Por Juan Bolívar Díaz
Cuanto antes el liderazgo de los partidos políticos se convenza de que la ley de elecciones primarias promulgada el 15 de agosto pasado es inaplicable, al menos en los niveles legislativo y municipal, será mejor para el sistema político y la institucionalidad democrática. El movimiento Participación Ciudadana ha tomado iniciativas para la reforma de la ley, incluso sometiendo un anteproyecto a discusión de dirigentes políticos, partiendo del criterio de que la esencia de la misma es positiva para la democratización de los partidos.
Sin embargo, la iniciativa parece corresponder a la Junta Central Electoral (JCE), que tendría que discutir con la mayor transparencia las implicaciones de la ley que pretende que ese organismo se haga cargo de la organización y computación en un mismo día de las elecciones de todos los candidatos de cada uno de los partidos reconocidos, los cuales para el último torneo electoral sumaban 22.
Baste recordar que ninguno de los partidos mayoritarios ha logrado concluir el cómputo de su elección de un solo candidato, el presidencial, el mismo día de la votación. Ni siquiera el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que tardó 24 horas al escoger su candidato presidencial para los comicios de mayo pasado, pese a su alto nivel organizativo y disciplinario, y aún cuando sólo hubo dos precandidatos.
Imagínese lo que supone escoger y proclamar por cada partido 32 candidatos a senadores, 150 para diputados, unos 140 para síndicos y varios cientos de regidores, cuando para cada uno de esos cargos habrá numerosos aspirantes.
Algunos partidarios de la ley promulgada dicen que habría que limitar el número de precandidatos, pero eso remite a una complicación adicional: cada partido tendría que hacer una pre-primaria, a menos que dejen a las cúpulas seleccionar, lo que vulneraría el espíritu de la ley que es precisamente evitar las imposiciones. Celebrar pre-primaria implicaría prolongar el período de pre-campaña y elevar aún más el costo de las elecciones.
La principal modificación que se impone a la ley de primarias es que sea cada partido el responsable de su organización y computación, previa reglamentación acordada por la JCE, la que a su vez tendría un rol más protagónico que el tradicional en la supervisión para evitar adulteraciones, reservándose su función contenciosa para decidir sobre las impugnaciones.
Si el organismo electoral no puede cumplir eficientemente el rol de reglamentación y supervisión así como de tribunal de apelaciones, mucho menos podrá salir airoso de la responsabilidad de organizar todas las convenciones y realizar sus respectivos cómputos en una misma jornada, para luego dictaminar sobre las impugnaciones en un plazo de 5 días, como establece la ley de primarias.
Una reforma en tal dirección también reduciría el costo de las elecciones primarias con cargo al presupuesto nacional. La JCE cubriría el costo de la supervisión, incluyendo las dietas para miles de supervisores que tendría que preparar y aportar. Pero cada partido sería responsable del costo logístico, que para eso ya reciben financiamiento estatal.
Para simplificar el proceso y atendiendo a la tradición de las alianzas, la ley debe ser modificada para que los partidos que formalicen pactos hagan una sola convención, lo que también reduciría los costos. O para dejar un porcentaje del 20 al 25 por ciento de las postulaciones a los cargos legislativos y municipales en manos de los organismos directivos de los partidos tanto para fines de alianzas como para llenar la cuota legal en beneficio de las mujeres, imposible de garantizar plenamente mediante votación universal.
Si cada partido organiza sus elecciones primarias, es obvio que la ley debe ser modificada para que sean limitadas a los militantes previa elaboración de un padrón que tendría que ser sometido con anticipación a la JCE. Se evitarían alegatos posteriores de que se haya llevado militantes de otros partidos a votar por determinados precandidatos. Y quedaría sin efecto un recurso de inconstitucionalidad sobre este aspecto del que ha sido apoderada la Suprema Corte de Justicia.
Para reducir los largos períodos electorales y el costo de las pre-campañas la ley debe facultar a la JCE para establecer calendarios. La democracia no solo reclama que se disminuya el poder de las cúpulas partidarias en la selección de los candidatos, sino también el de los que tienen grandes fortunas, muchas veces sustraídas del Estado, y los de mayores recursos financieros provenientes del sector privado.
Ojalá que pronto los defensores de la ley de primarias se convenzan de la necesidad de estas modificaciones para evitar un caos que podría generar una crisis institucional por liquidación de la JCE.