legislativas: Alejandro Montás y Nelson Rodríguez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el perredeísta Federico Rosario Montero y el reformista Angel Acosta.

En el encuentro promovido por PC hablaría, además del ingeniero Polón Muñoz, opositor durante décadas de los contratos grado a grado, el ingeniero y diputado peledeista por el DN Alejandro Montás. Ambos fueron cabezas fundamentales en la elaboración del proyecto que justamente este jueves comenzaría a conocer la cámara baja.

El también diputado peledeísta Euclides Sánchez, presidente de la Comisión de Obras Públicas de la cámara, asistió también y habló en el encuentro, celebrado al medio día en un salón del Hotel Santo Domingo.

Lo sorprendente para ellos y los demás promotores del proyecto que conocen los diputados es que en la víspera el presidente Leonel Fernández ignorara esa pieza, originada precisamente en un decreto suyo de 1998, y reintrodujera por vía del Senado el proyecto enviado el 5 de mayo del 2004 por su antecesor Mejía. La sorpresa fue mayor por cuanto los principales promotores del proyecto de los diputados han sido peledeístas, entre ellos los tres antes citados. Y porque la pieza ya había sido aprobada dos veces en primera lectura por la cámara baja. Aunque en ambas oportunidades perimió al pasarle dos legislaturas consecutivas, resalta que la última vez, el año pasado, obtuvo el voto positivo de los 109 diputados presentes.

PROYECTO CON HISTORIA

El proyecto de consenso tiene una historia de 7 años. El decreto 200-98 del presidente Leonel Fernández creó una comisión de profesionales de la ingeniería y la arquitectura de diversas corrientes políticas, coordinada por el ingeniero Diandino Peña, Secretario de Obras, con la encomienda de elaborar un anteproyecto de ley sobre contrataciones de obras y servicios.

Entre los comisionados estaban Polón Muñoz y Alejandro Montás, quien entonces presidía el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, y varios que habían ocupado el mismo cargo, como Marisela Vargas, Cristian Maluf, Frida Aybar, y Rafael Corominas Pepín. Además de la ingeniera Mercedes Sabater de Macarrulla, dirigente del PLD y para entonces directora de la Comisión Nacional de Asuntos Urbanos.

Los comisionados cumplieron su misión y en 1999 entregaron el proyecto al presidente Fernández, quien lo envió al Congreso. Nada más que al decir de Polón Muñoz, llegó allí “descricajado”. La arquitecta Marisela Vargas dijo que mutilado.

En tales circunstancias el CODIA se alió con Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia, que venían presionando por una eficiente ley que cortara los contratos de grado a grado, y rescataron el proyecto original, procediendo a buscar consenso junto a una comisión de Reforma Financiera de la Secretaría de Finanzas, auspiciada por organismos internacionales.

La entonces presidenta de la Cámara de Diputados Rafaela Alburquerque y su colega de partido Marino Collante proceden en el 2000 a presentar en ese organismo legislativo el proyecto de consenso, después que fue ampliado para incluir en las regulaciones las concesiones de obras a ser ejecutadas con inversión privada.

El proyecto pasó tiempo en comisión de estudio y no fue aprobado definitivamente al parecer porque algunos perredeístas, ya entonces en el gobierno, querían “liberalizarlo”. Por ejemplo, proponían que se elevara de 20 a 60 millones de pesos las obras que no estarían sujetas a concurso.

En el ínterin el presidente Mejía envió en mayo del 2004 su propio proyecto, más limitado, que no incluía las concesiones y dejaba múltiples brechas para escapar de los controles. Quedó en una comisión del Senado. Es el proyecto que acaba de rescatar el presidente Fernández, volviendo a ignorar el que tiene consenso legislativo multipartidario, del CODIA y de organizaciones sociales.

El sometimiento al Congreso de un proyecto de ley de contratación de obras, bienes y servicios, forma parte del acuerdo firmado en enero pasado por el Estado dominicano con el FMI. El Poder Ejecutivo cumple su compromiso, pero deja abiertas brechas para colar el interés de beneficiar a partidarios y relacionados con contratos estatales.

EL PROYECTO CONSENSUADO

El proyecto consensuado entre legisladores y dirigentes sociales busca regular las compras y contrataciones de obras y servicios de todo el sector público, incluyendo todos los organismos autónomos y descentralizados, las empresas públicas y capitalizadas donde el Estado tenga inversiones superiores al 10 por ciento.

Exige nuevas condiciones a los contratistas de obras públicas, calificándolos en cuatro categorías, de acuerdo a su capacidad técnica, económica y financiera.

Excluye de la contratación con el Estado una lista de funcionarios y relacionados y establece la licitación pública nacional e internacional y el concurso de precios para la adquisición de bienes comunes.

Las citaciones no serían necesarias para las compras o contrataciones directas desprendidas de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, por rescisión o terminación anticipada del contrato siempre que no falte más del 25 por ciento para su conclusión, y cuando se trate de obras y servicios con costo menor a 20 millones de pesos.

Además de definir los alcances de las concesiones, que siempre serán por licitación pública nacional o internacional, el proyecto en manos de los diputados establece como plazo mayor para la concesión el 75 por ciento de la vida útil de la obra, bienes y servicios.

Instituye un Organo Rector de la contratación y concesiones del Estado, como entidad normativa y consultiva.

En cambio el proyecto de los presidentes Mejía y Fernández deja una amplia brecha para las contrataciones sin concurso, basándose en razones de emergencia. Deja a una posterior reglamentación los montos para las diversas modalidades de concursos, licitaciones y compras del Estado.

¿HAY VOLUNTAD POLÍTICA?

Los diputados Montás y Sánchez dijeron durante el encuentro de PC del jueves que aunque el presidente no se acogió al consenso ya establecido en torno al proyecto en manos de los diputados, el sometimiento del suyo demostraba que hay voluntad política para cerrar ese camino a la corrupción.

Pero otros formularon cuestionamientos, resaltando la coincidencia entre las posiciones de los dos últimos presidentes para un proyecto que deja mayor espacio al presidencialismo.

No faltaron quienes estimaron que si existe esa voluntad política debería manifestarse en la puesta en vigencia, por decreto, de los límites y normas que se proponen mediante ley.

Por otro lado, el Congreso en manos de la oposición política, y aprovechando la coyuntura de presión del FMI, debería aprobar cuanto antes el proyecto de ley ya consensuado. Por lo menos corresponde que los dos proyectos sean ponderados para ver cuál prevalece con mayor fuerza.

De cualquier forma hay quienes deploran la persistencia del sistema político en evadir normas para la contratación de bienes y servicios, en lo que la nación se ha quedado virtualmente atrás a nivel latinoamericano y hasta mundial, y el que una buena proporción de los avances institucionales dominicanos han estado determinados por la presión de organismos internacionales.

Nadie puede asegurarlo con certeza, pero se estima que por lo menos un 30 por ciento del costo de las obras que contrata el Estado y de los bienes y servicios que adquiere, se destina a los interesados.-

Se acaba al gobierno el período de gracia

Por Juan Bolívar Díaz

Al cumplir siete meses de gestión el período de gracia al gobierno del presidente Leonel Fernández parece que empieza a agotarse, con unos congresistas perredeístas asumiendo actitudes radicales y grupos populares que ya se atreven a programar protestas.

Al gobierno se le agota el tiempo de mirar hacia atrás y cargar responsabilidades a su antecesor para concentrarse en plantear soluciones a problemas urgentes como la recesión económica y la inseguridad ciudadana y en cumplir promesas de austeridad y lucha contra la corrupción que van quedando en palabras y papeles.

En un ambiente negativo por sucesivos escándalos, el gobierno ha marchitado parte de su encanto al dirigir el debate nacional a la conveniencia de un metro, sin haber establecido una política de prioridades ni de inversión social, mientras el presidente Fernández acentúa una imagen de académico más que de ejecutivo gubernamental.

SE AGOTA LA TREGUA POLÍTICA

A casi siete meses de iniciado el actual período gubernamental, y en la misma medida en que se disipan las frescas temperaturas invernales para dar paso al largo verano nacional se advierten claros indicios de que el período de tregua o de gracia otorgado al nuevo gobierno empieza a agotarse.

No es sólo un Congreso bajo control perredeísta cada vez más beligerante y hasta “ñoño”, sino que grupos populares ya empiezan a elaborar programas de lucha, mientras en ámbitos empresariales crece la preocupación por la prolongación de la recesión económica.

Sin encaminar acciones contundentes contra la corrupción las autoridades dan pretextos a los legisladores perredeístas con actuaciones tan erráticas como la de allanar las oficinas del exsecretario de Agricultura Eligio Jáquez, algo absolutamente ineficaz para esclarecer lo relativo al programa de invernadero ejecutado por el régimen antecesor.

Concentradas en el éxito de haber afianzado una relativa estabilidad macroeconómica, las autoridades no lucen preocupadas por motorizar un programa de acción que permita alguna reactivación de la economía nacional mientras siguen aferradas a la política de restricción del circulante que parece en vías de agotamiento.

Un ambiente nacional cargado de negatividades, que van desde la violencia y la delincuencia, incluyendo el narcotráfico, hasta la sensación de que el reino de la impunidad sigue imperando en el país, contribuye a que se esté perdiendo el encanto del gobierno surgido hace 10 meses con el apoyo del 57 por ciento del electorado.

Lo cierto es que el país no sale de un escándalo por las denuncias de corrupción, que no se traducen en efectivas acciones judiciales, violencia descarnada que proyecta al mundo una imagen negativa, como la muerte de 135 prisioneros quemados inexplicablemente en la cárcel de Higuey.

Crímenes espantosos como los registrados en Navarrete y en Azua, las violaciones de menores en un centro católico de Higuey, el asesinato de dos jóvenes esposos por el cual se investiga a un diácono, el mayúsculo escándalo de narcotráfico centrado en Quirino Paulino, con todas sus implicaciones, las denuncias de corrupción en el Plan Renove , lo de los vehículos robados usufructuados por la alta oficialidad policial, y el aumento vertiginoso de la delincuencia en todas sus expresiones, así como de los muertos a manos de la policía, conforman un cuadro de preocupante descomposición social.

Al mismo tiempo un informe del Departamento de Estado norteamericano deja al país mal parado en materia de derechos humanos y otro sobre control internacional de narcóticos, también de Estados Unidos, denuncia graves complicidades en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas.

Que hubo más de 4 mil muertos en accidentes de tránsito en el 2004; que los muertos a manos de la policía pasaron de 300; que se contaron 83 entre enero y febrero pasados, a un promedio de 1.4 por día, sin que ninguna autoridad entienda que debe tomar alguna acción, configuran un panorama desalentador.

SE RELATIVIZA EL CRÉDITO

Fuera de toda pasión política hay consenso en otorgar crédito al gobierno, y en especial al presidente Leonel Fernández, por la recuperación de la confianza y la reducción de las incertidumbres que agobiaban el país en agosto pasado.

El hecho objetivo de que el peso se recuperara de 42 por dólar a alrededor de 30, en que se ha estabilizado en los últimos meses, sigue siendo señalado como el mayor logro del gobierno peledeísta. Que no es más apreciado porque los precios de bienes y servicios no han descendido en la misma proporción, lo que se atribuye a especulación, pero también al incremento de la tasa del Itebis, de la comisión cambiaria y los impuestos selectivos.

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo el crédito se relativiza al saberse que la inflación había caído hasta por debajo de uno por ciento antes del cambio de gobierno (0.70 en abril, 0.62 en julio y 0.58 en agosto), que la tasa de interés de los certificados oficiales estaba ya en 36 porciento y que según el informe del Banco Central a septiembre ya la economía creció en 1.4 porciento para cerrar el año en 2 porciento.

En otras palabras, que al inicio del gobierno ya la economía rebotaba de la caída sufrida en los 18 meses anteriores. Pero hay que resaltar que la confianza inspirada por el presidente Fernández aceleró la recuperación, especialmente en el valor del peso y creó un ambiente de esperanza.

Preso de la crisis heredada, el gobierno no tuvo más alternativa que acogerse a la negociación con el Fondo Monetario Internacional con las consiguientes restricciones en el gasto.

Con galopante desempleo en las zonas francas, donde se han perdido unos 20 mil puestos de trabajo, y gritos en el sector turístico por lo que entienden un peso sobrevaluado artificialmente, el gobierno no tiene ahora mismo un solo sector económico que se sienta satisfecho.

En alguna medida las autoridades lucen presas de su propio éxito y se muestran dispuestas a mantener la política de aumento de los certificados por depósitos de pesos que ha generado la caída de la tasa cambiaria para mantener baja la inflación. Pero muchos creen que esa pista se le está acabando. Con el agravante de que el acuerdo con el FMI obliga a plantear en breve otra reforma fiscal.

UN METRO DESCONCERTANTE

Un elemento altamente desconcertante y negativo ha sido el anuncio de la construcción de una línea de metro en Santo Domingo y el destino de 20 millones de dólares para un proyecto de remodelación y ampliación del estadio Quisqueya, denominado “beisbolandia”.

Más allá de las opiniones comprometidas política o económicamente, en torno al proyecto del metro ha habido un consenso de rechazo por estimarlo contradictorio con el régimen de restricciones a la inversión social y de capital en que está la nación.

En una reciente reunión de evaluación donde confluyeron una veintena de líderes de opinión, hubo unanimidad en considerar contraproducente el proyecto del metro. Muchos siguen creyendo que esa obra, cuyo costo real sería muy superior a lo dicho, ataría de pies y manos al gobierno por el resto del período.

Se critica que el régimen no parece tener un programa regido por prioridades, que pretenda crear una nueva empresa estatal, la del metro, que obligaría a nuevos subsidios, mientras no acaba de desmontar los del gas propano y la electricidad. Que se consume en un proyecto con un costo desproporcionado para una población limitada, mientras cientos de obras prioritarias siguen paralizadas a lo largo del país.

Las autoridades están concentradas en una vía subterránea en vez de fijar su atención en un plan de competitividad que permita a los sectores productivos sobrevivir al inminente tratado de libre comercio con Estados Unidos o en presentar un programa de reactivación económica.

Un reputado economista se quejaba en estos días de que el gobierno carece de planes específicos de reformas económicas, más allá de las ataduras al FMI, pero también de reformas políticas. Un sociólogo resaltaba la desarticulación que registra entre las políticas económicas y sociales

Es que no socializan el proyecto de gobierno, proclamó otro, que a la vez se quejó de que el diálogo gubernamental es sólo con las élites, que el régimen luce muy lejano de los sectores populares y expuesto a un rechazo de estos en el corto plazo.

LA IMAGEN PRESIDENCIAL

Son numerosos los analistas que piensan que las posibilidades de éxito del gobierno descansan mucho en la imagen del presidente Leonel Fernández y esperan que al final “no se meta en el hoyo del metro” y entienda el clamor de la opinión pública. Alguien resaltaba que ni un periódico ha apoyado ese proyecto, como tampoco ningún partido de oposición ni ninguna organización social más allá de las ligadas a la construcción. No faltan quienes entienden que el mandatario está “fuera de tiempo”, demasiado en la postmodernidad, en la globalización teórica, en su proyección internacional, pero lejos de la realidad nacional. Se señala su actual viaje de 10 días por Estados Unidos, Francia y España, dictando conferencias en universidades, gestionando becas y dedicando su tiempo a una cumbre sobre terrorismo que para nada conecta con las preocupaciones coyunturales de la sociedad dominicana.

El país está reclamando solución a la crisis energética, que se traduzcan en hechos las promesas de austeridad, de reducción del gasto corriente, de combate a la pobreza y la corrupción, de enfrentamiento racional de la criminalidad y de verdadera sintonía con la sociedad civil, dando vigencia a escenarios como el del recién creado Consejo Económico, Social e Institucional.

La convicción general es que el gobierno ha enterrado la corrupción bancaria y que se encamina a lo mismo con la política, mientras por el otro lado tampoco se decide a cerrar paso al tráfico de comisiones con nuevas regulaciones para compras y contrataciones de obras, que serían una señal contundente de su orientación.-