Por Juan Bolívar Díaz

No podía haber sido más oportuno el momento para que viera la luz pública el libro Constitucionalismo y Procesos Políticos en la República Dominicana del doctor Flavio Darío Espinal.

Se trata de la tesis con la que el talentoso politólogo santiagués optó por el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, donde residió por cerca de una década, los últimos cuatro años con una digna y valiosa representación del país ante la Organización de Estados Americanos.

Es un riguroso estudio de las circunstancias en que han transcurrido las más de 30 reformas constitucionales que registra la historia nacional, 31 para unos historiadores, 36 para otros que cuentan las reposiciones de textos que antes habían sido desconocidos.

El estudio de Espinal explica las razones por las que esta nación se cuenta, junto a Venezuela, a la cabeza de los estados que más modificaciones han hecho a su carta magna, aunque fuimos de los fueron creados: es que cada grupo llegado al poder quiso hacerse un traje constitucional a su justa medida, atendiendo a intereses particulares y a circunstancias coyunturales.

Y no se trata tan solo de las constituciones de los autócratas que han dominado el curso de la República, ya en el estilo de Ulises Heureaux y Rafael Trujillo, o en el de Buenaventura Báez o de Joaquín Balaguer, sino también las de los liberales y demócratas, desde José María Cabral hasta Juan Bosch.

Guiados por sus “necesidades y objetivos políticos” los gobernantes dominicanos han impuesto sus constituciones “con ausencia de pactos políticos amplios que hagan de los procesos constitucionales verdaderos actos de autodefinición política de la nación con participación ciudadana y sentido de compromiso por parte del liderazgo político en la definición y sustentación de las instituciones políticas”, sostiene el autor.

Y a continuación precisa que “lo que ha predominado más bien ha sido la imposición unilateral de esquemas constitucionales por parte de gobernantes con gran concentración de poder, o por parte de fuerzas políticas con mayorías indiscutibles en los órganos de decisión”.

Habría que precisar que muchas veces esas mayorías no fueron fruto del dictamen democrático, sino de la imposición fraudulenta o de la compra de conciencias, generalmente con el patrimonio nacional..

De cualquier forma, tal como sostiene Espinal, “los procesos constitucionales no han producido efectos articuladores entre las fuerzas políticas de la nación, sino que más bien han dado lugar a una profundización de los antagonismos existentes, generando desconfianza y rechazo en las instituciones políticas que se adoptaban”.

La Constitución de 1963 es el mejor ejemplo de un traje impuesto a una sociedad incapaz de soportarlo y defenderlo. Es el texto más liberal y profundamente democrático de la historia de la nación, fruto de una asamblea constituyente por elección popular, por cuya restauración perderían la vida inútilmente millares de ciudadanos y ciudadanas.

El Partido Revolucionario Dominicano, con el liderato y la candidatura presidencial de Juan Bosch arrasó literalmente en los comicios del 20 de diciembre de 1962, obteniendo casi el 60 por ciento de los votos y el 77 por ciento en el Distrito Nacional que ya entonces concentraba gran parte del poder político, económico y social.

Sería la constitución más avanzada de la historia nacional, por su visión del Estado democrático, de la empresa y los trabajadores, de la educación y la propiedad y en la reivindicación de la soberanía y la propiedad nacional.

Pero aquel fue un parto de una minoría, iluminada y avanzada, pero muy por encima de la realidad social dominicana y de la correlación de fuerzas de aquella coyuntura histórica. Con ninguna fuerza política se discutió. Tampoco con alguna fuerza social.

El resultado fue que reunificó a quienes el verbo de Bosch había dividido, a trujillistas, civiles y militares, con oligarcas y cívicos, empresarios y terratenientes, y lanzó a los religiosos a la conspiración abierta y desenfrenada, sin lograr la defensa militante de ningún sector. Ni siquiera del propio partido que la aprobaba, porque muchos de los que levantaban las manos obedecían más a los impulsos emotivos que a la convicción.

Aquella imposición constitucional selló la suerte del gobierno más democrático que había conocido la nación, antes que pudiera ejecutar sus primeros actos, ayudó a frustrar una esplendorosa primavera libertaria en la que debió avanzar considerablemente el país, originó una guerra civil año y medio después, y una nueva intervención militar norteamericana, para seguir con 12 años de cuasi dictadura.

Las lecciones de aquel proceso no han sido suficientemente asimiladas por los dominicanos más esclarecidos, muchos de los cuales siguen creyendo que basta pretender la razón para imponerla, sin consideración de la pluralidad y diversidad de la sociedad, y sin medir la correlación de fuerzas en cada coyuntura.

En el espejo de aquellas frustraciones deben verse los perredeistas que ahora intentan nuevamente imponer una constitución a la medida de sus ambiciones, excluyendo, en vez de incluir, a sectores sociales y políticos con los que antes decían compartir programas y esperanzas.

Y ahora como en el pasado, podría colarse un nuevo proyecto de imposición constitucional. Pero será efímero. Nada duradero se ha levantado sobre las bases de la exclusión y el sectarismo. Y menos ahora cuando los auspiciadores de la reforma no han sido capaces ni siquiera de concertar entre ellos mismos.

La lectura del libro de Flavio Darío Espinal, recientemente puesto en circulación, es imperativa en las actuales circunstancias.-