Por Juan Bolívar Díaz
El cambio de los principales funcionarios ejecutivos de la JCE a seis meses y medio de las elecciones podría ser difícil y peligroso
Aunque se pueda entender la suspicacia de los partidos de oposición frente a la actual configuración de la Junta Central Electoral (JCE), el cambio de los cuatro principales funcionarios ejecutivos del organismo podría ser una tarea muy difícil y peligrosa a sólo seis meses y medio de las elecciones presidenciales.
Los diversos actores políticos deberían hacer los máximos esfuerzos para evitar una nueva crisis en el organismo rector de las elecciones, sobre todo si no pueden presentar razones objetivas para justificar un desmembramiento del aparato ejecutivo del sistema, y menos aún si carecen de fuerza para variar substantivamente su composición.
Es indiscutible que el fantasma del continuismo ronda el sistema democrático, pero para nada fortalece la JCE maximizar la desconfianza en los jueces, a quienes hay que darle el beneficio de la honorabilidad hasta prueba en contrario, y ayudarlos a cumplir su misión, a través de las instancias de la sociedad civil ya configuradas.
Divergencias a la vista
La delegación política ante la JCE del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha presentado una instancia demandando la sustitución del Director General de Elecciones, Gilberto Cruz Herasme, del director de Informática, Franklin Frías, de la directora del Registro Electoral, Mayra Goris, y el director de la Cédula de Identidad y Electoral, Juan Carlos Sánchez.
Por su parte el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano, en comunicación del 3 de octubre pasado pidió el relevo del director de Informática y de la directora del Registro Electoral, sin referirse a los otros dos ejecutivos.
Fue sintomático que esta semana dos de los jueces electorales propuestos por esos mismos partidos, los doctores Roberto Rosario y Luis Nelson Pantaleón, demandaran públicamente que el plenario de la JCE se aboque cuanto antes a conocer de las instancias, sugiriendo que se le está dando largas al asunto.
Mientras el presidente del pleno de la JCE, doctor Luis Arias, y el presidente de la Cámara Administrativa, Nelson Gómez, ambos propuestos por la mayoría senatorial perredeísta, respondían que no debatirán las demandas hasta que la totalidad de los partidos reconocidos hayan emitido su opinión.
Versiones extraoficiales indican que hay diferencias entre los jueces y que la mayoría no favorece la sustitución de los funcionarios ejecutivos a tan corto plazo para los comicios, considerando que podría resultar peligroso para el proceso organizativo en marcha.
La JCE otorgó un plazo, que ya venció, para que los partidos reconocidos se pronuncien sobre las instancias de sustitución, cosa que no ha hecho el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y varios de los minoritarios o emergentes.
Es obvio que la JCE no puede esperar eternamente la opinión de ningún partido, pero tampoco sería la primera vez que se extienden los plazos en espera de ello. La dilación del PRD no se debe acreditar a intentos de manipulación, sino más bien a sus divergencias internas. Más aún cuando su delegación política, encabezada por Henry Mejía, ocupaba su tiempo en la realización del plebiscito realizado por los precandidatos de ese partido opuestos a la reelección del presidente Hipólito Mejía.
En ese contexto hubiese sido una precipitación que la JCE ignorara la situación y opinión del partido de gobierno, aunque parece razonable que le otorgue un nuevo plazo para abocarse a la mayor brevedad a eliminar lo que ya es un nuevo motivo de confrontaciones internas.
Es necesario que los jueces tomen en cuenta el criterio de los partidos, como lo establece la Ley Electoral, pero ésta no los obliga a acoger sus peticiones, especialmente si no están objetivamente fundamentadas y pudieran afectar el proceso organizativo de unos comicios.
Lo más deplorable para la institución es que los propios jueces se pongan a nivel de los delegados políticos y debatan sus diferencias en los medios de comunicación, lo que desmerita su imagen y tiende a afianzar la desconfianza en el organismo rector de las elecciones.
Una demanda peligrosa
El PRSC ha fundamentado su demanda de sustitución de la señora Mayra Goris, Directora Interina del Registro Electoral, en que “aparece registrada en el padrón electoral como afiliada del PRD”, algo que pudiera ser comprobable, mientras al ingeniero Frías, director de Informática, lo acusan de deficiencias en sus funciones, llegando a responsabilizarlo de los “palitos” fraudulentos que fueron comprobados en la última votación en Santiago, pero que difícilmente se le pueda atribuir objetivamente a dicho funcionario, quien ejerció el cargo también en los comicios presidenciales del 2000, sin que se registraran irregularidades significativas.
La posición del PLD parece más radical. Sobre todo por aspirar a un relevo total de los funcionarios ejecutivos de la JCE, incluyendo al clave Director General de Elecciones, el ingeniero Cruz Herasme, a quien se le reconoce alta capacidad, ponderación y honestidad.
El argumento básico del PLD que responsabiliza a los ejecutivos electorales del “dislocamiento” de más de 900 mil electores, carece de fundamento, lo que reconocen hasta dirigentes del propio partido.
El delegado electoral peledeísta, doctor Franklin Almeida, está convencido de que esos supuestos dislocados, que no son más que los reubicados por saturación de colegios y locales de votación, no pudieron votar en las elecciones del año pasado.
Pero en realidad, a tales ciudadanos, ahora reducidos a 771 mil 388, se les notificó por diversos medios su reubicación y se pudo comprobar que en gran mayoría pudieron encontrar sus mesas de votación y ejercer el sufragio.
Las objeciones y temores sobre esas reubicaciones fueron motivo de denuncias ante de los últimos comicios, razón por la cual tanto los observadores electorales, nacionales y extranjeros, como los medios informativos, pusieron atención al respecto y hubo coincidencia en que no se pudo comprobar tal dislocación y que eso no afectó las elecciones.
Ese fue el principal elemento de la observación del movimiento cívico Participación Ciudadana, cuyo informe final de los comicios del 2002 indica que de una muestra nacional de 2 mil 433 electores, sólo el 0.62 por ciento dijo que no pudo encontrar su colegio de votación. Proyectado al total de los entonces empadronados serían 26 mil 358.
La JCE ha entregado los listados de los reubicados a los partidos políticos y ninguno presentó un patrón demostrativo de que la reubicación tuviera un matiz fraudulento. Por demás han pedido la colaboración de los partidos, y llamado a los reubicados para consignar en sus cédulas sus nuevos colegios electorales, aunque los que votaron el año pasado ya saben donde les toca el sufragio.
Hay que ayudar a esa Junta
En la opinión pública predomina el criterio de que la actual composición de la JCE presenta debilidades, pero que cada día serán más difícil de revertir, sobre todo en base a confrontaciones, entre ellas el haber sido fruto de una mayoría senatorial de un solo partido, sin consenso, y los parches que sufrió para satisfacer demandas de los partidos de oposición.
La división en tres instancias, un plenario y dos cámaras dentro de un mismo organismo, no favorece la cohesión. Lo aconsejable era crear dos organismos totalmente separados, una Junta o Comisión Electoral, y un tribunal contencioso, como se ha instituido en otros países, como México y Perú.
Para ello era necesaria una reforma constitucional que todos los sectores consideraron improcedente en las circunstancias de finales del 2002, cuando se pactó la reforma, apenas un centenar de días después de la última y conflictiva modificación de la carta magna.
Insistir en una confrontación por la sustitución de los cuatro ejecutivos de la JCE podría ser contraproducente por varias razones. Primero porque pudiera debilitarse más aún el organismo rector. También porque al fin de cuenta los tres integrantes de la Cámara Administrativa son jueces nuevos, sin experiencia en la organización de elecciones, y podría resultar peligroso removerles los ejecutivos experimentados en la recta final del proceso electoral, sobre todo al Director General de Elecciones y el Director de Informática.
Pero además habría que tomar en consideración lo difícil que es encontrar sustitutos eficientes y de consenso general para una labor tan conflictiva y apremiante, en medio de suspicacias políticas. Encontrar los candidatos y lograr consenso podría consumir otra parte significativa del tiempo restante.
Para entonces ya tendrá menos relevancia el director de la cédula y hasta el director del Registro, puesto que el plazo para recibir solicitudes de empadronamiento para los próximos comicios vence el 16 de diciembre próximo, es decir en mes y medio. Ya luego es poco lo que pudieran decidir esos funcionarios, con un padrón en el internet y en manos de los partidos.
Con todo, lo justo sería que si se presentaran razones objetivas, la JCE acordara el relevo de los objetados. En cualquier caso lo aconsejable es que de un nuevo plazo conminatorio a los partidos para opinar al respecto y decidir cuanto antes.
Queda para transacción el mecanismo de la Comisión de Seguimiento a la JCE establecida por el Diálogo Político, que ha acordado colaboración con los jueces. Ellos podrían recomendar, como ocurrió para las elecciones del 2000, la constitución de un equipo de asesores para la dirección de Informática, que sí es clave hasta el final del proceso, sobre todo para el cómputo de la votación.
A ese título es más fácil conseguir personal especializado, que como hace dos años, pudiera ser prestado por empresas o instituciones.
Lo que de ninguna forma ayudará al proceso electoral y sólo serviría para agudizar las contradicciones e incertidumbres nacionales, es sumir a la JCE en una nueva división interna. A quienes menos conviene es a los partidos de oposición, carentes de fuerza legal para cambiar la configuración del organismo, los que también pueden reclamar mayor presencia de sus delegados técnicos.-