Por Juan Bolívar Díaz

            Uno de los aspectos más graves y discutibles del escándalo de la quiebra del Banco Intercontinental (BANINTER) es que el gobierno decidiera penalizar a toda la población, hasta al más pobre entre los pobres, para resarcir a todos los que tenían depósitos en la entidad, aún a multimillonarios que los colocaban allí precisamente por el margen especulativo que se ofrecía o porque estaban vinculados a su capital o a otros negocios del grupo.

            Durante mucho tiempo se debatirá la responsabilidad de las autoridades en las severas consecuencias que esa decisión ha tenido y tendrá durante mucho tiempo para la economía de los dominicanos y dominicanas.

            El argumento gubernamental fue que de no disponerse la devolución de los depósitos, en los primeros días en efectivo y luego en certificados de inversión, las repercusiones se expandirían sobre el resto de la banca, arrastrando “a todo el sistema financiero”.

            Por sentido de honradez se puede dejar un márgen de beneficio a esa teoría, pero son muchos los analistas que la cuestionan, aunque se acepta que el nerviosismo y el escándalo podría haber efectivamente afectado a otros bancos, y descalabrado a uno o dos más. De cualquier forma, pese al enorme costo de la decisión adoptada, la avalancha arrastró a un segundo banco.

            Pero también hay razones para dudar que esa teoría fuera lo que decidiera a las autoridades a un rescate tan radical y costoso. Hay quienes sostienen que más bien fue por razones políticas, para proteger a aliados, algunos de los cuales tenían decenas y cientos de millones de pesos en el BANINTER.

            De cualquier forma es moral y legalmente válido cuestionar por qué el gobierno no siguió el curso establecido por la Ley Monetaria y Financiera, que en la circunstancia del Banineter imponía su liquidación y reclamar a todos sus responsables que respondieran con sus recursos ante los ahorrantes y depositantes.

            Mucho más razones económicos y morales hay para cuestionar por qué tenemos todos que pagar para devolver el dinero de los que hicieron depósitos en dólares en un banco “off shore”, que se supone fuera del país, que no se rige por nuestras leyes, justamente para evadir cualquier consecuencia de desequilibrios internos.

            La ley protege a los ahorrantes de hasta 500 mil pesos. Si se quería ser generoso se pudo haber llevado hasta el millón de pesos, franja en la que seguramente se ubicaban la gran mayoría de los depositantes. También se pudo establecer una escala que partiera de la protección total hasta los 500 mil, 50 por ciento hasta el millón y 25 por ciento sobre los 2 millones de pesos.

            ¿Cuántas personas tendrían más de 2 millones de pesos depositados en BANINTER? Y cuántas sobre 10 millones? Son preguntas que los defensores de la teoría de evitar el descalabro total deberían responder.

            Seguramente no llegaban al centenar los que tendrían más de 10 millones de pesos. Y en algunas decenas se concentraba el grueso de los depósitos. Por de pronto ya se sabe que a algunos privilegiados se les han garantizado cientos de millones de pesos.

            Ya se conocen los efectos catastróficos que ha tenido la emisión de 32 mil millones de pesos en certificados, con altas tasas de interés que ya estamos empezando a pagar con nuevos impuestos. Y en la devaluación que esa emisión y el pago de unos 11 mil millones de pesos en efectivo han tenido sobre el peso, lo que se traduce en el odioso e injusto impuesto de la inflación generalizada.

            Es tremendamente injusto que ahora tengamos que restar unos 8 mil millones de pesos por año solo para pagar intereses a esos depositantes, algunos de los cuales eran miembros del directorio de la entidad quebrada, y asumiendo que no fueran responsables de los manejos irregulares, debieron velar porque no ocurrieran.

            Esa suma representa el 10 por ciento del monto del presupuesto nacional correspondiente a este año. Muy superior a lo que invertimos en educación, si descontamos los salarios del sector. Con ella el sistema de seguridad social hubiese nacido esplendoroso y prometedor, no famélico e incierto como ha comenzado.

            He preguntado a diversas autoridades por qué razón no se reduce al mínimo los intereses de esos privelegiados, para reducir la penalidad que impone a todo nuestro pueblo el escándalo BANINTER. La respuesta ha sido que una parte está intermediada por la banca y que no sería legal. Economistas independientes afirman que es posible.

            Pero no deja de ser irónico que ahora los funcionarios estén tan apegados a lo legal, cuando justamente nos impusieron la penalidad por no seguir el curso de la ley, lo que habría puesto a los depositantes millonarios a exigir a los responsables y habría debilitado sus prepotencias que todavía llegan al grado de obstruir la venta de activos que de ninguna forma podrán recuperar, lo que sólo sirve para evitar que se reduzcan los costos del desastre.-