Por Juan Bolívar Díaz
No se había terminado de votar el pasado 16 demayo cuando ya el país estaba inmerso en un debate sobrereforma constitucional, iniciado por el presidente Leonel Fernández en el momento en que ejercía el sufragio.
Varios influyentes dirigentes del Partido de laLiberación Dominicana han insistido posteriormente sobre eltema hasta el punto de que en estos momentos esa cuestiónaparece como la prioridad número uno de la organizaciónpolítica que ha obtenido la mayoría de las curules desenadores y diputados.
Esa prioridad parece determinada, como casi siempre, por la reciente conquista de un gran poder legislativo por el partido de gobierno. Así resultó en 1963, luego en 1966 y en la última reforma a la Constitución dominicana, la del 2002.
En ninguno de esos casos se produjo la concertación ni el consenso que casi todos los sectores recomiendan.Todos debemos formular votos para que esta vez no haya precipitaciones y para que esa materia no pase porencima de urgentes prioridades como solución al problema energético, aprobación de las reformas legales para lainserción del país en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, la adopción de medidas destinadas a mejorar las posibilidades de los productoresnacionales en los nuevos escenarios de competitividad yconcierto para comenzar a enfrentar el déficit cuasi fiscal del Banco Central que pende sobre la estabilidad económica.Tampoco debemos pretender entretener el país con un nuevo einnecesario debate académico ni contratación de asesores extranjeros para una reforma constitucional que estás obradamente diagnosticada.Esas discusiones académicas ya se dieron abundantemente enlas universidades y en los foros de la sociedad civildominicana en la última década, así como en el DiálogoNacional que impulsó el presidente Leonel Fernández en suanterior gestión de gobierno.De las recomendaciones de esos escenarios fue que se nutrióla Comisión Especial creada por el presidente Hipólito Mejía el 21 de marzo del 2001, bajo la coordinación deMonseñor Agripino Núñez Collado, la cual rindió un amplioinforme de su gestión el 13 de agosto del mismo año.
Conviene recordar que esa comisión fue de una amplitud sinprecedente, al estar integrada por representantes de todoslos partidos reconocidos, de la Suprema Corte de Justicia yla Junta Central Electoral, del Consejo Nacional de Reformadel Estado, de las mayores organizaciones empresariales ysindicales, de tres universidades, de las iglesias Católicay Evangélicas y de 7 de las instituciones sociales másparticipantes en el debate nacional.
La integraron también una decena de juristas reconocidos: Wellington Ramos Messina, Bernardo Fernández, Manuel Bergés Chiupani, Luis Scheker Ortiz, Guillermo Moreno, Ramón Tapia Espinal, Juan Manuel Pellerano, Pedro Romero Confesor,Wenceslao Vega y Jottin Cury. Además del ingenieroLeopoldo Espaillat Nanita y el sociólogo Franklyn FrancoPichardo.
La Suprema Corte y las JCE no se integraron a la comisión,como tampoco el doctor Bernardo Fernández, pero con todo lamisma resultó ampliamente representativa y sus trabajosfueron intensos.
El informe no será un compendio de perfección. Pero sí una síntesis consensuada de propuestas, y en algunos puntos enque no se pudo dar el consenso presenta dos y hasta tresopciones.Ese documento, editado en un folleto por la Universidad Católica Madre y Maestra, tiene que constituir el documento base si se quiere buscar un amplio consenso nacional.Carecería de credibilidad todo intento que pretendaprescindir de un acuerdo tan amplio, que tomó unos 5 mesesde trabajo en comisiones y plenaria, dentro de un ambientede absoluta libertad.Más aún, ya se sabe de instituciones de las queparticiparon en aquella comisión que se plantean comofundamental el documento consensuado hace 4 años.
Ya fue suficiente con que el presidente Mejía y su grupo político desconociera aquel gran esfuerzo y que se dedicaran a haceruna reforma antojadiza y burlesca. Volverlo a ignorar ahorasería una nueva burla al consenso que tanto se pregona enla sociedad dominicana.-