Por Juan Bolívar Díaz
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) hizo esta semana un gran aporte para poner en evidencia la burla de la mayoría de la Cámara de Diputados que insistió en aprobar un proyecto de ley de partidos que ignora las demandas sociales y los numerosos consensos al respecto durante los últimos 16 años.
Un análisis pormenorizado del texto aprobado muestra que se distorsiona o elimina gran parte de las previsiones para garantizar el ejercicio democrático interno y la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos contenidas en el proyecto presentado al Congreso en el 2011 por la Junta Central Electoral, fruto de una misión técnica contratada con la Organización de Estados Americanos. El proyecto recogía los avances de la democracia latinoamericana de las últimas décadas en reglamentación del partidismo político y los planteamientos consensuados entre agentes políticos y sociales desde 1998. Pero además los técnicos consultaron de nuevo a los partidos e instituciones de la sociedad civil que han militado en reglamentar la actividad partidista.
La Finjus sometió a un riguroso análisis, artículo por artículo, para comparar el proyecto aprobado con la propuesta de la JCE, para concluir en que se trata de una distorsión substancial y una gran burla a las expectativas de la sociedad dominicana, en una reiteración de lo aprobado el 3 de marzo pasado, que hubo de ser retirado días después tras la ola de protestas que despertó.
La reconocida institución de promoción de la institucionalidad nacional concluye en que de convertirse en ley el país “no contará con una norma que permita superar el actual desorden y falta de control en que se desempeñan los partidos políticos”, que el resultado final será “la profundización de la opacidad en que actúan los partidos”, y que se ignoran los suficientes consensos político-sociales sobre la necesidad de controlar la corrupción y el clientelismo para fortalecer la institucionalidad democrática.
El análisis del proyecto aprobado se resume en que reduce los derechos de los afiliados a los partidos, fortaleciendo el autoritarismo, limita la renovación del liderazgo, y elimina la obligación del voto libre y secreto en las elecciones internas, la obligación de elecciones primarias para escoger candidatos y la cuota mínima del 33 por ciento de los cargos de dirección para las mujeres.
“Contrario a la aspiración de la sociedad dominicana, el proyecto aprobado limita gravemente el rol asignado a la JCE por la Constitución para ejercer la función de control de los fondos públicos y privados que reciben los partidos”, indica el estudio. Y agrega que peor aún se amplían las facilidades para que los partidos reciban fondos de personas y entidades privadas, al mantener prácticas como colectas públicas y deducciones de salarios y se rechaza que los partidos tengan que mantener un registro de contribuyentes, informar sobre los orígenes de sus fondos y entregar sus presupuestos a la JCE.
Se elimina también la previsión del proyecto de la JCE que prohibía el uso de recursos públicos para financiar actividades electorales y un artículo que establecía en qué se puede gastar el financiamiento estatal a los partidos, reduciendo la cuota destinada a educación de sus miembros del 25 al 10 por ciento y a nada en los años de elecciones.
La aprobación por la mayoría de los diputados de los tres partidos tradicionales violentó su propio estatuto interno, sin que el proyecto fuera sometido a estudio de comisión, pasando por encima a los comisionados que estudiaban otra pieza. Se trató, definitivamente, de una burla completa a los consensos y expectativas de tantos años para mantener el desenfreno en beneficio de las cúpulas directivas de los partidos.
El proyecto está ahora en manos del Senado pero quedan pocas expectativas de que se retomen los consensos socio-políticos. Será una legislación vacía, frustratoria y reiterativa del autoritarismo y el salvajismo que caracteriza la política en nuestro país.