Por Juan Bolívar Díaz
Los políticos dominicanos tienen que convencerse de que la rendición de cuentas y la participación social en la gestión pública son de las prendas más valoradas del sistema democrático, especialmente cuando las reclama la ciudadanía en cualquiera de sus expresiones.
Todavía la mayoría de los políticos creen que la democracia se limita al ejercicio del voto cada dos o cuatro años. La cultura autoritaria sigue prevaleciendo en la gestión gubernamental, especialmente desde el poder Ejecutivo, aunque también en los demás poderes del Estado, incluyendo al municipal y al electoral.
La nación tiene todavía mucho camino por recorrer para afianzar el sistema democrático que se basa en equilibrio de poderes, en transparencia y rendición de cuentas. Todavía es muy precario el papel del Congreso Nacional en su papel de vigilante de los actos del Poder Ejecutivo. Son contados los casos de interpelación de los secretarios de Estado, cosa que aún se considera como un desafío al poder constituido.
Las reacciones son más adversas y generalmente agrias cuando los reclamos provienen de las instituciones sociales o de los profesionales de la comunicación. Se les atribuye una intención malévola movilizada por la oposición o pagada por el gobierno, dependiendo de a quién vaya dirigida la demanda.
Esta semana la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Elena Viyella de Paliza tuvo el valor de reivindicar su derecho a pedir cuentas a los gobernantes, después que un importante ministro la acusara de actuar como política por haber reclamado prioridades fundamentales en la gestión gubernamental.
Legisladores y dirigentes políticos acostumbran desafiar a los dirigentes sociales y a los comunicadores para que formen partidos y se fajen a buscar votos para que accedan a las funciones públicas, en una miserable y mezquina concepción de la democracia.
Los periodistas y los dirigentes sociales son apreciados en la medida en que coinciden con los gobernantes o con los partidos de oposición, especialmente cuando andan buscando votos. Pero una vez llegan a los cargos públicos los elegidos o designados se transfiguran y asumen actitudes prepotentes.
Frente a situaciones escandalosas que en las modernas democracia obligarían a la renuncia o liquidarían candidaturas, nuestros políticos y gobernantes se tornan “ciegos, sordos y mudos”, frase que acuñó el expresidente Joaquín Balaguer y que ha sido reivindicada por quienes les han sucedido en el gobierno de la nación.
Confían en la debilidad de nuestros medios de comunicación para unirse coherentemente, como ocurre en las democracias más funcionales, en el reclamo de transparencia y cuentas claras. A Balaguer se le atribuye la consideración de que titular o editorial de hoy será sustituido por el de mañana. Y la ciudadanía parece olvidar con mucha rapidez.
Por eso nadie en el gobierno ha podido responder sobre el exceso de gastos que se registró en la pasada campaña electoral, que ha desajustado las finanzas públicas. Tampoco se ha emitido una explicación ni establecido responsabilidades sobre los escándalos verificados en julio pasado en el Congreso Nacional. No nos han dicho quiénes fueron los responsables en el Poder Ejecutivo del envío a los legisladores del proyecto de isla artificial, desautorizado por el propio gobierno.
Tampoco se ha explicado quiénes fueron los negociadores del oneroso contrato por 132 millones de dólares para equipar la Policía Nacional. Nos hemos quedado esperando que nos digan cuál fue la magia que determinó las sesiones de madrugada del Congreso para aprobar proyectos huérfanos. Y las prometidas sanciones a los legisladores de oposición que sancionaron esos proyectos en desafío a las posiciones de los partidos, han quedado en el olvido.
El silencio es todo lo que se ha obtenido de un alto funcionario que aspira a la presidencia de la nación frente al bochorno de que se anunciara públicamente que le fue cancelada la visa de ingreso a los Estados Unidos, pese a las implicaciones de orden moral que se supone en la acción. Lo mismo se aplica para un alto funcionario judicial y otro aspirante a la candidatura presidencial, vinculados a actividades que en las democracias contemporáneas podrían liquidar sus carreras.
Mientras no rompamos esos silencios y obliguemos a rendir cuentas, la democracia dominicana seguirá siendo una caricatura. Las organizaciones sociales y los medios de comunicación están desafiados a dar vigencia a la rendición de cuentas. Y la ciudadanía en general debe sancionar los silencios, aunque sea en los días de votación, hasta que rompamos el círculo vicioso y se fortalezcan nuestras instituciones públicas.-