Por Juan Bolívar Díaz

La celebración el pasado domingo de un encuentro de dirigentes reformistas convocado por el grupo disidente aliado al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) parece iniciar un proceso que conduciría a la definitiva fragmentación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

El denominado Consejo Presidencial Reformista, liderado por el actual canciller Carlos Morales Troncoso, acaba de lanzar una “Jornada Nacional de Rescate” del partido colorado, que culminaría en mayo próximo con una asamblea para elegir dirigentes, previa reforma de los estatutos entre marzo y abril.

La decisión ignora que los organismos oficiales del partido están embarcados en la primera etapa de un proceso reorganizativo, llamado a culminar en una Asamblea Nacional hasta ahora programada para marzo próximo, que también estará precedida de una reforma estatutaria.

DISIDENCIA REACTIVADA

El grupo disidente surgido de la convención que escogió candidato presidencial el 30 de marzo del 2003, y que se alió al PLD en las elecciones de mayo pasado, lanzó una ofensiva encaminada a controlar el PRSC durante un encuentro de dirigentes el domingo 12.

Allí se inició un proceso para realizar una Asamblea Nacional, paralelo al que desde hace varias semanas ejecuta la dirección oficial del partido, bajo la presidencia del ingeniero Federico Antún Batlle.

Presidido por el ingeniero Morales Troncoso, este grupo estableció un programa que se iniciaría el 14 de enero, hasta el 29 del mismo mes, cuando 9 comisiones viajarían por todo el país “para reorganizar las 149 comisiones municipales provisionales que se encargarán de evaluar y organizar los subdirectorios de cada jurisdicción”.

Del 30 de enero hasta el 10 de marzo juramentarían las comisiones municipales. Entre el 10 de marzo y 10 de mayo escogerían delegados para la Asamblea Nacional a celebrarse el 15 de mayo, la que incluirá una revisión de los estatutos.

El programa anunciado por el Consejo Presidencial Reformista es un desafío al proceso reorganizativo que desde hace tres meses encamina la dirección oficial del partido colorado, representada en Quique Antún, quien asumió la presidencia en una reunión del Directorio Central Ejecutivo tras la renuncia del doctor Rafael Bello Andino.

Desde principios de octubre el PRSC comenzó la primera etapa para una Asamblea Nacional, procediendo a la reorganización de los subdirectorios de todo el país, lo que debería culminar en enero. Para febrero tienen programadas asambleas municipales y provinciales y en marzo la Asamblea Nacional.

Según ha informado Antún, los organismos del partido tratan de consensuar los términos de una reforma estatutaria. Se baraja la institución del voto popular de los reformistas organizados en los subdirectorios para elegir presidente, dos vicepresidentes, secretario general y secretario de organización.

También se contempla que el Directorio Central Ejecutivo incluya representantes de todos los municipios, y elevar de 50 a 150 los integrantes de la Comisión Ejecutiva con representación de todas las provincias, los cuales, a su vez, escogerían una comisión política de 17 miembros.

La dirección del PRSC no solo encamina el proceso reorganizativo, sino que también ha reactivado los diversos organismos del partido. Se propone reactivar su Instituto de formación Política, con apoyo de sus aliados internacionales, de lo que se ha encargado al licenciado Joaquín Ricardo.

Al cumplirse los primeros 100 días del gobierno peledeista, en noviembre pasado, la Comisión Ejecutiva que encabeza Antún, junto al secretario político Johnny Jones y el de Organización, Rogelio Genao, anunció el inicio de una política de firme oposición.

ALIADOS AL GOBIERNO

El Consejo Presidencial Reformista parecía desactivado tras la muerte de Jacinto Peynado, quien junto a Morales Troncoso, encabezó la disensión tras la elección del ingeniero Eduardo Estrella como candidato presidencial en la cuestionada elección primaria del 30 de marzo del 2003.

El pasado domingo decidió incluir entre sus dirigentes a la viuda de Peynado, doña Margarita Alvarez, así como a Amílcar Romero, Arístides Fernández Zucco y a Humberto Salazar, estos tres últimos secretario de Agricultura, presidente de la Refinería de Petróleo y asesor médico del Presidente Leonel Fernández.

Además de Morales Troncoso, quien es el secretario de Relaciones Exteriores, en el grupo hay otros funcionarios del gobierno como Jesús Musa, asesor en Infraestructura, con rango de secretario de Estado, la directora del Instituto Postal, Leonor Zacarías, Leonardo Matos Berrido, presidente del Banco Nacional de la Vivienda, y Marino Beriguete, subsecretario de Cultura.

Es notable la representación de esa fracción reformista en el gobierno. En la historia de las alianzas electorales de las últimas 4 décadas ningún partido había tenido tan amplia participación en un gobierno, tres con rango de secretarios de Estado, dos de ellos claves como el canciller y el secretario de Agricultura. Aunque Romero propiamente nunca fue dirigente del partido, pero desempeñó el mismo cargo en el último gobierno de Joaquín Balaguer. Su militancia en el reformismo quedó bajo interrogantes cuando aceptó la candidatura vicepresidencial del PLD, en la fórmula con Danilo Medina en el 2000.

El grupo disidente pareció reducirse desde la grave enfermedad que cobró la vida de Peynado. No obstante logró esa amplia representación en el gobierno, además de la designación de muchos de sus seguidores en cargos diplomáticos y de los diversos organismos de la administración pública, especialmente en los que ellos mismos dirigen.

La estrategia del Consejo Presidencial es hacerse con el control del PRSC lanzando una nueva alianza con el PLD para las elecciones legislativas y municipales del 2006 que ya fue planteada en el encuentro del domingo pasado.

Sobre esa base confían en atraerse a muchos dirigentes reformistas, especialmente de las provincias, que aspiran a senadores, diputados, síndicos y regidores. La oferta es simple: dividido el partido y solos no consiguen nada, junto al partido de gobierno habría posiciones.

CAMINO A LA DIVISIÓN

En esa perspectiva el PRSC se encamina a consagrar la división justamente para marzo próximo, cuando cumplirá dos años de luchas internas y desgarramientos que redujeron su caudal electoral en los comicios de mayo pasado, cuando apenas computó el 8 por ciento de los votos, la tercera parte del 24 por ciento que obtuvo en el 2000, y la cuota más pírrica en sus 4 décadas de existencia.

El grupo que encabeza Morales Troncoso es sólo una fracción del partido colorado. En los organismos oficiales, reconocidos por la Junta Central Electoral, permanecen la mayor parte de sus dirigentes. No hay ninguna encuesta o medida alguna que permita saber con certeza qué porcentaje de la militancia retendría cada sector.

Del lado de los disidentes están las ventajas del poder, aunque el financiamiento público a los partidos se entrega al organismo presidido por Quique Antún. La inmediatez del poder es también ventajosa, especialmente frente a una militancia que como la reformista, está acostumbrada a recibir parte de sus beneficios.

Desde luego que la cercanía del gobierno favorecerá al grupo del Consejo Presidencial en la medida en que se afiancen los éxitos del PLD y su gobierno, pero lo mismo le afectaría la pérdida de simpatías que ocasiona el desgaste del gobierno, sobre todo en países con tantas insatisfacciones acumuladas.

La disensión reformista contaría con incentivos y apoyo peledeísta, dado el interés del partido oficial por cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional y los municipios, en los comicios del 2006, para asegurarse la gobernabilidad y el mantenimiento del Poder Ejecutivo dos años después. La división del PRSC y la sumatoria de dirigentes y militantes sería clave para el éxito en muchas provincias y municipios, donde las elecciones se deciden por pocos votos.

De cualquier forma, la ofensiva lanzada el domingo tiende a incrementar las luchas internas en la familia reformista y a reducir sus posibilidades como fuerza autónoma para los comicios del 2006, sobre todo en la medida en que se realicen las dos asambleas y se desate un pugilato hasta que la Junta Central Electoral decida cuál de las dos sale con su reconocimiento.

Pueden producirse giros inesperados, como ha ocurrido en el pasado reciente. Por ejemplo, tanto Quique Antún como Guillermo Caram, Angel Lockward, Rodríguez Pimentel y otros dirigentes que se mantienen en los organismos oficiales del PRSC fueron de los que junto a Peynado y Morales Troncoso cuestionaron los resultados de la primaria que originó el proceso divisionista hace casi 21 meses. Luego optaron por volver al partido y parecieron fortalecerse con la renuncia de Bello Andino.

Del incondicional asistente de Balaguer se dice que está inactivo, lo mismo que de Guaroa Liranzo, en el pasado influyente materia gris del partido, pero nadie se atreve a vaticinar qué camino podrían tomar. Aunque algunos los ubican “como siempre cerca del poder”.

Un fraccionamiento profundo, combinado con un buen desempeño gubernamental podría lanzar el sector oficial del reformismo a una alianza con el Partido Revolucionario Dominicano tras los cargos legislativos y municipales.

El sector que controla las estructuras tiene también suficiente fuerza en las diversas regiones del país como para proseguir su adelantado proceso reorganizativo de cara a la Asamblea Nacional.

Por supuesto que todavía queda la posibilidad de una reconciliación de los reformistas que quieren su partido, desean proseguir en la política y saben que es en él donde está su real fuerza. Pero por el momento las perspectivas apuntan en dirección contraria. Sigue en peligro de canibalización.-

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque recientemente logró realizar importantes reformas estatutarias, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tendría que hacer un acto colectivo de contrición y renovar su liderazgo para poder iniciar un proceso creíble de recuperación de su marchita imagen ante la sociedad dominicana.

Los resultados de la consulta a sus bases dados a conocer esta semana son devastadores para el liderazgo perredeísta, especialmente para quienes ejercieron su hegemonía tras la muerte de José Francisco Peña Gómez y tuvieron la responsabilidad del gobierno de la nación en los últimos cuatro años.

Uno de los mayores desafíos para el PRD es cómo lograr la reinserción del grupo disidente que encabeza Hatuey de Camps, que aunque no esté libre de pecado, ha quedado mejor parado ante la opinión pública por haber enfrentado el absurdo proyecto reeleccionista que originó su catástrofe electoral de mayo pasado.

RESULTADOS DEVASTADORES

Tal como se había adelantado, los resultados de la consulta a las bases del PRD sobre el desempeño de ese partido a su paso por el poder realizada a mediados de noviembre pasado, son devastadores para sus máximos dirigentes, especialmente para quienes impusieron su hegemonía en los últimos cuatro años.

Puede ser que lo más relevante de la consulta no haya sido el que más de la mitad (51%) estima que el intento reeleccionista fue la principal causa de la derrota electoral de este año, y que demande (52%) la prohibición de la reelección presidencial, sino la altísima proporción que rechaza la tremendista lucha grupal de que adolece el partido blanco.

Nada menos que dos terceras partes de los propios militantes consideran que ese partido es “revoltoso y conflictivo” y casi la misma proporción (64%) señala la lucha grupal como causa principal de haber perdido el poder. Un 49 % atribuye al intento continuista la mayor responsabilidad en la división interna, mientras el 41 por ciento estima que el presidente Hipólito Mejía gobernó para un grupo.

En otras palabras, la consulta vino a ratificar el postulado de que el PRD “se derrota a sí mismo”, levantado por Peña Gómez como causa de sus desastres electorales de 1986 y 1990. No se debe olvidar que los perredeístas consumieron los 14 meses precedentes a los comicios de este año en una desgarradora lucha interna que incluyó la expulsión sumaria del propio presidente de la organización y su grupo y dejó mal parados a muchos otros que durante meses maldijeron el intento continuista y terminaron sumándosele.

De la responsabilidad de la derrota electoral y el descrédito del partido blanco no escapan ni siquiera los siete precandidatos que se opusieron en principio a la reelección, pero resultaron absolutamente incapaces de conciliar sus ambiciones para ponerse de acuerdo en uno solo que catalizara el sentimiento anticontinuista que reflejaron las encuestas aún entre la militancia de su partido.

Más de la mitad (52%) de los 40 mil 629 perredeístas que respondieron la consulta enjuiciaron duramente el papel de sus representantes en los órganos de gobierno y dirección al indicar que no han mantenido en alto los principios, valores e intereses del partido.

Si esa es la valoración de los propios perredeístas no debe extrañar el rechazo expresado por las dos terceras parte de los que ejercieron el sufragio en las últimas elecciones presidenciales ni el descrédito que mantienen en gran parte de la opinión pública.

IMPRESCINDIBLE RENOVACIÓN

Hasta para el más superficial observador político resulta imprescindible una renovación de la dirección y el liderazgo perredeísta, como primer paso para recuperar siquiera parte del espacio perdido por el partido blanco.

El 45% de los militantes perredeístas consultados considera necesario que se produzcan cambios en la dirección partidaria. Un 54 % cree que se debe superar la precaria democracia interna del partido y un 73 % señala la modernización entre las principales prioridades.

Si los participantes en la consulta representan el sentimiento general de la militancia perredeísta tendrán una oportunidad de realizar esa renovación en la convención acordada para marzo próximo en la que mediante voto secreto y universal podrán elegir presidente, secretario general, y secretario de organización de todos los órganos partidarios. Asumiendo que los conflictos internos y ambiciones desenfrenadas no impidan su libre expresión.

No faltarán perredeístas de prestigio, como los doctores Virgilio Bello Rosa y Enmanuel Esquea dispuestos a asumir las máximas responsabilidades directivas, sin descartar los resabios y actitudes divisionistas de esos que el 41 por ciento de los consultados en noviembre estima que se creen propietarios del partido.

Pero para que puedan recuperar crédito en la opinión pública y la ciudadanía, cualquiera que aspire a la renovación tendrá que formular propuestas firmes de compromiso con la democracia interna y externa, de rescate de los principios y compromisos históricos del perredeísmo, rechazo al clientelismo y el tráfico y la corrupción.

Para poder superar sus quebrantes internos el PRD tendrá que ser sacudido. Precisa asumir la propuesta de catarsis pública que al retirarse de la vida pública formuló esta semana el presidente de Portugal Mario Soares. El viejo dirigente socialdemócrata y gran amigo del perredeísmo histórico planteó a los suyos: “Tenemos que hacer un acto de contrición colectivo. No para flagelarnos, sino para separar el trigo de la paja y a los corruptos de quienes no lo son, y a quienes sirven al Estado de los que se sirven del ejercicio de funcionarios del Estado para fines propios”.

Desde luego, nadie cree que al perredeísmo le pueda resultar fácil esa catarsis pública ni liberarse de muchas de las lacras que cultivó en el gobierno. También le resultará muy difícil recuperar el crédito en el electorado con los mismos aspirantes a la presidencia de la nación, por más que renuncie a la reelección y recupere los principios programáticos ni aún cuando adopte el “peñagomismo como pensamiento ideológico”.

¿PODRÁN REUNIFICARSE?

Cada día que pasa lucen más remotas las posibilidades de reunificación del PRD, no sólo porque los mayores responsables de su decadencia se niegan a la más elemental autocrítica y reconocimiento de sus graves errores, sino porque el grupo disidente que encabeza Hatuey de Camps parece convencido de que es imposible.

Su táctica parece más encaminada a acentuar el descrédito de los que mantienen el control formal del partido, enrostrándole a todos el mismo nivel de responsabilidades en la crisis, que a recuperar la unidad, sin que se vislumbre un grupo o un líder en capacidad de auspiciar el reencuentro.

A consideración de muchos en la opinión pública, Hatuey de Camps y su grupo quedaron mejor parados en el último enfrentamiento intraperredeísta por haberse mantenido en la oposición al continuismo suicida en que se embarcó el grupo hegemónico de Hipólito Mejía, pese a todos los factores, políticos y económicos, internos y nacionales que le cerraban el paso.

Pero a de Camps le enrostran el “haber secuestrado el partido”, al prescindir de sus órganos ejecutivos, como la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional, ejecutando una dirección casi individual, amparado en el temor, para nada infundado, de que el poder presidencial de Mejía se impondría a cualquier precio.

Al grupo disidente nadie le atribuye la mayoría partidaria, pero es fuerte y cuenta con importantes cuadros a nivel nacional, y por de pronto controla la simbólica “Casa Nacional” del partido blanco.

El PRD oficial podría ignorar al grupo de Hatuey de Camps, pero resultaría irónico y hasta incoherente que intente recuperar el anti-reeleccionismo que este defendió y que fue la causa eficiente de su expulsión.

Conscientes de esa tesitura fue que adoptaron la decisión de buscar un diálogo con los disidentes para reincorporarlos al partido, y más aún que algunos de los que postulan la renovación consideren fundamental la difícil reunificación.

EN LA DIRECCIÓN CORRECTA

Las resoluciones adoptadas por la convención estatutaria del 28 de noviembre se inscriben en dirección a la renovación del PRD, resumidas en prohibición de la reelección, institución del Congreso, el plebiscito y la rendición de cuentas, y del voto universal y secreto para elegir sus dirigentes en todos los organismos.

La gran prueba será la convención eleccionaria convocada para marzo próximo. Lo primero es que logren realizarla sin mayores revueltas y enfrentamientos, que puedan proscribir su persistente tendencia a la lucha grupal y el ataque mutuo. Y luego que la mayoría de la militancia se pueda manifestar sin ser influida por el clientelismo.

No se puede ignorar que el 57% de los recién consultados siguen considerando al PRD como una opción diferente, que el 68% estima su carácter democrático entre sus principales fortalezas, y el 78% reivindica su historial de lucha por la democracia dominicana.

Tampoco se debe ignorar que el perredeísmo es una expresión de la sociedad dominicana, donde las prácticas democráticas y las fortalezas institucionales son todavía incipientes y han dependido excesivamente de los líderes.

El partido blanco ha superado situaciones críticas como las que enfrenta, pero casi nunca con tanto rechazo en la colectividad nacional, como quedó manifiesto en el 33 por ciento de los votos que obtuvo en mayo pasado. Pero ahora no cuenta con un liderazgo unificador como el que representaron en el pasado el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez.-

Por Juan Bolívar Díaz

Por más vueltas que se le dé a la ley que encarga a la Junta Central Electoral (JCE) la organización de elecciones primarias mediante voto universal para seleccionar los candidatos de los partidos reconocidos a todos los cargos electivos, no hay forma de encontrarle viabilidad.

El máximo organismo electoral está compelido a convocar al liderazgo político y legislativo para exponerle claramente todas las dificultades y riesgos que entraña esa ley y la necesidad de modificarla en varios aspectos medulares, devolviendo a los partidos la responsabilidad de sus procesos electorales internos.

Expertos internacionales han revelado que la República Dominicana sería el primer país en instituir un sistema de primarias para la selección de candidaturas congresionales y municipales a cargo del organismo rector de los comicios nacionales, y a realizarse en una sola jornada con multiplicidad de partidos.

SÓLO PARA PRESIDENTE

En los escenarios en que se ha debatido a fondo la ley aprobada el 15 de agosto y promulgada en la misma fecha por el presidente Hipólito Mejía se ha concluido en que sólo es aplicable en las elecciones presidenciales, y prácticamente imposible para los niveles congresionales y municipales.

De hecho el consultor chileno Carlos Eduardo Mena, traído al país a mediados de noviembre por el movimiento cívico Participación Ciudadana con auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sostuvo que no tiene constancia de que en alguna parte del mundo se haya puesto bajo responsabilidad del organismo rector de las elecciones la selección de candidatos para los cargos legislativos y municipales.

Aunque por otro lado se dijo que Bolivia ha aprobado también una ley al respecto, pero que al igual que aquí, no se sabe cómo podría ser puesta en práctica.

Aún para escoger candidatos presidenciales en un sistema que para los últimos comicios registró 22 partidos con derecho a postular, sería una tarea muchas veces más complicada que las mismas elecciones nacionales. Demandaría un nuevo entrenamiento de quienes operan los colegios electorales.

De entrada la JCE no podría limitar el número de precandidatos, porque entrañaría la violación del derecho de cualquier militante de partido a aspirar a la candidatura presidencial. Una limitación del número conllevaría una elección pre-primaria, a no ser que se deje en manos de las cúpulas la selección de quienes irían a la competencia, lo que desnaturalizaría la intención democrática de la legislación y originaría los mismos conflictos internos que se trata de evadir al poner las primarias en manos del tribunal electoral.

Tomando como ejemplo el número de perredeístas que a mediados del año pasado aspiraban a la candidatura presidencial, que fueron por lo menos diez, y multiplicándolos por 22 partidos, la JCE tendría que realizar en una sola jornada 220 cómputos individuales para proclamar. Mientras en una elección presidencial sólo se determina un ganador, en las primarias serían 22.

La representación de tantos candidatos sería imposible en los colegios electorales, lo que aumentaría las impugnaciones. Si se hace por partido, resultaría conflictivo seleccionar uno o dos delegados que representaran a todos los aspirantes.

En principio el proyecto de ley que elaboró el Consejo Nacional de Reforma del Estado sólo instituía la obligación de las primarias para las candidaturas individuales, a la presidencia, senador y síndico. Pero en el Congreso se entusiasmaron y lo extendieron a diputados y regidores.

PREVISIBLE CAOS INSTITUCIONAL

La ley de Primarias tendría que ponerse a prueba con los comicios más difíciles, por la multiplicidad de candidatos, los congresionales y municipales del 2006, donde se ponen en juego los 32 senadores, 150 diputados, 135 síndicos y vicesíndicos y cientos de regidores.

No habría mecanismo para impedir que por cada cargo en disputa se presente una decena de aspirantes por cada uno de los partidos reconocidos, lo que implicaría millares de escrutinios individuales a nivel nacional y cientos por cada circunscripción electoral.

Las boletas serían inmanejables si se pretende recoger en una sola todas las precandidaturas, tanto como si dispone una por partido político.

En la elección congresional y municipal del 2002 hubo graves problemas de escrutinio al instituirse la circunscripción con voto preferencial para los diputados, ya que hubo errores de sumatorias en una alta proporción de las actas.

El escrutinio sería interminable, con el agravante de que la ley dispone en su artículo quinto que la proclama de los ganadores debe producirse 5 días después de celebradas las primarias. Los legisladores no previeron la posibilidad de muchas impugnaciones que deben ser conocidas por las juntas electorales municipales.

El nuevo sistema pondría también en juego las alianzas de los partidos, que tendrían que ser redefinidas en la ley electoral, o por lo menos reglamentadas.

Con tantas precandidaturas y complicaciones, todo el proceso organizativo de las primarias, la propaganda de la JCE y la logística serían más complicadas y costosas que cualquier elección nacional, implicando la erogación de cientos de millones de pesos con cargo al presupuesto nacional, adicional al ya instituido por ley en beneficio de los partidos, que es del 0.5 por ciento de los ingresos ordinarios en los años electorales y de la mitad en los demás.

Se atribuye a la Dirección General de Elecciones haber cuantificado en más de 400 millones de pesos el costo que tendría una primaria.

El doctor Roberto Rosario ha sido el juez electoral más decidido en proclamar la inviabilidad de la ley de primarias, llegando a calificarla como “una trampa que podría llevar a la JCE a un matadero” e inhabilitarla para arbitrar las elecciones del 2006. Estimó que los precandidatos podrían llegar hasta 40 ó 50 mil. Vaticina un caos institucional que pondría el país en una situación innecesaria de ingobernabilidad.

FALTA DECISIÓN EN LA JCE

La JCE está en el deber de tomar una decisión sobre la ley de Primarias, para lo cual deberá convocar a los partidos políticos. El presidente de la misma, doctor Luis Arias, dijo la semana pasada que consultarían primero a los técnicos del organismo para proceder posteriormente a convocar la jerarquía de todos lo partidos y de los legisladores.

Lo primero que procede es que el plenario de los jueces electorales adopte una posición. Se sabe que la mayoría de sus integrantes considera impracticable la ley, pero dos o tres de ellos se aferran al criterio de que tienen que aplicarla.

Luis Arias se cuenta entre los jueces que estiman imprescindible importantes modificaciones a la ley, pero aferrado al criterio institucional no ha querido expresarse públicamente.

En los niveles técnicos se estima imposible proclamar candidatos congresionales y municipales de todos los partidos en el plazo legal de 5 días. Al director general de Elecciones se le atribuye haber dicho que las primarias tendrían que hacerse en noviembre para estar seguros de que en enero hayan sido conocidas las posibles impugnaciones.

Eso conlleva un perjuicio adicional al extender la campaña electoral, en vez de reducirla como se ha planteado reiteradamente en la opinión pública. El país podría tener un año de precampaña y campaña electoral, con los costos que implica, y al final los candidatos terminarían más alienados y subordinados a los grandes financistas, lo que opera en sentido inverso a la democracia.

Nadie cuestiona la intención democrática de las elecciones primarias, que de hecho ya es el método de elección de candidatos de los partidos mayoritarios. Pasar su organización a la JCE implica una confesión de que son incapaces de practicar la democracia interna

POSICIÓN DE LOS PARTIDOS

La ley fue aprobada en el Congreso Nacional con votos provenientes de todos los partidos, aunque fueron los perredeístas los más entusiastas, creyendo que de esa forma evadirían los conflictos que suelen aquejar al partido blanco en cada elección de candidatos. El senador del PLD por el Distrito Nacional, José Tomás Pérez, se cuenta entre quienes votaron la ley y la han defendido, aferrado al criterio de que mejoraría el sistema democrático en tanto reduciría el poder de las cúpulas en las nominaciones de candidatos.

Sin embargo, los partidos no han fijado posición formal sobre la ley, lo que tendrían que hacer si son consultados por la JCE.

Los reformistas han sido los más críticos de la ley de Primarias pero, según fuentes de la JCE, no fijaron una posición definitiva durante una visita girada al organismo a comienzos de esta semana.

En el fondo de la posición de los partidos subyace el interés de elevar el financiamiento público. Al traspasar la organización de las Primarias a la JCE se economizarían su costo.

Como si eso fuera poco, varios legisladores introdujeron en la Cámara de diputados un proyecto de ley para llevar al 0.5 por ciento de los ingresos ordinarios, sea o no año de elecciones. Con un presupuesto que se acercará a los 200 mil millones de pesos el próximo año, de los cuales unos 150 mil millones serían de ingresos internos, el financiamiento a los partidos rondaría los 750 millones de pesos en el 2005.-

Por Juan Bolívar Díaz

En este comienzo de período gubernamental ha quedado más claro que nunca que 100 días son insuficientes para caracterizar un gobierno, tal vez por las difíciles circunstancias económicas y sociales en que asumió, las cuales recomiendan extender el período de gracia al menos por otro lapso de tiempo similar.

El mayor mérito que puede reivindicar el gobierno es la creación de un clima de confianza que ha permitido una importante  recuperación del valor del peso, reduciendo las expectativas inflacionarias y la desesperanza que durante los últimos 18 meses han afectado la vida de los dominicanos.

La persistencia de la crisis energética, la ofensiva contra los ayuntamientos, una reforma tributaria tan limitada que obligará a otra el año próximo, y la constitución de un “gobierno viejo” con la repetición de abundantes secretarios, subsecretarios y vicecónsules son los aspectos que más de han cuestionado al gobierno del doctor Leonel Fernández.

UN COMIENZO MUY LENTO

Una de las características que ha tenido este segundo período de gobierno del doctor Fernández Reyna es su lento inicio, habiendo llegado a los tres meses designando funcionarios. La mayoría de los embajadores aún no han sido designados lo que se atribuye en parte al retraso con que solicitaron la aprobación (agreement o placet) de los gobiernos respectivos.

Al lento arranque contribuyó el hecho de que el presidente pasó la mitad del período de transición viajando por el exterior, lo que retrasó la selección de sus funcionarios. Pero influye también el que buena parte de las energías han estado concentradas en poner parches sobre el cuerpo enfermo de la economía nacional. La reforma fiscal, que devino en simples elevaciones de impuestos, y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han acaparado la atención del presidente y sus principales colaboradores.

Durante varias semanas el gobierno puso gran parte de su atención en negociar con los sectores económicos, casi todos renuentes a nuevas cargas impositivas, hasta reducir tanto su proyecto original de reformas tributarias que ha tenido que prometer otro paquete  para junio del próximo año en el borrador de la carta de intención para un nuevo acuerdo con el FMI.

Las energías del gobierno también se vieron disipadas en parte por el huracán que devastó extensiones orientales y nordestanas del país en el primer mes de la gestión, que si bien no alcanzaron las dimensiones de San Zenón, David o George, en cualquier caso concentraron atención y obligaron a desembolsos y acciones extraordinarias.

En ambientes políticos y empresariales se ha estimado que el gobierno arrancó con  lentitud. El Partido Reformista Social Cristiano lo caracterizó esta semana como “sumido en la inercia, carente de iniciativa, de dirección propia, que viabiliza la marcha al garete o bajo contradicciones de sus instituciones y funcionarios”.

MEJORÍA DEL AMBIENTE

Como es normal tiende a ser exagerado el juicio político opositor, pero lo más relevante de estos primeros 100 días que se cumplen el miércoles 24, es que se ha generado un clima ambiental refrescante que ha permitido superar incertidumbres y desconfianzas y por lo menos ha puesto un muro de contención a la desesperanza en que se sumieron las mayorías nacionales a raíz de la crisis financiera detonada por la quiebra de tres bancos.

El valor del peso se ha recuperado en proporción considerable, obligando a una reducción de precios, aún por debajo de lo correspondiente, haciendo retroceder las expectativas inflacionarias, a pesar del importante incremento de impuestos.

Es cierto que todavía es temprano para cantar victoria en relación a la estabilidad cambiaria, especialmente después que el secretario Técnico de la Presidencia dijera imprudentemente que para fines del presupuesto del próximo año estimaban el valor del peso en 37 por dólar.

Después de haber descendido hasta 27 por dólar en la segunda semana de noviembre, el peso volvió sobre 30 en los últimos días. De cualquier forma todavía registra una revaluación de alrededor del 25 por ciento en relación a los 42 por dólar que se situaba el 16 de agosto al inicio del gobierno.

El mejor clima de confianza que ha traído el nuevo gobierno, la negociación de un acuerdo petrolero con Venezuela y la continuación de la política restrictiva del Banco Central, están entre los factores que ha puesto el régimen de Fernández en la recuperación.

Se citan también otros factores, como un superavit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, determinado por el sostenido auge del turismo y las zonas francas, el retorno de capitales, y la reducción de las importaciones petroleras y del pago de deuda externa y por efectos de la recesión económica acentuada con las reformas tributarias.

Nadie ha cuantificado todavía la dimensión del retorno de capitales, pero la que sea está determinada por el mejor clima de confianza imperante en estos tres meses. Aunque hay quienes lo atribuyen simplemente a la salida del poder del agrónomo Hipólito Mejía, cuyo discurso y ambiciones continuistas sembraron tantas incertidumbres en sus últimos meses de gobierno.

La rapidez con que el secretario de Trabajo viabilizó el acuerdo entre los organismos empresariales y sindicales para canalizar el aumento de sueldo al sector privado, es otra de las acciones a colocar en los haberes del gobierno.

LAS MAYORES CRÍTICAS

Las críticas más generalizadas al gobierno de Leonel Fernández se centran en la repetición casi calcada del equipo que lo acompañó en su gestión anterior, incluyendo a los que tienen expedientes de corrupción pendientes en la justicia.

También la abundante designación de secretarios sin cartera, subsecretarios y vicecónsules, contradiciendo el discurso presidencial inaugural del 16 de agosto pasado que prometió ceñirse a los subsecretarios orgánicos y reordenar la actividad consular. Sólo en Nueva York han sido designados 21 vicecónsules y 23 asistentes consulares. En Miami 11 y en muchas otras ciudades, especialmente de Estados Unidos, por lo menos tres.

Aunque funcionarios gubernamentales han asegurado que el gasto de personal se ha reducido en 20 por ciento, sectores de oposición lo ponen en tela de juicio. Aseguran que varias decenas de miles de empleados públicos y de instituciones autónomas cancelados, han sido relevados por dirigentes, militantes y aliados del partido de gobierno.

La presión de los peledeístas por empleos en la administración pública, que ha degenerado en incidentes en varios lugares del país, ha sido el eslabón más débil y de mayor desprestigio para el gobierno.

Hay quienes le critican también el no haber podido superar significativamente la crisis energética, ya que los apagones persisten sobre las 12  diarias. Pero era absurdo pretender que esa situación pudiera ser modificada significativamente en un centenar de días.

El gobierno ha dejado pendiente también la adopción de una serie de normas demandadas por la sociedad dominicana para reducir el tráfico de influencia y la corrupción, como las referentes a la instauración de concursos y sorteos para contratación de obras y compras del Estado.

Entre las críticas relevantes ha figurado el desbalance en las reformas tributarias, al haber claudicado en los gravámenes que se proyectaron originalmente a sectores de poder, como el turismo y los intereses a los depósitos bancarios, descargando todo el peso sobre los consumidores.

Se puede discutir si el gobierno contaba con recursos para iniciar planes sociales más ambiciosos que el tímido “Comer es Primero” que todavía para el próximo año apenas beneficiará a unas 25 mil familias pobres. Lo mismo la queja de que ha sido lento en suplir las demandas de servicios básicos como los de salud pública.

Lo que no es discutible y puede ser su mayor carga negativa más propia, es la ofensiva contra los ayuntamientos, materializada en despojo de equipos, desarme de los alcaldes pedáneos, tan viejos como la República,  y prohibición de las policías municipales.

EXTENSIÓN DE LA TREGUA

Al llegar a los cien días sin haber podido concluir el nuevo acuerdo con el FMI y cuando la recuperación económica es todavía incipiente, el interés nacional demanda una extensión de la tregua política, por lo menos por otros tres meses, a lo que no contribuye la ofensiva contra los ayuntamientos, casi todos bajo regencia del Partido Revolucionario Dominicano.

La apertura de procesos judiciales contra los responsables del Plan Renove del Transporte tenderá también a la ruptura de las hostilidades del principal partido opositor, lo que dependerá de la fortaleza de los expedientes.

No bastará con que el PRD alegue persecución política, ya que las mayorías nacionales probablemente favorezcan el procesamiento de cualquiera que haya abusado de los fondos públicos. Pero la decisión del ministerio público, dependiente del Poder Ejecutivo, incidirá en la marcha de los acontecimientos.

La proximidad de las festividades navideñas, que tradicionalmente implican una reducción del activismo político, favorece la extensión del período de gracia al nuevo gobierno, el cual será puesto a prueba con el proyecto de presupuesto en vías de concretización por parte del equipo económico gubernamental.

De cualquier forma, los vientos no soplan a favor del perredeísmo, ya que la percepción generalizada es que durante su reciente gobierno se cometieron muchos excesos en el manejo de la cosa pública, y el Plan Renove es precisamente de sus puntos más débiles, ya que las denuncias de irregularidades, tráficos y comisiones lo salpicaron consistentemente.

Si pretenden extremar su reacción, al margen de los méritos del sometimiento judicial, podrían profundizar su descrédito y pagar más por la sal que por el chivo.

Por Juan Bolívar Díaz

La Cuarta Encuesta Nacional de Cultura Política y Democracia (Demos 2004) pone al desnudo el descrédito de los partidos y la clase política dominicana en términos que ameritan una profunda reflexión de cuantos se preocupan por el devenir del proceso democrático en el país.

Aunque registra una disminución, todavía las tres cuartas partes de la población manifiesta preferencia por la democracia como sistema político, pero llama la atención que sólo un 15 por ciento se siente satisfecho con su funcionamiento, lo que deja interrogantes sobre su futuro.

La investigación, dada a conocer este jueves, también muestra el deterioro que registró el gobierno del presidente Hipólito Mejía en su última mitad, así como los altos índices de percepción de corrupción y de inseguridad y la escasa credibilidad de la población con relación al funcionamiento de la justicia y la Policía.

LOS PARTIDOS EN LA PICOTA

Si algo queda absolutamente ratificado en los resultados de la Cuarta Encuesta Demos, cuyo informe preliminar fue entregado este jueves, es que la actividad política registra índices muy preocupantes de aprobación en el país, aunque todavía un alto porcentaje de la población muestra interés por sus expresiones, especialmente en cuanto a la participación en elecciones.

No se trata de una encuesta más, sino de una profunda investigación, la cuarta del género, que abarcó 4 mil 460 entrevistas individuales, realizadas entre el 20 de enero y el 3 de marzo pasados. Las anteriores fueron efectuadas en 1994, 1997 y 2001, siempre con los auspicios de la Universidad Católica madre y Maestra, a través de su Centro Universitario de Estudios Políticos y sociales, del Centro de Estudios Sociales y Demográficos y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Para la política y los partidos, los hallazgos son devastadores. El 64 por ciento otorga poca o ninguna credibilidad a la clase política y sólo el 39 por ciento apoya al sistema político, mientras un 61 por ciento no lo apoya. Un 45 por ciento, 7 puntos más que hace tres años, considera que los partidos sólo defienden los intereses de algunos grupos o personas.

Los partidos aparecen en el último escalón en la confianza de la ciudadanía entre 14 instituciones sociales y gubernamentales, con un índice de 21.5 por ciento. Al igual que en las Demos anteriores la Iglesia Católica encabeza la confianza con un índice del 70 por ciento, aunque con 8 puntos menos que el promedio de América Latina, según las mediciones del Latinobarómetro, citadas por el Rector de la PUCMM en el acto de presentación.

En la escala de confianza le siguen los medios de comunicación, con 65.8 por ciento y las iglesias evangélicas con 50.5 por ciento. En orden descendente aparecen la Dirección de control de Drogas, la Junta Central Electoral, los militares, sindicatos, síndicos/regidores, justicia, policía, congreso y Presidente, los tres últimos con porcentajes de 33, 28 y 23 por ciento, respectivamente.

En relación a la Demos del 2001, ha decaído el interés de la población por la política, del 37 al 32 por ciento en el nivel de mucho/bastante, y del 49 subió al 54 por ciento los que muestran poco interés, mientras se mantuvo en 13 el porcentaje de los que registran ningún interés.

El desinterés por la política afecta especialmente a las mujeres. El 75 por ciento de ellas dicen no tener nada o poco interés en la política, 4 puntos más que en la anterior. El 17 por ciento, 4 puntos menos, dijeron que bastante, mientras las que tienen mucho interés se mantuvieron en 8 por ciento.

Entre los hombres el interés por la política es mayor, aunque también con porcentajes más bajos que hace 3 años. El 17 por ciento manifiesta mucho interés, tres puntos menos, en el nivel de bastante aparece el 24 por ciento, sólo 1 menos, y los que muestran poco o nada de interés suman el 59 por ciento, 5 puntos más que en la Demos 2001.

APOYO A LA DEMOCRACIA

Aunque el apoyo a la democracia cayó en un 3 por ciento en relación a la Demos 2001, todavía es alto el porcentaje de la población encuestada que prefiere la democracia como sistema de gobierno, lo que es un aliento para las perspectivas nacionales. Sin embargo sólo un 19 por ciento muestra satisfacción con el funcionamiento de la democracia, proporción que se reduce al 15 entre quienes prefieren el sistema.

En contraposición al alto porcentaje que apoya la democracia, el 69 por ciento estima que hace falta un gobierno de “mano dura” que imprima respeto a la ley, respeto general y orden.

La insatisfacción con el funcionamiento de la democracia puede estar vinculada a la creciente desconfianza en los partidos. Contradiciendo la matriculación que estos proclaman, sólo un 21 por ciento dice pertenecer a esas organizaciones o participar en sus actividades, mientras un 24 por ciento afirma que no tiene ninguna participación y el 33 por ciento asegura que solo tiene participación electoral. El 22 por ciento confiesa su participación en organizaciones e iniciativas sociales.

Sin embargo, cuando se mide la simpatía por los partidos, el panorama es más alentador, pues aunque la matrícula partidaria se mantiene en la última década en menos de un quinto de los encuestados, el informe indica que los que expresan simpatía alcanzan el 44 por ciento para “un importante conjunto poblacional de 62 por ciento de la población que mantiene lazos con los partidos”, muy superior al 46 por ciento que se registra en la región centroamericana.

Entre afiliación y simpatía el 15 por ciento de la población indica haber desertado de la actividad partidaria, en relación a 5 años atrás. Y de los que aún la mantienen un 27 por ciento dicen haber cambiado de pertenencia y simpatía, en su mayor parte en beneficio del Partido de la Liberación Dominicana, lo que se corresponde con los resultados de los comicios de este año, realizados poco después de la encuesta.

DETERIORO INSTITUCIONAL

El deterioro del gobierno del presidente Hipólito Mejía en su segunda mitad quedó de manifiesto en la Demos 2004, cuando sólo 16 por ciento estimaban que tenía buen funcionamiento, la mitad del por ciento registrado en la de hace tres años, que fue muy superior a las dos encuestas precedentes realizadas durante los gobiernos de Leonel Fernández y Joaquín Balaguer. Un 66 por ciento estimó que el gobierno funcionaba mal en el 2004, también mayor que en el 2001, 1997 y 1994.

Otro indicador de la pobre imagen del gobierno de Mejía en el 2004 es el bajo promedio de confianza, del 23 por ciento que registró, por debajo del congreso que tuvo un 28, de la Policía con 33 por ciento, la justicia 34, los síndicos 35 y los militares que registraron el 39 por ciento, encabezando esos seis organismos gubernamentales.

La Demos 2004 registró una caída en el índice de legitimidad del sistema electoral. Los que no le conferían ninguna legitimidad, pasaron del 7 por ciento en el 2001 al 16. Mientras los que le daban alta credibilidad cayeron del 42 al 19 por ciento. Estos resultados se corresponden con los cuestionamientos formulados a la Junta Central Electoral a lo largo del proceso electoral recién pasado.

Derrumbando las estimaciones de mejoramiento en la justicia dominicana durante los últimos años, la Demos 2004 registra también baja credibilidad en esa institución. Sólo un 24 por ciento considera que la justicia funciona bien o muy bien. El 48 por ciento confía en los tribunales como garantía de un juicio justo y apenas el 22 por ciento confía mucho en que el sistema castigaría al culpable de un delito, lo que tiene que ser relacionado con la impunidad predominante en el país.

Los resultados son escandalosos y ratifican la sensación general de creciente delincuencia e inseguridad en el capítulo donde se pregunta a los encuestados si se sienten menos seguros que hace cinco años. Los porcentajes suben del 42 por ciento en 1994 a 50 en 1997, a 68 en el 2001 y ahora al 75 por ciento, un ascenso de 33 puntos en la década.

La desconfianza total en la Policía Nacional que en la primera Demos marcó 36 por ciento, habiendo descendido al 31 en 1997, ascendió al 39 en 2001 y al 50 por ciento en la investigación de este año. Mientras la total desconfianza en la justicia que había caído del 36 al 31 y 30 por ciento, se elevó ahora al 47 por ciento.

UN BALANCE DESALENTADOR

El informe confirma la percepción generalizada de desbordamiento de la corrupción, encabezando a todos los países de la región centroamericana, superada solamente por México.

El balance general de la encuesta Demos 2004 es desalentador en relación a las reformas y reclamos de la última década en los cuales se ha empeñado una buena parte de las instituciones nacionales, con grandes inversiones en estudios, seminarios y proyectos.

Algunos de los avances que se habían registrado en las investigaciones anteriores de la serie, cayeron significativamente ahora, especialmente en los ámbitos de la Junta Central Electoral y de la justicia.

Reafirman una creciente distancia entre la ciudadanía, los partidos y los organismos de gobierno, especialmente los de elección popular, lo que pondría en peligro el proceso democrático en que viene empeñada la sociedad dominicana.

Tal como consideran los autores del estudio, Ramonina Brea, Isis Duarte y Mitchell Seligson, el desencanto de la política se asocia con la desaparición de una línea divisoria clara entre los partidos políticos y al abandono de la visión de la lucha política en términos de posiciones antagónicas: “el antagonista de otrora se ha convertido en un competidor cuyo lugar se trata simplemente de ocupar, sin un verdadero enfrentamiento de proyectos”.

La Demos 2004 implica grandes advertencias y desafíos para la sociedad dominicana en general y muy particularmente para sus actores políticos.-

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque son muchas las reformas políticas que se han efectuado en la República Dominicana, especialmente en los últimos doce años, todavía quedan por ejecutar algunas que son consideradas claves para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional.

Algunas de esas reformas políticas y constitucionales han sido determinantes de los avances registrados en el sistema electoral dominicano, gracias a los cuales las últimas 5 elecciones han sido consideradas libres, con muy escasas impugnaciones, y tres presidentes se han sucedido consecutivamente con toda normalidad.

Entre las normativas que se consideran urgentes está una ley que rija el orden democrático y el financiamiento de los partidos políticos, otra para la creación de una fiscalía nacional electoral y una tercera sobre las campañas electorales y el uso en las mismas de los medios de comunicación.

 Por nuevas reformas

Durante este fin de semana el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) ha reunido en un hotel de Boca Chica a decenas de dirigentes políticos y sociales, funcionarios electorales y legisladores en un seminario denominado “Reformas Electorales Pendientes: Fortalecimiento del Sistema Electoral”.

El Director General de elecciones, Gilberto Cruz Herasme, el presidente de la Junta Electoral del Distrito Nacional, Mariano Rodríguez, varios exjueces electorales, expertos en la materia, legisladores y dirigentes de por lo menos cuatro partidos políticos figuraban entre los expositores.

Un decálogo de propuestas ha presentado PC a consideración de los participantes, comenzando por el fortalecimiento del órgano electoral, una ley de partidos políticos, la institución de una fiscalía nacional electoral, y normativas para regir las campañas electorales y el uso en las mismas de los medios de comunicación.

También se propone a discusión un proyecto de ley de participación social, y reformas referentes al uso de los recursos del Estado en las campañas, separación del nivel congresional de elecciones y revisión de la cuota femenina, la institución del voto electrónico y la posible realización en un mismo año de las elecciones presidenciales, congresionales y municipales.

Así mismo, PC somete a consideración general una serie de normativas que pueden adoptarse por resoluciones o reglamento de la Junta Central Electoral para la automatización del Registro Civil, actualización del padrón electoral, desbloqueo de las listas de candidatos, sobre el escrutinio en las juntas electorales, establecimiento de una carrera administrativa electoral y de un código de ética electoral.

La mayoría de esas propuestas han sido ampliamente discutidas con anterioridad en diversos escenarios políticos y sociales, con principio de consenso, y sobre algunas de ellas ya hay proyectos de leyes en manos del Congreso Nacional, como los de partidos políticos y el de Participación Social.

Las más importantes

La agenda propuesta por PC está encabezada por una reforma que garantice el consenso en la elección de los jueces electorales. También para separar “de manera más efectiva sus funciones jurisdiccionales y administrativas, evitando las dobles competencias y la falta de una clara unidad de mando que dificulta la operatividad del organismo”.

La última reforma a la JCE amplió a nueve el número de jueces y estableció tres instancias dentro de la misma institución: el pleno de jueces y las cámaras Administrativa y Contenciosa.

Pero diversos sectores habían abogado, y lo siguen haciendo, por una separación completa de las funciones electorales en dos organismos diferentes, como rige en muchos países, uno para la organización y reglamentación de los procesos electorales, y el otro un tribunal que conozca las instancias contenciosas.

En el reciente proceso electoral, el primero que se efectuó tras la reforma del 2003, se advirtió que la totalidad de los jueces siguieron participando en las funciones organizativas y reglamentarias.

Para regir los partidos políticos ya hay un proyecto bajo estudio de una comisión legislativa. El objetivo fundamental es garantizar mecanismos más democráticos que normen el funcionamiento de los partidos y la elección de sus candidatos, su financiamiento, creación y extinción.

Este proyecto fue fruto de un proceso de concertación encabezado por la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, que en el anterior gobierno del presidente Leonel Fernández encabezó el doctor Onofre Rojas. Participaron dirigentes de los partidos mayoritarios y de numerosas organizaciones sociales.

Es notable que aunque hubo amplio consenso sobre la pieza, han pasado más de cuatro años sin que sea definitivamente aprobado por los legisladores de los mismos partidos representados en el consenso.

Otra reforma ampliamente consensuada es la contenida en el Anteproyecto de Ley de Participacion Social y Ciudadana, fruto de un amplio proceso de consultas en el que participaron decenas de organizaciones de la sociedad civil, bajo la coordinación del Programa de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil, auspiciado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Este anteproyecto tuvo también consenso de funcionarios gubernamentales, del Consejo Nacional de Reforma del Estado y de legisladores de diferentes partidos. Sigue pendiente de avance.

Fiscalía y campañas electorales

Como se dice que los muertos y las agresiones de la campaña electoral, lo mismo que los abusos de recursos estatales no se pagan, desde la campaña electoral del 2002 se viene impulsando la idea de crear una Fiscalía Nacional Electoral, con la misión de perseguir ese tipo de delitos.

Por lo menos en El Salvador y Panamá ya se ha creado esa figura jurídica cuya existencia es un disuasivo para los delitos de corte electoral, especialmente la violencia que en cada campaña cobra varias vidas en el país.

Esa legislación conllevaría una reforma a la ley electoral para sancionar cualquier uso de recursos estatales en las campañas electorales.

En cuanto a la regulación de las campañas y del uso de los medios de comunicación, de lo que se trata es de “limitar el uso del espacio público, las manifestaciones y bandereos” así como estimular la promoción de los candidatos a través de sus propuestas programáticas y, finalmente, garantizar un uso equitativo de los medios de comunicación.

Se ha hecho práctica común que al final de las campañas electorales los que tienen más dinero tratan de monopolizar los medios de comunicación electrónicos, contratando emisoras radiofónicas y canales televisivos por decenas, a menudo impidiendo que sean utilizados por los competidores.

Otra reforma importante en orden a garantizar la libertad de elección, es la separación de la votación por candidatos a senador y diputados, de manera que el elector o electora pueda hacer combinaciones de dos partidos, de acuerdo a sus preferencias. En otras palabras que el voto por el senador no arrastre a los diputados.

Doce años de reformas políticas

Las graves irregularidades registradas durante las elecciones de 1990 y 1994, a causa del irrefrenable continuismo del doctor Joaquín Balaguer en el poder, generaron un estado de presión de los partidos opositores y de la opinión pública que creó las condiciones para el inicio de un programa de reformas políticas.

El gran marco de esos avances institucionales lo constituyó la reforma constitucional de 1994, que fue la transacción propuesta por el entonces líder del Partido Revolucionario Dominicano José Francisco Peña Gómez para saldar la crisis derivada del evidenciado fraude electoral de ese año.

Esa modificación adelantó en dos años los siguientes comicios presidenciales, (el pacto original establecía dos años y medio), separándolos de los congresionales y municipales para evitar el “arrastre”. Se prohibió la reelección presidencial, se instituyó la mayoría absoluta para ser electo presidente de la República y se establecieron los “colegios electorales cerrados” .También se dio a dominicanos y dominicanas la posibilidad de optar por una segunda nacionalidad sin perder la original.

En 1997 se hizo una profunda revisión a la ley electoral que aprobó el Consejo de Estado en 1962 para las primeras elecciones tras la liquidación de la tiranía de Trujillo, que apenas había tenido ligeras modificaciones en 35 años. Fue sustituida por la ley 275-97.

Esa reforma amplió el número de jueces electorales de 3 a 5, instituyó las circunscripciones electorales y el voto preferencial para diputados y regidores, el financiamiento público de los partidos políticos, y el voto en el exterior del país. También modifica las condiciones para el reconocimiento y la extinción de los partidos. Se establece una cuota del 25 por ciento para las mujeres en las candidaturas.

Una nueva reforma electoral realizada en 1999 aumenta los integrantes de la Junta Central Electoral a 7, en tanto se realiza un nuevo empadronamiento electoral fotográfico, con carnet de foto integrada.

Dos leyes del año 2000 elevan la cuota femenina a los cargos electorales al 33 por ciento y obligan a alternar hombres y mujeres en las candidaturas a la sindicatura y la vicesindicatura.

Otra reforma del 2003 eleva a 9 el número de los jueces electorales, y separa las funciones administrativas y contenciosas del organismo.

En el 2004 se introducen modificaciones al sistema de cómputo, con la plastificación y el escanner de las actas.-

Por Juan Bolívar Díaz

En los ámbitos pensantes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) existe la convicción de que tienen que desarrollar un profundo proceso de autocrítica y renovación democrática como condición indispensable para recuperar el espacio perdido durante su reciente gestión gubernamental.

Por esa razón hay quienes consideran que es precipitada la convocatoria para el próximo mes de noviembre de una convención nacional que tendría como tarea fundamental una reforma estatutaria y la renovación del liderazgo de la organización, lo que no ocurre desde 1990.

Una consulta a las bases perredeístas que sería puesta en marcha este fin de semana parece en la dirección correcta, pero sus resultados requerirían un amplio espacio de tiempo para procesarlos y discutirlos, lo que conlleva aplazar la convención para la primavera del próximo año.

¿Convención en un mes?

Aún entre quienes trabajan en el proceso organizativo de la convención nacional perredeísta llamada a renovar sus cuadros directivos desde los comités de base hasta el Comité Ejecutivo Nacional, existe la convicción de que será imposible efectuarla el próximo mes de noviembre, como se ha anunciado.

Aún desde el punto de vista puramente organizativo será imposible materializar las convenciones de base, zonales y municipales y la nacional en el curso de las 8 semanas que restan para el final de noviembre y tampoco para diciembre, considera el doctor Tirso Mejía Ricart, uno de los perredeístas elaboradores de estrategias.

Mejía Ricart cree que sería un suicidio político precipitar ese proceso sin realizar una revisión a fondo de las causas de la caída del PRD a un tercio del electorado nacional en los comicios presidenciales de mayo pasado, situación sólo comparable a la de 1990, cuando las divisiones internas relegaron al partido blanco a una tercera posición, con el 24 por ciento del sufragio.

En las actuales circunstancias el perredeísmo atraviesa por una situación de desventaja en relación a 1990, y es que ahora carece de un líder capaz de reunificarlo, como lo fue entonces el doctor José Francisco Peña Gómez.

Tirso Mejía cree que la generalidad de los dirigentes de su partido está consciente de que la convención tendrá que ser aplazada para el próximo año, y recuerda que nunca esa organización ha logrado realizar una convención en la primera fecha escogida. Su preocupación es que se pueda concretar en los primeros meses de 2005, porque más tarde estaría afectada por los preparativos para las elecciones congresionales y municipales del año siguiente.

La doctora Milagros Ortiz Bosch, otra de los estrategas del PRD, preside la comisión organizativa de la convención y es una de los que ha planteado la necesidad de un proceso de renovación a fondo, imposible de canalizar en muy corto tiempo. En el mismo sentido se han pronunciado otros dirigentes como los doctores Virgilio Bello Rosa, Ivelisse Prats de Pérez y Enmanuel Esquea.

La sola habilitación del padrón de militantes del partido tomaría varias semanas, si se quiere evitar que la convención se convierta en un nuevo elemento de confrontación interna, reconocen algunos dirigentes. Por de pronto el listado de militantes ha sido sometido a prueba recientemente en 6 municipios.

 Consulta en marcha

Diversas fuentes perredeístas coinciden en señalar la existencia de una fuerte efervescencia en los niveles medios y bajos de la dirección y militancia, que se estaría manifestando en encuentros municipales que se vienen realizando con miras a la convención. Milagros Ortiz Bosch no oculta que se siente entusiasmada con el proceso de renovación democrática y plantea la necesidad no solo de una recomposición del partido, sino también de reconexión con la sociedad.

Hace dos semanas tuvo efecto en Santiago un encuentro regional al que fueron invitados dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Reviolucionario Democrático de Panamá y del Partido Revolucionario Institucional de México para que expusieran cómo pudieron recuperarse de sus respectivas derrotas electorales.

Allí se habrían producido fuertes advertencias sobre la necesidad de renovación de la dirección del PRD, como ocurrió, por ejemplo en España, donde el candidato derrotado en las presidenciales del 2000, el secretario general del PSOE Joaquín Almunia, reaccionó de inmediato renunciando al cargo y a toda aspiración presidencial. Lo mismo que el expresidente Felipe González, el exvicepresidente Alfonso Guerra y otros dirigentes se retiraron para dar paso a una nueva generación de dirigentes. Así emergió José Rodríguez Zapatero para convertirse este año en presidente de España.

La comisión organizadora de la convención perredeísta se propone poner en marcha este fin de semana una consulta formal a las bases, mediante un cuestionario que esperan sea respondido por 200 ó 300 mil militantes de todos los municipios.

Los cuadros que conducirían el cuestionario serían entrenados este fin de semana para realizar la consulta el 9 y 10 de octubre. Incluye 40 preguntas que van desde la identidad ideológica del partido, a sus fortalezas y debilidades, la actuación de sus líderes y las causas de la reciente división y reformas que requiere la organización.

Urgen reformas previas

Una comisión presidida por el doctor Milton Ray Guevara trabaja en la elaboración de un proyecto de reformas estatutarias para ser sancionadas por la convención nacional, pero hay quienes creen que algunas deberían adelantarse, mediante acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional (al amparo de los artículos 123-125) para que los principales cargos del partido, como presidente, secretario general, y los secretarios nacionales de organización, educación y asuntos electorales sean electos directamente por las bases.

Para el próximo miércoles está programado un seminario con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional para discutir el proceso. La doctora Ortiz Bosch considera que debe celebrarse una sola elección, con boletas múltiples, para escoger los dirigentes zonales, municipales y nacionales, en vez de convenciones sucesivas como ha sido tradicional.

Tony Raful adelantó a principios de esta semana la celebración del seminario, por acuerdo de la Comisión Política y reveló que en el mismo se conocerían los 27 temas centrales que definirán los nuevos lineamientos políticos y estratégicos del perredeísmo.

Entre las reformas que consideran está el cambio de la concepción original perredeísta del comité de base para instituirlo por mesas o colegios electorales, sistema iniciado en el país por el Partido Reformista y adoptado recientemente por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana.

También está pendiente una descentralización del Comité Ejecutivo para darle una integración proporcional a la militancia en el interior del país. Hasta ahora la gran mayoría de sus integrantes residen en la capital, constituyéndose en “una cúpula política privilegiada y a menudo descontextualizada del sentimiento de las bases”, como lo definía un estratega.

Transformación o muerte

Entre los dirigentes perredeístas predomina la corriente de los que creen que no hay que hacer ninguna catarsis, ni mayores reformas, deslumbrados porque el Partido de la Liberación Dominicana no lo hizo tras su fuerte derrota electoral del 2000, cuando sólo consiguió el 24 por ciento del sufragio, y cuatro años después pudo volver al poder.

Virgilio Bello Rosa se dio por enterado de esa corriente y advirtió que están equivocados, porque sin una profunda renovación el PRD no podrá recuperar el crédito perdido ante el electorado. El destacado abogado planteó esta semana por Teleantillas que si el PLD fracasa, sobrevendría una crisis de todo el sistema partidista, a menos que las organizaciones de oposición se renueven considerablemente.

Una diferencia substancial con la experiencia vivida por el PLD es que al final de su gobierno, aunque había problemas económicos, eran manejables, como se demostró. Muy distante de la profundidad de la crisis financiera dejada por el gobierno de Hipólito Mejía.

Otra diferencia importante es que mientras el PLD pudo preservar su unidad, en el PRD hay un importante fraccionamiento representado por Hatuey de Camps y sus seguidores que ocupan hasta la casa nacional del partido. Y en varios de los dirigentes predominan actitudes grupales que incentivan la confrontación interna

El problema de la reunificación del PRD es uno de los temas pendientes de discutir, que muchos quieren evadir, pero que salta por donde quiera. Bello Rosa es de los que creen que deberían abrir el proceso convencional hasta a los disidentes que encabeza Hatuey de Camps, desde luego partiendo de que se garantice la expresión democrática de las bases.

Sin profundas transformaciones el partido blanco seguirá lastrado por incoherencias y rebeliones como la protagonizada por la mayoría de sus senadores que desoyeron la posición de la dirección que pidió se honrara el tratado de libre comercio con Estados Unidos, negociado por el gobierno perredeísta, rechazando el impuesto del 25 por ciento a los productos elaborados en base a sirop de maíz.

Tampoco será eficaz la reacción del presidente del partido, Vicente Sánchez Baret, quien amenazó a los senadores con sanciones que sólo servirían para profundizar las diferencias.

Si los dirigentes y militantes del PRD no parten del reconocimiento de la realidad de que su partido está en crisis, no habrá transformaciones de fondo y las perspectivas para ellos serán difíciles en el futuro próximo.

Sólo esa posición excesivamente optimista y alejada de la realidad puede conducir a una precipitación en noviembre de la convención perredeísta, sin previas reformas que garanticen la expresión democrática que abandonó la organización política. Implicaría una reafirmación de la actual dirección y del camino a la dispersión.-

Por Juan Bolívar Díaz

La nueva ley no fue concertada ni siquiera con la JCE que tendría que organizar una multiplicidad de elecciones en una sola jornada con cargo al presupuesto nacional 

            La ley que establece las elecciones primarias obligatorias para la presentación de candidaturas en todos los cargos electivos es prácticamente inaplicable y aunque podría contribuir a la democratización del partidarismo, entraña riesgos para la Junta Central Electoral (JCE) que tendría que organizar una multiplicidad de elecciones en un mismo día.

            Del análisis del texto promulgado en la última jornada gubernamental del presidente Hipólito Mejía, resalta que implica un nuevo financiamiento, esta vez indirecto, a los partidos políticos y un incremento extraordinario del costo de los procesos electorales.

            La nueva ley no fue consultada con la JCE y fue aprobada al vapor en las últimas dos semanas del recién concluido período gubernamental por legisladores de los tres partidos mayoritarios, especialmente del Revolucionario Dominicano (PRD), evidentemente inconformes con el manejo de las cúpulas partidistas.

Aprobación al vapor

            La ley que obliga a todos los partidos a realizar elecciones primarias, organizadas plenamente por la JCE tiene origen en un proyecto elaborado por la Comisión Nacional de Reforma del Estado (CONARE), bajo la dirección del doctor Tirso Mejía Ricart, vicepresidente del PRD, sometido al Congreso a principios de año.

            Desde el principio el proyecto tuvo objeciones del liderazgo de los partidos mayoritarios, dos de los cuales ya habían escogido sus candidatos presidenciales. El criterio predominante fue que ya era imposible contemplarla para las elecciones de este año.

            El senado le dio su aprobación el 3 de agosto, incluso con el voto del peledeista José Tomás Pérez, y la Cámara de Diputados la declaró de urgencia para finalmente aprobarla en la sesión extraordinaria que celebró el domingo 15 de agosto, en víspera de la instalación del nuevo gobierno.

            El presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco Osoria no perdió nada de tiempo para enviarla el mismo día al Poder Ejecutivo, que a su vez la promulgó en la misma fecha, no laborable, en lo que podría constituir un récord de velocidad en materia legislativa en el país.

            Tanto en sectores políticos como en instituciones sociales se acepta la validez de la institución de las elecciones primarias como forma de escoger democráticamente los candidatos a los diversos cargos electivos. De hecho ya los tres partidos mayoritarios aplican el método, aunque con denuncias de manipulación por parte de sus altos estamentos dirigenciales.

            Las objeciones formuladas desde el principio se refieren a que la ley responsabiliza a la JCE de la organización de las votaciones, lo que hasta ahora ha sido facultad de los propios partidos políticos. Pero además porque establece que serían elecciones abiertas a la participación de todos los electoras y electoras, independientemente de su militancia partidista.

Fundamento de las Primarias

            En sus consideraciones, la ley fundamenta el carácter democrático de las elecciones primarias para escoger los candidatos a los cargos electivos, tal como rige en la mayoría de las naciones democráticas del mundo.

            Señala la ausencia de democracia interna que ha afectado y sumido en crisis a los partidos políticos dominicanos, por el predominio de sus cúpulas directivas en perjuicio de las aspiraciones de los militantes de base, “lo que se revierte sin duda alguna en contra de los mismos partidos y movimientos, y en consecuencia en contra del sistema democrático y el Estado de Derecho”.

Otra consideración reivindica un criterio generalmente aceptado de que “esa falta de democracia interna que tradicionalmente ha afectado a los partidos políticos dominicanos, perjudica no solo a dichas organizaciones, sino inclusive al propio sistema democrático, que requiere para su sostenimiento y perfeccionamiento de partidos y agrupaciones políticas modernas, transparentes y democráticas”.

El texto de la ley da por imposible que los partidos se organicen y operen democráticamente al poner la organización de sus elecciones internas en manos de la JCE, lo que, a juicio de algunos, choca con su carácter de instituciones particulares de la ciudadanía que se rigen por estatutos que aprueban sus propios miembros.

Más cuestionable es que el artículo primero de la ley “establece el sistema de elecciones primarias mediante el voto universal, directo y secreto con participación de todos los electores” para establecer las candidaturas en todos los niveles de elección, presidencial, congresional y municipal.

Al establecer en su artículo cuarto que las primarias de todos los partidos se celebrarán el mismo día y a las mismas horas en base al padrón de electores, se asume que cada ciudadano ciudadana solo podrá votar por el partido de su preferencia.

Tiende a aumentar el costo de las campañas para las primarias, puesto que los precandidatos tendrían que dirigirse al universo de los electores y electoras, en vez de hacerlo con el segmento de los militantes de su partido.

Mayúscula tarea para la JCE

            Pero lo que hace casi imposible la implementación de esta legislación, sobre todo en los comicios legislativos y municipales, es que atribuye a la JCE la organización en una sola jornada de una multiplicidad de elecciones, tantas como partidos y agrupaciones políticas estén reconocidas. Cada cual conllevaría su propia logística de listados de candidatos y cómputo por separado.

            Por ejemplo, con que solo 10 de los 22 partidos reconocidos presenten precandidatos en todas las circunscripciones y municipios, las juntas electorales tendrían que realizar una tarea de organización y computación equivalente a diez veces la que rige en una elección congresional y municipal para proclamar candidatos a senador, diputados, síndico y regidores por cada partido participante. En vez de determinar un senador, tendría que hacerlo con diez ganadores de las candidaturas a senador. Lo que se multiplicaría en los casos de los diputados y regidores.

            Como eso no impedirá que se presenten impugnaciones a los resultados, la tarea se complicaría y extendería. Habría que calcular también el incremento de las dificultades logísticas y organizativas, incluyendo las propias del reclutamiento del personal que operaría los colegios electorales con una multiplicidad de boletas. El cómputo duraría días en medio de las presiones de una infinidad de delegados de los precandidatos.

            La ley fue aprobada sin que el órgano rector del sistema electoral se expresara en cuanto a su viabilidad. Una fuente de la JCE dijo que allí se recibió una comunicación del Senado pidiendo su opinión, pero en medio de las siempre difíciles tareas de la organización de los comicios presidenciales, el tribunal no tuvo tiempo ni la tranquilidad necesaria para estudiar el proyecto y emitir una opinión bien fundamentada.

            Se sabe que los criterios al respecto están divididos entre los jueces electorales y por lo menos uno de ellos, el doctor Roberto Rosario, ha impugnado públicamente la ley, considerándola impracticable y hasta con ribetes de inconstitucionalidad.

            Uno de los jueces dijo, fuera de récord, que sólo conoce una ley similar en Uruguay, pero allí hay una fuerte tradición de sólo tres partidos.

Multiplicación de los costos

            Una de las consecuencias de la ley sobre elecciones primarias aprobada al vapor es que representa una elevación de los costos de los procesos electorales con cargo al presupuesto nacional.

            Se trata de un financiamiento indirecto a los partidos, adicional al ya establecido en la reforma electoral de 1997, equivalente al medio por ciento de los ingresos nacionales en los años de elecciones y a un cuarto por ciento en los demás.

            La logística de las elecciones primarias de todos los partidos por lo menos duplicaría los costos del sistema electoral. Por su parte los partidos se ahorrarían el gasto que conlleva la organización por ellos mismos de la elección de sus candidatos.

            Los precandidatos tendrían que invertir más recursos para dirigirse al universo de los electores y electoras, lo que acentuaría la ventaja de los que representan grupos de intereses y en perjuicio de los militantes de base que disponen generalmente de menos capacidad de financiamiento.

            Pero aún así, la ley sería aceptable si no hubiese puesto la organización de las primarias en manos de la JCE. La idea de que sean en el mismo día tiende a impedir que algunos partidos hagan campañas electorales hasta de más de un año, como ha venido ocurriendo.

            Una de las críticas persistentes al sistema electoral dominicano ha sido la prolongación de las campañas electorales, que mantiene el activismo político casi todo el tiempo e incrementa los costos de la democracia, incentivando el abuso de los recursos estatales y el financiamiento de los poderes económicos, lo que aliena de antemano la independencia de los gobernantes y representantes electos.

            Pero mientras tanto, todo parece indicar que los promotores de la ley sobre primarias no evaluaron suficientemente las dificultades para su aplicación, las cuales probablemente obligarán a su revisión para salvar el sano propósito de instituir un mecanismo más democrático en la elección de candidatos y candidatas a todos los puestos de elección.-