Urge recuperar los valores de la política

Por Juan Bolívar Díaz
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Llegan ustedes al ejercicio profesional, estimadas y estimados graduandos, en un mundo cada vez más convulsionado por profundos conflictos de guerras y atentados que lo mismo aterrorizan a pueblos y naciones, sembrando el espanto y la muerte. Una civilización que ha globalizado el hambre y la pobreza en un círculo vicioso de exclusión que genera nuevas expresiones del odio y la injusticia.

Mientras casi enteros continentes padecen hambruna, la riqueza y el bienestar se concentran cada vez más en una veintena de naciones y en algunos miles de personas. La revista Forbes acaba de publicar su lista anual de los mayores concentradores de la riqueza en la que 400 individuos aparecen con un patrimonio superior al millón de millones de dólares. Los dos más ricos poseen 48 mil y 41 mil millones de dólares respectivamente.

En tanto, según las cifras del Banco Mundial presentadas en su reunión anual y del Fondo Monetario Internacional, celebrada en Washington el 2-3 de este octubre, el 50 por ciento de la población humana sobrevive con menos de dos dólares diarios.

James Wolfenshon, el presidente del Banco Mundial, proclamó al término de la asamblea que “la erradicación de la pobreza es central para la estabilidad y la paz del planeta”, asegurando que la mayor amenaza es la frustración y la falta de esperanza en gran parte de los países. Censuró que los líderes de las potencias económicas sólo formulan promesas para asistir a las naciones más pobres, pero los recursos nunca llegan.

Se echan de menos en el mundo aquellos tiempos en que la lucha bipolar por la supremacía prometía el 0.5 por ciento del producto interno bruto de los ricos para combatir la pobreza. Con el final de la guerra fría se hilvanaron numerosas ilusiones de un mundo más pacífico y justo, pero el resultado ha sido una mayor indiferencia, indefensión y hasta anulación de los organismos intermedios, instrumento de negociación y amortización de las injusticias sociales.

El derroche militar

Con la caída del socialismo y el predominio absoluto del capitalismo el gasto militar mundial, que en 1989 había alcanzado los 900 mil millones de dólares, se redujo en 1999 a 780 mil millones, pero a fin de este año sobrepasará la cifra de los 950 mil millones de dólares.

Para el año fiscal 2004-2005 sólo los Estados Unidos destinarán 500 mil millones de dólares a gasto militar, lo que según el escritor argentino Juan Gelman, en su ensayo ”Militarismo, las cifras del escándalo”, implica el derroche de 1,360 millones de dólares cada día, 56 millones por hora y 940 mil por minuto. Resalta el hecho contradictorio que cuatro de las cinco potencias que más derrochan en armamentismo son del exclusivo club del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Ese desbordamiento es en gran parte responsable del déficit fiscal de Estados Unidos que este año alcanza la cifra de 450 mil millones de dólares, casi similar a su gasto militar, generador de mayores desequilibrios mundiales, razón por la cual el presidente del Fondo Monetario Internacional llamó la atención de esa nación en la reunión del dìa 3.

Es relevante que en la lista de Forbes aparecen 25 multimillonarios latinoamericanos acumulando 70 mil millones de dólares. Mientras el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la Democracia en América Latina indica que el 44 por ciento de sus pobladores, equivalentes a 225 millones de personas, viven bajo niveles de pobreza.

México es el ejemplo paradigmático, pues tiene en la lista 11 acaudalados que de año en año concentran mayor riqueza. Carlos Slim la duplicó en un solo año, pasando de 7.4 a 13.9 mil millones de dólares, mientras 50 millones de mexicanos sobreviven en la pobreza.

El estudio del PNUD, de reciente publicación, sostiene que “las sociedades latinoamericanas son las más desiguales del mundo” y que no sólo se observa la profundidad de la desigualdad en la región, comparada con el resto del universo, sino también su persistencia en las tres últimas décadas.

El informe indica que en 1990 el 10 por ciento de la población latinoamericana de ingresos más elevados tenía más de 25 veces el ingreso del 10 por ciento de los más pobres, proporción que se elevó a más de 27 veces en 1999. En 1997 el 20 por ciento de los latinoamericanos de mayores ingresos recibía casi el 55 por ciento del total, mientras el 20 por ciento de los de menores ingresos apenas recibía el 4.8 por ciento.

Eso explica que casi todas las capitales latinoamericanas se hayan convertido en ciudades de enorme inseguridad y criminalidad. De ahí los casi mil secuestros sufridos por los mexicanos de mayores ingresos tan solo en el 2002. La República Dominicana no escapa a esas alarmantes desproporciones y a la realidad de que cerca de la mitad de la población vive bajo niveles de pobreza, y que más del 80 por ciento de los que tienen el privilegio de un empleo ganan menos que el costo de la canasta familiar.

La pobreza dominicana

El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de julio pasado ratifica a República Dominicana entre los 10 países de menor desarrollo global de los 35 que integran el continente, por debajo de todas las naciones del Caribe, exceptuando la vecina Haití.

Es en ese mundo salvaje en el que ustedes, queridos graduandos, están llamados a insertarse plenamente y a vivir. La generalidad de ustedes son y serán privilegiados, no sólo por su origen social, sino también por haber podido alcanzar el nivel de educación del que está excluida la gran mayoría, como también de los servicios sanitarios, del empleo y la seguridad.

Hasta por razones egoístas tendrán que enfrentarse a esas desigualdades e injusticias, porque aunque todo se esté privatizando en beneficio de las minorías dominantes, aunque tengan guardianes en sus residencias, tendrán que enfrentarse a unas calles progresivamente más inseguras y violentas.

Los niveles que está alcanzando la delincuencia en el país no son más que consecuencias de esas desigualdades y exclusiones, de la desesperanza y desesperación que se vive en las grandes concentraciones de la miseria urbana. No es una ola de delincuencia la que padecemos, es un crecimiento sostenido que desborda los barrios y se va apoderando de los ámbitos de las clases medias y altas.

Si no combatimos eficientemente la pobreza, disminuimos el dispendio y la ofensiva exhibición de riquezas, muchísimas veces mal habidas, la inseguridad será cada vez más generalizada. Tenemos que producir una profilaxis profunda en la Policía Nacional, pero de nada valdrían todas las previsiones mientras los tenientes reciban menos de 6 mil pesos mensuales. Saldrán a las calles a buscárselas a cualquier costo, por sí mismo o asociados con las bandas de delincuentes que se multiplican.

La impune corrupción que carcome el alma de la sociedad dominicana es otro de los factores que incentivan la delincuencia en todas sus expresiones y que tenemos que enfrentar en lo inmediato. Esa enorme corrupción pública y privada, que ha quedado al desnudo en toda su extensión por las recientes quiebras bancarias que salpicaron amplios segmentos de los sectores políticos y sociales, ha sido generadora de la profunda crisis económica que padecemos y de un mayor empobrecimiento de la población.

Esta sociedad tiene que hacer una catarsis de la corrupción, sincerándola no solo en el mundo político, sino también en el de aquellos que poseen las riquezas y las utilizan para corromper la política y los políticos. Reclamando el cese de la impunidad y la institucionalización de reales mecanismos de control.

El poder del dinero y sus medios de comunicación ha tenido éxito en concentrar la responsabilidad de la corrupción en los políticos, cuando en realidad él enseñorea la distribución del poder político. Nos hemos olvidado del premonitorio verso de Sor Juan Inés de la Cruz que pregunta “cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, el que peca por la paga o el que paga por pecar”.

En la última década, los dominicanos, como los latinoamericanos, hemos accedido a las formas democráticas, y logramos, por primera vez en nuestra historia, realizar seis elecciones libres consecutivas. Los esfuerzos de las generaciones de los 60 y 70 por democratizar la sociedad han dado frutos. Tenemos que verlo con optimismo y esperanza.

La democracia amenazada

Acabamos de demostrar que ya no es suficiente el control político del Estado y de los órganos del arbitraje electoral para mantener la tradición de imposiciones electorales y el fraude. La democracia ha triunfado como forma de convivencia nacional y en Amèrica Latina, pero está amenazada por la desigualdad, la exclusión y la corrupción, como muestra el informe del PNUD, que nos plantea que “la democracia excede a un método para elegir a quienes gobiernan, es también una manera de construir, garantizar y expandir la libertad, la justicia y el progreso, organizando las tensiones y los conflictos que generan las luchas de poder”.

El PNUD nos convoca a una democracia de ciudadanos, participativa: “El paso de la democracia electoral a la democracia de ciudadanía consiste, precisamente, en mantener y perfeccionar los derechos políticos y lograr que la mayoría de la población pueda participar y beneficiarse de los derechos sociales y económicos.

Pero el filósofo español Joseph Ramoneda nos plantea el secuestro de la democracia y la libertad por los poderes económicos, señalando una contradicción esencial entre democracia y capitalismo. “La democracia es tendencialmente igualitaria, en la medida en que se basa en el principio de un hombre (o una mujer) un voto; el capitalismo es esencialmente desigualitario en tanto que se funda en la ley del más fuerte, en la lucha por la supervivencia en el campo de batalla del mercado”.

De la corrupción nos dice que “como figura central de la política contemporánea es la expresión de la difícil coexistencia entre un sistema económico -el capitalismo- que tiene la desigualdad como motor de su desarrollo y un sistema político –la democracia- que tiene la igualdad como principio articulador”.

Estimadas y estimados graduandos: Deseo convocarlos a continuar las luchas de sus padres y maestros por un mundo más justo y habitable. A rescatar los valores espirituales para erigir una sociedad fundamentada en la ética y los principios de los derechos sociales. A recuperar los valores de la política. A participar no solo en la creación de riquezas, sino también en su distribución.

La política tiene que recuperar su compromiso con los sueños libertarios, con la solidaridad humana. Participen de ella en todas sus expresiones, incluso en la militancia para reconvertir los partidos en instrumentos del bienestar colectivo.

Los bienes materiales son esenciales para todos. Pero es también fundamental que no se dejen consumir por la tibieza y la indiferencia. Este país todavía es un ámbito hermoso, “colocado en el mismo trayecto del sol”, con una naturaleza pródiga, lúdica y regenerativa.

Vivan, ejerzan sus profesiones con la pasión de la trascendencia. Porque al final por más que acumulemos volveremos a la tierra ligeros de equipaje, y lo que quedará será lo que hayamos acumulado en la solidaridad, en la generosidad con esta tierra y sus habitantes.

Esta nueva generación está convocada a afianzar los avances democráticos con las grandes transformaciones que demanda la sociedad dominicana, sustituyendo los botes individuales por grandes embarcaciones que atraquen siempre en ámbitos nacionales, donde quepan todos los sueños y realizaciones humanas.

A los jóvenes

Permítanme concluir citando al excepcional poeta latinoamericano Mario Benedetti, quien hace dos semanas publicó en Madrid su último libro titulado Memoria y Esperanza, que él dedica a ustedes los y las jóvenes, a quienes pide que no desperdicien su frescura, ni apaguen su curiosidad, que luchen contra el conformismo y el consumismo. También que preserven la rebeldía, el idealismo, la vitalidad, las ganas de vivir y de cambiar el mundo y no se dejen vencer por el tedio o el derrotismo.

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
En este mundo de paciencia y asco?
Sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?
También les queda no decir amén
No dejar que les maten el amor
Recuperar el habla y la utopía
Ser jóvenes sin prisa y con memoria
Situarse en una historia que es la suya
No convertirse en viejos prematuros.
¿Qué les queda por probar a los jóvenes
En este mundo de rutina y ruina?
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?
Les queda respirar/ abrir los ojos
Descubrir las raíces del horror
Inventar paz así sea a ponchazos
Entenderse con la naturaleza
Y con la lluvia y los relámpagos
Y con el sentimiento y con la muerte,
esa loca de atar y desatar
¿Qué les queda por probar a los jóvenes
En este mundo de consumo y humo?
¿vértigo? ¿asaltos?¿discotecas?
También les queda discutir con dios,
Tanto si existe como si no existe,
Tender manos que ayudan/abrir puertas
Entre el corazón propio y el ajeno/.
Sobre todo les queda hacer futuro
A pesar de los ruines del pasado
Y los sabios granujas del presente

Inoperante la prevención de la corrupción pública

Por Juan Bolívar Díaz

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Las rogativas  públicas, tanto a los funcionarios recién designados como a los que salieron del gobierno el pasado mes, para que presenten la declaración jurada de bienes, ha vuelto a manifestarse como expresión de la ineficacia de los instrumentos creados en el país con el propósito de prevenir la corrupción administrativa.

Cinco leyes, 15 decretos y 10 circulares que de alguna manera buscan prevenir y condenar las prácticas corruptivas, se han emitidas en los últimos 8 años, abarcando los dos últimos períodos de gobierno, pero casi todas esas regulaciones han caído en la inoperancia o en el olvido.

La actividad legislativa ha sido bien intensa, sometiéndose por lo menos dos docenas de proyectos de leyes, que han dado vueltas en las comisiones o yacen en las gavetas de los presidentes de las cámaras legislativas, siendo el 2000 el año más activo en el que se conocieron 9 iniciativas, sin que ninguna fuera aprobada en ese período.

DECLARACIÓN DE BIENES

La ley 82 de 1979,  establece que los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo y los electos, deben presentar una declaración jurada de sus bienes tanto al inicio como al término de su gestión pública, pero desde el principio se le criticó que carece de mecanismos coercitivos y, lo peor, de sanciones.

En las últimas semanas, el país asistió a un festival de rogativas para que los funcionarios del nuevo gobierno y los que salieron en agosto pasado, presenten su declaración jurada.

Al igual que hace cuatro y ocho años, al inicio de cada período gubernamental, el procurador general de la República, ahora el doctor Francisco Domínguez Brito, ha apelado al llamado público para que se cumpla el mandato, bajo amenaza de no pagar los sueldos.

Según el indicado texto, la declaración debe hacerse dentro de los siguientes 30 días a la designación en un cargo público o al cese en las funciones. Tras cumplirse el mes, sólo poco más de un centenar de funcionarios, entre salientes y entrantes, habían cumplido el mandato legal, lo que representaría apenas un 5 por ciento de más de 2 mil que tendrían que hacerlo, de acuerdo con estimados del nuevo director del Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), doctor Octavio Líster.

La mayor sanción que prevé la ley 82, es que no se les pague el sueldo a quienes no hayan hecho la declaración al transcurrir el plazo de 30 días. Para los que salen no hay normativa compulsiva. De ahí que sea más frecuente el cumplimiento al ingreso al cargo público, que a la salida.

Hace cuatro años, correspondió a los doctores Virgilio Bello Rosa y Jesús Féliz, desde la Procuraduría y el DEPRECO, reclamar insistentemente el cumplimiento de la normativa. Llegaron a pedir que no se les pagara a funcionarios y legisladores, lo que aumentó el número de los que cumplieron la ley. Siempre quedó una parte, sin que pudieran ser persuadidos de hacerlo y cobraron sus sueldos.

Tanto Domínguez Brito como el procurador fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, han recordado otra normativa de la ley 82 para los que concluyeron funciones públicas, y es que considera ilícitos todos los bienes adquiridos que no hayan sido declarados. Pero tal previsión todavía no ha sido aplicada, en los 25 años que data la legislación.

UNA REFORMA FRUSTRADA

Desde hace por lo menos cinco años, da vueltas en el Congreso Nacional un proyecto de ley que persigue hacer operativa la Declaración Jurada de Bienes, pero ha perimido sistemáticamente sin que haya sido aprobada.

Hay registros, por lo menos desde  el 9 de marzo de 1999, de la introducción del proyecto por parte del Poder Ejecutivo y de legisladores. El último en actualizarlo fue el peledeista santiagués Julio César Valentín, quien lo hizo en el 2002, pero perimió el año pasado al pasarle dos legislaturas sin ser aprobado.

Por lo menos tres proyectos diferentes se han conocido al respecto. Tipifican y establecen sanciones al enriquecimiento ilícito. Dos de ellos consideran el incumplimiento de la obligación como renuncia irrevocable al cargo y nulos los actos realizados.

Para los funcionarios electos, se establece que la Junta Central Electoral no les entregará el certificado de elección, hasta que presenten la Declaración Jurada de Bienes.

En general, los proyectos presentados tienden a aumentar el número de los funcionarios que deben someterse a la normativa, incluyendo a los altos ejecutivos de organismos autónomos como la Junta Central Electoral y Liga Municipal Dominicana,  los altos jefes militares y policiales, cónsules, funcionarios de aduanas e impuestos internos, auditores, gerentes financieros y encargados de compra y transporte.

Los proyectos también precisan y amplían el contenido de la declaración jurada y requiere anexarle la declaración del impuesto sobre la renta de los 3 años anteriores al nombramiento o elección. Esta última previsión sería de más difícil cumplimiento, dada la baja proporción de ciudadanos y ciudadanas que se acogen a ese mandato legal.

De cualquier forma, es obvio que los legisladores no han mostrado la menor voluntad política para hacer operante la ley que establece la Declaración Jurada de Bienes, tal vez porque muchos de ellos son de los que han sido renuentes al cumplimiento de la ineficaz legislación vigente.

OTRAS LEYES INOPERANTES

El movimiento Participación Ciudadana (PC) Publicó en agosto pasado un libro, fruto de una investigación que auspició con el título de “Leyes, Proyectos de Leyes y Decretos Anticorrupción  1996-2003”, que es un manual para todo el que se interese sobre los esfuerzos para reducir la corrupción en el país.

Es notorio que de las cuatro leyes contra la corrupción promulgadas durante ese período, sólo una haya entrado plenamente en vigencia. Una quinta aprobada hace apenas dos meses, la que establece el libre acceso a la información pública, ya está bajo cuestionamiento en ocasión del escándalo de los oficiales policiales que usufructuaban más de un centenar de vehículos robados.  La Policía Nacional no ha obtemperado al reclamo del periódico El Día, que amparado en la ley 200-04 reclamó los nombres de los responsables.

La más antigua legislación al respecto, la Ley 19-01, ya tiene más de tres años y 7 meses de promulgada, sin que las cámaras legislativas hayan hecho la diligencia que la misma establece para su operatividad. Es la que instituye el Defensor del Pueblo y la cámara de Diputados no ha cumplido con el mandato de presentar una terna al Senado para escoger al titular de la defensoría y a sus ayudantes fundamentales.

Instituciones de la Sociedad Civil han reclamado durante más de tres años el cumplimiento de la ley, con la escogencia de personas sin vínculos partidistas, en vista de que han predominado las intenciones de repartición entre allegados a los partidos dominantes. La respuesta ha sido la inanición.

El 20 de julio del 2001 fue promulgada la ley 120 que crea el Código de Etica del Servidor Público, que establece los principios éticos a los que debe acogerse el empleado público y las sanciones correspondientes. Aún no se ha emitido el reglamento ni creado el tribunal disciplinario que la legislación establece.

Otra ley que se inscribe en el código anticorrupción, de ese productivo año 2001, es la 126 del 27 de julio, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, pero aún no se han establecido las normas que ordena ni completado su personal.

La única de las cinco leyes citadas que está en plena vigencia, en parte gracias a las presiones externas recibidas por el país, es la 72 del 2002 Contra el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y de Otras Infracciones Graves. Está puesta aprueba con los procesos por las quiebras bancarias del año pasado.

Además de esas leyes, el 20 de noviembre de 1998 fue promulgada la Resolución del Congreso 498 que ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada en 1996, que establece compromisos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

DECRETOS Y PROYECTOS

El citado libro de PC, elaborado por el politólogo Faustino Collado, cita 15 decretos y 10 circulares del Poder Ejecutivo y sus organismos básicos emitidos durante los 8 años del estudio buscando controlar la corrupción.

Entre los más importantes está el decreto 322, del 24 de julio de 1997, que crea el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, dependiente de la Procuraduría General de la República, que tuvo fuerte vigencia en los primeros tres años del pasado gobierno y luego cayó en la inoperancia.

El 149, del 29 de abril de 1998, constituye las comisiones de Etica Pública en cada dependencia pública. El 262, del 10 de julio de 1998, establece el reglamento de compras y contrataciones de bienes y servicios de la administración pública.

El 121, del 23 de enero del 2001 pone bajo dependencia de la Contraloría General, con mayor independencia, a los contralores de las instituciones del gobierno central y organismos descentralizados.

El decreto 614, del  24 de julio del 2001, establece un nuevo Sistema de Programación de la Ejecución Financiera del Presupuesto y el 783, de la misma fecha, crea el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República.

Con el decreto 646, del 21 de julio del 2002,  se destinan a prioridades sociales los excedentes presupuestales que alimentaban el Fondo Especial 1401, que tantas manipulaciones soportó durante décadas.

Otro decreto importante es el 39, del 16 de enero del 2003, que establece las Comisiones de Auditoría Social, con participación de las organizaciones comunitarias en la vigilancia y seguimiento de la inversión pública en construcciones.

La mayoría de tales decretos, como de las resoluciones, han quedado en el papel, apenas con indicios de buena voluntad. Pero nada más.

 

Urge una catarsis de la corrupción

Por Juan Bolívar Díaz

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El escándalo del centenar de vehículos de todo tipo robados y usufructuados por altos oficiales de la Policía Nacional tras ser recuperados, en vez de ser devueltos a sus propietarios, es un dramático indicador de los niveles de “legitimidad” alcanzados por la corrupción en el país.

La ocurrencia que ha impactado la opinión pública durante casi dos semanas es una primera prueba para las nuevas autoridades, de las que se esperan señales inequívocas de voluntad política para combatir una corrupción que causa alarma en la sociedad dominicana y en los ámbitos internacionales.

La ocurrencia fortalece el criterio de que la sociedad dominicana tiene que hacer una catarsis de la corrupción, comenzando por el mayor escándalo de todos los tiempos que es sin duda la quiebra de tres bancos que ha hundido la economía nacional, pese a lo cual se generaliza la sensación de que una vez más prevalecerá la impunidad.

UN ESCÁNDALO GRAVÍSIMO

Es muy probable que el nuevo Jefe de la Policía Nacional, general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, no sospechara el nivel del escándalo que provocaría el plazo público de tres días que otorgó al comenzar el mes de septiembre para que los oficiales que usufructuaban vehículos robados y recuperados por la institución los devolvieran.

Desde el principio el comandante policial había cifrado los casos en un centenar, cifra que fue alcanzada el jueves, en medio de una alarma generalizada, aunque la práctica viene de lejos y ya en algunas ocasiones, como la década pasada, se publicó que dos vehículos robados aparecieron en la marquesina de un oficial de la Policía.

El asunto era un secreto a voces, pero nadie sospechaba que había alcanzado la dimensión del centenar de vehículos. Fue destapado por los reclamos del sector asegurador ante la Superintendencia de Seguros, cuyo titular Euclides Gutiérrez Félix motorizó la acción del jefe de la Policía.

Ante tal dimensión, las autoridades aparecen en un serio dilema, porque las sanciones que corresponden son de carácter penal y conllevarían la degradación de decenas de altos oficiales. Después del retiro de una treintena de generales y coroneles de la policía decretado en las primeras semanas del nuevo gobierno, implicaría un “chapeo” mayúsculo de la oficialidad de la institución encargada del orden público.

Es obvio que una parte de los vehículos estaban en manos de algunos de los retirados, pero también de los que ocuparon sus posiciones, con el agravio adicional de que hace años ya se había “legitimado” en la PN ese escandaloso usufructo.

Los informes de prensa han señalado el hecho de que algunos oficiales usufructuaban más de un vehículo para beneficio de sus familiares y se puso nombre y apellido a uno que habría devuelto cinco.

Desde luego que también hay muchos oficiales que no se sumaron a ese latrocinio que conllevaba premeditación y alevosía, como lo prueba el hecho de que a muchos de esos automóviles, jeepetas y camionetas se les borraron la numeración de sus chasis fueron pintados de otro color y circulaban sin placas, o con placas oficiales, o de otros vehículos, ante la imposibilidad de cambiarles las matrículas.

URGENCIA DE SANCIONES

Lo primero que se impondría para evitar que sean estigmatizados justos por pecadores, es hacer pública la lista de los que se hicieron cómplices del robo de los vehículos, cosa que por lo menos el periódico El Día ya ha demandado formalmente, amparado en la recién promulgada ley sobre transparencia informativa, que de esa forma queda sometida a una primera prueba.

Tanto el fiscal del Distrito Nacional, como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo han convenido públicamente en que la ocurrencia ameritaría sanción, pero el descreimiento es tan grande que casi nadie la espera, al menos en la dimensión que correspondería, que sería la destitución y procesamiento judicial de quienes resultaren responsables.

La sanción fortalecería la imagen del nuevo gobierno y especialmente del Jefe de la Policía empeñado en dar nuevas dimensiones a esa institución, al tiempo que alentaría expectativas de combate a la corrupción..

Tender un borrón y cuenta nueva sobre este escándalo debilitaría de inmediato la credibilidad de las nuevas autoridades para enfrentarse al flagelo de la corrupción y les restaría moral para denunciar las acciones de los recién desplazados del poder.

La dimensión de este caso es de las mayores que se registran. Pues aquí no sólo se trata de actos propios de delincuentes, sino además ejecutados por quienes están investidos y pagados por la sociedad precisamente para combatir la delincuencia.

Se agrava también por el hecho de que se trata de un despojo a ciudadanos y ciudadanas que confiaron en la Policía Nacional y pusieron en sus manos la recuperación de vehículos que les habían sido robados.

Otro de los dilemas de justicia en el caso es hasta dónde se llegaría hacia atrás, tomándose en cuenta que la práctica lleva por lo menos dos décadas, de acuerdo a fuentes bien enteradas de los asuntos policiales.

El fiscal José Manuel Hernández agregó otro ingrediente al denunciar que también armas incautadas a la ciudadanía eran “cargadas a oficiales de la Policía, con y sin registro”, lo que implica otra modalidad de despojo.

ALGO HAY QUE HACER

Las investigaciones y sanciones habría que extenderlas a las fiscalías, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Dirección General de Aduanas y hasta a la Secretaría de las Fuerzas Armadas, por lo menos.

Desde hace años se denuncia que en las fiscalías desaparecen las pruebas de los delitos y que en la Dirección de Control de Drogas se reparten automóviles fincas y hasta residencias incautadas a narcotraficantes. De tiempo en tiempo ha saltado a los medios de comunicación que personas descargadas en instrucción de expedientes de drogas no han podido recuperar sus propiedades, a veces simplemente porque ya habían sido distribuidas.   Justamente el jueves el Listín Diario dio cuenta de la “desaparición” de unos 30 vehículos, algunos de lujo,  incautados al exalferez de la marina Gustavo Isidro Zayas García, quien fuera muerto en octubre pasado en circunstancias aún no esclarecidas, y a quien se ligaba a actividades ilícitas.

Al mismo tiempo la Dirección General de Aduanas publicaba un aviso dando un plazo de 72 horas a “exfuncionarios, exempleados, militares y personas particulares e instituciones” para que devuelvan los vehículos de esa entidad que usufructúan.

Se trata de otra práctica sabida y denunciada anteriormente y esta probablemente lleva más años en vigencia. En el año 2000 también Aduanas y el Departamento de Prevención de la Corrupción llamaron públicamente a la devolución de cientos de vehículos incautados al llegar de contrabando, subvaluados o porque sus propietarios no pudieron pagar los impuestos y que fueron a parar a manos de allegados del gobierno, civiles y militares. Nunca se supo cuántos fueron devueltos.

La distribución o despojo se habría extendido a muchas de las armas incautadas por fuerzas policiales y militares en los operativos masivos de registros realizados en los últimos años  por Fuerzas Armadas y PN. Incluso se dio el caso de personas que tenían permisos de porte de armas pero no los llevaban cuando fueron requisados. Luego no aparecieron sus armas. Un chofer de Teleantillas pasó por esa experiencia.

Esas prácticas son tan generalizadas que hasta en los cuarteles policiales y militares se acostumbra disponer de armas y otras propiedades incautadas a ciudadanos. A menudo el silencio es el precio a pagarse para no ser sometido a la acción judicial.

SE REQUIERE UNA CATARSIS

Estudiosos de la conducta humana y analistas sociales han convenido en que la sociedad dominicana está alcanzando los máximos niveles de corrupción, y que legitima todo tipo de despojo y usurpación de lo ajeno, que además se exhibe a vista pública.

Las prácticas de corrupción son tan generalizadas que han adquirido carácter de legitimidad, lo que a su vez es un incentivo a la delincuencia común, pues los que no disponen de empleo o posiciones lucrativas sienten que también tienen derecho al disfrute de lo ajeno, aún tengan que apelar hasta el asesinato.

Y lo peor es que ya esas prácticas no se relegan al ámbito público, sino que cada vez abarcan a mayor número de actividades privadas, surgiendo como ejemplo las quiebras fraudulentas de bancos y financieras, con escandalosa impunidad.

Se recuerda que en las últimas dos décadas quebraron decenas de financieras y media docena de bancos, pero ni uno solo de sus responsables ha sido condenado por la justicia. Tampoco queda uno solo preso de los cuatro o cinco que fueron procesados.

El ejemplo paradigmático, por su volumen y por haber implicado la pérdida de cien mil  millones de pesos que hundieron la economía nacional, es el de los tres bancos quebrados el año pasado. Nadie guarda prisión por ello y los procesos no pasan de instrucción, mientras cada vez son más claras las señales indicativas de impunidad.

En los ámbitos diplomáticos y de organismos internacionales resalta la pérdida de asombro ante la corrupción que padece la sociedad dominicana. Un funcionario extranjero comentaba hace algunos meses, al referirse al caso de la quiebra del Baninter, que la sociedad dominicana requiere una catarsis de la corrupción.

Se señalaba el hecho de que aún no se han publicado las listas de los beneficiarios de las decenas de miles de millones de pesos malversados en ese banco en un escándalo mayor que el atribuido a Vladimir Montesinos, a quien se acusó de haber corrompido a gran parte del liderazgo político y social de esa nación. Pero los peruanos hicieron su catarsis con la publicación de todos los nombres, vídeos incluidos, y con el arresto y procesamiento del cual el otrora todopoderoso funcionario no ha podido librarse.

 

Un discurso promisorio que amerita concreción

  Por Juan Bolívar Díaz

El discurso inaugural del presidente Leonel Fernández ha sido bien acogido pero se espera que sea completado con una serie de normativas específicas                                            

            El presidente Leonel Fernández pasó con éxito su primera prueba con un discurso de juramentación que despertó esperanzas, al invocar las mejores energías de los diversos sectores sociales, aunque varias de las medidas anunciadas para hacer integral la reforma fiscal están pendientes de concretización.

            El nuevo gobierno agota su primera semana integrando su equipo ejecutivo, extraído de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los grupos políticos que le respaldaron en los comicios presidenciales el cual puede ser considerado una repetición del que rigió la nación en el período 1996-2000.

            Mientras tanto las primeras ejecutorias están encaminadas a dar un respiro a la ciudadanía con un mejoramiento de la oferta energética y la superación de la escasez de gas propano, las dos mayores expresiones del deterioro con que concluyó el gobierno del presidente Hipólito Mejía.

Buena acogida al discurso

            El discurso inaugural del presidente Fernández fue acogido como positivo y esperanzador por la generalidad de la ciudadanía y el liderazgo político y social, incluyendo a dirigentes de los partidos de oposición.

            La ausencia de agrias recriminaciones al gobierno saliente, sin que faltara un crudo balance de la crisis financiera heredada, y el tono grandilocuente del nuevo mandatario magnificaron la pieza oratoria de una hora ante la Asamblea Nacional y una decena de gobernantes de diversas naciones del continente.

            Aunque algunos analistas y dirigentes políticos estimaron que varias de las políticas formuladas por Fernández tendrán que ser concretadas mediante decretos y otras disposiciones administrativas, la generalidad coincidió en dar un voto de confianza al gobierno que se inicia.

            El balance fue positivo, estimándose que el discurso tiende a generar confianza en los diversos actores nacionales y en la representación de la comunidad internacional, lo que se expresó en la ratificación de la tendencia a la baja en la tasa cambiaria sostenida durante las últimas semanas. El jueves el dólar llegó a cotizarse a 40 pesos, dos y medio menos que al cierre del pasado período gubernamental.

            Es relevante que el descenso se mantuvo a pesar de que el precio del petróleo siguió su alocada carrera alcista, aproximándose a los 50 dólares el barril, y aún cuando se acudía al mercado cambiario para la compra del combustible llamado a reactivar la producción energética, que llegó a sus niveles más críticos en el período de transición del gobierno.

            El tono del discurso presidencial y la apelación al conjunto de los dominicanos y dominicanas para echar el país hacia delante y la propuesta de un “Gobierno de Unidad Nacional”, se correspondió con el informe presentado por el presidente Hipólito Mejía el jueves 12, en el cual se manifestó conciliador prometiendo colaboración con las nuevas autoridades en aras del interés nacional.

            Independientemente de las acciones judiciales que pudieran derivarse de las ejecutorias de las autoridades salientes, el presidente Fernández dejó abiertas las puertas a la concertación con los partidos de oposición, al advertir que no alberga ánimo alguno de venganza o de retaliación y que nadie será perseguido por razones de revancha política.

            Lo esencial del discurso se centró en la necesidad de concertar esfuerzos para superar la crisis económica que afecta al país para lo cual esbozó una serie de políticas.

Medidas complementarias

            En la opinión pública nacional se sintió el empeño de alentar al nuevo gobierno y de resaltar las políticas anunciadas, pero con la expectativa de que puedan ser concretizadas en breve plazo, mediante disposiciones administrativas.

            Eso rige en primer lugar para la constitución del “Gobierno de Unidad Nacional que integre en un Consejo Económico y Social a los representantes del sector empresarial, del sector laboral, de la sociedad civil y de las iglesias”.

            Lo mismo cuenta para la planteada reestructuración del gabinete social y la implementación de las políticas sociales. Pareció tímido el inicio con 25 mil familias del programa “Comer es Primero”, destinado a la población que vive en la extrema pobreza.

            Pero donde más se requiere una rápida definición que genere credibilidad es en el programa de austeridad enunciado por el presidente Fernández, llamado a complementar la reforma fiscal propuesta al Congreso Nacional.

            Llamó la atención que no hubo nada concreto frente al reclamo de reducción de la nómina pública, más allá de limitar los subsecretarios de estado a los contemplados en las leyes orgánicas de los ministerios.

            Los propósitos de limitar las compras estatales a lo imprescindible, y de limitar el gasto en pipetas, teléfono, viáticos y dietas y de eliminar los gastos superfluos, tienen que ser concretados en normas específicas si se les quiere convertir en realidad. Igual para evitar el endeudamiento de las instituciones estatales y para suprimir los desproporcionados ingresos de los cónsules.

            Diversos gobiernos, incluyendo a los dos pasados, han planteado políticas de austeridad como la enunciada en el discurso de Fernández, y en los mejores casos han tenido una aplicación muy efímera. Han sido más bien planteamientos destinados a calmar los reclamos de la opinión pública.

            La decisión más importante en orden a la austeridad y la reducción de la corrupción no fue ni siquiera prometida en el discurso presidencial del lunes 16: el establecimiento de una política firme de licitaciones y concursos públicos para las compras y contrataciones de obras del Estado.

            Con esa sola política, que puede adoptarse hasta por decreto, el gobierno se ahorraría mucho más dinero que con todas las medidas de austeridad anunciadas. Además de que operaría como mecanismo de contención de una de las más graves formas de corrupción de la administración nacional.

            Hasta altos funcionarios del nuevo gobierno entienden que en los próximos días el presidente Fernández tendría que concretar en decretos y resoluciones administrativas la política de austeridad, o no pasará de un recurso oratorio para despertar falsas expectativas.

Un equipo repetido  

            El presidente Fernández vuelve al poder con el mismo equipo que lo acompañó en su gestión anterior. En el gabinete la única novedad es la presencia del ingeniero Carlos Morales Troncoso en la secretaría de Relaciones Exteriores. Los demás repiten, muchos de ellos en los mismos cargos. Igual ocurre en las direcciones generales y otros organismos estatales.

            Para no dejar fuera a ninguno de los anteriores, el exsecretario de Obras Públicas Diandino Peña quedó designado en un cargo inorgánico, como Gerente General de un proyectado Metro de Santo Domingo, con rango de secretario de Estado.

            No quedaron fuera ni siquiera los procesados por el Programa de Empleo Mínimo (PEME), con un grueso y pesado expediente de mil 400 millones de pesos, que en casi cuatro años apenas ha pasado de la fase de instrucción, encabezados por Luis Incháusti, designado recetario sin cartera honorífico. Otro, Simón Lizardo, vuelve al cargo de Contralor General.

            Ha llamado la atención la ausencia del exvicepresidente Jaime David Fernández y de sus seguidores. Apenas uno, Haivanjoe Ng Cortiñas, fue designado en un cargo secundario, el de Superintendente de Valores.

            En cambio los reformistas tienen dos representantes en el gabinete, Morales Troncoso y Amílcar Romero, este como secretario de Agricultura, además de Arístide Fernández Zucco, presidente de la Refinería de Petróleo.

            De los partidos aliados resalta la designación de Max Puig, como secretario de Medio Ambiente y de Onofre Rojas para administrar los Fondos Europeos de Desarrollo, ambos de la Alianza por la Democracia. José Francisco Peña Guaba, cabeza del Bloque Institucional Socialdemócrata, fue encargado del Instituto Nacional de Estabilización de Precios. De la Fuerza Nacional Progresista no se había designado a nadie hasta la noche del jueves.

            Entre los nombramientos más ponderados figura el del licenciado Francisco Domínguez Brito como Procurador General, el vicealmirante Sigfrido Pared Pérez como secretario de las Fuerzas Armadas, y el general Manuel de Jesús Pérez Sánchez en la jefatura de la Policía Nacional.

Parches de emergencia

            Desde el primer día de gestión, el gobierno ha tenido que concentrar esfuerzo para poner parches de emergencia en dos de los problemas más acuciantes dejados por la administración precedente: la crisis energética y el suministro de gas propano.

            Con un préstamo de 65 millones de dólares para combustible alentaron a los generadores de electricidad a encender sus plantas, lo que de inmediato se tradujo en una reducción considerable de los apagones. También se incentivó a importadores privados de gas propano a aumentar el suministro, esperándose que en pocos días pueda ser superado el desabastecimiento.

            Lo del préstamo para energía eléctrica es un verdadero parche sobre uno de los problemas más complejos de la nación, que el propio presidente Fernández dijo que pierde entre 20 y 25 millones de dólares cada mes. Eso significa que el paliativo podría tener efecto para apenas unos tres meses, cuando habrá que buscar más recursos, porque se descarta que el enorme enredo energético pueda ser resuelto en corto plazo.

            Pero la mitigación de esos dos problemas ha sido una sabia decisión gubernamental llamada a alentar confianza y mejorar el estado de ánimo de la población que tendrá que ser mejor preparada para que asimile el paquete impositivo en manos del Congreso Nacional, el cual despierta polémicas por carecer de los menores elementos compensatorios de la inflación y recesión de que es contentivo.

            El balance de la primera semana podría sintetizarse en discreta esperanza en la nueva gestión gubernamental.-

 

Los grandes retos del nuevo gobierno

Por Juan Bolívar Díaz

El discurso de juramentación de Leonel Fernández es clave para completar el proyecto de reforma fiscal con la política de gasto y compensación social

             Las expectativas nacionales están centradas en el discurso del doctor Leonel Fernández Reyna cuando se juramente el próximo lunes como presidente de la República, en el que deberá definir las políticas del gasto público y de compensación social que complementen el proyecto de ley de reforma fiscal que cursa en el Congreso Nacional.

            El nuevo gobernante deberá convocar a todos los sectores nacionales a un esfuerzo conjunto que permita iniciar la tarea de superación de la grave crisis financiera por la que atraviesa el país, consciente de que inicia una gestión gubernamental con una minoría en las cámaras legislativas.

            Nadie debe esperar ni menos reclamar milagros ni rápida solución a los déficits fiscal y cuasifiscal como tampoco a la madeja de problemas que constituyen la crisis energética fruto de muchos años de desaciertos e imprevisiones, por lo que esta vez el período de tolerancia y comprensión tiene que ir mucho más allá de los clásicos 100 días.

La segunda oportunidad

            Para el doctor Leonel Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el período gubernamental a iniciarse el lunes 16 será una segunda oportunidad para realizar una gestión que genere satisfacción, con posibilidades de afianzarse como primera fuerza política, dadas las dificultades por las que atraviesan los otros dos grandes partidos del sistema.

            Al igual que en 1996, el peledeísmo llega al Poder Ejecutivo con la desventaja de ser minoría en el Congreso Nacional y el Poder Municipal, lo que lo obliga a una inteligente política de intercolaboración que no lo vuelva a dejar aislado en corto tiempo como ocurrió en su primera oportunidad.

            Ahora tiene la ventaja objetiva y subjetiva de no deberle el poder a otro de los grandes partidos, de disponer de una maquinaria política de cientos de miles de militantes, a diferencia de hace 8 años, cuando era un partido basado en 14 mil miembros, más la experiencia de haber gobernado.

            La gran desventaja es que esta vez Fernández encuentra el país sumido en una grave crisis financiera, con el petróleo sobre 44 dólares el barril y con severa recesión llamada a agudizarse con la reforma fiscal a que obligan las circunstancias. En 1996 la economía llevaba varios años de estabilidad y crecía al 5 por ciento, mientras este año se espera un descrecimiento del 1 por ciento y el pesado fardo nacional del petróleo ronda los 44 dólares por barril.

            La reforma fiscal que se frustró hace 8 años perseguía aumentar la capacidad del gobierno para invertir y encaminar políticas sociales de rescate de las mayorías preteridas, mientras ahora el objetivo inmediato consiste en cubrir déficits para restablecer el equilibrio macroeconómico y retomar el crecimiento.

            Aunque tanto el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) son más débiles que en 1996, ello mismo conlleva una mayor dificultad para la gobernabilidad puesto que no disponen de los liderazgos unificadores y políticamente racionales de José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer.

            Hace 8 años Leonel Fernández y su partido no tuvieron suficientes habilidades o disposición para negociar y conseguir la colaboración de esos líderes. Factor fundamental en contra fue que el PRD salió de las elecciones con el 48 por ciento del sufragio y con un liderazgo unificador que despertaba esperanza en casi la mitad de la población.

            El desconcierto en que ahora concluye el gobierno perredeísta, dejando el país sumido en una de sus peores crisis económica y con el partido fraccionado y desacreditado ante dos tercios de la población y sin rumbo institucional firme, abre mayores posibilidades de afianzamiento para el PLD y su nuevo ejercicio gubernamental.

Expectativas limitadas

            El doctor Fernández Reyna llega de nuevo al poder con expectativas más limitadas que las de 1996, porque hay amplia conciencia de la crítica situación que hereda, cuya simple superación a corto o mediano plazo sería ganancia política aunque no conlleve crecimiento espectacular.

            Las expectativas son menores también porque el PLD llegó al gobierno la primera vez con una gran virginidad política que perdió en corto plazo causando decepciones que generaron las frustraciones electorales de 1998 y el 2000.

            Pero esas cortas expectativas derivadas del creciente descreimiento en el sistema de partido, de la persistente impunidad de la grave corrupción pública y privada que ha hundido la economía nacional y un notable ambiente de frustración podrían convertirse en un lastre para una gestión gubernamental que tropezará con serias dificultades para satisfacer las necesidades de las mayorías empobrecidas y hasta de las clases medias.

            Uno de los primeros desafíos del nuevo gobierno será poner alguna distancia de los responsables de las quiebras bancarias, permitiendo que sigan su curso los procesos judiciales abiertos. Importantes dirigentes del PLD reconocen que algunos de los abogados de los banqueros procesados tienen “acciones” en el nuevo gobierno. Y se dice que también los mismos acusados.

            Al respecto la primera prueba será si la nueva gerencia del Banco Central mantendrá el equipo de abogados que lleva los procesos judiciales contra los acusados de las quiebras fraudulentas de los tres bancos. La designación del ministerio público, especialmente del Procurador general y el clave fiscal del Distrito Nacional, podría enviar señales de la actitud frente a la corrupción denunciada y la que pueda encontrarse entre los funcionarios salientes. Un sociólogo dirigente de la Sociedad Civil estimó en una reciente reunión que una señal de impunidad “sería un incentivo a la desesperanza y la rebeldía social”.

            Mientras un comunicado suscrito por más de 130 ciudadanos y ciudadanas reconocidos advirtió al nuevo gobierno de los riesgos de negociar la justicia “por razones de compromisos, pragmatismo político o por una gobernabilidad cómplice”. Entonces “podrá tener como aliados a los responsables del fraude y de las anomalías que lo generaron, pero igualmente se habrá enajenado el apoyo ciudadano y la legitimidad, desmantelando lo poco que queda del Estado de Derecho”.

            Otro desafío para el gobierno peledeista será ampliar su respaldo en los grupos organizados de la sociedad civil, el cual perdió en su anterior ejercicio, cuando consideró perredeísta toda disensión o reclamo.

Reclamada reforma integral  

            El discurso de instalación del presidente Fernández tendrá que abordar la política de gasto, inversión y compensación social que los sectores más influyentes han reclamado para que el paquete fiscal sometido al Congreso adquiera la categoría de reforma integral.

            El proyecto ha sido bombardeado por todos sus flancos, por una variada muestra social, que va desde el empresariado y los profesionales de la economía, los partidos políticos y los grupos sindicales y populares.

            Sus efectos inflacionarios agravarán aún más la degradación del poder adquisitivo

de los sectores de ingresos fijos, no solo de los niveles populares, sino también de los segmentos medianos y bajos de las clases medias, con repercusiones recesivas, que deberán ser combatidas con algún reajuste salarial, aunque no sea tan significativo como el 40 por ciento de aumento general cuando la reforma para saldar la crisis que estalló en 1990.

            Para mantener el respaldo, en especial del sector empresarial, el nuevo presidente deberá anunciar una política de extrema austeridad, con un plan de reducción del empleo público, del gasto de representación, en vehículos y combustibles, en teléfonos y viajes.

            Esta semana el movimiento cívico Participación Ciudadana propuso al presidente Fernández “un compromiso ético para el ejercicio del poder, dirigido a fomentar una gestión pública moderna, transparente y confiable, que garantice los servicios públicos a la ciudadanía, elimine la corrupción y establezca un nuevo modelo de gobierno fundado en la eficiencia y la austeridad”.

            Al respecto señalaron diez decisiones dependientes del Poder Ejecutivo, como política racional de gasto, concursos para las compras y obras del Estado, suprimir el clientelismo en los consulados, seleccionar un ministerio público comprometido en la lucha contra la corrupción pública o privada, que no se amedrente ante el poder económico o la alcurnia de los inculpados, y hacer cumplir la ley sobre declaración jurada de bienes al inicio y al final de la gestión.

            También cesar las exoneraciones y facilidades arancelarias ilegales, velar por los mecanismos de control y supervisión en toda la administración pública, especialmente en los sectores financiero y eléctrico, procurar que los programas sociales lleguen a los sectores más pobres, sin discriminación, depurar la nómina gubernamental y disponer un ajuste general de salarios y velar por el cumplimiento de la ley sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa.

            El documento de Participación Ciudadana recoge la mayoría de los reclamos que se han venido formulando desde diversas instancias sociales y políticas para que los nuevos sacrificios fiscales puedan ser asimilados.

            El presidente Fernández también ganaría respaldo si rescata todo un código anticorrupción acumulado en las gavetas del Congreso Nacional para prevenir y sancionar la corrupción en todas sus expresiones y demanda al Poder Legislativo su aprobación.

            Un compromiso presidencial de esa naturaleza y dimensión evitaría que los legisladores salgan a pescar en el disgusto y modifiquen a su antojo el proyecto de reformas fiscales propuesto por los técnicos del PLD.

            La experiencia de su anterior gobierno, debe advertir al PLD del peligro de solo atender los reclamos de los sectores de mayor poder, como ya ha ocurrido con el proyecto que cursa en el Congreso. El costo de los nuevos impuestos, casi todos al consumo, podría generar a corto plazo un disgusto popular peligroso no solo para el nuevo gobierno, sino también para la estabilidad democrática nacional.-

El padrón electoral merece confianza

Por Juan Bolívar Díaz

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Las últimas denuncias en torno al padrón electoral carecen de fundamento y refuerzan el criterio de que seguir erosionando la imagen de la Junta Central Electoral (JCE) no contribuye a que las próximas elecciones presidenciales sean una transparente expresión democrática.

Los últimos dos comicios han demostrado que el padrón electoral fotográfico es un documento confiable y al estar a disposición de todos los interesados resulta más difícil su alteración por lo menos en proporciones significativas para vulnerar la voluntad popular.

Las circunstancias que rodean el actual proceso electoral justifican una actitud de vigilancia pero no las denuncias alegres e infundadas que sólo contribuyen a crear un ambiente de desconfianza que estimula la abstención de los electores y el descrédito de quienes están llamados a ser garantes de la institucionalidad democrática.

[b]EL SÍNDROME DEL FRAUDE[/b]

Sólo la historia del fraude electoral que rigió casi todos los procesos electorales dominicanos hasta 1994 puede explicar la persistencia con que los agentes políticos de oposición denuncian irregularidades carentes absolutamente de fundamento.

Las denuncias de las últimas semanas son tan infundadas que rayan en la infantilidad política y sólo contribuyen a la creación de un clima de incertidumbres y pesimismo en el que podrían parecer normales los arrebatos.

Es obvio que la desconfianza tiene algún fundamento en la composición de la actual Junta Central Electoral, integrada en su mayor parte por allegados al partido de gobierno y a la facción que encabeza el presidente Hipólito Mejía empeñado en buscar una reelección en las circunstancias más desfavorables.

Pero esa JCE ya fue objeto de una reestructuración consensuada a principios del año pasado y está llamada irremediablemente a ser el árbitro de los comicios presidenciales de mayo próximo, por lo que insistir en el fraude electoral como un fatalismo no la estimula a realizar esfuerzos de transparencia y equidad.

Una cosa es que la mayoría de los jueces electorales puedan inclinarse a favor del continuismo en materias de interpretación y otra que se presten a organizar un fraude que quedaría a la vista de todo el mundo y generaría una crisis de proporciones internacionales, contradictoria de la transparencia que hoy se reclama en el ejercicio supremo de la democracia.

El discurso de la oposición política debería fundamentarse en que la historia del fraude electoral concluyó en 1994 con un alto costo político y que todo intento de reeditarla está condenado al fracaso, y de esa forma fortalecer los principios democráticos que, hasta prueba en contrario, han enarbolado los jueces electorales.

Entre analistas se cree que las energías de la oposición y de cuantos luchan por la transparencia electoral deberían concentrarse en la prevención constructiva, especialmente en el entrenamiento de sus agentes para los colegios y las juntas electorales, en vez de la denuncia alegre que sólo sirve para crear un ambiente de desconfianza que estimula la abstención de los electores.

[b]AVANCES ORGANIZATIVOS[/b]

Cuando la JCE se reunió con los delegados políticos y técnicos de los partidos políticos el viernes 13, ofreció suficiente información demostrativa de que el padrón de electores es un instrumento confiable, con un total de 5 millones 22 mil 445 electores en más de 12 mil colegios de votación. Se comprometió a entregarlo a los partidos en disco magnético el próximo 1 de marzo, cuando faltarán 75 días para la elección presidencial.

El 16 de marzo empezarán a imprimir el listado que irá a las juntas electorales y a los colegios de votación, copia del cual también entregarán a los partidos reconocidos. Aún sujeto a depuraciones y verificaciones los interesados han dispuesto del padrón, lo que ha permitido al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realizar recientemente un minucioso trabajo de verificación a nivel nacional.

La misma junta iniciaría en los próximos días un servicio en los grandes centros comerciales y de aglomeraciones humanas del país para que la ciudadanía pueda verificarse en el padrón electoral. Además de que, como en los últimos dos comicios, operarán el sistema de “Phono Junta” y de Internet para ofrecer información sobre la ubicación de los electores y electoras.

La JCE anunció el jueves que ya dispone del 65 por ciento de los ciudadanos que integrarán los colegios electorales, faltándole aún unos 23 mil, y ha permitido que las instituciones de la sociedad civil participen en el reclutamiento de los voluntarios. Hace varias semanas concluyó la reorganización de las juntas electorales municipales, de consenso con los partidos reconocidos, sin que se produjera denuncia alguna respecto a esas importantes decisiones.

La organización del proceso electoral se realiza dentro de los plazos establecidos, lo que permitió al presidente de la JCE, Luis Arias, y al director general de elecciones, Gilberto Cruz Herasme, dar garantías esta semana de que todo estará en orden para el ejercicio cívico del 16 de mayo.

Anunciaron que están por dar inicio al proceso instructivo de las juntas electorales de todo el país y de los integrantes de los colegios de votación, estimados en más de 60 mil personas.

Los matriculados para votar en el exterior, que será la novedad de los próximos comicios, totalizan 52 mil 416 distribuidos en 103 colegios electorales, de los cuales más de 19 mil están localizados en Nueva York y 10 mil en España. El resto se concentra en Puerto Rico y ciudades de Estados Unidos, como Boston, New Jersey y Miami, así como en Venezuela y Canadá.

El empadronamiento en el exterior se ha realizado con total transparencia y con la participación de delegados de los diversos partidos reconocidos, sin que se haya producido denuncia alguna de irregularidad. Aunque aquí hubo quienes pretendieron sembrar dudas por el hecho, absolutamente normal y previsible, de que en las semanas de cierre se elevó el número de los concurrentes.

[b]LOS 771 MIL “DISLOCADOS”.[/b]

Entre las numerosas denuncias sobre el padrón electoral resalta la de los 771 mil ciudadanos y ciudadanas removidos de mesas electorales, que algunos han persistido en calificar como “dislocados”, sin aportar el más mínimo fundamento.

Debido a la premura con que se estableció el padrón electoral fotográfico para los comicios del 2000 y al hacinamiento en locales inapropiados para responder a la aglomeración que auspiciaba el llamado colegio electoral cerrado, la JCE se vio precisada a crear nuevas mesas “hijas” de las originales y al traslado de muchas a las nuevas edificaciones escolares que iba haciendo el Estado, generalmente a cortas distancias.

Para los comicios del 2002 los removidos o reubicados sumaban 771 mil, cifra que se ha mantenido, porque para este proceso no ha habido necesidad de más remociones. El asunto fue discutido y explicado varias veces con los delegados técnicos y políticos de los partidos, a quienes se les entregó los listados de los removidos.

La JCE envió cartas a los afectados indicándoles su nueva ubicación. Miles se informaron por Internet y “phono-junta”, se hizo campaña en los medios de comunicación y se colocaron pancartas en los centros de votación.

Tanto en los comicios del 2000 como en los del 2002 fue obvio que no hubo electores dislocados y casi todos los removidos lograron reubicar sus colegios y ejercieron el sufragio, contradiciendo las denuncias y malos augurios que se expresaron en las campañas electorales.

El asunto fue tan manoseado que se constituyó en el principal elemento de observación de la red del movimiento cívico Participación Ciudadana en los comicios del 2002. Los resultados demostraron que las aprensiones carecían de fundamento.

El informe de la observación electoral indica que en el 16.6 por ciento de los colegios verificados se presentaron casos de personas que no aparecían en las mesas que indicaban sus carnets, representando un 3.79 por ciento de los electores de esos colegios. En comparación con el universo de electores el porcentaje se reducía al 0.84 por ciento. Precisaba que, aunque no se pudo medir, muchas de esas personas que tenían dificultades lograron encontrar finalmente su mesa de votación.

El informe de Participación Ciudadana señalaba que ese problema se había registrado durante la observación del 2000 en un 24.6 por ciento de los colegios, lo que implicaba una reducción del 33 por ciento.

El Segundo Informe emitido a las 9.30 de la noche del 16 de mayo del 2002, comenzaba indicando que “la observación nacional de las elecciones celebradas en el día de hoy permite concluir que asistimos a un mejoramiento del sistema electoral dominicano”.En similares términos se manifestaron los grupos de observadores internacionales, que en los dos últimos comicios ponderaron la seguridad del nuevo padrón electoral fotográfico, lo mismo que la generalidad de los medios de comunicación.

[b]SIN FOTOS Y DOBLE CÉDULA[/b]

Otras de las denuncias de “irregularidades se refieren a unos 44 mil ciudadanos que aparecen en el padrón sin fotografías y a más de 20 mil a quienes se les emitió más de una cédula, porque se hicieron operativos masivos “fuera de línea” electrónica y muchas personas solicitaron su cédula más de una vez.

En ambos casos, las denuncias citan precisamente las cifras aportadas por la propia JCE, que ha dado los respectivos listados a los partidos. Los que aparecían sin fotos eran 103 mil para los comicios del 2000, y las campañas y llamados de la JCE los redujeron a 49 mil para octubre, y todavía quedan 44 mil. Para votar requieren presentar su cédula.

En cuanto a los de doble cédula, el director general de elecciones demostró que no votaron más de una vez, y que se les mantiene la inscripción sólo en el colegio donde sufragaron. Se hizo una prueba con periodistas para demostrar que el sistema actual rechaza cualquier intento de doble inscripción.

Finalmente se ha denunciado el caso de los electores que aparecen uniformados. Igual fue la JCE la que proporción la cifra: 2 mil 900. Se trata de personas que tenían su cédula como militares y al ser dados de baja o retirados fueron a solicitar un cambio para “civil”. Se les emitió una nueva cédula, pero el sistema tenía pendiente el procesamiento de la nueva cédula. De haberse inscrito fraudulentamente se presume que evitarían aparecer con el uniforme militar.

Definitivamente hay mucho ruido en el ambiente preelectoral.-

 

No hay que sobreestimar la posibilidad de fraude

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque las circunstancias políticas derivadas de un proyecto reeleccionista aconsejan las mayores previsiones para evitar tramperías electorales en los comicios de mayo próximo, los sectores de oposición no deben sobreestimar las posibilidades de un fraude de magnitud que desconozca la voluntad popular.

La nación está en obligación de realizar un nuevo proceso electoral transparente para no caer en una profunda crisis política que agrave la ya precaria situación económica y enfrentar el aislamiento que plantea la Carta Democrática Interamericana para cualquier régimen que desconozca los procedimientos democráticos.

A diferencia de lo que ocurrió en los procesos reeleccionistas de Joaquín Balaguer, en esta ocasión no hay un solo sector de poder que esté dispuesto a correr la incierta suerte de un fraude electoral y por el contrario existe una sociedad y una opinión pública dispuesta a rechazar cualquier intento de vulnerar la institucionalidad democrática.

[b]AMBIENTE PESIMISTA[/b]

En la opinión pública nacional y en los círculos políticos de oposición se generalizan los temores de que el país se encamine a una imposición continuista en los comicios de mayo próximo, sobreestimándose las posibilidades de una ocurrencia similar en circunstancias absolutamente desfavorables para ello.

Los temores se derivan básicamente del proyecto reeleccionista en que se encuentra inmerso de forma casi irracional el presidente Hipólito Mejía, cuando las encuestas, los análisis y la simple observación no le otorgan posibilidad de ganar los comicios en medio de un deterioro económico como el que sufre el país y de una división de su propio partido.

La incertidumbre la expresan dirigentes de los partidos de oposición, voceros de los medios de comunicación, en círculos diplomáticos y en sectores de la sociedad civil que tras constatar los niveles de rechazo que enfrenta la candidatura continuista, llegan a la conclusión de que “algún gato entre macuto tienen los estrategas gubernamentales”.

Se alimenta de la poca credibilidad en una Junta Central Electoral conformada en su mayor parte por allegados al Partido Revolucionario Dominicano y de algunas expresiones de los sectores gubernamentales como la de que el poder es para usarlo o que están dispuestos a utilizar todos los medios para permanecer en el poder.

No faltan quienes atribuyen el proyecto de “ley de lemas” a una disposición de crear un caos electoral en el que pueda imponerse el continuismo. Los más pesimistas llegan a afirmar que no habrá elecciones en mayo, como si el país pudiera retrotraerse a 1928 cuando Horacio Vásquez impuso “la prolongación”, de su período de gobierno hasta 1930, culminando en el golpe de estado que dio inicio a la “Era de Trujillo”.

[b]SE EXTINGUE EL REELECCIONISMO[/b]

Los avances en la institucionalidad democrática de las últimas tres décadas y la globalización han dejado atrás la tradición reeleccionista y los golpes de estado en América Latina. En la mayoría de las naciones fue prohibida la reelección y en las que prevalece, la enorme deuda social con poblaciones mayoritariamente pobres determinan una creciente alternabilidad hasta de los partidos en el poder.

En el último cuarto de siglo sólo se registran seis reelecciones en más de un centenar de comicios presidenciales registrados en la región, dos de ellas protagonizadas por Balaguer en condiciones extremadamente críticas, una de Alberto Fujimori en el Perú, la de Carlos Menem en Argentina y la de Fernando Henríquez Cardoso en Brasil, en la década de los noventa, y la de Hugo Chávez en Venezuela en el 2000.

En toda América Central no se recuerda una reelección en las últimas dos décadas y lo que ha predominado es la alternabilidad de los partidos. Sólo Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera en Venezuela, y Sánchez Lozada en Bolivia lograron volver al poder mediante elecciones en períodos no consecutivos. La mayoría de los gobernantes ni siquiera se han vuelto a postular.

La forma en que terminaron Balaguer y Fujimori, y la crisis de Venezuela con Hugo Chávez, son también indicativas de la precariedad institucional derivada del continuismo. Y el grave deterioro de la economía argentina tuvo su origen en el desbordamiento del gasto público en que incurrió Menem para lograr quedarse en el poder.

Los analistas de la política latinoamericana suelen concordar en que una reelección no es mala en sí misma, pero desaconsejable en países de carencias institucionales como los latinoamericanos. A diferencia de las democracias más desarrolladas, como las de Estados Unidos y Europa, donde los gobernantes no pueden forzar las instituciones ni abusar de los recursos públicos para mantenerse en el poder.

[b]EL FANTASMA BALAGUERISTA[/b]

En sectores nacionales predomina el criterio de que como Balaguer logró reelegirse cuatro veces, cualquier otro podría repetirlo. Es una de las razones de la tendencia prevaleciente en los políticos dominicanos de tratar de reproducir el balaguerismo. Mejía ha dicho que lo copia en un 80 por ciento.

Se tiende a ignorar que Joaquín Balaguer fue fruto de una etapa ampliamente superada; que creció y se desarrolló como “el bueno” a la sombra de una tiranía, y que se benefició ampliamente de la guerra fría que en el Caribe se sintió con mayor fuerza por la presencia de Fidel Castro en el gobierno de Cuba y la cercanía de Estados Unidos, cuya ocupación del país en 1965 determinó su retorno al poder.

Esa tendencia fatalista pasa por alto también que ya ni a nivel nacional ni en el internacional es posible efectuar elecciones sin oposición como las de 1970 y 1974, ni fraudes impunes como los de 1990 y 1994, cuando -además- no se necesitaba la mitad de los votos para ganar la presidencia.

Vale recordar que con todo y fraude, Balaguer sólo alcanzó el 35 por ciento en 1990 y el 43 por ciento en l994. De haberse requerido la mitad de los votos no hubiese logrado la continuidad en el poder en esos comicios.

Se olvida también que en 1978 el balaguerismo no pudo reproducirse, cuando se enfrentó a un rechazo generalizado de la sociedad dominicana y a una política norteamericana que ya comenzaba a optar por las elecciones libres en América Latina.

Esa política se ha fortalecido en los últimos años, y como algunos creían lo contrario Estados Unidos envió tres altos funcionarios, entre noviembre y enero, para recordarlo en términos hasta poco diplomáticos, como los que viene empleando el embajador de la Unión Europea Miguel Amado.

Es significativo que en la reciente cumbre de los presidentes americanos se firmara una ratificación de la Carta Democrática Interamericana suscrita en Lima en septiembre del 2001, donde las naciones del continente se comprometen al aislamiento de cualquier gobierno que sea fruto de una vulneración de los procedimientos democráticos.

Por todas esas razones fue que el licenciado Carlos Despradel, secretario Técnico de la Presidencia y una de las cabezas visibles del equipo económico del gobierno, proclamó el martes en Teleantillas que el país no tenía más remedio que realizar elecciones limpias en mayo próximo, o enfrentarse al aislamiento internacional con todas sus consecuencias, impensables cuando se negocia un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

[b]PERSPECTIVAS DE ALTERNABILIDAD[/b]

Por más sombras que proyecte el intento de continuidad, las perspectivas apuntan a una elección libre y con alternabilidad en el Poder Ejecutivo en mayo, determinada por el nivel de impopularidad del gobierno actual, fruto de la profunda crisis financiera y económica que ha degradado en términos alarmantes el nivel de vida de la población.

El disgusto es tan profundo y generalizado que se percibe en cualquier sector social, hasta el grado de hacer recaer sobre el presidente Mejía toda la responsabilidad de la crisis, incluyendo la derivada de la quiebra de tres bancos, cuya génesis antecede al actual período gubernamental.

El hecho de que el mandatario decidiera perseguir la reelección en medio de tan grave crisis, contradiciendo sus propias palabras y contribuyendo a la división de su partido, ha sido un factor de multiplicación del rechazo medido en las encuestas a partir de septiembre del 2002, justo cuando comenzó la crisis financiera nacional y cuando repercutían factores internacionales adversos, como recesión y altos precios del petróleo.

Ningún análisis económico o político contempla la posibilidad de que el nivel de deterioro económico sea revertido en proporción significativa en los tres meses que distan para los comicios presidenciales.

Tampoco se advierten perspectivas que auspicien un fraude de proporciones tan grandes como para que el presidente Mejía pueda sobrepasar de la mitad de los sufragios, en el caso improbable de que se lo propusiera. Sobre todo cuando el padrón de electores, que incluye fotografía, es un documento de dominio público en manos de los partidos, lo que permitió al de la Liberación Dominicana salir a verificarlo en las dos últimas semanas.

Con el empresariado, las iglesias, los Estados Unidos y la Unión Europea, gran parte de los partidos y de la sociedad civil militando a favor de elecciones libres, con un frente tan amplio de oposición como el que se manifestó en el paro de la penúltima semana, con la decisiva clase media en rebeldía, las posibilidades de maniobras antidemocráticas se reducen considerablemente.

Lejos están también los tiempos en que las Fuerzas Armadas y la Policía reunían el consenso para respaldar cualquier aventura electoral. Y aún entre los actuales jueces electorales predominará el respeto a la institucionalidad democrática. Una cosa es que puedan favorecer al poder en determinadas decisiones y otra que se presten a viciar el proceso electoral o a auspiciar un fraude que vulnere la voluntad popular.

Los primeros que tienen que convencerse de que aquí habrá elecciones libres en mayo son los dirigentes de oposición y preparar sus cuadros para defender sus votos, abandonando las denuncias y especulaciones que sólo sirven para crear pesimismo e inhibir voluntades.