Opositores se proponen dividir las funciones de la Junta central Electoral

octubre 10, 2002enero 18, 2016 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque sin mucho aliento PLD y PRSC se aferran a la brecha de la negociación que abrió Mejía, pero planeando una larga lucha

Todas las fuerzas de la nación parecieron aferrarse esta semana al hálito de esperanza que se desprendió de las declaraciones del presidente Hipólito Mejía en las que se manifestaba en disposición a convocar al liderazgo político para discutir la situación derivada de la elección de los jueces de la Junta Central Electoral (JCE).

Hasta los más radicales opositores optaron públicamente por la pequeña brecha al entendimiento abierta por el mandatario, aunque en privado recordaban que en varias ocasiones Mejía había formulado planteamientos conciliatorios que poco después eran sustituídos por expresiones de desprecio a sus opositores.

Pero mientras tanto, los legisladores de los dos mayores partidos de la oposición se retiraron del Congreso y líderes de los mismos comenzaron a reunirse para delinear un curso de acción cómun que pasará por insistir en una mediación de la Iglesia Católica y en una nueva reforma para dividir las funciones administrativas de las contenciosas en materia electoral.

Complicado el panorama

El balance de la semana arroja una mayor complejidad en el panorama político nacional, tras el retiro del Congreo de los bloques legislativos de los dos principales partidos de oposición, mientras los líderes de estos comenzaban a reunirse publicamente con el objetivo de concertar acciones para sustentar su oposición a los jueces electorales recién electos por el Senado.

Así mismo, las declaraciones de los líderes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) prometían un largo enfrentamiento en torno a la integración de la Junta Central Electoral, incentivado por los informes de que el organismo iniciaba el proceso para elegir las juntass electorales municipales y para implementar el voto de los residentes en el exterior.

La semana comenzó con fuertes cuestionamientos al presidente Mejía por haber reiterado el domingo, tras su retorno de Estados Unidos, que no le pagaría a los legisladores que no asistieran a sesiones, aún reconociendo que con ello violaría la ley de autonomía del Congreso Nacional.

Después de haberse metido de lleno en la pelea por la decisión de los senadores, el primer mandatario dio un paso hacia la rectificación, acogiendo una propuesta del senador del PLD por el DN, José Tomás Perez, quien el lunes le pidió muy respetuosamente que se pusiera por encima del enfentamiento y asumiendo su papel de Jefe del estado se constituyera en ente de moderación y mediación.

Ese mismo día Mejía tomó la palabra a Pérez y expresó su disposición a convocar una reuniíon cumbre de líderes políticos para abordar las diferencias, pese a que todavía insistía en que “no van a cobrar”, refiriéndose a los legisladores de la oposición que ya habían materializado su retiro del Congreso para presionar una solución al diferendo sobre la JCE.

Aunque dudando de la disposición del presidente Mejía para promover un entendimiento, poco definida en sus alcances, sus opositores políticos y dirigentes de la sociedad civil se aferraron a la ventana abierta y favorecieron la reunión.

Al caer la semana no se vislumbra una solución al enfrentamiento, aunque el bloque perredeísta sigue mostrando fisuras, como quedó de manifiesto en declaraciones del senador Ramón Alburquerque, del precandidato presidencial Enmanuel Esquea y del presidente del Comité del Distrito Nacional, José Antonio Najri, quienes formularon advertencias sobre el curso que llevan el gobierno y el partido.

PRSC y PLD coordinan

Pero en términos políticos lo más significativo de la semana, después del retiro de los bloques legislativos fue la reunión pública sostenida el jueves en un restaurante del malecón capitalino entre comisionados del PLD y el PRSC, abriendo un escenario de reencuentro formal entre ellos.

El dirigente peledeísta Franklin Almeyda llamó la atención sobre el significado de la reunión y la disposición de ambas partes en proseguir concertando para revertir el arbitraje electoral que consideran desfavorable.

Además de Almeyda, por el partido morado estuvieron el secretario general Reinaldo Pared, y los dirigentes Danilo Medina, Francisco Javier y Monchy Fadul. Por la parte reformista el secretario político Johnny Jones y los dirigentes Rogelio Genao, José Hazim, Atilio Guzmán y Liselotte Marte de Barrios.

Franklin Almeida explicó que el PLD ha decidido concertar con los reformistas hasta donde sea necesario. En lo inmediato respaldaron la decisión del PRSC que la semana anterior pidió la mediación del rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, monseñor Agripino Núñez Collado. Al mismotiempo expresan sincronía con la propuesta de los reformistas de que se aborde el problema de la JCE a partir de una nueva reforma de la ley electoral.

Se trata de dividir las funciones organizativas y administrativas de las contenciosas en materia electoral. Es decir crear un organismo o comisión organizadora de elecciones y dejar la JCE como el tribunal contencioso. Para esa reforma habría que abrir un espacio de entendimiento, dentro del cual cupiera también una reformulación de los jueces de la JCE.

Incentivos al entendimiento

Dirigentes reformistas concuerdan en que el espacio de entendimiento ha quedado abierto, por lo menos entre los dos partidos mayoritarios de oposición. Frente a la apertura del presidente hay división, pero aún en el PLD, caracterizado por la confrontación al partido de gobierno, se advierten tendencias a la moderación, conscientes de que no hay más alternativa que negociar. Aunque persisten voces duras como la de Alejandrina Germán, quien descalificó al presidente Mejía para convocar al entendimiento.

Una de las ocasiones en que el actual primer mandatario se manifestó más conciliatorio con sus opositores fue el 17 de mayo pasado, tras conocer en España el resultado de los comicios del día anterior que otorgaron a su partido una amplia mayoría congresional y municipal.

Mejía reaccionó entonces diciendo que redoblaría los esfuerzos en beneficio de la gente, “pero deseo hacerlo con la ayuda de todos, porque quiero que sepan que este triunfo no nos envanece personalmente, ni debe envanecer a nuestro partido, sino que nos convence de que si todo el país trabaja en la justa dirección, el triunfo será todavía más amplio, porque será de todos”.

Ese hermoso propósito se desvaneció días después, al retornar al país cuando descalificó a su antecesor Leonel Fernández, por demás presidente del PLD. Hay quienes creen que esta vez el agrónomo Mejía está más consciente de la necesidad de bajar la temperatura política, especialmente por la difícil situación económica internacional que cada día se refleja más en el país.

Otra razón, hasta ahora menos visible es la cumbre de los jefes de estados iberoamericanos a efectuarse en el país el 15 y 16 de noviembre. A la imagen del gobierno no le favorecería que ese cónclave encontrara un ambiente político de confrontación. En la oposición se baraja también ese factor, tanto como el económico y no faltarán quienes pretendan hasta abusar de ellos.-

Dos anuncios incentivan la resistencia

Enpeñada en dar impresión de normalidad y sellar el “hecho cumplido”, la JCE formuló esta semana dos anuncios, en espacios pagados, que tuvieron efecto contraproducente. El primero se refirió a la creación de la Oficina del Voto en el Exterior y el segundo planteando el inicio del proceso para “conformar, reconformar o reestructurar las Juntas Electorales de los municipios que así lo ameriten”.

Se trata de iniciar los preparativos para dar cumplimiento a la reforma electoral de 1997 que instituye el voto de los dominicanos residentes en el exterior, que ya hace tiempo provoca suspicacias entre los opositores, por la circunstancia de que las oficinas de empadronamiento y lugares de votación serán los consulados, como es normal en todos las naciones que permiten el sufragio en el exterior.

El PLD ha sido particularmente suspicaz, expresando abierta oposición, en una actitud un tanto irracional, porque no es posible crear oficinas electorales, de empadronamiento ni votación, al márgen de las representaciones consulares y diplomáticas en el exterior. Pero si se mantiene el cuestionamiento a la JCE, mayor será la oposición al voto en el exterior.

En general tanto dirigentes políticos como articulistas sobreestiman el influjo que tendrían los residentes en el exterior en las elecciones, creyendo que cientos de miles de dominicanos correrán a votar.

Esa apreciación ha quedado en entredicho en la primera fase de preparación del voto en el exterior. En efecto, desde principios de este año la JCE viene celebrando reuniones en Nueva York, Madrid, Miami y otras ciudades de grandes colonias de dominicanos y dominicanos.

Incluso se abrió una preinscripción y apenas 4 mil ciduadanos respondieron en Nueva York y menos de mil en Miami. La indiferencia ha llamado la atención, tanto como ha crecido la suspicacia.

La reestructuración de las juntas electorales municipales, que siempre afecta a una gran proporción, y esta vez incluirá necesariamenmte al DN y Santiago, es materia de extrema sensibilidad para los partidos, convencidos de que “cuando los resultados son estrechos, las elecciones se ganan en las juntas municipales”.

Ni reformistas ni peledeístas verán con indiferencia que la decisión en la reestructuración de los árbitros electorales de los municipios quede exclusivamente en manos de una JCE que ellos consideran bajo absoluto dominio del partido de gobierno.

El segundo aviso pedía a los organismos que procedan en los próximos días a convocar a los partidos reconocidos y a representantes de la sociedad civil para reestructurar las juntas que lo ameriten.

El efecto fue de incremento de la preocupación por la suerte del próximo proceso electoral y por lo tanto de incentivo a la concertación entre los dos partidos mayoritarios de oposición, que insistirán en extenderla a otros grupos políticos y a organizaciones sociales. Para ello ya comisiones del PLD se han reunido con dirigentes de los partidos Nueva Alternativa, MIUCA-PCT, Bloque Independiente Socialdemócrata, Alianza por la Demcoracia y Fuerza Nacional Progresista.-

La declinación de Rodríguez desequilibra la JCE

septiembre 27, 2002enero 18, 2016 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Incluída la reiteración de su vocación de adversarios del PLD, los perredeístas conforman una junta más inclinada en su favor

La declinación del licenciado Leonel Rodríguez Estrella al cargo de juez de la Junta Central Electoral (JCE) apenas horas después de ser designado por el Senado podría ser la diferencia fundamental en la nueva composición del organismo y otra expresión del insuperable antagonismo entre los partidos que fundara el profesor Juan Bosch.

Tal como se temía, los senadores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) prefirieron el camino de la confrontación al despreciar toda posibilidad de buscar siquiera un mínimo de concertación con el principal partido de oposición, el de la Liberación Dominicana (PLD), ya que sí lo hicieron con dirigentes del Reformista Social Cristiano (PRSC).

La nueva JCE no presenta mayores diferencias políticas en relación a la elegida en 1998, aunque es ligeramente más inclinada hacia el perredeísmo, pero implica una reiteración del desprecio a la oposición y a los reclamos de la sociedad civil y la opinión pública en general y de aprovechamiento de las debilidades en que se encuentra el partido legado por Joaquín Balaguer.

Sin mayor diferencia

Tal como quedó conformada la noche del jueves la Junta Central Electoral no presenta mayores diferencias con la elegida hace 4 años, incluyendo la forma en que el Senado la escogió, en ambas oportunidades sin atender a los reclamos de consenso formulados por los principales opositores políticos y los grupos sociales más preocupados por la gestión democrática.

Esta vez hubo un poco más de ponderación al punto de que se intentó incluir a un importante cuadro de la sociedad civil, el director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, licenciado Carlos Salcedo, y se produjo alguna negociación con dirigentes de uno de los dos mayores partidos de oposición.

De los cinco jueces que los perredeístas eligieron en agosto de 1998, ratificaron a los tres más cercanos, el presidente Ramón Morel Cerda y los profesores Luis Arias y Salvador Ramos.

La nueva junta quedó más inclinada al partido blanco por la sustitución de la doctora Teresa Pérez y el doctor Luis Ramón Cordero, que en principio y hasta el final parecieron los más independientes de los intereses partidistas.

Quedaron sustituídos por dos abogados más próximos al PRD, ambos funcionarios de su gobierno: el doctor Rafael Díaz Vásquez, de viejos vinculos con el perredeísmo, quien se desempeñaba como subsecretario administrativo de la secretaría de Salud Pública, y el santiagués Nelson José Gómez, abogado del Estado que reivindicaba merecimientos partidarios para un cargo de alguna jerarquía.

Un sexto miembro de la JCE saliente, el doctor Julio César Castaños Guzmán, fue sustituído por la doctora Rafaelina Peralta, quien trabajaba en la consultoría jurídica del organismo electoral y que habría sido recomendada por dirigentes del PRSC, al igual que su suplente el doctor Luis Nelson Pantaleón.

Hace una década que la doctora Peralta ya era oficial del Estado Civil, ayudada por su padre el dirigente reformista Rafael Peralta Pérez, quien precisamente había sido presidente del Senado. Castaños también era del Partido Colorado al ser investido juez electoral, pero actuó con tanta independencia y apego a la profesionalidad que dirigentes reformistas le retiraron el respaldo e hicieron saber al PRD que no era su candidato a la reelección.

Al ratificar al séptimo juez electoral, Rodríguez Estrella, los perredeístas pretendían mantener la transacción de 1999, cuando él y Castaños fueron elegidos al ampliarse a 7 los titulares de la JCE, pero sin un acuerdo explícito con el PLD. Aunque de hecho dirigentes del partido morado habían negado apoyo a su ratificación, considerando que él no fue suficientemente enérgico frente a las irregularidades denunciadas en las recientes elecciones congresionales y municipales.

El PRSC sería la diferencia

En relación a la elección de 1998, el PRSC habría sido la diferencia, porque con este se negoció al menos a medias. Fuentes bien informadas aseguran que la negociación con los reformistas fue encaminada a través del presidente del partido colorado, Rafael Bello Andino, del influyente Guaroa Liranzo y otros vinculados al viejo anillo del extinto caudillo Joaquín Balaguer, quienes mantienen excelentes relaciones con el astuto presidente Hipólito Mejía y su entorno.

Fue un hecho público que Bello Andino llegó a recomendar por escrito al doctor Leonardo Matos Berrido para titular de la JCE, con el mismo doctor Pantaleón de suplente.

Esa candidatura registró dificultades por todos los lados, pues algunos senadores perredeístas mostraron escrúpulos de aparecer eligiendo a quien se sindica como el cerebro del fraude electoral organizado en 1994 dentro de la misma Junta Electoral, el cual impidió al doctor José Francisco Peña Gómez asumir la presidencia de la República.

La candidatura de Matos Berrido, embajador de este gobierno en Roma, fue bien recibida en ámbitos del PPH, lo que contribuyó a excepticismos y dudas entre los mismos reformistas. La trilogía de influyentes precandidatos Jacinto Peynado, Carlos Morales Troncoso y José Hazim Frappier se manifestó públicamente contra de que su partido recomendara miembros dirigentes para integrar la JCE.

Aunque numerosos dirigentes reformistas se cuentan entre quienes han rechazado la nueva JCE, por haberse escogido sin previo consenso, hay quienes parecen conscientes de que el partido colorado no está del todo ajeno a su conformación. Sería el caso de Jacinto Peynado, quien ratificó que era partidario del acuerdo, pero se manifestó con resignación ante el “hecho cumplido”.

El PRSC podría ser la diferencia entre esta elección de jueces electorales y la anterior. En 1998 hizo causa común con el PLD para elevar un recurso judicial contra la JCE, que incluyó la decisión del gobierno del doctor Leonel Fernández de retener el presupuesto del organismo electoral. De ellos dependerá la profundidad del cuestionamiento a la decisión del partido de gobierno y si genera una crisis política.

Si los reformistas se resignan, al PLD le resultará cuesta arriba poner en jaque al PRD y su gobierno y obligarlo a una transación sobre la integración de la JCE. Tampoco podría aparecer cuestionando frontalmente al partido colorado, por la proximidad de los comicios del 2004 y su segunda vuelta.

En tal circunstancia es difícil que la sociedad civil pueda ir más lejos que seguir expresando que prefería un consenso entre los actores políticos. La paralizaría el temor a aparecer instrumentada por el partido morado.

Mientras tanto, una vez más ha quedado de manifiesto el encono que caracteriza las relaciones entre los dos partidos que fundara el profesor Juan Bosch, de la que él mismo fuera su principal cultor. Ni con el patrocinio de las más influyentes entidades de la sociedad civil se logra el mínimo entendimiento entre esos dos partidos.

El escape de Carlos Salcedo

No sólo fue Tonty Rutinel (de la nueva provincia Santo Domingo), el único senador que puso alguna atención a los reclamos de la sociedad civil de que se constituyera un tribunal electoral aceptable para todas las partes. Hubo varios que procuraron fórmulas conciliatorias, entre ellos el mismo presidente del Senado, Andrés Bautista.

Fue del despacho de éste que partió la propuesta para integrar a la JCE a su complueblano mocano Carlos Salcedo, actual director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y justicia. En principio le propusieron que fuera uno de los 7 miembros y más tarde que presidiera.

Cuando parecía haber un consenso, de los predios del PPH provino el veto. Había que ratificar al doctor Morel Cerda en la presidencia. Si Salcedo quería que fuera como simple miembro, lo que hubiese dejado fuera desde al doctor Luis Arias.

Para aniquilar la fórmula Salcedo, sus opositores se movieron para presentar a la sociedad civil como interesada en controlar el tribunal electoral. Como si la postulación de Salcedo hubiese sido solicitada.

En tal circunstancia al abogado mocano se le puso en una difícil disyuntiva. El tenía todo el derecho, como ciudadano, a aceptar el cargo, independientemente de lo que pensara la propia institución donde trabajaba y el resto de las organizaciones sociales. Pero cargaría la responsabildiad de integrarse a una junta electa sin consenso, en contradicción con el reclamo de la sociedad civil, de la que él era parte, con el riesgo de quedar atrapado en un enfrentamiento político.

Ya para entonces políticos, legisladores y comentaristas objetores del esfuerzo de la sociedad civil por mejorar las prácticas democráticas, habían comenzado a afilar cuchillos. Salcedo se dio cuenta de que su presencia no iba a ser en ningún sentido clave para la suerte de la JCE y que sería utilizada contra esfuerzos en los que él creía. Prefirió quedarse en la FINJUS y librar a las entidades sociales de nuevos dardos envenenados.

Ultima oportunidad

Si los reformistas no inclinan la balanza hacia la crisis política, todavía el senado tiene oportunidad de equilibrar mínimamente la composición de la Junta, si convencen a Rodríguez Estrella de reconsiderar su renuncia, o logran sustituirlo por algún abogado que inspire confianza o respeto en el PLD y en la sociedad civil.

De ninguna forma podría ser uno de los cuadros de primera línea de la sociedad civil, después de la declinación de Carlos Salcedo, pero podrían encontrar candidatos de sobra. Lo fundamental es que exista la determinación de evitar que se llegue a los comicios del 2004 confrontando a los árbitros del proceso.

Es más que nada un asunto de confianza y acuerdos. Objetivamente no había muchas razones para objetar la anterior JCE que organizó las elecciones del 2000 y del 2002, incluyendo la realización de un nuevo padrón electoral fotrográfico que en esos comicios se demostró eficaz y que se manejó con absoluto transparencia.

Dos o tres declaraciones “inoportunas” del presidente del tribunal, doctor Morel Cerda, lo colocaron en el candelabro, pero nadie ha podido mostrar que promoviera algún dolo o irregularidad en el proceso electoral, de lo que se le cree incapaz.

En el balance de todo está la dificultad de los políticos dominicanos para actuar coherentemente desde el poder y aplicar las consultas y la participación que favorecían desde la oposición.-

Sorpresa en la encuesta Penn: el PLD supera al PRD por primera vez en 12 años

septiembre 19, 2002enero 18, 2016 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

De confirmarse esa tendencia, el PRD y su gobierno tendrán que someterse a una profunda revisión

La aparición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el primer lugar de las preferencias partidarias en la encuesta Penn, Schoen y Berland para el diario El Caribe causó sorpresa entre los observadores políticos esta semana y despertó entusiasmo entre dirigentes y militantes de esa organización.

Por sí solo el partido morado no aparecía a la cabeza de ninguna de las encuestas reconocidas desde la campaña electoral de 1990 cuando el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) perdió la hegemonía política tras su derrota electoral de 1986 y la división protagonizada por sus líderes José Francisco Peña Gómez y Jacobo Majluta.

De reconfirmarse esa tendencia en el electorado, el PRD y su gobierno tendrían que hacerse una revisión profunda para tratar de determinar las causas de una caída tan estrepitosa, apenas tres meses después de su apabullante triunfo en las elecciones congresionales y municipales de mayo pasado.

Un tremendo salto

El resultado de las preferencias partidarias en la encuesta Penn, Schoen & Berland fue publicado en la edición de El Caribe del martes 17 y se perdió un poco en medio del discurso presidencial con sus anuncios de nuevas políticas en materia de energía.

Desde luego, la publicación no pasó desapercibida ni para los peledeístas, que la tomaron con disimulado entusiasmo, ni para los perredeístas entre quienes ocasionó preocupaciones.

La pregunta fue formulada como sigue: “Dentro de dos años tendrán lugar elecciones presidenciales. Si esas elecciones tuvieran lugar hoy, pensando sólo en los partidos, y no en los candidatos, por cuál partido votaría usted?”.

El 33 por ciento respondió que votaría por el PLD y sólo el 28 por ciento por el PRD y el 19 por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). En la encuesta anterior de esa firma, en febrero pasado, el perredeísmo superó al peledeísmo 37 a 27 por ciento, lo que implica que el partido blanco perdió 9 puntos en 6 meses, mientras el morado ganaba 6 puntos porcentuales.

Este resultado difiere considerablemente del presentado por la encuesta Hamilton & Beattie para HOY, publicada a mediados de agosto pasado. En esta el PRD mantenía una cómoda ventaja de 40 a 24 por ciento sobre el PLD. Con el PRSC estacionado en 21 por ciento.

Entre el trabajo de campo de las dos investigaciones sólo mediaron tres semanas. La de Hamilton del 2 al 5 de agosto, y la de Penn del 23 al 26 del mismo mes.

Debe advertirse que las encuestas anteriores de ambas firmas fueron en la campaña electoral y que la ventaja del perredeísmo fue ratificada por los resultados de la votación del 16 de mayo.

Sólo en la campaña electoral de 1990 el PLD, con sus propias fuerzas, encabezó las encuestas sueprando ampliamente al PRD que vio sus simpatías descender por debajo del 20 por ciento. El la votación de aquel año, afectada por graves irregularidades, el partido morado registró 33 por ciento, contra 35 del PRSC que se quedó con el poder, y el perredeísmo con un repunte en los últimos días de campaña alcanzó el 24 por ciento.

Largo dominio del PRD

El PLD perdió la hegemonía en las encuestas desde finales de 1990 y no la había recuperado hasta esta de Penn. Para la segudna vuelta de los comicios de 1996, su candidato Leonel Fernández logró superar al doctor José Francisco Peña Gómez, pero ya entonces en alianza con el PRSC. En las dos de Gallup para Rumbo publicadas en junio de 1990, con registros de 55 a 44 por ciento y 50 a 49 por ciento. En la votación Fernández ganó 52 a 48 por ciento.

En la primera vuelta de las elecciones de 1996 Peña Gómez y el PRD mantuvieron el dominio en todas las encuestas. En la Gallup de marzo 42 a 37 por ciento sobre el doctor Fernández y el PLD y 46 a 37 por ciento a principios de mayo. La votación de esa primera vuelta favoreció al partido blanco 46 contra 39 por ciento. Jacinto Peynado por el PRSC, consiguió el 15 por ciento.

En la campaña electoral de 1998 el PRD mantuvo su dominio en las encuestas consideradas independientes. En la última de Hamilton para HOY, en abril de ese año, registró 43 contrra 31 del PLD y 17 del PRSC. En junio, después de su barrida electoral, el perredeísmo seguía arriba 50 contra 29 y 13 en la encuesta Hamilton.

Desde entonces el partido blanco nunca perdió a hegemonía, nituvo un resultado por debajo del 30 por ciento como en la última de Penn, mientras el partido morado se disputaba el segundo lugar con el PRSC, casi siempre por encima de este, aunque guardando corta distancia.

El resultado arrojado esta semana por la encuesta de El Caribe es tan sorprendente que habría que esperar a una próxima investigación para ver si se ratifica o fue fruto de algún error del muestreo o una expresión pasajera derivada de la protesta generalizada por la larga tanda de apagones que sublevó los ánimos populares en las últimas semanas.

De cualquier forma, la sorpresa ha causado preocupación entre los perredeístas y gran aliento en las filas de los peledeístas. Una analista del PLD se manifestó sorprendido, diciendo que nadie esperaba eso. Especialmente en cuanto a las simpatías partidarias. Porque en cuanto a las posibles candidaturas, Leonel Fernández viene registrando una gran fortaleza en las últimas encuestas tanto de Penn como de Hamilton.

El gobierno pasa su peor momento

septiembre 12, 2002enero 18, 2016 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La encuesta de El Caribe ratifica la caída en el crédito del gobierno que registró la de HOY el pasado mes

El gobierno perredeísta del presidente Hipólito Mejía atravieza por su peor momento en los comienzos de su segunda mitad, afectado básicamente por la crisis energética que ha alcanzado uno de sus peores niveles, por alzas de precios derivadas del incremento en el costo del petróleo y la devaluación del peso y por el auge de la delincuencia.

La encuesta de Penn, Schoen & Berland, publicada esta semana por el diario El Caribe, ratificó el deterioro de la imagen del gobierno que había reflejado la de Hamilton para HOY publicada a mediados del mes pasado.

Las perspectivas no apuntan a una mejoría del crédito gubernamental en lo inmediato, dado el inminente aumento en la tarifa de la energía eléctrica que se anuncia para la próxima semana, aunque a corto plazo un mejoramiento significativo de la electricidad podría reducir uno de los factores de mayor disgusto en la población.

Percepción ratificada

En líneas generales la encuesta de Penn, Schoen & Berland para el diario El Caribe ha ratificado la percepción negativa de la gestión gubernamental que había registrado la de Hamilton para HOY publicada a mediados de agosto pasado.

En la de Penn es mucho mayor el porcentaje de los encuestados que consideran que las cosas no van en dirección equivocada, al registrar un 69 por ciento, 10 puntos sobre el 59 que la anterior de la misma firma presentó en febrero pasado. Ante similar pregunta la Hamilton arrojó en agosto un 57 por ciento, 5 puntos más que su anterior en marzo.

Ambas investigaciones reflejan una mayoría de la población insatisfecha con la labor del gobierno. Mientras la de HOY registró una calificación positiva del 45 por ciento, un punto más que en marzo, la de El Caribe indica una satisfacción del 40 por ciento, 10 puntos menos que en febrero.

El pesimismo se ha reflejado por igual en las dos encuestas. En la Hamilton el 47 por ciento, 11 puntos más que en marzo, estimó que dentro de un año su situación personal será peor. La de Penn registró un 41 por ciento con expectativas peores sobre la situación del país dentro de un año, 5 puntos más que en febrero.

Los porcentajes de los que consideran que la situación será mejor dentro de un año han sido del 28 por ciento en la primera y 33 por ciento en la última, en ambos casos en reducción en relación al 34 y 45 por ciento de las encuestas anteriores.

La Penn preguntó además por la satisfacción con la labor del presidente, arrojando sólo un 42 por ciento, 6 puntos menos que en febrero.

Estas dos encuestas, junto a la de Gallup han sido las más acreditadas de las publicadas en el país en las últimas dos décadas. Casi siempre han sido cuestionadas por los gobernantes de los tres partidos mayoritarios, pero acogidas cuando han estado en la oposición.

Factores adversos

En la actual perecepción negativa sobre la gestión gubernamental está pesando preponderantemente el deterioro registrado en las últimas semanas por el servicio energético. La reducción de la oferta de electricidad por factores fundamentalmente financieros ha afectado ultimamente hasta a los sectores de clases medias y altas donde se paga el servicio, considerado entre los más caros del mundo.

En las poblaciones del interior del país y en los barrios populares los apagones han impactado tan negativamente que se han reflejado en violentas protestas, con las consiguientes represiones policiales, con saldos de muertos y heridos.

La demanda de electricidad es lo que motoriza las protestas sociales durante el gobierno perredeísta, lo que parece indicar que se está poniendo más atención a los demás servicios públicos y a la construcción de múltiples obras, como escuelas, arreglos de calles y caminos, que las motorizaron en años anteriores.

La percepción negativa está siendo impulsada también por repetidas elevaciones de precios de los combustibles, determinadas por el incremento del costo del petróleo, que en las últimas semanas ha vuelto a rondar los 30 dólares el barril, por encima de los 25 dólares que promedió en el 2001.

Se trata de un factor de origen exógeno, al igual que la pérdida de valor del peso, determinada por la recesión internacional y la inseguridad que han repercutido sobre el turismo y las exportaciones de zonas francas.

La devaluación del peso, que ronda el 12 por ciento en los dos años del actual gobierno, pero concentrada en los últimos tres meses, repercute en incrementos de precios no solo de los combustibles, sino también de todos los productos importados.

Las quejas sobre el aumento en el costo de la vida son mayúsculas, pese a que el país registró en el último año una de las tasas de inflación más bajas en mucho tiempo, de apenas 4 por ciento, y sólo 2 por ciento en la primera mitad del año.

El esfuerzo de las autoridades por contener la devaluación ha conllevado restricciones monetarias que a su vez se reflejan en aumentos de las tasas de interés, con el consiguiente encarecimiento del dinero y contracción de la inversión, lo que deviene en desempleo.

Con los Estados Unidos en pie de guerra, las perspectivas internacionales son negativas, manteniendo elevados los precios del petróleo y generando pesimismo sobre el futuro inmediato.

Otro factor que está incidiendo en la visión pesimista de la población es el incremento de la delincuencia. Hay tendencias a magnificarla cuando se producen hechos a los que el país no está acostumbrado como el secuestro del empresario Capellán o los ajustes de cuentas entre narcotraficantes. Aunque la Policía ha logrado con asombrosa rapidez determinar los autores de los más conmocionantes hechos delictivos.

Esperado discurso presidencial

Las perspectivas en lo inmediato no son halagueñas si se tiene en cuenta que ya está anunciado un aumento en la tarifa de la energía eléctrica, que algunos medios informativos han magificado, llegando a estimarlo hasta en 100 por ciento.

Los informes más realistas parecen cifrarlo entre 20 y 30 por ciento, pero suficiente para generar nuevas inconformidades y protestas. Las autoridades hacen esfuerzos porque el aumento no castigue a los sectores de menores ingresos y consumo. Pero mientras tanto, las expectativas son negativas.

El discurso presidencial anunciado para el martes 17 versará sobre la renegociación de los contratos con los generadores de electricidad, lo que a corto plazo deberá traducirse en una notable mejoría del servicio, pero conlleva el fin del subsidio del gobierno por el sobreprecio del petróleo que ha predominado desde comienzos del 2000.

Los efectos negativos que se debieron dispersar a lo largo de los últimos dos años y medio por la elevación del costo del petróleo, podrían sentirse ahora de golpe, agravando la inconformidad social.

Se espera que el presidente Mejía disponga algunas medidas de compensación para los sectores de menores ingreos, pero el aumento del costo de la electricidad se reflejará en los sectores medios y altos y en los industriales, comerciantes y establecimientos de servicios.

Más allá de las medidas compensatorias, que no podrán ser muchas, el gobierno tendrá que apelar a la creación de un clima de mayor conciliación en los ámbitos políticos, eliminando factores de irritación y confrontación. Al respecto podría apelar a una negociación para elegir una Junta Central Electoral con algún grado de consenso político y social.

Por demás, los estrategas gubernamentales tendrían que hacer un mayor y sistemático esfuerzo para explicar a la población que muchas de las dificultades coyunturales son fruto de un ámbito económico y político internacional poco propicio, que ha puesto en apuros mayores a la generalidad de las economás latinoamericanas.-

La OEA no puede intervenir en la elección de la JCE

septiembre 5, 2002enero 18, 2016 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El PRD y su gobierno no podrán ignorar el clamor nacional por jueces de consenso

El propósito del Partido de la Liberación Dominicana de llevar una instancia ante la Organización de Estados Americanos para que medie ante el Senado a fin de que elija por consenso los jueces de la Junta Central Electoral (JCE) resultará fallida ya que ese organismo carece de facultad para intervenir preventivamente en los asuntos internos de sus estados miembros.

El anuncio peledeísta podrá pasar como mecanismo de presión, pero carece de fundamento y de ser materializado dejará mal parados a sus promotores que deberían conocer los mecanismos operativos del organismo interamericano.

El esfuerzo del PLD debería concentrarse en fortalecer la opinión pública nacional en torno a la demanda, especialmente de los partidos de oposición y de las instituciones sociales como de los medios de comunicación, siendo obvio que el PRD no podrá imponer su voluntad a menos que quiera sumir el país en una crisis política que dificultaría la gobernabilidad.

Sorprendente propuesta

El Comité Político del PLD sorprendió esta semana con el anuncio de que enviará a Washington una comisión de sus dirigentes para gestionar la mediación de la OEA para persuadir al Senado de que escoja los jueces electorales en consenso con los partidos y la sociedad civil.

La sorpresa se fundamenta en que en el partido morado hay numerosos dirigentes, comenzando por el expresidente Leonel Fernández, que conocen los mecanismos operativos de esa institución hemisférica.

Es casi imposible que se pueda invocar preventivamente la Carta Democrática Interamericana suscrita en Washington el 11 de septiembre del año pasado. El documento establece acciones colectivas frente a violaciones de la institucionalidad democrática, que en este caso no se han producido.

La OEA no podría ni siquiera enviar una misión de observación sin contar con una invitación formal del Estado dominicano, que es miembro de pleno derecho. Ese requisito es requerido para las observaciones electorales de rutina.

Ni la secretaría general ni ninguno de los órganos del sistema interamericano pueden ser puestos en movimiento por una simple petición de un partido basada en una presunción. Difícilmente pudieran establecer un precedente semejante, pues se encontrarían frecuentemente ante peticiones similares provenientes de numerosos países.

Y aún si el Senado ratificara los actuales jueces electorales o escogiera otros sin consenso, no sería suficiente para movilizar los órganos del sistema interamericano. Lo primero que preguntarían es si la decisión legislativa estuvo fundada en la Constitución de la República. Menos aún si se trata de una elección avalada por 29 de 31 miembros de un órgano legislativo.

Hay que tener presente que esos legisladores fueron fruto de un proceso electoral reconocido por la misión de observadores de la OEA como limpios y transparentes, particularmente en lo que corresponde a la gestión del tribunal electoral.

El mayor reconocimiento que hicieron los observadores internacionales a los procesos electorales organizados por las actuales autoridades electorales, es que todas sus decisiones fueron adoptadas en consulta con los partidos políticos.

Las irregularidades registradas en los comicios de mayo pasado fueron irrelevantes tanto en la tradición como en el actual contexto interamericano y los organismos internacionales tomaron nota de que la JCE anuló los cientos de votos que se demostraron fruto de tramperías o deficiencias locales.

Legítima aspiración

Lo que no parece discutible es la legitimidad de la aspiración del PLD, como de la generalidad de los partidos políticos y de numerosas instituciones sociales, de que los jueces electorales sean fruto del consenso y expresión de la pluralidad política democrática.

Esa aspiración seguramente sería compartida en cualquier ámbito democrático internacional, aunque no pueda originar una mediación, si no se vulneran los principios constitucionales y los preceptos legales.

En el debate que lleva ya más de un mes, el PRD y sus legisladores se han quedado práticamente solos en el propósito de ignorar al resto de la comunidad política en la conformación del tribunal electoral.

La generalidad de los medios de comunicación, y los líderes religiosos, empresariales, así como las instituciones sociales más comprometidas en el proceso de afianzamiento democrático han reivindicado el consenso con que fueron integradas las juntas electorales que presidieron los doctores César Estrella Sahdalá y Juan Sully Bonnelly.

En ambas ocasiones predominó el principio de que los árbitros electorales deben ser aceptables para la mayor parte de los competidores por encima del mandato constitucional que otorga al Senado la facultad de elegirlos.

El consenso quedó roto en 1998 cuando fue electa la junta que preside el doctor Ramón Morel Cerda. En esa oportundiad la opinión pública se dividió, ya que el gobierno del PLD acababa de elegir los integrantes de la Cámara de Cuentas días antes de que correspondiera, con los legisladores que llegaban a su fin, escamoteándole el derecho a los entrantes donde el PRD tenía mayoría absoluta.

También se dio en el contexto en que los peledeístas habían sonsacado una decena de diputados perredeístas para impedir que asumieran la presidencia de la cámara baja.

En otras palabras que fueron los gobiernistas, con respaldo de los reformistas, quienes dificultaron el consenso al ignorar la mayoría perredeísta.

La indulgencia ante la revancha del Senado controlado por el PRD fue posible en parte porque ese partido no controlaba el gobierno y en consecuencia sus posibilidades de manipulación electoral eran menores. Ello no evitó una crisis que afectó a la JCE durante más de medio año y para superarla hubo que realizar negociaciones.

En primer lugar, la propia JCE apeló a la asistencia de la sociedad civil y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) para que dieran seguimiento al proceso organizativo de las elecciones y auditaran el padrón electoral fotográfico entonces en proceso de conformación.

Por otro lado, el PRD y sus senadores tuvieron que terminar negociando con el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para adicionar dos nuevos jueces al tribunal electoral propuestos por estos. En otras palabras que después de la crisis siempre hubo que concertar.

El PRD no puede solo

La experiencia de 1998 demostró que el PRD no pudo mantener la JCE que eligió sin consenso y que tuvo que concertar con la sociedad civil y los otros dos partidos mayoritarios.

En la coyuntura actual hay diferencias importantes que harían más crítica una elección de jueces electorales solo por los perredeístas. Primero porque ahora el PRD controla no solo el Senado, sino también el Poder Ejecutivo. Y porque ahora tiene la mayor responsabilidad en el rumbo del Estado, y en la creación de un clima de convivencia política que auspicie la gobernabildiad.

Las dificultades por las que atravieza la economía nacional, presionada por graves factores internacionales, las crecientes protestas por los apagones y el aumento de la delincuencia y la violencia demandan un mayor esfuerzo de concertación desde el gobierno y no auspician la confrontación generadora de desconfianza.

Nadie le puede pedir al PRD que renuncie a la mayoría legislativa que le otorgó elelectorado. Pero sí que tome en cuenta al resto de la sociedad política y civil y a la opinión pública en materia tan sensible como la elección de jueces electorales.

El radicalismo, en algún grado injusto, con que algunos sectores de la oposición enjuician a los actuales jueces electorales dificulta el consenso, pero obliga a transaciones en aras de la convivencia democrática y el mantenimiento de la confianza en la institucionalidad electoral.

Hay indicios claros de que tanto en el PRD como en el gobierno hay dirigentes influyentes que están conscientes de que se precisa algún grado de consenso para elegir los jueces electorales y evitar una crisis política.

Para que los perredeístas puedan salir con las suyas tendrían que conseguir el apoyo por lo menos del PRSC. Se descarta que lo consigan con el PLD ni con las instituciones más políticas de la sociedad civil.

Si se mide por los pronunciamientos de los dirigentes reformistas ese apoyo no está fácil de lograr. No ha habido un solo de los colorados influyentes que no se haya pronunciado a favor de la concertación para integrar la jueva JCE. Algunos se cuentan entre los radicales en el rechazo a la continuidad de los actuales jueces.

Desde luego, en aras del consenso no sería conveniente una renovación total del tribunal de elecciones, que tampoco sería justo.

Por el momento, en vez de gestiones internacionales, lo que tienen que tratar los peledeístas es de concentrar su esfuerzo en un amplio frente en pro del consenso, haciendo difícil que el sector reformista colaboracionista del gobierno pueda inhibirse o transar.

Sin los reformistas ni los peledeístas el PRD y sus senadores tendrán que negociar. Si persisten en su propósito de imponerse no sólo desatarán una crisis política, sino que contribuirán al acercamientro PLD-PRSC, lo que a mediano plazo puede ser una péxima inversión política.-

El PRSC podría quedar preso del culto al poder

agosto 2, 2002enero 18, 2016 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La última encuesta registra que el PRD y Leonel Fernández seguirían siendo fortalezas para las elecciones presidenciales

El Partido Reformista Social Cristianlo (PRSC) tendrá que apurar el paso si quiere estar en la competencia de la elección presidencial de mayo del 2004, para la cual van quedando sólo 21 meses, dadas las fortalezas que mantienen los otros dos partidos mayoritarios.

En la última encuesta sobre preferencias políticas, la Omnimedia-Gallup publicada en las últimas dos semanas por la revista Rumbo, resalta que el Partido Revolucionario Dominicano(PRD) se mantiene en un sólido primer lugar en las preferencias partidarias y que el expresidente Leonel Fernández es una lína dura por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Aunque hay mucha vocación entre el liderazgo reformista para trillar su propio camino, ese partido podría quedar preso de una cultura de reverencia y negociación frente al poder, lo que le impediría cosechar el descontento natural que genera toda gestión gubernamental en países de una gran deuda social acumulada, imposible de saldar en corto plazo.

Diferencias en el PRSC

Apenas se va disolviendo en la memoria colectiva la muerte del doctor Joaquín Balaguer cuando se han expresado públicamente importantes divergencias en su seno, lo que podría dispersar sus energías e impedirle retomar la ofensiva de cara a las elecciones presidenciales del 2004, para las cuales ya solo restan 21 meses y dias.

Está pendiente el tránsito a la institucionalización del partido colorado, mientras se hace notable que algunos de sus dirigentes persistirán en poner por delante del interés partidario sus negociaciones personales o grupales, como fue la práctica de los tiempos finales del doctor Balaguer.

Entonces daba resultado porque el caudillo tenía unos poderes acumulados, magnificados por una mitología que casi lo presentaba como inmortal. Pero con su desaparición el PRSC tendría que jugar a la fortaleza institucional o correr el riesgo de la dispersión, ya que el fenómeno Balaguer es irrepetible y ni siquiera hay ahora mismo un líder que pueda aglutinar por sí solo todo el partido.

Eso tampoco ocurre ahora en los otros dos partidos mayoritarios, que han tenido que realizar importantes ajustes y aplazar ambiciones y negociaciones personales en aras de la unidad y para mantenerse como opciones de poder.

Es relevante que las reuniones de los máximos dirigentes reformistas sigan siendo convocadas en la residencia del recién fallecido líder. Como si pudiera prolongarse su desinstitucionalización o como si no tuviesen ninguna prisa en emprender el escabroso camino de la reorganización, con miras a la consagración de un liderazgo colectivo y el posterior lanzamiento de un candidato presidencial.

La prueba inmediata para el PRSC es la elección de candidatos o candidatas a presidir la Cámara de Diputados y la Liga Municipal Dominicana, ya que se da por hecho que no podrán resistir la tentación de mantener esos reductos de poder, para lo cual cuentan con ofertas de los otros dos partidos, especialmente del gobierno.

Ha quedado de manifiesto que varios de los aspirantes a esos cargos están buscando respaldo fuera del partido a su cuenta y riesgo individual, lo que debilita las posibilidades de negociación del colectivo político.

Por de pronto la doctora Rafaela Alburquerque ha dicho que el doc tor Balaguer le dejó una chiva amarrada para que continuara en la presidencia de los diputados. Por su parte Rafael Bello Andino, el presidente en funciones del partido, sostuvo que “hay un compromiso” para llevar a Miguel Sanz Jiminián a la secretaría general de la Liga Municipal.

Ambos planteamientos han sido cuestionados por otros dirigentes del partido colorado que creen que, al igual que como ocurrió con el porcentaje para la elección presidencial, esas decisiones deben ser adoptadas por Comisión Nacional Ejecutiva.

El culto al poder

Uno de los más agudos dirigentes reformistas decía en estos días que entre sus “compatriotas” predomina un cierto culto al poder que los lleva a querer estar bien con los que gobiernan. De tanto tiempo que han pasado cerca de las fuentes del poder político se han acostumbrado a negociar con éste y les resultará difícil otra cosa que no sea atender las ofertas a las que está presto el presidente Hipólito Mejía en aras de su gobernabildiad.

Al mandatario y su partido le conviene también mantener las mejores relaciones con el PRSC por los dos años de mandato que le restan y para dificultar una alianza de este con el PLD en una eventual segunda vuelta electoral en el 2004. Satisfaciendo aspiraciones políticas y personales se ganan aliados dentro del partido colorado para la hora en que deba inclinarse la balanza.

Desde luego, los que aspiran a un partido sólido y competitivo, que les permita algo más que recibir migajas del poder, favorecen posiciones más independientes y contestatarias frente al gobierno. Algunos llegan a considerar que lo más conveniente para el crecimiento del partido sería no pactar absolutamente nada con el gobierno y lanzarse a competir con el PLD por el liderazgo de la oposición con miras a capitalizar insatisfacciones.

Otros valoran la necesidad de mantener las fuentes de poder y empleos que suponen la presidencia de la Cámara de Diputados y la Secretaría general de la Liga Municipal, con las que se pueden satisfacer parte de las demandas más urgentes de los cuadros medios y bajos del partido.

Además influye la posibilidad de mantener y obtener contratas gubernamentales para obras y suministros que habrían sido de los nidos en que se mantenían algunas de las chivas amarradas en más de un ámbito reformista.

Las elucubraciones al respecto abundan en estos días entre los reformistas y las preocupaciones aumentan en la medida en que se incrementan las protestas sociales, que han caracterizado el curso de las últimas dos semanas, especialmente por los apagones y el desproporcionado incremento en el costo del peaje de las carreteras.

La fuerza de Leonel

Lo que más llamó la atención de los resultados de la última encuesta de Gallup Dominicana para Omnimedia fue la fortaleza mostrada por el expresidente Leonel Fernández, quien desde hace tiempo ha expresado su decisión de buscar la postulación presidencial por el PLD para el 2004.

Fernández aparece empatado con el presidente Mejía, cuando a los encuestados se les puso elegir entre ellos dos, en caso de que fueran candidatos. El líder peledeísta registró un 46.1 por ciento, apenas fracciones menos que el 46.5 atribuido al perredeísta.

La ventaja de Fernández es inmensa en relación a otros 5 potenciales candidatos del PLD, cuando se preguntó al universo cuál de ellos podría ser un buen presidente. Registró 31.3 por ciento y el que más cerca le quedó fue Jaime David Fernández con 6.8.

Entre los encuestados que se declararon peledeístas la ventaja del exmandatario es mucho mayor, con un 56.4 por ciento contra 10.1 de Fernández Mkirabal y 7.4 de José Tomás Pérez.

Cierto que hasta el momento de la encuesta ningún peledeísta había manifestado disposición a disputarle la candidatura presidencial a Leonel Fernández, lo que ha hecho recientemente Jaime David. Habría que esperar otra encuesta a ver si esa decisión cambia el curso de las preferencias electorales al interior del partido morado, cosa que muchos dudan, al menos para la coyuntura del 2004.

Y el PRD se mantiene

Para hacer menos optimistas las perspectivas del PRSC, la última encuesta publicada señala que el PRD se mantiene como la primera fuerza política nacional, ñpese al desgaste del poder y a las divergencias que lo han afectado en relación a la reforma constitucional.

Los encuestadores pidieron marcar el partido de su preferencia en una boleta que podían introducir directamente a una urna. El 44 por cierto marcó al partido blanco, el 24.8 al PLD y el 18.7 al colorado. Ese porcentaje está inclusio por encima de los registros perredeístas en muchas de las encuestas de los últimos años, que han rondado el 40.

Como viene ocurriendo desde 1995, el PRSC ocupa el tercder lugar en las preferencias electorales, con cinco puntos por debajo del PLD, diferencia que podría ser descontada tan pronto los colorados puedan presentar una opción presidencial sólida y verse nuevamente como una opción real de poder.

Pero mientras tanto los resultados de esa encuesta han sido subrayados por los que en el partido colorado ven más allá de la curvita de la Paraguay, conscientes de que cada semana que desperdicien sin meterse en la competencia, es un punto de retroceso. La conclusión la expresan en privado algunos dirigentes que consideran urgente devolver el partido a su local, implementar reuniones semanales de la Comisión Ejecutiva, dar luz verdde a los grupos de trabajo, especialmente a la comisión técnica, y fijar un calendario para elegir el candidato presidencial.

Ese calendario pasa por unas votaciones primarias que legitime con la mayor transparencia un potencial nuevo liderzgo del partido. Aunque Jacinto Peynado, el reformista más favorecido por las encuestas de los últimos años, ha propuesto que el candidato presidencial sea escogido mediante una encuesta.

Otros, como Federico Antún, creen que la encuesta deberá determinar los precandidatos, pero que el voto de las bases es la garantía de legitimdiad y solidez de la candidatura y requisito fundamental para iniciar la nueva etapa democrática del partido.

Todos, sin embargo, están convencidos de que el próximo gran desafío lo representa la decisión sobre la Cámara de Diputados y la Liga Municipal, que en alguna medida marcará también la actitud reformista en torno a la elección de los jeuces electorales. Para lo primero y lo tercero faltan apenas dos o tres semanas.-

El parto de los montes o el fracaso de una reforma

julio 20, 2002enero 18, 2016 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Tras 19 meses de esfuerzos por imponer una reforma sectaria de la Constitución de la República, pasando por encima de los principos y de los compromisos contraídos con la democracia y la participación, el resultado de la Asamblea Revisora no ha podido ser más aleccionador: la mayoría perredeísta del Congreso y el gobierno ha cosechado un resultado pírrico.

Una vez más el único reivindicado fue el doctor Joaquín Balaguer, cuyos seguidores negociaron con el gobierno para hacer aprobar una reelección que el presidente Hipólito Mejía rechaza, y luego le sacaron los pies a la hora de “reivindicar” la memoria de José F. Peña Gómez, ratificando la mayoría absoluta para elegir el presidente de la República.

Ese resultado ratifica que ya no es suficiente disponer del poder del gobierno y de las mayorías congresionales ni utilizarlo sin ningún escrúpulo para imponerse al resto de la sociedad, y debería frenar los impulsos de quienes creen que ya no deben consultar ni a su propio partido.

El fracaso sabatino

Aunque todos los cálculos indicaban que sin los votos reformistas no era posible conseguir las dos terceras partes necesarias para aprobar la reducción del porcentaje para elegir el Presidente de la República, los oficialistas se pricipitaron y ni por cortesía quisieron esperar el final del duelo por la muerte del expresidente Joaquín Balaguer.

Llegaron a la Asamblea pretendiendo imponerse, sin calcular suficientemente las consecuencias que tendría para su crédito y la gobernabildiad que pasaran una reforma contra los dos partidos mayoritarios y una parte del tercero, que a la vez había sido rechazada por gran parte de la sociedad civil y de la opinión pública.

Se había previsto que aún descontando los 12 legisladores peledeístas “conquistados” a las posiciones oficialistas, resultaba imposible aprobar la reducción del porcentaje para la elección presidencial, porque los reformistas ya no podían seguir ayudando al grupo gubernamental. El resultado de 100 votos a favor y 62 en contra no dejó duda. Aún hubiesen asistido todos los legisladores y votaran por ese cambio, no habrían reunido los dos tercios. 60 votos lo impedían.

La asamblea no pudo ser más caótica y degradante. Se pudo ver por televisión cómo los senadores y diputados se conducían a gritos mientras el grupo oficialista realizaba maniobras desesperadas tratando de imponerse. Repitieron una votación para obtener un resultado más desfavorable.

Primera victoria

Para el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) el resultado de este sábado fue su primera victoria tras la desaparición de su caudillo. Ratificaron su vocación por la supervivencia más allá de las negociaciones que se atribuyeron a algunos de sus representantes y a miembros del anillo balaguerista.

La dicotomía había quedado clara desde hacía varias semanas. Unos favorecían la reducción del factor de elección presidencial buscada por los oficialistas, la gran mayoría estaba en contra. El jueves 11 el vicepresidente ejecutivo del partido, Rafael Bello Andino, había instruído para que se transaran por el 45.

Tras la aprobación de la reelección presidencial y la eliminación de los colegios cerrados, esto último de universal consenso, la noche del sábado, sobrevino apenas 7 horas después la muerte de Balaguer. Ahí quedó decretado el fracaso en lograr la reducción del porcentaje, que era “la reivindicación peñagomista”, según los oficialistas.

Es que ahora sin Balaguer, el PRSC no podía facilitar al PRD un triunfo en los próximos comicios, fuera o no con reelección, y peor si la había. Si alguien lo sabía de sobra eran los colorados, conocedores a fondo de las ventajas que proporciona el ejercicio del poder a la hora de hacer campaña como de contar los votos.

El mantenimiento de la myaoría absoluta para elegir presidente era ahora fundamental para la supervivencia del PRSC como factor de poder. Si quedan en un segundo lugar en los comicios del 2004, saben que pueden contar con los voto del Partido de la Liberación Dominicana, no sólo por la deuda contraida en 1996, sino y muy especialmente por las contradicciones irreconciliables entre los dos partidos fundados por Juan Bosch.

Y si quedan en tercer lugar, los reformistas serían los de las llaves decisorias, conscientes de que si en el 2000 Hipólito Mejía y el PRD no llegaron a la mayoría absoluta en los próximos comicios podría ser más difícil, por el desgaste del poder. Ya entonces el PRSC no tiene que ser tan generoso como en 1996, habría que negociar con ellos bajo términos de conveniencia mutua.

Si había reformistas comprometidos con los oficialistas como se dice, estos podían alegar que ya ellos cumplieron con lo de la reelección presidencial y que las nuevas circunstancias los obligaban a retroceder, pues no se podían suicidar. Además de las inconveniencias que para los promotores significaba aparecer desde ya dividiendo al PRSC.

Una clara mayoría reformista consideraba fundamental mantener el 50 más uno, asumido como consigna de superviviencia desde el mortuorio mismo hasta la sepultura de Balaguer.

Una última maniobra tendiente a detener la avalancha reformista se produjo la mañana del viernes, horas antes de la reunión donde la Comisión Ejecutiva y los legisladores resolverían la posición a seguir en la Asamblea Revisora. Se corrió la versión de que la reunión había sido suspendida por el duelo.

Inmediatamente algunos dirigentes se movilizaron y a las 10 ya tenían logrado que más de la mitad de los miembros de la Comisión firmara un documento reclamando el mantenimiento del factor de elección. Y como quiera acudieron a la convocatoria. El resultado fue que si habia alguien dispuesto aún a jugar el papel de los oficialistas, no pudo siquiera sacar la cabeza.

Resultado pírrico

Para los promotores de esta reforma constitucional el resultado final no pudo haber sido más pírrico, después de una lucha que comenzó con la aprobación senatorial del 11 de diciembre del 2000, es decir que abarcó más de un año y 7 meses.

Les costó una profunda división entre los legisladores del mismo partido gobernante y colocar las primeras contradicciones entre gobiernistas y dirigentes perredeístas, pasando por encima de la Comisión Política y de la presidencia del partido. Sin ni siquiera una discusión formal entre los integrantes de los bloques del PRD en ambas cámaras.

Así mismo les costó una distancia con los sectores de la sociedad civil que antes consideraban aliados, sobre todo en materia de reformas institucionales, legales y constitucionales, a los que burlaron y han comenzado a despreciar y a desconsiderar.

Ridiculizaron al propio presidente Mejía y a Hatuey de Camps, firmantes del Pacto para la Reforma Constitucional del 27 de septiembre del 2001, junto al PLD y el PRSC, echado al safacón por funcionarios subalternos del mandatario y por legisladores de su grupo dentro del PRD, el llamado PPH.

El sector oficialista llevó al PRD a renunciar a principios que le eran fundamentales y en el que sus fundadores y líderes habían consumido tantas energías, como el de la no reelección presidencial.

Se aducía como explicación a la precipitada e inconsulta reforma constitucional que era fundamental “reivindicar a Peña Gómez”, eliminando la mayoría absoluta impuesta en la reforma de 1994 por la alianza PLD-PRSC para impedir que el líder perredeísta alcanzara la presidencia en la primera vuelta.

En efecto, esa reforma tuvo esa intención y la logró. Pero además se hizo sin el consenso del PRD, y violando un acuerdo previo, firmado incluso en un proceso auspiciado por la Fundación Siglo 21, que buscaba instituir la doble vuelta con un porcentaje de 40 por ciento para ganar en la primera.

En el proceso de promoción de la reforma, los oficialistas tuvieron que ir reduciendo sus expectativas. Primero no pudieron colar la prolongación del actual Congreso y luego tuvieron que abandonar las pretensiones de eliminar la inamovilidad de los jueces. Con el agravante de que ahora no consiguieron reducir el factor de elección presidencial.

El que mucho abarca…

Aunque por debajo se sentía, la reelección no figuraba al principio como objetivo de la reforma. Fue introducida con fuerza después del pacto firmado en septiembre, promovido por sectores de la sociedad civil como transacción para que fuera una constituyente por elección popular la que se abocara a una reforma profunda de la Carta Magna.

Los cuatro puntos a modificar, de acuerdo al pacto de septiembre, fueron de consenso en la amplia comisión integrada por decreto presidencial que entre abril y agosto discutió sobre la forma y el fondo de la reforma.

Esa comisión iba más lejos en cuanto al factor de elección, pues favoreció la fórmula argentina del 45 por ciento minimo, pero también con el 40 si había una distancia mayor del 10 por ciento entre los dos más votados en una primera vuelta. O sea, que de entrada reducía 5 puntos al mínimo requerido. Nadie se opuso ni en la subcomisión que recomendó esa fórmula ni en la plenaria de la comisión que la aprobó.

EL PLD y el PRSC, la favorecieron tanto en la comisión como en el pacto firmado en el Palacio Nacional. Hubiese resultado mejor a los oficialistas que lo conseguido en la Asamblea Revisora que acaba de concluir, pero fueron ellos los que echaron a la basura el acuerdo del 27 de septiembre. Es decir, al romper el consenso, al querer imponerse y abarcar más de lo posible, sembraron las semillas para este parto de los montes.

En el acuerdo figuraba la eliminación de los colegios cerrados, la elección de los representantes al Parlamento Centroamericano, ahora nombrados por el Poder Ejecutivo, en contradicción con los reglamentos de ese organismo, y la institución de la Asamblea Constituyente por elección popular, misma que figuró en los programas de gobierno del PLD y el PRD y en los discursos de José Francisco Peña Gómez.

Lo que no figuraba era la reelección presidencial que es el único galardón de los promotores, con el absurdo de que no les servirá para nada, dadas las persistentes afirmaciones de Hipólito Mejía de que no se repostulará en cumplimiento de los principios y compromisos perredeístas.

Para quién habrán trabajado los promotores de la reforma es la preguna generalizada este fin de semana. Por de pronto reivindicaron a Balaguer y renegaron de Peña Gómez, y abrieron una puerta al continuismo que a lo mejor se use contra ellos en el futuro. Sería lo que se llama atajar para que otro enlace.-

El PRSC en la hora de los hornos para sobrevivir sin su gran caudillo

julio 11, 2002enero 18, 2016 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Con el último gran caudillo del siglo pasado agotando sus hálitos de vida residuales, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) afronta el desafío de la sobrevivencia que en circunstancias parecidas han rebasado recientemente con éxito los otros dos grandes partidos dominicanos.

Contrario a lo que muchos piensan el partido colorado tiene amplias posibilidades de sobrevivir a su líder histórico, debido a su vocación de poder y al arraigo en amplias capas populares y de los sectores conservadores carentes de otros instrumentos políticos eficientes en la representación de sus intereses.

Aún cuando el doctor Joaquín Balaguer pueda rebasar la crisis de salud en que está sumido, sus precariedades existenciales quedarán tan expuestas que le resultará difícil reunir el consenso necesario para seguir predominando absolutamente en el rumbo de su organización política, por lo que su relevo será cuestión de semanas o meses.

JB: Irremisible final

El drama que se vive en la clínica Abréu de esta capital, donde media docena de médicos luchan infatigablemente por mantener en vida al doctor Joaquín Balaguer, está marcando el final de una prolongada etapa de la historia dominicana.

Con el eclipse del caudillo reformista se completará el relevo de los grandes líderes que dominaron el escenario político dominicano tras la liquidación de la tiranía de Trujillo. José Francisco Peña Gómez partió hace 4 años y lo mismo hizo hace 8 meses el profesor Juan Bosch.

Aunque muchos lo ponían en duda, los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD), lograron sobrevivir con un efectivo relevo de sus líderes logrando ambos alcanzar el poder en la primera prueba electoral a que se sometieron.

Para el PRSC el desafío será mayor, puesto que Balaguer ha ejercido un liderazgo más absolutista y sus seguidores le han sido más incondicionales que aquellos que crecieron a la sombra de Peña Gómez o Juan Bosch.

Balaguer es mito y leyenda, siendo el político contemporáneo de mayor prolongación en vigencia en cualquier parte del mundo. Sus inicios en la política se inscriben en el período de la intervención norteamericana de 1916-24, y se le atribuye la redacción del manifiesto con que fue derrocado el presidente Horacio Vásquez en 1930, dando origen a la tiranía trujillista.

Ello implica por lo menos 72 años de significativa presencia en la política nacional, especialmente en los últimos 45, a partir de su elección como vicepresidente de la República en 1957, habiendo sido juramentado 7 veces para ejercer la presidencia de la nación, las tres últimas después de haber perdido la visión.

Más relevante aún ha sido su capacidad para mantenerse vigente como árbitro y centro de la vida política nacional, ejerciendo una influencia sin precedente para un hombre que se aproxima al siglo de existencia.

Pero aunque por momentos se le ha considerado poco menos que inmortal, con 96 años de edad, ciego, incapacitado para caminar y ahora gravemente enfermo, Balaguer parece haber completado su ciclo de utilidad política partidaria, constituyéndose en un pesado fardo para las posibilidades de su partido.

Inaplazable relevo

Aferrado a la existencia, el expresidente podrá sobrevivir a las úlceras estomacales sangrantes que lo postran, pero su imagen de indoblegable quedará maltrecha en la percepción general y especialmente de los dirigentes de su partido que pretenden mantener vigencia en el quehacer político nacional.

La crítica situación en que sobrevive Balaguer acentúa la tendencia que se desarrolla en su partido en las últimas semanas a iniciar su definitivo relevo, reivindicando la vigencia de los organismos de dirección partidaria, especialmente la Comisión Ejecutiva, ampliada hace justamente un año de 15 a 50 miembros. Balaguer no ha ejecutado la decisión, dejada en sus manos, de llevarla al centenar.

El 1 de julio del 2001, durante una tumultosa reunión del directorio central del PRSC, Balaguer dio su último golpe de mano, dejando fuera de los mecanismos de control a los dirigentes que más independencia estaban mostrando. Colocó como primer vicepresidente a su secretario incondicional de medio siglo Rafael Bello Andino, y en la secretaría política a uno de sus nuevas estrellas Johnny Jones.

Federico Antún, Donald Reid Cabral, Guillermo Caram, Angel Lockward, y otros que se mostraban diligentes en asumir el mando del partido fueron relegados a posiciones de menos incidencia. Ese movimiento frenó el vigor con que venía reconstituyéndose el partido colorado y la incidencia que los desplazados estaban logrando en la opinión pública, junto a Jacinto Peynado y Carlos Morales Troncoso, los dos reformistas de mayor porcentaje en las encuestas de preferencias electorales de los últimos años.

En las encuestas Hamilton para HOY de abril, agosto y diciembre del 2001, Peynado ha figurado a la cabeza como preferido para la próxima candidatura presidencial con porcentajes de 47, 53 y 49 por ciento. Morales Troncoso registró 23, 21 y 24 por ciento. En tercer lugar Quique Antún con marca de 17, 14 y 14 por ciento.

En la medida en que en las últimas semanas trascendía el deterioro de la salud de Balaguer se replanteaba en su partido la necesidad de una mayor incidencia de sus organismos y de iniciar un proceso de cara al desafío electoral del 2004. El aumento relativo de la votación reformista en los comicios de mayo, cuando duplicó su número de diputados, síndicos y regidores, alentó la tendencia.

Tránsito inverso

Quique Antún, autor de un Plan Trinel (2002-2003) “Para la renovación, Modernización y Fortalecimiento del PRSC”, publicado en un libro de 440 páginas, plantea que el dilema reformista es “lograr un proceso de transición que no sea traumático y que posibilite, al igual que lo hizo el PRD y el PLD, sobrevivir, fortalecerse y ganar”.

El dirigente reformista considera que desde 1994, cuando la reforma constitucional decretó el final presidencial de Balaguer, su partido pasó a ser un instrumento de poder y de negociación, en vez de un proyecto de poder.

El desafío actual es hacer el tránsito inverso, abandonando el papel de comodín del PLD y el PRD para reconstituirse en opción de poder. Muchos temen que si no lo hacen para el 2004, podría resultarle tarde para cuatro años después.

Los reformistas son conscientes de que tienen varios dirigentes acreditados como potenciales presidentes de la nación y que los sectores conservadores de la sociedad los ven como alternativas al populismo perredeísta. Se suman una base popular todavía sólida, bastante distribuida por la geografía nacional, y una gran vocación para el poder en sus estamentos altos y medios.

También expresan convicción de que el PLD se constituye progresivamente en una fuerte competencia nacional, especialmente en los influyentes y poderosos sectores conservadores. De ahí también la necesidad de apresurar la reactivación del partido, independientemente de la suerte del gran líder.

Cuando se les pregunta sobre la posibilidad de fraccionamiento y dispersión al final del imperio de su caudillo, la generalidad de los dirigentes reformistas expresan firme convicción de que sobrevivirán unidos. “Habrá convulsiones o tal vez conmociones, pero lograremos cierto entendimiento”, expresó un influyente.

Rescatar identidad

Una preocupación común a los reformistas es la necesidad de rescatar su propia identidad, sarandeada en los últimos 8 años por las negociaciones y colaboraciones primero con el PLD y ahora con el PRD.

En ambos casos cargos gubernamentales, contratas y otros favores han repercutido al interior del partido y en sus posiciones. Hay quienes sostienen que de la actual colaboración con el gobierno algunos reformistas están obteniendo beneficios personales, amparados en el agotamiento de las energías y capacidades del caudillo.

Aún cuando Balaguer sobreviva a sus actuales precariedades, muchos dirigentes de su partido entienden que urge sacar el partido de su casa para comenzar a reconstituirlo. Pero reconocen que el proceso es difícil y que tropieza con la lealtad hasta la muerte de los más cercanos al líder y con el “egoísmo y el recelo” de muchos, además de que todavía quedan quienes creen que pueden constituirse en líderes por el dedo o la voluntad del caudillo.

Ninguno de los que constituyen el anillo personal de Balaguer jamás han aparecido en una encuesta como favoritos para ser candidatos o presidente. De Bello Andino se dice que es calculador y como no es intransigente, sabrá conducirse en la transición. A Aníbal Páez se le atribuyen habilidades políticas y más iniciativa y contar con dos de los más relevantes dirigentes de la última camada reformista: Johnny Jones y Ramón Rogelio Genao. Pero a éstos se les ve vocación para la política e inteligencia para mantener sus expectativas.

La supervivencia del reformismo radica en la capacidad para el entendimiento que muestren Morales Troncoso, Peynado y Antún, además de Guaroa Liranzo, José Hazim, Guillermo Caram, Liselotte Marte y Luis Toral, además de los mencionados en el párrafo anterior.

Habrá que esperar la marcha del proceso de transición para hacer vaticinios firmes, pero mientras tanto no falta vocación a los reformistas para sobrevivir como una comundiad política importante. El mayor enemigo puede ser el paso del tiempo, pues una prolongación de las indefiniciones produciría alguna dispersión y dificultaría que el PRSC pueda ser visto como alternativa para dentro de dos años.

La dificultad será mayor si los reformistas no buscan rápidamente distancia del gobierno perredeísta y sus proyectos. Pero las chivas y vacas del presidente Mejía donde están amarradas es en la casa del caudillo aferrado a la vida y a su poder.-

La Reforma constitucional pende de la vida de Balaguer

julio 5, 2002enero 18, 2016 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El proyecto de reforma constitucional pendiente de ser conocido por la Asamblea Revisora de la Constitución es tan excluyente, sectario y limitado que depende ahora mismo de la preciara salud del expresidente Joaquín Balaguer, cada día más en el umbral de la muerte.

La última gran ironía del omnipresente caudillo reformista sería marcharse ahora o inahabilitarse definitivamente con lo cual dejaría colgando a los sectores perredeístas y gubernamentales que han colocado su fortuna en unas manos que se ubican en los límites mismos del misterio de la vida.

De golpe y porrazo los estrategas de la restauración del reeleccionismo podrían comprobar que casi todos los dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), como el Partido de Liberación Dominicano (PLD) y gran parte de los mismos dirigentes del partido de gobierno, como de la sociedad civil y la opinión pública rechazan una reforma que sólo se apoya en el poder gubernamental.

Balaguer se apaga

Más allá del espectacular relanzamiento del confeso sicario Carlos Evertz Fournier, lo más relevante de la semana que concluye ha sido la enfermedad que obligó al internamiento en un centro médico del expresidente Joaquín Balaguer.

Aunque a menudo se le ha considerado eterno e inmortal, no tanto por los 96 años que cumplirá el primero de septiembre, como por los 72 que lleve en la vida pública, manteniéndose todavía como el gran árbitro político nacional, el caudillo ha vuelto a mostrar fragilidad y a poner en vilo al país.

El urgente internamiento del jueves 4 de julio repuso sobre el debate nacional la existencia de un hombre que ya hace más de una década se autoubicó en su libro memorial en el umbral mismo de la muerte, y quien hace tiempo sobrevive precariamente reclinado en un sillón y sumido en la oscuridad, aunque aferrado como nadie al último hálito de vida.

Es inmensa la vocación para sobrevivir de Joaquín Balaguer, a quien en las últimas semanas se le atribuye un conato de derrame cerebral, culebrillas en el rostro y llagas en espalda, fruto de la posición en que permanece, a más de la úlcera sangrante diagnosticada.

Por ello nadie debe sorprenderse si en este fin de semana o en próximos días pueda retornar a sus dominios residenciales, como tampoco de que -como humano al fin- siga siendo arrastrado al precipicio de la muerte.

Es el único sobreviviente de su generación política y ha visto partir a muchos de sus contendientes, algunos más jóvenes, desde Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, hasta Jacobo Majluta, Antono Guzmán, Rafael Bonnelly, Francisco Augusto Lora y Héctor García Godoy. Sin irse más atrás a rememorar a Rafael Estrella Ureña, Rafael Vidal y muchos otros.

Por la clínica Abréu, donde está recluído, ha desfilado el liderazgo político y gubernamental, mientras la ciudadanía sigue pendiente de los informes sobre el hombre que por más tiempo ha influído sobre el destino de la nación dominicana.

Momento crítico

La salud de Balaguer se ha resquebrajado en un momento crítico, horas después que fuera promulgada la ley que convoca una Asamblea Revisora de la Constitución -a reunirse a más tardar en 15 días-, que en gran medida depende de él y sin que acabaran de definirse sus alcances.

La ley enuncia tres propósitos de modificaciones constitucionales: restablecer la reelección presidencial, eliminar los colegios electorales cerrados y reducir el porcentaje para la elección presidencial en primera vuelta. Pero sólo en los dos primeros hay consenso entre sus sustentadores, los legisladores del grupo perredeísta que llevó al poder al presidente Hipólito Mejía, conocido como PPH y el caudillo reformista.

De hecho, al ser hospitalizado el doctor Balaguer había todo un debate público en cuanto a si éste respaldaba la reducción del porcentaje para la elección presidencial.

El proyecto no especifica a cuánto sería disminuído. Unos aducen que al 45 por ciento, otros al 40, y no faltaban entre los gobiernistas algunos gandíos que querían restablecer la mayoría simple que predominó en el constitucionalismo dominicano hasta la última modificación del 1994.

Como Balaguer es ya todo un misterio, puesto que no hace vida pública ni habla al país ni puede escribir y firmar un mensaje, se le atribuía haber aceptado la proporción media del 45 por ciento. Al menos eso dijo al principio de la semana el presidente perredeísta del Senado, Andrés Bautista García.

Por su parte la presidenta de la Cámara de Diputados, la reformista Rafaela Alburquerque, mantenía un lenguaje tan ambivalente como su lealtad política de los últimos tiempos, viéndose presionada a una nueva consulta para determinar la real posición de Balaguer, debido al rechazo casi unánime de dirigentes y legisladores de su partido.

Casi todos los dirigentes reformistas influyentes han rechazado la reducción del porcentaje para la elección presidencial pareja al restablecimiento de la reelección, al entender que favorecería el continuismo perredeísta. Algunos en términos tan dramáticos como José Osvaldo Leger, quien llegó a decir que Balaguer sería el sepulturero del PRSC.

Carlos Morales Troncoso, Jacinto Peynado, José Hazim, Federico Antún, Johnny Jones, Guillermo Caram, Héctor Rodríguez Pimentel, Liselot Marte, Donald Reid Cabral y Angel Lockward han estado a la cabeza de la oposición.

Creen que el proyecto sólo beneficia al grupo del presidente Mejía y a la larga al PRD y además disminuye las posibilidades de los opositores y ratifica a los reformsitas como la cola del partido de gobierno.

Al rescate del PRSC

En el liderazgo reformista y en parte de la opinión pública predomina el criterio de que Balaguer ya es prisionero del círculo íntimo del que depende, algunos de cuyos miembros estarían sacando beneficios gubernamentales de una posición marcada por nubosidades y contradicciones.

Antes del internamiento ya se discutía en ámbitos reformistas qué podrían hacer para “rescatar el PRSC de la Máximo Gómez 25 y llevarlo por caminos institucionales y en brazo de sus organismos hasta su local nacional”, como lo definió un dirigente.

Una fuente confió que incluso se llegó a convocar una reunión el pasado martes para discutir el curso de acciones a seguir. Hubo quejas porque no asistieron Peynado y Morales Troncoso, los dos que en los últimos años han aparecido con más posibilidades de mantener unificado el partido y encarnar una candidatura presidencial viable.

Entre reformistas se habla con pena y hasta vergüenza de su incpacidad para hacerse valer en el partido más allá de una voluntad caudillesca en irreversible proceso de deterioro. Hay cionsenso en que ya el caudillo carece de recursos y fuerzas para contener un frente que agrupe los principales dirigentes nacionales. Pero la desconfianza mutua es el gran escollo.

Sin embargo, el agravamiento de las limitaciones existenciales de Joaquín Balaguer está llamado a incrementar las inquietudes que sacuden el reformismo, donde hay cada día mayor conciencia de que sería “casi un suicidio” afrontar un nuevo proceso electoral con el desconcierto en que se mantiene el partido colorado.

Una nueva derrota electoral en el 2004 sería la tercera en materia presidencial, contando las de 1996 y 2000 y la quinta consecutiva incluyendo las dos congresionales y municipales. A la cola del PRD sería peor, puesto que dejaría al PLD cosechar todas las insatisfacciones y el desgaste del gobierno perredeísta.

Con el título de “Grito desesperado al doctor Balaguer”, Héctor Rodríguez Pimentel dramatizó las inquietudes reformistas en artículo publicado el jueves 4 de julio en el Listín Diario. “No permita Presidente Balaguer que nuestro partido se extinga, ahogado por las apetencias personales de uso pocos, y por las lisonjas oportunistas de los que como aves de carroña lo cortejan”, expresó.

Tras plantear que lo que salva al PRSC es “un relevo sin trauma de la hegemonía ejecutiva”, Rodríguez Pimentel concluye pidiéndole a su líder que “inicie y encabece este proceso de transición hacia un liderazgo colegiado en su partido”.

Depende de Balaguer

Tal como están de revueltas las abejas en el panal reformista, el proyecto de reforma constitucional impulsado a espaldas del PRD por su sector hegemónico en el gobierno, depende ahora mismo de la salud del doctor Balaguer.

En la medida en que se prolongue su enfermedad o se agrave, y peor si desaparece, será más difícil conseguir el apoyo de la totalidad de los legisladores reformistas, fundamentales para conseguir las dos terceras partes de los votos necesarios para aprobar las reformas en la Asamblea Revisora de la Constitución.

La suma de quienes aprobaron la ley de convocatoria en la dos cámaras arroja 104 votos ( 85 diputados y 19 senadores) del total de 179 legisladores, 149 diputados y 30 senadores. Los dos tercios serían 120. Todavía los promotores tendrían que asegurar otros 16 votos.

Esta circunstancia ha puesto más claramente de manifiesto la fragilidad del proyecto de reformas constitucionales cocinado al vapor, sin consenso con la sociedad política ni civil, atropellando incluso al propio partido de gobierno, excluyendo a todo potencial disidente y utilizando los recursos del poder para presionar, intimidar y hasta comprar, como denuncian a diario legisladores y dirigentes políticos de todos los colores.

Sería un gran tropiezo para sus auspiciadores que el agravamiento de Balaguer les impidiera materializar su excluyente proyecto. Pero también quedarían expuestos a un gran frente de oposición, que junto a las disensiones internas dificultaría la gobernabildiad en la segunda mitad del período de gobierno.

El proceso marca un asombroso parecido a lo ocurrido al gobierno de Leonel Fernández que hace justamente 4 años se embarcó en un proyecto reeleccionista y hasta aprobó una ley revocando la inamovildiad de los jueces, tras comprarse –al igual que ahora- diez diputados de oposición. Aquella vez fracasó la reforma constitucional, que como ahora dependía del reformismo y de una matrícula de apenas 15 legisladores peledeístas.

Una diferencia importante es que en 1998 no hubo clara disensión en el seno del PLD, como la hay ahora en el PRD, lo que agrava considerablemente la aventura constitucionalista, especialmente con la renuncia a principios y la apertura de una reelección que el presidente Mejía –a diferencia de Fernández- se empeña en rechazar.-

Incongruente y peculiar reforma constitucional

junio 27, 2002enero 18, 2016 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La nación dominicana se encuentra al borde de una de las más peculiares entre las 36 reformas que ha sufrido su Constitución, pues se persigue restablecer la posibilidad de una reelección presidencial que el incumbente del Poder Ejecutivo ha rechazado hasta la saciedad.

Lo más inconcebible es que teniendo claramente el liderazgo de su partido, el presidente Hipólito Mejía se declare incompetente para convencer a sus propios seguidores y funcionarios subalternos de lo inútil que resultaría para ellos una reforma que por demás divide profundamente hasta el propio partido de gobierno.

Lo más incongruente de la última semana ha sido la resignación con que el primer mandatario admitió que una reforma constitucional impuesta a una parte de la sociedad política y de la sociedad civil daría al traste con las posibilidades de concertación que él mismo había planteado tras la victoria electoral de su partido.

Larga y dura batalla

Aunque el Senado había aprobado el proyecto de convocatoria de una asamblea revisora de la Constitución, al comenzar la semana todavía quedaban esperanzas de que el proyecto de concertación esbozado por el presidente Hipólito Mejía predominaría sobre un afán constitucionalista que llevaba ya más de 19 meses.

Pero el respaldo del caudillo reformista Joaquín Balaguer y la diligencia de los promotores determinó que los diputados le dieran su primera aprobación y se apresten a la definitiva este sábado, lo que determinaría la reunión de la asamblea revisora de la Constitución, integrada por los miembros de ambas cámaras legislativas, dentro de los 15 dias siguientes a la publicación de la convocatoria.

El proyecto fue introducido y aprobado sorpresivamente por primera vez en el Senado el 11 de diciembre del 2000 y desde entonces se mantuvo como espada de damocles sobre la sociedad dominicana.

Por lo menos cuatro veces quedó detenido por la oposición de gran parte de la opinión pública y de las organizaciones sociales más preocupadas por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. La primera fue con el casi unánime rechazo que generó la aprobación senatorial, definida con los agravantes de “acechanza, nocturnidad y premeditación”. Esa vez el proyecto no llegó a ser conocido por la Cámara de Diputados.

A comienzos del 2001, cuando legisladores perredeístas se aprestaban a reintroducir el proyecto, grupos de la Sociedad Civil lograron con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Hatuey de Camps y el presidente Mejía la conformación de una comisión que propondría “de modo consensuado” al Poder Ejecutivo el contenido y la forma para una modificación de la Constitución.

El decreto creando la comisión fue emitido el 21 de marzo. Estuvo integrada por representantes de todos los partidos reconocidos por la Junta Central Electoral, de la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral y la Comisión Nacional para Reforma del Estado, así como de una veintena de organizaciones de la sociedad civil y unas diez personalidades.

El pacto natimuerto

El informe de la comisión fue entregado al Presidente Mejía el 13 de agosto pasado y de inmediato se reactivaron las gestiones legislativas por reintroducir el proyecto original, el cual sufrió otro tropiezo temporal cuando el 27 de septiembre dirigentes de los tres partidos mayoritarios firmaron en el Palacio Nacional un “Pacto para la Reforma Constitucional”, teniendo al presidente Mejía como promotor y firmante-testigo.

Este pacto, también promovido desde la Sociedad Civil, fue una transacción que incluía tres de las reformas promovidas por legisladores, -reducción del porcentaje para ganar la presidencia en primera vuelta, eliminación de los colegios electorales cerrados e institución de la elección de representantes al Parlamento Centroamericano- más la institución de la Asamblea Constituyente por elección popular, reclamada por las organizaciones sociales.

Pero el mismo día en que fue firmado, el Consultor Jurídico del Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, entregó al Congreso el paquete de proyectos elaborado por la Comisión Especial designada por decreto, pero no así el pacto, lo que marcó la voluntad de ignorarlo, como en efecto ocurrió.

Aunque dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y del PRD mostraron algún interés en la materialización del pacto, los legisladores prosiguieron su propio camino, burlando no solo el esfuerzo del presidente, sino también a la comisión de la Sociedad Civil encargada de darle seguimiento, que integraron monseñor Agripino Núñez Collado, la entonces coordinadora de Participación Ciudadana, Melba Barnett, y el abogado Ramón Tapia Espinal, quien fallecería pocos meses después.

Fue así como se reintrodujo al Congreso el proyecto original, siendo aprobado de urgencia por las dos cámaras en diciembre del 2001; en el Senado sin guardar el dia libre entre las dos lecturas que establece la Constitución, lo que aprovechó el presidente Mejía para elevar una consulta a la Suprema Corte de Justicia, la que declaró nula la ley de convocatoria, propinando el cuarto tropiezo al desenfrenado propósito constitucionalista.

La conclusión de la legislatura y la campaña para las elecciones congresionales y municipales del pasado 16 de mayo dilataron la reaparición del proyecto, finalmente reintroducido y aprobado en el Senado la semana pasada.

Un factor que parece haber favorecido ahora la aprobación es que con los comicios de mayo se cayó definitivamente uno de los aspectos que más resistencia despertaban, consistente en la prolongación del período del actual Congreso con el pretexto de juntar las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales.

Serias incoherencias

El proyecto de reforma constitucional ha estado revestido de serias contradicciones e incoherencias desde su aparición hace 19 meses. Primero porque pese a tratarse de un asunto del máximo relieve, no fue discutido ni se buscó consenso ni siquiera en el partido de los promotores.

Por el contrario tanto los organismos directivos del PRD como del PLD rechazaron el propósito constitucionalista. Los congresistas reivindicaron una autonomía absoluta que no han validado para ninguna de las reformas legales realizadas en la última década, la mayoría de las cuales han pasado años detenidas hasta lograrse consenso político y social. Tal consenso se ha rechazado, contradictoriamente, para la reforma de la ley de leyes.

Pero la mayor incoherencia está en el esfuerzo de la mayoría de los legisladores perredeístas por restablecer la reelección presidencial, aún cuando el presidente Mejía ha repetido hasta el cansancio que no se repostulará, y pese a que la no reelección apareceía como un principio fundamental del perredeísmo, reivindicado en la Constitución de 1963, por la que se fue a una guerra civil dos años después, y en la reforma de 1994.

El restablecimiento de la reelección es un golpe contundente a la memoria del líder perredeísta José Francisco Peña Gómez, quien la hizo prohibir en la reforma de hace apenas 8 años, lo que tuvo como uno de sus grandes aportes al proceso democrático hasta su muerte en 1998.

La contradicción es mayor por cuanto los propulsores del restablecimiento de la reelección son las cabezas más visibles del grupo del propio presidente Mejía dentro del PRD, quienes por demás ocupan funciones relevantes en su gobierno, tales como el secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, el Consultior Juridíco, Guido Gómez Mazara, y el constructor de Obras del Estado, Hernani Salazar.

La contradicción es tan grande que el mismo presidente Mejía se ha quejado de que casi nadie cree su reiteración de que no se repostulará. Y lo cierto es que ni partidarios ni opositores creen que el mandatario es ajeno al proyecto y apuestan a que terminará repostulado para los comicios del 2004.

En el análisis político no cabe la afirmación presidencial de que él nada puede hacer y que tiene que respetar la iniciativa de los legisladores, cuando los reales promotores son sus subordinados en el Poder Ejecutivo. Por demás llamó la atención que recientemente el presidente señaló quien debía presidir el Senado y dio garantías de que no pasaría una reforma que liquidara la inamovilidad de los jueces, aspecto que por cierto fue abandonado en el proyecto aprobado la semana pasada por el Senado y ahora por los diputados.

El costo político

Limitada ahora a tres aspectos de interés grupal la reforma constitucional planteada en el proyecto de ley tiene demasiados rechazos, de la opinión pública y de los líderes de oposición, incluyendo a los del Partido Reformista Social Cristiano, cuyo caudillo le dio el visto bueno. Y para colmo del presidente y de la vicepresidenta de la República, asi como del presidente y de la mayoría de los dirigentes del partido de gobierno.

Pareciera que el costo que conlleva, al liquidar los tímidos intentos de concertación que había esbozado el presidente Mejía, y precipitar enfentamientos políticos, no está compensado por los frutos que se espera de un reeleccionismo en el vacío, a no ser que el país esté asistiendo a un sainete político.

No han faltado quienes han advertido otra contradicción grave: que los restauradores del reeleccionismo estén trabajando para otro. Si el presidente Mejía no se repostula y otro partido ganara los comicios del 2004, el PRD podría estar abriendo las puertas para verse de nuevo de frente al continuismo, con todas las prácticas antidemocráticas que lo ha acompañado en la historia nacional y latinoamericana.

Por de pronto, son los propios perredeístas quienes formularon las primeras denuncias de que se han estado usando recursos estatales para promover la reelección, lo que augura la reaparición de los abusos del poder que la han acompañado.

El proyecto reeleccionista ya tiene el sello de la descomposición democrática con denuncias de compras y ventas de conciencias, dejará herido al propio partido en que se incuba y despertará los espectros de los fundadores y líderes perredeístas desaparecidos, con Juan Bosch y Francisco Peña Gómez a la cabeza, y un ejército de miles de muertos por defender la Constitución antireeleccionista de 1963.-

Juan Bolívar Diaz Santana

juanbolivardiaz.com

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