Por Juan Bolívar Díaz

Dos cuádruples ejecuciones de supuestos delincuentes a manos de la Policía Nacional con 9 días de diferencia es un magnífico average dentro de la política estatal de exterminio de jóvenes pobres que son o parecen ser delincuentes, que en los últimos años han sumado varios miles, sin que haya disminuido la criminalidad en el país.
La actual Jefatura de la Policía Nacional, encabezada por el general José Armando Polanco Gómez, comenzó reduciendo las ejecuciones, como las que le antecedieron en las últimas dos décadas, pero progresivamente va incrementando las acciones heroicas en que caen muertos los presumidos delincuentes. El diario El Día registró 30 durante el mes de junio, es decir uno por día. El Caribe daba cuenta de 175 en los primeros seis meses del año, lo que mantiene el mismo promedio.
Se puede esperar que la frecuencia de los intercambios de disparos, como los entrecomillan casi todos los periódicos, se eleven un poco más para alcanzar el 1.2 muertos por día que llegó a registrar la jefatura del general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que le antecedió. Han quedado bien atrás los 250 muertos que registró la del general Pedro de Jesús Candelier en 1999.
No importa cómo se llame al Jefe de la PN, se trata de una política de Estado, auspiciada por los presidentes de la República para demostrar que en sus gobiernos se aplica mano dura para impedir que la delincuencia se apodere del país, como solicitan desde obispos y articulistas hasta el simple ciudadano, siempre que el ejecutado no sea de la familia o del vecindario.
Del cuádruple asesinato de la penúltima semana de junio se dijo que intentaban asaltar un almacén de cerveza, cuando se toparon con una eficiente patrulla policial a la que además recibieron a balazos y en tal circunstancia no dejaron alternativas. Los cuatro del miércoles, en la vecindad del hipódromo, todos muchachos menores de 23 años, no fueron sorprendidos en plena acción y familiares y vecinos testimoniaron ante las cámaras de televisión que fueron masacrados. La multitud que acompañó el cortejo de tres de ellos hasta el cementerio no deja dudas del drama: O hubo una masacre o tendremos que enfrentarlos a todos como delincuentes.
Son ya incontables los casos de múltiples asesinatos que se demuestran masacres, ejecuciones criminales, como los cinco choferes en el Mirador Sur, o los cuatro de Puerto Plata, o igual número en Boca Chica y en los barrios de los cuatro puntos cardinales de Santo Domingo. En muchos casos se ha evidenciado que fueron errores de cálculo, porque se trataba de personas honorables, un sacerdote católico, un pastor evangélico, una muchacha de clase media acomodada, un niño inocente
Pero lamentablemente seguimos justificando esta política de exterminio que nos coloca en el salvajismo policial. Si las evaluaciones del foro económico mundial incluyeran este capítulo, seguro que también estaríamos en el liderato de 139 países, como en la corrupción o en la calidad de la educación.
Lo peor es que hasta quienes rechazamos esa política por principio y por ineficiente nos vamos acostumbrando progresivamente a su vigencia, y cada vez insistimos menos en proclamar que ningún policía tiene derecho a decidir quien vive y quien no en los barrios. Por otro lado, somos cada vez menos los que nos rasgamos las vestiduras ante tanto cinismo y barbarie. Esta semana, precisamente, estuvo de visita en el país el padre Sergio Figueredo y recordamos cómo le echaron de la Nunciatura Apostólica aquel 12 de enero de 1972 cuando buscaba medicación para que le perdonaran la vida a los cuatro Palmeros que Ejército, Aviación, Marina y Policía tenían cercados en una cueva del kilómetro 12 de la Autopista de las Américas. Terminaron masacrados. Tan sin piedad como los de esta semana. Ojalá que no se nos encallezca el alma.