Ahora que los miembros titulares de la Cámara de Cuentas han devuelto los millones de pesos que se auto asignaron ilegítimamente a dos meses de iniciada su función, parece tiempo preciso para que volvamos a examinar la legitimidad de los 229 millones 900 mil pesos anuales del barrilito que se auto asignaron los senadores de la República para sus obras de asistencia social.
Aunque muchos consideran que la devolución de los más de 5 millones de pesos cobrados por los nueve funcionarios a título de bono e incentivo navideño, no borra el pecado, al menos han dado una demostración de rectificación y de receptividad ante una opinión pública a la que pocos hacen caso en el Estado dominicano.
Falta que recuperen los otros millones que habrían pagado también ilegítimamente a los nuevos funcionarios que ellos designaron y que tampoco reunían las condiciones para cobrar bonificación navideña. O que desmientan la versión si es falsa.
Los 32 senadores de la República deberían imitar ese gesto y si no pueden devolver los cientos de millones de pesos que han recibido sin la menor legitimidad desde que constituyeron el barrilito o cofrecito en septiembre del 2006, al menos que pongan fin a esa inequidad.
Recientemente ha circulado en Internet un cuadro y dos gráficos elaborados por un aplicado ciudadano calculando lo recibido para asistencia social por los honorables senadores, entre septiembre del 2006 y el mismo mes del 2008, en 25 cuotas que totalizan 478 millones 920 mil pesos. Se precisa que en los 48 meses de su gestión recibirán 919 millones 680 mil pesos, más de 180 veces lo que devolvieron los también honorables cámara cuentistas.
En un trabajo que publicamos en HOY el 4 de agosto del 2007 denunciamos la magnitud del barrilito en base a datos oficiales del Senado y sosteníamos que carece de asidero constitucional, ya que la carta magna no asigna funciones de asistencia social a los legisladores.
La resolución que crea el barrilito establece el compromiso de rendir cuenta sobre sus fondos, lo que la mayoría no ha cumplido, y se consigna que son auditables por la Cámara de Cuentas, que tampoco ha ocurrido, lo que es comprensible dentro de la precariedad institucional y ética que ha caracterizado el organismo de control, cuyos miembros titulares son designados precisamente por los mismos senadores.
Aún asumiendo que esos fondos sean utilizados en real asistencia social, el barrilito senatorial es una inequidad moralmente inaceptable porque otorga un privilegio ventajista a los senadores en ejercicio sobre cualquier ciudadano que sea postulado para competir contra ellos.
Por ejemplo los senadores del Distrito Nacional y de las tres mayores provincias habrán recibido del Estado 44 cuotas, 39 millones 600 mil pesos cada uno, cuando en mayo del 2010 se realice la próxima elección congresional. Casi 40 millones de pesos para repartirlos a su discreción, para practicar clientelismo.
El ventajismo es mayor teniendo en cuenta que sus partidos habrán recibido también cientos de millones de pesos para hacer campaña electoral, de lo que también se beneficiarán los senadores que sean repostulados.
Mayor inequidad para un aspirante a senador por un partido minoritario o independiente que no recibe financiamiento estatal.
Hay distinguidos profesionales de la política y otras disciplinas en el actual Senado de la República que deberían dar ejemplo de institucionalidad, ética y moralidad reclamando la supresión del barrilito, o por lo menos renunciando a recibirlo. Ciertamente que eso parece difícil en este país, pero es lo que recomienda la coherencia con los principios democráticos y la ética.
Con dolor reconozco que esta es una prédica en el desierto, que muchos incluso considerarán como necedad. Pero es necesario seguir defendiendo los principios constitucionales, democráticos, éticos y morales para ver si mejoramos la calidad de la política y de la administración de los recursos de todos los dominicanos.