Por Juan Bolívar Díaz

La última encuesta Gallup para Omnimedia reafirma las dificultades de la reelección en las actuales perspectivas y las posibilidades del PLD                                             

            La encuesta Gallup para Omnimedia ha venido a reafirmar lo que es un secreto a voces para cualquier mediano observador del devenir nacional, que el Presidente Hipólito Mejía tiene muy escasas posibilidades de lograr una reeelección y que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) podría ganar los próximos comicios en la primera vuelta.

            No se trata de un accidente fruto de la coyuntura económica tras el descalabro Baninter, sino de una tendencia marcada en las cuatro “encuestas profesionales” que han sido publicadas desde septiembre del año pasado, que han evidenciado un grave declive del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

            Sería aventurero afirmar que la crítica situación de los políticos gobernantes no pudiera ser revertida en los diez meses que restan para las elecciones, pero las perspectivas económicas no apuntan en esa dirección y los perredeístas lucen dispuestos a pagar una cuota mayor en desgaste y desangramiento por las luchas internas que podrían derivar en divisiones.

Tendencias sostenidas

               Lo más relevante de esta encuesta es que por primera vez Leonel Fernández y su partido se proyectan como ganadores en una primera vuelta electoral, con el 51 por ciento. Pero si se prorratea el 9 por ciento que totalizaron los que no prefieren a ninguno de los posibles candidatos o no responden, el porcentaje del expresidente sube al 56. Los precandidatos del PRD suman 29.4 y el reformista Eduardo Estrella 14.6 por ciento.

            La reacción de los funcionarios gubernamentales ha sido considerar que esta encuesta no debió realizarse en circunstancias económicas tan adversas, como si estas pudieran revertirse en pocas semanas o meses.

            Cuando estos resultados se comparan con las tres encuestas publicadas dentro del último año, se comprueba que marcan una tendencia sostenida: reafirman el vertiginoso ascenso del PLD y su candidato presidencial Leonel Fernández, el desplazamiento del PRD del primer lugar en las preferencias que ocupó en casi todas las investigaciones de los últimos 12 años, y la creciente impopularidad del presidente Mejía y su gobierno.

            En la encuesta de Hamilton & Beattie para HOY publicada en agosto del 2002, todavía el PRD encabezaba las preferencias electorales con el 40 por ciento, seguido del PLD con el 29 por ciento.

Pero ya en septiembre del 2002 la encuesta Penn & Schoen para El Caribe colocó al PLD a la cabeza de las preferencias electorales con 33 por ciento, desplazando del primer lugar al PRD que sólo registró 28 por ciento.

            El descenso coincide con el período en que empieza la devaluación del peso y se incrementa la inflación y se deteriora el servicio energético. Comiezan también los adelantos en el esfuerzo por contener la quiebra del Banco Intercontinental.

En Febrero del 2003 la encuesta Hamilton & Beattie para HOY ratificó la tendencia con un punto más para cada partido, en el mismo orden por 34 a 29 por ciento.

           Cuando Gallup para Omnimedia mide las preferencias electorales en marzo del 2003, Leonel Fernández domina absolutamente con un 33.5 por ciento, seguido entonces por Eduardo Estrella con 12.5, Jacinto Peynado 8.8, Hipólito Mejía 6.8 y Milagros Ortiz Bosch 6.3 por ciento.

Es relevante que Fernández creciera 17.7 por ciento en solo 4 meses, tomando en cuenta el 51.2 por ciento que registra en la investigación publicada esta semana. Eduardo Estrella se mantiene con variación menor del 1 por ciento, mientras Mejía y Ortiz Bosch registran apenas dos puntos más.Estos tres dentro del margen de error de la encuesta.

Sombrías perspectivas

            Las perspectivas lucen sombrías para el PRD de cara a los comicios presidenciales del 2004, pero mucho más si lleva al presidente Mejía de candidato presidencial, de acuerdo a la percepción generalizada y ratificada por la encuesta Gallup.

            En primer lugar porque todos los analistas coinciden en que los efectos de la crisis económica que ha conllevado una devaluación del cien por ciento en menos de un año, se sentirán fuertemente durante muchos meses y en el mejor de los casos apenas estarían comenzando a revocarse para el próximo año.

            El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que esta semana registró un tropiezo al conocerse que el Banco Central tuvo que cubrir un déficit de 14 mil 800 millones de pesos del recién vendido Banco Nacional de Crédito, podría ayudar a la recuperación en el mediano plazo. Pero para ello el gobierno estará obligado a una rígida disciplina y austeridad fiscal hasta mucho más allá de los comicios.

            Puede ser que la devaluación haya llegado a su tope, pero todavía quedan efectos inflacionarios y recesivos por registrarse, tanto por las restricciones monetarias y el alza de las tasas de interés, como por los nuevos impuestos, la reposición de inventarios y el alza de los combustibles.

En medio de irritantes apagones se anuncia un nuevo aumento de la tarifa energética que oscilaría entre 33 y 40 por ciento y se esperan nuevas alzas en los precios de los combustibles. La factura eléctrica está aún basada en una tasa cambiaria de 24.79 pesos por dólar, diez pesos menos que la actual.

Y la Refinería de Petróleo ha perdido 500 millones de pesos en dos meses a consecuencia de los desajustes cambiarios que terminarán traspasando a los consumidores, según lo expresado esta semana por su presidente, Amaury Justo Duarte.

Un retiro a tiempo

Las perspectivas políticas tampoco auspician la repostulación ni la reelecciión presidencial, por lo que muchos analistas insisten en que lo mejor que pudiera hacer el presidente Mejía es retirarse a tiempo.

Bernardo Vega como otros analistas ha sostenido que el solo anuncio del retiro de la carrera continuista bajaría algunos puntos a la tasa cambiaria, al disipar incertidumbres políticas y reducir los temores de un abuso del gasto público como ha ocurrido históricamente en el reeleccionismo.

En vez de estar adoptando decisiones en orden a su interés de permanecer en el poder, el presidente Mejía podría recuperar parte del desgaste concentrándose en hacer frente a los problemas de la nación, colocándose por encima de las luchas políticas nacionales e intrapartidarias.

Mientras se multiplican las protestas sociales, el PRD aparece inmerso en una crisis derivada de su incapacidad para celebrar una convención y elegir candidato presidencial sin dividirse. El proyecto continuista es el principal catalizador del enfrentamiento.

            Los analistas convienen en que terminaría imponiéndose dentro del partido por efecto del poder presidencial. Pero tiene que vencer a otros 7 precandidatos, algunos de los cuales rechazan absolutamente la repostulación en el partido blanco, incluyendo a su presidente Hatuey de Camps.

            Con o sin división, para esa imposición tendrá que correr mucho enfrentamiento que devaluarán más al PRD ante el electorado. En esa lucha se irán varios meses más, según todos los estimados. Y luego tendría que venir una campaña muy cuesta arriba para alcanzar más de la mitad de los votos, proporción con la cual Joaquín Balaguer no habría logrado reelegirse probablemente ni una sola vez. Aún con sus manipulaciones, el caudillo reformista sólo obtuvo el 35 por ciento en los comicios del 1990 y el 43 en 1994. –

Los devastadores resultados de Gallup

            No era necesaria una encuesta para diagnosticar el progresivo descalabro del proyecto continuista del presidente Hipólito Mejía. Pero la de Gallup para el Grupo Omnimedia ha resultado devastadora.

            Según la investigación, el 76.9 por ciento del electorado considera que el presidente no tiene posibilidad de ganar las elecciones del 2004. Sólo el 18.1 por ciento entiende que sí lo lograría. Entre los encuestados que se confesaron perredeístas el 47.3 por ciento le confiere oportunidad.

            El resultado fue más contundente ante la pregunta de si cree que Hipólito Mejía deba mantener su precandidatura presidencial. El 81 por ciento del electorado en general dijo no, lo mismo que el 62.5 por ciento de los perredeístas.

            Y a la pregunta de si la reelección es perjudicial o beneficiosa para el país, el 74.9 por ciento la estimó perjudicial, incluyendo al 56 por ciento de los perredeístas. Sólo el 17.3 por ciento del total, y el 34.7 por ciento de los simpatizantes del PRD la calificaron como beneficiosa.

            Vista por sectores sociales, la encuesta Gallup muestra la rebelión de la clase media frente al gobierno perredeísta. Ahí el porcentaje de los que creen que Mejía no debe mantener su precandidatura se eleva 7 puntos para alcanzar el 88 por ciento, y los que ven la reelección como perjuidical suben al 84.8 por ciento, 10 puntos más.

            El rechazo se acentúa en la zona urbana, en las mujeres y entre los jóvenes, especialmente los situados entre los 18 y los 24 años, lo que incluye a cerca de medio millón de nuevos electores.

            Según la encuesta, el expresidente Leonel Fernández ganaría los comicios en la primera vuelta, con el 51 por ciento, casi el doble del porcentaje que acumulan todos los precandidatos del PRD. Entre estos el presidente Mejía aparece con tan solo 9 por ciento de preferencias, apenas un punto más que la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch.Rafael Suberví registra 6 por ciento y Hatuey de Camps 3 por ciento.

            Individualmente Eduardo Estrella ocupa la segunda posición en las preferencias con el 13 por ciento y tiene también una baja tasa de rechazo con 13.7 por ciento.

            La situación del presidente Mejía vuelve a tornarse difícil cuando se mide la tasa de rechazo. El encabeza con el 55.6 por ciento de los encuestados que no votarían por él.Le siguen Hatuey de Camps con el 28.8 por ciento, Milagros Ortiz Bosch el 20.4, Rafael Suberví el 17.7, Eduardo Estrella el 15.7,Rafael Abinader el 15.4 y Leonel Fernández y Ramón Alburquerque 15.3 por ciento.-

Por Juan Bolívar Díaz

Sin embargo la mayoría perredeísta tendrá que cumplir lo pactado para revestir de alguna credibilidad a la JCE 

            La reacción del presidente y otros miembros del Senado de la República tras la aprobación de la reforma de consenso a la ley electoral parece mostrar que muchos dirigentes perredeístas siguen sin comprender la delicada situación económico-política que vive el país, demandante de coherencia y responsabilidad en la gestión gubernamental.

            Con el petróleo a 32 dólares el barril, el dólar sobre 23 por uno, pese a las “buenas intenciones” de los cambistas, y con los persistentes toques de los tambores de guerra en Estados Unidos, la situación sigue requiriendo acciones que generen confianza, no que promuevan incertidumbres.

            Pero la cerrazón de la mayoría de los senadores determinó que comenzara el año sin aprobar el nuevo presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos, y en medio de amenazas con desconocer el consenso del diálogo político para volver a imponer la mayoría mecánica en la nueva composición de la Junta Central Electoral (JCE).

Aprobación por cansancio

            Fue en la última jornada del 2002 cuando la mayoría senatorial perredeísta se dignó aprobar el proyecto de ley que divide las funciones de la JCE y agrega dos jueces al organismo, justo dos meses después que fuera pactado por consenso entre los partidos mayoritarios y el Presidente de la República.

            Se logró ese paso casi por cansancio, luego que los reformistas endurecieran su posición en la Cámara de Diputados rechazaran aprobar el proyecto de bonos soberanos. Hasta la presidenta del organismo, Rafaela Alburquerque, quien ha sido una gran colaboradora del gobierno del presidente Mejía, tuvo que erguirse para que los gobiernistas comprendieran que no estaban jugando.

            Tal como dijeron algunos perredeístas. Se trató de un “dando y dando”: ustedes honran el pacto y nosotros le apoyamos los bonos soberanos. Ni más ni menos. Pero hasta último momento, algunos prepotentes creían que la mayoría podía burlarse nuevamente de lo pactado, en base a una supuesta soberanía legislativa.

            Políticos, legisladores y hasta articulistas han pretendido dar categoría de chantaje primero al rechazo generalizado que recibió la elección de los jueces electorales en función de los intereses de un partido, despreciando la búsqueda de consenso que en esa materia había pautado las escogencias anteriores. Y segundo a los reclamos por el cumplimiento de lo pactado en el diálogo político convocado por el propio presidente Mejía.

            El derecho del Senado a elegir los jueces electorales no implica el atropello a los principios democráticos que toman en cuenta a las minorías y reconocen la consulta con la sociedad.

            Está por medio también el derecho de la ciudadanía y sus instituciones a rechazar cualquier decisión de los poderes públicos que consideren contraria al supremo interés de la sociedad, sin que ello implique conspiración alguna. Más aún porque el rechazo no estuvo acompañado de ningún hecho contrario a la institucionalidad democrática ni se ha pretendido imponer por la fuerza.

Acusaciones de chantajistas

            Aún después de aprobada la reforma electoral, el presidente del Senado, Andrés

Bautista y los senadores Papo Luna y César Augusto Matías han persistido en rechazar el consenso político como medio legítimo para la gobernabilidad democrática.

            Fueron lejísimo diciendo que aprobarron la reforma bajo chantaje de la Sociedad Civil, pretendiendo responsabilizar de ello a las instituciones más activas de la misma, como la Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana.

            Esos legisladores parecen olvidar que los firmantes compromisarios del pacto fueron los dirigentes de los tres partidos mayoritarios, incluyendo al que los postuló a senadores, y el presidente Mejía, principal líder del partido en el poder.

            En realidad pretendían repetir con este acuerdo lo que hicieron con el Pacto para la Reforma Constitucional también suscrito en septiembre del 2001 por el presidente Mejía y el presidente del PRD, Hatuey de Camps, junto a los líderes de los otros dos partidos mayoritarios.

            Eso quedó implícito cuando la última semana de diciembre, durante una entrevista de televisión, el principal vocero del PPH, Eligio Jáquez, pretendió justificar tal comportamiento en el desconocimiento del consenso para la reforma constitucional de 1994 por la alianza PLD-PRSC. O sea, que apeló a la política del ojo por ojo y diente por diente, pero ahora como práctica normal y sistemática.

            Todo el comportamiento de los perredeístas conllevaba una alta dosis de prepotencia y arrogancia frrente a sus propios colaboradores de la oposición. Se pretendía que era pecaminoso condicionar la aprobación de los nuevos bonos a la reforma de la JCE, pero sí legítimo desconocer un pacto suscrito por los partidos mayoritarios y el presidente de la nación. Subestimaban abiertamente a sus opositores, considerándolos fácil presa de los manejos del poder, capaces de sucumbir ante un comportamiento tan mezquino.

            Los opositores no dieron su brazo a torcer y tuvieron que capitular los voceros oficialistas del Senado, urgidos por la necesidad de los 600 millones de dólares en bonos soberanos.

De transacción se trata

            El vocero de los diputados peledeistas, ese brillante joven político que es Julio César Valentín, llegó a decir esta semana que el comportamiento de la mayoría senatorial demuestra que para negociar con el PRD hay que sentarse no sólo con el presidente del partido y el Presidente de la República, sino también con el secretario general, los jefes de los grupos y tendencias y hasta los voceros congresionales.

            Pareciera que de golpe y porrazo los perredeístas han olvidado que la transacción es recurso fundamental de la política, y que ella implica siempre un toma y daca. Y que el incumplimiento de los pactos genera dificultades de todo género y hasta ingobernabildiad.

            Tanto parecen haberlo olvidado, que sus voceros senatoriales ahora pretenden que “nadie les impondrá” los dos jueces electorales adicionales en virtud de la reforma aprobada.

            De nuevo pretenden ignorar lo pactado. El acuerdo logrado con la mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado, y negociado directamente con el presidente Mejía, implica que los dos nuevos jueces tienen que tener el beneplácito de los partidos de oposición y de la socidedad civil. Se acordó que no podrían ser militantes partidarios.

            Más aún: el acuerdo en realidad es para elegir tres nuevos jueces. Porque el presidente empeñó su palabra en que lograría la renuncia de uno de los designados en septiembre pasado, para lograr un mayor consenso en la composición de la JCE.

Y se acordó que esto último no se consignaría públicamente para evitar situaciones incómodas.

            Vale consignar que las negociaciones de estos detalles fueron efectuadas por los dirigentes de los partidos y el presidente Mejía con la única mediación de Monseñor Núñez Collado. No participaron los dirigentes de la Finjus y Participación Ciudadana ni de otras entidades sociales. Simplemente avalaron lo consensuado por los políticos cuando se presentó como hecho consumado en la plenaria del diálogo, al finalizar octubre.

No hay alternativa: equilibrar la JCE

               Por más pataleos que hagan, los senadores perredeístas carecen de alternativa. Tendrán que concluir ejecutando lo pactado para dar algún grado de credibilidad a la JCE.

            Es que se ha generalizado la convicción de que la gestión política gubernamental es fundamental en las actuales circunstancias para mantener la estabilidad macroeonómica.

            Con el mundo amenazado de una guerra que podría resultar devastadora, para el turismo entre otros sectores, con el petróleo a 32 dólares el barril y amenazado de seguir subiendo, y con la crisis venezolana afectando el suministro de combustibles, el gobierno no puede reabrirse el conflicto político, sin graves repercusiones.

            De hecho el dólar sigue muy escaso en el mercado cambiario dominicano, y su cotización real está por encima de 23 pesos, con temores de que una nueva corrida lo pudiera llevar sobre los 25, con su secuela de inflación y descrédito político.

            Muchos analistas siguen creyendo que los factores políticos están influyendo más que los económicos en el proceso devaluatorio, estimulado por las incertidumbres. Hay quienes sostienen que la gestión económica del gobierno es mejor que la gestión política y que actitudes como la de los voceros senatoriales en nada ayuda a configurar el clima de sosiego que requiere la delicada situación económica.

            Desde el punto de vista puramente partidario, tampoco tienen alternativa que no sea cumplir lo pactado, porque seguirían alejando hasta a los aliados dentro del PRSC y aproximándolos al PLD, lo que de cara a la doble vuelta electoral configurada para el próximo año es una malísima inversión.

            Esos puntos de vistas son compartidos por el equipo económico del gobierno y los asesores del Presidente, y por muchos de sus colaboradores políticos. Pero absurdamente no lo entienden algunos legisladores, lo que crea desconcierto, sobre todo si se trata de los que son militantes del grupo del agrónomo Mejía dentro del PRD, el llamado PPH.

            En nada ayuda a la confianza y la credibilidad el que el gobierno haya comenzado el año 2003 sin que el Congreso le aprobara el presupuesto. Todo porque las energías de los senadores gobiernistas más activos han estado concentradas en las marrullerías tendentes a desconocer el pacto político para equilibrar la JCE.

           La rápida aprobación del presupuesto y la elección, sin nuevos escándalos, de los nuevos jueces electorales son indispensables y urgentes para fortalecer los esfuerzos gubernamentales en mantener la estabildiad política, social y macroeconómica del país.-