Por Juan Bolívar Díaz

La tregua de los Juegos Panamericanos debería promover la serenidad y reducir la crispación como palanca para enfrentar la crisis económica                                          

            El encuentro de esta semana entre el presidente Hipólito Mejía y el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), doctor Leonel Fernández, materializa una tregua política durante las dos semanas que durarán los XIV Juegos Panamericanos la que debería abrir una nueva etapa de reflexión y serenidad para enfrentar los problemas nacionales.

            Los dos líderes políticos han prometido que este nuevo acercamiento continuará después de las competencias deportivas continentales, cuando convocarían al resto del liderazgo político y social dominicano para buscar soluciones a los problemas económicos que afronta el país y pautar una campaña electoral libre de agresiones.

            Hay que esperar que la iniciativa presidencial sea un reconocimiento de que para tener éxito en el enfrentamiento de la crisis financiera y económica es imprescindible una reducción de la crispación política, dentro y fuera del propio partido de gobierno, señalada persistentemente como generadora de incertidumbres y desconfianzas.

¿Conveniencia coyuntural?

            Cuando se anunció el encuentro entre el actual presidente de la nación y su antecesor, después de meses de agrios enfrentamientos, las reacciones más comunes fueron de sorpresa, que luego se trocaron en moderadas expectativas.

            El resultado no fue decepcionante en cuanto predominó un ambiente de distensión y promesas de intercolaboración en dos direcciones fundamentales: la inmediata crear un clima nacional adecuado a la celebración de los Juegos Panamericanos, al fin y al cabo compromiso de los tres últimos presidentes; y posteriormente para tratar de concertar soluciones a los problemas económicos nacionales.

            Sin embargo, en la opinión pública se advierte un optimismo muy moderado y no faltan quienes crean que el encuentro obedece a mutuas conveniencias coyunturales: para el presidente Mejía que procura un ambiente adecuado al éxito de los costosos Juegos Panamericanos; y para el expresidente Fernández, por cuanto aleja la anunciada ofensiva de la Procuraduría para someterlo a la justicia por presuntas irregularidades administrativas durante los últimos meses del gobierno que concluyó en el 2000.

            Monseñor Agripino Núñez Collado, quien una vez más fungió como mediador en el encuentro, dejó constancia pública de que la iniciativa había partido del actual mandatario, lo que implica una política gubernamental.

            La pregunta que algunos se formulan es si tal política rebasará la temporalidad de los Juegos Panamericanos. El paso contrasta con el anuncio formulado cinco días antes por el propio primer mandatario, en el sentido de que cumplido el compromiso internacional se lanzaría, cuchillo en boca, tras la nominación presidencial de su partido, para lo cual desafiaba a todos sus competidores a que se unieran en su contra.

            La nueva posición conciliatoria del agrónomo Mejía contrasta también con el pronunciamiento cuasi reeleccionista formulado el mismo día de la reunión por el Jefe de la Marina de Guerra, almirante Eurípides Uribe Peguero, siguiendo la línea trasada dos semanas antes por el director de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, de crítica a quienes cuestionan “para acallar toda voz que reclame la necesidad imperiosa de seguir aprovechando los aportes del Presidente Hipólito Mejía”.

            La distensión conviene a la imagen de sosiego que proyecta el doctor Fernández, frente a un beligerante presidente Mejía que no ha podido pactar tregua ni siquiera con sus compañeros de partido. Si en septiembre se inicia un proceso de concertación, con reuniones cumbres y participación social, por lo menos tendrán que retrasar las ofensivas de la Procuraduría General, que en las actuales circunstancias no hay manera de despintarle un objetivo más político que moralizador o de justicia.

Camino de rectificación

            La visión más optimista sería que el presidente Mejía ha comenzado a reconocer que las incertidumbres políticas son factores fundamentales de desconfianza e incentivo de la crisis económica, por lo que se propone despejar el ambiente, aprovechando la circunstancia de los Juegos Panamericanos.

            Llama la atención la respuesta masiva que ha tenido la oferta de certificados financieros por parte del Banco Central, que emitió dos partidas de diez mil millones de pesos cada una en apenas tres semanas de Julio. La primera emisión se agotó y este jueves la segunda iba por la mitad, lo que sumaba 15 mil millones de pesos retirados de circulación sin que la tasa cambiaria haya cedido ni siquiera en céntimos, contradiciendo todas las teorías y previsiones.

            Cuando se preguntó a un inteligente empresario la tarde del jueves si el encuentro Hipólito-Leonel había surtido algún efecto en la tasa cambiaria, hubo sonrisa de por medio y la expresión de que hay otros factores políticos que están pesando más en las incertidumbres.

            Obviamente se refería a las luchas que sacuden al partido de gobierno y al intento continuista dentro de un escenario tan desfavorable en términos económicos como políticos, lo que hace temer el uso de métodos poco ortodoxos ligados históricamente a las reelecciones dominicanas y latinoamericanas.

            Pero si el presidente Mejía mantiene el propósito de conciliar con su principal contrncante político externo, es elemental que tendrá que hacerlo también al interior de su propio partido. Para ello en vez de cuchillo en boca, tendrá que enarbolar fórmulas de transación que descongelen el Partido Revolucionario Dominicano y le permiten elegir candidato presidencial sin mayores traumas.

            Tanto la comisión mediadora como los precandidatos antireeleccionistas, encabezados por la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, han proclamado que si en agosto no hay acuerdos para escoger el candidato presidencial, los gobiernistas pueden ir preparándose para salir del Palacio Nacional el año próximo y por mucho tiempo.         La tregua panamericana

            La acuciosidad investigativa de la colega Ana Mitila Lora, expresada tanto en el Listín Diario como en Teleantillas, han mostrado las similitudes en los procesos previos a estos Juegos Panamericanos y a los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe de los que fuimos sede en 1974.

            Entonces como ahora hubo un gran debate nacional por el costo que implicaban, las obras parecía que no se terminarían y el campo de fútbol de San Cristóbal fue inaugurado apenas horas antes del inicio de ambos eventos.

            Como ahora, en 1974 se debatió la necesidad de una tregua política y grupos opositores se propusieron realizar protestas, con las consiguientes amenazas de represión. En ambos casos el presidente de turno trataba de reelegirse y sus opositores expresaban temores de que instrumentara los juegos. Hace 29 años predominaba la crisis política, con cientos de presos políticos y miles de exiliados. Ahora estamos en medio de una crisis económica.

            Un análisis noticioso que publicamos en la página 11 de la edición del diario Ultima Hora del 23 de febrero de 1974, a 4 días de iniciarse los Juegos Centroamericaos y del Caribe, comenzaba reclamando que fueran “convertidos en un elemento de reconciliación, de ninguna manera de represión, y en una reivindicación de los deportes como factor formativo y de esparcimiento para la juventud”.

            “Nadie en sano juicio debe conspirar contra la celebración de la pequeña olimpíada, y la actitud general de los dominicanos debe ser el hacer un buen papel de anfitriones de los más distinguidos deportistas de esta área del mundo hermanada en el subdesarrollo y la miseria”.

            Ahora como en 1974 hay que garantizar el derecho a la protesta pacífica de quienes consideran un derroche la inversión para estos juegos panamericanos. Amenazas como la del general Jorge García de arrancar cabezas a quienes se excedan, en nada contribuyen a la serenidad y la ponderación.

            Pero también es obvio que las pedreas, quemas de gomas y otros desordenes callejeros o el pretender llevar las protestas a los escenarios deportivos son también despropósitos rechazables. Aún en los países más denmocráticos ese tipo de acontecimientos generan represión con la consiguiente difusión internacional que sólo sirve para proyectar una imagen negativa del evento y de la nación.

Alto costo de los juegos

            No faltan razones a quienes rechazan el costo que han implicado para el país los Juegos Panamericanos, estimados en 5 mil millones de pesos, tanto por el Comité Olímpico Dominicano como por funcionarios gubernamentales.

            El peso económico es mayor en medio de la crisis financiera que vive el país con su secuela de devaluación e inflación. Pero la magnitud de esta circunstancia no pudo haber sido prevista cuando se hizo el compromiso de los Juegos Panamericanos, ni siquiera un año atrás cuando comenzó la gran inversión en las infraestructuras.

            Algunos han pretendido cargar a los juegos una parte considerable de la crisis financiera, tratando de ignorar que la quiebra de dos bancos en los últimos cuatro meses ha implicado una emisión del Banco Central por más de 60 mil millones de pesos. Tan solo el costo que ha tenido el haber honrado los depósitos en un banco extraterritorial vinculado al Baninter, implicó 150 millones de dólares, que es el estimado del costo de los Juegos.

            De cualquier forma el gasto está hecho. Y no fue decidido por una sola persona, sino que el presidente Leonel Fernández consultó al expresidente Joaquín Balaguer, a los líderes del PRD y otros sectores. El congreso los declaró de interés nacional. Y la opinión pública se dividió en torno al compromiso.

            Los beneficios pueden ser importantes en la promoción de los deportes y la sanidad de la juventud dominicana y la mayor parte del costo es inversión en nuevas obras y en restauración de muchas de las construídas para los jeugos de 1974. Quedan ahí para usufruicto de los jóvenes y para albergar actividades artísticas, culturales y sociales.

            El éxito de los Juegos debe ser cosa de orgullo nacional para demostrar que los dominicanos y dominicanas pueden salir adelante con los compromisos, para una tregua emocional en medio de la crisis económica y hasta para renovar las fuerzas espirituales necesarias para sobrevivir y crecer. Sin olvidar que el país vive del turismo y por tanto le conviene mejorar su imagen en el resto del mundo.-

 Por Juan Bolívar Díaz

Hay quienes sueñan vanamente con repetir las manipulaciones e imposiciones que caracterizaron las reelecciones de Balaguer                                          

            Se encaminan a un choque con la realidad quienes pretenden que a estas alturas de la evolución social dominicana y continental es posible repetir el continuismo balaguerista ignorando que están ausentes la mayoría de los factores en que se fundamentó y que ahora rige una fuerte preocupación por las formalidades democráticas.

            Lo primero que es irrepetible es la figura misma del doctor Joaquín Balaguer, erigida en el profundo atraso político y social de los principios del siglo pasado, fortalecida al amparo de una tiranía de 31 años y sostenida por la guerra fría y el pánico norteamericano que generó la intervención militar de 1965.

Una diferencia fundamental es que ahora rige el requisito de más de la mitad de los votos para ser electo Presidente de la República, proporción de la que siempre quedó lejos Joaquín Balaguer, pese a la manipulación electoral y al amplio respaldo que en su primera etapa tuvo de los poderes fácticos.

Planteamiento perverso

            El retoño del reeleccionismo en la política dominicana crea tantos entusiasmos y cegueras políticas que es frecuente encontrar adictos que recuerdan las imposiciones balagueristas, pretendiendo que el usufructo del poder es suficiente para repetirlas en las actuales circunstancias nacionales y regionales.

            Reconocen que la coyuntura resulta muy adversa para una reelección del presidente Hipólito Mejía, pero consideran que podrán superarla repitiendo las manipulaciones de sectores militares y autoridades electorales y comprando políticos, comunicadores y electores.

            Lo primero que es irrepetible es Joaquín Balaguer, tanto por sus propias habilidades, como por los cambios operados en la sociedad dominicana y en el contexto internacional. El caudillo reformista no se auto-erigió de un año para otro el pedestal desde el que impuso su dominio sobre la sociedad dominicana.

El fue “la parte razonable” de la tiranía trujillista. Se creó una atmósfera de hombre sin ambiciones, sensible e inofensivo, logrando engañar hasta al tirano Rafael Leonidas Trujillo, que lo entrenó en todos los cargos ministeriales y lo llevó a la vicepresidencia y luego a la presidencia de la nación.

            Sin embargo, el liderazgo creado en los factores de poder de la época no fue suficiente para que Balaguer mantuviera el poder, como quedó evidente en enero de 1962 cuando tuvo que exiliarse en la Nunciatura Apostólica.

            Hubo de mediar una guerra civil y una intervención militar norteamericana para que aquel dirigente e intelectual de la tiranía pudiera volver al país y beneficiarse de ese inmenso apoyo, así como del de los sectores conservadores que magnificaron el peligro que para ellos representó la revolución constitucionalista.

            Los poderes fácticos nacionales -empresariado, militares, eclesiásticos- y la dominación norteamericana compartieron o toleraron las groseras manipulaciones políticas y económicas del reeleccionismo porque en aquellos años de la guerra fría la democracia estaba subordinada por completo a la seguridad. Y Balaguer fue un maestro en la exageración del peligro comunista.

               Aunque esos y otros factores fueron muy favorables al continuismo balaguerista, nadie debe ignorar las propias capacidades del caudillo de Navarrete. Su elegancia en la lisonja aún frente a sus contrincantes, la rigurosa administración de la palabra y el silencio y su inmensa falta de escrúpulos para el tráfico y la compra de conciencia y para valerse de los peores malechores sin dejar huellas comprometedoras, fueron de los factores en que se fundó su larga dominación política.

Otro escenario nacional

            El escenario político-social dominicano de esta época es bien distinto al de 1970 y aún al de 1994. No hay ahora un líder nacional en posibilidad de comprometer las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en una política de imposición electoral. Atrás quedaron aquellos años en que los jefes militares y policiales se declaraban abiertamente partidarios del continuismo y se comprometían en acciones impropias de sus funciones.

Menos aún está en capacidad el presidente Mejía de unificar al empresariado y los jerarcas eclesiásticos en torno a su proyecto. Baste señalar que varias instituciones empresariales, incluído el Consejo Nacional de la Empresa Privada, se comprometieron recientemente en una coalición, junto a decenas de entidades sociales de diversos sectores, a luchar por unas elecciones presidenciales libres y transparentes el próximo año, algo impensable en los años del dominio balaguerista.

Los pronunciamientos de las iglesias, especialmente de la jerarquía católica, distan mucho de poder ser considerados como de apoyo a una manipulación electoral para la prolongación de un gobierno.

Tampoco había en los años del balaguerismo una sociedad civil organizada para luchar por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, con conexiones y respaldo internacional.

               La sociedad civil, incluídos los empresarios y las iglesias, fue de los factores que enfrentaron la última manipulación continuista del doctor Balaguer, obligándolo a pactar la reducción del período de gobierno y la reforma constitucional que prohibió la reelección presidencial en 1994.

            Tampoco enfrentó Balaguer al comienzo de su carrera reeleccionista una diversidad de medios de comunicación como la existente actualmente, en su mayoría partidario de la vigencia de las reglas de la elección democrática.

            Los continuistas de ahora podrán tener influencia en el arbitraje electoral, pero ya no es posible volver a convertir el padrón electoral en un documento secreto fácilmente manipulable. Ahora es de dominio público a través del internet y con características de difícil vulneración, como la inclusión de la fotografía.

La carta democrática

            El otro factor de poder indiscutible en el país en los años del continuismo balaguerista fue Estados Unidos, cuya política exterior de las últimas tres décadas ha estado comprometida en la promoción de la democracia.

            Si bien los republicanos nunca han aparecido tan comprometidos como los demócratas en el respaldo a la vigencia de la transparencia electoral en la región, tampoco han dado la mínima señal que permita pensar que se harían de la vista gorda frente a una imposición.

            Por demás, tanto Estados Unidos como la Organización de Estados Americanos están comprometidos en los principios contenidos en la Carta Democrática proclamada en Lima el 11 de septiembre del 2001 que declara ilegítimo cualquier gobierno que no salga de la expresión transparente de la voluntad popular.

            Numerosas instituciones internacionales, incluyendo agencias de las Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea ya han comenzado a interesarse por la observación del próximo proceso electoral dominicano, conscientes de los riesgos que implica el intento reeleccionista en la tradición nacional y latinoamericana.           

            Es absolutamente impensable que la comunidad internacional pasaría por alto en esta época una reelección al estilo de las de 1970 y 74, cuando se obligó a la oposición a la abstención mediante la represión y la manipulación. Tampoco existe como en aquellos años una parte de la oposición estigmatizando la participación en los procesos electorales.

La mitad de los votos

            El continuismo balaguerista no habría resultado tan exitoso de haber existido entonces el requisito constitucional de la mitad más uno de los votos para elegir al Presidente de la República. En 1990 Balaguer retuvo el poder con apenas el 35 por ciento de los sufragios contados. En 1994 con el 43 por ciento. En 1986 había ganado con el 41 por ciento. En las tres ocasiones le hubiese resultado difícil pasar sobre el 50 por ciento en una segunda vuelta.

            La capacidad de manipulación del doctor Balaguer comenzaba en su propio partido, donde no tuvo contrincantes internos, excepto en 1970, cuando el desprendimeinto de su vicepresidente Francisco Augusto Lora, pero le resultó fácil reelegirse sin la participación del partido mayoritario de la oposición, el Revolucionario Dominicano.

            Ahora el primer obstáculo que tiene que vencer el continuismo es el que representan 7 precandidatos, incluyendo a la vicepresidenta de la nación y al presidente del partido de gobierno, aferrados a un principio antirreeleccionista que data de 64 años.

            Pero el factor más decisivo podría ser la crisis financiera por la que atravieza la nación, que ha determinado una devaluación del cien por ciento y un proceso inflacionario y recesivo aún lejos de ser vencido. Esta semana el Banco Central había colocado más del 80 por ciento de los últimos certificados de inversión por 10 mil millones de pesos con el objetivo de reducir la tasa cambiaria, sin lograr que retrocediera siquiera mínimamente.

            Sólo en 1990 Balaguer buscó continuar en el poder en circunstancias económicas muy adversas, pero no tanto como ahora cuando el gobierno se ha visto obligado a buscar un acuerdo de vigilancia con el Fondo Monetario Internacional. Tal vez por eso esa vez registró la más baja votación de su carrera política. El desbordamiento ocurrió tan pronto pasaron los comicios, con una inflación del 100 por ciento y gran desabastecimiento.

            La crisis económica actual no luce en perspectivas de auspiciar una votación ni remotamente cercana al 50 por ciento a favor del continuismo. Las posibilidades de desbordar el gasto público son remotas dentro del acuerdo con el FMI, que estaría sujeto a permanente vigilancia y a evaluaciones cada dos meses. Y de producirse disparará aún más la devaluación e inflación, con todas sus consecuencias de pérdida de apoyo.

            Por más vueltas que le den, no se ve la mínima posibilidad de repetir en la actual coyuntura nacional e internacional el continuismo al estilo balaguerista. Ahora habría que ganar con unos votos que las encuestas no están preanunciando.-

Por Juan Bolívar Díaz

La superficialidad del discurso político contrasta con el enorme costo económico que impone a la nación la quiebra del Baninter                                             

            Una revisión del discurso del liderazgo político nacional frente al escándalo de la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter) revela una consistente renuencia a condenar las graves irregularidades y exigir justicia, pese al enorme costo que conlleva para la sociedad dominicana.

            En vez de defender el patrimonio nacional y rechazar que el costo de esa crisis se cargue sobre el lomo de la sociedad, la generalidad de los dirigentes políticos se ha quedado en la superficie, sin que hayan faltado quienes, como el expresidente Leonel Fernández, han asumido la defensa de los acusados de la quiebra bancaria.

            En medio del desconcierto nacional provocado por la descomunal dimensión del costo económico de la quiebra, resalta la necesidad de establecer mecanismos jurídicos que regulen el financiamiento de la actividad política para poner límites al tráfico de influencia y al rentismo de grupos empresariales que alientan la corrupción.

Silencio de los partidos

            Por más que se revisen los periódicos de las últimas dos semanas, tras develarse el escándalo del Baninter, no se encuentra un solo comunicado formal del sistema partidario, donde se haga un planteamiento de fondo o que siquiera sugiera correctivos. Mucho menos la más mínima expresión de excusa frente a la nación por haber recibido los recursos de los ahorrantes en forma de ayuda política.

            Llama la atención que aunque el gobernador del Banco Central no excluyó ni siquiera al propio partido de gobierno entre los beneficiarios de la malversación de los dineros de los ahorrantes, ningún partido o dirigente ha reclamado la publicación de los listados que las autoridades monetarias dicen tener.

            Ello aunque el escándalo ha traspasado las fronteras nacionales evidenciando que “la élite política y empresarial del país hace tiempo que afinó el arte de la corrupción y de quebrar las reglas”, como consignó el New York Times en el reporte de Tony Smith publicado el martes 27.

            Embarcados en la prematura campaña electoral, los líderes políticos no parecen haber reparado en que la crisis del Baninter implica un “faltante” equivalente a las dos terceras partes del presupuesto nacional de este año y que ha obligado al Banco Central a emitir dinero y certificados financieros por un monto superior a los 43 mil millones de pesos.

            La explicación a ese silencio parece ser que la repartición del patrimonio de los ahorrantes alcanzó a buena parte del liderazgo político. Con el generoso financiamiento del grupo financiero colapsado a los partidos y candidatos, directamente o a través de fundaciones, se constituyó el ambiente de impunidad en que pudo incubarse el denunciado fraude que implicó la existencia de un banco clandestino de doble dimensión al que operaba públicamente y que traspasó gestiones gubernamentales de los tres partidos mayoritarios.

            Si hasta los últimos dos presidentes de la nación recibieron lujosos vehiculos blindados y otros regalos, nadie debe sorprenderse de que esa práctica haya traspasado el sistema político, legislativo, y hasta judicial, según la denuncia oficial.

Solidaridad con acusados

            Si algo ha llamado la atención es la rapidez con que líderes politicos de los tres partidos mayoritarios acudieron a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para expresar “solidaridad” con los principales inculpados de la gravosa quiebra bancaria.

            No habían pasado 24 horas de la prisión de Ramón Báez Figueroa cuando se presentó allí el expresidente de la República Leonel Fernández, al que siguieron el secretario general y otros dirigentes de su Partido de la Liberación Dominicana.

Pocas horas después tomó turno el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Hatuey de Camps, seguido luego por otros dirigentes de esa organización.

            El exvicepresidente Jacinto Peynado, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, como otros dirigentes de este, tampoco se hicieron esperar. El empresario y político declaró al salir que había ido “a solidarizarse” con su amigo.

            Coincidían en rechazar las acciones de las autoridades, especialmente la incautación de los activos pertenecientes al banco quebrado, y en estimar que el gobierno estaba montando “un espectáculo”, sin que faltaran quienes consideraban que todo era una maniobra de corte reeleccionista.

            El paso de los días con todo el cúmulo de informaciones demostrativas de la gravedad de las implicaciones del fraude bancario, y ni siquiera el que las autoridades hayan involucrado a organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo y hasta la secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, ha persuadido al liderazgo político a tomar con más seriedad el asunto.

            Los temores de que se utilizara la crisis para apuntalar las tendencias continuistas en que está involucrado el presidente Hipólito Mejía y sus seguidores lucieron desproporcionados o con un fundamento débil, si se toma en cuenta el costo que conlleva para el gobierno la quiebra bancaria en términos de devaluación, inflación, recesión económica, desempleo y pobreza.

            La indiferencia es tan grande que todavía Hatuey de Camps no se ha sacudido de la indignación que le produjo el que lo mencionaran como beneficiario de financiamiento político para formular un planteamiento de fondo como líder del partido de gobierno.

Se han echado de menos formulaciones de los presidentes de las cámaras legislativas, que al igual que las Fuerzas Armadas han optado por el silencio frente a los cargos formulados nada menos que por el gobernador del Banco Central.

               Y hasta un técnico y político generalmente ponderado, como Guillermo Caram, por demás exgobernador del Banco Central, reaccionó hablando de “cortina de humo” y espectáculo, con lo que perdió la oportunidad de reclamar profundización de las investigaciones, reparaciones y sanciones.

El más decepcionante          

El discurso más decepcionante y hasta irrespetuoso de la inteligencia de la opinión pública ha sido el del expresidente Leonel Fernández, quien llegó al extremo de liberar de responsabilidad a los ejecutivos del Baninter, atribuyendo la quiebra a la “irresponsabilidad única y esclusiva del gobierno” porque no le pagaba ni los intereses de una deuda contraída.

            Resulta que el “hueco” del banco quebrado es de casi 56 mil pesos y según un informe del Banco Central lo adeudado a Baninter al 23 de agosto del 2002 eran 886 millones 172 mil pesos. Con el Banco Popular, que no ha tenido problemas, la deuda gubernamental era mayor, ascendía en la misma fecha a mil 61 millones de pesos.

            Fernández ignoró que antes de finalizar el 2002 la deuda con el banco quebrado en marzo del 2003 había sido casi totalmente saldada y que además al momento del desenlace le habían dado “facilidades” por 8 mil millones de pesos.

            El expresidente llegó tan lejos que reivindicó su declaración de septiembre del 2002 sobre iliquidez en la banca, que de inmediato fue considerada imprudente por las autoridades y que al parecer contribuyó, como dos meses después la denuncia sobre la tarjeta del coronel Pepe Goico, a detonar la crisis del Banco Intercontinental.

            En su extenso discurso del sábado 24 de mayo, al formalizar su precandidatura presidencial, no hubo ni un asomo de cuestionamiento al hecho de que un banco que declaraba activos por 25 mil millones de pesos, tenía en realidad 80 mil, ni a la forma en que fue manejado, ni a los regalos, ni a las malas inversiones del dinero de los ahorrantes en provecho de empresas deficitarias afiliadas. Menos aún a lo que ya está pagando por ello hasta el más pobre de los dominicanos y dominicanas.

Algunas excepciones            

            Ni siquiera los precandidatos presidenciales del partido de gobierno han marcado distancia. La mayoría ha guardado silencio. Incluso uno de ellos, Rafael Suberví Bonilla, precisó que “ese es un asunto que está en manos de las autoridades judiciales y son ellos los que deberían opinar al respecto”. Ramón Alburquerque y Enmanuel Esquea han reclamado transparencia.

           Entre los discursos políticos diferentes se han identificado el de la vicepresidenta y precandidata presidencial Milagros Ortiz Bosch, el del precandidato del PLD Jaime David Fernández, y el del senador del mismo partido José Tomás Pérez.

         La doctora Ortiz Bosch pidió llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias y luego en un programa de televisión formuló un análisis de las consecuencias sociales, institucionales y morales de la crisis, cuestionando los mecanismos y los responsables de la regulación del sistema financiero. Habló de “requerimientos institucionales” y reconoció la necesidad de “abandonar las complicidades políticas”.

          El doctor Jaime David Fernández proclamó en Santiago que el escándalo financiero “cuestiona la sociedad y la clase política dominicana”, planteando que frente al mismo “hay que levantar la bandera de los principios con el ejemplo de honestidad y dignidad”.

           José Tomás Pérez reconoció la gravedad de la crisis financiera generada por la quiebra del Baninter y expresó su disposición a apoyar la solicitud de apoyo formulada por el gobierno a los organismos financieros internacionales para reducir su impacto macroeconómico.

            Estos dos dirigentes peledeístas tienen objeciones a diversos aspectos del manejo gubernamental, con cuestionamientos válidos sobre la responsabildad de quienes estaban llamados a ejercer la supervisión bancaria, lo que corresponde también en parte a funcionarios del pasado gobierno, pero no pudieron ignorar la gravedad de la crisis ni han ido a solidarizarse con los acusados de uno de los mayores descalabros bancarios en un país pobre.

            El discurso de la mayoría de los políticos frente a la crisis contrasta con los reclamos surgidos en diversos sectores sociales, incluídas organizaciones empresariales, para que se haga justicia y se recuepren los activos correspondientes al banco quebrado para reducir el costo que conlleva para la sociedad en general.

            Y desde luego, ignora planteamientos como el del movimiento cívico Participación Ciudadana que pide “transformaciones legislativas que pongan fin al tráfico ilícito con los recursos públicos y al maridaje entre intereses políticos y privados.-

Por Juan Bolívar Díaz

El gobierno está obligado a un ajuste, reducción del gasto y acción judicial transparente si quiere conseguir asistencia financiera internacional 

            La crisis financiera derivada de la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter) y sus repercusiones para los próximos meses constituye el mayor obstáculo con que tropieza el proyecto reeleccionista del presidente Hipólito Mejía, contrario a lo que algunos creen que podría sacarle ventaja.

            Las consecuencias del escándalo financiero del siglo obligarán al gobierno a adoptar una política de ajuste y mayor reducción del gasto, lo que junto a los procesos de devaluación e inflación en marcha generarán mayor contracción del crecimiento económico y acentuamiento de la impopularidad del régimen y del partido en que se sustenta.

            El gobierno podrá aligerar la carga con financiamiento internacional, preferiblemente mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo y con la colaboración del gobierno de Estados Unidos, pero para ello tendría que conducir un proceso transparente de información y acción judicial.

Clima de incertidumbre

            En la medida en que la ciudadanía ha hecho conciencia de las dimensiones del hueco dejado por la quiebra del Baninter y de lo que ya ha tenido que invertir el Banco Central para taparlo parcialmente se ha generado un clima de profundo disgusto e incertidumbre que se expresa en todos los ambientes sociales.

            En el curso de la semana las autoridades acentuaron las restricciones monetarias, lo que implica que las tasas de interés seguirán en niveles promedio del 40 por ciento, prohibitivos para la inversión, sin que lograran el objetivo de contener la devaluación del peso que ya se sitúa cerca del 28 por dólar.

            Ahora no hay dudas de cuál es la causa de la inestabilidad cambiaria y la inflación. Los indicadores externos han mejorado. El turismo creció sobre el 20 por ciento en el primer cuatrimestre, las zonas francas tomaron aliento, las remesas siguieron incólumes y el precio del petróleo tiende a estabilizarse en la franja de los 27 dólares el barril, que sigue siendo alto pero no tanto como en los últimos meses.

            Las autoridades monetarias, como los analistas económicos están conscientes de que lo peor no ha pasado todavía. De los 43 mil millones de pesos que ya ha pagado el Banco Central a consecuencia de la quiebra bancaria, apenas un 20 por ciento, equivalente a unos 8 mil 600 millones, ha sido en efectivo. Más de 34 mil millones están en certificados frinancieros que promedian los 3 meses y una tasa del 25 por ciento. Y la emisión todavía no ha concluído.

            El problema pende sobre la estabilidad macroeconómica, pues los propietarios de esos papeles reclamarán su dinero y tratarían de convertirlos en dólares o euros, aunque estos últimos siguen más caros, lo que continuaría presionando la devaluación del peso..

            La situación será tan delicada que podría obligar a las autoridades a renegociar esos certificados, o una buena proporción, a una tasa más baja para reducir el círculo vicioso. Pues tan sólo en intereses implicarán más de 8 mil millones de pesos al año.

            El economista Eduardo García Michell se situó entre quienes consideran que el Banco Central no estaba facultado para devolver el dinero a los ahorrantes, sino para declarar la quiebra del Baninter y pagar en la medida en que recuperaran activos, no distribuyendo el costo entre todos los ciudadanos y ciudadanas como se ha hecho.

            Hay que recordar que los más optimistas reclamos empresariales y de los analistas económicos insistían a principios de año que para mantener la estabilidad macroeconómica habría que desmonetizar por lo menos 3 mil millones de pesos en el 2003 por vía del ahorro fiscal. El gobierno se comprometuió a retirar mil 200 millones.

El presupuesto naufragó

            Por de pronto el presupuesto aprobado para el 2003 parece haber naufragado en este mar de emisión monetaria y devaluación, hasta el grado que el analista económico Alfonso Abréu Collado sugirió su reformulación al comparecer al telediario Uno más Uno el jueves 22.

            A los 8 mil millones adicionales por intereses de los certificados financieros recién emitidos, Abréu Collado agregó 5 mil millones para el pago de la deuda externa. En el presupuesto se calculó el valor de la misma a 18 pesos por dólares. La tasa actual sobre 27 pesos por dólar supone al menos un incremento del 50 por ciento.

            Como el gobierno registra un déficit en las recaudaciones fiscales presupuestadas, proyectado entre 5 y 6 mil millones de pesos en el año, sumado a las dos partidas anteriores, supondría un faltante total por el rango de los 18 mil millones de pesos.

Eso conlleva una forzosa reducción de las inversiones en obras públicas, ya que el gobierno de Mejía ha resultado duro para disminuir el gasto corriente.

            Por el contrario, el mismo AlfonsoAbréu resaltó que, aunque el régimen se comprometió en el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, firmado con el empresariado a finales del 2002, en los primeros meses del año registra un incremento considerable en gasto de personal en proporción del 25 por ciento al pasar de mil 600 millones de pesos en enero a 2 mil cien en marzo.

            De hecho ya muchas de las obras que construye el gobierno han tomado un ritmo más lento y otras están paralizadas por falta de recursos. La angustia crecía esta semana en los ámbitos olímpicos, pues el dinero para completar la infraestructura de los Juegos Panamericanos de Agosto brillaba por su ausencia.

El camino del endeudamiento

            Cuando el presidente Mejía viajó a Wasshington al comenzar la semana, llevaba la esperanza de conseguir un rápido financiamiento con el BID y el gobierno norteamericano.

Enrique Iglesias no le cerrá la puerta y la habló de las posibilidades de girar contra un fondo de 500 millones de dólares disponible para la nación.

            En la secretaría del Tesoro de Estados Unidos no llegaron tan lejos. Acordaron enviar una misión para ayudar a hilvanar cursos de acción para resolver el enorme hueco dejado por la quiebra del Baninter.

            En cualquiera de los dos casos se dejó claro que la asistencia financiera dependerá de la transparencia y el apego a las leyes con que se maneje la crisis. Del fisco norteamericano no saldrá un solo dólar si las autoridades nacionales no cumplen esas condiciones.

            Fuentes bien informadas indican que los interlocutores de la capital norteamericana preferirían el camino del acuerdo con el FMI, que implicaría mayor disciplina y austeridad y cierta vigilancia sobre el manejo judicial de la crisis. Resaltan las simpatías con que fue recibido el presidente Mejía, y el deseo del gobierno de George Bush por ayudarlo. Pero ademázs de los merecimientos políticos, tiene que sumar el manejo claro y apegado a los principios jurídicos.

            El gobierno dominicano prefiere un paquete de ayuda BID/Banco Mundial/EU, pero tambiébn exploraría una nueva colocación de bonos soberanos, y sólo como asunto de supervivencia aceptaría acudir a las ventanillas del Fondo Monetario Internacional, consicente de que incluiría condicionamientos nada conciliables con la lógica del reeleccionismo que demanda gasto en los meses por venir.

            Nuevos bonos soberanos contarían con escasa simpatías, sobre todo ahora cuando el “riesgo país” de la nación ha aumentado, como parte del efecto Baninter. Ya las firmas evaluadoras internacionales, como JP Morgan y Standard and Poors han comenzado a dar señales de alerta sobre el deterioro económico nacional.

Exigencias de la reelección  

             Los procesos electorales conllevan un aumento del gasto por vía de la inversión en obras públicas, empleo clientelar y propaganda política indirecta, como se ha manifestado en los gobiernos de los tres partidos mayoritarios. El desbordamiento es mayor cuando está presente el intento continuista, como se puede comprobar en las campañas de 1990 y 1994, cuando hasta la Lotería Nacional resultó quebrada.

              El gasto se desbordó en las campañas de 1998 y 2000, con el Partido de la Liberación en el poder, sin que mediara una repostulación, que entonces estaba prohibida en la Constitución y sin que arrojara los beneficios electorales esperados. Y se repitió en el 2002 con el perredeísmo en el poder. Parte de los desequilibrios macroeconómicos registrados desde agosto pasado se atribuyen precisamente al desbordamiento del gasto en los finales del 2001 y la primera mitad del 2002.

              Los que ahora sobreestiman las posibilidades del continuismo olvidan que además del abuso del gasto público, Balaguer contaba con la plena manipulación del arbitraje electoral y del padrón de electores que se manejaba en secreto. También con una capacidad de manipulación y una permisibildiad de los factores de poder que no se le conceden al presidente Mejía, como no los tuvieron Leonel Fernández, Salvador Jorge Blanco o Antonio Guzmán.

              Se supone que ahora hay una sociedad más alerta, celosa de algunos avances democráticos y más exigente, especialmente con el gasto público y los procedimientos democráticos. Aunque está lejos de ser invulnerable.

              Pero el factor de contención es el círculo vicioso en que se encuentra la economía. demandando no desbordamiento, sino restricciones. Porque no será posible conseguir recursos externos suficientes para cubrir el inmenso efecto Baninter. Una parte tendrá que pagarse en el orden nacional con algo más que constreñimientos monetarios, que de por sí ya conllevan recesión y desempleo, devaluación e inflación.

              La devaluación del peso, que ya pasa del 50 por ciento en los últimos 9 meses y la consiguiente inflación, proyectada sobre el 20 por ciento para este año, han degradado los ingresos de las tres franjas de las clases medias, especialmente de las dos inferiores que son las mayoritarias, así como de los sectores populares. Ni hablar de que en las actuales circunstancias se pueda esperar una compensación significativa, ni en el sector privado, y menos en el público.

               Si las tres encuestas acreditadas que realizan sondeos para HOY, El Caribe y Omnimedia, ya registraron la caída de la popularidad del gobierno, del PRD y del presidente Mejía, entre agosto y marzo, hasta relegar sus posibildades electorales a la tercera posición, ningún analista encuentra razones para creer que ahora esté mejor y que las perspectivas apunten a una mejoría considerable.

                A no ser por el desconcierto en que está sumido el Partido Reformista Social Cristiano, pero su práctica división casi a la mitad, no garantiza demasiado ventajas para el que desde el poder arrastre una de sus partes, sobre todo si es en base al abuso de los recursos estatales.

                 Un año es mucho tiempo para que las circunstancias cambien en beneficio de quien ejerce el poder en una nación tan desinstitucionalizada como la dominicana. Pero por el momento los vientos no soplan a favor del continuismo y la magnitud del desastre Baninter y sus efectos no prometen mejoría, sino empeoramiento, en cualquier escenario.-  

Por Juan Bolívar Díaz

Insisten en desconocer el peso de los factores externos pero no explican por qué se le desequilibró la economía en su último año de gobierno

             Nadie debe discutir el derecho del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a una marcha pacífica en protesta por la política económica del gobierno, pero sí la oportunidad de la misma en momentos tan difíciles de la política y la economía internacional con repercusiones que esta nación no puede evitar.

            La protesta se daría precisamente en momentos en que han comenzado a verse resultados positivos de las políticas implementadas por el gobierno para restablecer la estabilidad cambiaria a niveles acordes con una economía que todos los agentes nacionales e internacionales insisten en que es sana.

            Por demás, está por verse cuáles son las diferencias substanciales entre las políticas económicas que han seguido los dos últimos gobiernos nacionales, y el PLD debería explicar por cuáles razones se le redujeron las reservas de divisas, se desbordó el gasto público, se generaron déficits y comenzó a desestabilizarse la economía nacional en su último año de gestión.

Decisión imprudente

            La protesta convocada por el PLD ha sido considerada poco prudente por la opinión pública, en momentos en que han comenzado a verse resultados positivos de los esfuerzos gubernamentales, especialmente la reducción del gasto público y la desmonetización de 700 millones de pesos de sus ingresos fiscales en los primeros dos meses del año, para contener la devaluación del peso con su carga inflacionaria.

            Nadie ha discutido el derecho que tiene el principal partido de la oposición a manifestarse pacíficamente en cualquier sentido, pero hasta en sus propias filas hay quienes creen que las circunstancias no recomiendan lanzarse a las calles ni incentivar al pueblo a la protesta, cuando serios nubarrones afectan la economía internacional y el mundo se encuentra al borde de una guerra cuyos costos ya estamos pagando.

            Aunque defiende el derecho de su partido a la manifestación pacífica, el precandidato presidencial Jaime David Fernández ha expresado, con la prudencia que lo caracteriza, que el partido debe evaluar el estado de la opinión pública en torno a la convocatoria.

            La protesta causa contrariedad no sólo en el gobierno, sino también en los sectores empresariales, particularmente en el financiero, empeñado en los esfuerzos por contener el deterioro económico de los últimos meses. Y el disgusto se expresa en las conversacioens privadas.

            Monseñor Agripino Núñez Collado, el principal mediador en los conflictos nacionales se cuenta entre quienes muy diplomáticamente han considerado que las circunstancias no recomiendan pasar a la protesta callejera. A principio de esta semana apeló a la prudencia y a poner en primer plano el interés nacional. Lo mismo había hecho días antes el cardenal arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Nicolás López Rodríguez.

            Se teme la creación de un ambiente que incentive las protestas populares y genere un clima de confrontación. Ya medio centenar de grupos populares han anunciado un paro general para el próximo mes de abril, que si bien tiene pocas perspectivas de materializrse, como quedó evidente con el fracaso de su reciente jornada de protesta, contiene ingredientes de incertidumbres.

            Aunque al PLD se le reconoce capacidad para controlar a sus militantes y mantener su marcha en el plano de la protesta pacífica, siempre queda el temor de que grupos radicales puedan provocar situaciones que se salgan de control y originen circunstancias indeseables.

Recurso innecesario

            Hay quienes entienden que la marcha convocada para el sábado 15 tiene carácter electoral, buscando capitalizar el disgusto de la población con el encarecimiento del costo de la vida y la reducción de las actividades productivas y el empleo.

            Otros consideran que el PLD busca dar una demostración de fuerza para neutralizar los anuncios gubernamentales de reactivar expedientes de supuesta corrupción en el pasado gobierno.

También se cuestiona el uso político que el gobierno perredeísta hace de expedientes que hace dos años tiene en sus manos, como el que se refiere al manejo de más de mil 400 millones de pesos en la cuenta para la construcción y reconstrucción de obras prioritarias de los últimos 7 meses del gobierno del presidente Leonel Fernández.

Si como han reflejado las últimas encuestas el PLD y sus potenciales candidatos presidenciales encabezan las preferencias electorales, sin que ese partido haya apelado al recurso de la protesta callejera, la marcha convocada luce innecesaria.

El partido morado se estaría beneficiando del desgaste del gobierno perredeísta y de sus desaciertos económicos y políticos, así como de las penalidades de manufactura externa que impone la globalización sobre todas las economías, especialmente de los países más dependientes.

El peledeísmo está siendo visualizado como alternativa por la población sin que haya apelado al recurso de la protesta. Desde el punto de vista puramente partidario-electoral lo que le convendría es dejar correr la bola del desgaste político gubernamental y no provocar la unidad y los recursos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y de los poderes del Estado que controla.

En el beisbol, al que se recurre frecuentemente en la política nacional, se recomienda que cuando un lanzador está presionado y descontrolado, hay que ordenar a los bateadores esperar, ganarse la base por bolas, que para los fines del juego son tan valiosas como los buenos batazos. La precipitación puede traducirse en rolin al cuadro que producen una “doble matanza” y apagan el fuego.

Subestiman factores externos

Es obvio que en la visión peledeísta de la situación nacional hay una gran subestimación de los adversos factores económicos externos. Atribuyen todo el peso de las dificultades económicas al gobierno, tratando de ignorar que pese a los desaciertos que le corresponden, la economía nacional ha estado entre las tres menos desafortunadas del continente y hasta del mundo.

El principal líder del PLD, el expresidente Leonel Fernández, ha insistido en comparar el crecimiento económico registrado en su período con el del presidente Hipólito Mejía, al margen de los factores internacionales.

La realidad es que la economía dominicana creció a un promedio alrededor del 7 por ciento entre el 1996 y el 2000, pero impulsada por un crecimiento de la economía de los Estados Unidos que andaba por el premedio del 4 al 5 por ciento y que el año pasado cayó al 1 por ciento.

Disfrutó de precios del petróleo holgados, alrededor de 20 dólares el barril en 1996-97, de 14 dólares en 1998, pasando a l8 dólares promedio en 1999 para subir sobre los 25 dólares en el 2000, nivel en que se ha mantenido casi todo el tiempo desde entonces, especialmente en los últimos meses, cuando ronda sobre los 30 dólares el barril.

El actual gobierno recibió el impacto del terrorismo en Estados Unidos y el mundo, que se reflejó en fuertes caídas del turismo y las zonas francas en el 2002 y en los últimos meses las expectativas de guerra, han creado un ambiente de incertidumbre internacional que forma parte de los factores que han inducido a muchos dominicanos pudientes a cambiar pesos por dólares, contribuyendo a agregar presión sobre la economía nacional.

Según las autoridades del Banco Central, técnicos del Fondo Monetario Internacional estimaron en 2 mil 358 millones de dólares el costo en divisas que ha tenido el shock externo sobre la economía dominicana en los años 2001-02. Determinado por el costo de la factura petrolera y la caída del turismo y las zonas francas.

Si los factores externos no pesan en la economía nacional, los peledeístas tendrían que explicar a qué se debió el retroceso del 2000, cuando la economía comenzó a desestabilizarse. En los últimos siete meses del gobierno peledeísta las reservas

netas de divisas se redujeron en 60 por ciento hasta alcanzar el ínfimo nivel de 197 millones de dólares.

Similar política económica

            Aunque los voceros del PLD cargan sobre la política económica del gobierno perredeísta, hay quienes sostienen que no difiere en aspectos fundamentales de la practicada en el pasado período gubernamental.

            Ambos gobiernos han mantenido una política de endeudamiento externo, el anterior a través de la banca privada, que pasó de unos 250 millones de dólares a mil 700 millones. El actual mediante la contratación directa. Los dos han recurrido a fuerte endeudamiento interno con financiamiento bancario y de los proveedores.

            El gasto corriente ha consumido un alto porcentaje de los ingresos. El presidente Mejía dijo, y no se lo han cuestionado, que lo encontró en el 74 por ciento en el 2000 y lo ha reducido al 71 por ciento y que ha creado mil puestos de trabajo menos que el gobierno anterior.

En términos brutos los gastos corrientes pasaron de 6 mil 452 millones en 1996 a 18 mil 132 en el 2000, para un crecimiento del 181 por ciento. Al 2002 el actual gobierno lo había elevado a 24 mil 925 millones, con un incremento en sólo dos años del 37 por ciento.

            Contradictoriamente el nivel del gasto corriente es de los mayores cuestionamientos del PLD a la política económica del actual gobierno, cuyos agentes, a su vez, cuestionaban el nivel del gasto del anterior.

            En términos netos el actual gobierno ha elevando más el endeudamiento externo, especialmente con las dos emisiones de bonos soberanos, pero ha diversificado más la inversión, atendiendo a obras inconclusas del anterior régimen y a evadido los megaproyectos, dando prioridad a las necesidades de las comunidades del interior y de los barrios.

            Si es por el nivel del gasto corriente, de la hipertrofia burocrática del Estado, y del exceso de gasto público, a cualquiera le luce la crítica al gobierno actual, pero no a quienes gobernaron en el período anterior.-