Por Juan Bolívar Díaz

            Entre legisladores y políticos timoratos prevalece el criterio de que pagarían un costo político  si colocan la República Dominicana junto a los 190 países que han legislado en respaldo a la dignidad de la mujer eliminando la penalización de la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la madre, si el embrión es inviable y si es fruto de violación o incesto. 

Muchos temen caer en desgracia política ante los que se oponen radicalmente a esa reforma, lo que no tiene precedente en ninguno de los países donde se ha aprobado. Como cuando se legalizó el divorcio y el uso de anticonceptivos, a lo que todavía se oponen algunas iglesias. Ese costo tampoco se ha verificado ni donde se ha legalizado por completo el aborto.

            Hace tiempo que aquí se sobreestima el poder  de las iglesias sobre los electores, lo que no ha sido ratificado por los resultados desde las elecciones libres del 1962, cuando gran parte de la jerarquía religiosa dominante hizo campaña contra Juan Bosch, denunciándolo como comunista y ateo. Pero el ilustre escritor ganó la presidencia con el 59%  de los votos.

            Muy reciente están los resultados electorales del año pasado: Faride Raful, que como diputada había defendido firmemente la despenalización por las tres causales, postulada a senadora del DN por el PRM, obtuvo el 52.04% de los votos, aunque candidatos y jerarcas religiosos hicieron campaña contra ella. Mientras los partidos que apostaron al poder eclesiástico y al costo político consiguieron pocos votos, como el PRSC 3.70%, la FNP 0.76% y el PQD quedó en 0.54%.

            Sin duda hay legisladores y políticos que sostienen  por convicción la oposición absoluta al aborto, pero muchos que juegan al oportunismo no solo están equivocados, sino que pagan un costo político, al ser visualizados como farsantes. 

            La renovación del obsoleto código penal dominicano tiene dos décadas paralizado por el temor de muchos legisladores al falso costo político. Ya lo aprobaron alguna vez sin aceptar las tres causales y el presidente Danilo Medina tuvo el valor de no promulgarlo, ratificando la procedencia de las excepciones en la penalización limitada.

            El presidente Lus Abinader recientemente ratificó la resolución de su partido en favor de las tres causales, y las encuestas siguen otorgándole una alta aprobación. Si iba a pagar un costo político, pues ya ocurrió, porque la mayoría de las jerarquías religiosas, no todas, le salieron al frente. 

            En tal circunstancia no hay excusa para que la mayoría congresual del PRM no honre cuanto antes el compromiso contraído, más aún cuando la segunda mayoría, la del PLD, está comprometida con la posición de su líder Danilo Medina en favor de las tres causales. Entre ambas fuerzas reúnen más de dos tercios en las cámaras legislativas. 

            Es claro que juegan al engaña bobos quienes por cobardía o irresponsabilidad propugnan por aprobar el código penal con la penalización absoluta del aborto, dejando para después abordar las tres excepciones en  una “ley especial”. Juegan al engaño quienes proponen evadir toda concesión a la dignidad de la mujer, para proseguir un debate de dos décadas ya carente de objeto y razón. Otra cosa fuera que aprobaran un código sin incluir el tema, para dejar la definición a una ley sobre el particular. Pero aún eso carece de objeto después de tanto debate y a la luz de las encuestas que no dejan dudas sobre la voluntad de la mayoría.

            Si los perremeístas caen en el gancho de la “ley especial”, exponen a su presidente a pagar realmente un costo político, porque o devuelve el código ratificando las tres causales como hizo Danilo Medina, o queda como incoherente y pierde respeto en la mayoría ciudadana, especialmente en los más instruidos. Si ya Luis Abinader arriesgó el costo, que aprueben definitivamente las tres causales, y verán que la vida sigue su agitado curso. Si el PRM no aprovecha la oportunidad, será quien cargue con el costo político, frente a la ciudadanía, no a las jerarquías religiosas.

            Ah! Y si se quiere un ejercicio de sinceridad, que le pregunten a los defensores del embrión aun a costa de la vida de la madre, si enviarían a la cárcel a una hija o nieta de 13-14 años que, traumatizada por una violenta violación, apele a un método abortivo para  librarse de la ignominia. “Me la pusiste difícil” confesó un radical cuando hicimos la prueba en la televisión.-           

      Por Juan Bolívar Díaz

            Más allá de la algarabía forjada por prejuicios, animadversión racista o exagerada preocupación nacionalista, alguna vez habrá que implementar una eficaz política inmigratoria que controle el tráfico de personas y liquide la vieja recurrencia al antihaitianismo como recurso polítiquero y para desviar la atención de los problemas nacionales. 

            A propósito de la reciente declaración conjunta de los presidentes de la isla, reiterando los propósitos de buena vecindad y sustento objetivo de las relaciones bilaterales, han vuelto a emerger los prejuicios que se alimentan de una exageración del número de haitianos residentes en el país, sin que se adopten eficientes controles inmigratorios.

            Lo primero a sincerar es la dimensión de la inmigración haitiana actual, que como es frecuente en naciones agobiadas por fuertes flujos migratorios, se exagera y se percibe mayor de lo real. Al comienzo del siglo muchos en Puerto Rico juraban que había allí medio millón de dominicanos, aunque los estudios académicos los estimaban entre 150 mil y 180 mil, que no eran pocos, entre 4 y 5 por ciento de los entonces 3 millones 800 mil borinqueños.

            Nosotros tenemos dos instrumentos de alto valor científico, las Encuestas Nacional de Inmigrantes (ENI) realizadas en el 2012 y 2017 por la Oficina Nacional de Estadística por encargo del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y con el apoyo técnico y económico de la Unión Europea y del Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

            No se trató de una pequeña muestra de 1,200 personas para medir los estados de opinión, y que suele ser suficiente aún en naciones de decenas de millones de habitantes. Es que, por ejemplo, la ENI-2017, abarcó 73 mil 236 hogares, de casi la misma cantidad de lugares del territorio nacional, y que incluyó entrevistas a 223 mil 528 personas, entre las cuales se ubicó a 26 mil 419 de origen extranjero.

            Esta segunda ENI estimó en 570 mil 933 los inmigrantes de diversos países, -46 mil 301 más que la primera, cuando fueron 524 mil 672- con un 87.2  por ciento provenientes de Haití, equivalente a 497 mil 825 personas, que representaban el 4.9 por ciento de la población nacional. En relación a la ENI-2012, los inmigrantes solo aumentaron en 46 mil 300, apenas 0.2 por ciento de la población nacional. Si a los llegados desde el exterior le suman los 277 mil 46 hallados como hijos de extranjeros nacidos en el país durante décadas, entonces el total alcanza a 847 mil 979, el 8.3 por ciento de la población. Pero en ninguna estadística universal los nacidos en un país son considerados inmigrantes.

            Las diferencias entre las dos encuestas son irrelevantes en todas las variantes. Y no es que sean pocos los inmigrantes, son mucho más que los que obviamente requiere el país, pero no el millón y hasta dos millones de personas que algunos grupos alegan. Si aceptaramos la validez de las dos encuestas, tal vez podríamos esforzarnos en reconocer definitivamente los 259 mil 973 que pudieron acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), los cuales representan sólo el 45 por ciento de los inmigrantes registrados en  2017. El 55 por ciento es sujeto de deportación, lo que obviamente no se ha ejecutado.

            Algo que valida las dos ENI y desmiente la persistente afirmación de que los inmigrantes haitianos carecen de documentos, es que en ambas se registra 92.6 y 93.7 por ciento los que dijeron poseer actas de nacimiento de su país, con hasta 60 por ciento cédula de identidad y 29 por ciento pasaporte. Esas cifras quedaron confirmadas en el PNRE donde el 90.1 por ciento de los que pidieron ser regulados, presentaron por lo menos uno de los tres documentos de identidad. 

            Es un craso error seguir creyendo que los haitianos que emigran hoy son los campesinos que venían hace décadas con un macutito a cortar caña, para vivir hacinados en un barracón sin agua, energía ni sanitario. La gran mayoría de los que ahora quieren salir de Haití ya lo primero que procuran es un documento de identidad, y provienen de las ciudades,  

            Es sobre la realidad que algún día tendremos que limitar la inmigración haitiana, eliminando los tráficos en que se sustenta, de ambos lados de la frontera. Tenemos derecho y necesidad de hacerlo, aunque con respeto a la dignidad humana, sin olvidar que cerca de dos millones de dominicanos también emigraron en las últimas 6 décadas y que de ellos vivimos. Porque en diez años nos remesaron 50 mil 315 millones de dólares;  8,219 millones solo el año pasado, equivalentes a unos 476 mil 719 millones de pesos, el 78 por ciento de los 615 mil millones de pesos que sumaron todos los ingresos fiscales del país en el 2020.-

Por Juan Bolívar Díaz

Al sepultar a mi madre el pasado lunes no podía desprenderme de la memoria aquel poema de Bécquer con su triste estribillo ¡Dios mío, que solos se quedan los muertos!

Cada paletada de cemento para encerrarla en el nicho era como una bofetada en el alma que recordaba cuán endebles, efímeros y leves somos los seres humanos, aun cuando Juana Santana Castillo tuvo la fortuna de vivir casi un siglo. 

Apenas días antes, al comenzar el año, le pedía que sobrellevara con serenidad la vida que le quedaba, ya que cada vez parecía más desinteresada de la existencia. Le recordé que en cinco semanas estaríamos celebrando sus 98 años, lo que era un privilegio, y que pronto veríamos el centenario. Porque conservaba la lucidez y fuerzas físicas. Pero el jueves una aleve embolia la sorprendió para causarle la muerte en dos días. Era tan fuerte y orgulloso que no se dejó tumbar. Caminaba en el pasillo de la casa cuando sintió un mareo y logró sentarse en el piso y pedir auxilio. Poco después perdía el conocimiento para siempre. No sufrió y en el lecho eterno fue impresionante la serenidad de su rostro. 

Pese al vigor físico, emocionalmente se fue cansando, sobre todo después que por la pandemia dejamos de sacarla de la casa. Era tan independiente que nunca quiso vivir “en casa ajena”. Sábado y domingo almorzaba en casa de sus hijos, pero nade podía convencerla de que se quedara el fin de semana. 

Mientras cementaban el nicho fui pasando la película de su vida: Doña Juanita fue la abnegación hecha madre y por el progreso de sus hijos se fue a la ciudad, a costa del divorcio, porque don Juan Díaz no quería abandonar su condición de bodeguero en el batey Alejandro Bass del ingenio Consuelo. Y ella juraba que sus hijos no se iban a criar en un lugar donde la escuela sólo llegaba al segundo curso, en dos tandas con una sola maestra, apenas para alfabetizar. Ella había logrado llegar a la escuela secundaria en Hato Mayor.

Divorciarse y cargar con 4 hijos era palabra mayor comenzando la segunda mitad del siglo pasado. Fue la madre coraje y, aunque era una mujer “blanca y hermosa”, nunca consiguió un segundo esposo que quisiera semejante carga. La ayuda de mi padre no alcanzaba, por lo que ella siempre tuvo que fajarse. 

Fue tremenda emprendedora, después de trabajar en la Oficina Nacional de Estadística, lo que nos llevó a vivir en San Cristóbal, en la oficina local de Agricultura, y como costurera en una fábrica de ropa. Ya en la capital puso una paletera y vendió hielo y helados hechos en casa, luego su propio colmado que sucumbió en la crisis de económica de 1960. Entonces  inventó un expendio de carnes, ayudada ya por sus dos hijos mayores desde sus 13 años mientras iban a la secundaria nocturna.

Aunque no lo pregonaba, se sintió orgullosa de que sus hijos recibieran buena educación y progresaran, bajo su férrea disciplina, inculcándole los valores del trabajo, la honestidad, respeto al prójimo, la libertad y la justicia, aún bajo la tiranía de Trujillo, que  aborreció. Por eso a la campanada libertaria del 1961 estuvo lista para ser, junto a Miledys Sánchez, las secretarias y recepcionistas que en El Conde, frente al parque Colón, abrirían el primer local del Partido Revolucionario Dominicano, con Miolán, Silfa y Castillo.

No asimiló el golpe de Estado del 63, por lo que rehuyó la carrera política, aunque  siempre amiga de Juan Bosch, Peña Gómez, Lucy Silfa, Rafa Gamundi y de otros líderes políticos. Sufriría las persecuciones a sus hijos: primero a Arismendi, dirigente estudiantil y profesional. Roberto, el más joven, con 16 años cayó preso al iniciarse la revolución y ella pasó meses llevándole comida a la cárcel. Después Miriam fue prisionera en La Victoria y a Bolívar le volarían el carro con una bomba y después un intento de asesinato lo exilió.         

Mientras mamá quedaba presa para siempre, pasé la película de su vida y me pregunté  si no pudo ser menos solitaria como mujer. Pero concluí que ella se iba satisfecha y orgullosa de su éxito como madre. Me estremecía impotente y me preguntaba por qué hay tantos seres humanos acaparadores, prepotentes, opresores y criminales, cuando somos tan efímeros, en camino a un estrecho nicho, donde no caben oropeles. Sólo acertaba a decirle adiós mamá, consciente de que todos somos prisioneros de la insondable levedad de la condición humana.

  ¿Vuelve el polvo al polvo? /¿Vuela el alma al cielo? / ¿Todo es sin espíritu/ podredumbre y cieno?/No sé; pero hay algo/que explicar no puedo,/ algo que repugna,/aunque es fuerza hacerlo,/¡a dejar tan tristes,/tan solos los muertos!

(Estrofa final de la Rima LXXIII de Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) 

     Por Juan Bolívar Díaz

            Después que el presidente Luis Abinader ratificara coherentemente su respaldo a la despenalización de la interrupción limitada del embarazo materno, como lo propuso su antecesor Danilo Medina hace cinco años, se puede esperar que finalmente el Congreso Nacional acogerá un amplio clamor ciudadano y aprobará el proyecto de actualización del obsoleto código penal dominicano.

            Es obvio que la mayoría de la jerarquía eclesiástica seguirá empecinada en defender una posición que choca con los criterios científicos, de derechos y dignidad humana, como todavía se oponen al uso de anticonceptivos, y en Filipinas también al divorcio, porque para ellos el matrimonio es indisoluble, algo muy respetable para quienes lo creen dogma religioso, pero inaceptable en el ordenamiento social y por los derechos humanos.

            El asunto ya está excesivamente debatido y predomina ampliamente el criterio de que no se puede penalizar a una mujer que decida interrumpir un embarazo en tres causales fundamentales, cuando peligra su propia vida, si es fruto de la violación de su cuerpo y dignidad o de un incesto abominable, y si la ciencia muestra que el ser en gestación carece de posibilidades de vida humana.

            Sólo el empeño en imponer preceptos religiosos a toda la sociedad, puede explicar que todavía una gran parte de las jerarquías religiosas, afortunadamente no todas, insistan en una oposición total a algo que ha sido superado en 191 naciones del mundo, 58 de las cuales permiten el aborto en general. Aparte del Vaticano y Malta, dos estados confesionales, sólo países de débil institucionalidad, como El Salvador, Nicaragua y Honduras, nos acompañan en la prohibición absoluta.

            Por otra parte, la realidad ha demostrado que en general la penalización no se aplica,  aunque en todos los países se realizan decenas de miles de aborto cada año, la mayoría en condiciones de precariedad sanitaria que a menudo acaban con las vidas de las mujeres. La oposición radical es clasista por cuanto es de conocimiento general que  todas las mujeres que disponen de recursos encuentran medios para interrumpir un embarazo en el país o viajando a cualquiera de los 191 donde está por lo menos parcialmente despenalizado. Las de menores recursos tienen que apelar al riesgo de la más precaria clandestinidad.

            El planteamiento del presidente Abinader, en reciente entrevista al diario El País de España, ha sido coherente con lo que había expresado cuando el presidente Danilo Medina propuso las tres excepciones en debate. También con la resolución adoptada por su Partido Revolucionario Moderno el 26 de julio del 2016.

            Así las cosas, visto que las tres causales tienen el respaldo de las dos mayorías del Congreso, debemos esperar que la Comisión que estudia el Código Penal dese hace muchísimos años, proceda a tramitar la despenalización parcial, también respaldada por la mayoría de la población en varias encuestas acreditadas. No hay razón para dilatar más la actualización del Código Penal. Todo con respeto a los que creen que en ningún caso se puede interrumpir un aborto, que siempre tendrán derecho a tratar de persuadir a sus fieles de que corran los riesgos de salud, o acepten el fruto de un incesto o una violación degradantes.  

            Por demás a las jerarquías eclesiásticas les hace falta algún gesto de humildad y respeto a los derechos de toda la sociedad y a la jerarquía del Estado. Fue penoso que  hicieran pública oposición a las últimas limitaciones por la pandemia del Covid 19, dando un pésimo ejemplo al resto de la sociedad que en su mayoría, comprendió que estuvieron impelidas por un rebrote del virus y que trataban de impedir que se agravara en las festividades del año nuevo.

            Como en gran parte del mundo, se dispuso el cierre temporal de las actividades religiosas, bodas y celebraciones, de los restaurantes, bares y colmadones, los parques y el malecón, y que nos recluyéramos en las viviendas hasta del medio día a 5 de la mañana, pero las jerarquías eclesiásticas protestaron y hasta  reclamaron consultadas previas, sólo con ellas desde luego. Oh Dios cuánta falta hace que escuchen, lean y comprueben la humildad y humanidad del Papa Francisco.-