¿Quién pagaría el costo político?

           Por Juan Bolívar Díaz

            Entre legisladores y políticos timoratos prevalece el criterio de que pagarían un costo político  si colocan la República Dominicana junto a los 190 países que han legislado en respaldo a la dignidad de la mujer eliminando la penalización de la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la madre, si el embrión es inviable y si es fruto de violación o incesto. 

Muchos temen caer en desgracia política ante los que se oponen radicalmente a esa reforma, lo que no tiene precedente en ninguno de los países donde se ha aprobado. Como cuando se legalizó el divorcio y el uso de anticonceptivos, a lo que todavía se oponen algunas iglesias. Ese costo tampoco se ha verificado ni donde se ha legalizado por completo el aborto.

            Hace tiempo que aquí se sobreestima el poder  de las iglesias sobre los electores, lo que no ha sido ratificado por los resultados desde las elecciones libres del 1962, cuando gran parte de la jerarquía religiosa dominante hizo campaña contra Juan Bosch, denunciándolo como comunista y ateo. Pero el ilustre escritor ganó la presidencia con el 59%  de los votos.

            Muy reciente están los resultados electorales del año pasado: Faride Raful, que como diputada había defendido firmemente la despenalización por las tres causales, postulada a senadora del DN por el PRM, obtuvo el 52.04% de los votos, aunque candidatos y jerarcas religiosos hicieron campaña contra ella. Mientras los partidos que apostaron al poder eclesiástico y al costo político consiguieron pocos votos, como el PRSC 3.70%, la FNP 0.76% y el PQD quedó en 0.54%.

            Sin duda hay legisladores y políticos que sostienen  por convicción la oposición absoluta al aborto, pero muchos que juegan al oportunismo no solo están equivocados, sino que pagan un costo político, al ser visualizados como farsantes. 

            La renovación del obsoleto código penal dominicano tiene dos décadas paralizado por el temor de muchos legisladores al falso costo político. Ya lo aprobaron alguna vez sin aceptar las tres causales y el presidente Danilo Medina tuvo el valor de no promulgarlo, ratificando la procedencia de las excepciones en la penalización limitada.

            El presidente Lus Abinader recientemente ratificó la resolución de su partido en favor de las tres causales, y las encuestas siguen otorgándole una alta aprobación. Si iba a pagar un costo político, pues ya ocurrió, porque la mayoría de las jerarquías religiosas, no todas, le salieron al frente. 

            En tal circunstancia no hay excusa para que la mayoría congresual del PRM no honre cuanto antes el compromiso contraído, más aún cuando la segunda mayoría, la del PLD, está comprometida con la posición de su líder Danilo Medina en favor de las tres causales. Entre ambas fuerzas reúnen más de dos tercios en las cámaras legislativas. 

            Es claro que juegan al engaña bobos quienes por cobardía o irresponsabilidad propugnan por aprobar el código penal con la penalización absoluta del aborto, dejando para después abordar las tres excepciones en  una “ley especial”. Juegan al engaño quienes proponen evadir toda concesión a la dignidad de la mujer, para proseguir un debate de dos décadas ya carente de objeto y razón. Otra cosa fuera que aprobaran un código sin incluir el tema, para dejar la definición a una ley sobre el particular. Pero aún eso carece de objeto después de tanto debate y a la luz de las encuestas que no dejan dudas sobre la voluntad de la mayoría.

            Si los perremeístas caen en el gancho de la “ley especial”, exponen a su presidente a pagar realmente un costo político, porque o devuelve el código ratificando las tres causales como hizo Danilo Medina, o queda como incoherente y pierde respeto en la mayoría ciudadana, especialmente en los más instruidos. Si ya Luis Abinader arriesgó el costo, que aprueben definitivamente las tres causales, y verán que la vida sigue su agitado curso. Si el PRM no aprovecha la oportunidad, será quien cargue con el costo político, frente a la ciudadanía, no a las jerarquías religiosas.

            Ah! Y si se quiere un ejercicio de sinceridad, que le pregunten a los defensores del embrión aun a costa de la vida de la madre, si enviarían a la cárcel a una hija o nieta de 13-14 años que, traumatizada por una violenta violación, apele a un método abortivo para  librarse de la ignominia. “Me la pusiste difícil” confesó un radical cuando hicimos la prueba en la televisión.-           

Valoremos las Encuestas de Inmigrantes

      Por Juan Bolívar Díaz

            Más allá de la algarabía forjada por prejuicios, animadversión racista o exagerada preocupación nacionalista, alguna vez habrá que implementar una eficaz política inmigratoria que controle el tráfico de personas y liquide la vieja recurrencia al antihaitianismo como recurso polítiquero y para desviar la atención de los problemas nacionales. 

            A propósito de la reciente declaración conjunta de los presidentes de la isla, reiterando los propósitos de buena vecindad y sustento objetivo de las relaciones bilaterales, han vuelto a emerger los prejuicios que se alimentan de una exageración del número de haitianos residentes en el país, sin que se adopten eficientes controles inmigratorios.

            Lo primero a sincerar es la dimensión de la inmigración haitiana actual, que como es frecuente en naciones agobiadas por fuertes flujos migratorios, se exagera y se percibe mayor de lo real. Al comienzo del siglo muchos en Puerto Rico juraban que había allí medio millón de dominicanos, aunque los estudios académicos los estimaban entre 150 mil y 180 mil, que no eran pocos, entre 4 y 5 por ciento de los entonces 3 millones 800 mil borinqueños.

            Nosotros tenemos dos instrumentos de alto valor científico, las Encuestas Nacional de Inmigrantes (ENI) realizadas en el 2012 y 2017 por la Oficina Nacional de Estadística por encargo del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y con el apoyo técnico y económico de la Unión Europea y del Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

            No se trató de una pequeña muestra de 1,200 personas para medir los estados de opinión, y que suele ser suficiente aún en naciones de decenas de millones de habitantes. Es que, por ejemplo, la ENI-2017, abarcó 73 mil 236 hogares, de casi la misma cantidad de lugares del territorio nacional, y que incluyó entrevistas a 223 mil 528 personas, entre las cuales se ubicó a 26 mil 419 de origen extranjero.

            Esta segunda ENI estimó en 570 mil 933 los inmigrantes de diversos países, -46 mil 301 más que la primera, cuando fueron 524 mil 672- con un 87.2  por ciento provenientes de Haití, equivalente a 497 mil 825 personas, que representaban el 4.9 por ciento de la población nacional. En relación a la ENI-2012, los inmigrantes solo aumentaron en 46 mil 300, apenas 0.2 por ciento de la población nacional. Si a los llegados desde el exterior le suman los 277 mil 46 hallados como hijos de extranjeros nacidos en el país durante décadas, entonces el total alcanza a 847 mil 979, el 8.3 por ciento de la población. Pero en ninguna estadística universal los nacidos en un país son considerados inmigrantes.

            Las diferencias entre las dos encuestas son irrelevantes en todas las variantes. Y no es que sean pocos los inmigrantes, son mucho más que los que obviamente requiere el país, pero no el millón y hasta dos millones de personas que algunos grupos alegan. Si aceptaramos la validez de las dos encuestas, tal vez podríamos esforzarnos en reconocer definitivamente los 259 mil 973 que pudieron acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), los cuales representan sólo el 45 por ciento de los inmigrantes registrados en  2017. El 55 por ciento es sujeto de deportación, lo que obviamente no se ha ejecutado.

            Algo que valida las dos ENI y desmiente la persistente afirmación de que los inmigrantes haitianos carecen de documentos, es que en ambas se registra 92.6 y 93.7 por ciento los que dijeron poseer actas de nacimiento de su país, con hasta 60 por ciento cédula de identidad y 29 por ciento pasaporte. Esas cifras quedaron confirmadas en el PNRE donde el 90.1 por ciento de los que pidieron ser regulados, presentaron por lo menos uno de los tres documentos de identidad. 

            Es un craso error seguir creyendo que los haitianos que emigran hoy son los campesinos que venían hace décadas con un macutito a cortar caña, para vivir hacinados en un barracón sin agua, energía ni sanitario. La gran mayoría de los que ahora quieren salir de Haití ya lo primero que procuran es un documento de identidad, y provienen de las ciudades,  

            Es sobre la realidad que algún día tendremos que limitar la inmigración haitiana, eliminando los tráficos en que se sustenta, de ambos lados de la frontera. Tenemos derecho y necesidad de hacerlo, aunque con respeto a la dignidad humana, sin olvidar que cerca de dos millones de dominicanos también emigraron en las últimas 6 décadas y que de ellos vivimos. Porque en diez años nos remesaron 50 mil 315 millones de dólares;  8,219 millones solo el año pasado, equivalentes a unos 476 mil 719 millones de pesos, el 78 por ciento de los 615 mil millones de pesos que sumaron todos los ingresos fiscales del país en el 2020.-

¡Que solos se quedan los muertos!

Por Juan Bolívar Díaz

Al sepultar a mi madre el pasado lunes no podía desprenderme de la memoria aquel poema de Bécquer con su triste estribillo ¡Dios mío, que solos se quedan los muertos!

Cada paletada de cemento para encerrarla en el nicho era como una bofetada en el alma que recordaba cuán endebles, efímeros y leves somos los seres humanos, aun cuando Juana Santana Castillo tuvo la fortuna de vivir casi un siglo. 

Apenas días antes, al comenzar el año, le pedía que sobrellevara con serenidad la vida que le quedaba, ya que cada vez parecía más desinteresada de la existencia. Le recordé que en cinco semanas estaríamos celebrando sus 98 años, lo que era un privilegio, y que pronto veríamos el centenario. Porque conservaba la lucidez y fuerzas físicas. Pero el jueves una aleve embolia la sorprendió para causarle la muerte en dos días. Era tan fuerte y orgulloso que no se dejó tumbar. Caminaba en el pasillo de la casa cuando sintió un mareo y logró sentarse en el piso y pedir auxilio. Poco después perdía el conocimiento para siempre. No sufrió y en el lecho eterno fue impresionante la serenidad de su rostro. 

Pese al vigor físico, emocionalmente se fue cansando, sobre todo después que por la pandemia dejamos de sacarla de la casa. Era tan independiente que nunca quiso vivir “en casa ajena”. Sábado y domingo almorzaba en casa de sus hijos, pero nade podía convencerla de que se quedara el fin de semana. 

Mientras cementaban el nicho fui pasando la película de su vida: Doña Juanita fue la abnegación hecha madre y por el progreso de sus hijos se fue a la ciudad, a costa del divorcio, porque don Juan Díaz no quería abandonar su condición de bodeguero en el batey Alejandro Bass del ingenio Consuelo. Y ella juraba que sus hijos no se iban a criar en un lugar donde la escuela sólo llegaba al segundo curso, en dos tandas con una sola maestra, apenas para alfabetizar. Ella había logrado llegar a la escuela secundaria en Hato Mayor.

Divorciarse y cargar con 4 hijos era palabra mayor comenzando la segunda mitad del siglo pasado. Fue la madre coraje y, aunque era una mujer “blanca y hermosa”, nunca consiguió un segundo esposo que quisiera semejante carga. La ayuda de mi padre no alcanzaba, por lo que ella siempre tuvo que fajarse. 

Fue tremenda emprendedora, después de trabajar en la Oficina Nacional de Estadística, lo que nos llevó a vivir en San Cristóbal, en la oficina local de Agricultura, y como costurera en una fábrica de ropa. Ya en la capital puso una paletera y vendió hielo y helados hechos en casa, luego su propio colmado que sucumbió en la crisis de económica de 1960. Entonces  inventó un expendio de carnes, ayudada ya por sus dos hijos mayores desde sus 13 años mientras iban a la secundaria nocturna.

Aunque no lo pregonaba, se sintió orgullosa de que sus hijos recibieran buena educación y progresaran, bajo su férrea disciplina, inculcándole los valores del trabajo, la honestidad, respeto al prójimo, la libertad y la justicia, aún bajo la tiranía de Trujillo, que  aborreció. Por eso a la campanada libertaria del 1961 estuvo lista para ser, junto a Miledys Sánchez, las secretarias y recepcionistas que en El Conde, frente al parque Colón, abrirían el primer local del Partido Revolucionario Dominicano, con Miolán, Silfa y Castillo.

No asimiló el golpe de Estado del 63, por lo que rehuyó la carrera política, aunque  siempre amiga de Juan Bosch, Peña Gómez, Lucy Silfa, Rafa Gamundi y de otros líderes políticos. Sufriría las persecuciones a sus hijos: primero a Arismendi, dirigente estudiantil y profesional. Roberto, el más joven, con 16 años cayó preso al iniciarse la revolución y ella pasó meses llevándole comida a la cárcel. Después Miriam fue prisionera en La Victoria y a Bolívar le volarían el carro con una bomba y después un intento de asesinato lo exilió.         

Mientras mamá quedaba presa para siempre, pasé la película de su vida y me pregunté  si no pudo ser menos solitaria como mujer. Pero concluí que ella se iba satisfecha y orgullosa de su éxito como madre. Me estremecía impotente y me preguntaba por qué hay tantos seres humanos acaparadores, prepotentes, opresores y criminales, cuando somos tan efímeros, en camino a un estrecho nicho, donde no caben oropeles. Sólo acertaba a decirle adiós mamá, consciente de que todos somos prisioneros de la insondable levedad de la condición humana.

  ¿Vuelve el polvo al polvo? /¿Vuela el alma al cielo? / ¿Todo es sin espíritu/ podredumbre y cieno?/No sé; pero hay algo/que explicar no puedo,/ algo que repugna,/aunque es fuerza hacerlo,/¡a dejar tan tristes,/tan solos los muertos!

(Estrofa final de la Rima LXXIII de Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) 

Fructífera colaboración en la isla

Por Juan Bolívar Díaz

            Los acuerdos alcanzados en la primera reunión entre el presidente Luis Abinader y su contraparte de Haití, Jovenel Moise, comunicados por el canciller Roberto Alvarez, constituyen un paso firme hacia el establecimiento de un marco de intercolaboración llamado a rendir frutos para las dos naciones que comparten la isla de Santo Domingo, por lo que merecen la más positiva ponderación.

            Se requiere un gran apoyo nacional para que el gobierno se enfoque en la dirección de los acuerdos anunciados, y no queden como otra declaración de buenas intenciones, como ha ocurrido en múltiples ocasiones anteriores. Para ello será preciso una firme reactivación de la comisión bilateral reiteradas veces ratificada.

            El Gobierno dominicano se ha comprometido en un cambio substancial de política frente a Haití, convencido de que la inter colaboración en el marco de las relaciones de los dos Estados, es muy conveniente para ambos, porque así como constituimos dos naciones soberanas también estamos atados para compartir un limitado espacio isleño, sin ninguna posibilidad de expansión ni modificación, que no sea por una descomunal catástrofe. 

            Toda la sociedad dominicana, especialmente los llamados a orientar a la ciudadanía, debería dejar atrás el discurso agraviante y el mito absolutamente infundado de la fusión de las dos naciones, porque nadie ha podido aportar una sola fuente seria o responsable de algo tan descabellado. No se conoce un solo documento o propuesta de las naciones o personas a las que frecuentemente se acusa de promoverla.

            Lo que procede es buscar acuerdos beneficiosos para ambas partes, asumir que Haití tiene grandes retrasos económicos, sociales e institucionales, y tratar de ayudar a que los supere, sin estar restregándoselos en los ojos. El progreso haitiano es fundamental para reducir la presión migratoria que es común en todas las fronteras del mundo, de un país menos desarrollado, al vecino. Pero aún si no existiera esa presión, como quiera estaríamos llamados a la política del buen vecino, a la solidaridad humana.

            Como ha dicho el presidente Abinader y ha sido compartido por la generalidad de la opinión pública, no hay solución dominicana para los problemas y retrasos haitianos, pero también que debemos dar ejemplo de intercolaboración para tener la calidad moral de reclamar al resto del mundo la siempre prometida ayuda al desarrollo de la primera nación independiente de América Latina, pionera en la abolición de la esclavitud, digna de mejor suerte. 

            La declaración conjunta es consecuencias de iniciativas dominicanas, que incluyeron una visita del canciller Alvarez a Haití, reciprocada por su homónimo, y el encuentro del fin de semana entre los dos mandatarios, que han consignado “la voluntad de continuar la colaboración en esferas prioritarias de sus respectivos países, intercambiar experiencias, especialmente en estos tiempos de pandemias, y fortalecer la cooperación y las posibles oportunidades de desarrollo”. Siempre en el marco de “respeto a la soberanía que caracterizan las relaciones entre las dos naciones”.

            Los acuerdos anunciados comienzan con la ayuda para que los haitianos en el país que carezcan de documentación puedan acceder al registro civil de Haiti. De hecho esos debieran ser regresados a su país, porque no están amparados por el Registro Nacional de Inmigrantes, del que por eso quedaron excluidos. Incluyen nuevos esfuerzos para “eliminar el flujo migratorio irregular, el tráfico y la trata de personas, el flujo de armas, el narcotráfico y el robo de ganado”. Igual reforzar la seguridad y la vigilancia fronteriza y delimitar la frontera marítima.

Positivo es también el propósito de colaboración en los ámbitos de salud, y promover la ayuda internacional para la construcción de hospitales en Haití, fomentar la producción de productos biodegradables, propiciar interconexiones eléctricas y justos acuerdos comerciales, de alto interés para los exportadores dominicanos.

Despojémonos de prejuicios y demos paso a una etapa constructiva en esta isla. Es lo más conveniente e imperativo para las dos naciones.- 

Código Penal con tres causales

     Por Juan Bolívar Díaz

            Después que el presidente Luis Abinader ratificara coherentemente su respaldo a la despenalización de la interrupción limitada del embarazo materno, como lo propuso su antecesor Danilo Medina hace cinco años, se puede esperar que finalmente el Congreso Nacional acogerá un amplio clamor ciudadano y aprobará el proyecto de actualización del obsoleto código penal dominicano.

            Es obvio que la mayoría de la jerarquía eclesiástica seguirá empecinada en defender una posición que choca con los criterios científicos, de derechos y dignidad humana, como todavía se oponen al uso de anticonceptivos, y en Filipinas también al divorcio, porque para ellos el matrimonio es indisoluble, algo muy respetable para quienes lo creen dogma religioso, pero inaceptable en el ordenamiento social y por los derechos humanos.

            El asunto ya está excesivamente debatido y predomina ampliamente el criterio de que no se puede penalizar a una mujer que decida interrumpir un embarazo en tres causales fundamentales, cuando peligra su propia vida, si es fruto de la violación de su cuerpo y dignidad o de un incesto abominable, y si la ciencia muestra que el ser en gestación carece de posibilidades de vida humana.

            Sólo el empeño en imponer preceptos religiosos a toda la sociedad, puede explicar que todavía una gran parte de las jerarquías religiosas, afortunadamente no todas, insistan en una oposición total a algo que ha sido superado en 191 naciones del mundo, 58 de las cuales permiten el aborto en general. Aparte del Vaticano y Malta, dos estados confesionales, sólo países de débil institucionalidad, como El Salvador, Nicaragua y Honduras, nos acompañan en la prohibición absoluta.

            Por otra parte, la realidad ha demostrado que en general la penalización no se aplica,  aunque en todos los países se realizan decenas de miles de aborto cada año, la mayoría en condiciones de precariedad sanitaria que a menudo acaban con las vidas de las mujeres. La oposición radical es clasista por cuanto es de conocimiento general que  todas las mujeres que disponen de recursos encuentran medios para interrumpir un embarazo en el país o viajando a cualquiera de los 191 donde está por lo menos parcialmente despenalizado. Las de menores recursos tienen que apelar al riesgo de la más precaria clandestinidad.

            El planteamiento del presidente Abinader, en reciente entrevista al diario El País de España, ha sido coherente con lo que había expresado cuando el presidente Danilo Medina propuso las tres excepciones en debate. También con la resolución adoptada por su Partido Revolucionario Moderno el 26 de julio del 2016.

            Así las cosas, visto que las tres causales tienen el respaldo de las dos mayorías del Congreso, debemos esperar que la Comisión que estudia el Código Penal dese hace muchísimos años, proceda a tramitar la despenalización parcial, también respaldada por la mayoría de la población en varias encuestas acreditadas. No hay razón para dilatar más la actualización del Código Penal. Todo con respeto a los que creen que en ningún caso se puede interrumpir un aborto, que siempre tendrán derecho a tratar de persuadir a sus fieles de que corran los riesgos de salud, o acepten el fruto de un incesto o una violación degradantes.  

            Por demás a las jerarquías eclesiásticas les hace falta algún gesto de humildad y respeto a los derechos de toda la sociedad y a la jerarquía del Estado. Fue penoso que  hicieran pública oposición a las últimas limitaciones por la pandemia del Covid 19, dando un pésimo ejemplo al resto de la sociedad que en su mayoría, comprendió que estuvieron impelidas por un rebrote del virus y que trataban de impedir que se agravara en las festividades del año nuevo.

            Como en gran parte del mundo, se dispuso el cierre temporal de las actividades religiosas, bodas y celebraciones, de los restaurantes, bares y colmadones, los parques y el malecón, y que nos recluyéramos en las viviendas hasta del medio día a 5 de la mañana, pero las jerarquías eclesiásticas protestaron y hasta  reclamaron consultadas previas, sólo con ellas desde luego. Oh Dios cuánta falta hace que escuchen, lean y comprueben la humildad y humanidad del Papa Francisco.-  

Con fundadas expectativas

 Por Juan Bolívar Díaz

Es una pena que las circunstancias por las que atraviesa el país y gran parte del mundo no sean propicias para la gran celebración que merece el cambio de gobierno que tendrá lugar el próximo domingo, cuando se instalará un nuevo Congreso Nacional y los ciudadanos Luis Abinader y Raquel Peña sean juramentados como presidente y vicepresidenta de la nación.

Hay muchas razones para celebrar, porque se trata de una gran renovación, no sólo del Poder Ejecutivo, con un gran equipo ministerial ya anunciado, sino también del Legislativo, en este último como hace muchos años no se producía, por ejemplo en el Senado donde apenas repiten 3 de sus 32 miembros, y es relevante que más de la mitad de los diputados serán debutantes y la mayoría jóvenes menores de 35 años, algo sin precedente. Positivo también que la primera mayoría ya ha nominada a la legisladora más joven, Olfanny Méndez de 26 años, como candidata a vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

Hay que lamentar que el avance no haya incluido a las mujeres, que por el contrario tienen una ligera reducción en la Cámara de diputados, con apenas un 27 por ciento, y en el Senado una más pero sólo 12.5 por ciento de la matrícula. En ambos casos lejos de la cuota mínima de candidaturas que es 40 por ciento, lo que obliga a minuciosa revisión.

Muchas expectativas se han tejido tras las victorias electorales de marzo y julio, especialmente por  haberse producido superando un inmenso abuso del poder estatal, de la manipulación de los programas sociales y un gasto desmedido de dinero público. Debe ser aleccionador que casi todos los senadores perdieran con todo y sus barrilitos, algunos casi con dos décadas enquistados en el Congreso, reeligiéndose a base de privilegios.

La obligada austeridad y moderación en la celebración del cambio es propicia para una profunda reflexión sobre el devenir de la nación, y para fundamentar las expectativas a la luz de la crisis de salubridad, con derivaciones económicas y sociales que aún no pueden documentarse en su magnitud, ya que todavía no se vislumbra el horizonte en la contención del coronavirus.

Con una realidad tan compleja y desfavorable, los cambios estructurales se hacen más difíciles porque la mayor parte de las energías gubernamentales se consumirán en reparar techos,  puertas y ventanas del edificio social, por lo menos en el primer año. Eso obligará a la indulgencia con las nuevas autoridades. Pero estas tendrán que revalidarse sostenidamente atendiendo a las demandas y compromisos que no requieren muchos recursos y que,  por el contrario, implicarán economía.

Tal es el caso de la supresión o fundición de  órganos inoperantes o redundantes, la reducción de una buena cantidad de botellas y botellones, la proscripción de la malversación, de todo género de corrupción, y de la impunidad. Hay casos relevantes pendientes de acción judicial, e imprescindibles auditorías que podrían terminar en expedientes del Ministerio Público. No se trata de montar un circo ni de saltarse los procedimientos, por lo que deberán prevalecer la documentación y la objetividad, dejando atrás la aparatosidad de los allanamientos para producir detenciones.

La agudización del desempleo y la pobreza deberían propiciar la aplicación de los límites establecidos en la ley de salarios del Estado, para eliminar enormes distorsiones, como esa de que muchos funcionarios ganan dos y tres veces lo que reciben el presidente de la República y sus ministros.

El presidente electo ha presentado unas credenciales muy bien recibidas por la opinión pública, incluyendo su compromiso de un Ministerio Público independiente, sendero por donde debe transitar toda la justicia, incluyendo organismos como la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo de inmediata renovación, o el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas para el año próximo.

El economista y empresario Luis Abinader ha prometido la revolución del imperio de la ley y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. También un nuevo modelo de desarrollo económico-social, con disposiciones para reducir la desigualdad, pero sobre todo una regeneración moral y ética de la sociedad, y ahí estarán las más fundadas expectativas.- .                   

¿Es cierto que “To e to y na e na”?

Por Juan Bolívar Díaz

Al escribir este artículo, miércoles 19, estamos en el quinto día desde que los técnicos de la Junta Central Electoral (JCE) descubrieron el sábado que los equipos electrónicos que se emplearían al día siguiente en las elecciones municipales estaban registrando serias dificultades. Fueron tantas que durante todo el día y parte de la noche no se pudieron solucionar, con las muy graves consecuencias del aborto de los comicios al día siguiente.

Las primeras alarmas públicas la dieron la misma noche  dirigentes de la oposición política, que supieron de las incursiones de los técnicos en cientos de computadora ya entregadas a los colegios electorales, sin que la JCE observara la procedencia de notificarlo a los delegados técnicos de los partidos y a los observadores nacionales e internacionales. Un grave fallo.

Otro fallo más grave aún es que la JCE haya dejado pasar tanto tiempo sin decir a la sociedad dominicana siquiera el origen del fracaso electrónico, si fue por factores internos, de programación o ejecución, o si como casi todos los partidos han denunciado se produjo un sabotaje o expresa alteración con fines fraudulentos.

Es inconcebible  que a estas alturas los técnicos no hayan podido establecer, por lo menos, qué impidió el funcionamiento de la tecnología, a reservas de la auditoría  de una institución de credibilidad para establecer todos los alcances del fallo, lo que se anunció ayer que se había solicitado a la OEA y el IFES.

Da la impresión de que en la JCE y en el gobierno no se han enterado de la gravedad de la situación, que ha sumido al país en una crisis política e institucional de repercusiones dañinas en el exterior y que amerita una urgente reparación, renovando vigencia al terrible predicamento de que en este país “to e to y na e na”.

Para comenzar hay que despejar interrogantes. Si el daño fue programático o de ejecución técnica, no conllevaría responsabilidades criminales. Pero si fue por sabotaje o fraudulento, estaríamos ante el peor escenario,

Al no haberse admitido  responsabilidad interna,  que es más fácil de establecer, se ha incentivado la desconfianza y validado las denuncias de fraude  que iniciaron dirigentes opositores la misma noche del sábado. El propio partido de gobierno y sus aliados en comunicado del domingo, proclamaron  “lo que ha ocurrido hoy es un sabotaje”, relacionándolo a “diferentes sectores de la oposición”, que han trabajado para “hacer fracasar estas elecciones, como así ha sido”.

En tales circunstancias es iluso pretender que basta con volver a convocar las elecciones. Todos los sectores aceptan la nueva fecha del 15 de marzo, pero para rescatar su credibilidad,  la JCE tiene que decir lo que ocurrió, aunque no conozca los responsables en caso del sabotaje. Si fue interno, implicaría por lo menos alguna renuncia o sustitución.

En cualquier caso, la confianza está severamente dañada y la ciudadanía justamente indignada, coincidiendo con los reclamos de garantías de los opositores, para que el proceso culmine con equidad, transparencia y libertad de elección.

Al presidente Danilo Medina le corresponde una responsabilidad mayor, por ser el Jefe del Estado, aunque en los últimos tiempos haya subordinado esa condición a la de dirigente de campaña electoral. Al nivel de la crisis, y con la presión del tiempo, no basta su exhortación a la cordura y a una investigación de largo alcance. Es necesario un diálogo directo y fructífero, del que salgan unos comisionados para proponer garantías y reforzar la JCE, zarandeada por todos los sectores y la ciudadanía.

No está de más hoy terminar renovando el llamado que hiciéramos el 12 de diciembre pasado en este mismo espacio bajo el título “A los amigos de Danilo Medina”, a los verdaderos y que  pueden percibir el sonido del viento, que concluía así: Ayuden a Danilo, no lo mareen reiterándole que el poder lo puede todo, porque ya en julio pasado se demostró lo contrario! No puede buscarse una derrota como la que le espera si persiste en meterse con todo el gobierno en la campaña electoral. Todavía está a tiempo de dejar un legado democrático, con algunas realizaciones positivas.