Retiros en la Suprema Corte

Por Juan Bolívar Díaz

         Ahora que hay aprestos para convocar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para completar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, es el momento más apropiado para que tres de sus actuales miembros que sobrepasan la edad límite para ejercer sus funciones, den un edificante ejemplo a la nación.

            La magistrada Margarita Tavares, y los magistrados Juan Guiliani Vólquez y Hugo Alvarez Valencia culminarían con honores sus brillantes carreras si ponen sus cargos a disposición del CNM y liquidan el pretexto enarbolado por algunos legisladores que pretenden una reforma constitucional regresiva para limitar la carrera judicial.

            El principal argumento de los regresionistas es que los jueces supremos han devenido en vitalicios, en virtud del dictamen de la misma corte según el cual no se puede aplicar retroactivamente la edad límite de 75 años instituida para los jueces en la ley de carrera judicial, en virtud de que esta fue aprobada con posterioridad a su elección.

Es probable que el dictamen haya sido sabio, como corresponde a la Suprema Corte, que de ninguna forma debe establecer un precedente de aplicación de retroactividad. Pero lo justo, lo elegante y sabio es que ellos por voluntad propia se acojan al límite de edad para el retiro.

Es más, bien pudieron haber anunciado esa determinación todos desde el momento del dictamen, aunque los que ya pasaban de los 75 años lo hicieran con efectividad al día en que cumplan 4 años en el cargo, en agosto próximo. O a los 5 años. Hubiesen callado la boca a los que por mezquindad o resentimientos han pregonado que tal dictamen fue interesado y viciado en virtud de que nadie puede ser juez de su propia causa.

            Una renuncia de esos tres magistrados y magistrada sería un ejemplo que tendrían que continuar los demás jueces supremos al llegar a los 75 años. Y todos harían reconocimiento del acierto de la ley que instituye un límite para la jubilación obligatoria.

            Hay quienes consideran que esos tres jueces, como hubiese correspondido también al recién fallecido doctor Julio G. Campillo Pérez, no pueden retirarse porque no tienen los años en el cargo para recibir la pensión. Pero seguramente que en tal circunstancia nadie se le regatearía. La merecen por los servicios prestados. Y si no por ley, por decreto del Poder Ejecutivo, o por resolución especial de la misma Suprema Corte.

            El momento es oportuno, ya que el viernes el presidente Hipólito Mejía adelantó que consultará al presidente del máximo tribunal, doctor Jorge Subero Isa, para convocar el CNM a fin de elegir los sustitutos del doctor Campillo y del doctor Bernardo Fernández Pichardo, quien declinó poco después de su elección.

            En tal caso el Consejo de la Magistratura tendría que escoger cinco nuevos jueces, desde luego, siguiendo el mandato de la ley de Carrera Judicial, que instituye el escalafón. Como señaló el jueves el doctor Subero Isa, habría que escoger entre los jueces de las cortes de apelación.

            Toda la nación debe poner atención al proceso, que como dijo el presidente Mejía es un asunto delicado, digno de consultas y concertación, pero teniendo como marco ineludible el mandato de la ley.

            El retiro de los que pasan de 75 años, dos con más de 80, ayudaría a desactivar el laborantismo constitucionalista de una gran parte de los legisladores, muchos de ellos soñando con volver a los tiempos en que los senadores se repartían los jueces, proponiendo cada uno los de su provincia, intercambiando aprobaciones sin mayores reparos.

            Este planteamiento de retiro se formula con el mayor respeto y consideración a juristas de tan larga carrera, que han cumplido un papel estelar en la renovación de la justicia dominicana impulsada por la actual Suprema Corte. Ellos fueron fruto de un hermoso proceso de elección transparente y con participación social.

            Pero además, esa renuncia sería un ejemplo para todos los dominicanos y dominicanas y rompería el criterio de que nadie se retira de la actividad pública.

            Ya es tiempo de que en el sector público, y también en el privado, impongamos el retiro obligatorio, con seguridad, con pensiones adecuadas, para dejar el espacio a nuevas generaciones. Para atender al imperativo de la perenne renovación.

            Para que jamás veamos repetido aquel triste sainete de un presidente de Suprema Corte dormido en sesión televisada del Consejo de la Magistratura, con otro miembro despertándolo para que expresara su voto. Y para que no volvamos a ver a personas de casi cien años aspirando a dirigir los destinos de una nación de jóvenes. Ya es tiempo.-