La JCE de nuevo en la picota partidista

Por Juan Bolívar Díaz

El cambio de los principales funcionarios ejecutivos de la JCE a seis meses y medio de las elecciones podría ser difícil y peligroso                                              

            Aunque se pueda entender la suspicacia de los partidos de oposición frente a la actual configuración de la Junta Central Electoral (JCE), el cambio de los cuatro principales funcionarios ejecutivos del organismo podría ser una tarea muy difícil y peligrosa a sólo seis meses y medio de las elecciones presidenciales.

            Los diversos actores políticos deberían hacer los máximos esfuerzos para evitar una nueva crisis en el organismo rector de las elecciones, sobre todo si no pueden presentar razones objetivas para justificar un desmembramiento del aparato ejecutivo del sistema, y menos aún si carecen de fuerza para variar substantivamente su composición.

            Es indiscutible que el fantasma del continuismo ronda el sistema democrático, pero para nada fortalece la JCE maximizar la desconfianza en los jueces, a quienes hay que darle el beneficio de la honorabilidad hasta prueba en contrario, y ayudarlos a cumplir su misión, a través de las instancias de la sociedad civil ya configuradas.

Divergencias a la vista

            La delegación política ante la JCE del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha presentado una instancia demandando la sustitución del Director General de Elecciones, Gilberto Cruz Herasme, del director de Informática, Franklin Frías, de la directora del Registro Electoral, Mayra Goris, y el director de la Cédula de Identidad y Electoral, Juan Carlos Sánchez.

            Por su parte el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano, en comunicación del 3 de octubre pasado pidió el relevo del director de Informática y de la directora del Registro Electoral, sin referirse a los otros dos ejecutivos.

            Fue sintomático que esta semana dos de los jueces electorales propuestos por esos mismos partidos, los doctores Roberto Rosario y Luis Nelson Pantaleón, demandaran públicamente que el plenario de la JCE se aboque cuanto antes a conocer de las instancias, sugiriendo que se le está dando largas al asunto.

Mientras el presidente del pleno de la JCE, doctor Luis Arias, y el presidente de la Cámara Administrativa, Nelson Gómez, ambos propuestos por la mayoría senatorial perredeísta, respondían que no debatirán las demandas hasta que la totalidad de los partidos reconocidos hayan emitido su opinión.

Versiones extraoficiales indican que hay diferencias entre los jueces y que la mayoría no favorece la sustitución de los funcionarios ejecutivos a tan corto plazo para los comicios, considerando que podría resultar peligroso para el proceso organizativo en marcha.

La JCE otorgó un plazo, que ya venció, para que los partidos reconocidos se pronuncien sobre las instancias de sustitución, cosa que no ha hecho el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y varios de los minoritarios o emergentes.

            Es obvio que la JCE no puede esperar eternamente la opinión de ningún partido, pero tampoco sería la primera vez que se extienden los plazos en espera de ello. La dilación del PRD no se debe acreditar a intentos de manipulación, sino más bien a sus divergencias internas. Más aún cuando su delegación política, encabezada por Henry Mejía, ocupaba su tiempo en la realización del plebiscito realizado por los precandidatos de ese partido opuestos a la reelección del presidente Hipólito Mejía.

En ese contexto hubiese sido una precipitación que la JCE ignorara la situación y opinión del partido de gobierno, aunque parece razonable que le otorgue un nuevo plazo para abocarse a la mayor brevedad a eliminar lo que ya es un nuevo motivo de confrontaciones internas.

Es necesario que los jueces tomen en cuenta el criterio de los partidos, como lo establece la Ley Electoral, pero ésta no los obliga a acoger sus peticiones, especialmente si no están objetivamente fundamentadas y pudieran afectar el proceso organizativo de unos comicios.

Lo más deplorable para la institución es que los propios jueces se pongan a nivel de los delegados políticos y debatan sus diferencias en los medios de comunicación, lo que desmerita su imagen y tiende a afianzar la desconfianza en el organismo rector de las elecciones.

Una demanda peligrosa

            El PRSC ha fundamentado su demanda de sustitución de la señora Mayra Goris, Directora Interina del Registro Electoral, en que “aparece registrada en el padrón electoral como afiliada del PRD”, algo que pudiera ser comprobable, mientras al ingeniero Frías, director de Informática, lo acusan de deficiencias en sus funciones, llegando a responsabilizarlo de los “palitos” fraudulentos que fueron comprobados en la última votación en Santiago, pero que difícilmente se le pueda atribuir objetivamente a dicho funcionario, quien ejerció el cargo también en los comicios presidenciales del 2000, sin que se registraran irregularidades significativas.

            La posición del PLD parece más radical. Sobre todo por aspirar a un relevo total de los funcionarios ejecutivos de la JCE, incluyendo al clave Director General de Elecciones, el ingeniero Cruz Herasme, a quien se le reconoce alta capacidad, ponderación y honestidad.

            El argumento básico del PLD que responsabiliza a los ejecutivos electorales del “dislocamiento” de más de 900 mil electores, carece de fundamento, lo que reconocen hasta dirigentes del propio partido.

            El delegado electoral peledeísta, doctor Franklin Almeida, está convencido de que esos supuestos dislocados, que no son más que los reubicados por saturación de colegios y locales de votación, no pudieron votar en las elecciones del año pasado.

            Pero en realidad, a tales ciudadanos, ahora reducidos a 771 mil 388, se les notificó por diversos medios su reubicación y se pudo comprobar que en gran mayoría pudieron encontrar sus mesas de votación y ejercer el sufragio.

            Las objeciones y temores sobre esas reubicaciones fueron motivo de denuncias ante de los últimos comicios, razón por la cual tanto los observadores electorales, nacionales y extranjeros, como los medios informativos, pusieron atención al respecto y hubo coincidencia en que no se pudo comprobar tal dislocación y que eso no afectó las elecciones.

            Ese fue el principal elemento de la observación del movimiento cívico Participación Ciudadana, cuyo informe final de los comicios del 2002 indica que de una muestra nacional de 2 mil 433 electores, sólo el 0.62 por ciento dijo que no pudo encontrar su colegio de votación. Proyectado al total de los entonces empadronados serían 26 mil 358.

            La JCE ha entregado los listados de los reubicados a los partidos políticos y ninguno presentó un patrón demostrativo de que la reubicación tuviera un matiz fraudulento. Por demás han pedido la colaboración de los partidos, y llamado a los reubicados para consignar en sus cédulas sus nuevos colegios electorales, aunque los que votaron el año pasado ya saben donde les toca el sufragio.

Hay que ayudar a esa Junta

            En la opinión pública predomina el criterio de que la actual composición de la JCE presenta debilidades, pero que cada día serán más difícil de revertir, sobre todo en base a confrontaciones, entre ellas el haber sido fruto de una mayoría senatorial de un solo partido, sin consenso, y los parches que sufrió para satisfacer demandas de los partidos de oposición.

            La división en tres instancias, un plenario y dos cámaras dentro de un mismo organismo, no favorece la cohesión. Lo aconsejable era crear dos organismos totalmente separados, una Junta o Comisión Electoral, y un tribunal contencioso, como se ha instituido en otros países, como México y Perú.

Para ello era necesaria una reforma constitucional que todos los sectores consideraron improcedente en las circunstancias de finales del 2002, cuando se pactó la reforma, apenas un centenar de días después de la última y conflictiva modificación de la carta magna.

            Insistir en una confrontación por la sustitución de los cuatro ejecutivos de la JCE podría ser contraproducente por varias razones. Primero porque pudiera debilitarse más aún el organismo rector. También porque al fin de cuenta los tres integrantes de la Cámara Administrativa son jueces nuevos, sin experiencia en la organización de elecciones, y podría resultar peligroso removerles los ejecutivos experimentados en la recta final del proceso electoral, sobre todo al Director General de Elecciones y el Director de Informática.

            Pero además habría que tomar en consideración lo difícil que es encontrar sustitutos eficientes y de consenso general para una labor tan conflictiva y apremiante, en medio de suspicacias políticas. Encontrar los candidatos y lograr consenso podría consumir otra parte significativa del tiempo restante.

            Para entonces ya tendrá menos relevancia el director de la cédula y hasta el director del Registro, puesto que el plazo para recibir solicitudes de empadronamiento para los próximos comicios vence el 16 de diciembre próximo, es decir en mes y medio. Ya luego es poco lo que pudieran decidir esos funcionarios, con un padrón en el internet y en manos de los partidos.

            Con todo, lo justo sería que si se presentaran razones objetivas, la JCE acordara el relevo de los objetados. En cualquier caso lo aconsejable es que de un nuevo plazo conminatorio a los partidos para opinar al respecto y decidir cuanto antes.

            Queda para transacción el mecanismo de la Comisión de Seguimiento a la JCE establecida por el Diálogo Político, que ha acordado colaboración con los jueces. Ellos podrían recomendar, como ocurrió para las elecciones del 2000, la constitución de un equipo de asesores para la dirección de Informática, que sí es clave hasta el final del proceso, sobre todo para el cómputo de la votación.

            A ese título es más fácil conseguir personal especializado, que como hace dos años, pudiera ser prestado por empresas o instituciones.

            Lo que de ninguna forma ayudará al proceso electoral y sólo serviría para agudizar las contradicciones e incertidumbres nacionales, es sumir a la JCE en una nueva división interna. A quienes menos conviene es a los partidos de oposición, carentes de fuerza legal para cambiar la configuración del organismo, los que también pueden reclamar mayor presencia de sus delegados técnicos.-

 

El gobierno requiere un golpe de suerte

Por Juan Bolívar Díaz

Las ácidas críticas de la Iglesia y el desafío de sectores empresariales se suman a la crisis financiera y los enfrentamientos intrapartidarios                                     

            El gobierno del Presidente Hipólito Mejía parece urgido de un golpe de suerte que le permita invertir la caída libre de popularidad que lo ha afectado en el curso del año, al compás de la crisis financiera, las precariedades del servicio energético y los enfrentamientos en el seno de su propio partido.

            Como si las crecientes protestas populares y el ambiente de frustración que se respira no fueran suficientes, en la última semana ha tenido que enfrentar ácidas críticas de la Iglesia Católica, tanto en los niveles de la jerarquía como de las bases eclesiásticas y desafíos de los sectores empresariales que resisten las cargas impositivas establecidas por decreto.

            Las mayores expectativas parecen cifradas en la inminente firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con lo que espera una inyección de divisas que produzca una reducción significativa de la tasa cambiaria, llamada a reflejarse en una contracción de la inflación que sigue consumiendo el poder adquisitivo de la población.

Cadena de infortunios

            La semana comenzó con la tasa de cambio nuevamente en alza, tras dos semanas de contracción en que el costo del dólar se había reducido de 35 a 33 pesos. De inmediato las aguas se agitaron con una infortunada declaración del coordinador general del Proyecto Presidencial Hipólito (PPH).

            Eligio Jáquez incurrió en la temeridad de adelantar que el PPH orientaría la inversión del fondo de cien millones de dólares que aportará el Banco Interamericano de Desarrollo para un proyecto de compensación a la pobreza incrementada por las cargas que ha impuesto la devaluación de los últimos meses.

            El rechazo a esa afirmación fue generalizado y aumentó la desconfianza sobre el manejo que hará el gobierno de los recursos externos que se esperan del acuerdo con el FMI en medio del temerario proyecto reeleccionista en que se ha inmerso el Presidentre de la República.

            La generalidad de la opinión pública teme que el régimen que encabeza Hipólito Mejía subordinará esos recursos a su interés continuista. Muy pocos creen que pueda cumplir con la austeridad y la reducción del gasto público que demanda la situación financiera de la nación.

            Hasta el propio mandatario y el director de presupuesto tuvieron que salir al frente para negar la posibilidad de que el PPH paute el proyecto de compensación social, aduciendo que esos recursos están contemplados en el presupuesto nacional.

            En el fin de semana pasado los apagones volvieron a brillar en su máximo esplendor, mientras el gobierno desarrolla una nueva confrontación con las empresas capitalizadas a las que viene amenazando sin poder darle el menor golpe.

            En San Francisco de Macorís los barrios siguieron protagonizando protestas por los apagones y la política económica, con una nueva víctima mortal, el joven Dionisio López Sánchez, de 20 años, la octava en las últimas tres semanas.

            En muchos de los hospitales públicos de la capital y las ciudades del interior médicos y enfermeras protagonizaron paros de labores, esta vez reclamando el pago de dos quincenas de salarios atrasados, a consecuencia de que los limitados ingresos tuvieron que ser gastados en el compromiso de los Juegos Panamericanos.

            Denuncias de brotes de dengue, que han cobrado una treintena de víctimas mortales en el hospital infantil Reid Cabral y en el interior, particularmente la inquieta ciudad de San Francisco de Macorís, configuraron un panorama conflictivo en el sector salud.

El ataque de los curas

            El presidente Mejía logró escapar a mediados de la semana anterior de la descarnada crítica del embajador de la Unión Europea, Miguel Amado, en la inauguración de un seminario sobre “el buen gobierno”, gracias a que el texto fue adelantado a las autoridades.

            Pero el mandatario no tuvo la misma fortuna cuando el domingo acudió a la festividad patronal de su pueblo natal, Gurabo, sin sospechar que sería planchado allí por el cura párroco Milton Amparo Tapia, quien formuló una fuerte crítica al gobierno, al que llegó a considerar el peor que ha tenido el país tras la liquidación de la tiranía de Trujillo.

            Gran parte del país se deleitó con el valor y hasta el atrevimiento del sacerdote, quien desconcertó a Mejía y sus acopañantes por las críticas que formuló en su homilía, llegando a la exageración cuando consideró al presidente Mejía como un dictador, algo muy superior a los rasgos autoritarios contenidos básicamente en su discurso.

            El padre Amparo Tapia quedó convertido en el verdadero guapo de Gurabo, siendo comparado por el presidente con el párroco de Cristo Rey, Rogelio Cruz, cabeza de las manifestaciones antigubernamentales de las últimas semanas en los barrios capitalinos.

             Pero la figura más relevante de la Iglesia Católica dominicana no se quedó atrás. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se manifestó en dos ocasiones. La primera el domingo cuando rechazó una nueva reforma constitucional sugerida en los ámbitos perredeístas, con el arguimento de que sería protagonizada por “bandas de cuatreros”.

              A mitad de semana el purpurado urgió a detener la “hemorragia económica”, la devaluación del peso y el deterioro de la calidad de la vida, así como a resolver los problemas energéticos que “mantienen a los ciudadanos crispados, nerviosos y molestos”.

              El padre Regino Martínez, vino desde Dajabón para sumarse a las críticas diciendo que la mayoría de la población se siente “desamparada y desprotegida” en medio del empeoramiento de la situación económica.

            No se trató de una ofensiva concertada, pero sí de una expresión del rechazo que está generando el gobierno tanto en los niveles jerárquicos como en las bases eclesiásticas. Las contradicciones lucen tan agudas que el cardenal hasta responsabilizó al gobierno de los actos de otro cura y capellán militar acusado de violación de menores, diciendo que lo habían ascendido después que él lo separó de la responsabilidad parroquial.

            Un mordaz comentarista adujo que la suerte del gobierno está tan de capa caída que hasta le quieren cobrar las inconductas de un sacerdote, no en el ejercicio de capellán, sino en el de párroco. Como al “dedo malo que todo se le pega”.

El desafío empresarial                                                       

            La suerte del gobierno no ha sido mejor ultimamente con otro de los poderes fácticos, el empresariado, que lo ha desafiado a propósito de los decretos que instituyen recargos impositivos del 2 por ciento a las importaciones y del cinco a las exportaciones.

            El Consejo Nacional de la Empresa Privada, junto a otras entidades sociales, levantó una instancia ante la Suprema Corte de Justicia pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de los impuestos por decreto. Según el inciso 1 del artículo 37 de la Constitución de la República es facultad del Congreso “Establecer los impuestos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión”.

            Los impuestos por decreto fueron tolerados al presidente Joaquín Balaguer, quien llegó a implementar mediante esa vía toda una reforma fiscal al comienzo de la década de los noventa. También el presidente Leonel Fernández apeló a esa práctica cuando elevó al 5 por ciento el recargo cambiario.

            Pero la sociedad dominicana en general luce ahora más empeñada en la observancia de la institucionalidad democrática, lo que pretende ignorar el gobierno que podría hacerlo por ley, al disponer del 90 por ciento de los senadores y casi la mitad de los diputados.

            Claro que también influye la renuencia empresarial a pagar mayores impuestos, aún en la circunstancia en que el gobierno requiere más recursos para hacer frente al descalabro financiero que ha beneficiado a los exportadores por vía de la devaluación del peso.

            La confrontación empresarial ha llegado tan lejos que la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes ha planteado un boicot al decreto que grava las exportaciones y el turismo, sugiriendo a sus afiliados que no paguen el recargo del 5 por ciento.

              Tal posición sin precedente en el país fue respondida por el secretario de Finanzas quien dijo que cobrarán el impuesto “llueve truene o ventee”. Contradictoriamente y como para afianzar las dudas sobre la disposición a cumplir el acuerdo con el FMI, en el renglón de este correspondiente a Política Fiscal y Sostenibildiad de la Deuda se establece que a finales de agosto se procuraría la aprobación del Congreso a esos impuestos.

                Para colmo de males, la Suprema Corte de Justicia mostró prisa esta semana en conocer la instancia, aún sin la opinión del Procurador General de la República, lo que originó otra confrontación al gobierno.

                Pocos dudan sobre la inconstitucionalidad de los decretos impositivos. Y mucho menos entienden que el gobierno pueda correr el riesgo de que la Suprema Corte le propine el revés de la anulación de los decretos, pudiendo haber contenido los ímpetus con un proyecto legislativo.

                 A todos esos infortunios hay que agregar la confrontación que mantiene el Presidente Mejía y su PPH con el resto del Partido Revolucionario Dominicano. El discurso del mandatario volvió a ser desafiante y excluyente cuando a mitad de semana proclamó en San Cristóbal que no le ganan “los pericos ni los programas de televisión”.

                 Su última propuesta de establecer la mayoría de votos para elegir el candidato del PRD, fue enmendada el miércoles para reducirla a la mayoría simple si el que queda en primer lugar recibe por lo menos 10 por ciento más que el segundo.

                 En medio de la desconfianza generalizada, los otros siete precandidatos perredeístas parecían inclinados a rechazar la propuesta presidencial, lo que conlleva una extensión por tiempo indefinido de la confrontación intrapartidaria que tanto contribuye al desasosiedo y la incertidumbre.

                  Definitivamente, el gobierno requiere de un despojo, con ruda, rompe-saraguey o amansa bravo. Porque todo parece salirle por la culata.-

 

Un metamensaje ominoso en la cámara de Diputados

Por Juan Bolívar Díaz

El intento de sabotaje del sábado 16 deja herida la imagen democrática del gobierno y causa preocupación hasta en ámbitos diplomáticos por los comicios presidenciales.

         El bochornoso espectáculo montado el sábado 16 de agosto en la elección del bufete directivo de la Cámara de Diputados dejó mal parada la imagen del gobierno y del grupo perredeista del Presidente de la República ante propios y extranjeros que se han estado preguntando hasta dónde puede llegar el deterioro institucional democrático.

           Para todos quedó de manifiesto un metamensaje: cualquier medio para imponerse es legítimo y si se apela al sabotaje, el tiroteo, las compras de votos y las presiones por una reelección de la presidenta de la Cámara de Diputados, nada se debe descartar cuando se trate de la prolongación del mandato presidencial.

            De los acontecimientos se desprende también que los factores políticos están en contra de los planes continuistas y el liderazgo del agrónomo Hipólito Mejía ya no alcanza ni para convencer a los miembros de su propio grupo de seguir sus lineamientos

estratégicos, como el de alianza con la cúpula reformista.

HM: el gran perdedor

            Lo que se montó durante varios días en torno a la elección del bufete directivo de los diputados no fue más que un inútil circo político, donde quedaron de manifiesto la tremenda dispersión y las luchas internas que afectan al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), incapaz de trazar lineamientos estratégicos por encima de los intereses grupales e individuales.

            El gran perdedor de esta contienda fue el presidente Hipólito Mejía, quien fracasó a la vista de todos en el intento de mantener a la doctora Rafaela Alburquerque en la presidencia de la cámara baja y con ello la alianza que ha mantenido con la cúpula del partido Reformista Social Cristiano (PRSC) desde que amarró su chiva en la casa del desaparecido caudillo Joaquín Balaguer.

            Al presidente Mejía se le dividió hasta su propio grupo político, el Proyecto Presidencial Hipólito (PPH), del que se supone miembro a Alfredo Pacheco, el habilidoso dirigente medio perredeísta que se alzó con la presidencia de la Cámara de diputados.

            Todos los precandidatos presidenciales que se oponen a la repostulación de Hipólito Mejía alentaron o apoyaron las aspiraciones de Pacheco, e hicieron los máximos esfuerzos para evitar que este fuera convencido de seguir los lineamientos que indicaban los líderes del PPH, particularmente Eligio Jáquez, Hernani Salazar y el inquieto Guido Gómez Mazara.

            En esa tarea se distinguieron los legisladores que siguen al presidente del PRD Hatuey de Camps, al ministro de Turismo Rafael Suberví Bonilla y a la vicepresidenta de la República Milagros Ortiz Bosch. Todos entendían que alentando a Pacheco dividían al PPH y de paso evidenciaban las debilidades políticas en que se encuentra el presidente Mejía, constreñido por la crisis económica nacional, los apagones y las crecientes protestas populares.

            A partir de la publicación de la última encuesta de Gallup el mes pasado, los opositores a la reelección se han fortalecido dentro del partido de gobierno y cada vez son más los que entienden que hay que encontrar una esquina donde parar al presidente, por elemental superviviencia partidaria. Hasta Fello Suberví y Milagros Ortiz, que eran los más ponderados, se han sumado a esa actitud.

Ineficiencia política

            Para muchos observadores políticos tanto el PPH como la cúpula reformista mostraron una sorprendente ineficiencia e inflexibilidad política, llegando hasta la inmolación con la doctora Alburquerque, cuando era obvio que ésta ya no unificaba ni siquiera a la trientena de diputados de su propio partido, y tenía en contra casi todos los perredeístas y los del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

            Los ofrecimientos gubernamentales, que incluyeron hasta consulados para familiares y relacionados, no fueron suficientes este vez para cambiar el curso de la elección de los diputados.

            Y las presiones eran tan fuertes que 60 diputados perredeístas optaron por “acuartelarse” en un hotel de Juan Dolio para protegerse unos a otros y hacer difícil que fueran “convencidos” por los diligentes funcionarios gubernamentales que buscaban hacer cumplir la voluntad presidencial.

            El pretexto era proteger a los diputados “de las bases”, pero en realidad era para distanciar al propio Pacheco de las influencias del poder pepehachista. El mismo dijo después de electo que el acuartelamiento era para evitar “secuestros” por parte de los funcionarios gubernamentales.

            En vez de maniobrar y buscarse otro reformista que pudiera relevar a Lila Alburquerque, se expusieron a llegar hasta la sesión cameral del sábado 16, donde ni el sabotaje a la energía eléctrica ni los cuatro disparos de armas de fuego lograron doblegar el ánimo de la amplia alianza contra el PPH, que incluyó de facto a los del PLD.

            El liderazgo del PPH y el del PRSC resultaron humillados y todo aquel bochornoso espectáculo antidemocrático tuvo efectos contraproducentes y sería generador de un clamoroso repudio nacional. La presencia en el Congreso de Rafael Bello Andino, Joaquín Ricardo, Guido Gómez y Eligio Jáquez fue por lo menos una muestra de torpeza política.

            Por demás, el acontecimiento ha dejado heridas las relaciones PRD-PRSC y a la defensiva a la cúpula reformista que negocia con el gobierno, con mayores cuestionamientos de la disensión interna y con repercuciones negativas sobre su candidatura presidencial encarnada en Eduardo Estrella y en beneficio del PLD, que encarna la oposición clara y definitiva.

Episodio degradante

            El episodio de la Cámara de Diputados ha sido tan degradante de la imagen de este gobierno como lo fue para el anterior el asalto a la Liga Municipal Dominicana con la violencia ejercida contra senadores y el sobrevuelo de helicópteros sobre el Congreso Nacional en enero del 1999.      

            Al igual que hace 4 años el espectáculo dio la vuelta al mundo en las noticias de la CNN y numerosos medios de comunicación extranjeros se preocuparon por su significado. Este vez el país estaba lleno de periodistas internacionales que cubrían los Juegos Panamericanos, justamente en su última jornada de competencias.

           Un efecto negativo inmediato fue que precipitó abruptamente el final de la “luna de miel” colectiva por efecto de los Juegos Panamericanos, que pese a las pasioens y contradicciones derivados de su costo, habían logrado captar el interés y hasta el entusiasmo nacional, impulsado por el extraordinario desempeño de los atletas dominicanos y dominicanas.

            El espectáculo del Día de la Restauración de la República generó preocupaciones en los ámbitos diplomáticos nacionales, tal como lo expresó el embajador de la Unión Europea, Miguel Amado, al dejar inaugurado el miércoles un seminario sobre el buen gobierno, al amparo del Programa de Apoyo a la Reforma del Estado que ejecutan junto al gobierno dominicano.

            El recurso al sabotaje y los disparos siembra mayores incertidumbres sobre la convención perredeísta que debe escoger el candidato presidencial, empantada por la convicción de la mayoría de los precandidatos de que los recursos del poder vulnerarán los procedimientos y prácticas democráticas.

            Pero más allá de ello, los observadores temen que se puedan revivir las imposiciones y el abuso de los recursos del Estado que han acompañado las reelecciones presidenciales a lo largo de la historia nacional. La presencia de los jefes del Ejército Nacional y de la Policía en el inicio de la campaña proselitista del presidente Mejía el martes elevó la temperatura de las preocupaciones.

Aventurerismo político

            Entre analistas políticos se incuba la convicción de que tanto el presidente Mejía como su grupo, el PPH, están sobreestimando la capacidad del poder para imponerse en el próximo certamen electoral, en una especie de aventurerismo político.

             Más allá de Joaquín Balaguer y Alberto Fujimori, mediante mecanismos de imposición, y de Fernando Henríquez Cardoso y Carlos Menem, nadie ha conseguido una reelección en América Latina en las últimas dos décadas. Las permanentes crisis económicas han generado un relevo presidencial, y la mayoría de los gobernantes se conforman con un solo período, que en casi todos los casos culminan con dificultades.

             El PPH subestima la crisis económica en que ha quedado sumido el país este año. Y sobre estiman la recuperación que produciría el éxito de los Juegos Panamericanos en la popularidad del presidente Mejía, sin lograr entender que ese efecto es transitorio, e incomparable con el que generan la devaluación, la inflación y la recesión.

             La sobreestimación quedó de manifiesto el martes cuando expusieron al presidente Mejía a un recorrido por los barrios pobres de la capital. El resultado no pudo ser más desalentador, como lo han reconocido en privado hasta partidarios de la reelección. Los barrios recorridos, otrora expresión de la fuerza del perredeísmo respondieron con frialdad, sin que faltaran la exhibición de calderos vacíos, y otras muestras de repudio.

             Los reeleccionistas cifan sus esperanzas en una recuperación económica difícil de lograr en los meses que faltan para las elecciones, como lo muestran hasta los estimados de los técnicos del Banco Central que negociaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

             Con un galopante desempleo, presión por nuevos impuestos, irritantes apagones y pendientes aún nuevas alzas de precios, con graves problemas en la producción agropecuaria, con los productores denunciando a diario sus precariedades, con las obras públicas paralizadas y retrasos hasta en el pago de las nóminas, pocos entienden cómo logrará el gobierno en 9 meses revocar el deterioro en niveles suficientes para conseguir más de la mitad de los votos.

             Por de pronto los acontecimientos de la Cámara de Diputados han demostrado que el aventurerismo político puede provocar que los tiros salgan por la culata, y que si bien hay voluntad de imposición, también hay en la nación actitud para la resistencia.-

El PRD y su gobierno en picada

  Por Juan Bolívar Díaz

La última encuesta Gallup para Omnimedia reafirma las dificultades de la reelección en las actuales perspectivas y las posibilidades del PLD                                             

            La encuesta Gallup para Omnimedia ha venido a reafirmar lo que es un secreto a voces para cualquier mediano observador del devenir nacional, que el Presidente Hipólito Mejía tiene muy escasas posibilidades de lograr una reeelección y que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) podría ganar los próximos comicios en la primera vuelta.

            No se trata de un accidente fruto de la coyuntura económica tras el descalabro Baninter, sino de una tendencia marcada en las cuatro “encuestas profesionales” que han sido publicadas desde septiembre del año pasado, que han evidenciado un grave declive del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

            Sería aventurero afirmar que la crítica situación de los políticos gobernantes no pudiera ser revertida en los diez meses que restan para las elecciones, pero las perspectivas económicas no apuntan en esa dirección y los perredeístas lucen dispuestos a pagar una cuota mayor en desgaste y desangramiento por las luchas internas que podrían derivar en divisiones.

Tendencias sostenidas

               Lo más relevante de esta encuesta es que por primera vez Leonel Fernández y su partido se proyectan como ganadores en una primera vuelta electoral, con el 51 por ciento. Pero si se prorratea el 9 por ciento que totalizaron los que no prefieren a ninguno de los posibles candidatos o no responden, el porcentaje del expresidente sube al 56. Los precandidatos del PRD suman 29.4 y el reformista Eduardo Estrella 14.6 por ciento.

            La reacción de los funcionarios gubernamentales ha sido considerar que esta encuesta no debió realizarse en circunstancias económicas tan adversas, como si estas pudieran revertirse en pocas semanas o meses.

            Cuando estos resultados se comparan con las tres encuestas publicadas dentro del último año, se comprueba que marcan una tendencia sostenida: reafirman el vertiginoso ascenso del PLD y su candidato presidencial Leonel Fernández, el desplazamiento del PRD del primer lugar en las preferencias que ocupó en casi todas las investigaciones de los últimos 12 años, y la creciente impopularidad del presidente Mejía y su gobierno.

            En la encuesta de Hamilton & Beattie para HOY publicada en agosto del 2002, todavía el PRD encabezaba las preferencias electorales con el 40 por ciento, seguido del PLD con el 29 por ciento.

Pero ya en septiembre del 2002 la encuesta Penn & Schoen para El Caribe colocó al PLD a la cabeza de las preferencias electorales con 33 por ciento, desplazando del primer lugar al PRD que sólo registró 28 por ciento.

            El descenso coincide con el período en que empieza la devaluación del peso y se incrementa la inflación y se deteriora el servicio energético. Comiezan también los adelantos en el esfuerzo por contener la quiebra del Banco Intercontinental.

En Febrero del 2003 la encuesta Hamilton & Beattie para HOY ratificó la tendencia con un punto más para cada partido, en el mismo orden por 34 a 29 por ciento.

           Cuando Gallup para Omnimedia mide las preferencias electorales en marzo del 2003, Leonel Fernández domina absolutamente con un 33.5 por ciento, seguido entonces por Eduardo Estrella con 12.5, Jacinto Peynado 8.8, Hipólito Mejía 6.8 y Milagros Ortiz Bosch 6.3 por ciento.

Es relevante que Fernández creciera 17.7 por ciento en solo 4 meses, tomando en cuenta el 51.2 por ciento que registra en la investigación publicada esta semana. Eduardo Estrella se mantiene con variación menor del 1 por ciento, mientras Mejía y Ortiz Bosch registran apenas dos puntos más.Estos tres dentro del margen de error de la encuesta.

Sombrías perspectivas

            Las perspectivas lucen sombrías para el PRD de cara a los comicios presidenciales del 2004, pero mucho más si lleva al presidente Mejía de candidato presidencial, de acuerdo a la percepción generalizada y ratificada por la encuesta Gallup.

            En primer lugar porque todos los analistas coinciden en que los efectos de la crisis económica que ha conllevado una devaluación del cien por ciento en menos de un año, se sentirán fuertemente durante muchos meses y en el mejor de los casos apenas estarían comenzando a revocarse para el próximo año.

            El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que esta semana registró un tropiezo al conocerse que el Banco Central tuvo que cubrir un déficit de 14 mil 800 millones de pesos del recién vendido Banco Nacional de Crédito, podría ayudar a la recuperación en el mediano plazo. Pero para ello el gobierno estará obligado a una rígida disciplina y austeridad fiscal hasta mucho más allá de los comicios.

            Puede ser que la devaluación haya llegado a su tope, pero todavía quedan efectos inflacionarios y recesivos por registrarse, tanto por las restricciones monetarias y el alza de las tasas de interés, como por los nuevos impuestos, la reposición de inventarios y el alza de los combustibles.

En medio de irritantes apagones se anuncia un nuevo aumento de la tarifa energética que oscilaría entre 33 y 40 por ciento y se esperan nuevas alzas en los precios de los combustibles. La factura eléctrica está aún basada en una tasa cambiaria de 24.79 pesos por dólar, diez pesos menos que la actual.

Y la Refinería de Petróleo ha perdido 500 millones de pesos en dos meses a consecuencia de los desajustes cambiarios que terminarán traspasando a los consumidores, según lo expresado esta semana por su presidente, Amaury Justo Duarte.

Un retiro a tiempo

Las perspectivas políticas tampoco auspician la repostulación ni la reelecciión presidencial, por lo que muchos analistas insisten en que lo mejor que pudiera hacer el presidente Mejía es retirarse a tiempo.

Bernardo Vega como otros analistas ha sostenido que el solo anuncio del retiro de la carrera continuista bajaría algunos puntos a la tasa cambiaria, al disipar incertidumbres políticas y reducir los temores de un abuso del gasto público como ha ocurrido históricamente en el reeleccionismo.

En vez de estar adoptando decisiones en orden a su interés de permanecer en el poder, el presidente Mejía podría recuperar parte del desgaste concentrándose en hacer frente a los problemas de la nación, colocándose por encima de las luchas políticas nacionales e intrapartidarias.

Mientras se multiplican las protestas sociales, el PRD aparece inmerso en una crisis derivada de su incapacidad para celebrar una convención y elegir candidato presidencial sin dividirse. El proyecto continuista es el principal catalizador del enfrentamiento.

            Los analistas convienen en que terminaría imponiéndose dentro del partido por efecto del poder presidencial. Pero tiene que vencer a otros 7 precandidatos, algunos de los cuales rechazan absolutamente la repostulación en el partido blanco, incluyendo a su presidente Hatuey de Camps.

            Con o sin división, para esa imposición tendrá que correr mucho enfrentamiento que devaluarán más al PRD ante el electorado. En esa lucha se irán varios meses más, según todos los estimados. Y luego tendría que venir una campaña muy cuesta arriba para alcanzar más de la mitad de los votos, proporción con la cual Joaquín Balaguer no habría logrado reelegirse probablemente ni una sola vez. Aún con sus manipulaciones, el caudillo reformista sólo obtuvo el 35 por ciento en los comicios del 1990 y el 43 en 1994. –

Los devastadores resultados de Gallup

            No era necesaria una encuesta para diagnosticar el progresivo descalabro del proyecto continuista del presidente Hipólito Mejía. Pero la de Gallup para el Grupo Omnimedia ha resultado devastadora.

            Según la investigación, el 76.9 por ciento del electorado considera que el presidente no tiene posibilidad de ganar las elecciones del 2004. Sólo el 18.1 por ciento entiende que sí lo lograría. Entre los encuestados que se confesaron perredeístas el 47.3 por ciento le confiere oportunidad.

            El resultado fue más contundente ante la pregunta de si cree que Hipólito Mejía deba mantener su precandidatura presidencial. El 81 por ciento del electorado en general dijo no, lo mismo que el 62.5 por ciento de los perredeístas.

            Y a la pregunta de si la reelección es perjudicial o beneficiosa para el país, el 74.9 por ciento la estimó perjudicial, incluyendo al 56 por ciento de los perredeístas. Sólo el 17.3 por ciento del total, y el 34.7 por ciento de los simpatizantes del PRD la calificaron como beneficiosa.

            Vista por sectores sociales, la encuesta Gallup muestra la rebelión de la clase media frente al gobierno perredeísta. Ahí el porcentaje de los que creen que Mejía no debe mantener su precandidatura se eleva 7 puntos para alcanzar el 88 por ciento, y los que ven la reelección como perjuidical suben al 84.8 por ciento, 10 puntos más.

            El rechazo se acentúa en la zona urbana, en las mujeres y entre los jóvenes, especialmente los situados entre los 18 y los 24 años, lo que incluye a cerca de medio millón de nuevos electores.

            Según la encuesta, el expresidente Leonel Fernández ganaría los comicios en la primera vuelta, con el 51 por ciento, casi el doble del porcentaje que acumulan todos los precandidatos del PRD. Entre estos el presidente Mejía aparece con tan solo 9 por ciento de preferencias, apenas un punto más que la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch.Rafael Suberví registra 6 por ciento y Hatuey de Camps 3 por ciento.

            Individualmente Eduardo Estrella ocupa la segunda posición en las preferencias con el 13 por ciento y tiene también una baja tasa de rechazo con 13.7 por ciento.

            La situación del presidente Mejía vuelve a tornarse difícil cuando se mide la tasa de rechazo. El encabeza con el 55.6 por ciento de los encuestados que no votarían por él.Le siguen Hatuey de Camps con el 28.8 por ciento, Milagros Ortiz Bosch el 20.4, Rafael Suberví el 17.7, Eduardo Estrella el 15.7,Rafael Abinader el 15.4 y Leonel Fernández y Ramón Alburquerque 15.3 por ciento.-

Leonel Fernandez arranca con buen pie

Por Juan Bolívar Díaz

El PLD da una contundente demostración de su capacidad organizativa, de disciplina y vocación de poder con sus exitosas elecciones primarias                                        

            El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha dado una contundente demostración de su capacidad organizativa y de disciplina con la votación primaria que amplió su democracia interna y culminó sin un solo cuestionamiento de los contendientes.

            Al elegir al doctor Leonel Fernández candidato presidencial con más del 87 por ciento de la votación, los peledeístas demostraron su creciente vocación de poder, alineándose casi todos en la misma dirección y sin dejar la más mínima fisura por donde se colara alegato alguno de irregularidad.

            El resultado de la votación primaria peledeísta contrasta con los problemas confrontados por el Partido Reformista Social Cristiano que hace tres meses celebró la suya y todavía no ha podido cicatrizar sus heridas y con las obvias dificultades por las que atravieza el Partido Revolucionario Dominicano para hacer lo propio.

Proceso sin arrugas

            El proceso electoral interno del PLD se desarrolló sin mayores sobresaltos y aunque hubo algunas dificultades para culminar el padrón y entregarlo con anticipación a los contendientes, no se evidenció que ello obedeciera a algún patrón malicioso. Al final nadie alegó que se le impidiera ejercer el sufragio.

            La votación fue exitosa, considerando la participación de más del 50 por ciento de los 877 mil 109 empadronados en más de 40 mil comités de base. Más aún por el hecho de que ha sido la primera vez en que el PLD escoge candidato presidencial por el voto directo de los militantes, que de haber regido para los comicios anteriores pudo haber determinado otro resultado.

            El método anterior era que se computaba por organismos, cada uno de los cuales tenía un solo voto, lo que no garantizaba que el ganador fuera necesariamente el que recibiera más sufragios de los militantes.

            Fue relevante también que el doctor Jaime David Fernández, el único contendiente real del expresidente Leonel Fernández proclamara la victoria de éste antes de que la Comisión Nacional Electoral diera a conocer el primer boletín oficial del cómputo, reafirmando su convicción democrática y apego a los principios del partido.

            La campaña electoral peledeísta lució suficiente con 45 días desde que fuera proclamada oficialmente. Transcurrió sin un solo incidente de importancia. Aunque fue notable un enorme desnivel de recursos a favor del candidato triunfante, quien por demás contó con la mayor parte de la maquinaria partidista.

            Resultó relevante que el expresidente Fernández hizo poca campaña personal y evadió los medios de comunicación mientras su contrincante los copaba sistemáticamente en especial en las dos semanas finales de la campaña. Jaime David Fernández ofertó un proyecto ortodoxo, fundado en principios democráticos, en la participación social y en el rescate de la ética política, pero las bases peledeístas prefirieron repetir con quien ya los llevó al poder, aunque en circunstancias muy distintas, en los comicios de 1996.

El encanto de Leonel

            Al ganar la nominación presidencial con el 87 por ciento de los votos, en una circunstancia de mayor competitividad, el doctor Leonel Fernández emerge como líder absoluto del PLD.

               Esta vez no fue el Comité Central quien escogió los precandidatos. Se inscribió todo el que quiso competir. Y hubo cinco, aunque tres de ellos -Julián Serulle, Ramón Andrés Blanco Fernández y Miguel Solano- no computaron en conjunto el 1 por ciento de la votación.

               Y aunque no dispuso de los recursos materiales ni del respaldo de la maquinaria partidista, Jaime David Fernández realizó una vigorosa campaña de promoción contando con las amplias simpatías que despierta en sectores de la comunicación social.

            El triunfador pudo beneficiarse de la cultura presidencialista que se manifiesta en un eterno “vuelve y vuelve” para quienes alcanzan esa posición en la historia política dominicana. Pero también ratificó el encanto que despierta en importantes segmentos de las clases medias y altas.

               El discurso modernizante, bien hilvanado y conceptual del doctor Fernández es uno de sus mayores recursos políticos, llamado a magnificarse de enfrentarse con el ríspido lenguaje que ha exhibido el agrónomo Hipólito Mejía tras su llegada al poder.

            Beneficiado por las encuestas que lo colocan como preferido tanto dentro del partido morado como en el electorado en general, Fernández no tuvo que hacer muchos esfuerzos para tan contundente resultado. El PLD parece que quiso irse en una sola dirección, para no dejar la más mínima duda de su unidad, ni margen alguno para alegatos de ninguno de los contendientes.

            Ya en 1995 al ser elegido por primera vez candidato presidencial peledeísta, Leonel Fernández obtuvo el 93 por ciento, pero aquella vez del voto por organismos, que probablemente hubiese resultado menor de contarse directamente por militantes. Sus contendientes fueron Norge Botello y Euclides Gutiérrez.

Un buen arranque

            Así las cosas, Leonel Fernández ha recibido un buen impulso para iniciar su campaña para los comicios del próximo año, la que probablemente seguirá conduciendo con prudencia y pasos contados, habida cuenta de que está casi solo en la pista.

            Le acompaña Eduardo Estrella, el candidato del partido colorado, pero este no ha tenido la fortuna de sortear los problemas internos en que quedó sumida la organización a raíz del resultado de su votación primaria. Eso le ha quitado brillo y posibilidades a una candidatura que llegó a considerarse fruto de un “fenómeno” basado en la frescura de alguien que aparecía distante de los políticos tradicionales.

            Con las últimas encuestas profesionales conocidas colocándolo en primer lugar de las preferencias electorales, lo mismo que a su partido, Fernández tiene una buena base para arrancar su campaña, para la cual tendría que abandonar el “bunker” en que se ha encerrado frente a los comunicaodres sociales.

            Para Leonel Fernández y el PLD el desafío del próximo año es crucial, pues de lograr un retorno al poder, será más que nada por sus propias fuerzas, no las que les aportó el caudillo Joaquín Balaguer en 1996. Una derrota del PRD dentro de un intento de reelección desatará los demonios de la división y podría consagrar al peledeísmo como la primera fuerza política nacional para muchos años.

            Los resultados obtenidos por Jaime David Fernández en las primarias indican que el PLD se sitúa más en la perspectiva del pragmatismo político tipo Leonel-Danilo Medina que en la del boschismo, que sólo pudo mantenerse 7 meses en el poder y jamás pudo recuperarlo tras el derrocamiento de 1963.

            Una generación de altos dirigentes históricos y reforzados por los recién llegados ya saborearon las miles del poder y se situán en condiciones de disputárselo con los golosos perredeístas, devenidos en los nuevos comesolos, habida cuenta de que rompieron hasta con los siete pequeños partidos con que venían aliados en las cuatro eleecciones anteriores a las del año pasado.

Peligro que se desvanece

            Todavía hay quienes temen que el gobierno perredeísta tenga alguna sorpresa desagradable para sacarle al doctor Fernández en un momento crítico de la campaña electoral, pero cada vez se desvanece más esa posibilidad, si es que existió.

               Cada día que pasa es un punto menos para la posibilidad de un expediente que surta efecto negativo para el expresidente, pues con más razón se percibirá como simple maniobra política.

            Hace más de un año que la Procuraduría acaricia un expediente referente a la cuenta especial para obras prioritarias de los últimos 8 meses del gobierno del doctor Fernández, que implicó un gasto superior a mil 400 millones de pesos, donde se han alegado graves irregularidades, pero el paso del tiempo han ido desacreditándolo. Varias veces se ha anunciado en vano su traducción a la justicia.

            Algo parecido se puede decir del expediente sobre el Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME) en manos de la justicia desde hace 2 años y 8 meses. No se ha sabido de esfuerzos del ministerio público para el debido proceso judicial. Esperar a la campaña electoral parecerá una manipulación.

            Por demás, el gobierno y el PRD tendrán que concentrar sus energías en los próximos meses en buscar un camino que les permita llegar a la elección del candidato presidencial sin mayores fracturas ni sangramientos que no servirían para otra cosa que aumentar su desgaste frente al electorado.

            El PLD puede apostar a que por ahí todavía le llega alguna carga adicional de votos, o por lo menos que los pierde el partido blanco. Porque el escenario está montado para una pelea larga y sangrienta, por lo menos a 15 asaltos y con más de dos pesos pesados sobre el cuadrilátero.

En materia de boxeo los perredeístas son campeones olímpicos y el contraste con las primarias del PLD podría ser un golpe fulminante para el partido blanco en una nación ya demasiado agobiada por problemas económicos y políticos.-

Rebelión de Morel paraliza la JCE

Por Juan Bolívar Díaz

Ni la mediación del presidente Mejía y el presidente del Senado han fructificado, mientras el calendario de trabajo para los comicios del 2004 está siendo afectado                                    

            La Junta Central Electoral (JCE) quedó esta semana virtualmente paralizada a consecuencia de la rebelión de su presidente, el doctor Manuel Ramón Morel Cerda, contra la ley que la dividió en dos cámaras y el enfrentamiento que protagoniza con los otros 8 jueces electorales.

            La posición del doctor Morel Cerda es tan rígida e irracional que no ha cedido ni ante las propuestas del presidente Hipólito Mejía ni ante la mediación del presidente del Senado, Andrés Bautista, ambos conscientes de la conveniencia de resolver el conflicto tanto por razones de la organización electoral, como para disipar uno de los elementos que contaminan el ambiente nacional.

            Todavía hay tiempo suficiente para organizar los comicios presidenciales señalados para mayo del año próximo, ya a menos de 11 meses, pero la parálisis de la JCE comienza a retrasar el calendario de trabajo elaborado por la Dirección Nacional de Elecciones.                 

La soledad de Morel Cerda

            La situación que envuelve al doctor Morel Cerda es casi inédita, sobre todo para un hombre que ha tenido una trayectoria de apego a los principios democráticos, desde que saltó a la vida pública cuando fue Procurador General del efímero gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, en 1963.

            Durante la cuasi dictadura de Joaquín Balaguer en el período 1966-78, Morel fue presidente de la entonces pujante Asociación Dominicana de Abogados, durante tres períodos alternativos. Nunca se reeligió y jugó un papel brillante en la defensa de los derechos políticos.

            En esos años sacrificó su carrera de abogado por dedicarse a la defensa de la institucionalidad democrática y de los perseguidos políticos, a menudo haciendo presencia personal en los tribunales.

            Las circunstancias de enfrentamiento político en que fue electo para presidir la JCE, en 1998 no le favorecieron, puesto que lo hicieron blanco de las maledicencias partidarias, hasta llegar a dudar de su honorabilidad. Pasó por altas y bajas pero culminó con éxito objetivo el proceso electoral del 2000, que incluyó la constitución de un excelente padrón electoral, sometido a prueba en esa ocasión y en los comicios del 2002.

            Pero Morel no pasó la prueba de su reelección, no por culpa propia, sino de la forma atropellante en que el senado perredeísta reconstituyó el tribunal de elecciones en septiembre del 2002. Las circunstancias obligaron a transacciones que tuvieron por objeto satisfacer parcialmente las demandas de la oposición y de instituciones de la sociedad civil que deseaban mayor equilibrio.

            Desde que se planteó la división de las funciones de la JCE en cámaras administrativa y contenciosa, fue claro que se buscaba diluir el poder que Morel Cerda había acumulado al frente del organismo.

            La fórmula fue elaborada en el marco del diálogo nacional coordinado por Monseñor Agripino Núñez Collado, pero por los delegados de los partidos, incluso al márgen de las instituciones sociales participantes, que sólo dieron su aprobación.

            Morel Cerda se opuso desde el principio. Pero la fórmula no sólo fue aprobada por los partidos y las entidades sociales, sino también por el Presidente de la República y luego por las dos cámaras legislativas. Convertida en ley fue impugnada por el presidente de la JCE y hasta llevada a la Suprema Corte de Justicia en recurso de inconstitucionalidad. Rechazada la instancia Morel Cerda siguió considerándola inconstitucional.

            Intentó un reglamento que vulneraba el espíritu de la reforma y se quedó él solo impugnando la ley y a los demás jueces electorales que se acogieron a la misma. Su batalla, aferrado al presidencialismo, ha sido la de un verdadero llanero solitario.

Gestión de Andrés Bautista

               La soledad del doctor Morel Cerda lo llevó al extremo de abandonar la JCE proclamando que ni volvía ni renunciaba ni aceptaba el cargo de embajador que le había ofrecido el presidente Mejía. Y luego, el viernes 13 de junio la emprendió hasta con acusaciones de orden criminal contra los ocho restantes jueces electorales, sin hacer una solo excepción, sellando así su aislamiento total.

            Cuando los otros 8 jueces anunciaron que el lunes 16 responderían las acusaciones, el presidente del Senado se movió y organizó una reunión el domingo 15 en Moca, junto a otros senadores. Allí se reconoció que la posición de Morel era insostenible y Bautista García pidió el aplazamiento de la respuesta, iniciando una mediación.

            Los jueces respondieron, publicando solamente un informe sobre el manejo administrativo de la JCE y fijando para el miércoles 18 una sesión plenaria de donde saldría la respuesta, la que luego fue aplazada atendiendo a otra petición del licenciado Andrés Bautista García. Hasta caer la semana éste no había conseguido reducir la rebeldía y obtener la renuncia de Morel Cerda.

            Se dice que el presidente del Senado ha apelado a personas que podrían hacer entrar en razones al abogado santiagués, pero todos los esfuerzos han resultado fallidos ante la tozudez de quien se aferra a la posición con muy particular concepto del honor.

            Una alternativa que llegó a dilucidarse públicamente, es la destitución mediante el complicado proceso del juicio político, que debe iniciar la Cámara de Diputados y aprobar el Senado con una mayoría cualitativa del 75 por ciento de sus votos, al amparo de los artículos 23 y 26 de la Constitución. Lo conseguirían, pues ya nadie defiende al doctor Morel, pero buscan evadirlo por consideraciones a éste y para evitar un mayor escándalo.

            Fuentes bien informadas aseguran que las gestiones de Bautista García cuentan con el respaldo del presidente Mejía, también interesado en resolver el conflicto, de cara al mejoramiento del clima política y de la confianza en las instituciones básicas, en momentos en que se busca asistencia internacional para paliar la crisis financiera. Ello implica que siguen abiertas las ofertas de un cargo diplomático, como embajador en Francia o Italia, sin descartar otra sede que incluya consulado, como la del Japón.

Trabajos paralizados

            La crisis de la JCE obligó esta semana a la suspensión de una sesión en la que la JCE presentaría a los delegados políticos y dirigentes de la sociedad civil el Plan de Trabajo para las Elecciones del 2004, elaborado por la Dirección Nacional de Elecciones, montado ya en el sistema informático Power Point.

            Las consideraciones generales del proyecto parten de la eliminación del colegio electoral cerrado, pasando por mayores medidas de seguridad, un sistema de cómputo más seguro y transparente, a los esfuerzos para intensificar los niveles de calidad del padrón electoral, temprano reclutamiento del personal para los colegios electorales y ejecución del voto de los residentes en el exterior que sean empadronados.

            La planificación considera que el padrón electoral pasaría de los 4 millones 647 mil 838 que registró en el 2002 hasta 5 millones 100 mil electores, aproximadamente, es decir uns 452 mil más. Los colegios de votación serían 851 más, al pasar de 11 mil 649 a unos 12 mil 500.

            El programa de trabajo parte de la reestructuración de 61 de las 125 juntas electorales que operaron en los pasados comicios y las correspondientes a 9 minicipios recién creados. Pasa por identificación de centros de votación en el exterior y adecuación de la planta física de numerosas juntas electorales de los municipios.

            Para este mes estaba previsto el inicio del recluamiento del personal para los colegios electorales y la segunda etapa del programa de publicidad sobre el voto en el exterior.

            La JCE tiene como tarea inmediata el inicio de la sustitución de 900 mil cédulas, originadas en un proceso de cedulación fuera de línea, por cambios de colegios y de jóvenes que llegaron a la edad de votación.

            Pero tan importante como emprender los trabajos logísticos para los comicios de mayo próximo, para lo cual todavía habría suficiente tiempo, los jueces electorales son conscientes de que tendrán que hacer un gran esfuerzo de transparencia para disipar las sombras que la crisis ha dejado sobre la idoneidad de la JCE.

            Y en ámbitos políticos gubernamentales hay interés en superar la crisis del organismo electoral, por conciencia de que afecta la imagen de los responsables de la elección de los jueces electorales.-

A un año de las elecciones la JCE tiene grandes retos

Por Juan Bolívar Díaz

El más importante desafío es recuperar la cohesión interna y la credibilidad y en lo inmediato la instancia de Peynado contra la proclamación de Estrella                             

             A un año de las elecciones presidenciales, la Junta Central Electoral (JCE) tiene por delante varios grandes desafíos el más importante de los cuales es superar las diferencias internas y mostrar coherencia y eficiencia para recuperar la credibilidad perdida durante los enfrentamientos que siguieron a la elección de sus actuales jueces titulares.

            La ratificación o elección de los funcionarios ejecutivos, la reestructuración de 61 juntas electorales municipales y la integración de otras 9, y la organización del voto de los residentes en el exterior son de las tareas que deberán centrar la atención del organismo rector de los comicios.

            En lo inmediato, la JCE tiene un reto importante contenido en la instancia del empresario Jacinto Peynado que persigue la anulación de la sesión de la Comisión Ejecutiva del partido Reformista Social Cristiano (PRSC) que declaró al ingeniero Eduardo Estrella candidato presidencial y lo juramentó.

Persistente debilidad

            Más de cuatro meses después de la reforma electoral que dividió la JCE en las cámaras administrativa y contenciosa, persisten las diferencias internas dirimidas incluso a través de los medios de comunicación, lo que mantiene reservas sobre la funcionalidad y eficiencia del organismo.

            Durante las últimas tres semanas se produjeron dos incidentes que enfrentaron al presidente del plenario, doctor Ramón Morel Cerda, con los presidentes de las Cámaras Contenciosa y Adminsitrativa, doctores Salvador Ramos y Nelson Gómez.

            El primero fue cuando Morel Cerda consideró que para la JCE el ingeniero Eduardo Estrella era ya el candidato presidencial del PRSC, lo que fue rectificado de inmediato por Ramos. Posteriormente el titular del plenario declaró que el funcionarmiento del organismo le recordaba la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la década del 70, lo que generó un público rechazo de Gómez.

            Para todos los observadores es obvio que todavía Morel Cerda no ha asimilado la división de las funciones de la Junta, pactada por los partidos, decidida por la ley 2-03 del Congreso Nacional promulgada por el Poder Ejecutivo. Ya el 14 de marzo objetó el reglamento de las cámaras aprobado por el plenario y en abril cuestionó hasta el dictamen de la Suprema Corte de Justicia que rechazó alegatos de inconstitucionalidad.

            Las últimas dos declaraciones de Morel muestran una persistencia propia de su recia personalidad pero obviamente lesiva a la unidad que debe mostrar el organismo responsable de la organización de los procesos electorales y del dictamen sobre sus resultados.

            Por demás, en el caso de la declaración sobre el estatus de la candidatura de Eduardo Estrella la posición del doctor Morel fue desacertada, por cuanto todavía no caía el plazo en que podía ser impugnada –como ocurrió posteriormente- ni tampoco había sido conocida oficialmente por la Cámara Contenciosa a quien corresponde decidir al respecto.

            Evidencia adicional de la persistencia del conflicto de Morel Cerda con los demás jueces es que en todos los casos sus declaraciones han sido respondidas públicamente por los presidentes de las cámaras, quienes no hacen mayor esfuerzo por ocultar las desavenencias.

            La situación ha despertado preocupaciones en los delegados de los partidos políticos y ha generado incertidumbre en la opinión pública con cuestionamientos sobre la idoneidad de un tribunal presidido por alguien que rechaza su ley orgánica.

            Alguien deberá hacer esfuerzo por convencer al doctor Morel Cerda de que acepte la realidad de que sus poderes fueron reducidos por la ley 2-03, o que renuncie a sus funciones.

En la Cámara Administrativa

            En el nuevo esquema operativo de la JCE el proceso organizativo de las elecciones recae sobre la Cámara Administrativa, integrada precisamente por tres de los nuevos jueces, es decir que no tienen las experiencias acumuladas por otros, los doctores Nelson Gómez, Rafaelina Peralta y Rafael Díaz Vásquez.

            Resalta que en la Cámara contenciosa, con menores responsabilidades, hay cinco jueces, entre ellos los doctores Salvador Ramos y Luis Arias, que junto al doctor Morel son los de mayor experiencia en el organismo. Arias ha participado en la organización de las últimas cuatro elecciones generales, a partir de las de 1996 qyue presidió el doctor C´desar Estrella Sahdalá.

            En consulta con los partidos políticos tendrán que ratificar o designar nuevos encargados de los departamentos claves, como la Dirección General de Elecciones y los titulares de las direcciones de del Registro Electoral, de Cedulación, de Informática y del Estado Civil.

            Entre los titulares de esos departamentos hay quienes han acumulado una buena experiencia y tienen el reconocimiento de los partidos, resaltando entre ellos el ingeniero Gilberto Cruz Herasme, quien ha ejecutado la organización de las dos últimas elecciones.

            Otra labor pendiente y que requiere el consenso con los partidos políticos es la reestructuración de 61 de las 125 Juntas Electorales que operaron hasta el año pasado, en las que se han producido vacantes por renuncia o recusación de los partidos. En algunas tan importantes como Santiago, cuyos nueve miembros renunciaron en masa a raíz de las impugnaciones registradas allí a los resultados de los comicios congresionales y municipales del año pasado.

            También tienen que ser designados los integrantes de las Juntas de 9 nuevos municipios recién instituídos, que son los de Polo, El Peñón, Las Yayas de Viajama, Las Charcas, Estebanía, Los ríos, Jamao al Norte, Villa La Mata y El Pino. En estas habrá que instalar y equipar los correspondientes locales.

            La Cámara Administrativa tiene que darse un calendario de trabajo que apenas estaba recientemente en elaboración, de aceurdo a fuentes bien informadas.

            Las labores normativas, que han quedado en manos del plenario de los jueces, presidido por Morel Cerda, sson cada vez más simples, porque se trata de juna simple revisión y actualización de reglamentos ya antes aprobados y sometidos a prueba, como los correspondientes a la propaganda, fusiones, alianzas y coaliciones, observación electoral, contribuación económica del Estado y delegados políticos y técnicos de los partidos.

El Voto en el Exterior

            La gran innovación del próximo torneo electorl será el estreno del voto de los residentes en el exterior, instituído en la reforma de 1997, que la instituyó a partir del 2000, aunque dejó en manos de la JCE decidir la fecha de implementación, que fue aplazada para el 2004.

            La lentitud con que se ha encaminado el proceso de empadronamiento, explicable en la crisis que afectó la JCE tras la última elección de jueces titulares, ha generado críticas de la comunidad dominicana en el exterior, especialmente en Nueva York, donde todavía no se ha hecho una campaña de información y motivación.

            Apenas unos 8 mil ciudadanos y ciudadanas han podido completar el proceso de empadronamiento y otros tantos estarían en proceso, persistiendo incertidumbres sobre si podrá implementarse para los comicios del próximo año.

            La JCE aprobó el reglamento que rige el empadronamiento, pero tiene pendiente el de los colegios electorales y el escrutinio en el exterior. La semana pasada todavía se trabajaba en la elaboración de la campaña informativa y motivacional.

            Lo que ha determinado que sea tan reducida la cantidad de habiltiados para votar en el exterior es que no hay cedulación fuera del territorio nacional. Sólo los pocos residentes en el exterior que lograron obtener la nueva cédula establecida desde el 2000, pueden concluir fácilmente su empadronamiento. Van a uno de los centros establecidos por la JCE en las ciudades extranjeras de gran población dominicana y piden el cambio de residencia.

            Operan centros de empadronamiento en Nueva York, Boston, Miami, San Juan, Caracas, Montreal, Madrid y Barcelona.

            Quienes llegaron a solicitar la cédula y conservan la constancia o formulario también pueden ir a los centros de empadronamiento y solicitarla. Igual pueden hacer los que la perdieron. En ambos caso tienen que esperar un largo trámite para que les envíen la cédula desde Santo Domingo. Los que nunca solicitaron la nueva cédula, que son la inmensa mayoría de los residentes en el exterior, no tienen nada que hacer. Sólo viniendo al país pueden obtenerla.

            Aún las autoridades electorales no han decidido hasta cuándo durará el registro electoral en el exterior, pero en todo caso el padrón queda cerrado en diciembre, seis meses antes de los comicios, como ordena la ley electoral.

La primera prueba

            La primera prueba de la actual JCE está representada por la instancia de Jacinto Peynado que solicita “Declarar la nulidad de la Sesión de la Comisión Ejecutiva del PRSC defecha 6 de abril del 2003, por comprobarse que ese organismo no está facultado para verificar los resultados de unas primarias internas de dicho partido y mucho menos para proclamar al Candidato Presidencial, pues estas prerrogativas están conferidas a la Convención Nacional conforme a los Estatutos Partidarios y en especial al Art. 23 de los mismos”.

            La instancia no pretende la anulación de la elección primaria, sino dar un golpe a la candidatura de Estrella y sus auspiciadores aprovechando un eroro elemental, pues no sólo los estatutos reformistas establecen la Asamblea o Convención Nacional para aprobar la cabndidatura presidencial, sino también el artículo 68 de la ley electoral. Y ha sido una práctica en todos los partidos, aún cuando han realizado elección primaria.

            La letra b del artículo 23 de los estatutos reformistas, que se refiere a las funcioens de la Asamblea Nacional, como suprema autoridad deliberativa del partido, no deja lugar a dudas: “Proclamar al candidato a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, en caso de que sean elegidos mediante primarias internas, o elegir al candidato Presidencial y Vicepresidencial, si no se realizaren primarias”.

            Y el párrafo I del artículo 28 de los mismos estatutos indica: “ Para escoger el candidato Presidencial del Partido se realizará la Convención Nacional Extraordinaria o elecciones primarias internas, por lo menos treinta días de anterioridad a la fecha en que deba celebrarse la Convención Nacional que tenga la misión de verificar y aprobar sus resultados y proclamar al candidato”.

            Por su parte el Artículo 68 de la Ley Electoral indica que “La nominación delos candidatos a cargos electivos que hayan de ser propuestos por un partido político, reconocido o inscrito, deberá ser hecho por el voto afirmativo de la mayoría de los delegados a convenciones regulares y públicamente celebradas tres días, por lo menos, después de haber sido convocadas por medio de aviso público en un diario de circulación nacional”.

            La Cámara Contenciosa tiene ahí su primera prueba. La preside el doctor Salvador Ramos y la integran además los doctores Luis Arias, Luis Nelson Pantaleón, Roberto Rosario y José Luis Tavarez.

            Hay quienes creen que simplemente van a ratifricar la candidatura de Estrella. Pero si aplican la ley, como corresponde, tendrán que aceptar la petición de Peynado, que no anula la elección primaria, pero devuelve a una Asamblea Nacional de delegados la verificación de sus resultaods y la proclación del candidato, que apresuradamente realizó la Comisión Ejecutiva del PRSC. Y se prolongará el conflicto.

            La instancia será conocida en sesión pública el próximo lunes. El desafio es significativo para la credibilidad de los nuevos jueces electorales, los cuales tendrán que convencer con su dictamen.-

Morel Cerda debe aceptar la reforma electoral o dimitir

Por Juan Bolívar Díaz

Sin el respaldo de los partidos y enfrentado a los otros ocho jueces electorales, el abogado santiagués no ayudará al éxito organizativo de los próximos comicios 

            Todo parece indicar que el doctor Manuel Ramón Morel Cerda, presidente de la Junta Central Electoral (JCE) no ha comprendido los alcances de la última reforma pactada por los partidos a finales del año pasado, lo que lo conduce a una confrontación con todos los actores del sistema político y pone en juego la organización del próximo proceso electoral.

            Los acontecimientos de las últimas semanas muestran que el doctor Morel se ha convertido en un llanero solitario, hasta el punto de enfrentar los ocho restantes jueces electorales, como ha quedado en evidencia en las últimas dos semanas.

            Para un hombre de honor, como lo es sin duda el abogado santiagués, lo que corresponde es la dimisión al cargo, o se expone a humillaciones que desdicen de su carrera pública y profesional de las últimas cuatro décadas.

Morel Cerda sacrificado

            En las últimas dos semanas el doctor Manuel R. Morel Cerda ha protagonizado un inconcebible enfrentamiento con los restantes 8 jueces integrantes de la JCE, que ha disminuído su estatura de hombre público honorable y con una hoja de servicio a la democracia como pocos de los abogados de su generación.

            El reputado abogado santiagués no ha podido comprender los alcances de la reforma electoral pactada por los partidos en el marco del diálogo nacional a fines del año pasado, que en esencia está encaminada a reducir sus poderes tras haberse constituido en blanco de la confrontación de los opositores políticos y las instituciones sociales.

            Independientemente de que tengan o no razón, Morel Cerda fue dejado en el aire por sus patrocinadores del partido de gobierno, frente a los cuestionamientos de que era objeto por los partidos de oposición.

            Aunque él no pueda comprenderlo, ha sido una víctima de la aplanadora que en septiembre del 2002 eligió una JCE al márgen de los partidos de oposición y de las instituciones sociales.

            Desde que la mayoría oficialista del senado eligió los jueces electorales hace seis meses, quedó claro que más temprano que tarde iban a tener que transar para mantener la credibilidad en el próximo torneo para elegir presidente y vicepresidente de la República.

            Como era de esperarse la oposición centró su atención en el presidente del organismo que arbitra los procesos electorales, como forma de equilibrarlo, independientemente de los méritos o desméritos de su titular.

               A la cabeza de los cuestionamientos se situaría el Partido de la Liberación dominicana (PLD) por razones políticas legítimas y para tratar de fundamentar sus alegatos de irregularidades en las elecciones congresionales y municipales del 2002. El otro partido mayoritario de oposición, el Reformista Social Cristiano (PRSC) también tenía su hacha afilada contra el doctor Morel Cerda, que como abogado enfrentó los desafueros del caudillo colorado en sus 23 años de gobierno, cuando se constituyó en defensor de los presos políticos y objetor de todos sus excesos.

Oposición radical

               Los opositores apuntaron a la cabeza de la JCE, magnificando sus errores y subestimando sus éxitos.

            El extraordinario éxito de organización electoral del 2000, con nueva cédula y nuevo padrón era reducido a la precipitación con que Morel Cerda estuvo al proclamar ganador de la presidencia al agrónomo Hipólito Mejía, cuando acumulaba un 49.85 por ciento de los sufragios, y por lo tanto no había alcanzado la mitad más uno.

            Injustamente se quiso cargar a Morel Cerda y a la JCE las marrullerías computacionales registradas y demostradas en Santiago. De nuevo Morel cometió el error de la precipitación, cuando se fue a aquel municipio para presidir una sesión donde conocieron las denuncias de fraude que formulaba el PLD.

            Lo correcto era que esperara a que el asunto llegara al plenario de la JCE por vía de la apelación que formularía el PLD al dictamen de la Junta Electoral de Santiago. Morel actuó ahí como llanero solitario. Aunque al final el resultado fue positivo, al dejar el precedente de que por primera vez en el país un jurado electoral anula votos de origen espúreo que beneficiaban al partido en el poder.

            Los partidos de oposición trataron al doctor Morel Cerda con extrema dureza, desde su designación como presidente de la JCE en agosto de 1998, ignorando sus méritos acumulados en la militancia por la vigencia de la democracia y los derechos humanos, y hasta su honestidad, demostrada en más de cuatro décadas de vida pública y profesional. A tal punto que el PLD, entonces gobernante, y el Partido Reformista Social Cristiano sumaron esfuerzos para objetar la integración del tribunal., lo que hicieron inútilmente durante meses.

            Los vínculos de esos jueces con el PRD fueron magnificados, reduciéndolos a simples militantes o dirigentes partidistas, pese a que no caían en ninguna de las dos categorías. Sin embargo, gran parte de la opinión pública dió razón a los opositores en cuanto a que el arbitraje electoral debería ser objeto de concertación en los ámbitos democráticos.

Si tal criterio no prevaleció entonces fue porque el gobierno del PLD y los reformsitas habían promovido artimañas para elegir al presidente de la Cámara de Diputados y para escoger a los integrantes de la Cámara de Cuentas, ignorando al PRD.

Al repetirse de la misma forma la elección de la JCE en el 2002 y ya con el perredeísmo en control de casi todos los poderes del Estado, la sociedad civil se sumó al cuestionamiento frontal.

Ningún golpe de Estado

            La confrontación de los últimos días protagonizada solitariamente por Morel Cerda resulta incencebible y dañina para la imagen del tribunal electoral. Además, reveladora de que el abogado no ha logrado comprender que el partido de gobierno y sus senadores fueron forzados a una transacción para superar la crisis originada en la elección de los jueces. Se olvidó de que la oposición quería su cabeza.

            El presidente de la JCE podría tener razón en cuanto a que la forma en que fueron divididas las funciones del organismo no era la más apropiada, y que era preferible una previa reforma constitucional para hacer una cirugía más elegante y funcional. Pero los partidos evadieron volver a tocar la Constitución, modificada en agosto pasado.

            Aunque llegó a amenazar con impugnar la reforma electoral como inconstitucional, aparentemente Morel Cerda creyó que a la hora de la reglamentación podría compensar la pérdida de poder de que había sido víctima. Los vientos políticos le favorecieron hasta el momento en que se repartieron los jueces en las dos cámaras, el 19 de febrero.

            Ya en sesión plenaria del 6 de marzo sometió a consideración un proyecto de reglamento distribuido tres días antes. La mayoría pidió más tiempo para estudiarlo, mientras asomaban objeciones, porque dejaba en manos del presidente funciones que habían quedado redistribuidas por la nueva ley.

            Convocado para el 12 de marzo, el plenario, conoció el proyecto y aparentemente 8 de los nueve jueces, excluyendo al autor del mismo, ya habían concertado modificaciones dentro del espíritu de la reforma promulgada en enero.

            No conforme con haber hecho contar sus objeciones al criterio mayoritario, el doctor Morel Cerda protagonizó una rebeldía solitaria y se desplazó hasta un periódico para denunciar “un golpe de Estado” en su contra, que se habría dado mientras se encontraba fuera del país. En todo caso se lo habría dado el Congreso Nacional.

            Hubo quienes entendieron que el reglamento se había aprobado en ausencia del presidente de la JCE, lo que no ocurrió. El presidió las dos sesiones plenarias en que se discutió el documento, aprobado por una mayoría de 8 contra uno. Tal vez quiso decir que los 8 hicieron consenso durante su ausencia, que es otra cosa y parece absolutamente normal que se consultaran.

Exceso de tensiones

            Lo normal sería esperar que bajarn las aguas, que Morel Cerda aceptara la decisión mayoritaria y se acomodara la carga durante la marcha. Pero él persiste en ignorar la ley 2-03, que dividió las funciones de la JCE. Así se desprende de sus declaraciones a El Nacional el 14 de marzo, cuando adujo que los artículos del reglamento que objeta “están impregnados del mismo espíritu de la ley”. Era lo que precisamente correspondía al reglamento.

            Morel podría tener razón en cuanto a que la ley despojó al presidente de muchas de sus funciones, dejándolo como figura decorativa, excepto en las labores normativas, correspondientes al plenario de la JCE. Los tres aspectos que él objetó pautan labores estrictamente administrativas.

            Lo más grave de todo es que fue el presidente del tribunal electoral quien sacó las diferencias a luz pública, y de mala manera, puesto que acusó a sus colegas de conspirar para darle un golpe de estado.

            La situación llegó esta semana al extremo de que los otros 8 jueces ofrecieron una rueda de prensa para responder al presidente. Posteriormente se dijo en algún periódico que había un principio de arreglo, pero el jueves Morel Cerda no asistió a la sesión convocada con los delegados de los partidos para iniciar el proceso organizativo de los próximos comicios. Actuó su suplente.

            Ese nivel de fractura afecta la imagen del tribunal y especialmente de su presidente, quien aparece en rebeldía frente a la ley. No le corresponde ni ayuda para nada al desempeño organizativo. El doctor Morel Cerda tiene pleno derecho a sustentar sus criterios, pero en tales circunstancias lo que parece acosnsejable es que abandone el cargo, con la dignidad que lo ha caracterizado toda la vida.-

Los párrafos objetados por Morel

            Acápite 12 del artículo 3: “Se identifican como atribuciones de la Cámara Administrativa, todas las actividades principales y conexas no atribuidas al Pleno que se ejerzan en el área de la Secretaría, Trámite y Archivo, Recursos Humanos, recomendación de nombramientos y cancelaciones, Seguridad, Relaciones Públicas, Publicaciones e Impresos, Transportación, Mayordomía, Aprovisionamiento, Dirección Financiera, Dirección General de Elecciones, Auditoría, Dirección Administrativa, Inspectoría, Dirección de Registro Electoral, Cedulación, Dirección General de Informática, Dirección del Estado Civil y cualquier departamento o dirección sustantiva a los efectos de la organización, logística y celebración de las elecciones”.

            Acápite 14 del artículo 3: “Todos los expedientes atinentes al Registro del Estado Civil que ameriten decisión de la Junta Central Electoral serán de la competencia del Pleno de conformidad con el art. 9 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil. Sin embargo, todo cuanto tenga que ver con la parte administrativa de las Oficialías del Estado Civil será de la competencia de la Cámara Administrativa…”

            Acápite 3 del artículo 9: “Para el ejercicio de sus atribuciones, la Junta Central Electoral dispondrá de tres cuentas especializadas:” (y en párrafos sucesivos las identifica y detalla, la primera para el Pleno, otra para la Cámara Administrativa y la última para la Contenciosa.)-

La Agenda Nacional para el Desarrollo

Por Juan Bolívar Díaz

Un nuevo desafío a la capacidad de concertación de la sociedad dominicana, que debe ser estimulado con una buena elección de los dos jueces electorales                      

            Los participantes en el Diálogo Nacional convocado por el Presidente Hipólito Mejía podrían poner una nota altamente positiva en las actuales circunstancias si logran avanzar significativamente y en un plazo corto hacia el establecimiento de una Agenda Nacional para el Desarrollo.

Para esa importante tarea, las instituciones políticas y de la sociedad civil participantes en la concertación disponen de abundantes materiales contenidos en las propuestas que al efecto se han realizado en el pasado reciente, aportados por diálogos y comisiones gubernamentales de los gobiernos anteriores, así como por instituciones académicas, empresariales y sociales.

Desde luego, para que fructifique este diálogo es preciso que el Senado acabe de elegir los dos nuevos jueces electorales con el acierto necesario para que se refleje en plena superación del conflicto en torno a la Junta Central Electoral (JCE) y reafirme la capacidad de la sociedad dominicana para el entendimiento y la concertación.

Un mejor ambiente

Convocado el jueves 30, el Diálogo Nacional sesionó por unas 5 horas en un mejor ambiente que el que se registraba en octubre pasado cuando se instaló, tras convocatoria del presidente Hipólito Mejía y bajo la coordinación del Rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez Collado.

Entonces predominaba el ambiente de confrontación entre el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), su gobierno y las cámaras legislativas por un lado y los partidos de oposición y las instituciones de la sociedad civil más activas por el otro, originado en la elección de los 7 integrantes de la Junta Central Electoral, en la que predominó aplanadora del Senado, donde los oficialistas controlan 29 de las 32 curules.

El conflicto de la JCE concentró la atención en las dos sesiones de octubre, y de allí salió la fórmula de dividir en dos cámaras las funciones de la JCE y agregarle otros dos jueces para contribuir a lograr al menos un cierto equilibrio en su composición

Al reunirse este jueves los delegados de los partidos como los de las instituciones de la sociedad civil lucían más distendidos, aunque algunos, especialmente entre los delegados del Partdido de la Liberación Dominicana (PLD), todavía esperan la elección de los dos nuevos jueces para decidir su curso de acción.

El mediador Núñez Collado sin embargo, no guarda ninguna duda de que el Senado intepretará correctamente los signos de las circunstancias y hará una buena elección. Ese día llegó a pedir públicamente a partidos y sociedad civil que den oportunidad a los senadores para cumplir la tarea pendiente.

La presencia del presidente Hipólito Mejía y sus expresiones de respaldo al diálogo como instrumento para mejorar la gobernabilidad y la convivencia contribuyeron también a alentar el optimismo respecto a las tareas pendientes y al ambiente de entendimiento que predominó en la sesión.

De partidos y sociedad civil

Otro acierto fueron las exposiciones de los politólogos Diego Archard Canabal y John Biehl del Río, uruguayo y chileno, invitados por el rector Núñez Collado con patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo. Ambos disertaron sobre las relaciones entre los poderes públicos, los partidos y la sociedad civil a la luz de las experiencias latinoamericanas.

Llamaron la atención sobre la importancia del fortalecimiento de los partidos políticos como fundamento de la democracia y de la participación de los grupos sociales organizados como mecanismo de legitimación de la acción política y de aproximación a la solución de los graves problemas económicos y sociales de la región.

Los expositores partieron del diagnóstico de crisis del Estado, de la economía, de los partidos, y hasta de algunas instancias de la sociedad civil, como los grupos empresariales y sindicales, sin dejar de pasar por la crisis de las alternativas programáticas e ideológicas que durante la guerra fría representaron la socialdemocracia y el socialcristianismo.

Insistieron en la necesidad de “devolver la nobleza a la política”, tarea que corresponde en primer lugar al liderazgo político, pero también al de la sociedad civil, que debe estar convencida de que “fortalecer la estructura política es más importante que mejorar la estructura vial”.

La discusión que siguió a las exposiciones de los dos politólogos fueron revelaron claridad de metas, especialmente en los representantes de la sociedad civil, que al final terminarían pidiendo que se incorpore el presidente del Senado y algún delegado del Poder judicial al Diálogo Nacional.

En la sesión había estado el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Máximo Castro Silverio, en representación de la presidenta del organismo, quien se encontraba ausente del país. El presidente del Senado habría dicho que se incorporaría al diálogo luego que completaran la JCE, según expresiones del mediador Núñez Collado.

Temas para la agenda

            Durante las últimas dos horas, los delegados de una veintena de organizaciones políticas y otras tantas sociales, en su mayoría empresariales, se dedicaron a esbozar los temas que podrían integrar la Agenda Nacional para el Desarrollo. Y luego constituyeron una comisión integrada por sendos delegados de los tres partidos mayoritarios y uno por delegación de los emergentes.

Así mismo por la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada y un representante del Consejo de Unidad Sindical, el coordinador de Participación Ciudadana, y Ana Selman, del Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones sin Fines de Lucro.

            Los comisionados presentarán, para una sesión a mediados de febrero, la metodología a seguir para establecer los temas de la agenda, discutirlos y aprobarlos. Pero de inmediato, los delegados comenzaron a señalar los elementos prioritarios.

            Hubo absoluto consenso en señalar la educación, la seguridad social, y una serie de reformas políticas, económicas y sociales.

            Entre las reformas políticas se incluyó las de Estado de derechos, seguridad ciduadana, Policía y Fuerzas Armadas; una ley de partidos políticos que instituya las relaciones partidos/Estado/sociedad civil. También un código anticorrupción, el plan nacional de competitividad los problemas energéticos y las relaciones con Haití.

            Las prioridades de la agenda nacional se trzarían en una reunión posterior y entonces vendría el desafío de lograr acuerdos. De lo que se trata es de crear un compromiso para dar continuidad a las políticas del Estado en orden a las prioridades y línea pactadas.

            La agenda tendría en cuenta un período de tiempo de ejecución que debería ser por lo menos de una década, independientemente del partido que ejerza el poder o controle las cámaras legislativas.

            Supone un gran desafío de concertación pero sobre todo una vocación para ejecutar lo consensuado. En la última década la sociedad dominicana ha arribado a numerosos consensos en materia de reformas, constitucionales, políticas y económicas. También para el combate a la pobreza, y para instaurar un régimen de seguridad, así como para los códigos de educación y salud.

            Sin embargo, muchos de los acuerdos han quedado en el aire o se han ejecutado a medias y a veces con distorsiones introducidas por los que han ejercido el poder central o legislativo.

            La Agenda Nacional para el Desarrollo viene siendo reclamada hace más de diez años y se conocen algunas propeustas, entre ellas la del Consejo Nacional de la Empresa Privada. En el Diálogo Nacional convocado por el gobierno del presidente Leonel Fernández también se demandó y esbozó.

Faltan elementos positivos

            En el escenario de preguerra que vive el mundo, reflejado en el país en aumentos del costo de lso combustibles y la energía, con su consiguiente inflación general, vendría muy bien un clima de mayor entendimiento entre los actores políticos.

            El primer paso que se espera es que el Senado acabe de elegir los dos jueces faltantes de la Junta Central Electoral sin dejar ninguna brecha a la reanudación de la confrontación política. Luego vendrá la tarea de constituir las cámaras de la JCE y sus integrantes y presidentes.

            Logros positivos en esa dirección son fundamentales para incentivar la concertación en el marco del Diálogo Nacional, pues fortalecerían la credibilidad en la capacidad de los líderes nacionales para transar y cumplir los acuerdos.

            La disposición del presidente Mejía y su estímulo a la continuación del diálogo para abordar la Agenda Nacional para el Desarrollo han alentado las expectativas de acuerdos, pero todos los dirigentes políticos y sociales miran hacia el Senado para ver si se logran materializar los anteriores, especialmente en cuanto a fortalecer la JCE con dos nuevos jueces que no respondan a intereses partidarios.

            Para buscar consensos y pactos el gobierno del presidente Mejía y el Congreso perredeísta ha estado siempre abierto, como se mostró con la seguridad social, la reforma de la Policía Nacional, para los códigos de salud, educación y monetario y financiero y recientemenete con el Pacto para la Esabilidad Económica firmado con el empresariado.

            El pacto para la reforma constitucional suscrito en septiembre del 2001 fue burlado y está en vías de ejecución el de la ley electoral que divide las funciones de la JCE. –

Se espera una renovación significativa del gobierno

Por Juan Bolívar Díaz

Con la renuncia del Procurador Virgilio Bello prosigue el deterioro de la imagen del régimen en un año lleno de peligros internos y externos

             El anuncio de cambios en los mandos gubernamentales formulado por el presidente Hipólito Mejía se corresponde con la convicción de la opinión pública, incluyendo a importantes funcionarios y dirigentes del partido en el poder, de que el régimen requiere una reestructuración siquiera para crear ilusiones de nuevos rumbos.

            La imagen del gobierno sigue en proceso de deterioro y esta semana sufrió un rudo golpe con la renuncia del doctor Vigilio Bello Rosa al cargo de Procurador General de la República, ya que se trata de uno de los funcionarios que más prestigio acumuló en los casi 29 meses de la actual gestión.

            Entre los cambios que ayudarían al gobierno debería inscribirse una nueva política de comunicación, deseada hasta por gente del círculo más cercano al mandatario, pero casi nadie cree que el presidente Hipólito Mejía podrá controlar el espontaneísmo declaracionista con que se ha conducido desde que ganó las elecciones en mayo del 2000.

Urge parar el derrotero

            En cualquier círculo de conversación política se llega rápidamente al consenso de que el gobierno del presidente Hipólito Mejía está urgido de un esfuerzo planificado para detener el derrotero en que se le advierte desde agosto pasado, sarandeado por los problemas económicos nacionales e internacionales, por incoherencias internas y algarabías políticas protagonizadas desde el Congreso Nacional.

            Que esté llegando a la mitad de enero sin haberse aprobado el presupuesto, retenido un mes en un Senado donde el partido de gobierno tiene el 90 por ciento de la matrícula, es una muestra incontrovertible de falta de cohesión.

            Transcurridas las festividades navideñas ha quedado de manifiesto que las disposiciones de las autoridades monetarias y la concertación con los agentes de cambios no han podido hacer retroceder el deterioro del peso a los niveles esperados.

            Por el momento las mayores expectativas están cifradas en la colocación de los bonos soberanos por 600 millones de dólares, cuya aprobación también dilató más de lo conveniente en las actuales circunstancias. Este fin de semana es cuando parte hacia Estados Unidos una comisión encabezada por el secretario de finanzas con ese objetivo.

            Anuncios de protestas populares en medio del creciente disgusto por las alzas de precios de las últimas semanas y la paralización de numerosas obras, crean nuevas preocupaciones, mientras parece haber algún grupo empeñado en promover un ambiente de incertidumbre, lo que se desprende de los rumores que en los últimos días dieron por muertos al senador Ramón Alburquerque, al merenguero Kinito Méndez y al legendario luchador Jack Veneno.

El gesto de Virgilio Bello     

            La renuncia de Virgilio Bello a la Procuraduría General ha sido el último revés sufrido por el gobierno, dejando bajo cuestionamiento la voluntad del régimen para combatir la corrupción.

            Es significativo que la dimisión del prestigioso abogado se conociera mientras el diputado Radhamés García, con orden de prisión tras haber sido atrapado in fraganti en el tráfico de chinos por la frontera, saludaba al propio presidente de la República en el Palacio Nacional.

La orden de conducencia de García fue emitida precisamente por el Procurador dimitente, atendiendo un dictamen nada menos que de la Suprema Corte de Justicia. En tal circunstancia, la más elemental prudencia y el respeto a la opinión pública recomendarían mantener a ese ciudadano alejado del Palacio Nacional y más aún del primer mandatario. Sobre todo tomando en cuenta el reciente escándalo de corrupción que afectó al jefe de la avanzada de seguridad del presidente.

            La dimisión del doctor Bello Rosa es más significativa por cuanto se originó en uno de los ya rutinarios “pronunciaientos ligeros y enfáticos”, popularmente denominados boches, del presidente Mejía.

            Si el mandatario hubiese sabido lo que realmente dijo Bello Rosa sobre la corrupción, no habría tenido la ocurrencia de responsabilizarlo de la falta de voluntad para combatirla, precisamente denunciada por el exprocurador general.

            En una entrevista en el telediario Uno más Uno de Teleantillas, el jueves 2 de enero, a Virgilo Bello se le preguntó sobre el paquete de proyectos de leyes encaminados a crear nuevos mecanismos de transparencia y prevención de la corrupción, varios de ellos introducidos por el propio presidente Mejía. Respondió que evidentemente hay poca voluntad política para esa trascendente tarea, hablando en sentido general y más bien refiriéndose a los congresistas, no al gobierno central ni menos al presidente Mejía.

            Ciertamente que ya en noviembre, a raíz del escándalo Pepe Goico el Procurador Bello Rosa había disentido públicamente del trato dado al expediente por el fiscal del Distrito Nacional y antes había advertido sobre los riesgos de corrupción en la segunda mitad de los gobiernos.

Un alto al espontaneísmo

            La salida de Bello Rosa de la Procuraduría es sin duda un nuevo revés para la imagen del gobierno, pues pierde a uno de los funcionarios de mayor prestigio, principios y coherencia, no sólo en el plano jurídico, sino también político.

            Comporta una lección para el espontaneísmo verbal del presidente Mejía que lo ha llevado a chocar con funcionarios, dirigentes políticos, directores de medios de comunicación y empresarios. No es común que en el país un funcionario reaccione con la renuncia ante una recriminación pública del primer mandatario, pero Bello Rosa no es de los que se aferran a los cargos, se atemorizan o renuncian a su dignidad.

            La ocurrencia muestra la urgencia de que el presidente Mejía refrene un poco los impulsos verbales que lo ponen frecuentemente en situación difícil. Ya no se trata de sus salidas jocosas y su profundo sentido del humor, que mucha gente disfruta y defiende, sino de reacciones inadecuadas, fruto de las presiones que los problemas ponen sobre el ánimo de los jefes de estados y altos ejecutivos con grandes responsabilidades.

            Previniendo esas reacciones es que los ejecutivos no se ponen todos los días al alcance de los reporteros. Difícilmente se encuentre en el mundo un jefe de gobierno que responda preguntas casi todos los días, como el presidente Mejía, exponiéndose a hablar sobre asuntos de los que no se está suficientemente informado.

Los mismos periodistas, urgidos por la prisa o por deficiencias, a menudo formulan preguntas sacando declaraciones de contexto. Muchos políticos reaccionan sobre lo que “les dicen que otros dijeron” en lo que un analista español llamó hace poco “periodismo de bla-bla”, pero a ello no deben exponerse los que tienen la responsabilidad del poder y cuyas palabras pesan a menudo desproporcionadamente.

Hace tiempo que en el gobierno se acepta que el presidente Mejía se expone excesivamente al hablar con tanta frecuencia a los periodistas. Pero se ignora si los hombres de su confianza han tenido el valor de discutir el asunto con él y si el mandatario conserva suficiente humildad para aceptar sugerencias sobre sus actos.

Desde décadas atrás es común en el mundo que los mandatarios tengan asesores de prensa y de imagen, que les ayudan no sólo en la redacción de discursos, sino también en los temas a tratar y los que deben evadir, y les advierten las circunstancias en que deben mantenerse alejados de los reporteros.

Cambio de rumbo

            El propósito de renovar el gobierno con importantes cambios de funcionarios ha creado expectativas positivas, aunque todavía hay quienes esperan su materialización antes de hacerse ilusiones, dado lo fiel que ha sido el presidente Mejía al equipo con que asumió el poder hace 2 años y 5 meses.

            Casi todos los cambios en los altos funcionarios de este gobierno se han originado en renuncias: las de Fernando Alvarez Bogaert en Finanzas, Angel Lockward en Industria y Comercio y ahora Bello Rosa en la Procuraduría General.

            Ha habido intercambios en los titulares de las secretarías Administrativa, Interior y Policía y Turismo, como también en las jefaturas de la Policía y del Ejército Nacional, pero ninguno ha sido extrañado del gobierno.

            Lo mismo ocurrió durante el gobierno del doctor Leonel Fernández Reyna, que llegó al final de sus cuatro años casi con el mismo gabinete con que arrancó, aunque en sus primeros meses se anotó la destitución de su secretario de las Fuerzas Armadas, Rojas Tabar, lo que en ese momento le ganó aplausos.

            En la política contemporánea es común que se produzcan reestructuraciones a fondo de los gobiernos cuando se enfrentan situaciones de desconcierto o de dificultades económicas, políticas o de escándalos públicos. Es frecuente, incluso, que se produzcan dimisiones de todo el gabinete para facilitar que el jefe de estado pueda renovar su gobierno, o por lo menos crear una ilusión de renovación.

            El presidente Balaguer apeló a cambios drásticos en algunos momentos de sus gobiernos, a veces dejando sin mando, aunque fuera transitoriamente, a algunos de sus más cercanos colaboradores, o colocándolos en posiciones de menor jerarquía.

            A raíz de los dos anuncios de cambios importantes formulados en las últimas semanas por el presidente Mejía han circulado numerosas versiones. Hay quienes involucran en los cambios al gobernador del Banco Central Frank Guerrero, al canciller Hugo Tolentino Dipp, al secretario de Salud Pública José Rodríguez Soldevila, y a la secretaria de Educación, la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch.

También se mencionan el consultor jurídico Guido Gómez Mazara, el secretario de Interior y Policía Pedro Franco Badía y el secretario de Trabajo, Milton Ray Guevara.

Pero un alto funcionario consultado dijo sin titubeo, que “sólo el presidente sabe quiénes son los que serán removidos”.-