Los desafíos del 2006

Por Juan Bolívar Díaz
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La celebración de una sexta elección libre y sin traumas en forma consecutiva es uno de los desafíos que enfrenta la nación dominicana en el año 2006, período en que deberán hacerse esfuerzos por mejorar los mecanismos de diálogo, concertación y cumplimiento de los acuerdos nacionales.

El primer desafío para el gobierno del presidente Leonel Fernández es evitar que el proceso electoral descarrile el país de la estabilidad macroeconómica recuperada en el 2005 y conducir políticas sociales y de mejoramiento de los servicios públicos que contribuyan a reducir efectivamente la pobreza.

Para avanzar efectivamente e incorporarse con éxito al tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, la nación deberá realizar una serie de reformas legales e institucionales y abocarse a ejecutar con firmeza muchas otras que han ido quedando en los papeles.

La primera prueba

No hay razón objetiva para temer que los comicios congresionales programados para mayo del 2006 vayan a romper el récord nacional de 5 elecciones consecutivas en una década en que se ha expresado y respetado la voluntad democrática. El sistema electoral que se ha ido instituyendo ha mostrado eficacia y el actual equilibrio en el control de los poderes del Estado no auspicia arrebatos ni fraudes.

El desafío en torno a las elecciones es al sistema político, ya envuelto en una vorágine temprana, con enorme derroche de recursos y tendencias al descrédito y la disolución a consecuencia del pragmatismo salvaje que lo afecta.

La lucha por el poder por encima del interés nacional, podría desatar demonios de confrontación capaces de afectar el proceso de recuperación económica tras las quiebras financieras del 2003 y dificultar aún más la incorporación del país al nuevo escenario que conllevará la entrada en vigencia del tratado de libre comercio.

Es significativo que por primera vez en casi una década la nación comienza un año sin que se hubiese aprobado la ley de presupuesto de ingresos y gastos públicos, sin que falten quienes teman que el interés electoral y las contradicciones partidistas determinen que el gobierno se maneje con el presupuesto del año que concluye.

Incluso hay quienes consideran que el gobierno podría estar deseando calentar las contradicciones para que el proyecto sometido tardíamente al Congreso no sea aprobado, lo que le daría mayor discrecionalidad en el uso de los excedentes fiscales con relación al 2005.

La última vez, y probablemente la única, que eso ocurrió fue en el 2000, precisamente en el primer gobierno del presidente Fernández, cuando el proyecto de presupuesto llegó atado a una serie de reformas impositivas que el Congreso, como ahora mayoritariamente perredeísta, se negó a avalar.

Una repetición de tal incapacidad de negociación estaría en contradicción abierta con el escenario internacional de reclamo de legitimidad y transparencia, donde resulta inconcebible que un gobierno pueda manejarse sin presupuesto. También chocaría con el acuerdo que el Estado mantiene con el Fondo Monetario Internacional y los requerimientos del tratado de libre comercio.

El gran riesgo electoral

Aunque se registra un atraso en la reorganización de las juntas electorales y en la creación de algunas de las correspondientes a 17 nuevos municipios, ese factor podría ser superado sin mayores consecuencias. El gran riesgo del proceso electoral está en la exacerbación de las contradicciones y enfrentamientos en la lucha por el poder. La matanza de cuatro políticos el pasado 16 de agosto en Piedra Blanca, Bonao, disputándose la administración de un pobre distrito municipal, y la impunidad en que ha quedado, es un indicativo de lo primitiva que sigue siendo la práctica partidista en el país.

El riesgo no consiste tan solo en cuánto pueda la lucha partidista viciar las posibilidades de diálogo, concertación y convivencia nacional y dificultar las reformas legales e institucionales que se imponen, sino también en que genere un desbordamiento del gasto público y abusos de los recursos estatales en el esfuerzo por lograr el control del Congreso Nacional y los ayuntamientos.

La virtual conformación de dos bloques de partidos para disputar los comicios legislativos y municipales tenderá a una elevación de la temperatura política, lo que junto al derroche de recursos y la insatisfacción de importantes segmentos poblacionales con la lucha partidista, podría también constituirse en riesgos de mayor abstención y descrédito de las instituciones básicas del proceso democrático.

Con un padrón electoral eficiente y en manos de todos, y obligada la Junta Central Electoral a administrar el proceso con transparencia y participación de los delegados políticos, más la vigilancia de la sociedad, no hay razones para temer que pueda cortarse la racha de elecciones sin mayores impugnaciones.

De acuerdo al calendario organizativo, las juntas electorales correspondientes a los 151 municipios, debieron estar estructuradas al 30 de noviembre. Al comenzar el año quedan todavía 15 de ellas por “consensuar”, incluyendo 8 de los nuevos municipios, y algunas tan importantes como las de Santiago, Moca, San Juan de la Maguana y Puerto Plata. En algunas las autoridades electorales esperan propuestas o respuestas de los partidos. Hay casos, como el de Puerto Plata, donde las diferencias son por uno solo de los integrantes.

Para la elección de este año se realizará un plan piloto para someter a prueba en el país el uso de “urnas electrónicas”. Se prevé que el voto electrónico pueda ser probado entre 650 y 1300 colegios electorales, 5 a 10 por ciento del total. Hasta ahora la JCE cuenta con 500 de esas urnas prestadas en un convenio con la Organización de Estados Americanos y Brasil, que las proporciona.

Pruebas institucionales

El 2006 comienza con un desafío entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no sólo en torno al presupuesto de ingresos y gastos, sino también porque el primero ha anunciado que mantendrá por tiempo indefinido el ilegal recargo cambiario que se prometió eliminar con las reformas tributarias que entran en vigencia desde el 1 de enero.

Lo que esa decisión implica es que prevalecen prácticas gubernamentales en contradicción con las normas institucionales, como también la de haber iniciado una inversión de la categoría de un sistema de transporte subterráneo sin los suficientes estudios de factibilidad ni aprobación previa de los ayuntamientos, sin estar incluida en la ley de presupuesto del año pasado, y con el rechazo de organismos creados por el mismo gobierno, como fue el caso del Consejo Nacional de Desarrollo Social e Institucional.

En la débil institucionalidad democrática nacional sería insólito que el Congreso no aprobara una obra emprendida a su espalda por el Ejecutivo, y de la magnitud del Metro, lo que sería absolutamente legítimo en las naciones donde se respetan los mandatos institucionales. Y la constitución dice que el presupuesto de ingresos y gastos lo aprueba el Congreso.

Con el agravante de que mientras insiste en aventurarse en una mega inversión como el Metro, el proyecto de presupuesto del Ejecutivo evade destinar el diez por ciento de los ingresos a los ayuntamientos como se estableció por ley.

El fortalecimiento de la institucionalidad democrática pasa necesariamente por dar vigencia a una serie de legislaciones de los últimos años que permanecen burladas. Tal es el caso de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la Ley sobre Instituciones sin Fines de Lucro, la del Defensor del Pueblo, la de Migración, la de Libre Acceso a la Información y la de Seguridad Social que instituye el 8 veces postergado seguro familiar de salud.

Las reformas pendientes

El país requiere urgentemente de un conjunto de disposiciones que permitan mejorar la capacidad competitiva de los productores nacionales de cara al nuevo escenario del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, particularmente para los industriales y servicios que enfrentarán de inmediato fuertes retos, sin períodos de gracia ni escalones.

Un sistema energético ineficiente y costoso, pese a un subsidio que este año se llevó más de 500 millones de dólares, es una daga sobre el sector productivo, y todavía no se vislumbra que ese obstáculo pueda comenzar a ser eliminado este año. Para otros sectores productivos, como el agropecuario, las repercusiones del libre comercio serán de mediano y hasta largo plazo.

La entrada en vigencia del acuerdo comercial conlleva una serie de reformas pendientes de conocimiento en el Congreso Nacional, que incluyen reorganización del sistema de gestión financiera del Estado, nuevas normas para presupuesto, una nueva legislación sobre compra y contrataciones del Estado, y leyes de libre competencia y de defensa del consumidor.

También están pendientes reformas para dar mayor autonomía a la Dirección General de Impuestos Internos, para la eficiencia tributaria, de modificaciones del código tributario y de reorganización mercantil y liquidaciones.

Ese armazón de reformas legales debería ser aprobado en breve para que el país esté en mejores condiciones de adscribirse a las obligaciones del tratado de libre comercio. Incluso constituye un desafío particular para los dos mayores partidos de oposición, que buscan presentarse en un frente electoral para mayo, pero que ya en el actual Congreso controlan 31 de los 32 senadores y dos terceras partes de los diputados.

Sin embargo, contra la eficiencia legislativa conspirará la larga campaña electoral que precederá a los comicios de mayo, por la circunstancias de que muchos de los senadores y diputados tendrán su atención concentrada en buscar votos para mantener sus curules.-

El crecimiento económico salva la cara del 2005

Por Juan Bolívar Díaz

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Solo el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, con un crecimiento del producto bruto interno del orden del 8 por ciento, según las cuentas del Banco Central, salva la cara a este 2005, que pasará a la historia nacional como el año de la ratificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Este año marcó profundas decepciones por la falta de prioridades y transparencia gubernamental, escasos avances en combatir la corrupción, por el aumento de la delincuencia, la inseguridad y la violencia criminal, sin que las autoridades hayan podido convertir en realidad los planes anunciados.

Aunque los principales partidos políticos realizaron esfuerzos por reformar sus estructuras y renovar sus dirigentes, sus extensas campañas internas para elegir candidatos y el mercado público en que convirtieron las negociaciones para alianzas de cara a las próximas elecciones han seguido marchitando su imagen.

Milagroso crecimiento económico

Que este año concluya con un crecimiento del producto interno de un 8 por ciento, entre los más altos del mundo, con inflación de un solo dígito e incremento de las reservas de divisas, pese a la crisis del 2003-04 y al desproporcionado aumento de los precios del petróleo, que han promediado cerca de los 60 dólares el barril, constituye un milagro económico.

Esos datos ofrecidos por el Banco Central son más sorprendentes por cuanto la generalidad de la población no advierte las consecuencias de tal crecimiento, como ha quedado patente en las encuestas, y por el registro de un creciente desempleo, que en las zonas francas y el turismo alcanza a decenas de miles de trabajadores.

No han faltado quienes cuestionen las cifras oficiales, como lo hizo recientemente el exgerente general del Banco Central Apolinar Veloz, quien sostiene que son fruto de la reposición de métodos de medición que habían sido superados y cambiados en la gestión precedente.

De cualquier forma es indiscutible que las autoridades han logrado mantener la estabilidad macroeconómica en un marco singularmente desfavorable. La tasa cambiaria que comenzó el año en 31.50 pesos por dólar, y que a mediados de abril descendió hasta 28.30, concluye diciembre entre 33 y 34 pesos por dólar. Las mediciones oficiales reportan una inflación del 8 por ciento.

Es relevante que este año las autoridades no incrementaran el endeudamiento y mantuvieran reservas fiscales, cumpliendo las metas establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque la varita mágica pudo haber sido la renegociación de las deudas con el Club de París, con tenedores de bonos y banca privada por más de mil millones de dólares.

Para algunos analistas esos parámetros se explican también en el mantenimiento de un peso sobrevaluado, a costa de los exportadores y de los 900 mil adultos que reciben remesas del exterior, estimadas para este año en unas 3 mil millones de dólares, y que  tuvieron que cambiarlas con pérdidas que se llegan a calcular sobre los 20 mil millones de pesos. Eso explicaría, en parte, el grito de que hubo poco circulante y la alta proporción de los que opinan en las encuestas que el país va por rumbo equivocado.

Pero en términos económicos el mayor problema del año fue el no haber enfrentado el déficit cuasifiscal del Banco Central, que sigue pendiendo como amenaza sobre la estabilidad macroeconómica. La reducción de las tasas de interés desaceleraron el crecimiento de ese déficit, que ya alcanza casi 150 mil millones de pesos, representando más del 40 por ciento del presupuesto proyectado para el 2006.

Decepciones y frustraciones

Los asuntos que dominaron el debate nacional a lo largo del año que concluye fueron decepciones y concluyeron en nuevas frustraciones, relevándose lo que Participación Ciudadana diagnosticó ya en mayo como falta de transparencia, carencia de prioridades efectivas y de racionalidad en la inversión, junto a un proceso de descomposición moral  en la vida pública y privada.

El primer tema dominante con que comenzó el año fue el llamado “escándalo Quirino”, originado en la incautación de 1,200 kilogramos de cocaína el 18 de diciembre del 2004, cuyas ramificaciones aún no han sido despejadas completamente, faltando aún por establecer si hubo cómplices en las esferas gubernamentales, del antes y de ahora.

Como era convencimiento general que nuestras instituciones judiciales no tienen integridad y capacidad para juzgar un caso de esa magnitud, hubo que resignarse a que el principal acusado Quirino Ernesto Paulino y una docena de los involucrados fueran extraditados a Estados Unidos.

Otro tema que dominó durante la segunda mitad del año fue el de la ratificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica y la reforma fiscal que le era consubstancial para compensar al fisco por la reducción de ingresos aduanales y de la comisión cambiaria y para mejorar la competitividad de los sectores productivos.

Muy temprano se evidenció que la reforma no abarcaría todo lo fiscal, como reclamaba gran parte de la opinión pública, sino simplemente una modificación impositiva más. Después de más de dos meses de negociaciones en torno al Diálogo Nacional, el “consenso” que se anunció, y que al principio fue tan solo entre el gobierno y el empresariado, se deshizo cuando la pieza era considerada, por tres meses, en la Cámara de Diputados. El proceso excluyó a los sectores sociales y sindicales, dividió al empresarial y dejó insatisfecho al gobierno, que en la recta final impuso nuevos gravámenes  rechazados hasta por la  cúpula empresarial del “consenso”.

Como colofón, el gobierno anuncia que mantendrá por algún tiempo un recargo cambiario del 9 por ciento, lo que nuevamente rompe la institucionalidad y remite a una confrontación con el Congreso, mientras se informa que las autoridades procuraran que el tratado de libre comercio no entre en vigencia hasta julio.

El metro y la isla artificial

El inicio de un metro en la ciudad capital, que gran parte de la opinión publica considera no prioritario en las actuales circunstancias, y el contrato que autoriza la construcción de una isla artificial frente al malecón de Santo Domingo dominaron también gran parte del debate nacional.

En los primeros meses del año el presidente Leonel Fernández  planteó la construcción del metro y luego pareció aceptar el rechazo generalizado, que incluyó al Consejo Económico, Social e Institucional que él mismo instituyó. Pero ya en octubre el proyecto fue retomado e iniciado como tantas otras obras sin suficiente transparencia, sin todos los estudios de factibilidad ni presupuesto.

La isla artificial ha tenido un rechazo aún mayor, agravado cuado se conocieron los términos de la contratación que incluyeron garantías del Estado hasta por reducción de su factibilidad económica. Al final del año el proyecto luce en proceso de desarticulación con la renuncia de los asociados dominicanos.

La falta de prioridades, de concursos  y de transparencia en la inversión pública causó escándalos en el lujoso mobiliario del edificio de la Suprema Corte de Justicia, en la Biblioteca de la Universidad Autónoma, en la compra de un edificio para Aduanas  por mil millones de pesos, en el aporte de 25 millones de dólares a un hospital privado en Santiago y finalmente en el concurso para la instalación del propio “portal para la transparencia del gobierno”. Todo eso mientras la educación y la salud seguían relegadas y se daba cuenta de la existencia de más de mil 200 obras inconclusas.

Abundantes insatisfacciones

El gobierno ha tenido buenos desempeños en el aparato recaudatorio, en el mejoramiento de la administración pública, en las secretarías de Educación y Salud Pública, a pesar de sus limitaciones presupuestarás, pero ha dejado frustraciones al no poder enfrentar la eterna crisis energética.

Mas allá del discurso y las promesas, la realidad es que no arranca una verdadera política de seguridad ciudadana que enfrente con eficiencia la creciente delincuencia y la violencia. Los recursos solo han alcanzado para  el kilómetro y medio cuadrado del barrio capitalino de Capotillo. La Policía sigue esperando los vehículos, equipos de comunicaciones, laboratorios, el personal y el aumento de sueldo del 40 por ciento consignado en el decreto 145-05 del comienzo de abril. El resultado ha sido el incremento de la delincuencia y los “intercambios de disparos” que este año arrojarán cerca de 500 muertos, a pesar de la contención de los últimos dos meses. El año concluye sin que se haya adelantado significativamente en la sanción de la corrupción pública y privada que tanto ha contribuido a la pobreza nacional, y sin que se aprobara la prometida nueva ley de concursos y licitaciones para las contrataciones de obras y las compras del Estado. Ni siquiera se ha emitido el “decreto puente” elaborado al efecto por la Comisión Nacional de Etica que instituyó el presidente Fernández.

Finalmente la política siguió generando decepciones. Los partidos dominantes comenzaron el año con un esfuerzo de reformas estatutarias para mejorar su democracia interna y con la renovación de sus cuadros directivos. Pero una prematura y prolongada campaña interna para elegir candidatos para las elecciones de mayo y el mercado público que montaron para abordar posibilidades de alianza, sembraron nuevas decepciones y frustraciones.

El 2005 termina sin que se implementara el 8 veces aplazado seguro familiar de salud y desafiando la capacidad de los dominicanos y dominicanas para el optimismo y la esperanza.

 

Es urgente aflojar la cuerda con Haití

Por Juan Bolívar Díaz
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Los dominicanos y dominicanas debemos hacer votos porque de las elecciones presidenciales haitianas de enero próximo salga un gobierno de amplio apoyo y capacidad para iniciar una distensión en las relaciones entre las dos naciones que permita construir un nuevo tipo de relaciones y cooperación.

Los anárquicos incidentes que marcaron la visita a Puerto Príncipe del presidente Leonel Fernández el pasado lunes y las masivas persecuciones de haitianos en Villa Trina y Pontón la semana anterior indican que prosigue el deterioro que se inició en mayo en la región Noroeste.

En los sectores pensantes dominicanos hay creciente preocupación por el tono del discurso antihaitiano predominante en el país hasta el grado que un ex-secretario de las Fuerzas Armadas y dirigente político salió a la palestra para anunciar una inminente guerra que tendría un costo devastador para las dos naciones.

Costosa visita de Leonel

La visita realizada el lunes 12 a la capital haitiana por el presidente Leonel Fernández constituyó un costoso error al producirse apenas una semana después de la destrucción y quema de unas 60 viviendas de haitianos en Villa Trina de Espaillat y en pontón de La Vega, dando oportunidad para que un grupo radical y poco representativo buscara capital político exacerbando el sentimiento anti-dominicano que se incuba en sectores de la población de Haití.

No hay razón para dudar de las buenas intenciones del mandatario dominicano, quien ha tenido un discurso prudente frente a los problemas bilaterales, aunque su gobierno no ha hecho suficiente para contener los recientes desbordamientos ni para condenar con energía y esclarecer múltiples crímenes, por ejemplo cuando tres jóvenes haitianos fueron quemados vivos en plena capital el pasado 16 de agosto.

Ha habido bastante consenso, tanto aquí como en los círculos políticos haitianos, de que el doctor Fernández no merecía el tratamiento desconsiderado y agresivo de que fue objeto, expresión de la anarquía que ha caracterizado la vida política de la vecina nación.

Pero aquí por más vueltas que se le dé al asunto no se entiende la oportunidad de la visita, de paso a Cancún, México. Aparentemente el presidente quiso invertir en una reducción de las tensiones de los meses recientes, apersonándose a la propia capital haitiana para formular un llamado desde allí a la concordia.

Pero el riesgo era alto, sobre todo si se tenía en cuenta que Haití está en campaña electoral, a menos de un mes de elecciones presidenciales, con un gobierno provisional, de escasa base de apoyo y que debe entregar el poder dentro de un par de meses, por lo tanto sin posibilidades de atender eficientemente las relaciones bilaterales.

Otra circunstancia a tomarse en cuenta es que Haití es una nación intervenida por una fuerza militar multilateral, lo que obligaba a una doble concertación por razones de seguridad, para la visita del mandatario de la nación vecina, en medio de crecientes tensiones bilaterales.

Ni siquiera la presencia de esa fuerza, de unos 8 mil miembros, ha garantizado la seguridad en las calles de Puerto Príncipe, donde las fuerzas policiales locales son frecuentemente superadas por grupos de pandilleros comunes y políticos.

Informes extraoficiales indican que los aparatos nacionales de seguridad eran conscientes de los riesgos y los advirtieron al presidente. Ello explica que lo acompañaran cientos de soldados dominicanos, con abundante equipo militar, incluyendo varios helicópteros.

Un final poco afortunado

Hay quienes creen que se ha magnificado el peligro que representó para la seguridad del presidente Fernández la anárquica manifestación, aún con lanzamiento de piedras y algunos disparos y las conocidas quemas de neumáticos desechados en las calles. Nunca estuvo al alcance de un grupo de apenas varios cientos de jóvenes enardecidos.

Pero el salir precipitadamente de Puerto Príncipe, si bien fue una expresión de desagrado ante el desbordamiento, y a lo mejor de prudencia para evitar peores circunstancias, también constituyó una autoderrota para el mandatario dominicano y una tremenda concesión a un pequeño grupo para nada representativo de la sociedad haitiana, encabezado por Guy Phillipe, situado en la cola de los múltiples aspirantes a la presidencia de Haití.

Si en vez de tomar camino hacia el aeropuerto el presidente Fernández se llega a la embajada dominicana en Petion Ville, donde le esperaba el liderazgo político haitiano, previamente invitado para un encuentro, hubiese derrotado a la minoría anarquista. Allí habría recibido la solidaridad y el desagravio de lo más representativo de Haití y el incidente habría quedado en segundo plano.

Fernández andaba en vehículo blindado y con suficiente protección para no huir de un grupito. Y disponía de helicóptero para trasladarse a las cercanías de la embajada, donde no había problemas, y luego al aeropuerto si era prudente evitar las calles. En la decisión parece haber predominado la indignación en vez del razonamiento político, probablemente de parte de los responsables de la seguridad.

De cualquier forma, en vez de incentivar el espíritu de confrontación con los haitianos, el incidente debe generar mayor prudencia, tolerancia y hasta generosidad dominicana ante la debilidad delas instituciones de la vecina nación, donde sus autoridades no controlan las calles y cualquier día pudiera producirse una chispa que originara graves actos de violencia aquí y allá.

Llama a la moderación el hecho de que tanto el presidente como el primer ministro y la cancillería haitiana condenaran desde el primer momento el comportamiento agresivo de los manifestantes y desagraviaran al presidente dominicano. Lo mismo han hecho voceros políticos y consulares de la vecina nación.

El pleito “casao” de Wessin

El repudiable incidente de Puerto Príncipe incentivó de inmediato el espíritu de confrontación que desde hace algún tiempo se escucha en la radio y la televisión con manifestaciones en los periódicos, resaltando la carta enviada a El Nacional por el general retirado Elías Wessin y Wessin.

Sin la mínima prudencia de un veterano militar que fue secretario de las Fuerzas Armadas y dirigente político, Wessin advirtió que “la guerra civil y militar entre República Dominicana y Haití es un pleito casao que cada día está más cerca”. Lo que el “hombre fuerte de San Isidro” en la guerra civil de 1965 prevé es un desastre mayúsculo, de características espantosas, pues él mismo advierte que tal guerra tendría características diferentes a las del siglo 19, “porque tendríamos al adversario dentro de nuestros barrios y campos por cientos de miles”.

Como si ese augurio no fuera suficiente, el general Wessin llegó al grado de cuestionar la preparación de las Fuerzas Armadas para afrontar la defensa de la soberanía nacional, reivindicando que sí lo estaban en los tiempos de la tiranía trujillista. Fue el ejército que protagonizó la matanza de miles de haitianos en la frontera en 1937, en un triste capítulo que en nada honra la nobleza del pueblo dominicano ni su imagen internacional.

Afortunadamente el actual titular de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez, rechazó los criterios de Wessin y ubicó el aparato militar dominicano dentro de un régimen democrático.

Al igual que el exgeneral, muchos dominicanos y dominicanas ignoran las consecuencias que pudiera tener para el país una confrontación armada con Haití o una matanza de ciudadanos de ese país en nuestro territorio, por más ilegales o invasores que se les quiera considerar.

Una guerra o confrontación militar desencadenaría odios tan profundos que nadie puede saber hasta qué límites podrían llegar. En ese escenario lo más probable sería una masiva intervención militar multilateral extranjera y un verdadero desastre para la imagen del país en el exterior. Las repercusiones sobre el turismo, la cooperación internacional y la inversión extranjera serían gravísimas. Sembraría anarquía y miseria a lo largo y ancho de la isla. Y complicaría enormemente la convivencia futura de dos naciones sin alternativas de separación ni distancia.

Esfuerzos constructivos

Alienta el hecho de que las autoridades de los dos países han hecho esfuerzos por demostrar que los incidentes del lunes no afectan las relaciones, que el gobierno haitiano haya designado un nuevo embajador y que las actividades sean normales tanto en la embajada como en los consulados dominicanos en Haití, como informara el jueves la cancillería.

A los sectores dominicanos más conscientes, especialmente en los medios de comunicación corresponde atender el llamado a la racionalidad, la serenidad y la cooperación entre las dos naciones que recientemente formulara el arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado, monseñor Ramón de la Rosa.

Todos deberían colaborar y apostar por unas elecciones limpias el mes próximo en Haití y para que de las mismas salga un gobierno representativo, de amplio apoyo, en capacidad de iniciar un reordenamiento y convertirse en contraparte no sólo del diálogo necesario con las autoridades dominicanas, sino también para la cooperación internacional que necesita el pueblo haitiano.

El reordenamiento de la casa haitiana es fundamental para que disminuya el flujo migratorio hacia el Este de la isla y para convenios que permitan organizar la contratación de la mano de obra que rea imprescindible en el país. Ni las guapezas, ni los insultos, ni la prepotencia, ni el discurso agresivo abonarán otra cosa que no sea la tragedia, y tal vez la desgraciada guerra que ha previsto el viejo general de San Isidro.-

Una alianza cuesta arriba

Por Juan Bolívar Díaz

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POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
El sorpresivo anuncio de una alianza electoral entre los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Revolucionario Social Cristiano (PRSC) sella definitivamente una nueva etapa política en la que los grandes partidos del sistema no presentan mayores diferencias ideológicas ni programáticas.

Tal como se había advertido, y cualquiera que fuera la fórmula de los reformistas, todavía falta realizar muchos amarres locales para integrar las boletas municipales y provinciales, pero a los protagonistas no les queda más remedio que ponerse de acuerdo para no hacer el ridículo.

Si quieren que la ciudadanía dé crédito a sus propósitos “patrióticos” perredeistas y reformistas deben iniciar de inmediato los esfuerzos por constituir la agenda para un plan nacional de desarrollo, puesto que sumadas sus fuerzas ya controlan abrumadoramente el Congreso Nacional y los municipios.

Inesperado desenlace

Con más rapidez de lo que se creía posible y con un giro de última hora, fue que se anunció el martes 6 la alianza electoral entre los partidos blanco y colorado, que desde ya es bautizada como “rosada”, para los comicios legislativos y municipales del próximo 16 de mayo.

Hasta la mañana del mismo día se daba por hecho que los reformistas sellarían el pacto con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como era el deseo de la mayoría de sus dirigentes y también de sus militantes. Así lo evidenció la encuesta de Gallup para HOY publicada la semana pasada. El 30.7% de los que se identificaban con el PRSC prefería la alianza con el PLD y apenas el 16.8% la quería con el PRD.

Al parecer lo que decidió la composición de la alianza fue la imposibilidad de peledeistas y reformistas ponerse de acuerdo en torno a las candidaturas para senadores y síndicos en las principales plazas electorales del país, específicamente en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y La Vega, que los gobernantes consideraban innegociables, según se desprende de las declaraciones posteriores de ambas partes. Confluían intereses individuales de dirigentes que aspiran a esas candidaturas.

Ante el tranque, los reformistas dieron un giro rápido hacia el PRD, aunque los peledeistas ofrecían mayor número de candidaturas, 14 contra 12 para el Senado, 89 contra 78 para diputados y la mitad de los regidores, contra 400 que ofertaba el PRD.

Pero los perredeistas cedían las plazas claves del DN, Santo Domingo y Santiago y agregaban además la tercera mayor provincia, San Cristóbal.

Cuando en la mañana del martes 6 los negociadores morados y colorados vieron que no lograban acuerdos, los últimos se precipitaron a aceptar la oferta perredeista para anunciar el pacto en la misma jornada. Por su parte los peledeístas se adelantaron dos o tres horas en anunciar el desacuerdo, evadiendo quedar como “perico en la estaca”, algo importante teniendo en cuenta que habían cometido el error de involucrar en las negociaciones al propio líder y presidente de la nación, doctor Leonel Fernández.

Al final lo que prevalece tiene más sentido político, especialmente para el PRSC, al margen de las simpatías, una alianza de oposición que les permitirá un deslinde más suave y fácil, cuando lo crean oportuno. Evaden continuar en la periferia de un partido en el gobierno y con más posibilidades de absorberle sus cuadros y militantes.

Difícil artesanía electoral

Para hacer posible tal anuncio reformistas y perredeistas tuvieron que dejar pendiente la difícil tarea de hilvanar las boletas para el Distrito Nacional y las 31 provincias, así como para los 151 municipios. Esa artesanía electoral ha continuado en los días sucesivos y seguramente tomará varias semanas antes que pueda sellarse por completo.

Para alcanzar la meta los líderes de ambos partidos, especialmente los perredeistas, tendrán que superar las resistencias que encuentran en varias provincias y municipios, donde dirigentes locales sitúan sus ambiciones personales por encima de los intereses corporativos. Incluso no se debe descartar la posibilidad, ya contemplada según versiones, de que al final lleven candidaturas diferentes en algunas provincias.

Sin embargo, para revestir su pacto de credibilidad, los dos partidos deberán concretarlo a nivel nacional. Eso rige especialmente para los reformistas que ya no pueden dar marcha atrás ni pretender volver a negociar con el PLD, sin auto infligirse un severo golpe y reducir sus posibilidades como tercer partido.

En dos trabajos anteriores ya se había advertido las dificultades de sellar una alianza nacional para elecciones de senadores y diputados, síndicos, vicesíndicos y regidores. Las mismas se magnifican en la medida en que los artesanos encuentren resistencias locales que tendrían que subsanar de alguna manera para evitar boicots que anulen la sumatoria de fuerzas, incluyendo la posibilidad de impugnaciones y de inscripción de candidaturas paralelas.

Ya se ha señalado, por ejemplo, la dificultad en la boleta congresional de combinar candidaturas a diputados de dos partidos con boletas separadas. El que predomine en la provincia usaría el voto preferencial para escoger a los suyos, dejando al aliado en la gatera. La fórmula tendría que ser el senador de un partido y los diputados (donde sean dos o tres) del otro. En las provincias de mayor número de curules para diputados tendrían que convenir una mezcla, que podría atender a la proporción local que se atribuye a cada partido, ya por anteriores resultados electorales o por encuestas.

De cualquier forma, la integración final de las candidaturas será una tarea muy difícil, en proporción a las resistencias locales. Tampoco se debe descartar que algún caudillo local de cualquiera de los aliados dé un salto y aparezca en la boleta morada o de algún aliado gubernamental, sobre todo por la conciencia de que la alianza rosada obliga a los gobiernistas a emplearse más a fondo, como ya adelantó su estratega Danilo Medina, Nadie debe olvidar que en este país de tantas flexibilidades éticas el poder ejecutivo ofrece muchas posibilidades de “convencimiento y compensación”, incluso para crear expectativas e incentivar resistencias.

Reivindicación plena

El pacto con los perredeístas puede ser que le resulte traumático al reformismo, por las displicencias de los que preferían al PLD y las resistencias de los que reclamaban el camino propio, pero el que gana de cualquier forma es su desaparecido caudillo, el doctor Joaquín Balaguer.

Este pacto reconfirma la reivindicación histórica del líder reformista que gobernó el país de forma autocrática durante los traumáticos 12 años que siguieron a la guerra civil y la intervención militar norteamericana de 1965. Como ya pactaron “patrióticamente” también con el PLD en 1996, los reformistas han sido reivindicados o limpiados por sus contradictores históricos.

Porque esta alianza es también un indicativo incontrovertible de que los grandes partidos dominicanos se han igualado. Ha quedado claro que lo determinante no ha sido afinidad ideológica ni política, ni mucho menos el interés nacional, sino el inmediato beneficio de las cúpulas directivas de los partidos, incluyendo al que perdió la puja.

Además de los puestos electivos que estarán en juego en mayo próximo, en el fondo de las negociaciones para las tres partes han estado el control de la Liga Municipal Dominicana, la Junta Central Electoral, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Cámara de Cuentas, especialmente de las dos primeras a ser renovadas próximamente.

Como telón de fondo está también la enfermiza rivalidad que se ha desarrollado entre los líderes de los dos partidos fundados por el profesor Juan Bosch, incapaces de la más mínima concertación, ni siquiera en los peores momentos de crisis nacional, de hace dos años y de ahora, cuando han estado en el poder, como en 1990 y 1994 cuando desde la oposición enfrentaban al caudillo reformista.

Habrá que esperar al balance del 16 de mayo para ver en qué medida la ciudadanía y las propias militancias de los involucrados asimilan el acto. Una posibilidad real es que las inconformidades se traduzcan en abstención. Aunque el pragmatismo llevará a los dirigentes de ambos partidos a aplicar terapias capaces de suturar las heridas causadas a los intereses individuales y locales.

Agenda nacional ahora

Para hacer más digerible la negociación los dirigentes del PRSC han sostenido que el pacto se fundamenta en el establecimiento de una agenda para el desarrollo nacional. Los perredeístas se sumaron al planteamiento que no ha tenido mucha acogida en la opinión pública. Se ha dicho que el mismo es el suspiro del bizcocho o el caramelo para dulcificar a los más exigentes.

Pero ambos partidos tienen la oportunidad de darle coherencia a su planteamiento en plena campaña electoral. Porque entre ambos tienen 31 de los 32 senadores, las dos terceras partes de los diputados y más del 90 por ciento de los ayuntamientos.

Ningún analista que se respete puede otorgarle posibilidad de un mejor posicionamiento para el período legislativo que se inicia en agosto del 2006. Pero además no lo necesitan para trazar la agenda para el desarrollo nacional.

Podrían comenzar a demostrar su vocación concertadora y su preocupación por el futuro nacional desde ahora, en plena campaña, lo que le daría credibilidad a la alianza en vías de concretización.

Por ejemplo, esos partidos podrían convertir en ley de inmediato uno de los proyectos que buscan normar las compras y contrataciones del Estado, con lo que prestarían un enorme servicio al país reduciendo las comisiones y tráficos del “grado a grado”. Numerosas reformas institucionales, incluyendo una necesaria ley de partidos políticos, que duermen el seño eterno en el Congreso Nacional también podrían ser despertadas y convertidas en realidad.

Espacios sobran para que perredeistas y reformistas muestren su despertada vocación para la concertación en post de una agenda nacional para el desarrollo.-

 

Marcan declive PLD-Gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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Las tres encuestas nacionales publicadas en poco más de un mes revelan una pronunciada declinación en las preferencias por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en la aprobación de su gestión de gobierno, aunque todavía conserva fuerza suficiente para ser la primera opción en las elecciones de mayo próximo.

En relación a los resultados de las elecciones del 2004, el único de los tres grandes partidos que registra recuperación es el Reformista Social Cristiano (PRSC), lo que puede relacionarse con el desgaste del poder del perredeísmo que gobernó hasta hace 16 meses y los peledeístas que le sucedieron.

Es notable que a pesar del crecimiento económico que marcan los registros del Banco Central para lo que va de año, la percepción general es pesimista respecto al futuro inmediato, con un creciente alto porcentaje que considera que el país no va por buen camino.

Pronunciada caída

El análisis de las encuestas del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales (CIES) de la Universidad Iberoamericana, publicadas en la segunda mitad de octubre, y las de Hamilton para el Listín Diario y Gallup para HOY de las dos últimas semanas, registran similares tendencias en la opinión pública tanto sobre aspectos políticos como económicos.

Las dos últimas son encuestas acreditadas a través de más de dos décadas. EL CIES es una institución de reciente creación, pero que descansa en dos reputados sociólogos, su director Wilfredo Lozano y el director técnico Ramón Tejada Holguín. Esta ha hecho ya dos ediciones de su “Radiografía Sociopolítica de la República Dominicana” en base a encuestas realizadas en marzo y septiembre de este año.

La comparación en preferencias electorales parte de la votación presidencial del 2004, cuando el PLD obtuvo el 49% de la votación y su candidato presidencial Leonel Fernández el 57%, como fruto del aporte de 8% de sus aliados. Por su parte el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) consiguió 30%, y su candidato Hipólito Mejía 34, incluido más de un 3% aportado por sus aliados. El PRSC sólo alcanzó el 9%.

Cuando se han preguntado las preferencias o simpatías partidarias o intención de votos para los comicios del 2006, los resultados indican un persistente declive para el PLD y un ascenso para el PRSC.

En la encuesta del CIES de marzo, el PLD registraba un alto 59%, pero cayó al 40 en la de septiembre, aproximadamente la tercera parte. El PRD sólo crece 1 punto, del 15 al 16%, el PRSC 4 para llegar al 14%. Aquí el gran incremento fue en la población potencialmente abstencionista que pasó de 16 a 28% entre marzo y septiembre. Si se comparan sólo los que se muestran dispuestos a votar, entre marzo y septiembre, el PRD aumenta 4% y el PRSC un 6, mientras el PLD cae en 14%.

En la Gallup publicada por HOY en agosto se preguntó con cuál partido se siente usted más identificado. El resultado fue de 43% por el PLD, 20 PRD y 14% PRSC. Ahora se preguntó por cuál partido piensa votar el próximo año, y el PLD cayó al 37%, mientras el PRD subía al 25 y el Reformista al 18. Obsérvese que los dos mayores se mantienen por debajo de su votación del año pasado, mientras el PRSC la duplica.

Donde al PRSC apareció mejor fue en la de la firma Hamilton Beattie &Staff para el Listín Diario, que le otorga una intención de voto del 21 % para el 2006, lo que significa una elevación del 133% en relación a la votación del 2004. Eso podría estar avalando la hipótesis de que la votación reformista del año pasado estuvo afectada por el voto de castigo al proyecto reeleccionista del presidente Hipólito Mejía.

En cuanto al PLD y el PRD no hay variaciones significativas en relación a las otras dos encuestas, siguiendo por debajo de su votación en la última elección.

Sobre la economía

La encuesta Gallup para HOY publicada esta semana registra un 71% que cree que la economía nacional está mal o muy mal, lo que representa un aumento del 9 por ciento en relación al 62% que respondió la misma pregunta apenas 3 meses antes, en investigación de agosto. Mientras el 58 % estima que dentro de 3 años estará igual o peor, 10 puntos más que el 48% de la anterior.

Según esta encuesta, hace 3 meses el 48% de la población estimaba que las cosas iban por mal camino, porcentaje que subió ahora al 65%. Sólo el 29% considera que van por buen camino.

La última investigación del CIES, septiembre, arroja el mismo 71% de los que creen que la economía nacional está mala o muy mala. Mientras en la de marzo el 71% consideraba que la economía estaba mejor o mucho mejor que un año atrás, ese porcentaje se redujo 6 meses después al 45%. Y el optimismo de los que creían que en un año sería mejor, mucho mejor cayó del 73 al 47%, entre marzo y septiembre. En la primera el 61% creía que el país iba por buen camino, en la segunda el 63% cree lo contrario, que va por mal camino.

La encuesta Hamilton-Listín Diario midió las expectativas de la población sobre la economía para dentro de un año, arrojando sólo un 38 por ciento que cree que estará mejor, mientras 33 % que peor y 17% igual. Cuando preguntaron si el país se dirige en dirección correcta sólo el 20% lo apreció así, y en dirección equivocada se duplicó al 42%. Aunque, contradictoriamente, el 55% estima positiva la labor del presidente Leonel Fernández, contra un 42% que la califica de negativa.

Los resultados de las tres encuestas contrastan notablemente con las cifras del Banco Central que registran un crecimiento superior al 7 por ciento en los primeros 9 meses del año, con inflación de un solo dígito, lo que podría explicarse en la perversa distribución nacional del ingreso. También por el aumento del desempleo en las zonas francas y el turismo y por la sobre valoración del peso que en el último año redujo considerablemente el rendimiento de los 3 mil millones de dólares enviados por los residentes en el exterior.

Sobre la corrupción

En otros parámetros importantes la gestión de gobierno del PLD tampoco sale bien parada, como es el caso de la corrupción y la delincuencia. En la última encuesta del CIES, el 73% considera que se ha progresado poco o nada en su combate. Mientras el 71% cree que la delincuencia ha aumentado en los últimos 6 meses.

La Hamilton registró un elevado 79% que considera que hay corrupción en el gobierno. Aún el 44% de los que simpatizan por el PLD advierten corrupción en la gestión. El 51% del total cree que la corrupción es igual o peor que en el anterior período gubernamental.

La percepción sobre la corrupción choca con la intensa propaganda gubernamental que da por superado ese mal o que lo atribuye como característica exclusiva o fundamental del pasado gobierno. También indica una decepción de la población frente a los esfuerzos de las actuales autoridades por reducirla.

En la Gallup que publica HOY esta semana los encuestados expresan su preferencia por la inversión en salud, educación y ayuda a los pobres, en la creación de puestos de trabajo, electricidad y agua potable.

El CIES midió la apreciación sobre las políticas de lucha contra la pobreza y sólo el 21% estimó que los programas sociales llegan a quienes lo necesitan.

A pesar de la creciente tendencia a enjuiciar mal al gobierno, sin embargo, la imagen del presidente Fernández conserva buena apreciación. En la del CIES el 52% expresó que el mandatario le inspira confianza. En la de Hamilton el 55% estima positiva su labor.

Un balance aleccionador

El balance que arroja la comparación entre las tres últimas encuestas nacionales arroja un balance aleccionador para el PLD y su gobierno. Indica un declive temprano en relación al anterior gobierno que llegó a las elecciones del 2002 con el viento a su favor y barrió en 29 de las 32 provincias.

Cuando se profundiza un poco en los datos se advierte que el PLD y su gestión aparecen mejor valuados en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo y Santiago, así como en el Este, pero con diferencias significativas en el resto del Cibao y en la región sur. Para algunos analistas podría estar reproduciéndose la situación de la anterior gestión peledeísta, por su tendencia, ahora reiterada, a concentrar la inversión en las grandes urbes, especialmente en la zona metropolitana-capitalina y Santiago.

Aún esa inversión tiene una clara tendencia a ir en beneficio de los más pudientes, como las inversiones para facilitar la circulación de automóviles, en el hospital regional de Santiago, mientras sigue en descuido el suministro de medicina y la conclusión de cientos de pequeñas obras regadas por todo el país.

Otro elemento a considerar es la proclividad dela población a decepcionarse rápidamente de sus gobiernos. Se reproduce una tendencia latinoamericana fruto de la enorme deuda social acumulada con poblaciones que en más de la mitad viven en niveles de pobreza y acusan cansancio de las promesas de las campañas electorales, imposibles de materializar en uno o dos períodos gubernamentales. Por eso ya la reelección presidencial está en vías de extinción en América Latina.

Con todo el PLD sigue siendo la mayor fuerza política y podría mantenerse hasta los comicios de mayo próximo. Pero sus estrategas tienen que estar registrando los avisos que han comenzado a dar las encuestas.-

Espinas escollos y para las alianzas

Por Juan Bolívar Díaz
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El entusiasmo con que a principios de mes los tres grandes partidos veían las posibilidades de alianza para los próximos comicios congresionales y municipales ha chocado con espinas y escollos que por lo menos han reducido la velocidad de las negociaciones.

Han salido a flote las serias dificultades de concertar alianzas entre grandes con múltiples precandidatos y con boletas que tanto para el congreso como para los municipios son indivisibles, con el ingrediente adicional de que el voto preferencial para los diputados no garantiza fidelidades.

En los ámbitos del tercer partido del sistema, el Reformista Social Cristiano (PRSC), las cosas se han complicado por las fuertes divergencias internas que incluyen advertencias de que la organización podría sufrir nuevos desprendimientos en caso de una alianza con cualquiera de los otros dos partidos dominantes.

Frenazo en el PRSC

Las divergencias a lo interior del partido colorado son tan fuertes que obligaron a la dirección del partido a dar un frenazo en las negociaciones, al menos públicamente, y a adelantar el proceso para escoger sus candidatos en 13 provincias a partir del sábado 3 de diciembre. Aunque hay quienes creen que será difícil retomar el impulso que traían los ajetreos convencionales antes de que se iniciaran los cabildeos con las otras fuerzas políticas. Los ámbitos del reformismo hierven en especulaciones y versiones, algunas de las cuales consideran que la anunciada suspensión de las negociaciones es sólo táctica, mientras se llenan requisitos estatutarios, pero la mayoría está convencida de que sacan más beneficios aliados a uno de los dos grandes que con la participación independiente. También parece que una gran parte de los que promueven la alianza favorecen que sea con el Partido de la liberación Dominicana (PLD), porque al estar en el poder puede distribuir más que el perredeísmo opositor, tanto en términos de cargos electivos como de posiciones y favores gubernamentales.

Cuando se les han señalado los riesgos de ser absorbidos por un partido gobernante que desde hace una década viene creciendo a costa de los reformistas, los negociadores han argumentado que la alianza será “hasta el 16 de agosto”, es decir hasta la juramentación. Esto último, desde luego, ha dejado un tanto “chivos” a los peledeístas, que a la hora de concretar ofertas lucen lentos y mucho menos generosos de lo que se había especulado.

El pasado jueves el secretario general del PRSC, Víctor Gómez Casanova, dijo que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD estaba haciendo mejor oferta que el partido de gobierno, cuyos dirigentes ya habían señalado como innegociables las candidaturas de las más importantes plazas, como el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo y Santiago, así como La Romana y Salcedo.

Todavía el jueves el PLD no había formalizado una propuesta, lo que sí habían hecho los perredeístas, según lo declarado por Gómez Casanova. Por de pronto ya parece descartado el límite de finales de noviembre para la posibilidad de alianza, como habían indicado anteriormente dirigentes reformistas.

La carta de E. Estrella

Angel Lockward estuvo en Teleantillas esta semana advirtiendo los riesgos de nuevas fragmentaciones en el partido colorado si se alían a cualquiera de los dos grandes. Considera que además de los que propugnan por la participación independiente, un sector quiere aliarse al PLD y otro al PRD, en algunos casos con posiciones radicales. Trascendió que el caudillo higueyano y secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Amable Aristy Castro, favorece firmemente que pacten con los perredeistas, y que había protagonizado un incidente en reciente reunión directiva. Pero lo que sonó fue la carta que el último candidato presidencial reformista,

Ingeniero Eduardo Estrella, dirigió una carta a la Comisión Política Nacional argumentando “de manera precisa y definitiva su oposición cualquier tipo de alianza con los otros dos grandes. Se basa en la necesidad de preservar “nuestra identidad partidaria” y en que las encuestas que conoce muestra la oposición del 70 por ciento de los reformistas a tal acuerdo. Según Estrella la alianza de los reformistas debe ser “con el pueblo dominicano a través de la sociedad civil, juntas de vecinos y sociedades intermedias”, sin descartar “otras fuerzas políticas que quieran acompañarnos”, citando al Partido Nacional de Veteranos y Civiles que lo hizo en los comicios presidenciales del año pasado, pero que sólo obtuvo 18 mil 460 sufragios, el 0.51 de los válidos.

Algunos reformistas, a la cabeza de los cuales se citaba al doctor Alexis Joaquín Castillo, trataban de convocar una reunión para iniciar impugnaciones a la forma en que la dirección del partido conduce el proceso de elección de los candidatos. Mientras la Corriente Reformista No a las Negociaciones, originada en Santiago daba rueda de prensa y se movilizaba para hacer sentir su posición.

Dificultades prácticas

Más allá de las posibilidades de acuerdos en principio con una u otra fuerza, en la práctica el sistema electoral presenta escollos para las alianzas en elecciones congresionales y municipales entre dos fuerzas que tratan de preservar su autonomía, es decir cuando ambas quieren llevar su propia boleta.

Lo primero es que las candidaturas de senador y diputados, y las de síndico, vicesíndico y regidores son indivisibles, como las de presidente y vicepresidente, de acuerdo al artículo 86 de la Ley Electoral. Eso implica que para hacer prevalecer una alianza deberá corresponder la candidatura a senador a un partido y las de diputados al otro para evitar que uno niegue el voto al aliado apoyándose en el voto preferencial por los diputados.

Aún cuando a nivel nacional se dicte una alianza, las disidencias internas pueden manifestarse en cualquier municipio mediante la abstención de votar por el aliado y hasta en el registro de candidaturas alternativas. Según la ley electoral la dirección municipal del partido es quien inscribe sus candidatos de ese nivel.

Esos escollos obligan a los partidos a pactar sólo en las jurisdicciones donde no tienen conflictos para evitar los fraccionamientos locales, y por lo tanto se reducen las posibilidades de acuerdos en la misma medida en que una de las partes tengan disensiones o le falte un liderazgo en capacidad de imponerse. En la tradición electoral dominicana el único precedente de alianza entre los tres grandes es el “Frente Patriótico” de 1994, que probablemente no hubiese dado sus frutos si el PRSC se hubiese encontrado tan fragmentado como ahora y sin un caudillo como Joaquín Balaguer.

Para mantener las posibilidades de pacto es que el PRSC no ha llamado a elegir candidatos en todas las provincias. La convocatoria publicada este viernes en el Listín Diario es sólo para el DN y 12 provincias,. Es decir menos de la mitad, y en muchas no se escogerán todos los candidatos, dejando abiertas especialmente las senadurías.

¿Con el PLD o el PRD?

Aunque siguen los contactos tanto con el PLD como con el PRD, en diversos sectores reformistas se aboga por el partido de gobierno. La mañana del viernes se escuchó por Radio Popular que ya estaba firmado el pacto y hasta daban los nombres de los suscritores, encabezados por el presidente Leonel Fernández y el ingeniero Federico Antún. Se llegó a informar que el PLD aportaba 50 millones de pesos para la campaña colorada, pero la versión fue descartada por más de una fuente.

Aparentemente dando por válida esa inclinación, en su artículo de El Caribe del jueves 24 el ideólogo reformista Guillermo Caram, de los fuertes opositores a cualquiera de las alianzas, advertía que la misma dejaría al PRD todo el espacio de oposición al gobierno y tendería a recuperar el perredeismo, que de esa forma podría obtener mejores resultados. También se refería a la posibilidad de nueva división.

Puede ser que la voluntad de pacto de los dirigentes del PLD y el PRSC sea firme, pero el primero ha ratificado la alianza que concertó para los comicios del año pasado con otros seis partidos, que en total le aportaron casi la misma cantidad de votos que entonces obtuvo el reformismo, especialmente el Bloque Institucional Socialdemócrata y la Alianza por la Democracia que consiguieron 98,278 (2.72%) y 84 mil 566 sufragios, (2.34%) respectivamente.

Sumados esos a los votos obtenidos por el Partido de los Trabajadores Dominicanos, Unión Demócrata Cristiana, Partido Liberal y Fuerza Nacional Progresista, aportaron un total de 292 mil 494, equivalentes al 8.11 por ciento de los válidos. El PRSC obtuvo 294 mil 33, el 8.14 por ciento.

A la hora de la distribución, los reclamos de esos 6 aliados también tendrán que ser considerados por el PLD, especialmente de los más significativos. A menos que quiera desdeñarlos y desligarlos, como hizo el PRD que en el poder regateó hasta una candidatura de diputado a algunos de esos mismos que fueron sus aliados durante 4 procesos electorales, rompiendo un gran frente.

A favor de los reformistas habría que tomar en cuenta que en las anteriores elecciones congresionales y municipales, las del 2002, ganaron más provincias (dos) y municipios (11) que el propio PLD. En términos proporcionales en el nivel municipal los dos partidos sacaron casi lo mismo: 26.84 por ciento para los morados, y 26.65 por ciento los colorados. En el nivel congresional el peledeismo sacó ventaja con 26.80 a 24.37 por ciento, gracias a su alta votación en el DN, Santo Domingo y Santiago. Aunque sólo obtuvo la senaduría distrital.

Las semanas por venir mostrarán las dificultades prácticas de alcanzar una alianza entre cualquiera dos de los tres grandes partidos. A no ser que el PRSC esté en disposición de una virtual entrega, que por demás lo fragmentaría. Si pactan con el PLD darán la razón a los disidentes que encabeza el ingeniero Carlos Morales Troncoso.

Pero nadie debe sorprenderse si al cerrarse el plazo para registrar alianzas, el 28 de febrero, se repite la historia del 2002, cuando perredeistas y peledeistas cortejaron al reformismo y todo concluyó en el “acuerdo de no pacto”. –

El gran desafío para los comicios

Por Juan Bolívar Díaz

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A medio año de las elecciones congresionales y municipales del 2006 el panorama se caracteriza por un creciente desinterés de la ciudadanía impulsado por el progresivo descreimiento en el sistema partidista, lo que plantea la posibilidad de que se incremente la alta tasa de abstención registrada en las dos anteriores.

Embarcados en una prematura lucha interna que llega al nivel de la violencia criminal, dirigentes y activistas políticos ignoran el sentimiento de rechazo que generan, en tanto 38 nuevos grupos buscan obtener reconocimiento con la esperanza de retar el dominio de los partidos tradicionales.

Todavía sin los fuertes cuestionamientos que han caracterizado los anteriores procesos, la Junta Central Electoral (JCE) trata de cumplir un calendario que tiene como inmediato desafío la reestructuración de las juntas electorales e integración de las correspondientes a 17 nuevos municipios.

El desafío del 2006

Hasta el momento nadie está esperando que los comicios del 16 de mayo del 2006 se conviertan en una confrontación de programas ni posiciones ideológicas, sino simplemente en un festival de ambiciones.

La prematura campaña interna en que están embarcados los partidos tradicionales apunta a una simple disputa por las posiciones electorales, más desde el punto de vista individual que de las corporaciones políticas.

Al interior de los principales partidos lo que se percibe es una guerra sin cuartel, que en los ámbitos del Partido Revolucionario Dominicano ha llegado a una violencia que ha cobrado tres vidas, en Los Alcarrizos y Las Matas de Farfán. En el Partido de la Liberación Dominicana los arrebatos no perdonan a políticos de la mejor imagen como Minou Tavarez Mirabal y José Tomás Pérez. Mientras el Reformista Social Cristiano se ofrece a los dos primeros al mejor postor.

En amplios ámbitos de la clase media, incluyendo a los sectores promotores de la democracia dominicana, lo que se respira es una progresiva decepción del nivel de la lucha política. Hasta líderes de opinión, como Ligia Minaya, Mu-Kian Sang y Rafael Toribio no han ocultado su decepción por el rudimentario nivel de la lucha política, el clientelismo y la corrupción..

En ámbitos de la sociedad civil promotores del fortalecimiento de la democracia expresan temores de que el descreimiento en el sistema partidista arroje una abstención superior al 50 por ciento registrada en las dos elecciones congresionales y municipales celebradas en 1998 y 2002, después de la reforma constitucional que las separó de los comicios presidenciales.

Tal nivel de abstención duplica el promedio histórico del 27 por ciento registrado en las elecciones que involucran la Presidencia de la República.

El Director General de Elecciones, Gilberto Cruz Herasme, estima que poco más de 5 millones 300 mil ciudadanos y ciudadanas estarán aptos para ejercer el sufragio en mayo próximo, con un crecimiento de apenas 300 mil en relación a los 5 millones 20 mil registrados para los comicios presidenciales del año pasado, incremento de apenas 6 por ciento.

Nuevos contendientes

Llama la atención el alto número de nuevos partidos y agrupaciones independientes, ascendientes a 38, que han formalizado ante la JCE solicitudes para participar en las próximas elecciones. Cerca de la mitad corresponden a movimientos municipales y provinciales que tratan de retar el predominio de los partidos tradicionales.

La ley dominicana prevé la participación de estos movimientos, a los cuales se les exige para su reconocimiento proporciones de respaldo en el electorado que superan a las que se les pide a los partidos nacionales. En los comicios del 2002 participó una docena de esos movimientos, de los cuales sólo uno de Yaguate, San Cristóbal, quedó reconocido por haber obtenido un regidor.

Se da por hecho que una buena proporción de los nuevos solicitantes serán rechazados por no reunir los requisitos de ley. Mientras 23 partidos mantienen el reconocimiento legal, la mayoría de los cuales acostumbran participar aliados a los tres partidos dominantes.

De éstos últimos los que más votos han alcanzado en los últimos comicios nacionales son el Bloque Institucional Social Demócrata, y la Alianza por la Democracia, aliados al PLD. El Quisqueyano Demócrata, el de Veteranos y Civiles, la Unidad Democrática y el Movimiento de Integración, Unidad y Cambio han perdido terreno en los dos últimos torneos electorales. El financiamiento público de las campañas electorales que rige desde 1997 ha contribuido a fortalecer el predominio de los partidos tradicionales y ha dejado en desventaja progresiva a los nuevos agrupamientos políticos que reciben una ínfima proporción del mismo. Pese al progresivo descontento con los partidos dominantes, las nuevas opciones no han alcanzado proporciones significativas del electorado.

Proceso organizativo

La JCE trabaja cada vez más intensamente en el calendario electoral para mayo del 2006. Para esta ocasión los municipios serán 151, en los cuales se elegirán síndicos, vicesíndicos y regidores, un 20 por ciento superior a los 125 del 2002.

Los diputados a ser electos ascenderán ahora a 178, veintiocho más de los 150 de la última elección, para un crecimiento del 19 por ciento. Sólo los senadores mantendrán el mismo número 32, debido a que el Congreso se atrasó en el conocimiento de varias provincias propuestas.

En el calendario que la JCE se ha dado en el proceso organizativo, lo que está pendiente en lo inmediato es la reestructuración de 43 juntas electorales y la integración de 17 correspondientes a nuevos municipios. En la mayoría de las primeras se trata de sustituir uno a dos de sus integrantes. Hay casos relevantes como el de Santiago, donde hay que escoger de nuevo todos sus integrantes.

En estos días, de acuerdo a los informes de la Dirección General de Elecciones, los inspectores proceden a comprobar las informaciones suministradas por los partidos y movimientos que aspiran a ser reconocidos y se coordina con los partidos la recomposición o integración de las juntas electorales.

Hasta el momento la JCE se desenvuelve sin mayores cuestionamientos sobre el proceso organizativo. Por lo menos están ausentes las denuncias sobre el padrón electoral que han caracterizado los anteriores torneos electorales. Hay quienes creen que por fin los agentes políticos se han convencido de que el registro de electores es sano, como ha quedado evidenciado en los últimos 5 comicios nacionales. El cierre de inscripciones para votar en mayo próximo está programado para el 16 de enero.

En algo en que se ha avanzado es en acuerdos con los partidos sobre el diseño de las boletas y las actas electorales, éstas últimas son tradicionalmente el factor básico de retraso en los cómputos

El calendario electoral

Según el calendario establecido por la JCE, las fechas más relevantes son las siguientes:

28 de noviembre: Inicio del entrenamiento del personal para la transmisión del cómputo electoral.

30 de noviembre: conclusión de la designación de los miembros de las juntas electorales.

16 de diciembre: cierre de los servicios de cedulación y de cambios de residencia con fines electorales.

16 de enero: Cierre de inscripciones en el registro electoral (120 días antes de los comicios, según la Ley Electoral)

31 de enero: fecha límite para entrega a los partidos de la base de datos del registro electoral y los programas a utilizarse en el cómputo.

16 de febrero: límite para publicar la proclama electoral que abre la campaña proselitista (90 días antes de los comicios)

2 de marzo: vence el plazo para depositar las propuestas de alianzas, fusiones o coaliciones (75 días antes de los comicios)

15 de marzo: inicio de la impresión del padrón electoral

17 de marzo: límite para comunicar a los partidos las decisiones sobre alianzas, fusiones y coaliciones y para la presentación de candidaturas y de la relación de ingresos y gastos de los partidos. (60 días antes de los comicios, según la ley.)

23 de marzo: emisión de las resoluciones sobre las candidaturas y comunicación a los partidos políticos y juntas electorales.

30 de marzo: inicio de la impresión de boletas y actas electorales.

16 de abril: límite para publicar la ubicación de los colegios electorales.

1 de mayo: fecha límite para el nombramiento del personal de los colegios electorales.

14 de mayo: límite para instruir el personal de los colegios electorales. Cierre de la campaña proselitista.-

 

El duro negocio de las alianzas

Por Juan Bolívar Díaz

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En un contexto de campaña electoral adelantada, los tres partidos mayoritarios se han envuelto prematuramente en un frenesí de negociaciones en búsqueda de alianzas para los comicios legislativos y municipales de mayo próximo.

La clave de las negociaciones están en manos del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que negocia al mismo tiempo con los otros dos mayoritarios, al mejor postor y muestra impúdicamente sus dificultades para recuperar terreno perdido y volver a ser opción de poder.

Si es por quien puede ofrecer más, los reformistas podrán sacar mayores ventajas negociando con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que tiene más que ofrecer al controlar el gobierno central, pero estratégicamente remarcan el camino hacia su disolución como fuerza política de primer nivel.

Decisión precipitada

Aun a más de seis meses para las elecciones congresionales y municipales, es evidente que los partidos mayoritarios se han precipitado en un frenesí de negociaciones para alianzas guardando relación con una intensa lucha por las candidaturas que lleva ya meses al interior de esas organizaciones.

El artículo 62 de la Ley Electoral establece un plazo para el registro de alianzas electorales que vence a más tardar 75 días antes de las elecciones, es decir hasta el 28 de febrero, para lo que todavía faltan 80 días.

Las negociaciones, iniciadas a partir de una reunión efectuada entre perredeístas y reformistas a comienzo de octubre pasado, han sido precipitadas por el también temprano proceso de selección de candidatos, ya iniciado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y fijado para diciembre por el PLD y para enero por el PRSC.

Muchos no entienden qué necesidad tienen los partidos de iniciar tan temprano la campaña electoral para los cargos legislativos y municipales, adelantándose tanto a la proclama de la campaña electoral que según la ley debe dictarse a más tardar 90 días antes de los comicios, en este caso el 16 de febrero. Los partidos tienen hasta el 15 de marzo para inscribir sus candidatos, según el artículo 70 de la Ley Electoral que lo establece a más tardar 60 días antes de cada elección.

Hasta el momento son dos las reuniones formales que han sostenido los reformistas con los perredeístas, la última de las cuales fue el lunes 7 de noviembre. Han tenido una con el PLD habiéndose anunciado otra para los próximos días, aunque el jueves se anunció que las negociaciones quedan en suspenso. Aparte se cuentan los contactos informales efectuados entre dirigentes políticos.

Las negociaciones han involucrado las cúpulas directivas de los tres partidos mayoritarios, incluyendo al presidente de la República y líder del PLD, doctor Leonel Fernández. Peledeístas y perredeístas aparecen dispuestos a “cualquier sacrificio” para conseguir un pacto con el PRSC que les permita una mejor perspectiva de controlar el poder legislativo y el municipal. Para ambos partidos puede ser decisivo aún el 8 por ciento de los votos que obtuvo el reformismo en las elecciones del 2004, que puede ser mayor en el plano provincial y municipal.

En las últimas elecciones congresionales y municipales, las del 2002, el PRSC ocupó el segundo lugar, habiendo ganado en 2 provincias y 11 municipios. El PLD sólo ganó en el Distrito Nacional y en 7 municipios. El PRD se alzó con una mayoría apabullante al obtener mayoría de votos en 29 provincias y 104 municipios. El Partido Revolucionario Independiente (PRI) fue el cuarto ganador, en 3 municipios.

Sorpresiva suspensión

Este jueves cuando se esperaba una nueva reunión de los dirigentes reformistas con los peledeístas, el presidente del PRSC, ingeniero Federico Antún, sorprendió anunciando que las negociaciones “quedaron en suspenso, por el momento” para discutir con la dirección nacional el camino a seguir en relación a la participación electoral.

Al parecer los líderes del partido colorado decidieron transitar el camino institucional, acogiendo reclamos como el del ingeniero Guillermo Caram, quien estima que el Directorio Nacional es el organismo que debe decidir las líneas políticas y las estrategias electorales, por lo que había solicitado su convocatoria.

Caram, partidario de que el PRSC trille su propio camino, se había quejado de que las negociaciones para alianza habían sustituido el mecanismo instituido por los estatutos del partido para escoger sus candidatos que es la elección primaria, para lo cual se han inscrito cientos de candidatos a nivel nacional.

Otros partidarios públicos de la participación “para reafirmar el partido” y abandonar el papel de comodín, son el excandidato presidencial Eduardo Estrella, Luis Toral y Berlarminio Ramírez.

Esta semana emergió en Santiago la “Corriente Reformista No a las Negociaciones”, ni con el PLD ni con el PRD, reclamando “apoyo militante a las candidaturas propias”, presidida por Conrado Asencio y Jorge Coronado, la cual envió una carta a Quique Antún pidiendo rectificar el camino.

Con más de dos meses por delante para negociar, la máxima dirección reformista hace bien en consultar a la directiva nacional. En cualquier caso para que pueda darse una alianza con otro de los partidos mayoritarios tendrá que mediar la renuncia de una parte de los aspirantes de cada una de las organizaciones involucradas. El que ya hayan sido escogidos hace más difícil los pactos, pero no imposible. Por demás, tanto en el PRD como en el PLD podrían hacer reservas de candidaturas para cuando esté maduro el tiempo para una negociación final con el PRSC.

En la dirección colorada son muchos los que estiman que el partido no está en condiciones de irse solo a los comicios porque podría exponerse a quedar en peores condiciones que en los comicios del 2002, celebrados cuando todavía Balaguer vivía, aunque estaba virtualmente en agonía. Falleció dos meses después.

Hay quienes creen, como la doctora Licelotte Marte de Barrios, que ninguno de los tres mayoritarios puede darse el lujo de despreciar la posibilidad de una sumatoria de fuerzas por lo menos en las jurisdicciones en que son débiles, que todos las tienen. Ella rechaza que su partido haya sido bisagra, argumentando que sólo pactó en 1996 “por razones patrióticas”, lo cual es cierto, pero se desgastó en infructíferas negociaciones y diversidad de corrientes que favorecían los pactos para los comicios del 1998, 2000, 2002 y 2004.

El dilema: ¿PLD o PRD?

Si decide, como se espera, volver a las negociaciones el PRSC tendrá que afrontar el dilema de si se alía al partido de gobierno o al de oposición. Aunque podría optar por dejar que sea en cada provincia que decidan con quién se juntan. Caram cree que en unos lugares favorecerán la alianza con el PLD y en otros con el PRD, de acuerdo a las conveniencias locales. Hay quienes preferirán irse solos.

En lo inmediato parece claro que el partido morado está en condiciones de ofertar más. Se afirma que ofrecería la mitad de las candidaturas a senadores y regidores y por lo menos un tercio de las de diputados. Se ha llegado a hablar de 16, 90 y 60.

El PLD tendría más facilidad para desprenderse de esas candidaturas, pues tiene el poder para ofrecer cargos de compensaciones a quienes queden insatisfechos. Por demás, entre sus dirigentes hay más conciencia de corporación que en el perredeísmo.

Estratégicamente, para el gobierno peledeísta es fundamental despojar al PRD del control de las cámaras legislativas, especialmente del Senado, y de una buena parte del dominio municipal, lo que contribuiría al debilitamiento del partido blanco y en consecuencia abriría mayores perspectivas para un largo reinado morado en el poder.

Claro que por las mismas razones los perredeístas tratan de sumar sus fuerzas con el reformismo, no sólo buscando mantener su fuerza congresional y municipal sino especialmente para debilitar al PLD y abrirse posibilidades de retorno al poder.

La alianza PRSC-PLD es estratégicamente más peligrosa para los colorados, porque el partido morado ha crecido a su costa, atrayéndose parte de sus militantes, desde el Frente Patriótico de 1996 hasta ahora. Ambos tienden a ocupar el mismo espacio social e ideológico. Justamente esa alianza tropieza con el hecho de que la última fragmentación del reformismo está precisamente aliada al PLD. Coincidir con éstos le resta fuerza moral a los dirigentes salidos de la renovación directiva de este año.

En cualquier caso la alianza tendería a reafirmar al PRSC como tercer partido, como la bisagra del sistema electoral dominicano. Pero un poco más si es con el PLD. Una alianza de oposición siempre es más digerible. Juntarse con el que está en el gobierno resta fuerza para reclamar sustituir a quienes ejercen el poder.

La experiencia de 1996 no abona mucho las simpatías por la alianza colorado-morada, porque los primeros creen que los peledeístas “fueron ingratos”, que “comieron solos” y además pescaron en sus aguas, atrayéndose parte de sus cuadros y militantes.

Pero con el PRD habrá mucho más dificultades para conseguir una buena tajada del pastel congresional y municipal, que satisfaga las expectativas de dirigentes y militantes, muchos de los cuales no están acostumbrados a tan prolongada ausencia del poder. Hay quienes creen que la supervivencia del partido colorado pasa necesariamente por una buena cuota del poder, y eso sólo lo garantiza el que está en el gobierno, donde hay muchas otras formas de premiar o compensar, incluyendo cargos, compras y contratas.

No hay dudas de que el proceso pone en juego el futuro del Partido Reformista, incluyendo riesgos de nuevos fraccionamientos, por disensión sobre las negociaciones. Todo dependerá del nivel en que se encuentre la fe en la organización y el propio aprecio de sus posibilidades de recuperación. Los que tienen bajos esos dos ingredientes favorecerán la alianza y con el que más ofrezca.

Finalmente, para los que desconocen el sistema electoral, hay que recordar que las candidaturas congresionales y municipales son indivisibles. Es decir que se vota por el senador y los diputados de un mismo partido, lo mismo que por el síndico y los regidores. Eso y el voto preferencial hacen más difícil las alianzas.-

 

¿Haitianos, dominicanos ó domínico-haitianos?

Por Juan Bolívar Díaz

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la nacionalidad a todo nacido en el país hasta que se elimine el jus solis de la Constitución                                          

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (La Corte) emitida la semana pasada reconoce la nacionalidad dominicana a todo el que nace en el territorio nacional y rechaza el criterio de “en tránsito” que se viene aplicando en los últimos años para negarla a los descendientes de haitianos.

El dictamen tiene como base la Constitución nacional, que tendría que ser modificada para eliminar su artículo 11 que reconoce como dominicanas “Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática, o los que estén de tránsito en él”

En cualquier caso, por provenir del más alto tribunal de las Américas, integrado por cinco destacados juristas, la sentencia debería ser analizada fríamente sin los prejuicios ni emociones con que ha reaccionado la generalidad de la opinión pública nacional.

Origen del conflicto

El proceso se inicia el 28 de octubre de 1998 cuando el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA) presenta una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (La Comisión) por la negativa de las autoridades dominicanas a emitir actas de nacimiento a las niñas Violeta Bosico Cofi y Dilcia Oliven Yean, nacidas en Sabana Grande Boyá en 1985 y 1998 respectivamente.

Ambas niñas eran hijas de mujeres dominicanas, con sus respectivas cédulas, y de padres haitianos. Se criaban con sus madres, pues los padres se habían desentendido de ellas. La mamá de Violeta, Tiramen Bosico Cofi, había nacido el 24 de octubre de 1956 en el batey Las Charcas de Sabana Grande de Boyá. La de Dilcia, Leonidas Oliven Yean, es nativa del batey Enriquillo, del mismo Sabana Grande de Boyá.

Las dos mujeres descendían de haitianos, lo que en sus casos no les impidió obtener su documentación como dominicanas. La mayor, Tiramen, ya tenía 6 hijos, a 3 de los cuales, Teresa, Heriberto y Rudelania, se les había expedido actas de nacimiento.

La denuncia del MUDA fue sustentada por el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, con sede en Washington y Costa Rica, por la International Human Rigths y la Escuela de Leyes de la Universidad de Berkeley, California.

En julio de 1999 La Comisión abrió el caso, tramitando la denuncia ante el Estado dominicano y solicitando información. En agosto pidió medidas cautelares a favor de las niñas. En noviembre se puso a disposición de las partes para buscar una solución amistosa. Los demandantes la favorecen, pero El Estado alega que estos no han agotado los recursos internos y que la ley les impide acoger la solicitud de las niñas.

En mayo del 2000 los demandantes comunican a La Comisión que habían agotado los recursos internos. En Junio El Estado replica que deben acudir a los tribunales ordinarios. En febrero del 2001 La Comisión declara el caso admisible. El 17 de abril los demandantes comunican que ya no tienen interés en solución amistosa y piden conocer el fondo de su demanda. El 24 de agosto La Comisión sesiona en Santo Domingo buscando solución amistosa. El 27 decide convocar audiencia sobre el fondo de la demanda. El 1 de octubre El Estado comunica a La Comisión que había decidido acogerse a la solución amistosa por lo que el 25 de septiembre del 2001 emitió actas de nacimientos a las dos niñas.

El 15 de noviembre del 2001 y el 6 de marzo del 2003 La Comisión sesionó conociendo el fondo del caso. Concluyó con 6 demandas al Estado para que establezca “requisitos razonables y no impongan cargas excesivas ni discriminatorias a fin de facilitar el registro de los niños domínico-haitianos…” También recursos sencillos, rápidos y económicos para las personas que carezcan de actas de nacimiento, y adoptar medidas para que esas situaciones no vuelvan a repetirse.

El 11 de marzo del 2003 La Comisión dio un plazo de 2 meses al Estado para que respondiera sobre sus demandas, y luego una prórroga. El 5 de junio y 3 de julio El Estado respondió negando que hubiese violado la Convención Americana de Derechos Humanos. Alegó que el pasaporte podría ser un documento de identificación para la declaración tardía de nacimiento y anexó un proyecto de ley que facilitaría el procedimiento del registro civil.

Finalmente el 11 de julio del 2003 La Comisión decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre ese mes y marzo del 2005 se agotó el proceso de documentaciones. El Estado tuvo un revés al designar para “juez adhoc” a su embajadora en Costa Rica Rhadys Abreu de Polanco, la que fue objetado por los demandantes. La Corte aceptó el veto considerando incompatibles las funciones. Las audiencias públicas se produjeron el 14 y 15 de marzo del 2005 y hasta septiembre recibió documentos de las partes. La sentencia fue emitida el 8 de septiembre y hecha pública el 7 de octubre.

Resumen del dictamen

La condena al pago de 8 mil dólares de indemnización a cada una de las niñas y de 6 mil dólares para compensar los gastos de MUDA es intrascendente. Lo relevante es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictaminara que el Estado ha violado los derechos de las dos niñas y estableciera jurisprudencia sobre el derecho a la nacionalidad de todos los nacidos en territorio dominicano, al margen del estatus migratorio de sus padres.

Además de la Constitución de la República, La Corte se basó en el artículo 9 del Código Civil que también confiere la nacionalidad a todos los nacidos en el territorio nacional, “cualquiera que sea la nacionalidad de sus padres”, excepto diplomáticos.

También se fundamenta en la sentencia 453 de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 16 de octubre del 2003, que ratificó el principio constitucional y el mandato del código civil. Aparte de los mandatos de numerosos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En el número 174 de la sentencia “La Corte encuentra que por razones discriminatorias y contrarias a la normativa interna pertinente, el Estado dejó de otorgar la nacionalidad a las niñas, lo que constituyó una privación arbitraria de su nacionalidad, y las dejó apartidas por más de cuatro años y cuatro meses en violación de los artículos 20 y 24 de la Convención Americana…”

En el párrafo 156 considera que “el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir, de ninguna forma, una justificación para privarla del derecho a la nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos”. Luego plantea que “el estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos” y que “la condición de nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad…”

Se refiere también al alegato que equipara como persona en tránsito a los inmigrantes haitianos. Cita el propio Reglamento de Migración de la República Dominicana Número 279 de 1939 que fija un máximo de 10 días para considerar transeúnte por el territorio nacional a un extranjero. “La Corte observa que, para considerar a una persona como transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un límite temporal razonable, y ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no puede ser equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito”.

La sentencia remata diciendo en su número 158 que “no cabría bajo ninguna circunstancia que el Estado hubiese aplicado a las niñas Yean y Bosico la excepción referente a los hijos de una persona en tránsito, ya que las madres de las dos presuntas víctimas son dominicanas y las niñas nacieron en la República Dominicana, esta última siendo la condición establecida en el artículo 11 de la Constitución para el otorgamiento de la nacionalidad dominicana.”

Finalmente la Corte se hace eco de la recomendación del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas a la República Dominicana para que asegure “la inscripción inmediata del nacimiento de todos los niños”, por lo que en el párrafo 241 recomiendo que el Estado adopte “las medidas necesarias y permanentes que faciliten la inscripción temprana y oportuna de los menores, independientemente de su ascendencia y origen, con el propósito de reducir el número de personas que recurran al trámite de inscripción tardía de nacimiento”.

Reacciones emotivas

Llama la atención que la generalidad de las reacciones dominicanas ante la sentencia han sido emotivas. En la mayoría de los casos sin haber leído el dictamen de 90 páginas a renglón seguido. Sin que hayan faltado quienes ignoren que el Estado dominicano es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos y reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999, lo que implica que sus sentencias lo obligan.

Las reacciones asumen que La Corte actuó con ligereza, desconociendo que está integrada por cinco eminentes juristas de diferentes naciones del continente y que para ser juez de la misma se requiere una larga experiencia y fuerte reputación profesional, ética y moral e ignorando las causas reales de la condena.

Aunque “declara categóricamente que son inaceptables las motivaciones que se usaron como base para la demanda la reacción del gobierno dominicano, emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 11 de octubre, y pese a que niega los cargos, se cuida de no desafiar la sentencia.

Después de este dictamen emitido por la “suprema de supremas cortes americanas” habrá que reformar la Constitución para eliminar el principio del “jus solis” si se quiere seguir negando la nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en el país, lo que no podrá ser retroactivo. El mismo abre una nueva etapa en la que tendrá que superarse el problema de millares de niños, adolescentes y hasta adultos que están indocumentados porque se les ha regateado la nacionalidad dominicana.

Sin eso y de persistir esa política seguramente que habrá una lluvia de demandas contra el Estado en los próximos años, lo que se traducirá en la generalización de la convicción internacional de que los prejuicios antihaitianos están por encima de las propias normas dominicanas.-

Tensión con haitianos en su peor momento

Por Juan Bolívar Díaz

En ámbitos internacionales y de derechos humanos estiman urgente un esfuerzo para contener el deterioro de las relaciones domínico-haitianas, mientras se espera una condena al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

             Los asesinatos en los últimos meses de por lo menos una docena de haitianos, en su mayoría con saña y alevosía, deportaciones masivas y un ambiente de persecución que invade hasta los medios de comunicación indican un preocupante deterioro de la convivencia entre las dos naciones que comparten la isla.

            Tanto en Haití como en ámbitos internacionales se expresan preocupación y denuncias que hieren la hipersensibilidad dominicana, lo que ha provocado esta semana una llamada para consultas al embajador en Puerto Príncipe, mientras se espera una condena al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

            Más que alarmarse por una realidad reflejada en los periódicos dominicanos, las autoridades nacionales deben reactivar las negociaciones bilaterales y abocarse a buscar soluciones de fondo a partir de la puesta en vigencia del Consejo Nacional de Migración que según la ley establecería un Plan Nacional de Regularización Migratoria.

Creciente deterioro 

            A partir del 9 de mayo, cuando la comerciante dominicana Maritza Núñez fue muerta y su esposo Domingo Luzón quedó herido durante un asalto atribuido a dos haitianos en Hatillo Palma, Montecristi, se registra lo que algunos consideran como el peor momento en las relaciones entre las dos naciones de la isla después de la matanza de 1937 dispuesta por el tirano Rafael Trujillo.

            Las tensiones en las relaciones bilaterales han sido constantes en la historia, pero generalmente se expresaba en las altas esferas políticas y en deportaciones masivas de inmigrantes haitianos indocumentados. Tales fueron los casos de la década del noventa, cuando el régimen de Joaquín Balaguer explotaba el antihaitianismo como forma de enfrentar las aspiraciones presidenciales de José Francisco Peña Gómez, mientras Jean Bertrand Aristide hacía demagogia con el trato dominicano a los trabajadores de su país.

            Pero los discursos oficiales y los prejuicios reflejados en los medios de comunicación no bajaban a los pueblos y en la región fronteriza se mantenían vigentes el intercambio comercial y hasta cierto género de solidaridad.

            Tras la agresión a la joven pareja de Hatillo Palma, en esa y otras comunidades fronterizas, desde Montecristi, por el noroeste, hasta Elías Piña en el centro y Pedernales en el suroeste se han producido actos de agresión contra inmigrantes haitianos que se han extendido a otras zonas como Santiago, Moca y hasta el extremo oriental Higuey.

            Paralelamente se registra en los medios de comunicación de las dos naciones, una creciente hostilidad y rechazos mutuos. En el caso dominicano hay expresiones típicas de xenofobia, aunque la generalidad las considera legítimas preocupaciones ante el incremento sostenido del flujo migratorio haitiano. Las denuncias reflejadas en los medios de comunicación de Puerto Príncipe son percibidos aquí como expresión de antidominicanismo o intento por desacreditar al país.

            Las tensiones han llegado tan lejos que activistas defensores de los derechos humanos, incluyendo a sacerdotes encargados de la pastoral católica para los inmigrantes, como Pedro Riquoy y Christopher Hartley, han sido amenazados y considerados enemigos de la nación, llegándose a pedir su deportación.

            Recientemente, hasta dirigentes sociales haitianos que han trabajado por el entendimiento entre las dos naciones, han expresado públicas y privadas preocupaciones por las tensiones, sin que en los altos niveles se advierta un interés por contenerlas.

Barbaridades a la vista

            En los periódicos dominicanos hay registros de los asesinatos de por lo menos 16 haitianos tras la muerte de la dominicana Núñez en Hatillo Palma. Los de Olaní Pie y Vitelio Charles, por una turba de esa misma comunidad, y la de Solano Pie y Pitel Chele en una finca de Villa Vásquez, pueden tener explicación en una irracional venganza. Aunque de ninguna forma pueden justificarse los asesinatos, y menos el del pastor adventista Charles, quien tenía más de 20 años ejerciendo su ministerio y era conocido y estimado en la comunidad.

              Diario libre informó que el 12 de mayo fueron hallados baleados los cadáveres de dos haitianos en la carretera Santiago-Tamboril. El Nacional del 23 de mayo cuenta la muerte a palos y cuchilladas de los hermanos Lilian y Ana Luz Pierre, en la avenida Manolo Tavárez de Puerto Plata; el mismo diario informa el 30 de Junio la muerte de Daniel Pie en Comendador, Elías Piña. Otros dos cadáveres, sin documentación pero de facciones haitianas, fueron encontrados debajo de un puente en Jamao al Norte, provincia Espaillat el 27 de septiembre.

            Los casos más bárbaros fueron la quema de tres jóvenes haitianos en plena capital, sector Mirador Oeste, en la madrugada del 16 de agosto; el de Jean Claude Dot, a quien le cercenaron la cabeza mientras dejaban herida a su esposa Vilna, con 5 meses de embarazo, en la finca de Luciano Matos en Los Arroyos, Pedernales; y el una niña haitiana de 7 años, violada y descuartizada en la finca arrocera de Juan María Genao, en Jicomé, Esperanza. Daniel Pie

            El más relevante e impactante fue el triple asesinato de los jóvenes Pablo Marcos, Willie Pie y Gilbert Dominique, de 19, 20 y 22 años de edad, rociados con amoníaco y quemados. Murieron entre 4 y 7 días después tras terrible agonía en un hospital capitalino. Un cuarto, que logró escapar a la atrocidad, Bernius Pierre, testimonió que entre sus agresores había uno vestido de policía y con arma de fuego.

            Lo peor es que las autoridades dominicanas no se inmutaron hasta que el gobierno haitiano protestó el hecho. Fue el 25 de agosto cuando el Jefe de la Policía designó una comisión para investigar esa barbarie, y hasta la fecha nada se ha informado al respecto. El caso tuvo mucha difusión internacional, dañando la imagen del país.

Una inminente condena  

            Con esa cadena de asesinatos, más deportaciones masivas e indiscriminadas que alcanzaron a unos 53 dominicanos en mayo, y la admisión por el propio Presidente Leonel Fernández el 23 de junio, de que las repatriaciones de haitianos se hacían “en forma abusiva e inhumana”, no hay por qué sorprenderse de las denuncias internacionales.

            Una colección de titulares de periódicos dominicano sustentan las denuncias de abusos: Arrasan casuchas haitianos en Hatillo (El Nacional 11 de mayo); Repatriación lleva caos a familias (HOY, 18 de mayo); Arrestan y desvalijan haitianos (HOY, 26 de mayo); queman viviendas haitianos, hieren varios (HOY, 5 de agosto); Dominicanos hieren haitiano en Jaibón (Diario Libre, 8 de agosto); Xenofobia en barrios de la Ciudad Corazón (El Caribe, 17 de junio); Fadul: Gobierno trata de deshaitianizar el país (Listín Diario, 11 de Junio); Dominicanas se sienten expulsadas ”ilegales” El Caribe, 18 de mayo) Sobreviviente narra cómo quemaron haitianos (El Nacional, 25 de agosto).

            Nadie ha dado una cifra de los deportados en los últimos meses, pero se cuentan por millares. En un documento del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas y del Comité Dominicano de Derechos Humanos, se citan declaraciones del director de Migración, Carlos Almarante Baret, recogidas por HOY y Listín Diario, del 20 y 22 de abril, donde afirma que en su gestión habían expulsado más de 15 mil haitianos. En 8 meses que llevaba en el cargo, eso implicaba casi 2 mil mensuales y 62 por día.

            En cualquier parte que se publiquen informaciones como esas, se produce escándalo con repercusiones internacionales. Sólo hay que recordar la difusión que tuvo la muerte de la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez en España a finales del siglo pasado. Hace cuatro meses cuando un inmigrante dominicano mató a un ciudadano español, en Madrid, y jóvenes madrileños comenzaron a perseguir dominicanos, las autoridades intervinieron enérgicamente para contener las venganzas.

            El escenario internacional podría tornarse más adverso en los próximos días cuando se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita sentencia en relación al caso de dos niñas nacidas en el país de ascendencia haitiana a las cuales se les ha negado la inscripción de nacimiento.

            Se da por hecho que la Corte ratificará el dictamen de primer grado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizó al Estado dominicano por violación de los derechos de las niñas. La sentencia sería ya inapelable y obligatoria por cuanto el país es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana el 25 de marzo de 1999, justamente en el anterior gobierno del presidente Fernández.

Urge rectificar el rumbo

            Ante los informes de crecientes denuncias de malos tratos a haitianos, el gobierno llamó para consultas al embajador en Puerto príncipe, el economista José Serrulle. Fuentes bien informadas aseguran que no hay alarma en la cancillería dominicana y que las relaciones con las autoridades haitianas se mantienen en buenos niveles, pese a las tensiones, incluyendo las directas del canciller Carlos Morales Troncoso con el primer ministro haitiano Gerard Latourtue.

            El departamento de Relaciones con Haití lo dirige el embajador Inocencio García, quien fue ministro consejero de la embajada en Haití entre 1996 y 2000 y tiene buenas relaciones con autoridades de la vecina nación y es un funcionario que no se deja dominar por pasiones.

            Dirigentes sociales dominicanos que siguen la situación estiman que el gobierno tiene que cambiar el rumbo y buscarse soluciones de fondo a partir de la reactivación de las negociaciones en la Comisión Bilateral instituida en la anterior gestión del presidente Fernández y puesta en vigencia del Consejo Nacional de Migración, llamado a establecer una política nacional y un Plan Nacional de Regularización Migratoria, según la ley 285-04 del 15 de agosto del 2004.      

            El Consejo fue convocado por primera vez en julio pasado, sin que haya trascendido si está activo. Debería presentar el Plan de Regularización en un plazo de 90 días. Su Reglamento debió dictarse en un plazo de 180 días a partir de la promulgación de la ley, mismo que venció en febrero.

            Lo indiscutible es que urge pasar a las negociaciones y regulaciones migratorias, para ordenar las deportaciones y evitar tensiones que de seguir en incremento pueden originar situaciones indeseables para la imagen del país. En otras palabras, cambiar el discurso agresivo por las políticas racionales.-