Por Juan Bolívar Díaz

            Hay motivos de preocupación para cuantos hemos hecho esfuerzos en las últimas décadas por mantener la libertad de expresión y difusión del pensamiento conquistados por el pueblo dominicano y sus comunicadores a partir de la primavera libertaria de 1961.

            Ya no son sólo los ásperos calificativos del Presidente de la República a varios directores de periódicos y a reporteros.

            Esta semana se denunció la suspensión de un programa radiofónico del dirigente perredeista Rafael Flores Estrella y el abogado Tomás Castro, por presiones de altos funcionarios gubernamentales.

            Pero el hecho más grave de todos los ocurridos en relación a la comunicación periodística en lo que va del actual gobierno es el intento de asesinato ejecutado contra el camarógrafo de televisión Cristino Rodríguez, la noche del 7 de julio en curso en Santiago.

            Rodríguez recibió varios balazos de parte de alguien que circulaba en una camioneta de placa oficial, acompañado de otros hombres. Las investigaciones han determinado que quien disparó fue el señor José Elías Morel, quien ni siquiera conocía al camarógrafo del programa Detrás de la Noticia, que produce el reputado periodista Esteban Rosario.

            Es relevante el hecho de que no se conocieran previamente. Y desde el primer momento se dijo que los agresores le habían preguntado a su víctima si él era efectivamente Cristino Rodríguez, lo que induce a pensar que estaban cumpliendo un encargo.

            La Policía de Santiago parece haber cumplido su deber y tras indagar el atentado ha procedido a someter a la justicia al señor Morel y otras dos personas. Pero el caso está muy lejos aún de considerarse aclarado.

            Por un lado el juez de instrucción debe investigar quiénes eran los otros que acompañaron al agresor. Se dice que eran como ocho, la mitad en otro vehículo. Por qué razón buscaban a Rodríguez para matarlo. Y sobre todo, por encargo de quién.

            Por el otro lado, alguien del gobierno debe aclarar las versiones de que el señor Morel, trabaja en el Palacio Nacional. Su esposa Ana Cristina Benítez llegó a decir que él era “secretario o asistente” del presidente Hipólito Mejía.

            Nada de lo contenido en los párrafos precedentes es noticia ya. Está todo publicado en los diarios del país (ver la crónica en primera página de Hoy, jueves 19 de julio) y se ha difundido hasta la saciedad por emisoras y canales de televisión de esta capital y de Santiago.

            Que un empleado del gobierno sea acusado de haber intentado matar a un camarógrafo, es ya de por sí un grave acontecimiento que amerita aclaración de las autoridades gubernamentales. Sobre todo si la víctima trabaja para un medio crítico, cuyo director ya había sido agredido en enero por un subdirector de Aduanas y precandidato a síndico por el partido oficial.

            Pero lo más grave de todo es el hecho de que el acusado del intento de asesinato acababa de salir de la cárcel tras cumplir 7 años de prisión por la muerte de una mujer. Las versiones publicadas indican que salió el 30 de junio o a fines de mayo pasado. Del atentado a la primera fecha sólo median 7 días y a la segunda poco más de un mes.

           El gobierno no ha debido guardar silencio ante esas versiones. Porque el mismo induce a validar un hecho gravísimo, como que un convicto de asesinato, recién encarcelado pase a trabajar en el Palacio Nacional, sea como simple empleado o como secretario o asistente del primer mandatario y esté cumpliendo encargo de asesinato.

            Si esas versiones son falsas el gobierno debió desmentirlas de inmediato. Si es cierto, está en la obligación de dar una satisfacción, explicando cómo llegó al Palacio el agresor y estableciendo las responsabilidades correspondientes.

            Además, debía esperarse que un gobierno de Hipólito Mejía condene en términos claros un atentado como el que nos ocupa.

            Cristino Rodríguez será sólo un camarógrafo, y de provincia, desconocido para la opinión pública. Pero es una persona, un ciudadano en plenitud de derecho, en primer lugar. Y un comunicador. Miembro de un importante medio de comunicación que por cierto se origina en Santiago pero se ve en las pantallas de la capital.

            Toda la comunidad periodística debería unirse y reclamar explicación al gobierno. No debemos esperar que maten efectivamente a uno de la profesión u oficio. O que baleen a uno de los más conocidos. En Cristino debemos vernos todos. Dar gracias porque sobrevivió y exigir que nos expliquen por qué querían eliminarlo.-