Por Juan Bolívar Díaz

El gobierno del presidente Leonel Fernández debe ser suficientemente cauto como para no vender la ilusión de que está haciendo milagros en la recuperación económica, ya que falta mucho para que se pueda decir que los desequilibrios están bajo control definitivo y algunos rebotes podrían resultarle catastróficos.

Aunque resulta indiscutible que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha despertado confianza y esperanzas que incentivan la recuperación, una parte de la misma comenzó a verificarse en los finales del régimen que le precedió, pero son muy pocos los que están dispuestos a reconocerlo.

Tampoco conviene al gobierno insistir en restar importancia fundamental a las quiebras bancarias en el origen de la crisis económica, cuando los organismos internacionales persisten en darlo por cierto y el déficit cuasifiscal por más de 100 mil millones de pesos que generó sigue pendiendo sobre la espina dorsal de la nación.

RIESGOS DEL TRIUNFALISMO

Al pasar de sus primeros cien días de gobierno, el reconocimiento fue prácticamente unánime para el presidente Leonel Fernández. Hasta sus opositores tuvieron que reconocer como principal mérito el haber insuflado una buena dosis de confianza y esperanza en amplios segmentos de la población. Quedó evidente en los sondeos populares realizados por programas de radio y televisión.

Nada de sorprendente tiene, en ese marco, que el propio mandatario haya desbordado optimismo en su discurso a la nación del lunes 29 de noviembre, aunque fríamente analizado se descubre que tendió a sobreestimar sus realizaciones.

Entre sus seguidores en los medios de comunicación la sobreestimación es mayor, llegándose a vender la imagen de que se ha producido un milagro económico en cien días, cosa muy difícil dados los profundos desequilibrios que acusa la economía nacional desde antes que se iniciara el régimen peledeista.

Sin dejar de insuflar optimismo a la sociedad dominicana y aún reclamando méritos en la conducción gubernamental, el presidente Fernández tiene que ser bien cauto y no permitir la falsa expectativa de que todos los males se superaron tan pronto Hipólito Mejía abandonó el poder. Aunque es criterio generalizado que el fracaso del continuismo y la desaparición de la beligerancia cotidiana desde el Palacio Nacional han sido fuentes de disipación de incertidumbres y recuperación de confianza.

El riesgo de las simplificaciones en el tratamiento de la crisis económica es que cualquier rebote podría convertirse en catastrófico para la imagen del gobierno, y hay todavía demasiado factores incontrolados, algunos de los cuales tomarán años para ser revertidos. Es el caso del déficit cuasifiscal del Banco Central que al final de septiembre la misma institución cuantificó en 110 mil millones de pesos, con intereses mensuales de 2,500 millones de pesos.

La idea del milagro económico va en contra de la nueva reforma tributaria acordada con el Fondo Monetario Internacional, sobre la cual se ha proyectado un presupuesto de gastos de 206 mil millones de pesos para el próximo año, con un crecimiento sin precedente del 70 por ciento, en relación al del año que concluye. Aunque esa reforma está planteada para mediados del próximo año, ya sectores empresariales la han rechazado estimándola sobreabundante.

INDICADORES DE RECUPERACIÓN

En su discurso del lunes el presidente Fernández resaltó los avances en la revalorización del peso, en control de la inflación, reducción de las tasas de interés y expectativas de crecimiento de la economía, incluso para el año en curso.

Lo que más puede reivindicar es la apreciación del peso en un 30 por ciento durante sus primeros 100 días de gobierno, que pasó de 42.21 por dólar el 16 de agosto al 29.63 el 26 de noviembre. La tasa cambiaria que a principios de año sobrepasó los 55 por 1, había iniciado su declive desde que desapareció el temor continuista el 16 de mayo. Pero obviamente se acentuó desde el 16 de agosto hasta la fecha, arrastrando una reducción de precios, aunque no de la proporción correspondiente.

La reducción de precios y el reajuste del salario del 25 y 30 por ciento a contar de este mes para el sector privado, y del 30 por ciento en dos etapas a partir del primero de enero para el público, supondrán un alivio a la devaluación de los salarios de los últimos dos años, lo que alienta expectativas positivas a favor del gobierno.

El presidente resaltó el control de la inflación, señalando que terminará el año en 33 por ciento, 12 puntos menos que el estimado original del Fondo Monetario Internacional, pero olvidó señalar que esa reestimación se originó desde mediados de año, que la gran inflación (23 por ciento) fue en enero y febrero y que a partir de marzo cayó hasta por debajo del 1 por ciento. Por ejemplo en julio fue de 0.62 por ciento. Si termina en 33 habrá acumulado tan solo 10 puntos en los últimos diez meses. El 1.13 y 1.35 por ciento de septiembre y octubre, está en el promedio de los 5 meses anteriores.

Lo mismo se puede decir de la tasa de interés sobre los certificados financieros del Banco Central, que el presidente señaló con certeza que llegaron a alcanzar el 59.61 por ciento. Pero ya estaba en 40 por ciento al 2 de agosto, y en 36 por ciento desde el viernes 13 del mismo mes, es decir tres días antes de iniciarse el actual gobierno.

Igualmente la expectativa de crecimiento del producto interno bruto en 1.8 por ciento al término del año tampoco es fruto de tan sólo los últimos cien días. Ya a mediados del año el Banco Central dijo que en el 2004 habría un crecimiento del 0.5 por ciento.

¿RECUPERACIÓN O RECESIÓN?

En ámbitos empresariales se celebra la caída de la tasa cambiaria, reducción de la inflación y las tasas de interés, pero hay quienes cuestionan si son fruto de una real recuperación o de recesión económica. Industriales y comerciantes de quejan de la caída de sus ventas. Eso fue lo que determinó que a fines de octubre el empresariado aceptara un reajuste salarial más allá del mínimo y que el gobierno se lo propusiera a partir de enero. En principio se condicionaba a que se recuperara la economía.

El economista Luis Vargas es de los que está convencido de que más que una recuperación estamos recogiendo frutos de la recesión originada en la política monetaria, así como del aumento del endeudamiento por atrasos en el pago de la deuda externa. Considera que los bajones de la inflación y la tasa de cambio son fruto de la contracción de la emisión monetaria, la que según el discurso del presidente Fernández se redujo en 9 mil millones de pesos en los 100 días.

En un artículo publicado el 1 de diciembre en la sección económica de HOY, Vargas sostiene que del 16 de agosto al 25 de noviembre el endeudamiento interno del Banco Central se elevó en 23 mil 900 millones de pesos y que los atrasos en pagos de deuda externa sobrepasan los 500 millones de dólares, de los cuales anota 333 millones al gobierno de Mejía y más de 167 millones al de Fernández.

Concluye en que “el proceso deflacionario que atraviesa la economía nacional, expresado en baja del tipo cambiario y achicamiento del índice de precios al consumo, obedece a la gestión restrictiva de la base monetaria, gracias a la política de endeudamiento interior y exterior sin límites llevada a cabo por el gobierno central.”

Si Vargas tiene alguna razón, más recomendable es todavía que el gobierno sea cauto en cantar victoria, porque lo que venga después, se le inscribiría en su propia cartilla, aunque todavía siga siendo consecuencia de lo heredado.

EL ORIGEN DE LA CRISIS

En los altos niveles del gobierno todavía hay un discurso ambivalente sobre los orígenes y responsabilidades de la crisis económica que sufre el país. El presidente Fernández insistió en su discurso del jueves en la cena de gala Cámara Americana de comercio en centrarla en la política económica del gobierno pasado, reduciendo el peso de las quiebras bancarias.

Lo mismo hizo en el almuerzo que la semana anterior sostuvo con directores de medios de comunicación, después que su secretario técnico, Temístocles Montás, señaló cómo los ejecutivos del Fondo Monetario Internacional insistían en que el mayor peso corresponde a la quiebra de los tres bancos registrada en el 2003.

La introducción al borrador preliminar sometido al FMI por las actuales autoridades para el nuevo acuerdo aprobado en principio, comienza diciendo: “La República Dominicana todavía no ha salido de la crisis económica desatada por los problemas bancarios del 2003, la cual conllevó una alta inflación, una marcada depreciación del peso y una masiva fuga de capitales”. Sólo a continuación señala que desafortunadamente “la significativa asistencia pública para controlar la crisis bancaria no estuvo acompañada por el ajuste fiscal y las reformas institucionales requeridos para restaurar la confianza en la economía y el acceso a los mercados de capitales privados.”

Una presentación del Banco Central del 30 de noviembre dirigida a los tenedores de bonos del país atribuye la crisis económica principalmente al colapso de “un número importante de bancos” que obligó al gobierno a intervenir para evitar una crisis sistémica, a un costo fiscal muy alto.

La revista Clave Digital reseñó la presentación esta semana, indicando que también se cita como causal de la crisis el debilitamiento de las economías de Estados Unidos y Europa y el incremento del precio del petróleo. Como consecuencias señala una masiva fuga de capitales, presión sobre la tasa de cambio y elevada inflación.

Se podrá seguir discutiendo si el gobierno de Mejía debió emitir casi 100 mil millones de pesos para honrar los depósitos despilfarrados por los bancos colapsados, especialmente el Banínter. Pero superada hace tiempo la campaña electoral, ya es preciso admitir que de cualquier forma unas quiebras de esas magnitudes iban a afectar profundamente la economía nacional, se produjera o no una crisis sistémica. La política gubernamental agregó penalidades, pero el daño original ya estaba hecho. En los documentos del gobierno se ha comenzado a admitirlo, aunque el discurso sigue por otros rumbos.

Por Juan Bolívar Díaz

Los recientes brotes delincuenciales que han alarmado a la sociedad dominicana reclaman una profilaxis y reestructuración de la Policía y mejoría de la justicia         

             Los recientes brotes de violencia de Navarrete y Azua, que han conmovido la sociedad dominicana, junto a muchos otros cotidianos, revelan un incremento substancial de la delincuencia que demanda atención racional, más allá de la primitiva reacción que exige simplemente “mano dura” como sinónimo de fusilamientos.

            Parece evidente que la política de exterminio de delincuentes puesta en práctica por la Policía Nacional (PN) especialmente en la última década, no ha dado resultados y en vez de reducirse la delincuencia, se registra un incremento que causa alarma en los más diversos estamentos sociales.

            El derrotero obliga a un replanteamiento de políticas que deberían comenzar por una profilaxis y reestructuración a fondo de la institución policial en aras de la eficiencia y para que logre la confianza y colaboración de la población, lo que implica inversión en nuevos equipamientos y mejoramiento de sus recursos humanos, de sus salarios y seguridad.

Niveles alarmantes

            Las últimas semanas han mostrado niveles alarmantes en el crecimiento de la delincuencia en todas sus manifestaciones, especialmente en la proliferación de bandas dedicadas al tráfico de drogas, asaltos y asesinatos.

            El múltiple asesinato de siete jóvenes en Navarrete, en una acción típica de las mafias del narcotráfico, y la muerte violenta de otros siete esta semana en la ciudad de Azua, incluyendo a un destacado periodista, han exacerbado los ánimos de la población.

            Así mismo, las violaciones de una adolescente de clase media alta y de dos niñas en presencia de su madre, tras ser secuestradas a la salida de un centro comercial, han producido espanto y acentuado la inseguridad.

            La proliferación de asaltos en otras comunidades como Santiago, Jarabacoa y Bonao, conforman un panorama tan preocupante que no han faltado quienes sugieran que se trata de una ofensiva encaminada a boicotear la gestión de un Jefe de la PN cuya designación fue acogida con satisfacción por sus condiciones profesionales y morales.

            Esa presunción se ha visto alentada por el hecho de que la oleada ha coincidido con la acción del propio general Manuel de Jesús Pérez Sánchez para poner fin a la práctica de altos oficiales de la propia policía que retenían más de un centenar de vehículos robados. Pero no se ha podido advertir un hilo vinculante entre los numerosos actos delictivos.

            La circunstancia de que los peores brotes se hayan producido en comunidades relativamente pequeñas como Navarrete, Azua y Jarabacoa, aumentan la sensación de que la delincuencia ya no es propia de las grandes urbes, sino que arropa toda la sociedad.

            La revisión de los periódicos de los últimos meses muestra un incremento sostenido del crimen en sus diversas manifestaciones, cuya magnitud es difícil de establecer por la escasez de estadísticas comparadas que no se ofrecen seguramente para que no quede en evidencia la crítica situación.

Las gradas piden sangre          

            Brotes de gran magnitud como los de las últimas dos semanas estimulan la petición de sangre desde las graderías, en un país tradicionalmente inclinado a avalar el fusilamiento de los delincuentes comunes a nombre de la seguridad colectiva, mientras se consagra la impunidad ante la corrupción generalizada en los estamentos políticos, empresariales, policiales y militares.

            Los mandos policiales no interpretan otra cosa que aplicar ejecuciones sumarias, cuando desde los ámbitos periodísticos y del liderazgo social y hasta religioso, se plantea la necesidad de “mano dura” frente a los delincuentes. Sobre todo cuando un nuevo jefe policial se plantea mecanismos más eficientes e institucionales frente al crimen.

            El general Pérez Sánchez, como su antecesor Jaime Marte Martínez, inició su gestión planteándose una observación de los derechos humanos. Parece que esta vez ha durado menos de los tres meses que aguantó al inicio del pasado gobierno, cuando los presuntos delincuentes muertos en “intercambios de disparos” con la Policía se redujeron de veinte a dos por mes.

            La política de exterminio de acusados y sospechosos de actos delictivos arroja más de un millar largo de muertos en la última década. En 1998 y 99 y en el 2003 sobrepasaron los 200 y similar proporción se estaría registrando en este año, lo que ha mantenido a la nación en los informes internacionales sobre violación de los derechos humanos. Pese a ello la actividad delictiva ha proseguido en incremento sistemático.

            En Azua el pasado domingo se produjo una reunión de organizaciones sociales con representantes de las autoridades policiales y judiciales, preocupados por el auge de la delincuencia y por las ejecuciones policiales en “intercambios de disparos”, que la semana anterior habían cobrado cuatro vidas.

            En la reunión se acordaron unos 5 pasos para procurar devolver la paz a la comunidad. Al igual que en Navarrete, allí se denuncia cierta connivencia entre agentes policiales y delincuentes. El lunes 13 fue trasladada la mayor parte de la dotación policial y al amanecer del martes mataron a 4 jóvenes a quienes se vinculaba a actividades ilícitas.

            El hermano de una de esas víctimas es sindicado como el que salió a buscar a los periodistas azuanos para cobrar venganza. Juan Andujar, víctima mortal de los delincuentes, como Jorge Luis Sención, gravemente herido, fueron de los promotores del encuentro dominical, en su condición no solo de comunicadores, sino también de activistas de la organización Habitat y de un comité por los Derechos Humanos, ambos eran contrarios a las ejecuciones policiales y procuraban crear un Comité de Seguridad Ciudadana que sería juramentado este fin de semana.

            Ese mismo día y al siguiente, la policía dio muerte a otros dos sindicados delincuentes. El Listín Diario del jueves informaba en su página 4 que “Tropas policiales acribillaron en la tarde de ayer a José Luis Tejeda Filpo (El Gringo), de quien se dice que conducía la motocicleta desde la cual se disparó al periodista Juan Andujar.”

Complicidad de policías

            Desde el lecho en que se recupera tras amputársele medio brazo, el periodista Sención expresó su creencia de que “la policía también tuvo la culpa”. Relató al Diario Libre del jueves que todo comenzó en julio cuando mataron a un vendedor de drogas llamado David (Deiby Pujols)porque supuestamente se negaba a pagarle peaje a un policía: “Un teniente al que llamaban Holguín le cobraba $3000, y le estaba planteando que eran $5000. Después le subieron a $8000. Entonces, por esta contradicción mataron a David”, quien a su juicio controlaba la banda y evitaba ciertos abusos. Murió de 14 balazos.

            El mismo jueves la PN informaba que Holguín, (Vitelio Ramírez Pérez en realidad) fue detenido y sería traducido a la justicia acusado del asesinato del empleado de Versión en Azua Otto Encarnación Fernández. Se le vincula, junto a un sargento, en varios de los recientes “intercambios de disparos” en que murieron presuntos delincuentes, incluyendo a Carlos Mancebo, baleado con su niño de un año en los brazos y rematado frente a su esposa.

            Hace tiempo que sacerdotes que ejercen en los barrios y dirigentes sociales, como el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos Virgilio Almánzar, vienen denunciando la existencia de complicidades entre agentes del orden y delincuentes que les pagan a cambio de protección y tolerancia.

Hasta nivel de sargento los policías ganan menos del sueldo mínimo; un sargento mayor recibe $5,338 mensuales, un primer teniente $7,257 y un coronel recibe apenas $13,196, lo que los ubica en la franja de la pobreza, por debajo del costo de la canasta familiar, estimado en 14 mil pesos. La tentación de recurrir a actividades ilícitas para mejorar su condición de vida es permanente.

Urgente reestructuración

            Antes que apelar a la muerte de delincuentes en vano intento por combatir la criminalidad, lo primero que tiene que imponerse la sociedad dominicana es una reestructuración a fondo de la Policía.

            Esa tarea tiene que comenzar por irradiar de su seno a todos los agentes y oficiales vinculados a actividades delictivas. Y ahora mismo existe la oportunidad de iniciar esa profilaxis con los oficiales que se habían apropiado los 120 vehículos robados recién devueltos tras el requerimiento del general Pérez Sánchez.

            Si altos oficiales de la Policía andaban en automóviles robados, qué puede esperarse de las clases y oficiales bajos en contacto directo con la población y los delincuentes. Cuál es la ética de la función policial y cómo puede enfrentar con éxito la delincuencia.

            La profilaxis es urgente si se quiere devolver la confianza pública en la Policía y que esta pueda vincularse efectivamente con las comunidades y obtener su colaboración para el combate a la creciente y poderosa delincuencia, que maneja muchos recursos del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

            Es igualmente necesario dotarla de los automóviles y helicópteros aptos para el patrullaje, en la cantidad necesaria y con los equipos de comunicación e informática correspondientes a la labor preventiva.

            La sociedad tiene también que pagar el costo del servicio policial, mejorando notablemente sus salarios, con vacaciones anuales, seguridad social y protección familiar para los que pueda caer en el combate a la delincuencia.

            Ahora mismo la PN procura reclutar otros 5 mil miembros. Pero con sus niveles salariales de ingreso a la carrera es cada vez más difícil que pueda atraer a jóvenes de capacidad intelectual y aspiraciones sociales inmunes a la corrupción.

            No hace falta ir a Nueva York para determinar lo que hay que hacer para mejorar la Policía Nacional. Está diagnosticado en numerosos cursos y seminarios internacionales en los que han participado oficiales dominicanos. Lo que falta es voluntad política y convencimiento de que no es matando como se va a contener la creciente criminalidad.

            Desde luego que la otra tarea es lograr una justicia funcional y operativa que procese y penalice todo género de actos delictivos, no sólo de los más pobres. Y por supuesto, las transformaciones sociales necesarias para combatir esas incubadoras de la delincuencia que son el desempleo y la pobreza.-

Por Juan Bolívar Díaz

El paquete de impuestos propuesto por los técnicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sometido al Congreso Nacional por el presidente Hipólito Mejía está limitado a cubrir el déficit fiscal del gobierno, pero no contempla los recursos para el pago de los intereses de los certificados financieros del Banco Central.

El aplazamiento busca ganar tiempo para contemplar “soluciones de mercado”, especialmente al llamado déficit cuasifiscal, proyectado sobre los 30 mil millones de pesos para el próximo año, mientras se aprueba la reforma tributaria que permitiría reanudar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con ello el flujo de recursos externos.

En tanto las medidas compensatorias y las referentes al gasto público han sido reservadas para el discurso inaugural del presidente electo doctor Leonel Fernández, lo que en lo inmediato resta apoyo al proyecto, dificulta su aprobación y alienta iniciativas políticas a través de las cámaras legislativas.

$22 mil millones

Según las explicaciones ofrecidas esta semana al telediario Uno más Uno de Teleantillas por Daniel Toribio y Rafael Camilo, dos de los técnicos del PLD responsables del proyecto enviado al Congreso, el paquete de reformas tributarias contempla una recaudación adicional de 22 mil millones de pesos, apenas suficiente para cubrir el déficit fiscal del gobierno para este año, integrado en su mayoría por el subsidio a la electricidad y el gas propano.

Esos subsidios serían reducidos drásticamente en lo inmediato, focalizándolos a los barrios más pobres del país, mediante mecanismos que todavía no han sido explicitados. Tampoco se ha determinado la forma en que se conseguirían los recursos para cubrir los intereses de los certificados financieros emitidos para honrar los depósitos de los bancos colapsados, que Camilo estimó conservadoramente en 30 mil millones de pesos para el próximo año.

Se contempla la posibilidad de ir reduciendo esos intereses con una proporcionalidad que impida una nueva carrera de devaluación del peso, cosa que inició la Junta Monetaria esta misma semana, cuando los disminuyó en 5 por ciento, alentada por la caída de la tasa cambiaria registrada en las últimas semanas. El dólar se llegó a vender hasta a 43 pesos el jueves, lo que ha creado expectativas positivas.

Esa caída se atribuye a la disminución de las incertidumbres y la posibilidad de restaurar el acuerdo con el FMI, mediante la reforma tributaria en curso, así como a la reducción de la demanda de divisas para petróleo por efecto de la crisis energética, mientras se mantiene un buen flujo de ingresos, por turismo, zonas francas y remesas.

Además de cubrir la brecha fiscal, el proyecto de reforma tributaria tiene como objetivo inmediato el restablecimiento del suspendido acuerdo con el FMI, que abriría las puertas a desembolsos de esta institución y de los organismos multilaterales y a la cooperación del Banco Mundial para afrontar la crisis financiera del sector energético, pasos fundamentales para restablecer el equilibrio macroeconómico.

El fardo de las quiebras

Los técnicos del PLD coinciden con la opinión generalizada de que es imposible cubrir con impuestos los intereses de los certificados financieros, y cifran esperanzas en los llamados mecanismos del mercado, como los préstamos internacionales.

Una fuente de crédito indicó que los técnicos del PLD cuentan con una promesa del sector exportador, a la cabeza de los cuales estarían empresarios turísticos, de prestar varios cientos de millones de dólares para disminuir la carga de los certificados financieros. Desde España el presidente electo anunció la semana pasada que empresarios turísticos avanzarían unos 250 millones de euros, con cargo a inversiones.

Cada vez es más firme la decisión de gobiernos y organismos internacionales de condicionar créditos para cubrir el hueco originado por las quiebras bancarias, a que sean establecidas todas las responsabilidades y la justicia inicie su sanción, cosa que luce lejana.

Eso chocaría con propósitos atribuidos a las próximas autoridades nacionales de buscar “soluciones pragmáticas” a los procesos judiciales y las incautaciones de propiedades, para lo cual estaría operando una comisión de tres allegados.

Llama la atención que en los últimos 7 días se registraran declaraciones del subsecretario del tesoro de Estados Unidos John Taylor, en relampagueante visita al país, y de los embajadores de Italia y Francia insistiendo en la necesidad de transparente acción judicial contra los responsables de las quiebras que llevaron al Banco Central a emitir alrededor de 100 mil millones de pesos.

Taylor lo declaró enfáticamente a directores de medios de comunicación, como lo había hecho a principios de año el subsecretario norteamericano de Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega y posteriormente el embajador Hans Hertell y la directora local de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, Elena Brineman.

El diario El Caribe del lunes 12 citó a Taylor diciendo que “La comunidad internacional quisiera ver que los responsables de este fraude sean llevados a la justicia y que paguen las consecuencias de sus acciones, pero también quisiera ver la aprobación del paquete fiscal, el manejo de la situación energética y del déficit cuasifiscal”.

Ese mismo día HOY recogió en primera plana declaraciones del embajador de Italia, Giorgio Sfara, quien condicionó la asistencia técnica y financiera de la comunidad internacional a que las autoridades cumplan el acuerdo con el FMI y la justicia sanciones la corrupción pública y privada en la quiebra de tres bancos.

El miércoles 14 tocó el turno al embajador de Francia, Jean Claude Moyret, quien aprovechó su discurso en la recepción conmemorativa de la revolución francesa para enfatizar el peso de esas quiebras en la crisis financiera y expresar su “confianza” en que la justicia dominicana las sancionará. Un influyente embajador presente puso comillas a esa confianza, cuando se le comentó el discurso, y se dio por enterado de la versión que da cuenta de la integración de la comisión para negociar “soluciones pragmáticas” al problema de los banqueros sometidos a la justicia.

En las últimas semanas se ha insistido en que la justicia se apresta a devolver propiedades incautadas al banquero Ramón Báez Figueroa. También se dice que el presidente Hipólito Mejía se adelantaría a devolverle el Listín Diario y uno de los canales de televisión, como parte de un arreglo que tendría el visto bueno de las próximas autoridades que contempla la venta de activos incautados, aunque devaluados.

En el discurso de campaña del presidente electo y de sus seguidores se atribuyó la quiebra de los bancos a la gestión del gobierno y estuvo ausente la menor crítica a los baqueros. Los abogados de Báez Figueroa son aliados políticos del PLD y el principal de ellos ha aparecido en actos públicos al lado de Fernández.

Todas esas circunstancias y la tradición nacional de impunidad en la corrupción han determinado la presión pública internacional por sanciones como condición para colaborar en la solución del enorme déficit originado por las quiebras bancarias, que Taylor estimó en 20 por ciento del producto bruto interno del 2003.

Desde antes de que fuera hecho público el hueco de Baninter, funcionarios diplomáticos norteamericanos han insistido en que del tesoro de Estados Unidos no sale un dólar para cubrir corrupción pública o privada.

Para el discurso inaugural

El que no haya incluido compensaciones ni esté acompañado de reformas administrativas ha determinado una reacción bastante negativa de la opinión pública frente al proyecto de reforma fiscal sometido al Congreso Nacional.

Empresarios, sindicalistas, economistas y comentaristas han formulado numerosos reparos al paquete, estimado por Miguel Ceara Hatton como “de simple reajuste fiscal”, y por el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios como distante de una verdadera reforma fiscal. Creen que profundizaría la recesión y dificultaría la recuperación económica del país. También ha tenido fuertes reparos de los sectores financiero y de telecomunicaciones.

En público Daniel Toribio y Rafael Camilo, y en privado otros técnicos del próximo gobierno, han hecho sólidas defensas del proyecto, indicando que efectivamente no contiene más que los aspectos legislativos. Aseguran que los de políticas administrativas y compensatorios se anunciarán en el discurso inaugural del presidente Fernández.

Entre las compensaciones se contemplan la focalización de los subsidios y una promesa de reajuste salarial para cuando se haya logrado restablecer la estabilidad macroeconómica, lo que no sería de ninguna forma este año.

Entre los aspectos administrativos, el presidente Fernández tendría que incluir siquiera una limitada reducción de la nómina pública y la eliminación de los dobles y hasta triples cobros en la administración estatal, disminución del egreso en vehículos, celulares, viajes, combustibles y gastos de representación.

Hace tiempo se reclama públicamente nuevas normas legales, que también pueden ejecutarse por decreto si hay voluntad política, para las compras y contrataciones del Estado, fuente tradicional de corrupción, en proporciones que hace tiempo sobrepasan el tradicional diez por ciento.

Tiene lógica política reservar al discurso inaugural una parte de las iniciativas con que el gobierno puede ganar crédito, pero eso conlleva la dificultad de que deja “desnudo” el proyecto de reforma tributaria y dificulta su aprobación.

También deja a la oposición la iniciativa en el Congreso Nacional para hacerse simpática con los objetores del incremento impositivo y las demandas de compensación salarial de los empleados públicos y privados.

Ya dos diputados reformistas han presentado proyectos de reajuste salarial de un 30 por ciento, mientras voceros perredeístas anuncian la misma disposición y el Consejo Nacional de la Unidad Sindical demanda un reajuste salarial del 60 por ciento.

En tales perspectivas y dada la urgencia de hacer avanzar la aprobación del paquete fiscal, al doctor Leonel Fernández deberán recomendarle que se concentre en el país y adelante algunas de sus políticas en reserva. A menos que estén convencidos de que el proyecto no será aprobado antes de que se inicie el próximo período gubernamental.-

Por Juan Bolívar Díaz

Forzado a ejecutar una reforma fiscal para enfrentar la crisis financiera nacional, el próximo gobierno del doctor Leonel Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debe evadir la tentación de ejecutar un paquete impositivo que no pueda ser asimilado por la población, ya que pondría a prueba muy temprano la gobernabilidad democrática.

En la medida en que se van conociendo las propuestas del PLD, crecen los reclamos de que sea una reforma integral, que no se base exclusivamente en aumentar las recaudaciones y que ofrezca alguna compensación inmediata que palie siquiera los nuevos efectos inflacionarios que se desprenderán.

Un riguroso plan de austeridad y de mejoramiento de la eficiencia administrativa que no deje ninguna duda, una reducción siquiera mínima de la nómina del Estado, un racional reajuste salarial y venta de activos serán necesarios para que el nuevo gobierno mantenga fuerte credibilidad que obligue al Congreso a aprobar mayores impuestos.

[b]Paquete fiscal inflacionario[/b]

La propuesta de reforma fiscal original del PLD ha sido considerada muy fuerte en términos de aumento de la carga fiscal sobre los consumidores, lo que se reflejaría en una nueva oleada inflacionaria llamada a reducir aún más el poder adquisitivo de la población de ingresos fijos.

El proyecto publicado en los últimos días por los medios de comunicación propone elevar en 4 puntos el itebis para llevarlo al 16 por ciento, incrementos de hasta un 50 por ciento en los impuestos selectivos al consumo, del 14 por ciento a las telecomunicaciones, del 16 por ciento al transporte aéreo y marítimo y a los intereses por depósitos bancarios y a los seguros, ampliación del gravamen a la vivienda suntuaria, para incluir todas las que superen los 3 millones de pesos, 5 por ciento adicional a las habitaciones de los hoteles y moteles, y un 4 por ciento adicional a la publicidad, todos los cuales generarán nuevas alzas de precios.

La reducción de los subsidios a la electricidad y el gas propano, focalizándolos en la población de menores ingresos, tendrá también un costo inflacionario que afectará aún más el reducido poder adquisitivo de los estamentos medios y bajos de la clase media.

El proyecto peledeísta contempla la eliminación definitiva de los impuestos transitorios a las importaciones y exportaciones, de poco efecto compensatorio para los ingresos fijos y mantiene el 1.5 por ciento como anticipo del impuesto sobre la renta, lo que no satisface las expectativas de los sectores empresariales.

Aún se ignora en qué medida puede haber sido moderado el proyecto peledeísta en su versión definitiva después de dos semanas de ponderación con el equipo económico del gobierno saliente. Pero por lo que trasciende ya diversos sectores han comenzado a expresar inquietudes y rechazos.

Tiene el agravante de que penaliza duramente a sectores que ya pagan fuertes tributos, como el de las telecomunicaciones, cuyos agentes ya salieron a la palestra pública con posiciones de rechazo muy firmes, lo mismo que el sector financiero que entiende contraproducente el gravamen del 16 por ciento a los intereses por depósitos bancarios.

En una comparecencia ante los medios de comunicación del Grupo Corripio, gerentes de las empresas de telecomunicaciones sostuvieron que la presión tributaria del sector es ya del 28.7 por ciento, muy superior a la presión tributaria nacional estimada en 16.1 por ciento. Con los nuevos impuestos se elevaría al 40 por ciento. Reclamaron una Averdadera reforma fiscal, integral y equitativa@.

La Asociación de Bancos también formuló sus advertencias sobre los desincentivos al ahorro que podría generar huida de capitales. En principio se creía que solo se gravarían los intereses derivados de los certificados financieros del Banco Central y con una tasa no mayor del 10 por ciento, que sería completada con un desmonte de los mismos.

[b]Por una reforma integral[/b]

Dada la profundidad de la crisis financiera debe descartarse que el propósito del próximo gobierno sea obtener excedentes fiscales. Empero por lo que se conoce hasta ahora se contempla cubrir los déficits, incluyendo la carga de los intereses de los certificados financieros del Banco Central, básicamente con impuestos, lo que ha sido rechazado desde el principio por el empresariado organizado y diversos economistas.

Esta semana se incrementaron los reclamos para que se haga una reforma fiscal integral que ponga acento en el mejoramiento de la capacidad recaudatoria, en la reducción del gasto corriente y fuerte austeridad, así como en la venta de activos estatales.

Hasta el director de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que preside el presidente electo Leonel Fernández, el economista Frederic Emám-Zadé, formuló advertencias, tras considerar que los proyectos de reforma fiscal que se conocen By no exceptuó al del PLD- Ano son más que parches mal pegados, semejantes al paquetazo del 2001@.

ANi los consumidores, ni los productores, ni los trabajadores, ni los empresarios soportan más impuestos. Todos prefieren que el Gobierno sea quien recorte sus gastos@ expresó al Listín Diario Emám-Zadé, quien agregó que los mercados y organismos internacionales tampoco están dispuestos a seguir financiando los déficits del gobierno dominicano.

Pero quien llevó la voz cantante en las advertencias fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), el cual formuló un Allamado a la reflexión y a la prudencia@ al tiempo que exhortaba al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Presidente Electo, a propiciar Auna reforma fiscal integral que se constituya en un verdadero instrumento de desarrollo y que no permitan que la misma pueda ocasionar mayores problemas de los que ya tenemos@.

En un comunicado el CONEP planteó que de nada sirve aumentar la carga impositiva sin medidas encaminadas a la modernización de las instituciones del Estado, una austeridad en los gastos, mayor transparencia en la asignación y uso de los recursos y reducción y racionalización del gasto público. APara ello es necesario que la reforma fiscal no sea meramente recaudatoria sino que además incluya una reforma administrativa del Estado Dominicano que disminuya la evasión y aumente la capacidad de ingresos del Estado@, abundó la cúpula del empresariado.

Mientras el equipo económico del PLD daba por concluida la elaboración de su proyecto de reforma fiscal y comenzaba a discutirlo con delegados del Fondo Monetario Internacional, crecieron las evidencias, tanto en los sectores económicos como sindicales y políticos, de lo compleja y difícil de la situación, especialmente porque ese partido está lejos de controlar el Congreso, que tendrá la última palabra en lo que se convertirá en ley.

[b]La compensación salarial[/b]

Hasta ahora los voceros del próximo gobierno no han planteado la posibilidad de compensación salarial, siquiera parcial, y más bien han criticado a quienes la reclaman, entre quienes resaltan el presidente Hipólito Mejía y varios de los más influyentes voceros del Partido Revolucionario Dominicano en el Congreso Nacional.

Pero además del Consejo Nacional de Unidad Sindical, que propone un 60 por ciento de aumento salarial y a los médicos y enfermeras en huelga pidiendo un 100 por ciento, al reclamo se unieron con racionalidad Monseñor Agripino Núñez Collado, el Nuncio papal Timothy Broglio, el secretario Técnico de la Presidencia Carlos Despradel y economistas, articulistas y comentaristas.

Nadie ignora que el poder adquisitivo de los trabajadores se ha reducido a la mitad a partir del 2002, con una inflación que en los últimos doce meses acumula un 62 por ciento. Según los cálculos de la oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el salario mínimo de las grandes empresas se redujo del equivalente a 203 dólares en el 2001, a 103 dólares en mayo pasado.

En los sectores turismo y zona franca, cayó en la misma proporción, del equivalente de 148 dólares a 74. Pero la reducción en los demás salarios es mucho mayor, puesto que los mínimos fueron reajustados en 25 por ciento a enero pasado, lo que no ocurrió con el resto en la mayoría de las empresas.

Los impuestos contemplados degradarán el poder adquisitivo de los empleados en proporción que no será asimilada con la promesa de restablecer el equilibrio macroeconómico y futura revalorización del peso.

No se le puede pedir a las próximas autoridades que restablezcan el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años, pero sí que compense siquiera parcialmente la nueva erosión que conlleva el paquete fiscal que se plantea. Ni soñar con la proporción que reclaman los médicos y enfermeras o las centrales sindicales, ni el 40 por ciento de incremento general de los salarios que conllevó la reforma fiscal que saldó la crisis de principio de la década pasada. Pero al menos un 20 ó 25 por ciento al salario general del sector privado y público, descontando para éste último el 9 por ciento que se le incrementó en enero de este año.

[b]Peligro para el nuevo gobierno[/b]

Un paquete fiscal como el que se propone, sin ninguna compensación inmediata, podría ser peligroso para la gobernabilidad democrática y el respaldo que requieren las próximas autoridades para el éxito de su misión.

Primero porque daría oportunidad a que sus opositores le cerraran el paso en el Congreso Nacional y, aún fuere aprobado, podría provocar una grave desilusión de entrada, en sectores que creyeron la promesa de Avuelta al progreso@ que vendió con éxito el PLD en la campaña electoral.

La simple aritmética económica no parece suficiente para la delicada como difícil situación nacional. Habrá que agregarle ponderación política y valor para reducir el gasto, suprimiendo siquiera un 10 por ciento de la nómina estatal, programando otra proporción similar para dentro de un año, con una austeridad drástica que prohiba la compra de nuevos vehículos que acompaña cada cambio de gobierno y buscando vender algunos activos estatales.

El paquete de reformas debe incluir también la implementación por decreto de nuevas normas para las compras y contratas del Estado a fin de reducir la corrupción, mientras el Congreso aprueba una nueva ley al respecto.

Las circunstancias exigen decisiones drásticas y audaces, pero no sólo en términos impositivos. Una rápida pérdida de las ilusiones generadas por el cambio de gobierno, con el descrédito en que termina el actual, podría resultar de extremo peligro para la gobernabilidad democrática nacional.

Por Juan Bolívar Díaz

El compromiso suscrito esta semana por el presidente Hipólito Mejía y su próximo sucesor Leonel Fernández para establecer una comunicación y cooperación que permita superar la crisis económica nacional es un acontecimiento positivo, acogido con esperanza, aunque también con reservas por la opinión pública.

Al mismo tiempo trascendió que ha habido un espíritu de cooperación entre los comisionados de ambos líderes que estaría permitiendo cierto consenso sobre la difícil reforma fiscal, que es clave para reanudar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), restaurar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento con equidad.

Sin embargo, es obvio que la penalización que conlleva la reforma sobrepasa la disposición de sacrificio de los diversos sectores sociales, tanto los empresariales como de los grupos organizados de la sociedad que empiezan a dar muestras de capacidad de reacción,lo que frenará la rapidez del proceso y obligará a concesiones.

[b]Un encuentro satisfactorio[/b]

Fue casi un pasadía lo que tuvieron el martes 22 el actual presidente Hipólito Mejía y el presidente electo Leonel Fernández, desde que confluyeron a la conferencia sobre cómo superar la crisis, que dictó el expresidente español Felipe González en el Congreso Nacional.

Allí estuvieron desde las 10 hasta cerca del medio día. Se trasladaron al despacho de Monseñor Agripino Núñez Collado, donde charlaron por un rato e intercambiaron puntos de vista sobre el borrador de declaración que ya habían ponderado. Luego almorzaron juntos en el marco de una invitación de la embajadora de España y otros de sus colegas más influyentes. Y volvieron a juntarse a las 6 de la tarde para firmar y entregar el documento.

Mejía y Fernández se comprometen a “mantener la comunicación y hacer los mejores esfuerzos orientados a superar la crisis económica que afecta al país como consecuencia de factores externos e internos”.

El compromiso incluye la cooperación para tener listo un proyecto de reforma fiscal a más tardar el 10 de julio próximo, para enviarlo al Congreso a más tardar el 15, y para “emprender un diálogo constructivo con los integrantes del Senado y la Cámara de Diputados” para lograr su aprobación.

La reanudación de las negociaciones con el FMI y el Club de París, así como “la definición y puesta en práctica de un plan de reformas que le dé sostenibilidad en el mediano y largo plazos al problema eléctrico”, forman parte también del compromiso para el cual fue necesaria la mediación de Felipe González y Agripino Núñez.

Los medios de comunicación muestran una reacción positiva ante el compromiso, con moderada esperanza, pero también una cáustica reserva por la proclividad del liderazgo político a firmar pactos que después son ignorados o modificados por conveniencias. Se citan desde el Pacto por la Democracia en 1994, a los consensos para establecer políticas sociales y combatir la pobreza, y para reformas políticas y constitucionales.

[b]Avanza el consenso político [/b]

Desde la semana anterior quedó en evidencia un importante avance en la cooperación entre las autoridades salientes y las que asumirán el poder el 16 de agosto, tras la entrega de dos estudios sobre la reforma fiscal que había encargado el gobierno y otros dos documentos.

En los días finales de la semana comisionados técnicos del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) trabajaron intensamente en el Banco Central. El gobernador del Banco Central, José Lois Malkún, el secretario de Finanzas, Rafael Calderón, y el Secretario Técnico, Carlos Despradel, integraban la delegación oficial.

Mientras por el próximo gobierno participaban Danilo Medina, Temístocles Montás, Daniel Toribio, Juan Hernández, Rafael Camilo, Vicente Bengoa y Pedro Silverio.

Los delegados del presidente electo asumieron la iniciativa a petición de la parte gubernamental, pero tuvieron amplia colaboración y comprensión del sector oficial, según lo han manifestado voceros de ambos lados.

Las conversaciones han ratificado la gravedad de la situación financiera y la profundidad de las disposiciones a adoptar, con las exigencias del FMI, por un lado, y la renuencia del empresariado y sectores sociales a aceptar nuevas cargas impositivas que penalicen más la situación de muchas empresas y especialmente de los segmentos sociales más pobres y de aquellos que dependen de ingresos fijos, duramente golpeados por la inflación de los últimos 18 meses.

Para el fin de semana pasado ya las dos partes habían logrado consenso en la necesidad de elevar el Itebis al 15 ó 16 por ciento, a la vez que ampliarían su base para incluir productos industriales alimenticios, dejando exentos los alimentos básicos, las medicinas, combustibles y servicios de salud y educación. Se parte de que el Itebis aporta unos 2 mil millones de pesos por cada punto, 24 mil con el nivel actual del 12 por ciento.

También ampliarían el impuesto selectivo al consumo, especialmente al alcohol y el tabaco, los productos más penalizados por gravámenes, en razón de que los consideran “vicios”.

Aunque en principio lo rechazaban, como lo hicieron durante los últimos 4 años, los peledeístas, con una o dos reservas, terminaron aceptando que es imposible ahora desmontar el recargo cambiario a las importaciones y eliminar el impuesto mínimo del 1.5 por ciento a la renta de las empresas. El recargo es la segunda fuente de ingresos fiscales, después del Itebis, con unos 17 mil millones de pesos para este año. El 1.5 por ciento estaría aportando alrededor de 6 mil millones de pesos.

Quedarían eliminados los impuestos transitorios que vencen el 30 de junio, 2 por ciento a las importaciones y 5 por ciento a las exportaciones. Este último apenas estaba dando unos 200 millones de pesos mensuales. Pero entre ambos suponen una pérdida de ingresos de unos 4 mil millones de pesos, la mitad de lo que se avanzaría con el incremento del Itebis.

[b]Las cuentas no cuadran[/b]

Pese a los avances logrados, a mediados de semana las comisiones bilaterales estaban lejos de concluir el proyecto de reforma fiscal, pues las cuentas no les cuadraban, aún eliminando el subsidio a la electricidad y focalizando sólo hacia los más pobres el destinado al gas propano. Entre ambos terminarían consumiendo este año más de 20 mil millones de pesos.

Asumiendo una reducción a la mitad, se economizarían 10 mil millones de pesos, que sumados a unos 7 mil millones más que sería el balance del incremento al Itebis y al selectivo menos la eliminación de los transitorios, implicarían unos 17 mil millones de pesos, suma que anda por la mitad de lo que sugieren técnicos del FMI.

Y todo eso sin incluir el desmonte arancelario, que implicaría el tratado de libre comercio con Estados Unidos que no se cree estará aprobado el año próximo, ni mucho menos los intereses de los certificados financieros emitidos por el Banco Central por las quiebras bancarias del año pasado y para contener la devaluación.

Se estima que tales intereses alcanzarían entre 25 y 30 mil millones de pesos anuales. Empresarios, economistas y políticos coinciden en que es imposible cubrirlos con impuestos y sugieren un préstamo internacional. Pero el FMI reclama identificación de la fuente y tampoco resulta fácil conseguirlo para cubrir consecuencias de fraudes bancarios ante los cuales los organismos internacionales y Estados Unidos han exigido sanciones, que lucen cada vez más lejos de materializarse.

Al próximo gobierno le queda otro recurso, muy manoseado por sectores empresariales y sociales, y es meterle tijeras a la abultada nómina de unos 380 mil empleados que tiene el Estado. Que la congelen sería ya positivo, teniéndose en cuenta que el PLD necesitará sustituir varias decenas de miles para cubrir compromisos de campaña y satisfacer militantes y simpatizantes.

Una reducción real del 10 por ciento en la nómina pública, que equivaldría al despido de 38 mil empleados sería ya un éxito, aunque también un desafío a la estabilidad social. Pero con ello apenas se ahorrarían unos 3 mil quinientos millones de pesos, de los casi 35 mil millones de pesos consignados este año en el presupuesto nacional para remuneración a empleados y para prestaciones de seguridad social. Partidas de 30 mil 288 millones y 4 mil 255 millones de pesos, respectivamente.

[b]Los intereses creados[/b]

Cuando los comisionados técnicos concluyan la elaboración del proyecto de reforma fiscal, tendrán que negociarlo con el FMI, y luego enfrentarse a los intereses creados, legítimos o no, que abarcarán desde empresarios y trabajadores hasta grupos populares.

El empresariado quisiera que la reforma no incluyera nuevas cargas impositivas más allá del Itebis y esto es lo que más rechazan los trabajadores y grupos populares cuyos ingresos se han reducido a la mitad en cosa de año y medio.

El presidente de la Asociación de Industrias y la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada han sido bien expresivos sobre el particular. Y ya esta semana las centrales sindicales y grupos populares empezaban a reunirse para formular sus reclamos.

Ambos sectores influirán sobre los legisladores, y algunos con notables poderes económicos. Ya el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, un orgulloso nativo del populoso Cristo Rey, dijo el jueves que al Congreso “le será muy duro” aprobar la reforma fiscal, advirtiendo que es imprescindible un reajuste de sueldos si no se quiere atentar contra la paz social.

Por su parte el Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA) y el Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo, siempre ligado a la defensa de los más pobres, presentaron el jueves su propio anteproyecto de reforma fiscal por un total de 44 mil millones de pesos, enfocado a gravar a las empresas y los sectores de altos y medios ingresos.

Todos los indicadores apuntan a que difícilmente la reforma esté en vigencia el 16 de agosto cuando se juramente el próximo gobierno, pues aunque se mantenga la voluntad de consenso en los niveles políticos, será bien cuesta arriba en los ámbitos sociales. De cualquier forma la crítica situación nacional terminará imponiendo fuertes sacrificios a todos los sectores.

Por Juan Bolívar Díaz

La reunión que se ha anunciado para el día 22 entre el presidente Hipólito Mejía y el presidente electo Leonel Fernández debería marcar el inicio de una etapa de concertación que permita superar el ambiente de desconcierto que sufre el país y emprender las reformas necesarias para iniciar la recuperación de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento.

Se debe esperar también que las autoridades salientes ofrezcan a la mayor brevedad todas las informaciones que requiera el nuevo equipo de gobierno para planificar sus acciones y especialmente para iniciar la difícil concertación imprescindible para la gran reforma fiscal que requiere la nación.

Corresponde al gobierno entrante encabezar la elaboración del proyecto de reformas fiscales y al saliente ofrecerle toda su colaboración para una pronta aprobación del Congreso Nacional, como demostración de la madurez política que reclama la opinión pública nacional.

Expectativas de acuerdos

Las expectativas de que pueda ser superada la etapa de desconcierto que vive el país en esta larga etapa de transición están cifradas en el encuentro que se ha anunciado para el próximo martes 22 entre el presidente Hipólito Mejía y el presidente electo Leonel Fernández.

No deja de ser deplorable que esta reunión haya tenido que ser tramitada por el expresidente del gobierno español Felipe González y el eterno mediador de los conflictos dominicanos Monseñor Agripino Núñez Collado, lo que no fue necesario en la anterior transición de gobierno.

En el año 2000 la reunión entre los mismos dos líderes se produjo en el Palacio Nacional con más anticipación y sin mediación el 24 de mayo, y ambos coincidieron en calificarla como Acordial y fructífera@. Había una diferencia, y es que entonces Fernández no había sido candidato derrotado ni se había producido el nivel de enfrentamiento personal que se registró en la reciente campaña electoral.

Aunque los intercambios para la transición se iniciaron más temprano hace cuatro años, la primera reunión entre los comisionados se realizó el 6 de junio, pero el 30 de ese mes y todavía el 7 de julio el presidente en funciones del Partido Revolucionario Dominicano, Tony Raful, se quejaba de que las informaciones suministradas eran Aparciales e insignificantes@, según lo recogieron los diarios HOY y El Siglo.

El 5 de julio del 2000, El Siglo publicaba una declaración de Miguel Cocco, entonces miembro de la comisión oficial de transición, según la cual Aexisten informaciones de carácter confidencial que las autoridades no pueden revelar@.

Pero cuatro años después y cuando se produce la tercera alternabilidad en el poder de forma consecutiva, por primera vez en la historia de la nación, hay razón para esperar un comportamiento más maduro del liderazgo político. También es lógico esperar que los que ayer se quejaban no repitan las actitudes que entonces condenaban.

Esta vez hay una razón adicional para que los líderes pongan el interés nacional por encima de las pasiones políticas, y es que ahora el país atraviesa por una de sus peores crisis económicas y urgen decisiones que permitan restablecer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del cual depende la estabilidad macroeconómica.

Responsabilidad de Mejía

El primero que debe reconocer la urgencia de una concertación con las autoridades electas el 16 de mayo pasado es el presidente Hipólito Mejía, quien ha dado instrucciones a sus comisionados para que colaboren y ha pedido que no se repitan las mezquindades del pasado.

El mandatario que tuvo la hidalguía de reconocer la victoria de Leonel Fernández a cinco horas y media de cerradas las urnas, debería mantener la misma actitud a lo largo de la transición, facilitando la concertación de esfuerzos con las nuevas autoridades y ofreciéndole su activa colaboración para que encaminen las decisiones que en materia económica requiere el país.

Su responsabilidad es mayor por cuanto el desbordamiento del gasto público en la recta final de la campaña electoral produjo la suspensión del acuerdo con el FMI, y él es el presidente de la nación hasta el 16 de agosto.

Un esfuerzo particular que deberá realizar el gobierno de Mejía es el necesario para afrontar la crisis energética que afecta las actividades productivas y sociales, y que conturba el ánimo nacional y reducir los costos económicos y políticos que conllevaría su extensión por los casi dos meses que todavía faltan para la instauración del nuevo gobierno.

Una situación similar se produjo en la transición del 2000, cuando hasta veinte instituciones estatales permanecieron semanas sin energía eléctrica y el país fue un solo grito. Contradictoriamente entonces el agrónomo Mejía repetía que los generadores debían cobrar sus deudas antes del 16 de agosto, puesto que él no pagaría. Así lo consignaba HOY del 12 de junio y todos los diarios del 11 de julio.

No deja de ser deprimente que cuatro años después el país atraviese por una situación similar, como si el tiempo no transcurriese para que el liderazgo nacional asuma una actitud más acorde con la continuidad del Estado.

La reforma fiscal toca al PLD

Lo mismo que planteó esta semana, a mediados de junio del 2000 el Consejo Nacional de la Empresa Privada planteó la necesidad de una cumbre del liderazgo político para discutir las reformas sociales e impositivas que requiere el país, lo que de inmediato fue acogido por el presidente y la vicepresidenta electos, según los diarios del 13 de junio.

Urgidos por la crítica situación económica, tanto el liderazgo empresarial como otros sectores han considerado ahora que toca al gobierno de Mejía buscar consenso sobre la reforma fiscal que requiere el país.

Sin embargo, debido a que esta vez las reformas demandadas son más amplias y profundas, la iniciativa debería corresponder a las nuevas autoridades, a lo que ayudaría el que como en el 2000 se adelantara la designación de los funcionarios que tendrán a su cargo la gestión económica, cosa común en muchos países.

Tal como hicieron a mediados de esta semana, las actuales autoridades tenían que entregar a las entrantes los anteproyectos de reformas fiscales elaborados, acompañados de todas las informaciones sobre recaudaciones y ejecución presupuestal del año en curso.

Lograr consenso sobre esas reformas es una tarea inmensa que requiere de las energías y la decisión de que carecen ya los funcionarios que terminan. Y son las nuevas autoridades quienes recibieron un mandato reciente y en consecuencia tienen la mayor legitimidad para negociar y decidir el curso a seguir y asumir las responsabilidades.

Nada de eso releva al gobierno de Mejía y su partido de responder a las expectativas nacionales, lo que implica absoluta colaboración en la elaboración del proyecto y sobre todo para su aprobación, ya que cuentan con el control absoluto del Senado y casi la mayoría de los diputados.

Lo ideal sería que el proyecto fuera elaborado de conjunto entre las comisiones bilaterales de transición, para lo cual se requiere un sentido de Estado que muchos sospechan que todavía no existe en la clase dirigente nacional.

Pero si se deja la responsabilidad exclusivamente en manos de quienes asumirán el poder en agosto, con más razón tendrían los perredeístas la responsabilidad de aprobar la propuesta.

Para reafirmar la circularidad de la política dominicana hay que recordar que hace 4 años los voceros del PLD planteaban que se debía esperar la instalación del nuevo gobierno para conocer las reformas fiscales y sociales que requería el país.

Lo planteó el secretario general del PLD, José Tomás Pérez, y el enlace entre el gobierno y el Congreso, José Ramón Fadul, acusó a los legisladores del PRD de Aestar festinando los proyectos@. Se instruyó a los legisladores del partido morado para que no voten por las reformas Aporque lo más conveniente para el país es esperar que Hipólito Mejía llegue al gobierno y opine y participe en los debates en torno a esos proyectos@, según consignan HOY y El Caribe del 10 de junio del 2000.

Por igual el gobierno del presidente Fernández se negó a ajustar los precios de los combustibles, tras los aumentos del costo del petróleo registrados a lo largo del año, que llevaron el barril sobre 30 dólares.

El consenso será difícil

En cualquier caso el consenso para las reformas fiscales que requiere el país será una tarea difícil, no sólo por la precaria situación de las finanzas nacionales y de muchas empresas, sino también por los requerimientos de desmonte de los aranceles aduanales que conlleva el tratado de libre comercio pactado con Estados Unidos.

Solo los subsidios a la electricidad y el gas propano suponen unos 15 mil millones de pesos anuales. El pago de la deuda externa demandaría 10 mil millones de pesos adicionales a lo previsto para el año en curso, por efecto de la devaluación, y los intereses de los certificados financieros emitidos por el Banco Central tras las quiebras bancarias implican por lo menos otros 25 mil millones de pesos. Esos tres renglones totalizan 50 mil millones de pesos.

La tendencia predominante es buscar una solución no fiscal a los intereses de los certificados financieros, pero para restablecer el acuerdo con el FMI hay que identificar una fuente razonablemente viable.

Arriba de eso, la presidenta del CONEP, doña Elena Villeya, planteó en su discurso del miércoles en la Cámara Americana de comercio que deben suprimirse los impuestos transitorios del 2 y el 5 por ciento a las importaciones y exportaciones y dejar como simple anticipo el impuesto mínimo del 1.5 por ciento a la renta de las grandes empresas, además de desmontar el recargo cambiario a las importaciones y eliminar todo impuesto a los bienes de capital y las materias primas.

Todo eso no se suple con la ampliación de la base del Itebis, ni que lo universalicen, y con la mejoría de la administración tributaria. Nadie cree tampoco que el nuevo gobierno ni ningún otro pueda afrontar decididamente los 175 mil empleos que según la presidenta del CONEP tiene en exceso el Estado, cuando tendrá la demanda de trabajo de decenas de miles de sus militantes y simpatizantes. Un éxito sería que congelaran la nómina pública.

El aumento de sueldos que hasta el CONEP considera debe incluirse en las discusiones, demandará también mayores recursos fiscales.

La situación, sin duda, demanda una gran concertación y un liderazgo que sólo lo tiene ahora mismo el presidente electo, doctor Leonel Fernández, cuyo discurso fue el que generó más de 2 millones de voto el pasado 16 de mayo.-