Por Juan Bolívar Díaz
Ahora que el presidente Leonel Fernández ha aclarado que no tuvo intención de negar la existencia de un grave problema de corrupción en su discurso en el acto de proclamación de las Iniciativas Participativas Anticorrupción (IPAC), merece que se le dé una oportunidad para demostrar que la participación del Gobierno en ese proyecto no es un simple aguaje disimulador.
La precisión, si no rectificación, rescata el esfuerzo auspiciado por el Gobierno mismo, por una docena de organismos internacionales y numerosas instituciones sociales para prevenir y reducir la corrupción, promoviendo la transparencia y fortaleciendo las instituciones encargadas de perseguir todo género de malversación.
Ya extrañaba el discurso del doctor Fernández, donde reducía la corrupción a casos aislados de individuos, puesto que él mismo fue de los primeros en denunciar sus escandalosos niveles, cuando en su campaña electoral de 1996 proclamó que su costo alcanzaba los 30 mil millones de pesos anuales, superior al presupuesto de gastos del Gobierno.
Y desde entonces es que el dispendio y el robo de los bienes públicos se han multiplicado a sus anchas, como indican las denuncias públicas, las fortunas de los políticos y funcionarios y las evaluaciones internacionales.
Pero lo relevante ahora es concentrar la atención en las propuestas de anticorrupción proclamadas esta semana para instaurar un régimen de transparencia y reducir la corrupción, que no han sido fruto tan sólo de la sociedad civil y los organismos internacionales, sino también de las preocupaciones de algunos altos funcionarios, de los mejores del Gobierno, como los ministros de la Presidencia, César Pina Toribio; de Economía, TemístoclesMontás, y de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, comprometidos a darle seguimiento.
El documento final del consenso recoge 43 recomendaciones. Si bien es cierto que una parte de ellas están encaminadas a promover el cumplimiento de leyes claves como las que deben regir las compras y contrataciones, la de función pública y la de libre acceso a la información, también hay novedades importantes para la transparencia y la persecución del pillaje público.
No es lo principal, pero sí significativo que el presidente Fernández puede comenzar a demostrar su apoyo a las IPAC, convocando un acto público para proclamar el 2011 como Año de la Transparencia y de la Rendición de Cuentas, como se propone.
Pero como eso es muy fácil, tiene que aterrizar con otras como ordenar a la Contraloría General no autorizar libramientos de pagos que no cumplan con la Ley de Compras y Contrataciones, transferir a la DGCP la administración y control del portal Compras Dominicanas, publicación inmediata de la ejecución presupuestaria, y muy especialmente la recomendación de implementar la Cuenta Única del Tesoro para el manejo de los ingresos y egresos de todas las instituciones del Estado, en lugar de las miles que hay y que facilitan la sustracción de lo público.
Otras de las IPAC fáciles son la creación de un índice de Costos y Catálogos de Precios de la Construcción, de un Sistema Único y Global de Suministros para el sector Salud y fortalecimiento de Promese/CAL, (previsto en el decreto 991-00), así como la creación de un Mecanismo de Monitoreo Social Permanente para las Compras y Contrataciones Públicas, el Mecanismo participativo para Concertar y Monitorizar Propuestas, y diversas campañas de concienciación ciudadana.
Tiene el presidente una gran agenda pendiente, ahora que ha reconocido el problema de la corrupción, y comenzar a dar ejemplo de transparencia, por ejemplo colocando en Internet los ingresos y egresos de su propia fundación.
Y no le costará mucho, porque el Banco Mundial, BID, la Unión Europea, la USAID y varias agencias de la ONU se han comprometido a aportar más de 15 millones de dólares para cubrir gastos. Manos a la obra, Presidente!