Por Juan Bolívar Díaz
El pasado miércoles viví una aleccionadora experiencia cuando pude participar en la reunión mensual del estado mayor de la Policía Nacional, presidido por su comandante el teniente general Jaime Marte Martínez.
Allí se conocieron los informes de las operaciones del último mes de los diversos departamentos orgánicos y regionales de la Policía Nacional, y sus proyecciones para el próximo.
No sólo se rindieron los informes y se discutieron, sino que a los periodistas invitados se nos permitió formular las preguntas que estimáramos pertinentes. Y se nos respondió.
Allí nos enteramos de las amplias proyecciones en la profesionalización de la PN, con innumerables actividades académicas y seminarios junto a sectores diversos de la sociedad y la población, y en coordinación con otros organismos del Estado. Nos llamó la atención la preocupación por instruir a la PN en el seguimiento al grave problema de la violencia intrafamiliar.
También que la PN haya firmado acuerdos interinstitucionales de colaboración con varias universidades y que haya instituído los buzones de sugerencias de la ciudadanía donde ya han encontrado más de dos mil quinientas informaciones valiosas, muchas de las cuales han permitido resolver importantes casos bajo investigación y adoptar medidas para mejorar el servicio policial.
Entre las proyecciones presentadas por la jefatura de la PN resalta la creación del “Comité Consultivo de Seguridad Ciudadana para articular la participación de los ciudadanos en los diversos niveles de dirección de la institución”.
Se conoció allí un informe sobre cada uno de los 77 casos afrontados por el departamento de Investigaciones Criminales en el último mes, todo ello en un ambiente dinámico de interacción y una mística impresionante, enarbolando consignas como la de “sin excesos, ni arbitrariedades ni debilidades”.
En ese marco no debería sorprender que los muertos en “intercambios de disparos” se redujeran del promedio de 13 por mes, registrado en los últimos tres años, a 1 por mes en lo que va del 2002.
Lo más relevante es que, contrario a lo que pregonan los defensores de la arbitrariedad, el autoritarismo y hasta los fusilamientos sumarios, la delincuencia en vez de dispararse está disminuyendo. Los homicidios se redujeron en un 26.5 por ciento en el primer cuatrimestre de este año cuando se registraron 285. Eso representa 103 menos que los 388 del mismo período del 2001.
La actual jefatura de la PN ha anunciado también la reestructuración a fondo de los tribunales policiales, convertidos en maquinarias para garantizar la impunidad ante los peores abusos.
Un informe sobre las actividades de esos tribunales muestra un impresionante récord de sentencias en los últimos cuatro años. En casos de homicidios, la primera instancia de “justicia policial” emitió 212 descargos y 4 condenas, entre 1998 y 2001. El de primera instancia de Santiago produjo 92 descargos y 2 condenas entre 1999 y 2001. En total 304 absoluciones y 6 condenas, que apenas promedian el 2 por ciento.
Una ínfima proporción de esas sentencias fue recurrida en apelación. Se deduce del hecho de que la corte de apelación de justicia policial sómo emitió 4 sentencias en 1998, 5 en 1999, 8 al año siguiente y 14 en el 2001. Los casos de apelaciones fueron tan obvios que no quedó más remedio que la condena en segunda instancia: 22 contra sólo 9 descargos.
Debemos mantener la demanda y la esperanza de que cese definitivamente ese prehistórico expediente de los tribunales policiales para hacer su “propia justicia” en materia criminal, y que en el futuro se limiten a conocer de las indisciplinas internas.
La mística que rodea la gestión del general Marte Martínez no debe apagarse, como ocurrió a su antecesor que comenzó enderezando muchas cosas en la Policía Nacional y concluyó en el mayor de los descréditos. Merece ser alentada por la opinión pública y respaldada firmemente por todos los organismos públicos y privados.
Queda todo por hacer en la PN, desde la reestructuración implícita en los proyectos de reforma conocidos en el Congreso, hasta la completa profesionalización y equipamiento, como garantía para prevenir y enfrentar la crminalidad, garantizando los derechos de todos los grupos, sectores e individuos integrantes de la sociedad.
El hecho de que los egresados de la academia de formación de oficiales de la PN estén ahora en el poder, junto al general Marte Martínez, determina esa mística que se percibió en la reunión del miércoles. Elllos saben que tienen el gran desafío de transformar la institución sin permitir que la delincuencia avance. Pero también sin excesos ni arbitrariedades ni debilidades.-